El régimen postchavista aturdido, mayormente descompuesto después del 6D, más temeroso por el crecimiento de una masa democrática cuantificable como movimiento político democrático, cono energía para generar un cambio político expresión del gen democrático venezolano, en un acto público ensaya una solicitud acudiendo al constructo de la Memoria Pública. La Memoria Pública que registra hoy el venezolano es el hambre, la miseria exponencial, la persecución policial, la corrupción política y el intento del militarismo socialista de seguir de espaldas a la Constitución en apoyo a una tiranía en pleno siglo XXI. Tiranía que, como régimen militarista, es el responsable por la regresión política que viven Venezuela y los venezolanos.

La Memoria Pública que deja este régimen está cercana a las imágenes de los cañones, violencia y regresión política exponencial encubierta por un militarismo obsecuente, que la ciudadanía democrática repudia, razón por la cual demanda como ciudadanía un comportamiento para crecerse en la adversidad política, que le permita enunciar su encuentro con una real democracia acudiendo a un hecho electoral en condiciones legítimas y universales en la anunciada megaelección. La Memoria Pública inspirada en exhibicionismo armado, armamentismo y fuerza bruta militar es la revivencia del autoritarismo, de las fuerzas y engaños más la corrupción exponencial de un régimen nacido del golpismo militarista en 1992. Con un gobierno militar que derivó en gobierno militar de calle -expresión grotesca de la subpolítica y la antipolítica- de quienes desprecian al ciudadano y la democracia violando la Constitución.

La venezolanidad del 2021 está muy distante de la simbología político-militar. Está asqueada de imágenes, representaciones y fantasías que intenta el régimen fijar a juro, donde las acciones contrarias a la democracia está cercanas al fanatismo y al primitivismo político que emplea las fuerza-violencia para gobernar desde 1999. El venezolano demócrata 2021 como gran mayoría expresa su rechazo a la experiencia del militarismo, a quien encabezó esta insensatez política, económica y sobre todo ideológica. No es un acontecimiento político para movilizarlos… sino para desterrar cuanto tenga que ver con el militarismo y la militarización de la política y la sociedad.

La Venezuela del 2021 es democrática en su 91.8%, en consecuencia la Memoria Pública no puede aceptar el 5 de marzo que gire alrededor y demostrar voluntades que permitan el primitivismo armado como acto político por grotesco, inconstitucional, además de corrupto. La energía política del venezolano y sus Memoria Pública están orientadas hacia el devenir, que tendrá que ser la democracia, los demócratas y la Constitución. La democracia con la mayoría tiene claro lo desgraciado lo que es la remembranza del 5 de marzo, de quien presidió un régimen autoritario al margen de la Constitución y, sobre todo, potenció su violación sistemática. La Memoria Pública 2021 está azotada por el hambre, está arrinconada por el militarismo y, por lo tanto, en los demócratas no hay espacio para la Memoria Pública.

La Memoria Pública 2021 se mostrará para conservar actuación y acciones como evocaciones y reconocimiento constitucionales, el 5 de marzo no existe ningún estímulo, evidencia o imágenes para recordarlo ¡No en el venezolano demócrata, que es la mayoría! En consecuencia, es ridículo, es equívoco solicitar mediante una treta del elemento armado que el venezolano del 2021 avive la Memoria Pública. En el venezolano demócrata no tiene significación el 5 de marzo, no tiene razón para llamar a la memoria que recuerde cuando todo lo que pudiera recordar de esa fecha está cerca del dolo, de la violación de la norma y del irrespeto al sistema.

El ciudadano 2021 ha decidido reinstalar la democracia, en consecuencia hace uso de su curva de olvido hacia todo aquello que se relacione con una trampa política engañosa, como el militarismo y su dictadura que cuanto ha significado es una regresión política y una desgracia del venezolano. La curva del olvido se nutrirá del gen democrático y, con fuerza y energía, se apresta para activar y desarrollar un manifiesto rechazo a quienes han subyugado y destruido al sistema político venezolano, acomodando una tiranía grotesca y primitiva vergüenza del mundo y la postmodernidad.

El ciudadano demócrata 2021 montado sobre la curva del olvido no perderá tiempo como los furibundos e ignaros fanáticos en una supuesta Memoria Pública, que avergüenza a la Venezuela Estado, hociqueada y ofendida pero dispuesta a conquistar su dignidad. No y nunca anclada en la Memoria Pública fanática, antipolítica, militarista sumisa, sino todo lo contrario en la Memoria Pública que resguarda la ecuación democrática. Los aduladores de oficio, sirvientes de la violencia y seguidores del golpismo, pareciera que han comenzado a comprender que la mayoría de los venezolanos accionarán con una participación política contendiente para recrear una memoria que sí se corresponda con lo público, con lo constitucional, respetando el merco vigente y el gen democrático, lo cual muestra la Decencia Política y jamás la barbarie, la adulancia y, sobre todo, la mentira política.

