En una reciente conversación sobre la reconstrucción de Venezuela que deberemos emprender, diálogo que sostenía con un amigo cristiano muy culto y estudioso de la teología a quien aprecio mucho por su criterio y bonhomía, coincidimos en que nuestro país debería asumir un nuevo estilo de desarrollo que sustituyese al que venía agotándose desde los años 80 del siglo pasado, que llegó al colapso bajo la égida del chavismo.

Casi como introito de la parte sustantiva de nuestra discusión, surgió de él la declaración de que venía acercándose a la escuela austríaca del pensamiento económico, que tiene como figuras teóricas principales a Ludwig von Mises y Friedrich A. von Hayek, convirtiéndose en un Liberal Cristiano. En esa misma onda yo alcancé a decirle que me considero también un cristiano, aunque con un limitadísimo conocimiento de teología, pero que como estudioso del desarrollo, cada día me acercaba más al humanismo y particularmente a las perspectivas del desarrollo humano o desarrollo como libertad que tiene su más conocido pensador en Amartya K. Sen. Quería decir con eso que me considero un Humanista Cristiano.

Estas reflexiones sólo pretenden explicitar cómo veo, tanto en las teorías del Desarrollo Humano como en el Cristianismo, las motivaciones para que nuestra sociedad actúe con relación a la pobreza que hay en su seno, y cuáles, en esas perspectivas, deberían ser los límites de esa actuación.

Algunas respetables interpretaciones del pensamiento cristiano plantean que el mercado, expresión social del hombre en el intercambio de bienes y servicios, se rige por la ley natural establecida por Dios, y que el fenómeno de la pobreza es inextinguible en la tierra (“pobres siempre tendremos entre nosotros”, según la palabra de Cristo contada por Mateo 26:11 y por Marcos 14:7). De esas dos premisas derivaría que el Estado tiende a hacer daño cuando interviene en el mercado pretendiendo desconocer el “orden natural”, y que la sociedad debe tomar medidas paliativas de los sufrimientos asociados a la pobreza, movidas por la solidaridad con los más desfavorecidos, y no por un intervencionismo desconocedor del mencionado orden natural de la sociedad y del mercado.

Comienzo por decir que no comparto los límites que derivarían de esa interpretación para la acción de la sociedad, la cual supuestamente no debería pretender una minimización de la pobreza para no atentar contra el “orden natural”, límites que llevarían las metas de la solidaridad a paliar los padecimientos de los pobres. Además, debo mencionar que en la lectura de los evangelios también pueden encontrarse pasajes cuya interpretación literal podría llevar a justificar la expropiación de los bienes y la persecución de los ricos (p.e. las cuatro maldiciones en Lucas 6: 20-26), derivaciones que también rechazo.

Los pobres son personas cuyas limitadas capacidades humanas les impiden construir las vidas que ellos tendrían razones para valorar; es decir que no son libres para realizarse o no son agentes de sus propias vidas. Con base en esa definición, desde una perspectiva humanista, es un deber que la sociedad se empeñe en reducir permanentemente la pobreza, y desde una perspectiva ética es un deber de todo cristiano luchar por que todas las personas se hagan libres, es decir, batallar para que ninguna sea pobre.

No cabe en mi mente que un Orden Natural creado por Dios implique que los niños y jóvenes de los hogares pobres sean privados de las oportunidades de acceso a la educación de calidad, indispensable para construir sus capacidades y por esa vía hacerse agentes de sus propias vidas, es decir no heredar la pobreza de sus mayores y poder convertirse en hombres y mujeres libres… Tampoco acepto que contravenga al orden natural establecer un régimen laboral en el cual los sindicatos defiendan salarios y sistemas de seguridad dignos para los trabajadores.

Y por esas razones considero que la sociedad, a través de instituciones del Estado y/o de la sociedad civil, debe arbitrar los medios y reglas que sean necesarios para crear las oportunidades que de otra manera les serían cerradas a esas personas. Ello implicaría una intervención necesaria del Estado en los mercados, para que la educación de calidad y la atención de salud sean efectivamente bienes públicos y para que los trabajadores que se inserten en la economía, lo hagan en condiciones de trabajo decente.

Para mí, el deber del cristiano no se limita a paliar las privaciones de la pobreza, va más allá; la solidaridad no puede limitarse, ni siquiera enfocarse principalmente, en hacer accesibles a todas las personas los bienes finales que son fundamentales para subsistir. La solidaridad del cristiano debe expresarse fundamentalmente en ofrecer a todas las personas las oportunidades de convertirse en agentes de sus vidas, es decir de ser libres, lo que se hace abriendo para todos el acceso al capital humano (la educación de calidad, la atención de salud, la seguridad social), al capital económico (el salario digno, el acceso al financiamiento para emprender), al capital social (la cooperación solidaria) y al capital político (la participación influyente en las decisiones de la sociedad).

Y en términos netamente políticos, el cristianismo ha estado desde siempre comprometido con la libertad y desde hace siglos con la democracia; y para que subsista la democracia y no haya la marginación que lleva a la polarización política y a la manipulación populista que erradica la libertad, la acción de los cristianos frente a los pobres no puede limitarse a paliar sus privaciones, es indispensable su compromiso con los objetivos y estrategias para reducir la pobreza hasta minimizarla.

