Cuando hablamos o nos referimos al lago de los Tacarigua, generalmente nuestras opiniones e informaciones giran en torno al conocido y extraordinariamente importante Lago de Valencia, colocado en el corazón de la región central.

Colocándonos al margen de la importancia y trascendencia de su presencia en el corazón de toda una CUENCA, espacio que incorpora una región con una aplastante presencia de factores humanos, económicos, sociales y políticos comunes.

No es un inmenso pozo de agua dulce, al cual le pasábamos por un costado descuidadamente a través de la autopista regional del centro, las manifestaciones de la problemática que subyace nos obligan en el presente a prestarle atención porque nos podemos caer del VIADUCTO Y AHOGARNOS.

Es muy importante recordar que la cuenca del lago incorpora 4 estados, Aragua, Carabobo, Cojedes y Guárico, en donde reside una población estimada en 4 millones de habitantes, toda una región en la cual sus pobladores han vivido de actividades económicas muy variadas e importantes.

Existe toda una historia prolongada en la relación entre la comunidad y el lago, caracterizada por el manejo irracional de sus capacidades, producto de su utilización como un gigantesco vertedero de desechos industriales y humanos, problemas nunca resueltos satisfactoriamente, quedando en la memoria colectiva la gran pegunta sobre sus efectos sanitarios.

De igual manera, tampoco fue posible detener la desforestación y luego la destrucción de las múltiples unidades de producción agrícola y ganadera desarrolladas en sus inmediaciones, el sistemático crecimiento de la acumulación de agua por la cuenca devoro las numerosas fincas y granjas existentes, con su balance de desempleo, desarraigo y pobreza.

La marcha ofensiva del cuerpo de agua acumulado en la cuenca del lago, siguió su camino, apareciendo una nueva y más grave complicación, como consecuencia muy explicable de la recuperación de su espacio natural, porque el agua que va al lago se ha empezado a rebosar INUNDANDO SU VECINDAD.

Se ha creado un sostenido proceso de EROSION SOBRE LOS URBANISMOS PRESENTES EN LA PERIFERIA, más de una decena de municipios circundan la cuenca, el agua del lago ha alcanzado las viviendas y las inutiliza destruyéndolas luego.

Han pasado los años, casi medio siglo y el abordaje de las soluciones sigue ausente, los remedios emprendidos a nivel local no fueron más allá de la reubicación de los vecinos afectados, pero la solución aún sigue sin aparecer.

¿Y que nos preocupa en el presente?, que además del injusto castigo que recibe nuestra población, que en cualquier madrugada el agua contenida en el lago inunde la ciudad de Maracay, con sus catastróficos efectos.

16 de octubre del 2020

Médico Internista- Profesor Titular de la Universidad de Carabobo. Magister en Educación Superior. Doctor en Ciencias Sociales.

En casi tres años de sesiones, la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no presentó ningún proyecto de Constitución, pero sí se arrogó las funciones legislativas de la Asamblea Nacional y en la última ocasión que lo hizo aprobó la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, que Nicolás Maduro le presentó con la supuesta finalidad de contrarrestar las sanciones internacionales impuestas a su administración.

Una revisión del instrumento, catalogado como «ley constitucional», permite a Acceso a la Justicia advertir que se trata del mayor atropello al Estado de derecho ocurrido hasta ahora, pues pretende producir transformaciones radicales en el orden jurídico del país por una vía no constitucional. Difícilmente esta «ley» puede considerarse como tal a la luz de la Carta Magna de 1999, pues no fue dictada por el Parlamento, pero además para su aprobación no se cumplió el procedimiento constitucional para la elaboración de las leyes.

Sin embargo, las anteriores fallas no son las únicas y en las siguientes seis preguntas haremos alusión a otras violaciones más.

¿Cuál es el objeto de la nueva ley constitucional aprobada por la írrita ANC?

Su artículo 1 indica que busca establecer un «marco normativo especial y temporal» que facilite al gobierno de Maduro «contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria» las sanciones dictadas por varios países contra el Estado venezolano.

Hay que puntualizar al respecto que la fraudulenta ANC a través de ese instrumento instituye una plataforma normativa paralela, cuya aplicación desarticularía la prevista en la Constitución, a fin de habilitar al Ejecutivo Nacional, sin limitaciones ni controles, para dictar las medidas que considere necesarias o cualquier acción que desea emprender, especialmente en el orden económico, con el supuesto propósito de amparar al país de las sanciones internacionales.

¿Qué medidas puede dictar el Ejecutivo Nacional gracias al texto?

La «Ley Antibloqueo» otorga un catálogo de facultades al Poder Ejecutivo que servirían para defender la economía del país ante el bloqueo impuesto por la comunidad internacional.