Es original,

Director de CSB-CEPPRO

@JMachillandaP

Caracas, 9 de marzo de 2021

Una de las más importantes características de los veinte y dos años del gobierno “Revolucionario del Siglo XXI” es, sin lugar a dudas, su indetenible carrera hacia la destrucción total del país.

La crisis económico-social generada por el régimen, destruye el aparato productivo y la infraestructura de servicios, empobrece a la mayoría nacional y siembra el hambre por todos los rincones de la geografía venezolana. Entramos en el 8º año consecutivo de depresión económica y el 4º de hiperinflación. En 2020 el PIB cayó un 26%, lo que representa un acumulado de 76%, de acuerdo con cifras de la CEPAL. Esto significa una paralización brutal del aparato productivo nacional, cuya mercadería se suple parcialmente con importaciones.

La hiperinflación (3.713% en 2020, según cifras de la Comisión de Finanzas de la legal AN) y la devaluación sostenida y continuada del Bolívar han pulverizado nuestro signo monetario y disparado los precios de todos los bienes y servicios. El dólar ha sustituido, de facto, a la moneda nacional como medio de pago, es decir, para las transacciones comerciales, reduciendo la función del bolívar a las transacciones electrónicas, mientras el efectivo ha quedado para pagar el transporte urbano, a duras penas

La liberalización de las importaciones (exenciones tributarias, entre otras cosas), la dolarización de los costos y precios y el lavado de capitales han incrementado la actividad comercial y el abastecimiento, pero su adquisición es cada vez más inaccesible.

El rasgo más importante de la situación social es el empobrecimiento generalizado del pueblo, hasta el punto de la posibilidad de una hambruna. Este riesgo ha sido advertido por los organismos de la ONU especializados en la materia y sus primeras manifestaciones ya se han registrado en estados como Miranda, donde en septiembre 2020 se produjo la muerte de 18 infantes por desnutrición, por solo citar un caso.

La pobreza por ingresos se sitúa en más 90%, según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Solo bastaría contrastar el salario mínimo mensual (Bs 1,8 millones) con el costo de la canasta básica que supera los Bs 500 millones.

El salario, las prestaciones sociales y el ahorro de los trabajadores y sus familias han sido pulverizados. Las contrataciones colectivas han sido sustituidas por unas tablas salariales de hambre que borran viejas conquistas y reivindicaciones alcanzadas en etapas anteriores y los derechos a sindicalización y huelga han sido borrados casi por completo.

La salud vive una situación similar resumida en los siguientes factores principales: deterioro de la calidad de vida y de las condiciones medioambientales (pobreza y hambre); infraestructura hospitalaria en decadencia y abandono; escasez grave de medicamentos, equipos e insumos médicos; encarecimiento de los precios de las medicinas y servicios; deserción creciente del personal especializado. Prácticamente, los trabajadores carecen de un Sistema de Seguridad Social que les permita superar la crítica, por no decir dantesca, situación que hoy están viviendo.

Con los pírricos salarios mínimos, menores a un dólar mensual y sueldos de hambre, con la congelación de la discusión de los contratos colectivos, con la criminalización y sangrienta represión de las luchas gremiales, la imposibilidad de poder ser atendido frente a un problema de salud por la carencia de coberturas suficientes de seguros HCM y el colapso de los centros hospitalarios de país, la ¨revolución¨ socialista del siglo XXI ha condenado a muerte a los trabajadores venezolanos.

Toca, en este momento crítico, mantener en alza las banderas de La lucha por la Vida transitando el camino de la Unidad de las fuerzas sociales para lograr superar la crisis social, política y económica generada por este régimen genocida.

No hay salida a la crisis con el chavismo en el poder. Desplazarlo del poder e iniciar una transición sigue siendo el objetivo principal de las fuerzas democráticas del país. En la lucha por la vida y contra una condena de muerte, se hace impostergable que todas, las sindicales, gremiales, culturales, deportivas se concentren en una sola lucha. El llamado a la unidad en la lucha es la única garantía para que los trabajadores logremos derrotar y superar la política de muerte que nos impone el régime

El régimen de expoliación que quedó del “Socialismo del Siglo XXI” hizo de Venezuela el país más pobre de América Latina, después de haber sido uno de sus más prósperos. Su economía es, hoy, apenas la cuarta parte de la de hace siete años y de igual dimensión a la de 1965, pero sirviendo a una población tres veces superior. El ingreso real por habitante alcanza solo a la mitad de la que gozaba el ciudadano promedio en 1950. Y ello ha ocurrido en una nación que, entre 2008 y 2014, disfrutó de la mayor bonanza de exportación experimentada en su historia, con precios para su crudo de USD 100 el barril o más.