En fin, para mí, aceptar que la pobreza siempre existirá, es lo mismo que decir que siempre habrá personas libres y otras no libres, y no puedo concebir que ello corresponda a un “orden natural” creado por Dios.

19 de septiembre 2020

Los aliados del criminal de lesa humanidad guardan el más sospechoso silencio. Ni siquiera Cuba, cuyas barbas, todas, o están muertas o están en remojo, ha dicho la menor palabra. Ser un criminal de lesa humanidad, declarado por las Naciones Unidas *sin un solo voto en contra*, ha convertido al dictador en un paria. Ni China, ni Rusia ni ninguno de los países islámicos ha venido en socorro del leproso. *Al desprestigio sucede el desprecio.*

El mundo lo quiere fuera del poder y, si fuera posible, desaparecido del mapa. Y como la pandemia ha sensibilizado a la humanidad que se ha hecho consciente de sí misma, *la humanidad no quiere criminales que la degraden, la ofendan, la hieran*. Maduro ha llegado así a ser el personaje más detestado del planeta. Ni el oro, ni los diamantes, ni el concho petrolero que aún le queda al país más esquilmado, abusado, asaltado, violado y despreciado del planeta puede socorrerlo. *Maduro está solo. Absolutamente solo. Aplastado por el odio y el desprecio.*

*Ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni la OEA quieren que su salida sea acompañada de algarabías, insurrecciones y bullicio de cañoneras. Entre tanta pandemia y presagios apocalípticos, la humanidad quiere salir de sus taras y lacras sin asustar al vecindario. Quieren que imite a Fujimori y sin decir una sola palabra y ni siquiera escribir una carta de despedida, desaparezca. Para siempre.*

*Debe ser el deseo de todas las jefaturas de sus ex aliados. Ni a Rusia ni a China, y muchísimo menos a Cuba, les conviene la cercanía y familiaridad de un sujeto que ha alcanzado el dudoso honor de ser el primer criminal de lesa humanidad vivo reconocido como tal por todas las naciones democráticas del orbe. Todos los otros ya están muertos, ahorcados o degollados: Hitler, Goebbels, Eichman, Gadaffi, Sadam Hussein, El Che Guevara, Mao, Fidel Castro, Hugo Chávez.*

Tiene, además, a su civilizado verdugo a tiro de piedra. Donald Trump y Angela Merkel, los máximos líderes de las naciones democráticas más importantes y poderosos de Occidente, quieren que se vaya y la presidencia vacante sea ocupada de inmediato por el presidente interino que cuenta con la legitimidad que le da ser el presidente de la Asamblea Nacional, la única institución legítima con que cuenta el escarnecido país.

*Y a estas alturas nadie avala su último recurso: unas elecciones pautadas para el 6 de diciembre. Es el repudiado borracho de la fiesta que al momento que quieren echarlo se saca una botella de whiskey del bolsillo y la pone sobre la mesa. La Unión Europea dijo su última palabra: no vendrá a avalar unas elecciones en las condiciones impuestas por un criminal de lesa humanidad. Ni siquiera se trata de que las observe: nadie quiere ser testigo de un crimen.*

*El orden de los factores altera el producto: el mundo quiere que haya elecciones, pero sin el criminal de lesa humanidad, sin su parapeto electoral y sin sus maquinitas traga perras.* Esa decisión es compartida por todos los gobiernos democráticos del mundo y ni siquiera Guaidó, a quien lo empujan a la presidencia una vez desaparecido Maduro, podrá lograr que cambien de opinión.

*Resultaría contradictorio y digno de la marcha de la locura, que la oposición venezolana no le hiciera caso a la comunidad internacional e insista en hacerse cómplice de un fraude cantado.* El karma ha sido legitimado por la ONU, la Unión Europea y la OEA: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones. Llegamos al fin de la ruta: el futuro luce al alcance de la mano.

¡A Dios gracias!

@sangarccs

Pregunta:

El opositor venezolano Henrique Capriles, quien se postuló sin éxito dos veces contra el presidente Nicolás Maduro, ha dicho que apoyará las elecciones parlamentarias programadas para diciembre, una ruptura con el presidente de la Asamblea Nacional y el líder de la oposición Juan Guaidó, quien ha prometido boicotear la votación citando la preocupación de que el gobierno de Maduro la amañe a su favor. El anuncio de Capriles se produjo días después de que el gobierno de Maduro dijera que perdonaría a más de 100 opositores políticos encarcelados y exiliados. ¿Qué resultará de la ruptura de Capriles con la facción de la oposición liderada por Guaidó? ¿Cuáles son las razones detrás de la decisión de Maduro de perdonar a los rivales políticos? ¿Debe la oposición participar en la votación legislativa, y tiene posibilidades de victoria si permanece dividida?