Entre las medidas que establece este instrumento, Acceso a la Justicia considera importante destacar la prevista en el artículo 24, la cual autoriza al Ejecutivo Nacional a celebrar «todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios», a fin de «impedir o revertir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República».

Este artículo supone una suerte de cheque en blanco para que el Gobierno de Maduro realice con absoluta libertad cualquier acto, actuación o contrato que, según su real parecer y entender, sea conveniente para atender los efectos de las sanciones internacionales.

En segundo lugar, también llama la atención la medida contenida en el artículo 19 según la cual «el Ejecutivo Nacional procederá a inaplicar, para casos específicos, aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulte imposible o contraproducente como consecuencia de los efectos producidos por una determinada media coercitiva unilateral u otra medida restrictiva o punitiva».

En pocas palabras, el Gobierno no tiene la obligación de cumplir las leyes y puede dejarlas sin efecto, lo cual socava aún más la institucionalidad y representa una usurpación de funciones del Poder Judicial, el cual es el único constitucionalmente facultado para desaplicar normas. Basta con revisar el segundo aparte del artículo 334 de la Constitución, el cual señala que corresponde a los tribunales la competencia de desaplicar normas jurídicas, en caso de que estas sean incompatibles con el texto constitucional.

En el mismo sentido es alarmante lo contenido en el primer aparte de la disposición final única del polémico instrumento, el cual establece que las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional «continuarán surtiendo plenamente sus efectos» aun cuando la ley constitucional pierda vigencia.

En este caso, si el Ejecutivo considerara que debe inaplicarse una norma jurídica podría hacerlo, independiente de la propia vigencia de la «Ley Antibloqueo», razón por la cual a la postre este cuerpo normativo podría quedar derogado, pero la desaplicación normativa dictada por el Ejecutivo mantendría indefinidamente su pleno vigor. Es decir, que a pesar de que esta ley se extinga, eso no afectaría a las desaplicaciones normativas adoptadas por el Poder Ejecutivo, ni a ninguna otra medida o decisión que este dictara discrecionalmente.

Para Acceso a la Justicia, lo descrito puede conducir a un verdadero caos y, especialmente, a un estado de incertidumbre jurídica nunca antes visto, ya que una vez que quede derogada esta ley debería comportar necesariamente la cesación de todas y cada una de las decisiones que fueran decretadas por el Ejecutivo, pues es sabido que en estos casos rige el principio de decaimiento, según el cual las medidas que se dicten en circunstancias excepcionales cesan al momento de extinguirse la situación extraordinaria, tal como ocurre con los estados de excepción.

¿Qué otras potestades da la «Ley Antibloqueo» al Ejecutivo Nacional?

La írrita ANC confiere al Ejecutivo Nacional un abanico de facultades económicas que salen del marco de sus competencias naturales, conforme a la normativa constitucional y legal. Sin entrar en detalle sobre cada una de ellas, destacan las siguientes:

Modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas (artículo 26).

Elaborar e implementar operaciones de administración de pasivos, así como de administración de activos, mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales (artículo 27).

Levantar las restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos, en actividades estratégicas de la economía nacional, por ejemplo, hidrocarburos o riquezas mineras (artículo 31).

Crear e implementar cualquier mecanismo financiero que considere como necesario para mitigar los efectos de las sanciones (artículo 32).

Según el instrumento, estas medidas no quedan sujetas a ninguna limitación legal, con lo cual se menoscaba el principio de reserva legal al que debe sujetarse el Ejecutivo Nacional (artículo 137 constitucional). Se trata de potestades importantes que serían ejercidas ilimitadamente por Maduro, y sin ningún tipo control.

¿Qué diferencia existe entre las potestades especiales que confiere la «Ley Antibloqueo» y las del régimen del estado de excepción de emergencia económica?

La «Ley Antibloqueo» deja a la pura voluntad del Gobierno de Maduro la decisión de dictar las medidas que considere convenientes. Por su parte, en el régimen especial de Estado de Excepción las medidas aparecen más definidas o delimitadas. No obstante, como se sabe, se ha implementado desde hace casi cinco años y sin que hasta la fecha se hayan solucionado los problemas que en teoría deberían atacar, esto es, la crisis económica que el mismo Gobierno de Maduro ha generado.

En cualquier caso, ambos instrumentos son actos abusivos que solo pretenden justificar a la fuerza que el Ejecutivo Nacional ejerza las funciones que están reservadas a otros órganos del Poder Público, particularmente, la de legislar, y que además, las medidas que se adopten con base en esas potestades perduren por largo período de tiempo, a fin de consolidar la actual dominación del régimen sobre el país.

