Estimado Sr. presidente,

El mundo le ha dado la bienvenida a su elección y a su promesa de volver a colocar el compromiso diplomático con la comunidad internacional en el centro de la política exterior de Estados Unidos. Al movilizar a los gobiernos a crear las condiciones para una recuperación económica global equitativa y ambientalmente sustentable, su liderazgo puede fomentar cambios transformadores.

Durante demasiado tiempo, las instituciones internacionales no han sabido lidiar con uno de los aspectos más tóxicos de la globalización: el fraude fiscal y la evasión de las corporaciones multinacionales. Una tributación justa de las multinacionales es necesaria para crear el tipo de sociedades a las que aspiramos, y debe ser una parte central de cualquier sistema fiscal progresista destinado a impulsar el crecimiento económico y crear altos estándares de vida para todos. Poner fin a la evasión impositiva de las empresas también es una de las mejores maneras de hacer frente a la creciente desigualdad de riqueza e ingresos.

Al desviar sus ganancias a paraísos fiscales, las grandes empresas privan a los gobiernos en todo el mundo de por lo menos 240.000 millones de dólares por año en ingresos fiscales. Este déficit afecta no sólo a Estados Unidos, donde alrededor del 50% de las ganancias en el exterior generadas por multinacionales norteamericanas se transfiere a paraísos fiscales cada año, sino también al Sur Global, donde las fuentes de ingresos son más limitadas y donde, en consecuencia, la dependencia de la recaudación impositiva corporativa para financiar los servicios públicos es mayor.

En calidad de miembros de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), le solicitamos que cumpla con su promesa de “liderar esfuerzos a nivel internacional para aportar transparencia al sistema financiero global, ir tras los paraísos fiscales ilícitos, recuperar activos robados y hacer que a los líderes que le roban a su pueblo les resulte más difícil ocultarse detrás de compañías ficticias anónimas”. Para lograrlo, su administración debería involucrarse activamente en los esfuerzos en curso destinados a remodelar el sistema tributario internacional para garantizar una fiscalidad justa de las multinacionales, lo que hoy en día se está discutiendo dentro del proceso de la OCDE encomendado por el G20.

Desafortunadamente, estas negociaciones no han ido bien. Los gobiernos de los principales estados miembro (incluyendo la administración norteamericana previa) han negociado bajo la presunción errónea de que la mejor manera de servir su interés nacional es protegiendo a las multinacionales cuyas sedes centrales están al interior de sus fronteras. Las discusiones sobre la reforma de la fiscalidad internacional, por lo tanto, han sacrificado la ambición común a manos del menor denominador común.

Mientras tanto, las multinacionales siguen evadiendo impuestos que podrían ayudar a pagar el gasto público para respaldar la recuperación post-pandemia. El mundo no se puede permitir esto.

El proceso de negociación, de todos modos, ha llegado al acuerdo de que las multinacionales deberían ser consideradas como empresas unitarias. Esto significa que sus ganancias a nivel mundial deberían ser gravadas en línea con sus actividades reales en cada país. Es un concepto familiar en Estados Unidos, donde las ganancias corporativas son asignadas a diferentes estados en base a fórmulas, según los factores clave que generan ganancias: empleo, ventas y activos. Pero la propuesta actual aplica este criterio de asignación sólo a un pequeño porcentaje de las ganancias globales de una empresa –particularmente aquellas de multinacionales altamente digitalizadas, que están radicadas esencialmente en Estados Unidos.

El comercio electrónico creció casi un tercio durante la pandemia y es crucial que no sólo las multinacionales digitales sino las operaciones comerciales digitales de todas las multinacionales paguen lo que les corresponde en materia de impuestos. Por lo tanto, debería adoptarse una reforma ambiciosa e integral que replique el sistema norteamericano a nivel internacional, sin distinción entre empresas digitales y no digitales. Una regla de esta naturaleza ayudaría a establecer un campo de juego más nivelado, reducir distorsiones, limitar las oportunidades para la evasión fiscal y brindar certeza a las multinacionales y a los inversores.

Este sistema debería estar respaldado por un impuesto mínimo global a las multinacionales, poniendo fin a la nociva competencia tributaria entre países y reduciendo el incentivo para que las multinacionales desvíen ganancias a paraísos fiscales. Pero la tasa mínima del 12.5% que se está discutiendo en la OCDE y en otras partes podría convertirse en el techo global, en cuyo caso la iniciativa loable de obligar a las multinacionales a asumir su parte justa de los impuestos terminaría logrando exactamente lo contrario.

Su campaña prometió aumentar el impuesto mínimo en Estados Unidos sobre las ganancias en el exterior de las corporaciones norteamericanas (conocido como “GILTI”) al 21%. Esta medida no sólo tendría el mérito de aumentar los ingresos fiscales de su país; también ofrecería el respaldo político para que los responsables de las políticas en otros países siguieran el ejemplo.

Un impuesto mínimo global ambicioso podría ser un punto de inflexión en la lucha contra la evasión fiscal. Si los países del G20 acordaran imponer un impuesto corporativo mínimo del 25% (como recomienda la ICRICT) sobre el ingreso global de sus empresas multinacionales, más del 90% de las ganancias mundiales automáticamente estaría gravado con el 25% o más. Por supuesto, también es esencial que un impuesto de estas características esté diseñado para asignar potestad tributaria de manera justa entre los países de origen y los países receptores de las empresas.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo en su audiencia de confirmación que su administración aspiraba a “trabajar activamente con otros países” para “intentar frenar lo que ha sido una carrera destructiva y global hacia el abismo en materia de fiscalidad corporativa”. No existe ninguna evidencia de que la tendencia reciente hacia tasas más bajas del impuesto corporativo haya estimulado una inversión y un crecimiento productivos. El recorte de la tasa en Estados Unidos en 2017 esencialmente terminó financiando pagos de dividendos y recompras de acciones.