Infelizmente, esta enorme riqueza fue dilapidada, esquilmada por contratos leoninos con países “amigos” o simplemente robada. En los años subsiguientes, los venezolanos sufrieron la mayor destrucción de medios de vida registrada en épocas recientes para un país que no esté en guerra. Más de cinco millones decidió emigrar.

Recuperar niveles de bienestar que hagan de nuevo a Venezuela una nación en que vale la pena residir constituye, sin duda, el mayor reto a enfrentar por las fuerzas democráticas, una vez recuperada de la horrible aberración militar que hoy la consume.

Nuestro país enfrentó en el pasado crisis económicas –ninguna, ni remotamente, con las dimensiones de la actual— que fueron solventadas, en mayor o menor grado, gracias a aumentos oportunos en los precios internacionales del petróleo. Proveyeron a la nación con mayores ingresos de exportación para afrontar sus dificultades. El dispendio a discreción de la renta petrolera por parte de diferentes gobiernos sirvió también para cosechar réditos políticos y sembró una expectación en el venezolano de que el Estado estaba ahí para asegurarle su bienestar material.

Esto pasó a ser percibido como un derecho adquirido, no condicionado por otras consideraciones. La captación de rentas internacionales por Venezuela durante décadas obnubiló la vinculación entre la remuneración salarial y la productividad. Las actitudes y valores inherentes a la cultura rentista mellaron, asimismo, las presiones para emprendimientos competitivos. Más rentable fue, para muchos, dedicarse a cazar las rentas que deparaba el intervencionismo del Estado. La viabilidad social, política y económica de un gobierno de transición democrática habrá de verse seriamente comprometida si no logra revertir esta visión.

Repartir la renta petrolera ya no es posible como solución, lo que genera serios desafíos a la hora de querer satisfacer las expectativas de mejora de los venezolanos. El país produce, hoy, apenas 16% de cuando Maduro ocupó la presidencia, privando a Venezuela de las divisas y de los encadenamientos productivos que, en otras oportunidades, dinamizaban al llamado sector conexo de industrias del metal, químicas, de la construcción, como de numerosos servicios. Haberle entregado PdVSA a los militares como premio por su apoyo, terminó la destrucción de su capacidad productiva que había iniciado Rafael Ramírez, cuando hizo de ella una empresa “roja-rojita” al servicio de intereses chavistas.

A nivel mundial es notoria la transición energética a fuentes renovables, hecha posible por los desarrollos tecnológicos, y los intentos deliberados por reducir el uso de combustibles fósiles. En el marco de los acuerdos de París, países europeos se han propuesto como meta reducir sus emisiones netas de gases de carbono a cero para 1950. Muchos se han comprometido, también, a dejar de producir autos de combustión interna para 2030. Metas como estas hacen que la vuelta de precios de bonanza para el crudo sea muy improbable. Los análisis anticipan, más bien, el arribo a una situación de “Peak Demand” en los próximos lustros, a partir del cual el consumo de hidrocarburos se irá reduciendo de forma sostenida. ¿Cuántos años podemos esperar seguir como proveedor importante de recursos energéticos al mundo? Difícil precisar, pero debe tenerse en cuenta, además, que Venezuela no es, actualmente, la provincia petrolera más llamativa para atraer inversiones al sector.

Recuperar un nivel de producción de unos 2,5 millones de b/d tomará al menos 5 años en el mejor de los escenarios. Requerirá, entre otras cosas, una reducción sustancial de la carga fiscal para atraer ingentes inversiones internacionales al sector, sin los cuales ello sería imposible. En consecuencia, el monto de ingresos petroleros del que dispondría el Estado para transferir en auxilio de los sectores más desasistidos será bastante menor. Hoy, parte importante de las exportaciones ni siquiera se cobran por la necesidad de amortizar los préstamos otorgados por China y Rusia al régimen, y por el petróleo que todavía insiste Maduro en regalarle a Cuba.

Enfrentar las expectativas de la población acostumbrada a “soluciones mágicas” provenientes del petróleo constituirá un problema fundamental para la transición democrática. Satisfacer, hasta donde sea posible, sus ansias de superación, implica optimizar el aumento de la productividad, a la vez que se busca cambiar la cultura rentista por una de emprendimiento y competitividad. Si bien se espera negociar un generoso financiamiento internacional con los organismos multilaterales --parte del cual debería destinarse por razones humanitarias a mejorar de inmediato la situación de los más desfavorecidos-- su disponibilidad dependerá de un programa consistente que augure una respuesta favorable de la economía, capaz de asegurar en el tiempo el reintegro de buena parte de los préstamos desembolsados y un crecimiento sostenido que, en un marco de equidad, provea la estabilidad del régimen democrático.