Respuestas:

Betilde Muñoz-Pogossian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos: "Los venezolanos se enfrentan una vez más al dilema de si participar en las elecciones. Una elección democrática requiere que sea justa, libre y competitiva. Ninguno de estos estándares se cumple en el caso de las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela. Si añadimos los efectos de la escasez de gasolina, la hiperinflación y el Covid-19 en la organización y administración de las elecciones, la situación se vuelve aún más grave. La cuestión crítica es que participar en un proceso electoral que todo el mundo sabe que no cumplirá con los estándares mínimos para unas elecciones democráticas significa ser útil al régimen de Maduro, y la oposición no puede permitírselo. Cuando se trata de liberar a los prisioneros políticos, todos debemos apoyar las discusiones de Capriles y otros en su nombre. Sin embargo, debemos trazar una línea en el tema de las elecciones. Venezuela no está en condiciones de celebrar elecciones democráticas, y aunque las intenciones de Capriles de cambiar el juego y provocar un cambio en la dinámica para salir de la inercia política actual son encomiables, esas condiciones aún deben cumplirse. Deberíamos esperar a ver cómo jugará las cartas para darle la vuelta a esto, pero puede ser un juego peligroso que podría devolver al país a la inercia política de la que intentaba salir. De hecho, si Capriles falla en cambiar el juego, Maduro consolidará su permanencia en el poder, debilitando las fuerzas democráticas en la restauración de la democracia para Venezuela".

Alejandro Velasco, profesor asociado de la Universidad de Nueva York: "Una nueva división de la oposición no debería sorprender a nadie: desde que el chavismo ha estado en el poder, la falta de unidad ha asediado a la fraccionada y diversa coalición anti-chavista de Venezuela. Más sorprendente es que haya tardado tanto. La estrategia de Guaidó siempre fue de alto riesgo y de tiempo limitado, basada en resultados rápidos y fundada en suposiciones erróneas sobre las fortalezas y debilidades de Maduro. A medida que la estrategia de Guaidó se volvía cada vez más rancia, errática y desesperada, era cuestión de tiempo antes de que su apoyo interno se escindiera. Sin embargo, esta última ruptura es notable porque supone una lucha existencial en la oposición. La legitimidad jurídica de Guaidó descansa en su liderazgo de la Asamblea Nacional, cuyo mandato expira en enero. Pero la legitimidad moral de la oposición descansa en su adhesión a los valores democráticos. Al indicar que tiene la intención de seguir siendo presidente interino indefinidamente, Guaidó se arriesga a sacrificar tanto la legitimidad legal como la moral. El movimiento de Capriles debe entenderse desde esta perspectiva: como un intento de reclamar la legitimidad democrática contra el régimen autoritario. Pero es un movimiento cargado de riesgos, y se enfrenta a dos desafíos clave. Uno es redefinir la "victoria" para que signifique no sólo el derrocamiento de Maduro, sino también sentar las bases para hacerlo democráticamente. La oposición probablemente perderá las elecciones. Pero verlas como un paso en una lucha más larga puede articular el apoyo a futuras licitaciones y reforzar sus credenciales democráticas, una estrategia que llevó a Capriles a estar a dos puntos de la presidencia en 2013 y a la oposición a ganar el control del parlamento en 2015. El segundo desafío es mantener la línea contra Maduro. Como muchos autócratas, Maduro ansía tanto poder como una apariencia de legitimidad. Perdonar a los rivales le indica, especialmente a la Unión Europea, que está dispuesto a hacer algunas concesiones en la búsqueda de cierta legitimidad a través de las elecciones. Pero Capriles debe presionar por más y estar preparado para retirarse si Maduro se niega. De lo contrario, la oposición se quedará sin huevos ni cesta, y los venezolanos no tendrán a quién recurrir.

Jesús Seguías, presidente de la encuestadora venezolana DatinCorp: "Lo que la oposición debe hacer es discutir la ruta definitiva que los venezolanos (no sólo la oposición) deben tomar para superar la mega crisis que están sacudiendo a la nación. Cuando lo hagan, analizando el escenario de manera objetiva y sin 'realismo mágico', tendrán que descartar la ruta insurreccional y militar como inviable. Entonces, descubrirán que la ruta electoral imperfecta es la más "perfecta" de todas, es menos costosa y más segura. Los venezolanos deben superar la estrategia de la confrontación inútil y comenzar a ensayar una nueva dimensión de la política basada en el consenso y la tolerancia democrática. No hay otro camino. Sin duda, esta ruptura de la oposición es la consecuencia lógica del fracaso de la ruta insurreccional y militar que la oposición estableció hace siete años. Hoy en día, la oposición no está en ninguna parte. Y el país es un caos total peor. Algunos líderes se atrevieron a romper las reglas y decidieron explorar nuevos caminos. Ese es el nuevo escenario al que pertenece Capriles, mientras que el resto sigue aferrado a lo imposible. Maduro actúa con gran pragmatismo ante la enorme crisis que enfrenta (y sin posibilidades reales de éxito). Necesita liberar el juego que fue bloqueado por las severas sanciones de la comunidad internacional, especialmente de los Estados Unidos. Maduro quiere ganarse la simpatía o la neutralidad de Europa y aislar a la administración Trump. Necesita legitimar un nuevo parlamento, sacando a Guaidó y Leopoldo López del juego."