¿Cómo queda el principio de transparencia en las decisiones que adopte el Ejecutivo Nacional en el marco de la «Ley Antibloqueo»?

El texto obvia el cumplimiento de la transparencia como principio básico del actuar de la administración pública, conforme al artículo 141 constitucional, aparte de desconocer el derecho a la información administrativa y al acceso a los documentos oficiales (artículos 58 y 143 constitucionales).

Acceso a la Justicia considera muy grave el hecho de que todas las actuaciones estén amparadas por la opacidad o el secretismo, lo que supone que no está garantizada la seguridad jurídica ni el derecho a la defensa de las personas que puedan ver afectados sus derechos ante las decisiones que adopte el Ejecutivo Nacional. Justamente, la ley en cuestión establece que las máximas autoridades de la administración pública podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia, con la finalidad de garantizar la efectividad de las medidas destinadas a contrarrestar los efectos de las sanciones internacionales (artículo 39).

En este mismo sentido, la ley es explícita al prohibir el acceso a la documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada, con lo cual también impide la expedición de copias simples y certificadas (artículo 41).

Cabe advertir que el derecho de acceso al expediente tiene su fuente constitucional en el artículo 143, cuando establece que los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten al respecto.

¿Cómo ha reaccionado el país ante el instrumento?

El texto ha generado un amplio rechazo. Así, la Asamblea Nacional anunció que lo desconocía, pero incluso dentro de las filas del chavismo se han alzado voces contra la iniciativa. Al menos cuatro miembros de la fraudulenta ANC expresaron su rechazo al instrumento, por considerar que viola principios constitucionales.

Pero las críticas no se quedaron allí. El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció que el texto «traslada aún más el peso de la crisis y las sanciones sobre los hombros de los trabajadores», porque «no es realmente una ley antibloqueo», sino que con ella «el Gobierno nacional lo que pretende es justificar y darle visos legales a su política económica entreguista y subordinada a los intereses del país». Los comunistas creen que Maduro utilizará el instrumento para privatizar empresas estatales y recursos naturales sin ningún tipo de control.

Las sospechas del PCV son respaldadas por el escritor y abogado chavista Luis Britto García, quien en un amplio artículo cuestionó que el texto no prevea «la confiscación masiva de los bienes situados en el territorio nacional propiedad de gobiernos que confiscan los nuestros en el exterior, y de las personas y empresas que colaboran en la Guerra Económica», pero sí dé amplias facultades al Gobierno para disponer de los recursos naturales de los venezolanos.

«Una simple ley no puede derogar normas de rango constitucional ni transitoria ni definitivamente; motivo por el cual sus propuestas (las de la Ley antibloqueo) deben respetar la Carta Magna», recordó.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La «Ley Antibloqueo» es un texto censurable que no responde a ninguno de los requerimientos constitucionales y que busca conferirle más poder al régimen de Maduro, aparte de reforzar su hegemonía, un claro signo de un régimen despótico.

La norma niega groseramente la vigencia de principios y garantías constitucionales, lo que sin duda agravará más la crisis institucional que actualmente existe en el país, pero además abre las puertas a más corrupción debido a que consolida la opacidad y discrecionalidad y también el despojo de los recursos de todos los venezolanos.

16 de octubre 2020

https://www.accesoalajusticia.org/ley-antibloqueo-de-la-irrita-constituy...

Cuando Donald Trump ganó las elecciones de 2016 contra los pronósticos de prácticamente todos los encuestadores, me prometí a mí mismo que nunca volvería a confiar en las encuestas. Pero varios conocidos encuestadores con quienes hablé en estos días me dijeron que han corregido sus errores de hace cuatro años, y que esta vez sus pronósticos serán bastante más acertados.

Faltando menos de tres semanas para las elecciones del 3 de noviembre, prácticamente todas las encuestas, incluida la de Fox News, la cadena favorita de Trump, muestran una ventaja sustancial del candidato demócrata Joe Biden. En la encuesta de ABC News/Washington Post del 11 de octubre, Biden le gana a Trump por 12 puntos porcentuales a nivel nacional. Las encuestas de CNN/SSRS y Fox News también mostraron que Biden le gana a Trump por 10 puntos porcentuales, o más.

Pero cuando faltaban pocas semanas para las elecciones de 2016, casi todas estas mismas encuestas nos llevaron a creer que Hillary Clinton ganaría, y perdió. Los encuestadores me dieron cinco razones principales por las que creen que esta vez sus encuestas serán más precisas. Primero, dicen, es incorrecto afirmar que las encuestas se equivocaron en 2016: el promedio de encuestas a nivel nacional decía que Clinton ganaría el voto popular, y así sucedió. Clinton ganó el voto popular por 2,9 millones de votos, o el 2,1% del voto, lo que estuvo bastante cerca de casi el 3% que habían pronosticado las encuestas.

