Alrededor de cincuenta hombres, dos lanchas rápidas, diez fusiles y un plan suicida. El enésimo intento de derrocar a Nicolás Maduro se quedó en un rocambolesco desembarco en dos playas próximas a Caracas, Chuao y Macuto, y fue desactivado en cuestión de horas el pasado 3 de mayo. La llamada Operación Gedeón dejó al menos siete muertos y decenas de detenidos, entre los que se encuentran exoficiales venezolanos y dos mercenarios estadounidenses. Pero ese episodio, que se enmarca en el clima belicista alentado por el sector más radical de la oposición al régimen chavista, solo es el epílogo de una larga historia. Transcurre entre Colombia —cuyos servicios de inteligencia y Gobierno quedan cuestionados—, Estados Unidos y Venezuela, y en ella intervienen políticos, militares, empresarios, contratistas, asesores de seguridad. El resultado es una muestra de la capacidad de penetración de la inteligencia del aparato bolivariano.

La incursión en la costa caraqueña de hace dos semanas es, hasta el momento, el capítulo más disparatado para intentar desestabilizar al Gobierno de Maduro. Pero no ha sido el único. El relato de lo sucedido, reconstruido por EL PAÍS gracias a los testimonios de una decena de fuentes conocedoras de los hechos, refleja el descontrol de una estrategia consecuencia de una guerra de egos que, en definitiva, se ha convertido en un bumerán que ha asestado un golpe a Juan Guaidó. El líder de la oposición rechaza, sin matices, estar involucrado e incluso haber estado al tanto de la Operación Gedeón, mientras el malestar internacional e interno, dentro de la oposición, no ha hecho sino crecer y una pregunta se repite desde hace dos semanas: ¿cuál va a ser la siguiente sorpresa?

“La caída de Nicolás Maduro se ha vuelto un negocio, es cuestión de tiempo”. La euforia con la que una persona muy cercana a Guaidó pronunciaba esta frase en febrero del año pasado, en un restaurante de Caracas, cobra más sentido con el paso del tiempo. El dirigente opositor, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, acababa de regresar entonces de una gira por Sudamérica después de cruzar la frontera para asistir al intento de entrada de ayuda humanitaria por Colombia en uno de los momentos políticos más tensos vividos en Venezuela. Desde entonces, se han producido varios acercamientos, al menos cuatro, de personas o empresas que se presentan bajo el eufemismo de compañías de seguridad, ofreciendo sus servicios para de una u otra manera propiciar la caída de Maduro o fortalecer lo que surgiese de ella.

El hervidero de Cúcuta

Para entender las premisas de las últimas conspiraciones hay que viajar a la ciudad fronteriza de Cúcuta (Colombia) en los días previos al 23 de febrero del año pasado. La localidad era un hervidero de operadores políticos, uniformados, representantes de agencias de inteligencia de distintos países, inversores con intereses en una transición en el país vecino, cooperantes y miles, decenas de miles de personas vinculadas a la oposición. En vísperas de esa jornada, cuando fracasó la operación promovida por Bogotá, Washington y la oposición al chavismo para introducir en Venezuela camiones con ayuda humanitaria, se celebró un concierto organizado por el magnate británico Richard Branson. Entra en escena entonces una figura clave en el último plan contra Maduro. Se trata de Jordan Goudreau, exmiembro de las fuerzas especiales de Estados Unidos, veterano de Irak y Afganistán y hoy representante de la firma de seguridad privada Silvercorp, con sede en Florida. Durante esos días Goudreau se encargó de la protección de los artistas, pero también encontró un terreno fértil para intentar hacer negocios.

En ese momento Venezuela vivía días de turbulencias políticas después de que en enero Guaidó se proclamara presidente del país y en las filas opositoras varios cargos vislumbraron la posibilidad de formar una especie de ejército particular para intentar una incursión. Cúcuta era el epicentro de esos movimientos. “De los 1.700 hombres que Venezuela tuvo en los refugios encargados por el Gobierno colombiano y manejados por ACNUR [para recibir a venezolanos que querían salir del país], solamente 163 fueron los que en verdad pasaron de Venezuela hacia Colombia el 23 y los días siguientes”, relata una fuente al tanto de los movimientos de los militares desertores. “El resto era personal militar, policial, bomberos que estaban dispersos en América e inclusive algunos en Europa. Fueron llegando sencillamente porque pensaban que se iba a organizar una operación”.