María Vélez de Berliner, directora gerente de RTG-Red Team Group, Inc..: "El perdón de Maduro no es más que un esfuerzo para seguir socavando a la oposición. Capriles demostró dos veces que tenía la capacidad de desbancar a Maduro si esas elecciones no fueran fraudulentas. Queda por ver si Capriles y sus seguidores podrían tener éxito en las elecciones parlamentarias de diciembre. Sin embargo, la deserción de Capriles y María Corina Machado del "gobierno en espera" creado por la oposición de Guaidó confirma la división histórica de la oposición de Venezuela, que Guaidó no logró superar. Su fracaso deja claro que Guaidó carece de la capacidad y el apoyo del país para unirse y liderar a Venezuela en las condiciones extremas en las que se encuentra actualmente; condiciones que permanecerán durante años porque Maduro cuenta con un amplio apoyo entre aquellos a los que él y su régimen favorecen. Además, los partidarios de Maduro no dejarán el poder en silencio o en paz. La oposición venezolana ya aprendió que la abstención electoral no es una estrategia ganadora. Pero la oposición dividida no tiene ninguna posibilidad contra las trampas fraudulentas de Maduro y sus acólitos. La oposición necesita cerrar filas alrededor de Capriles contra Maduro, incluso si Capriles pierde. Perdiendo, la oposición corroborará aún más el fraude del régimen de Maduro y comenzará a avanzar hacia las elecciones presidenciales, cuando lleguen. Si Guaidó pensó que Capriles, Machado, su mentor Leopoldo López, Antonio Ledezma y otros que arriesgaron su vida para deponer a Chávez y a Maduro iban a dejarlo saltar al frente de la línea de sucesión presidencial, estaba tristemente mal informado. Esa desinformación contribuyó, junto con la fractura de la oposición, a mantener a Maduro en el poder en detrimento de los sufridos venezolanos y la consternación de los partidarios de la oposición".

*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

Sep 14, 2020

THE DIALOGUE

LATIN AMERICA ADVISOR

https://www.thedialogue.org/analysis/what-will-a-split-in-the-opposition...

La creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo – OPEP fue sin duda producto del talento y la tenacidad del venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo, ministro de Minas e Hidrocarburos del presidente Rómulo Betancourt (1959-1964). Sus destrezas diplomáticas le allanaron el camino para convencer a sus renuentes colegas del Golfo Pérsico-Arábigo, particularmente al saudí Abdullah Tariki, de la necesidad de fundar un “compacto petrolero,” en Bagdad, Iraq, el 14 de setiembre de 1960. Pérez Alfonzo concibió que, si la Texas Railroad Commission regulaba en su estado la producción petrolera para sostener los precios y proteger la viabilidad económica de su industria, los países exportadores (los fundadores Arabia Saudí, Irán, Iraq, Kuwait y Venezuela) podían hacer lo mismo.

Fue además una iniciativa inteligente del estudioso y honesto abogado caraqueño para tratar de ordenar el vertiginoso ingreso al mercado de los productores de más bajo costo del Medio Oriente. Venezuela era el primer exportador mundial de petróleo (desde 1928); pero sus costos de producción eran – son – bastante más altos que los de los países exportadores del Golfo.

La OPEP alcanzó su posición de dominio en el mercado mundial en la década de los años 70 del siglo XX, cuando llegó a abastecer dos tercios (2/3) del consumo petrolero mundial. Las alzas extraordinarias de precios nominales y reales de aquel decenio (Guerra del Yom Kippur en 1973 y derrocamiento del Sha de Irán en 1978), provocaron una contracción de la demanda, una expansión enorme de los suministros no OPEP (que no ha cesado), un incremento de otras fuentes de energía y una disminución del 50% (1986 – y más tarde un estancamiento) en su producción de crudo.

La OPEP hoy suministra menos del 30% de la demanda petrolera mundial, con una clara tendencia decreciente. En 2019, antes de la pandemia del coronavirus, la demanda global subió a casi 100 millones de barriles diarios (99,67 MMBD) y la OPEP suplió 29,34 MMBD de crudo (inclusive menos que en los picos de 1973 y 1979). ¡De hecho, la OPEP está estancada en su nivel de producción desde hace casi cinco décadas! Casi todo el incremento de la demanda petrolera desde los años 80, ha sido captado por los exportadores no miembros de la organización. En un mercado de libre competencia, los Estados Unidos pudo rebasar el año pasado los 13 MMBD, convirtiéndose en el mayor productor de petróleo del mundo. Arabia Saudí y Rusia, principalmente, han capturado el incremento de la demanda en las últimas dos décadas.

La OPEP ha sido criticada por no haber nunca formulado una estrategia a largo plazo. Hace una década hicieron un intento, sin consecuencias. No siempre fue culpable de las alzas desmedidas de precios nominales y reales; los operadores del mercado y los eventos geopolíticos generaron las condiciones para incrementos desmesurados del 400% en las cotizaciones en los años 70 (dos veces) y en el período 2003-2014, los cuales fueron un bumerang contra su propia viabilidad a largo plazo.

La OPEP corrigió el rumbo en 1986, luego de una cruenta guerra de precios. Bajó las cotizaciones de referencia y fijó un nivel razonable (cesta de crudos) de US$ 18 por barril. Desde entonces, la demanda mundial empezó a crecer de nuevo. Otro tanto hicieron en los años 2000, cuando la organización permitió que los precios del petróleo crudo básicamente flotasen con el mercado, ajustando los niveles de cuotas para equilibrar la oferta y la demanda. Esto ha sido más sensato y la OPEP hoy actúa como una especie de banco central, elevando o restringiendo la liquidez petrolera, según las necesidades del mercado. Un veterano profesional y antiguo colega en la OPEP, Mohammad Barkindo, ejerce con idoneidad la secretaría general de la organización.