Políticas para fortalecer la productividad y, consecuentemente, la competitividad, serán decisivas para la transición y la consolidación de una Venezuela democrática. Esto supone lo siguiente:

1) Un retorno al ordenamiento constitucional y a las garantías inherentes al Estado de Derecho;

2) Un programa exitoso de estabilización macroeconómica, con un tipo de cambio estabilizado en torno a sus valores de equilibrio o una economía totalmente dolarizada;

3) Aprovechamiento cabal de la capacidad ociosa del aparato productivo nacional en el corto plazo;

4) El desarrollo de un marco y una cultura favorables al emprendimiento productivo;

5) Una estrategia de desarrollo explícitamente orientada al desarrollo de la competitividad, en la cual ocupen papel importante políticas industriales bien concebidas y articuladas;

6) Un esfuerzo especial por insertar al aparato productivo en la ola de la 4ª Revolución Industrial, fortaleciendo sus capacidades de innovación y de desarrollo tecnológico.

La capacidad para atraer inversiones extranjeras, de estimular también la inversión nacional y de aprovechar, de una manera u otra, el talento que emigró –así sea que sus portadores no regresen al país—será sumamente importante. Asimismo, requiere, como se mencionó, del apoyo de los organismos multinacionales, tanto para la provisión de un importante financiamiento externo, como para apoyar al país en la reestructuración de su deuda externa, de forma de hacer compatible su manejo con las metas de desarrollo propuestas.

La instrumentación de un programa de esta naturaleza, ambicioso y con su visión puesta en el largo plazo, es inconcebible bajo un régimen como el actual, guiado por la idea de que la riqueza no necesita ser producida, sino aprovechada, siguiendo intereses personales y políticos. Es lo que se denomina un régimen de expoliación. Descansa en las jerarquías y relaciones de poder articuladas en torno al Estado, y en la ausencia de normas y contrapoderes. Es el reino de las mafias, muchas de ellas, militares.

Es crucial tener en mente qué se está jugando cuando se propone negociar con personeros del régimen una salida pacífica a la actual tragedia. ¿Podrá ser una solución verdadera, hacia la recuperación de niveles de vida dignos y en libertad? ¿Qué hace falta para ello? Valgan estas líneas como referencia.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Un comentario de un influencer, radical opositor venezolano, establecido en el exterior, me ha interesado en escribir sobre el título que encabeza esta crónica. Denunciaba el influencer, respecto del maltrato que un Alcalde del interior de nuestro país hacía contra una familia a quien pretendía desposeer en la propiedad de su vivienda, que “no estaba obligado a dar oportunidad de respuesta al funcionario, para que se defendiera de sus graves denuncias, porque no había legislación que lo obligara”.

El tema del derecho a la información y a la libertad de expresión, no deja de ser siempre, por sí mismo, un tema delicado y polémico, pero que en un Estado de Derecho, al que aspiramos los demócratas, -que resulta ausente en el ejercicio diario del grupo que ejerce el gobierno-, resulta siempre ineludible tratarlo en atención al ordenamiento legal escrito y por quienes somos creyentes del acatamiento a la ley, vale decir, gobernantes y gobernados sujetos a la disciplina legal. Es en el fondo, lo que quiero comentar.

Con la ley del ejercicio del periodismo de 1972, se reguló el derecho de rectificación, como obligación de periodistas y medios de comunicación, de rectificar en toda tergiversación de la información, obligando a la empresa, si fuese el caso de dar cabida a aquella rectificación. La vigente ley de ejercicio del periodismo, del año 1995, amplia en su artículo 9 esa obligación, al establecer, que “toda tergiversación o ausencia de veracidad en la información debe ser rectificada oportuna y eficientemente, y el periodista estará obligado a rectificar y la empresa a dar cabida a tal rectificación o a la aclaratoria que formule el afectado”. De modo, que frente a informaciones inexactas, falsas o no veraces y que perjudiquen a cualquier persona, subsiste el derecho de réplica del afectado o de rectificación por las mismas, a que se efectúe en el medio de difusión, sin que ello lo exima de cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido.