Pero las expectativas de estos opositores que vieron la posibilidad de lanzar una operación contra Maduro quedaron frustradas. Sin liderazgo ni referentes, no tuvieron más alternativas que encerrarse en esos centros de acogida. El único nombre que aún resonaba entre ellos era el de Clíver Alcalá. Este exgeneral fiel a Hugo Chávez rompió con Maduro en 2016 y se fue a Colombia. Al menos dos fuentes que trabajaron a su lado en las fuerzas armadas venezolanas, y otras tantas que lo han seguido de cerca desde el ámbito político, lo describen como “una persona carismática, con mucha voluntad, mucho empuje: desde sus tiempos de servicio activo tenía fama de abusador, desviaba el poder, no respetaba, actuaba con mucha furia y apoyó al régimen en la mayoría de los desmanes que había cometido”.

Hace un mes y medio, a finales de marzo, Alcalá fue acusado formalmente por Washington de tráfico internacional de drogas. Fue incluido en una lista en la que aparece junto a la cúpula del chavismo. El exgeneral, que residía en Barranquilla, en el Caribe colombiano, decidió entonces entregarse a la DEA, pero antes habló públicamente de un complot para derrocar a Maduro que se estaba organizando en Colombia e hizo referencia a la incautación de un arsenal de armas.

Fue precisamente Alcalá el primero en hablar de un contrato estipulado el pasado mes de octubre por el equipo de Guaidó con Jordan Goudreau y su empresa, Silvercorp, que estaría detrás del desembarco en la costa caraqueña de hace 15 días. Juan José Rendón, conocido como JJ, un controvertido asesor del líder opositor que ha participado en campañas de muchos políticos latinoamericanos y al que siempre se han atribuido operaciones oscuras, admitió hace unos días haberlo firmado. “Era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen”, reconoció el consultor en la CNN, que exculpó a Guaidó ante la aparición de su supuesta firma en los mismos documentos. Rendón, que llegó de la mano de Leopoldo López, dimitió de su cargo, pero la tibieza del líder opositor, que aceptó la renuncia aunque en un principio evitó despedirlo pese a las presiones internas, han suscitado un enorme malestar en la oposición ante lo que consideran la imposibilidad de romper con su jefe.

El hecho de que Colombia —país que comparte con Venezuela más de 2.200 kilómetros de frontera y destino de cerca de 1,5 millones de venezolanos que en los últimos años migraron en busca de oportunidades— fuera la base de operaciones hace un año para fraguar un intento de golpe pone de por sí la lupa sobre sus autoridades. Por complicidad o por omisión. Alguien de la cadena de mando militar debió de estar al tanto, al menos hasta cierto momento. Aunque todos, empezando por el presidente, Iván Duque, se desvincularon rotundamente de lo sucedido y formalmente el Gobierno instó a los dirigentes opositores en el exilio a informarles de cada paso. Las dudas sobre si un sector de la inteligencia colombiana próximo al expresidente Álvaro Uribe actuó con el beneplácito de este, pero no del de Duque, cobran fuerza con el paso de las semanas y por la versión de diferentes fuentes, tanto venezolanas como colombianas.

Esos planes, en cualquier caso, se pusieron en marcha justo después del 23 de febrero de 2019. Alcalá, con fondos procedentes de la oposición, comenzó a organizar unos campos de entrenamiento cerca del municipio colombiano de Riohacha, en el departamento caribeño de La Guajira. Se trata de un territorio poco poblado en el que se mezclan desierto, selva y montaña que linda con Venezuela y que él conoce debido a vínculos familiares y a su pasado como comandante en esa región, en la que estrechó lazos con guerrilleros de las FARC. Los ordenadores incautados en 2008 al entonces número dos de la guerrilla, Raúl Reyes, revelaban la cercanía entre Alcalá e Iván Márquez, jefe negociador de la guerrilla en La Habana, hoy un líder disidente que rompió con los acuerdos de paz.