La fenomenal escalada de precios del período 2003-2014, cuando el West Texas Intermediate alcanzó $ 147 por barril en junio de 2008, nuevamente gestó su propia contracción cuando los valores del crudo colapsaron de nuevo en 2014-15. En febrero de 2019, una nueva guerra de precios provocó otra caída abrupta de las cotizaciones. En cada bonanza, se siembra la semilla de la próxima caída y el nuevo precio de equilibrio propende a llegar al costo marginal de los productores de costos marginales bajos, es decir, los del Golfo Pérsico-Arábigo, cuyos costos de extracción en efectivo (cash costs) todavía se ubican por debajo de los $ 5 por barril.

Al comenzar la tercera década del siglo XXI, la OPEP enfrenta desafíos mayores para su influencia y relevancia en el mercado: la transición energética hacia una economía verde, la conciencia ambientalista de la sociedad civil mundial, el calentamiento global, el cambio climático, las nuevas tecnologías e infraestructuras inteligentes, las estrategias estatales y corporativas de conservación y reemplazo de combustibles fósiles, el desarrollo sustentable, las nuevas metas del milenio de la ONU, el abaratamiento de las energías renovables (solar y eólica), los vehículos eléctricos, la III y la IV Revolución Industrial, etc. Un 70% del consumo mundial de petróleo se destina al sector transporte (aéreo, marítimo y terrestre) y los costos de las tecnologías para los vehículos eléctricos e híbridos tiene varios años reduciéndose sostenidamente.

En paralelo, ya no existe la vieja percepción de escasez de hidrocarburos, sino que la revolución del petróleo y el gas de lutitas, junto con avances tecnológicos como la exploración sísmica tridimensional, la perforación de pozos horizontales, la extracción hidráulica de yacimientos antes inaccesibles o en aguas ultra-profundas, el Big Data y los nuevos descubrimientos de hidrocarburos convencionales y no convencionales en áreas existentes y nuevas, han determinado una abundancia de suministros económicamente viables a largo plazo.

Las grandes empresas petroleras del mundo han incursionado y se preparan para la era pos-petrolera, invirtiendo no sólo en tecnologías para la mitigación y secuestro de las emisiones tóxicas de efecto invernadero, sino incursionando en fuentes renovables de energía. Ellas ya apuntan a la transición de compañías petroleras a corporaciones energéticas. El Acuerdo de París sobre Cambio Climático, suscrito por más de 190 países pertenecientes a la ONU, junto con sus nuevas Metas del Milenio (2030), han sido acogidas como propias por gobiernos y corporaciones.

Sin bien la OPEP ya no tiene la fuerza ni la voluntad para fijar o promover altos precios del petróleo (demostradamente contraproducentes a largo plazo), si debe formular una estrategia común para enfrentar con éxito los retos de la descarbonización de la economía mundial. La transición energética es irreversible. Hay un espacio muy competido que durará unas dos décadas más para que los países exportadores moneticen sus reservas de hidrocarburos. El gas natural expande su presencia en los mercados como combustible fósil más limpio. La competencia resultante en el mundo pos-Covid 19 hará que los precios se mantengan en niveles relativamente bajos. En este escenario, la economía nacional y la industria petrolera venezolana confrontan enormes desafíos para recuperar su viabilidad económica y productiva a corto y a largo plazo.

@lxgrisanti

El pasado 15 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Democracia, establecido por la ONU hace un buen tiempo. Sin querer ser irónicos, ni mucho menos, viendo lo que ocurre en la mayor parte del planeta y, aquí mismo, en nuestro propio país, la primera duda que le asalta a casi cualquier persona, es si hay alguna razón para celebrar, cuando un simple vistazo sobre el mapamundi nos indica que el sistema democrático se encuentra en medio de grandes dificultades, conforme lo señalan los diversos informes que le ponen el termómetro político a los países.

La política en el espacio digital

Edward Snowden, a quien seguramente usted recordará, fue quien en el año 2103 divulgó documentos secretos que pusieron en aprietos a la Agencia Norteamericana de Seguridad Nacional (NSA), empañando, además, la utopía digital imaginada décadas atrás, cuando la internet daba sus primeros pasos y se hablaba de la ciber democracia como un espejo de la experiencia política ateniense. Sin embargo, estos últimos tiempos han erosionado, en buena medida, el sueño de los tecnócratas que la crearon, como lo muestran los cambios que viene sufriendo actualmente la política, consecuencia del desarrollo y difusión de un menú de tecnologías “disruptivas” (inteligencia artificial, machine learning, deep learning, automatización de procesos robóticos, redes neuronales, big data).