Como se trata de un medio audiovisual, en el cual la persona, a través de un canal de youtube, sube videos o contenidos, y los comenta ofreciendo su particular versión sobre hechos y/o imágenes, entiendo, que no sólo asume la responsabilidad de lo que afirma o denuncia, sino que está obligado en caso de no ser veraces sus comentarios, o extralimitarse en la calificación de una conducta personal, en dar oportunidad para que el afectado de respuesta y en todo caso, la otra parte rectifique. Pero si bien, el Reglamento de Radiodifusión vigente en el país, nada dice sobre este tema, toda vez que, en el capítulo de las infracciones de los concesionarios de las radiodifusoras y televisión, el artículo 80, se limita a prohibir la reproducción de videos y/o grabaciones magnetofónicas clandestinas y/o no autorizadas a grabar por parte de los involucrados… de manera que se afecte el derecho a la intimidad y al honor de las personas consagradas en la Constitución, nuestro Texto Fundamental si consagra el derecho a réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes (art. 58).

Nos hemos acostumbrado a oír desde las tribunas más encumbradas hasta las de menor jerarquía del régimen que nos gobierna, ejecutivas y legislativas, frases ofensivas, ominosas y denigrantes contra quienes se oponen democráticamente al gobierno, y no hay derecho a réplica que valga ni tampoco fiscal ni funcionario judicial que alze su voz y ordene el acatamiento constitucional. La Constitución es entonces, letra muerta para el régimen, es el sometimiento de una legislatura al servicio del Ejecutivo y una judicatura sorda y muda frente a las arbitrariedades de los que ejercen el poder.

Así ha sido en los últimos 20 años, vivimos en un país en estado de destrucción donde no hay instancias de representación para que se nos oiga, pero tampoco debemos admitir que en el campo de los que queremos construir un país donde haya democracia, incurramos en el desaguisado de retar al ordenamiento legal.

La democracia es el ejercicio de la libertad, pero en el camino de la ley trazada y no podemos caer ni en los excesos de la libertad ni tampoco en los excesos del poder incontrolado y absolutista, y es lo que observamos si nos adentramos, aunque sea superficialmente en la vida venezolana; acá tenemos una situación de poder abusivo, perverso y no institucionalizado, que queremos sustituir para construir un país de iguales oportunidades y de respeto a la Ley y al Estado de Derecho. Será entonces, más temprano que tarde, que la aspiración de la gran mayoría de nuestros compatriotas, respondan para alcanzar la vida justa y digna que nos niega el socialismo del siglo 21, y para construir el país que queremos, el de la paz y el desarrollo, en el que me atrevo a soñar y decir, como en los soliloquios de Shakespeare en Hamlet, “tenemos la seguridad de que esto será así”.

Finalmente, cuando la Constitución dice que toda persona tiene el derecho de réplica y rectificación, nos dice a todos los venezolanos, sea cual fuese su oficio, que ese derecho lo sostiene nuestra Constitución, cuando aquel se vea afectado por informaciones inexactas o tergiversadas.

Es probable que el influencer o el youtuber no sea periodista, y pueda decirse que su conducta no está regulada por la Ley de Ejercicio del Periodismo, pero el derecho de aclaratoria o de rectificación y de réplica se encuentra consagrada, para todos en nuestra Carta Fundamental, que además es un derecho inherente a la persona humana, que implica, cuando se afecta el honor de una persona por informaciones inexactas, que ésta tiene el derecho a responder las imputaciones que se le hacen, sean del color político que fuese.

frusbet@gmail.com

Maracay, marzo 7 de 2021

¿Qué induce el comportamiento inconsistente y ligero de algunos compatriotas en relación con los éxitos y fracasos en la lucha en contra de la dictadura atípica de Chávez-Maduro? ¿Por qué ese afán de descalificar a nuestra dirigencia por no haber puesto fin a la usurpación? ¿Hay razones para darle crédito a cualquier mentira del régimen o a las especulaciones, bien o mal intencionadas, de algunos tuiteros políticos y no políticos? Como son evidentes los sufrimientos y frustraciones de la población, sería impertinente afirmar categóricamente que rechazamos “la insoportable levedad del ser”, como diría Kundera. Lo procedente es predicar la necesidad de entender la complejidad de nuestra situación política e intentar valorar los éxitos y los intentos fallidos para lograr el cambio.

Todos somos responsables de la terrible situación que vivimos. Nos deslumbramos ante el espejismo de la renta petrolera. Por ello, a partir de 1974, elegimos dirigentes populistas, unos más, otros menos. Cuando esa renta no fue suficiente, acudimos a un teniente coronel que prometía acabar con la corrupción y un mejor país. Al percatarnos del engaño, arremetimos en contra del predicador del socialismo siglo XXI.