La fiscalidad corporativa es, en efecto, un impuesto a las ganancias puras, de manera que reducir la tasa tiene poco efecto en la actividad económica. En otras palabras, los impuestos corporativos son esencialmente una retención a cuenta sobre los dividendos y así un impuesto a las rentas de los ricos, porque las participaciones (directa o indirectamente a través, por ejemplo, de fondos de pensiones) están distribuidas de manera aún más desigual que los ingresos.

Le pedimos que garantice que Estados Unidos una vez más lidere con el poder del ejemplo y coopere con otros países dispuestos a generar una reforma integral que sea equitativa para Estados Unidos y para el resto del mundo. Hasta que no se adopte una reforma equitativa de estas características, las sanciones comerciales contra los países que ya han decidido gravar a las empresas digitales –muchos de ellos, países en desarrollo desesperados por ingresos adicionales- serán contraproducentes.

Volver a involucrarse en el sistema multilateral aceptando a la vez un compromiso internacional débil en materia de tributación de las multinacionales, lejos de restaurarla, erosionará aún más la confianza en el sistema. Está plenamente en nuestro poder construir un mundo post-pandemia que sea más sustentable, cooperativo y justo, donde las multinacionales paguen los impuestos que deberían pagar. Para la ICRICT sería un honor apoyar a su administración para alcanzar este objetivo crucial.

Este comentario también está firmado por Edmund Valpy Fitzgerald, Kim Jacinto-Henares, Eva Joly, Ricardo Martner, Suzanne Matale, Léonce Ndikumana, Irene Ovonji-Odida, Thomas Piketty, Magdalena Sepúlveda Carmona, Wayne Swan y Gabriel Zucman.

Feb 26, 2021

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/letter-to-biden-on-internat...

Editorial

Venezuela está atravesando por lo que quizá es la mayor crisis económica documentada en la historia de la América Latina y una de las más severas que hayan sido respaldadas con datos en el mundo. Las cifras son devastadoras: la mayor hiperinflación del planeta, la mayor caída del PIB con excepción de Libia, junto con Siria el mayor número de migrantes (superan ya los 5,5 millones), una caída del Producto Interno Bruto de más del 70% en seis años, el cierre de la mayor parte del aparato productivo incluyendo empresas manufactureras y las de los sectores agrícola, financiero y comercial; el signo monetario -el bolívar- abatido, a pesar de que alguna vez llegó a ser junto con el franco suizo la moneda más sólida del mundo.

En buena medida la destrucción delirante de nuestra economía fue causada por un gasto público populista y de carácter expansivo e imprudente, financiado mediante emisión de dinero sin respaldo por parte del BCV que desorganizó las finanzas públicas y desató una aceleración de precios endemoniada, acabando con los más elementales equilibrios macroeconómicos. Todo ello sazonado con expropiaciones a diestro y siniestro que eran reflejo de las intenciones socializantes del régimen, aunadas a niveles de corrupción apabullantes.

Venezuela ha sido incluida por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y también por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la lista de países en riesgo de hambruna.

En conjunto se trata de un panorama deplorable, que ha recrudecido con el tema de la pandemia.

Por su parte, el gobierno de Caracas atribuye todos estos males a una supuesta guerra económica y a las sanciones que le han sido aplicadas. Sin embargo, el origen del drama es bastante anterior a la aplicación de dichas sanciones. La hiperinflación ya se había desatado y se ha prologado indetenible por 39 meses, en tanto que la recesión se inicia en el tercer trimestre del 2014 y ha campeado por sus fueros durante 29 trimestres. Se trata de la peor hiperinflación en la historia americana, lo que ha contribuido a que Venezuela sea considerada por el FMI como el segundo país más pobre, además de ser el más desigual del continente.

Muchos se preguntan, ¿cómo es posible que en medio de una situación así no se haya producido un cambio de gobierno? Lo cierto es que la experiencia indica que las crisis económicas no suelen dar al traste con gobiernos no democráticos; lo que sí logran es que se tornen inviables.

En la actualidad vemos como un sector del empresariado venezolano está procurando algunos mecanismos a fin de tender puentes, alegando que es la única forma de frenar la situación imperante. Sin embargo, la realidad es que si tales mecanismos no son capaces de devolver la confianza y restablecer la seguridad jurídica, tampoco serán capaces de promover los flujos de inversión cuyo efecto multiplicador resulta la única posibilidad de lograr la recuperación del país. Podrán sí, esas iniciativas, brindarle algunas oportunidades a ciertos empresarios locales y también a algunos inversionistas extranjeros osados que estén dispuestos a asumir riesgos importantes a cambio de una elevada rentabilidad.

Sin un retorno a la institucionalidad y un fortalecimiento de la seguridad jurídica es difícil avisorar una recuperación sólida y sostenible, aunque sí pueden producirse focos de oportunidades en sectores específicos.

Comentaba un analista que en el pasado Venezuela sufrió etapas donde no existían libertades políticas y sin embargo la economía prosperaba. Puso como ejemplo los gobiernos de Gómez y Pérez Jiménez. La diferencia es que aunque no se trataba de gobiernos democráticos, lo cierto es que se aferraban a una ortodoxia económica que hoy brilla por su ausencia.

Recientes declaraciones del gobierno de Biden y nuevas sanciones de la Unión Europea parecen acabar con las esperanzas de quienes pensaron que podría producirse una distensión capaz de brindarle una nueva oportunidad al régimen de Caracas. Bajo las actuales circunstancias luce difícil apostar por su viabilidad.