Lo que falló en las encuestas de 2016 fueron sus datos en tres estados -Michigan, Wisconsin y Pensilvania- donde Trump ganó por un margen muy pequeño, que estaba dentro del margen de error. Esos estados le permitieron a Trump ganar en el Colegio Electoral y convertirse en presidente. En segundo lugar, los encuestadores dicen que sus encuestas de 2016 no habían entrevistado a suficientes votantes sin estudios universitarios, que salieron a votar mucho más que en elecciones anteriores. Esos fueron los votantes que le dieron la victoria a Trump en esos tres estados claves.

Scott Keeter, director de encuestas del Pew Research Center, me dijo: "Muchos encuestadores han hecho cambios en sus metodologías para tratar de compensar algunos de los problemas que tuvieron en 2016", como no encuestar a suficientes votantes sin estudios universitarios. Pero la mayoría de los encuestadores han corregido ese error, afirmó Keeter. En tercer lugar, los encuestadores en 2016 no realizaron encuestas de última hora en Michigan, Wisconsin y Pensilvania, donde muchos votantes indecisos inclinaron la balanza a favor de Trump en el último momento. Esta vez hay muchos menos votantes indecisos.

"En 2016, pocas semanas antes de las elecciones, todavía teníamos un 20% de electores indecisos", me dijo el director del Instituto de Encuestas de la Universidad de Monmouth, Patrick Murray. "Ese número está ahora por debajo del 10%". En cuarto lugar, la ventaja de Biden pocas semanas antes de las elecciones es mayor que la de cualquier candidato opositor desde las elecciones de 1936. Biden es el primer candidato opositor con más del 50% de intención de voto en las últimas 21 elecciones, dicen los encuestadores.

En quinto lugar, millones de estadounidenses ya han votado por correo debido a la pandemia de Covid-19. Eso minimiza la posibilidad de grandes cambios en el electorado el día de la elección, que podrían alterar dramáticamente las tendencias de las encuestas, como ocurrió en 2016. Aun así, fiel a mi promesa de hace cuatro años, no me animo a apostar a que Trump perderá, porque todavía puede haber acontecimientos imponderables antes del 3 de noviembre. Pero si las encuestas siguen como ahora dos o tres días antes de las elecciones, es muy probable que gane Biden, y que gane por mucho.

@oppenheimera

La Nación

https://www.lanacion.com.ar/opinion/acertaran-encuestas-eeuu-nid2480413

La elección del próximo mes en Estados Unidos no es sobre una agenda política, ni siquiera sobre el presidente Donald Trump. Es sobre el sistema constitucional estadounidense. No porque la elección pueda poner fin a ese sistema. Aunque Trump tiene un carácter autoritario y admira a dictadores como el presidente ruso Vladimir Putin, incluso ganando la reelección es improbable que se convierta en un autócrata. Pero lo que está en cuestión en Estados Unidos es el papel del gobierno nacional en la vida del país.

El trumpismo es sólo la última de una serie de oleadas populistas surgidas del malestar contra las élites políticas de Washington, consideradas egoístas y exentas de control. Es una historia que en realidad empezó antes de la fundación de Washington. La revolución de las trece colonias fue contra unas élites londinenses lejanas y egoístas, y poco después se desató una gran controversia respecto del poder del gobierno nacional.

Los críticos sostenían que la nueva constitución propuesta iba a crear una élite gobernante nacional, y que eso debilitaría la soberanía por la que habían luchado las excolonias devenidas estados. Los partidarios de la Constitución prevalecieron, pero el tiempo dio la razón a los críticos. No tardaron en surgir movimientos populistas contra lo que se veía como un gobierno elitista. Fue así que en 1800 la democracia jeffersoniana reemplazó a las élites del Partido Federalista, y en 1829 la democracia jacksoniana reemplazó a las élites jeffersonianas.

Más allá de las muchas diferencias entre la democracia jeffersoniana y la jacksoniana, ambas se basaban en la idea de que las élites que lideraron la revolución no habían cumplido la promesa de entregar el autogobierno a las masas. Parecía que funcionarios electos, jueces y burócratas eran todos miembros de las grandes familias o de la clase alta, y que así gobernaban, igual que la aristocracia corrupta de la que los estadounidenses acababan de librarse. La solución fue devolver el poder político a las masas mediante la ampliación del derecho al voto, la extensión de la elección democrática a más cargos (por ejemplo, los juzgados de los estados) y la limitación del poder del gobierno nacional.