Operadores políticos

Mientras tanto, en Caracas se intensificaba el pulso entre Guaidó y Maduro. El país sufría una crisis eléctrica sin precedentes y tomó vuelo otra opción, que se manejaba en paralelo. Todas las fuentes consultadas coinciden en que en todo momento ha habido múltiples planes sobre la mesa; pocos se explican cómo el más disparatado de todos fue el que se terminó por desarrollarse. Fue la asonada del 30 de abril de 2019. Tenía el objetivo de provocar una ruptura de las fuerzas armadas y facilitar una etapa de transición con la participación de algunos altos cargos chavistas. Como los demás intentos, fracasó y terminó con un incremento de la tensión y la liberación de Leopoldo López después de pasar tres años encarcelado y casi dos en arresto domiciliario. El dirigente opositor y líder del partido Voluntad Popular encontró resguardo horas después en la residencia de la Embajada de España en Caracas, donde todavía permanece.

Esa operación se precipitó, según al menos dos fuentes, debido a la insistencia del mayor del Ejército venezolano Javier Nieto Quintero, que fue precisamente quien junto a Goudreau reivindicó el intento de incursión marítima de hace dos semanas. El fracaso del plan de abril de 2019 provocó una desbandada. El exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) Cristopher Figuera, que participó en esos hechos, huyó a Estados Unidos tras pasar unas semanas en Colombia. “El personal militar se quedó sin padre ni madre. Los que estaban en Cúcuta se quedaron definitivamente aislados en sus refugios y los que estaban con Clíver Alcalá también quedaron aislados en el campamento de Riohacha. Y los que estaban en Venezuela, por supuesto, temerosos de la acción del Gobierno debido al control público que se hacía”, resume un oficial.

¿Qué pasó entre abril de 2019 y mayo de 2020? Para empezar, entran en escena dos operadores políticos próximos a Leopoldo López. Ya a mediados de mayo del año pasado, Lester Toledo, que había sido uno de los coordinadores de la ayuda humanitaria, y Jorge Betancourt, organizan reuniones en Bogotá para explorar posibles acciones. Lo hicieron, durante esas semanas, en al menos tres ocasiones. Sobre la mesa estaba el plan que estaba diseñando Goudreau. El exmilitar norteamericano proponía en un primer momento entrar por las líneas fronterizas, ir destruyendo a los grupos de las FARC y del ELN, y posteriormente insistía en entrar con 300 hombres por la costa a través de La Guaira.

Pero otros sectores de la oposición al tanto de estos planes los consideraron disparatados desde el comienzo. “Para conquistar una cabeza de playa hay que tener un volumen de fuego y una cobertura aérea suficiente, más cuando te estás metiendo en el centro del poder militar venezolano. En La Guaira solamente está el cuerpo de infantería de la Marina, pero tienes a Caracas cerca y dos batallones de infantería muy poderosos que pueden decidir cualquier operación militar”, asegura una de las fuentes consultadas. El tenor de las apreciaciones de Goudreau, según algunos de quienes lo conocieron, daba la idea de su desapego de la realidad: “Cada uno de mis hombres equivale a 500 combatientes venezolanos”.

Este ex boina verde participó en otro encuentro en junio de 2019. Fue acompañado por un puertorriqueño llamado Lorenzo que actuó como intérprete, y se reunió con Clíver Alcalá, que también fue con traductor, el teniente venezolano en el exilio Arturo Gómez Morantes. Los asistentes evaluaron el coste de la operación, que al principio rondaba los 700.000 dólares y posteriormente ascendió hasta 1,8 e incluso 3 millones.

El entorno de Leopoldo López quería tener la última palabra sobre el dinero recaudado, lo que generó tensiones entre los presentes. Tanto es así que Toledo y Betancourt informaron al día siguiente de la necesidad de apartar a Alcalá, puesto que ya entonces el exgeneral estaba sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Lanzaron una propuesta al teniente Gómez Morantes para que él dirigiera la incursión. Este, según las fuentes consultadas, grabó la conversación y se la envió a Alcalá. Y fue así como se produjo la primera fractura entre el sector militar y político. Contactado por EL PAÍS, Toledo asegura que nunca tuvo nada que ver con Alcalá y que lo denunció desde que fue elegido diputado por el Estado Zulia. Además, se desvincula de forma rotunda del desarrollo de la Operación Gedeón en las costas venezolanas.