José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica

El pensamiento es asociativo. Leyendo la entretenida y muy bien documentada novela Aquitania escrita por Eva Garcia Sáenz de Urturi (Premio Planeta 2020) comencé a imaginar acerca de cómo sería una vida sin política.

El siglo Xll europeo del que nos narra García Sáenz a través de las aventuras y desventuras de la legendaria Leonor de Aquitania, era efectivamente un tiempo en el que a duras penas estaba apareciendo la política, un tiempo más bien pre-político: sin polis, sin naciones, sin estados, solo con pueblos que no eran pueblos sino tronos. El trono no venía del pueblo, era mas bien al revés, el pueblo venía del trono. Como decía Leonor de Aquitania: “Yo tengo que ser Aquitania, a mí no pueden dividirme en tronos”

El pueblo lo conformaban los pobladores de una región en donde se hablaba un lenguaje común de los cientos que venían del latín, definidos como pueblos de acuerdo al seguimiento a un señor territorial. Los leves aprontes políticos, pausas o armisticios que se daban entre constantes guerras territoriales, eran simples alianzas de unos reinos en contra de otros, de tal modo que la política naciente era solo una pre-política de guerra entre representantes de pre-naciones. Pues en contra de lo que comúnmente se piensa, la política nacional fue un derivado tardío de la política extraterritorial.

La política occidental nació primero “entre” y solo mucho después “dentro” de las (pre-) naciones. Hasta el siglo XVl solo fue asunto de príncipes o principales. Así hay que leer y entender a Maquiavelo para quien la traición, el envenenamiento o el artero crimen, fueron artes que llevaron a las primeras alianzas entre reyes, las que pasaban por la ligazón de familias reales a través de matrimonios dinásticos sin importar las edades ni el grado de parentesco de los cónyuges.

Así eran los humanos antes de que naciera la política y las instituciones que le dieron sustento. Tenían razón entonces los antiguos griegos cuando afirmaban que sin política somos bárbaros. La barbarie era para ellos, la no-política. Una condición que se mantiene al interior de cada ser humano cuando experimenta el malestar, no solo “en la cultura” como imaginó Freud, sino en y con la política, como vemos frecuentemente en nuestro tiempo.

No nacimos siendo políticos. La condición política es un sobrepeso agregado a nuestra condición humana, hecho que explica por qué en tan repetidas ocasiones hay pueblos que sucumben a la tentación de liberarse del fardo político y en nombre de una democracia total regresar a la libertad brutal del bárbaro que todos llevamos escondido en el alma. Y bien, ese ser pre-político que de una manera u otra portamos como componente ineludible de nuestra genética histórica, es el ser populista.

Quiero decir: la política comenzó siendo populista, vale decir, de pueblos y para pueblos.

Podríamos afirmar entonces que el populismo, tal como hoy lo conocemos, precedió al nacimiento del pueblo. O en otras palabras, el populismo fue el embrión pre-político del pueblo político. Las poblaciones y poblados se convirtieron en pueblos gracias a la adhesión a un jefe territorial que los movilizaba militarmente en contra de otras poblaciones o poblados. Por eso no hay populismo sin jefe populista. Ni antes ni ahora.

No sería errado definir al populismo como una regresión colectiva que lleva a seguir a un caudillo situado por sobre o más allá de las las instituciones. La política, si seguimos ese hilo, no supera al populismo sino que lo contiene en sus entrañas, algo así como el humano al mono. Luego, el populismo -sería una segunda definición- es la política sin mediaciones, una relación directa entre caudillo y masa. No lleva, como generalmente se piensa, a la destrucción de la política sino solo a una forma de la política, nos referimos a la destrucción de su forma institucional y por ende constitucional. Tampoco lleva a la destrucción de la democracia, sino a una democracia radical, a una que no obstaculiza la representación directa del pueblo en el poder.

El populismo, lo hemos visto en cientos de casos, estalla ocasionalmente como una relación de amor narcisista entre un líder y “su” pueblo. Narcisista, porque el pueblo se ama a sí mismo en el líder y el líder se ama a sí mismo en el pueblo. Goce simple y puro donde ambos, líder y pueblo, se adulan, se unen y se penetran.

Definitivamente, el populismo nos fascina porque nos libera. Nos libera entre otras cosas de reglamentos y de leyes, de instituciones y de constituciones, de modos y de formas. De ahí que vuelvo a repetir: la política populista supone la radicalización de la democracia hasta el punto en que la democracia puede llegar a convertirse en la principal enemiga de la política. El populismo -sea de derecha o de izquierda, es lo menos importante- llevado hasta sus últimas consecuencias sería –esta es ya una tercera definición- la democracia sin política. Para que se entienda mejor el postulado, habrá que recordar que la democracia es solo una forma de gobierno y no una forma de la política. La menos peor forma de gobierno, si seguimos a Churchill. Pero solo eso: una forma. Una entre varias.

Veamos el ejemplo más reciente: Los bárbaros nacional-populistas del 6-E asaltaron en nombre del demos a la institución máxima de la democracia norteamericana: el Capitolio. Llenos de amor hacia el gran macho que los dominaba, intentaron restituir la democracia directa, sin instituciones, sin constituciones, sin parlamentos. Pasarán los años y esas imágenes tan simbólicas permanecerán en las retinas de la historia, agrandadas cada vez más por el flujo de los recuerdos. Pues ese día –mirado en histórica perspectiva- fue el día de la sublevación del pueblo de Donald Trump en contra del pueblo de Thomas Jefferson.