Esta oleada de populismo quedó momentáneamente interrumpida por el debate en torno del esclavismo y por la Guerra Civil, pero volvió con nuevos bríos a fines del siglo XIX, liderada esta vez por agricultores del sur y del medio oeste, que se sentían ignorados por los dos partidos políticos principales y explotados por los bancos y ferrocarriles que esos partidos representaban. Los populistas, que invocaban a Jackson como su héroe, denunciaron que todo el sistema político estaba corrupto y formaron un Partido del Pueblo para promover sus propios intereses.

La siguiente gran oleada de populismo se produjo durante la Gran Depresión de los años treinta. Políticos como Huey Long (gobernador de Luisiana y más tarde senador) ascendieron al poder con la promesa de redistribuir la riqueza de los ricos entre los pobres. Long acusó de plutócratas a los políticos establecidos, y procuró debilitar a los centros de poder que pudieran hacerle competencia (desde la legislatura del estado hasta el sistema universitario). Al momento de su muerte en 1935, había conseguido un buen número de seguidores en todo el país.

El último resurgimiento populista antes de ahora fue en los años sesenta, cuando el político sureño y demagogo racista George Wallace intentó obtener el apoyo del electorado del norte a su candidatura a la presidencia afirmando que la burocracia federal (el «big government») era la causa de todos los problemas de Estados Unidos. Esta clase de antielitismo también era común en la izquierda, que achacaba la Guerra Fría y la intervención en Vietnam a un establishment racista e imperialista.

La lógica del populismo es sencilla y efectiva: si algo anda mal, la culpa es del gobierno y de las élites que lo dirigen. Y aunque los populistas estadounidenses también atacaron a los gobiernos de los estados, su blanco principal siempre ha sido el gobierno federal (por su lejanía). Los políticos de nivel local, lo mismo que los congresistas nacionales de la jurisdicción, pueden tener la confianza de la gente. Pero quitando al presidente y a las máximas autoridades del congreso, casi todos los funcionarios federales son anónimos.

Todos los movimientos populistas se agotan cuando sus contradicciones internas pueden más que el entusiasmo popular. Los populistas odian a las élites, pero para gobernar tienen que poner élites propias en las posiciones de poder. De la democracia jeffersoniana salió un estado unipartidista gobernado por agricultores de Virginia; la democracia jacksoniana produjo un sistema partidario corrupto controlado por mandamases y políticos profesionales; el movimiento populista perdió impulso cuando en pos de una ventaja política ató su suerte a la del Partido Demócrata. Y a veces los populistas no consiguen eludir maniobras de los políticos del establishment, o pierden poder porque mejoran las condiciones. En los años treinta Roosevelt se corrió a la izquierda para contrarrestar al populismo de Long, y el populismo de los sesenta colapsó con el fin de la segregación racial y la Guerra de Vietnam.

Hay que separar el populismo trumpista de Trump; este sólo se subió a una ola política que ni inició ni controla. El motor principal de esa ola es el malestar por el avance del liberalismo cultural, el estancamiento económico y la desigualdad, todo lo cual se atribuyó (con mayor o menor razón) a las élites nacionales y a las instituciones que estas controlan. Esa misma ola ayudó en 2008 a Barack Obama (un relativo outsider) a derrotar a Hillary Clinton y John McCain, candidatos del establishment; sólo que Obama era en esencia un tecnócrata, y como tal gobernó.

El populismo es peligroso porque se basa en una hostilidad intransigente hacia las instituciones políticas establecidas y hacia los políticos profesionales en quienes en última instancia tenemos que confiar, cualesquiera sean sus imperfecciones. Es por eso que, en retrospectiva, el populismo puede parecer irracional incluso cuando sirvió para poner un malestar legítimo a consideración del gobierno y de la atención pública. Los ataques de Trump a las instituciones y a las normas (el colmo de los cuales ha sido su negativa a prometer una entrega pacífica del poder) ya están virando hacia el nihilismo.

Lo que nos trae a la elección del mes próximo. Todavía no es seguro que la oleada populista del siglo XXI que puso a Trump en el poder se haya agotado. Puede que la pandemia sea para la gente un recordatorio de las virtudes del saber experto y del profesionalismo en el gobierno. Pero con tantos estadounidenses totalmente entregados a oponerse a los burócratas de carrera del «Estado profundo», no es imposible que el trumpismo sobreviva sin la persona que le dio su nombre, liderado tal vez por algún nuevo tribuno, con riesgo de que sigan varios años más de caos y división. Lo único que puede impedirlo es una derrota realmente decisiva de Trump y de los republicanos.