La jornada del 11 de abril del 2002 logró la renuncia del pichón de dictador. La gran mayoría aplaudió a los trabajadores petroleros que iniciaron el paro el 4 de abril, a Carlos Ortega y a Pedro Carmona, presidentes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y de Fedecámaras, respectivamente, organizaciones que se sumaron al mismo, así como a los militares que fueron el factor decisivo. Cuando los errores cometidos permitieron el regreso de Chávez al poder, se generó una frustración que se descargó en contra de Carmona, y también de los militares que no aceptaron la petición de Chávez de que lo dejaran irse a Cuba.

Siguieron las protestas en contra del repuesto presidente y el 2 de diciembre todos los partidos de oposición, la CTV y Fedecámaras llamaron a otro paro. Como el mismo no tuvo el éxito esperado, muchos drenaron la frustración criticando a Carlos Ortega, a Carlos Fernandes, nuevo presidente de Fedecámaras, y a los petroleros que individualmente se habían sumado al paro. Este logró algo importante que muchos olvidan: un acuerdo que obligó a ceder al gobierno en puntos fundamentales. Como el gobierno no respetó dicho acuerdo y, además, Chávez se impuso en el referendo, los ciudadanos culparon a los políticos. En el 2005 hubo elecciones parlamentarias, pero los partidos estaban muy debilitados y los electores estaban reacios a participar por la inexistencia de condiciones transparentes. Sin embargo, los políticos fueron posteriormente criticados por esa justificada abstención.

En las siguientes elecciones presidenciales se impuso Chávez por trampas y ventajismos, sin desconocer que gracias a las llamadas misiones llegó a tener un número importante de seguidores y que los partidos de oposición se habían venido a menos. En la elección de 2013, todo indica que Maduro fue derrotado por poco margen por Capriles. Este fue objeto de críticas por no llamar a la gente a la calle a reclamar el triunfo, aunque el régimen ha evidenciado que no le importa reprimir y son numerosos los ciudadanos asesinados, heridos, torturados, encarcelados y exiliados. La elección parlamentaria del 2015 fue un gran éxito de la oposición. Todos festejamos. Esta Asamblea no pudo cumplir su cometido por las trabas del régimen. Sin embargo, todavía resuenan las críticas a la misma.

Surgieron grandes esperanzas cuando Juan Guaidó, presidente constitucional interino, trazó la ruta de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Como esto no se ha logrado, la tendencia ha sido criticar a Guaidó, sin tomar en cuenta que el régimen se sostiene por el apoyo de los militares y del Poder Judicial. Las consultas populares del 2017 y del 2020, fueron exitosas desde el punto de vista político, pero sin la fuerza necesaria para doblegar al régimen, como tampoco lo han logrado, hasta ahora, las sanciones.

Gracias a las gestiones de nuestros diputados, la OEA y la Unión Europea no reconocen las farsas electorales del 2018 y 2020. Sin embargo, no cesan las descalificaciones a nuestros representantes, a pesar de que, incluso, no reciben remuneración y muchos han estado o están presos o exiliados. Intentos fallidos de enfrentar al régimen por medios no convencionales ante el bloqueo de la vía electoral, como fueron los episodios de entrar por Cúcuta ayuda humanitaria y el llamado a la Fuerza Armada para que cumpla con su deber constitucional, el pasado 30 de abril, han sido reprobadas por algunos por no lograr el objetivo. Lo mismo sucedió con la operación Gedeón, un intento valiente, pero poco sensato, de poner fin a la narcodictadura.

En estos últimos años los dirigentes han fallado por no lograr la unidad. Aquí cabe culparlos y ello se refleja en las encuestas. También a veces no han sido consistentes. Por ejemplo, nos convocaron a dos consultas populares que se pronunciaron enfáticamente a favor de elecciones transparentes, sin embargo, recientemente anunciaron que los partidos agrupados en el Frente Unido Venezuela Libre discutirían si acuden o no a la elección de gobernadores. Por parte de los ciudadanos de a pie, es necesario que cesen las descalificaciones injustas a la dirigencia, las cuales no suman. Debemos hacer un esfuerzo para lograr la unidad, que es un requisito necesario, aunque no suficiente para salir del régimen.

Como (había) en botica:

Continúa injustamente detenido nuestro diputado Gilberto Sojo. También el comunicador social Roland Carreño.

Excelente la videoconferencia de Venamérica, coordinada por Horacio Medina y Eduardo Betancourt, con intervenciones sensatas sobre el futuro de la industria petrolera, de los dirigentes sindicales Carlos Ortega, Iván Freites y Rafael Zambrano. También la de Rafael Gallegos sobre Geopolítica petrolera.