NOSOTROS, EL PUEBLO

El preámbulo de la Constitución norteamericana comienza así: “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, por la presente promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América.

Comienza con el pronombre “nosotros”. ¿Quiénes son los “nosotros”? Por definición, no son los otros. Toda nosotridad impone un límite frente a una vosotridad. Ese nosotros es exclusivo e inclusivo a la vez, pues no es el pueblo de un solo Estado sino de varios estados unidos. Una entidad plural y singular. La pluralidad reside en el nosotros. La singularidad en “el pueblo”. El pueblo, según la pluma de los primeros constitucionalistas, es uno, y los estados son varios. El pueblo estadounidense es, por lo tanto, un pueblo constituido por diferencias.

Las diferencias constituyen al pueblo, no sus similitudes. El objetivo será formar la Unión más perfecta (posible) para todos los diferentes estados, a través, y aquí viene el punto clave, de una Constitución. Nosotros, el pueblo, no es todo el pueblo sino un nosotros que somete a la discusión del pueblo un texto que lo constituye como pueblo. Un pueblo cuyos orígenes no yacen en un pasado mítico, menos en uno étnico, sino en un momento histórico conformado por un nosotros que en nombre del pueblo constitucionaliza (o constituye) al pueblo.

La Constitución hace al pueblo y el pueblo hace a la Constitución. Diferentes estados y una sola nación constituida por el pueblo a través de una Constitución que los une del modo más perfecto posible. Una Constitución que, como todas las constituciones, no está a disposición de nadie porque es la palabra del pueblo, la que, para que permanezca en el tiempo, deberá ser escrita con tinta indeleble en un libro.

El pueblo instituye y destituye de acuerdo a los dictados de la Constitución. Gracias a la Constitución la política deja de ser populista. Es por eso que vemos en el asalto al Capitolio instigado por Trump, Giuliani, Rubio y otros secuaces, una rebelión del pueblo populista en contra del pueblo político. Un intento por regresar a los tiempos de la Francia de Leonor de Aquitania donde el cuerpo del monarca se confundía con el cuerpo del Estado. Una regresión histórica que nos demostró cuan frágiles son los hilos que sostienen a la política de nuestro tiempo.

NOSOTROS (y no ellos) SOMOS EL PUEBLO

Octubre de 1989. Las calles de Berlín Este, Leipzig, Dresden, se estremecen bajo el grito “Nosotros somos el pueblo”. El rodaje de las cámaras televisivas da vueltas alrededor del mundo. El grito quería significar nosotros y no ellos, nosotros y no la nomenklatura, nosotros y no la URSS, somos el pueblo. Imágenes conmovedoras que demostraban como las multitudes se constituían como pueblo político en el marco de una rebelión destituyente. Un nosotros destitutivo y a la vez constitutivo. Un nosotros ciudadano. Sin embargo, ese grito colectivo, “nosotros somos el pueblo”, no nació por milagro. Fue, por el contrario, parte de una larga cadena histórica formada por diversos eslabones. El eslabón más cercano lo encontramos el 7 de mayo de 1989, cuando en la RDA tuvieron lugar elecciones comunales.

Contrariando a las fracciones abstencionistas de la oposición, diversas organizaciones disidentes decidieron participar en las elecciones. La participación ciudadana debería usar el proceso electoral como plataforma para ejercer crítica directa al régimen y, en caso de fraude, aprovechar la grieta que estaba abriendo Gorbachov en la URSS, para denunciar el fraude ante el mundo.

Bajo el amparo de la iglesia protestante, los grupos disidentes realizaron su campaña electoral creando comisiones encargadas de vigilar los centros de votación, contando voto por voto. Así lograron demostrar como en diversos lugares los resultados habían sido falsificados. El fraude fue dado a conocer de modo acucioso por la revista clandestina Wahlfall. Fue entonces cuando el Movimiento Foro Nuevo, nacido al calor de la campaña electoral, dictaminó que la soberanía del pueblo había sido violada en la RDA.

De acuerdo a los miembros del Foro Nuevo, un pueblo solo es pueblo político cuando ejerce el acto de elección. Privado de su derecho a elegir, el pueblo deja de ser una noción política y se convierte en lo que fue en sus orígenes: simple población o poblado. En estas condiciones, el pueblo se transforma en un pueblo elegido por sus gobernantes. Monstruosa inversión de la razón política ya denunciada nada menos que por Berthold Brecht, en 1953.

Como es sabido, el 17 de junio de 1953 tuvo lugar la gran rebelión popular de Alemania del Este. Del mismo modo como después en Polonia y Hungría en 1956, la rebelión alemana fue sangrientamente aplastada por tropas soviéticas. En un acto de sadismo. el dictador Walter Ulbricht ordenó a los trabajadores de la construcción limpiar la Avenida Stalin, sitio principal de la revuelta. Ellos se negaron. Fue entonces cuando Brecht escribió su poema. Dice así: Tras la sublevación del 17 de junio/La Secretaría de la Unión de Escritores/Hizo repartir folletos en la Avenida Stalin/Indicando que el pueblo/ Había perdido la confianza del gobierno/ Y podía ganarla de nuevo solamente/Con esfuerzos redoblados ¿No sería más simple/En ese caso para el gobierno/ Disolver el pueblo/ Y elegir otro?

Disolver el pueblo. De hecho, eso ya había sucedido. El pueblo político había sido disuelto y sustituido por el pueblo del poder estatal. Solo la clase dirigente podía decidir quiénes pertenecían al pueblo. De ahí que el grito triunfal de 1989, “nosotros somos el pueblo”, surgió de la historia profunda de un pueblo sometido.