Expresado en términos muy generales, estas tecnologías permiten registrar lo que es cada persona, en términos de sus preferencias individuales, deseos y pensamientos, expresados en datos que antes solo eran accesibles a los propios individuos, pero que ahora están abiertos a observadores externos, quienes los recogen y clasifican, analizándolos a partir de las neurociencias, la psicología cognitiva, las biotecnologías, permitiendo, así, numerosas formas de manipulación, con implicaciones políticas serias, evidentes, por solo citar un ejemplo, en los procesos electorales. Se está provocando la fragmentación política del espacio público, su polarización y la emergencia de posiciones cada vez más extremistas en diversos formatos de populismo. Por otro lado, hace posible la división de la población en grupos de intereses específicos al punto de que cada quien recibe un mensaje personalizado ocasionando que el debate público común se descomponga en miles de debates privados. En otras palabras, se despolitiza la política.

La “Algocracia”

A partir de lo señalado anteriormente, cobra razón la apreciación del sociólogo Manuel Castells, cuando afirma que los medios de comunicación no son el cuarto poder, sino que «constituyen el espacio donde se crea el poder». La llamada post verdad es muy gráfica en este sentido. Pone de manifiesto cómo se juega con los hechos, se los desconoce, se los cambia o se los versiona, dañando seriamente el tejido de la democracia y demostrando que no hay forma más eficaz de ejercer el poder que disponiendo de la capacidad para determinar cuál es la realidad.

El escrutinio de los ciudadanos se ha vuelto, así pues, tarea posible en cualquier ámbito, con cualquier propósito. La vida de cada quien deja en todo momento una huella digital, a partir de la cual se engorda la información de gobiernos y corporaciones privadas, en cada caso con sus particulares objetivos. Vivimos en tiempos del “dataísmo”, sostienen los entendidos, y uno de ellos, Evgenzy Morosov, deja ver la amenaza de la sustitución de la democracia por un gobierno algorítmico. La privacidad, éste es su argumento central, es el factor político fundamental para mantener vivo el espíritu de la democracia.

La “Algocracia”, según la denominan, hace referencia al traslado de nuestra capacidad de gobernarnos a unos algoritmos opacos, que no son neutros ni social, ni política ni ideológicamente, accediendo de manera arbitraria e ilegítima a nuestro cerebro, “influyendo en nuestra vida como consumidores, como ciudadanos, como electores”, añade el citado Morozov.

Al filtrar los referidos documentos, Snowden colocó sobre la mesa planetaria un asunto esencial, como es el de determinar el significado democrático de la intimidad en el mundo contemporáneo a partir de la tensión entre los derechos ciudadanos y el interés colectivo, entre la privacidad y el bien común.

El “Estado Niñera”

Hoy en día la gran cuestión es, entonces, decidir si nuestras vidas deben estar controladas por poderosas plataformas digitales o logramos articular los beneficios de la robotización, automatización y digitalización con aquellos principios que constituyen la médula de la organización democrática de las sociedades. El modo como configuremos la gobernanza de estas tecnologías va a ser decisivo para el futuro de la democracia. Puede implicar su destrucción o, por el contrario, su fortalecimiento, haciéndola más inclusiva y deliberativa.

Dentro de este marco hay que destacar la importancia que ha ido cobrando la contribución conjunta de las ciencias sociales y humanas con las llamadas “ciencias duras” a fin de descifrar y calibrar los efectos de los desarrollos tecno científicos que están teniendo lugar. Y, por otro lado, destacar la fuerza que ha adquirido a nivel mundial la necesidad de acordar políticas públicas relativas al control, gestión y propiedad de datos masivos, así como la democratización de su uso y conocimiento, a fin de que la observación de las personas no opere como coartada para la adopción de estrategias autoritarias, bajo el argumento de que lo que se pretende es el bienestar de las personas y el resguardo del orden social. Se ha hablado, por ello del "estado-niñera", en el que el gobierno no sólo puede vigilar todo lo que hacemos, sino que puede corregir nuestras conductas, prohibiéndonos u obligándonos por nuestro propio bien. En fin, no se trata tanto de la distopia imaginada en el Gran Hermano, de George Orwell, sino de la descrita en el Mundo Feliz, de Aldous Huxley.

La suerte no está echada

Afortunadamente se están multiplicando numerosas iniciativas que, confrontando poderosos intereses, están teniendo lugar en todas partes, tanto para procurar el acceso universal a internet, como para aprovechar sus potencialidades con fines democráticos. En este camino se encuentran transitando la ONU y diversas organizaciones internacionales, así como distintos gobiernos y, por supuesto, numerosas instituciones de la sociedad civil, buscando que la digitalización de la política sea para fortalecer el espacio público, acomodando los códigos democráticos a los tiempos que corren. Progresivamente el asunto va siendo un componente crucial con respecto a la gobernanza mundial y se habla de la creación de un nuevo contrato social que rija entre ciudadanos, Estados y el sector privado porque se ha llegado a un punto de no retorno en el que todo lo digital es político. Hay que definir las responsabilidades de los dueños de los datos "No debemos mirar a la tecnología como consumidores sino como ciudadanos, lo digital es político", según lo sostiene Jamie Susskind, profesor de la Universidad de Harvard.

Queda, así, expresado en pocas palabras, uno de los principales debates que nos plantea el Siglo XXI y a pesar de que hoy en día el horizonte luce nublado, la suerte aún no está echada.