Lamentamos los fallecimientos de Celestino Franco y Eutimio Franco, compañeros de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

No hay opositor en este país que no diga que debemos juntarnos y expresarnos para salir de este gobierno bruto, cruel e ilegal, dictatorial y militar pues, y remendar o revivir la apagada existencia nacional, la universidad y la educación toda por ejemplo. Y tienen razón porque estamos en silencio y en la inacción más desconcertante mientras nos masacra la barbarie.

Seguro que hay nudos muy serios que desatar para que ese objetivo se logre. Porque cada quien ve la unidad a su manera. Los ejemplos son innúmeros, tantos como grupos cívico-políticos ahora a la moda, que por Zoom (logros de la pandemia) intercambian sus ideas y creen que tienen la fórmula apropiada. Hasta documentos hacen. Estos días apareció uno, donde hay gente realmente valiosa, que razonan con sindéresis a favor del voto, pero se les olvida que hay que subrayar que, dice uno, y ellos también, algunas condiciones electorales deberían variar con respecto a las vigentes, realmente espantosas, indigeribles para cualquier estómago que se precie.

Lo que plantea un círculo vicioso bastante curioso porque lo que se debería llamar a los pobladores es a cambiar las condiciones para poder votar sin perder la dignidad y, depende de lo que se logre (¿qué estará pensando Jorge Rodríguez, verbigracia?), pues veremos. No al revés: votar primero y luego la moral, por “política” que se pretenda. A lo mejor eso le quita velocidad a las voraces ansias electorales nacionales que aluden, puede ser. Así son los círculos perversos. También dejan de nombrar que un esquema semejante pareciera suponer, al menos hay que dilucidarlo, que Nicolás Maduro Moros permanecerá en la presidencia, hasta el 2025, que no es bagatela, mientras nosotros acumulamos algunas alcaldías y gobernadores (con protectores), pero al menos echamos a andar y al andar se hace camino a veces. Así suena mal, habría que revisarlo en el zoom.

Para terminar, digamos que lo que de verdad nos entusiasma de la carta es el reconocimiento efusivo y la cesión del liderazgo de la eventual tumultuaria acometida al que bien se lo merece, Juan Guaidó. Por supuesto que se lo ha ganado por las virtudes que le señalan, pero, además, no hay otro.

Me he extendido con esa cuartilla porque es el más redondo de los que he visto recientemente. Tiene otra cosa de interés que he dejado para otra ocasión como la oposición entre Caracas y el interior, a favor de éste, que llaman descentralización. Es curiosa y nada evidente: seguid el ejemplo…

Por allí también circula, más o menos clandestinamente, una carta del ex decano de Economía Víctor Rago con muy certeras observaciones sobre la universidad, en especial la Central, donde invita a debatir no solo una eventual elección, necesaria hasta por hastío, inercia y arrecheras de gobernantes y gobernados, sino incluso la sobrevivencia misma de ésta (o “inventamos o cerramos”, termina) ahora amenazada con el fin de su autonomía y diría que de sus posibilidades mismas de existencia legítima por una nueva ley de universidades elaborada por esa manada de ágrafos que dormitan en la nueva Asamblea. Basta pasear por la maravillosa arquitectura de Villanueva y su estado de deterioro o calcular las cuatro lochas (sic) que ganan los profesores o el ausentismo estudiantil producto de la inexistencia de futuro, para apostar a la segunda acepción del robinsoniano final del documento, cerrar. ¿Podría uno preguntarles a los distinguidos firmantes de la carta a Guaidó cómo se le puede entrar a este problema, o a la salud o los servicios básicos…, a punta de alcaldías y con el académico Maduro dirigiendo la terapia intensiva de la patria? Son grandes rollos, nacionales, no regionales ni al parecer del CNE.

Total, que hay que seguir discutiendo y sugeriría postergar un poco los manifiestos, a lo mejor logramos uno mayoritario

7 de marzo 2021

El Nacional

https://www.elnacional.com/opinion/el-voto-claro-pero/

Venezuela en toda su historia republicana ha estado signada por la confrontación política. El caudillismo, las dictaduras, los gobiernos autoritarios bajo los regímenes democráticos y las montaneras, conspiraciones, insurrecciones, golpes de estados y guerrillas han sido las constantes en nuestro devenir histórico.

El otro signo significativo, ha sido el diálogo, el perdón, el sobreseimiento, el indulto y la amnistía, como elementos conciliadores después de las refriegas dadas en cada circunstancia política por el control del poder.

La naturaleza de todos ellos es la paz, porque una vez superado el conflicto, el mejor camino hacia la conciliación es no buscar demostrar culpables o cual de los bandos en pugnas resulto ser el factor determinante en la confrontación pasada.