Alemania 2019-2020. Otra vez aparecen en las calles de la ex DDR grupos que gritan, “nosotros somos el pueblo”. Pero la historia no se repite. No solo porque los nacional-populistas llamados por AfD, Pegida y otras organizaciones neo-fascistas no tienen ni política ni culturalmente nada que ver con los manifestantes de hace treinta años, sino simplemente porque ellos no son el pueblo. Son, por cierto, una fracción del pueblo, y si pueden hoy protestar acusando a Angela Merkel de dictadora, es porque en Alemania prima un estado de derecho que garantiza la libertad de reunión y de opinión, aunque sean reuniones y opiniones de fascistas. Ese derecho no fue conquistado por ellos sino por quienes lucharon contra una dictadura de verdad en nombre de un pueblo sometido.

La gran diferencia entre los dos “nosotros”, no es gramática. Es política. Los de 1989 gritaron a favor de un nosotros inclusivo, por uno que incluyera a todas las diferencias, no importando ideologías, religiones, condición social, ni mucho menos, color de piel. El nosotros de los nacional populistas es en cambio exclusivo. Su “nosotros” solo alude a un pueblo mítico, étnico, machista, sexista, blanco, pero no a un pueblo políticamente constituido.

El pueblo político es, por el contrario, el pueblo de las diferencias. Cuando los manifestantes de 1989 decían “nosotros somos el pueblo”, no pedían unirse bajo una sola idea, bajo un solo partido, bajo un solo símbolo. Precisamente contra esa noción de pueblo luchaban. Políticamente organizados, exigían la libertad de opinión, de reunión, de asociación. Luchaban en fin por un pueblo cuya única unidad era la aceptación de las diferencias, en el marco determinado por la Constitución y las leyes. Un pueblo con muchos partidos, muchas ideas, muchos modos de ser. En otras palabras, por un pueblo que, justamente por el hecho de estar desunido, podía ser un pueblo.

EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO

Fue una de las canciones más bellas del breve periodo de la Unidad Popular chilena (1970-1973) Coreado con énfasis y mística en las calles al ritmo marcial que imponían los Quilapayún, erizaba la piel. Después de esa trágica experiencia, ha vuelto a ser coreado, ya sea en las calles de Managua, La Paz o Caracas, para aclamar triunfos de los nacional-populistas “de izquierda”. Una canción tan bella en su melodía como falsa en su intención.

Efectivamente, un pueblo solo puede aparecer unido frente a otro pueblo (y en este caso ya no hablamos de política sino de guerra) o puede aparecer, en un momento, unido, como en el caso de la ex RDA, frente a una clase de estado que usurpa el poder del pueblo en nombre del pueblo. Pero en Chile, esos millones que apoyaron a Pinochet no eran de otro pueblo. El pueblo de la izquierda intentó excluir al pueblo de la derecha. Poco después, el pueblo de la derecha, representado en Pinochet, intento excluir -incluso físicamente- al pueblo de la izquierda.

Ningún gobernante y ningún político puede atribuirse la representación total del pueblo. Quienes creen ostentarla, o son dictadores o están en camino de serlo. El pueblo político está organizado en partidos, tradiciones, culturas, religiones, creencias. Su única unidad es la aceptación de la Constitución y de las instituciones que garantizan la lucha de sus diferencias.

El pueblo unido jamás será vencido. Es verdad. Nunca será vencido porque el pueblo unido no existe como noción política. Así de simple.

25 de febrero 2021

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2021/02/fernando-mires-nosotros-somos-e...(POLIS)

El gobierno venezolano está instrumentando políticas de mercado que ayuden a la reactivación de la economía, la cual lleva seis años en recesión. Según la revista The Economist es poco probable que dichas políticas impulsen un boom de inversiones que reactive la maltrecha economía, debido a la pandemia y a las sanciones de Estados Unidos.

Movido por la desesperación el régimen de Maduro está instrumentando políticas de mercado, para rescatar la maltrecha economía venezolana. Sin embargo el régimen presenta el giro hacia las políticas de mercado, no como un acto de desesperación, sino de perfeccionamiento del socialismo. Lo que llamamos políticas de mercado o de libre mercado, son aquellas que restringen el rol del Estado en la economía y aumentan el de las fuerzas del mercado. Ellas contemplan las de privatización de empresas públicas y las de liberalización de precios, tanto de precios de los productos como de las divisas

Maduro desechó un sistema de cambios múltiples en el año 2018. El que hace poco tiempo el gobierno calificaba de dólar criminal, ahora circula libremente en las calles. Es más común en las calles de Caracas que el bolívar, debido a la crisis de efectivo. Se eliminó el control de precios y la gasolina se expende a precios dolarizados en las estaciones de gasolina.

Las tiendas, antes vacías, están abastecidas. En el campo, la elevada cantidad de tierras que Chávez entregó a los campesinos ahora están siendo compradas por personas que se han enriquecido, beneficiándose del capitalismo de amiguetes que floreció bajo la sombra de su sucesor.

Parte del Estado se está contrayendo. PDVSA, que una vez empleó a 150.000 personas, ahora tiene una fuerza de trabajo de 111.000, de acuerdo a cifras aportadas por el sindicato de trabajadores petroleros. Muchos de los trabajadores formaron parte de la diáspora que emigró a otros países vecinos como Colombia.

El gobierno de Venezuela está actuando movido por la desesperación: Venezuela ha venido padeciendo una recesión por más de seis años. El mal manejo de PDVSA hizo colapsar la producción, lo que aunado a las sanciones de la administración Trump provocó el colapso de las exportaciones petroleras. La corrupción desbordada impulsó el mercado de carros de lujo, pero quebró al Estado.