14 de octubre 2020

Traducción: Esteban Flamini

The Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-populism-in-2020-elec...

Por falta de sorpresas en Venezuela no nos podemos quejar. La última es la recientemente aprobada Ley Antibloqueo y la Garantía de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (institución nombrada ilegalmente, favor no olvidarlo), y bajo el reclamo, por cierto, de algunos diputados que ni siquiera fueron enterados de la iniciativa que suscribió Nicolás Maduro. Se dice, además -cosa que nadie puede asegurar en estos tiempos de “verdades alternativas”- que fueron apenas tres o cuatro diputados los que intervinieron en la discusión del proyecto.

Comienzo por aclarar, con el fin de evitar malos entendidos, que soy absolutamente contrario a las sanciones como instrumento político, convicción de la que he dejado constancia escrita en diversos artículos anteriores, publicados en El Nacional.

La Ley Antibloqueo

Visto desde el punto de vista del Estado de Derecho, el proyecto de Ley Antibloqueo es un despropósito, según lo han calificado algunos especialistas, debido, entre otros motivos, a que establece como su eje central que toda ley puede ser desconocida. Así las cosas, el jefe de gobierno tiene poderes para “desaplicar” el ordenamiento jurídico, tarea que incluye suspender las normas jurídicas, incluso aquellas que tienen un carácter constitucional. Hasta donde se ha podido saber, con esta Ley se pretende despejar el terreno, incluidas leyes orgánicas y hasta legislaciones específicas sobre ciertas materias, abarcando la posibilidad de tomar medidas contrarias o negadoras de la Constitución y del marco legal vigente. Esa “desaplicación”, serviría, sobre todo, según se argumenta, para reconstruir el funcionamiento de la economía, esa economía que se ha venido al suelo a lo largo de la gestión del propio gobierno y que ahora, dicho sea de paso, se piensa en medidas “neoliberales”, conforme las han llamado ciertos sectores del propio chavismo, colocando como ejemplo de ello la suspensión del control de cambio y del control de precios.

Además de lo anterior me interesa poner de relieve la gravedad que representa la capacidad de desaplicar en secreto, la totalidad del ordenamiento jurídico. Significa concederle al Ejecutivo Nacional la posibilidad de anular la vigencia de cualquier norma cuando lo estime necesario y, por si fuera poco, hacerlo de espaldas a los ciudadanos, no importa cuán importante sea para sus vidas y la de sus familias. Así las cosas, cualquier acto de difusión de las medidas podría ser sancionado legalmente.

Conforme a lo que piensan diversos especialistas, mediante ese instrumento se podrán entregar las riquezas venezolanas a China, a Rusia y a Irán por citar los ejemplos que primero me vienen a la cabeza, lo cual incluye zonas enteras del territorio, ejecutado de forma inconsulta, en negociaciones secretas, opacas y corruptas.

En el chavismo también se cuecen habas

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó de mala manera la ley mencionada. No asistieron todos los parlamentarios, algunos de ellos ni siquiera conocían la iniciativa y solo tres o cuatro abogados, dicen las mala lenguas, fueron los que intervinieron en el diseño del proyecto, el cual puede entenderse que equivale a la entrega de la soberanía nacional a cambio del levantamiento de las sanciones.

Como cabe esperar la medida tomada por Maduro, provocó desavenencias serias dentro del chavismo al resucitar un debate ideológico, tal y como lo expresa el profesor Nicmer Evans. Después de haber pasado 21 años del desmantelamiento de la industria privada, las autoridades gubernamentales se convencen, por solo citar un caso, de que las expropiaciones de Chávez fueron un error que hay que enmendar estableciendo las condicione en las que se podrían devolver las empresas a sus propietarios. En materia muy diferente a la anterior, la ley podría autorizar, por ejemplo, que se desaplicara al narcotráfico como delito, considerándose su legalización como una forma de generar ingresos más allá del bloqueo.

Pareciera tener razón el dirigente del PSUV, Telémaco Figueroa, representante del Estado Sucre, cuando señaló que “no hay ninguna justificación por parte del bloqueo para que lo que hagas en lucha contra ese bloqueo sea entregar el Estado a otros países.”. Por otra parte, el Partido Comunista de Venezuela no ha deja de mostrar su desacuerdo con la mayoría de las disposiciones y el sentido final de la ley.