El Nacional 18 de septiembre de 2020

Desde 2014 en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Así lo denunció el 16 de septiembre la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en un extenso informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual señaló además que estos delitos habrían sido perpetrados bajo órdenes o contribución de Nicolás Maduro y del ministro de la Defensa, general en Jefe Vladimir Padrino López, así como por los distintos titulares que ha tenido el Ministerio de Interior en los últimos seis años: los generales Miguel Rodríguez Torres, Gustavo González López y Néstor Reverol Torres, y la almiranta Carmen Meléndez.

La instancia presidida por la abogada portuguesa Marta Valiñas denunció que se tienen «motivos razonables» para creer que en el período examinado se cometieron crímenes de lesa humanidad. Además se constató que en el país se han producido de «manera sistemática y generalizada» asesinatos, encarcelamientos, actos de tortura y de violación, desapariciones forzadas, y que los mismos formaron parte de «una política para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno».

La Misión llegó a estas conclusiones luego de investigar 223 casos, de los cuales 48 fueron estudiados de manera exhaustiva; y además recibió información sobre otros 2.891.

De la cabeza a los pies

Aunque la Misión afirma en su informe que no pretende «determinar las modalidades de responsabilidad penal» en las que han podido incurrir autoridades venezolanas, sí deja en claro que hay motivos para procesar a decenas, incluso cientos de funcionarios, por vulnerar las disposiciones previstas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).

En el texto se afirma que:

«Las autoridades estatales –tanto a nivel presidencial como ministerial– tenían y ejercían su poder y supervisión sobre las siguientes fuerzas y organismos de seguridad civiles y militares: la Policía Nacional Bolivariana (incluidas las PNB/FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), las fuerzas de policía municipales y estatales, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Fuerza Armada Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Los miembros de esas fuerzas y organismos de seguridad fueron los autores de las violaciones y los crímenes documentados en este informe».

Luego, se agrega lo siguiente:

«La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Interior y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en el presente informe, y teniendo la autoridad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas de prevención y represión».

El señalamiento refuerza las denuncias que diversas organizaciones de derechos humanos y seis países (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá, con el apoyo posterior de Francia) han presentado ante la CPI por delitos de lesa humanidad. Estas denuncias, junto a la investigación de la propia Fiscalía, permitieron la apertura de un examen preliminar en el año 2018 y que ahora se encuentran en la fase 2, es decir, aquella en la que se determina la comisión o no delitos de competencia de la Corte, lo que en el caso venezolano serían delitos de lesa humanidad. En diciembre de 2019 la Fiscalía anunció que se tendrían noticias de este examen a lo largo de 2020, y en mayo indicó que se han «producido avances significativos» pero sin dar más detalles al respecto.

Cómplice necesario

Los investigadores de la ONU no solo cuestionaron la actuación del Gobierno y de los cuerpos y organismos de seguridad y defensa, sino también de la justicia, tanto a nivel del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como de los fiscales y jueces, quienes han jugado un importante papel en las detenciones arbitrarias, los primeros al presentar pruebas insuficientes o fabricadas, los segundos al permitir que continúen los enjuiciamientos.

«Uno de los elementos que contribuyen a las violaciones y delitos determinados por la Misión es la falta de independencia del Poder Judicial», se denuncia en el reporte, que apunta al TSJ, sobre todo a su Sala Constitucional, pues ha «dejado de funcionar como un control independiente de los demás poderes del Estado» y ha estimulado la impunidad al no llevarse a cabo «investigaciones exhaustivas, enjuiciamientos y condenas» en los casos de violaciones de derechos humanos.

Como prueba de lo anterior se recuerdan las 127 sentencias registradas por el informe (hoy son 140) que el máximo juzgado había dictado contra la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, mediante las cuales ha anulado todas sus decisiones, le ha arrebatado funciones y ha perseguido y tolerado el encarcelamiento de una treintena de sus miembros.

Ante ese panorama no es de extrañar que la instancia internacional también señale a magistrados, jueces y fiscales de perpetrar «por acción u omisión» graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

«Esto es especialmente claro en el caso del enjuiciamiento penal de opositores políticos, casos que han demostrado violaciones recurrentes de las garantías procesales. Además, los casos investigados por la Misión muestran que el Estado ha recurrido cada vez más a los tribunales militares para juzgar a los disidentes políticos».

Otro elemento a destacar es que el informe destaca las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, en este caso, calificadas como delitos de lesa humanidad, que no solo se limitan a la oposición política, sino también al ciudadano común que en algún momento se encuentra en el lugar y momento equivocados y es sujeto a vejaciones, malos tratos, y en algunos casos hasta es torturado o ejecutado extrajudicialmente.

El informe también describe cómo dichos operativos, además de realizar las conductas antes descritas, llevan a cabo actos de intimidación y acoso contra los familiares de las víctimas (generalmente mujeres) que se atreven a denunciar esos abusos, lo que pone de manifiesto la existencia de toda una estructura estatal no solo para las violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra la oposición, sino también como medio de control social contra la población en determinadas zonas populares.

La Misión, además de poner nombre y apellido a los responsables de estas atrocidades, las denomina como delitos de lesa humanidad, y expone una maquinaria represiva más allá de la ejercida en contra de la oposición política con una justicia cómplice que se ha unido a la persecución de disidentes.