Un empresario señaló que el gobierno está instrumentando un programa de ajuste similar al de los llevados a cabo por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las sanciones lo han hecho factible políticamente. Debido a que el FMI no le suministra a Venezuela la ayuda que el régimen requiere, el gobierno continúa financiando su gigantesco déficit ordenando al BCV emitir dinero sin respaldo.

La pandemia y las sanciones de Estados Unidos impedirán que Venezuela, en el corto plazo, disfrute de un boom de inversiones, producto de sus políticas de mercado, que ayuden a la reactivación de la maltrecha economía.

Nota: Este escrito está basado en la traducción libre de una parte del artículo: The Economist. 2021. Cuba and Venezuela. Open up, hesintantly, to the market. Feb 13 th.

Profesor UCV

El siglo del populismo, el último libro del historiador y politólogo Pierre Rosanvallon, representa un título de lectura indispensable sobre este fenómeno sociopolítico, de carácter tan difuso como volátil. Es una corriente de pensamiento líquido, no tanto una doctrina, marcada por el imperio absoluto de las emociones. Limitarse a comparaciones históricas con los fascismos de entreguerras denota una cierta pereza a la hora de analizar. Para empezar, el populismo es mucho más antiguo que todo eso. Podríamos remontarnos a la Antigüedad clásica y a otras etapas de la historia porque el populismo es una actitud, una táctica y finalmente una estrategia al servicio de la toma del poder. Además, el populismo está, y siempre lo ha estado, al servicio de una “política espectáculo”, y, en consecuencia, no es extraño que acapare la atención de los espectadores, llámense pueblo o público, en esta sociedad del espectáculo, en la que se prefiere la representación a la realidad, la apariencia al ser, tal y como subrayaba el filósofo Guy Debord en 1967.

Pierre Rosanvallon presenta en su libro toda una serie de ejemplos de la fuerte carga emocional que sustenta al populismo, en la que se entremezclan pretensiones de exclusiva grandeza moral, no pocas veces salpicadas por el término “dignidad”, y los odios más turbulentos, con una violencia verbal sin límites. Nos trae un ejemplo de la política francesa, el de Jean-Luc Mélenchon, y nos cuenta una significativa anécdota en la que se aprecian las simpatías del fundador de La France insoumise por el cesarismo. En 2017 visitó las ruinas del Foro romano, donde señaló que César estaba cerca del pueblo y por eso los patricios lo asesinaron. Rosanvallon no se remonta tan lejos en su libro para narrar la historia del populismo, si bien es recomendable revisar las Vidas paralelas de Plutarco, y en concreto la de César, para tomar nota de actitudes populistas que siguen muy vigentes.

En efecto, Plutarco retrata a César, en sus funciones de edil o pretor de Roma, como un político ambicioso, que utiliza al pueblo para sus fines. Solo Cicerón, el principal representante del ideal republicano, parece darse cuenta de que detrás de su humanidad y afabilidad externas, que le ganan una inmensa popularidad, están los designios de un ambicioso. Pero el destino de Cicerón será el de tantos críticos del cesarismo: la de ser desprestigiado por encarnar supuestamente los intereses de los privilegiados, los del patriciado romano. Los “hombres fuertes”, idolatrados por las masas, nada quieren saber de quienes apelan a los dictados de la razón. Lo cierto es que el gran orador romano percibe rasgos tiránicos en todas las empresas y actos políticos de César, y escribe: “Cuando veo su caballera peinada con tanto cuidado, cuando le veo rascarse la cabeza con un solo dedo, llego a creer que un hombre así ha decidido un crimen tan grande como la ruina de la República romana”. El propio Cicerón señala también la anécdota de que César tradujo de este modo una cita de Eurípides: “Si hay que violar el derecho, debe hacerse para reinar; en los demás casos practica la rectitud”. Hoy diríamos que César era un maestro en el arte de la inteligencia emocional, y todo líder populista termina siéndolo. El cesarismo ha pasado además al teatro, entre otros géneros literarios, y Shakespeare, con su Julio César, debe mucho a Plutarco. En esa obra le vemos comportarse como un tribuno de la plebe. No menos populista es Marco Antonio con su sinuoso discurso ante el cadáver de César, que desbanca al discurso “patriótico” de Marco Bruto, uno de sus asesinos, pues Antonio consigue con habilidad desatar toda clase de emociones entre su auditorio.

Pierre Rosanvallon hace en su libro una anatomía y una crítica, bien fundamentada del populismo, pero, en mi opinión, tiene también el mérito de esbozar una historia del populismo contemporáneo, centrada particularmente en Francia, aunque perfectamente trasplantable a otros países. El populismo impregna el régimen del primer Napoleón, esperanza de los decepcionados y cansados de la revolución, pero el Segundo Imperio de Napoleón III (1852-1870) es un populismo en estado puro. Allí surgirá la idea, que luego cruzará el Atlántico para germinar en el terreno propicio de los caudillismos de las repúblicas latinoamericanas, de que el emperador no es un hombre sino un pueblo, el elegido de la democracia, la encarnación de la representación popular. Luis Napoleón Bonaparte multiplicará las recepciones y los desplazamientos por el interior de Francia, a modo de un continuo plebiscito. El bonapartismo busca no solo la unanimidad política sino también la unanimidad social, y esto también explicará sus intentos de controlar la prensa, a la que considera un Estado dentro del Estado, carente de toda legitimidad democrática. Dicha percepción es una prueba más de que el populismo antepone la democracia plebiscitaria al Estado de derecho.