El Estado del Disimulo

Me acuerdo a propósito de todo esto del célebre ensayo de Cabrujas, publicado hace al menos dos décadas y media, en el que calificaba al nuestro como “El Estado del Disimulo”. Decía en una memorable entrevista que le hicieron, que entre nosotros “El concepto de Estado es simplemente un «truco legal» que justifica formalmente apetencias, arbitrariedades y demás formas del «me da la gana». Estado es lo que yo, como caudillo, como simple hombre de poder, determino que sea Estado. Ley es lo que yo determino que es Ley”. En palabras menos brillantes, yo diría que por tiempos nuestro Estado se desempeña en formato “caimanera”, evento deportivo que tiene lugar con reglas cambiantes de acuerdo a las circunstancias, un árbitro parcial, en terreno irregular lleno de huecos, en fin …

Cuando entenderemos los venezolanos -me preguntaba con el Profesor Victor Rago, de la UCV, con quien conversé varias de las ideas aquí expuestas - que nuestra crisis económica, y en general la que nos agobia en todos los ámbitos dentro de los que se desenvuelve nuestra vida colectiva, se resuelve en el terreno político. Las elecciones del próximo 6 de diciembre podrían abrir un horizonte que nos saque de esta calle ciega en la que estamos metidos.

Ojalá puedan serlo. Como he señalado en otras ocasiones, citando a Daniel Innerarty, el optimismo no es una opción, es una obligación.

El Nacional, 13 octubre 2020

La situación de sumisión al Gobierno de Nicolás Maduro en la que se encuentra la justicia venezolana preocupa profundamente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), por las repercusiones que la misma tiene tanto sobre las víctimas de violaciones a los derechos humanos como sobre la «supervisión» de las venideras elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

La falta de independencia de los jueces y fiscales fue unas las razones esgrimidas por la instancia con sede en Ginebra, Suiza, para extender por dos años más el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, que recientemente emitió un informe en el cual acusó a Nicolás Maduro y a otros funcionarios de perpetrar presuntamente crímenes de lesa humanidad desde 2014.

En su resolución, aprobada el 1 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos expresó su:

«profunda preocupación porque la inseguridad de la permanencia en los cargos, la falta de transparencia en el proceso de nombramiento de jueces y fiscales, la precariedad de las condiciones de trabajo y las injerencias políticas, también en lo que respecta a los miembros del Tribunal Supremo, que carecen de independencia de las autoridades y el partido en el poder, socavan la independencia del sistema de justicia, contribuyen a la impunidad y a la persistencia de violaciones de los derechos humanos y obstaculizan la celebración de elecciones libres, limpias, transparentes y creíbles».

La instancia avaló el informe de la Misión, así como los últimos reportes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En ambos se recuerda que entre 80 y 85% de los casi 2.200 jueces que hay en el país son provisorios, accidentales o temporales, es decir, no llegaron a sus cargos a través de concursos públicos de oposición, tal y como lo manda el artículo 255 de la Constitución, sino que fueron designados a dedo por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Por tal motivo, el máximo juzgado los considera de libre nombramiento y remoción, y así, los destituye sin procedimiento alguno que les garantice su derecho a la defensa.

La ausencia de estabilidad en sus cargos hace que estos funcionarios sean susceptibles de presiones por parte de sus superiores jerárquicos; de no atender sus instrucciones pueden perder su puesto de trabajo.

La situación aún es peor en el Ministerio Público, donde más del 97% de los cerca de 1.500 fiscales son provisorios.

Un verdugo más

En las extensas conclusiones de su informe sobre Venezuela, la Misión acusó al Poder Judicial de haberse convertido en «un instrumento de represión» contra la oposición y la disidencia, lo que crea «un desequilibrio» y pone a los ciudadanos, en particular a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en una situación de desventaja y minusvalía.

La Misión resaltó los casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de organismos de seguridad y defensa del Estado, así como los de tortura de civiles y militares, detenidos por agentes de los temidos Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El informe concluyó, tras analizar 223 casos y revisar otros 2.891 más, que:

«El Poder Judicial no ha actuado como un control de los demás agentes del Estado, perpetuando la impunidad por los crímenes cometidos. La mayoría de las violaciones y crímenes documentados por la Misión no han dado lugar a investigaciones exhaustivas, enjuiciamientos y condenas de los presuntos responsables. A pesar de recibir información de que las víctimas habían sido torturadas, los y las fiscales y jueces no investigaron ni sancionaron esos actos. Hay motivos razonables para creer que esas omisiones se vieron afectadas por la falta de independencia judicial»

¿Elecciones libres?

En su resolución, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU instó tanto al gobierno de Maduro como a la oposición a que:

«pongan en marcha sin demora o apoyen un proceso que posibilite la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, limpias y creíbles, con un Consejo Nacional Electoral independiente y un Tribunal Supremo imparcial, así como la plena libertad de prensa y la participación política sin trabas de todos los venezolanos y todos los partidos políticos, sin temor a consecuencias o injerencias, respetando las normas internacionales».