Ante lo expuesto se espera, en primer lugar, que el informe sirva para renovar y ampliar el mandato de la Misión, que se acaba este año, a fin de que recabe más información sobre las atrocidades que no tuvo tiempo de examinar más detalladamente; y en segundo lugar, para que la Fiscalía de la CPI avance en la presentación del caso venezolano ante la Corte y lleve ante esa instancia a los responsables de la tragedia cotidiana de Venezuela.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El hecho de que los órganos internaciones le pongan nombre a lo que en Venezuela se ignora y se desprecia es una buena medida del grado de degradación de un Estado en el que se han ejecutado las terribles acciones narradas en el informe de la Misión de Determinación de Hechos.

Cuando las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos ven finalmente el nombre de los responsables de las atrocidades que han sufrido, algo de justicia obtienen. Ya solo por ello, el trabajo de esta instancia es un acto reivindicativo, que no solo hace público el grado de impunidad al que se ha llegado en el país sino que también acerca un poco más a todos los venezolanos a algo que todavía les sigue siendo ajeno: la justicia.

Septiembre 18, 2020

https://www.accesoalajusticia.org/informe-de-la-mision-de-determinacion-...

El pandémico coronavirus que azota al mundo, también ha estado causando inconvenientes en el desarrollo del deporte mundial, hasta tal punto que fueron suspendidos los Juegos Olímpicos a celebrarse este año en Japón, cosa que no ocurría desde la II Guerra Mundial. Por supuesto, la razón es que el deporte atrae mucho público y se tienen que evitar las aglomeraciones humanas para evitar el contagio del Covid 19. Ante esta situación, algunos deportes han logrado reiniciar sus actividades con algunas medidas y reglamentaciones especiales. Uno de esos deportes ha sido el tenis profesional.

La Asociación de Tenis Profesional, ATP, comenzó organizando torneos en los Estados Unidos hasta llegar al Grand Slam norteamericano, el US Open, con los espectáculos de los partidos sin fanáticos presentes. A continuación se están desarrollando en Italia torneos previos al Grand Slam Francés, el Roland Garros, que se disputa en París sobre canchas de lo que denominan arcilla o tierra batida, el cual está programado para iniciar el 27 de este mes de septiembre.

El tenis mundial, en la categoría masculino, durante los pasados quince años ha estado dominado por un trio de jugadores que se han repartido, casi equitativamente, todos los premios de la Asociación de Tenis Profesional (ATP). Sin embargo, uno de los mayores dominios ha sido el del tenista español Rafael Nadal en uno de los cuatro Grand Slam, el Roland Garros. Rafa, como es conocido popularmente este espectacular deportista en el ambiente tenístico, ha ganado este trofeo en las doce ocasiones en que ha llegado a la final de este torneo. Nadal ganó el Roland Garros por primera vez en el año 2005, cuando contaba con 19 años y dos días de edad, mientras que el más reciente lo obtuvo en el 2019 a la edad de 33 años.

Nació en Manacor, Mallorca, Islas Baleares de España, el 3 de junio de 1986, en una familia con antecedentes deportivos. Un tío suyo, Miguel Ángel Nadal, fue futbolista profesional. Otro tío, Toni Nadal, fue jugador de tenis y quien lo inició en el deporte prácticamente desde los 3 años de edad. Desde su edad infantil practicó futbol, baloncesto y tenis, pero a la edad de 12 años se dedicó exclusivamente al tenis y comenzó a hacer carrera en este deporte, guiado por su tío Toni. Una de las primeras demostraciones del potencial de Rafa como tenista en arcilla ocurrió en mayo del 2001, en Mallorca, cuando en un juego de exhibición que se iba a realizar entre Pat Cash y Boris Becker, el alemán se lesionó y fue sustituido por el joven Nadal. Éste derrotó al excampeón de Wimbledon antes de cumplir sus 15 años de edad.

Resumiendo la carrera deportiva de Rafael Nadal podemos señalar lo siguiente:

-Es uno de los mejores en la historia del tenis, pero es el mejor en tierra batida o arcilla, al punto que lo llaman “El Rey de la Arcilla”.

-Es segundo en títulos de Grand Slam conquistados con 19, de los cuales doce corresponden al Roland Garros.

-Con el equipo de España ha ganado medalla de oro individual en los Juegos Olímpicos (JO) de Pekín 2008 y en dobles en los JO de Río de Janeiro 2016. Desde 2004 forma parte del equipo de Copa Davis logrando la victoria en cinco oportunidades.

-El oro olímpico le permitió obtener el Golden Slam del Tenis, que consiste en ganar los cuatro Grand Slam de la ATP más la dorada de los JO.

-En 2010 obtuvo el Clay Slam o Slam de Tierra batida al ganar los tres Masters 1000 y el Roland Garros; y en 2013 ganó el Summer Slam al triunfar en los dos Masters 1000 de Montreal y Cincinati, además del Abierto de los Estados Unidos.

-Es el primero en títulos de Masters 1000 con 35.

-Es cuarto con más títulos ATP con 84.

Aparentemente, Rafael Nadal todavía tiene oportunidades para incrementar sus triunfos en el tenis mundial. A pesar del coronavirus, el Roland Garros lo tiene a la vuelta de la esquina para seguir mejorando su palmarés deportivo.