Durante la Tercera República, en 1889, Francia conocerá el efímero bonapartismo del general Georges Boulanger, paralelo a los escándalos políticos de corrupción del momento, y que es jaleado por una prensa que considera a los diputados de la Asamblea Nacional como ejemplo de cinismo, cobardía y mediocridad. Boulanger no triunfará al final, pues nunca lo hacen quienes son incapaces de separar lo sublime de lo ridículo, con todas sus actitudes teatrales y sobreactuadas. Hay quien opina que Boulanger temía en realidad al Estado de derecho y no se atrevió a dar el golpe de Estado que le reclamaban sus partidarios, tras haber ganado las elecciones parlamentarias. Por cierto, Jean Renoir hizo un retrato muy logrado de Boulanger en la película Elena y los hombres (1956), bajo los rasgos del general François Rolland (Jean Marais), tan pretencioso como teatral.

Una acertada conclusión de El siglo del populismo es que la democracia es a la vez una suma de modalidades imperfectas y un sistema experimental, algo que nunca está acabado. Pero el populismo no ha surgido de modo espontáneo. Ha sido una reacción contra la clase política tradicional conformista y encerrada en sí misma. La democracia representativa, según Rosanvallon, “es el régimen que no se cansa de preguntarse por él mismo”. Su pervivencia dependerá de su capacidad de reinventarse, de ser más activa y participativa.

24 de fenrero 2021

Elcano

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El enjuiciamiento de los civiles por parte de la justicia militar es un tema que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no termina de resolver y sobre el que en los últimos años viene dando marchas y contramarchas. El último de estos bandazos ocurrió en diciembre de 2020, cuando el máximo juzgado decidió reabrir las puertas a la posibilidad de que los jueces castrenses procesen a personas que no son miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), algo que unos meses antes le había parecido violatorio a principios constitucionales.

Este retroceso figura en la sentencia n.° 246 que la Sala Constitucional dictó el 14 de diciembre de 2020, aunque su texto apareció hace unos días –como ya es costumbre en esta alta instancia–. En ella estableció lo siguiente:

«La condición civil ostentada por un ciudadano detenido obliga a los Tribunales en Funciones de Control Penal Militar a efectuar preliminarmente un análisis motivado respecto de los límites de su competencia para conocer de oficio sin necesidad de requerir solicitud de parte interesada».

El pronunciamiento, que tiene carácter vinculante y, por lo tanto, debe ser aplicado por el resto de los juzgados del país, fue la respuesta a un avocamiento que en enero de 2020 presentó el abogado Francisco Humbria Vera, para conseguir que se cerrara el caso que el Ministerio Público Militar del estado Zulia le abrió a sus representados, Juan Manuel Lara Villalobos y Gustavo Armando García, a quienes les imputó los delitos de rebelión y de ultraje a la FANB.

Los imputados fueron detenidos en Maracaibo el 18 de enero del año pasado, cuando viajaban en un vehículo de propiedad de uno de ellos, y fueron retenidos por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes al inspeccionar el auto hallaron cuatro recipientes con gasolina. Las personas en el vehículo les explicaron a los efectivos que habían almacenado el combustible para viajar al día siguiente a Caracas, en vista de su escasez en las estaciones de servicio.

En el fallo redactado por la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, la Sala constató:

«la veracidad de las denuncias, pues los ciudadanos Juan Manuel Lara Villalobos y Gustavo Armando García Coiman fueron juzgados por una autoridad judicial que no era de su competencia natural, y se les decretó la privación judicial preventiva de libertad sin que existieran fundados elementos de convicción para establecer una relación de causa a efecto entre los delitos militares imputados citados supra y la participación de los ciudadanos aprehendidos (civiles en actividades de tránsito en la vía pública), tal imputación carece de atipicidad».

A raíz de lo arriba citado, se anuló y cerró el caso.

Sí, pero…

Pese a que la Sala Constitucional declaró que a los dos civiles se les violó su derecho a ser juzgados por su juez natural al ser llevados ante un tribunal militar, el TSJ rechazó tomar medidas para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. ¿La razón? En la instancia creen que hay supuestos en los que los civiles pueden ser procesados por los juzgados castrenses, por ejemplo, cuando un civil comete un delito militar, lo que a su criterio está previsto en la Constitución de 1999. En la Sala se aferran a la última línea del artículo 261 del Carta Magna para sustentar su posición: «La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar».

Asimismo, apelan al numeral 2 del artículo 123 del Código Orgánico de Justicia Militar, el cual establece que la «jurisdicción penal militar comprende (…) Las infracciones militares cometidas por militares o civiles, conjunta o separadamente». Vale acotar que esta norma fue aprobada en 1998, es decir, es preconstitucional.

Sin embargo, al instruir a los jueces castrenses a hacer «preliminarmente un análisis motivado respecto de los límites de su competencia» cada vez que tengan a un civil, la Sala Constitucional se aleja de la línea trazada por la Sala de Casación Penal, la cual en sus sentencias 70 y 71 de julio de 2020 declaró que «el juez militar no es el juez natural para el procesamiento penal de civiles» luego de revisar el caso de ocho exfuncionarios de Minerven que desde 2017 estaban siendo procesados por un juez militar por la sustracción de oro de la empresa estatal.

Aunque la Constitución no prohíbe expresamente el enjuiciamiento de civiles por parte de los jueces militares, la Sala Constitucional en un momento consideró que esta posibilidad tampoco estaba permitida por la carta magna, siguiendo los parámetros de tratados internacionales de derechos humanos vigentes en Venezuela. Así, en su sentencia número 838 del 24 de abril de 2002, la instancia indicó tajantemente que «la justicia militar sólo se aplica a delitos de naturaleza militar, perpetrados por militares en servicio activo, tanto para la oportunidad en que se cometan, como para la fecha de su juzgamiento».