Sin embargo, el gobierno de Maduro ya ha descartado la posibilidad de retrasar las parlamentarias a la luz de los cuestionamientos de la comunidad internacional al proceso electoral actual, el cual presenta un sinfín de irregularidades. Entre estas resalta que la Sala Constitucional nombró a los rectores electorales y entre los designados se encuentran dos magistradas del TSJ: las expresidentas de las salas Electoral y de la sala Constitucional, Indira Alfonzo y Gladys Gutiérrez. Ambas han sido sancionadas por gobiernos extranjeros por sus actuaciones contra la democracia y los derechos humanos.

En el instrumento del Consejo de Derechos Humanos, que fue aprobado por veintidós países, tuvo en contra otros tres y hubo veintidós Estados que se abstuvieron, se advierte a las autoridades venezolanas que si «no cooperan seriamente» con el Alta Comisionada y la Misión, el Consejo podría dar un paso más allá y crear una «comisión de investigación».

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La falta de independencia del Poder Judicial ha facilitado a los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro hacerse con el control total del país y sus recursos, sin ningún tipo de contraloría. Asimismo, les ha permitido perseguir y silenciar a toda voz crítica que se haya alzado contra sus planes y hacerlo, en la mayoría de los casos, sin respetar los derechos y garantías previstas en la Constitución de 1999.

La situación venezolana revela que tenía razón el barón de Montesquieu cuando advertía en el siglo XVIII que «Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad».

14 de octubre 2020

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"Desde enero de 2019, la política de EE.UU. hacia Venezuela se ha centrado en la destitución de [el presidente Nicolás] Maduro. Los Estados Unidos han abogado por un gobierno de transición para facilitar el retorno a la democracia", escribe el becario del Consejo de Relaciones Exteriores para América Latina, Paul J. Angelo, en un nuevo informe especial del Consejo, El día después en Venezuela: Entregando Seguridad y Dispensando Justicia. "El mejor escenario posible, y uno que Estados Unidos respalda en su 'Marco de Transición Democrática para Venezuela', sería un gobierno provisional que reemplace a Maduro y supervise la transición hacia nuevas elecciones presidenciales y legislativas".

Angelo sostiene que los actores internacionales no han planeado lo suficiente para estabilizar el ambiente de seguridad y fomentar la justicia transicional en una Venezuela post-Maduro. "Establecer rápidamente el orden público y restablecer el estado de derecho sería crucial para que el apoyo [de EE.UU.] sea efectivo. Y sólo después de que haya revivido las instituciones para ofrecer seguridad y justicia de manera creíble, Venezuela podrá restaurar la gobernabilidad democrática", explica Angelo.

"En el período inmediatamente posterior a la partida de Maduro podría haber conflictos entre facciones armadas, coaliciones políticas inestables, incentivos para la corrupción y la delincuencia, una respuesta internacional dividida y una salida de migrantes y refugiados", advierte.

"Los encargados de la formulación de políticas de los Estados Unidos tendrían que anticiparse a las consecuencias de una transición, incluso en las condiciones más propicias, y determinar las oportunidades para garantizar que el contexto de la transición propicie el restablecimiento de la democracia", escribe.

Entre ellas figuran:

"Los Estados Unidos deberían centrarse primero en actividades destinadas a crear confianza con las autoridades y el pueblo venezolano. Las autoridades estadounidenses deberían condicionar su apoyo al compromiso del gobierno de transición con una transición democrática y con el alivio del sufrimiento humanitario, buscando al mismo tiempo puntos de entrada que generen buena voluntad y creen oportunidades para una participación más profunda de los Estados Unidos en la reconstrucción del país".

"Además de trabajar a través de las Naciones Unidas y [la Organización de Estados Americanos], el gobierno de los Estados Unidos debería negociar con los potenciales saboteadores de la transición fuera de Venezuela", incluyendo China, Cuba y Rusia.

"El gobierno de EE.UU. debería usar sus relaciones con otros gobiernos del hemisferio y de Europa que han mantenido relaciones menos hostiles con Maduro para asegurar que la asistencia internacional tenga una marca multilateral".

"Maduro dejará un legado de opresión, ruina económica y una furiosa inseguridad", advierte Angelo. "Que la Venezuela post-Maduro se convierta en anarquía y conflicto, como Afganistán, o que siga el camino de la democracia plena, como Chile, dependerá de cómo las autoridades venezolanas y sus socios internacionales manejen la transición en sus primeros días".

Becario de estudios sobre América Latina

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