En el caso del régimen represivo impuesto por Nicolas Maduros, estos valores del dialogo y la conciliación poco importan. Y veamos algunos ejemplos ilustrativos de su accionar y el de otros gobernantes en el pasado. Habrá de recordarle, sobre todo a quienes desde el poder se ufanan de bolivarianos, que en Venezuela no es nuevo promover el perdón al “enemigo”.

En 1812 el Primer Congreso de la era republicana, dio un ejemplo de generosidad y justicia, liberando al Sacerdote Provincial de la Orden de San Francisco, Fray Pedro Hernández, quien había sido condenado a muerte, por participar en los acontecimientos de Valencia. Además, dieron libertad a más de un centenar de prisioneros por su complicidad en ellos. Resultando este, uno de los primeros actos decretados por el Congreso del 1811, iniciándose apenas la República.

Sirva este ejemplo para recordarle al mundo, de cómo Nicolas Maduro, mantiene secuestrados en sus mazmorras, a los Generales Raúl Baduel, Miguel Rodriguez Torres, al Capitán Caguaripano y a otros doscientos militares de distintos rangos, a quienes, a través de juicios amañados y violatorios del debido proceso, se les violan de forma sistemáticas sus derechos humanos.

Cuando el gobierno del General Cipriano Castro en diciembre de 1902, ante el bloqueo de los puertos de las costas venezolanas, por parte de la Armada anglo-ítalo-alemana; en aras de lograr la unificación del país, emite un decreto de Amnistía General, para todos aquellos prisioneros políticos, surgidos de las revueltas y montoneras contra su gobierno, por parte de los caudillos propulsores de la Revolución libertadora.

Sin embargo, en la Venezuela actual, Nicolas Maduro, mantiene bajo prisión al periodista Roland Carreño y manda a revocarle la medida de libertad condicional al Diputado Gilberto Sojo. Además, ordena las ejecuciones extrajudiciales de Óscar Pérez y su grupo de rebeldes ya rendidos; así como la del opositor Fernando Albán, mientras estaba en custodia, y la del capitán Acosta Arévalo, torturado hasta morir.

El mismísimo Juan Vicente Gómez, de manera excepcional, emitió varios decretos de Indultos o de Amnistía para muchos de sus enemigos políticos. Por no dejar, a la muerte de este dictador, el General Eleazar López Contreras, liberó a todos los presos políticos, que aún quedaban en las cárceles venezolanas.

En cambio, Maduro actúa con saña en contra de los estudiantes Wilder Vásquez y Brayan Oropeza, quienes tienen 3 años secuestrado por la barbarie judicial del régimen. También entre 2014 y 2020, bajo sus directrices criminales se ejecutaron 18.093 asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares, incluidas ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de manifestantes.

Durante el periodo de la lucha armada, las cárceles del país estaban abarrotadas de presos políticos. Los Gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, en su afán por derrotar, como en efecto lo hicieron, a los partidos insurgentes, habían desplegado una feroz represión contra los alzados. El presidente Rafael Caldera, hereda un país todavía convulsionado, y consciente de ello, impulsa un proceso de pacificación, decretando Amnistía e Indultos, lo cual llevó a que esa izquierda radicalizada, participara de nuevo en la vida democrática.

Maduro ante las intentonas fallidas de los factores radicales de la oposición, para desplazarlo del poder; a pesar de la presión internacional, lo que hace es arremeter con mayor virulencia contra esos grupos y termina arrebatándoles sus partidos y condenando al ostracismo político con inhabilitaciones a sus ex diputados.

Refrescando nuestra historia reciente, después de la intentona del 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez y sus comacates, quedaron en libertad, gracias a que, en su nuevo mandato presidencial, Rafael Caldera, le ordenara a la Corte Marcial, sobreseer la causa a todos los militares que se habían revelado en contra del ex presidente Carlos Andrés Pérez.

Y como agua que rebosa el vaso, el 31 de diciembre de 2007, el presidente Hugo Chávez, ordenó la publicación del Decreto No. 5.789, Ley Especial de Amnistía, a favor de quienes habían participado en el golpe de estado de abril del 2002.

Nicolas Maduro burla todo intento de diálogo que nos conduzca a la conciliación y a la paz. Esta conducta revela su lado oscuro represivo e intolerante, y es una demostración palpable de que, en Venezuela, él ha impuesto como política de Estado, la violación permanente de los derechos humanos a sus opositores.

El reto que tiene el liderazgo opositor, es obligar a Maduro, a buscar una salida a través del diálogo, pacífica, democrática y electoral, garantizando; eso sí, que, al vencido, si no ha cometido delitos de lesa humanidad, se le debe dar el perdón, como ha sido nuestra tradición histórica.