El criterio anterior estaba alineado con lo señalado por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual en 1999 (Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, sentencia de 30 de mayo de 1999, Fondo, Reparaciones y Costas) señaló:

«La jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori el debido proceso, el cual, a su vez, está íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia».

Asimismo, en la audiencia de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada el 11 de mayo de 2017, en la que Acceso a la Justicia estuvo presente, los comisionados afirmaron que no había nada qué discutir sobre el derecho que tienen los militares a juzgar civiles, «pues no existe tal derecho», al contrario de lo que está sosteniendo la Sala Constitucional en la sentencia aquí comentada, es decir, que no existen en ningún caso delitos militares cometidos por civiles.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El uso de la justicia militar contra civiles en Venezuela tiene larga data, pero se hizo habitual especialmente en las protestas masivas de 2017, en las que el Gobierno, para acallar a los manifestantes, usó de manera extensiva esta jurisdicción. Quienes han terminado ante un juez castrense no solo no han visto respetadas sus garantías judiciales, sino que además han sido víctimas de torturas y malos tratos, tal y como lo constató la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas.

La actitud dubitativa del TSJ sobre este asunto abre las puertas para que más ciudadanos terminen ante una instancia totalmente controlada por el Ejecutivo nacional, por cuanto los jueces militares no son escogidos por el TSJ como manda la Constitución sino por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, como denunciamos en un estudio realizado sobre la materia.

febrero 23, 2021

https://accesoalajusticia.org/justicia-militar-para-civiles-marchas-y-co...

Con voz propia

Consecuente el Papa Francisco con Venezuela, al inicio del 2021 manifestó “Que la llegada del niño Jesús ayude a poner fin al sufrimiento del pueblo”. Afirmó que mientras la pandemia agrava la crisis ya latente, la Iglesia local se mantiene al lado de personas azotadas por ‘la arrogancia de poderosos y la creciente pobreza’. Con un salario mínimo que no llega al dólar, tardaría 4 mil años en adquirir una vivienda sencilla.

En 2019 ONU calculó que 6,5 millones venezolanos saldrían hasta 2020. Y estiman que más del 73% de ellos cree que regresar significa riesgo, según estudio de migrantes refugiados en Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Panamá, Guyana y Rep. Dominicana.

País que fue mayor productor de petróleo hoy representa ruina y miseria. Se soporta crisis humanitaria sin precedentes, y el narco régimen impone el descaro. Ejemplifica la Inspectora del Ministerio Penitenciario quién viajó de turismo por Europa. Se trata de María Mercedes Berthe, “compinche” de Iris Varela, primera vicepresidenta del acomodado Parlamento, quien se jacta de mostrar esposas para ponérselas al reconocido como Presidente (e) de Venezuela.

Tan pendiente está el Papa de nuestra Patria, que agradeció la “valentía” del democrático gobierno de la hermana República de Colombia, por la creación del Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos.

El Presidente Iván Duque decretó esta medida que beneficiará a unos dos millones de vemezolanos, de los cuales cerca de un millón son indocumentados, por lo que era imperioso ofrecerles solución a su estatus. Aseguró que “el régimen ilegítimo y criminal de Nicolás Maduro es “indiferente y cruel” frente a la crisis social y califica de ‘payasería’ la citada protección.

“Gracias a Colombia, gracias“, exclamó el Papa Francisco, ante fieles en la Plaza de San Pedro, ante la medida del Presidente Duque muy aplaudida por diferentes gobiernos y organismos internacionales.

El Secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el anuncio por responder a necesidades de los colombianos y venezolanos más vulnerables. El Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, consideró la medida como “el gesto humanitario más grande del Continente” que favorece a los venezolanos que huyen de la dictadura de NM.

Buenas noticias para migrantes venezolanos se produjeron también con el nuevo Presidente de EEUU, Joe Biden, las que agilizarán solicitudes de asilo. Se cumple así la información del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, de ayudar a los afectados por la crisis causada por “dictadura” de NM.

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja aseguró que hay más de 1.500 migrantes venezolanos viviendo a la intemperie en plaza de Colchane, Chile. La pequeña localidad, a 3.730 metros sobre el nivel del mar, presenta temperaturas que bajan a 5 grados en la noche, lo cual producen males de salud como deshidratación, hipotermia, neumonía, hipertensión, desnutrición y diabetes. Dos migrantes, un venezolano y un colombiano, murieron por esa causa.

Presión humanitaria evitó que Chile expulsara a 138 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos.

Canciller Andrés Allamand declaró que hay más de 500 mil venezolanos en Chile y la mayoría ha regularizado su situación migratoria. “Otorgamos más de 75 mil visas de responsabilidad e impulsamos programa de reunificación familiar”.

También del lado humanitario, Canciller del Perú, Elizabeth Astete anuncia tratar contra el coronavirus a migrantes venezolanos que padecen segunda ola de contagios de la COVID-19.

Comprensible la pesadumbre Papal, porque la mediocridad del liderazgo venezolano llegue a proponerle a EEUU negociar la hambruna del pueblo.

Al MARGEN. Un 30/11/52, la Junta de Gobierno presidida por Germán Suárez Flamerich, controlado por militares, consintió elecciones. Las ganaba la oposición y se ordenó revertirlas. El Ministro de la Defensa de entonces, Tcnel Marcos Pérez, se hizo Presidente. La dignidad llevó a renunciar al órgano electoral

jordanalberto18@yahoo.com