El exgeneral contaba en ese momento con no más de 70 hombres repartidos en algunas casas de campo de La Guajira, pese a que él presumiera en público de 300 soldados. La falta de ingresos profundizó su malestar. Esos hombres no tenían una dieta sana y algunos enfermaron por no tener acceso al agua potable, de acuerdo con al menos tres personas al tanto de la situación en los campamentos. Solo más tarde recibió unos fondos y la situación mejoró. Alcalá hasta llegó a comprar camisetas y zapatillas deportivas para los entrenamientos.

Por entonces, en el verano de 2019, Jordan Goudreau ya estaba instalado en una vivienda del acomodado norte de Bogotá con al menos cuatro personas: un estadounidense, un puertorriqueño, un hondureño y un mexicano.

El papel de la inteligencia colombiana

Una de las incógnitas es el papel de la inteligencia colombiana. Según las fuentes consultadas, el abandono de los campos y el diseño del plan contribuyeron a que los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Colombia relajaran la vigilancia. Sin embargo, al menos Clíver Alcalá estuvo en contacto con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) colombiana desde su llegada al país. En la recta final del último mandato de Juan Manuel Santos (2010-2018), le recibió el general Juan Carlos Buitrago, entonces subdirector de la agencia, y en mayo del año pasado fue captado en medio de la celebración de una cumbre por Carlos Narváez, subdirector de operaciones, con quien mantuvo relación durante meses.

En todo momento, según varias versiones, Toledo y Betancourt presumían de contactos en el Gobierno colombiano, con el expresidente Álvaro Uribe o el entonces embajador colombiano en Estados Unidos, Francisco Santos. El actual jefe de la DNI fue el jefe de la Casa Militar durante el mandato de Uribe. El sector más radical de la oposición recela de Iván Duque, a quien atribuye demasiada prudencia el 23 de febrero, y se considera más afín al ala más dura del Centro Democrático, el partido fundado por Uribe. Sin embargo, no se han aportado evidencias de que esos contactos se produjeran con frecuencia o fueran fluidos.

Quedan las dudas sobre si alguien en el Gobierno estaba informado y dejó que los hombres de Alcalá y Goudreau siguieran actuando. En cualquier caso, al margen de la intensidad de la vigilancia de Colombia, los agentes se encontraron con un abanico de personalidades que comprometían, de entrada, cualquier tipo de conspiración. “En Venezuela todas las conspiraciones han fracasado por cinco razones: porque hay un poco de mitómanos, gente que te dice que tiene 50 batallones dispuestos a intervenir y no es verdad; porque hay un montón de ilusos, gente que piensa que si ellos dan un paso muchos los van a seguir; porque hay estafadores, gente que ha hecho de la necesidad de restituir la democracia en Venezuela un negocio; la cuarta son los ignorantes, gente que no sabe de artes y ciencia militares; y la última son los locos, con componentes de vanidad y de ego”. Estas palabras, de un antiguo alto mando militar, son de alguna manera el punto de unión entre las premisas y lo que vino después.

La organización del operativo en Colombia se complicó. Entran en escena otros dos oficiales venezolanos, los tenientes coroneles Illich Sánchez y Rafael Pablo Soto Manzanares, que desempeñaron un papel determinante en la asonada del 30 de abril, al mismo tiempo que el mayor Nieto Quintero y Rodney Pacheco, al que se le consideraba uno de los responsables de seguridad de Juan Guaidó. Fueron ellos los que, entre finales del pasado verano y el inicio del otoño, comienzan a conversar con un grupo de militares en el exilio encabezado por los hermanos Sequea, sobre todo con Juvenal y Antonio Sequea, quien fue detenido por las autoridades venezolanas el en el intento de desembarco del pasado 3 de mayo. “Illich Sánchez y Soto Manzanares le recomiendan a Leopoldo López retomar otra vez contacto con esta gente, ya que los hermanos Sequea eran los que se iban a hacer cargo de la operación”, asegura una de las fuentes al tanto de los movimientos.

Poco después, entre finales de noviembre y principios de diciembre, Antonio Sequea es detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá mientras trataba de volar a España con pasaporte falso. Los motivos de ese viaje se desconocen, aunque la sospecha de operadores al tanto del plan es que tuviera que ver con búsqueda de financiación. El exgeneral Hugo Carvajal, apodado El Pollo, hoy prófugo de la justicia española, había sido jefe de Sequea y en 2019 apoyó públicamente la causa de Guaidó.

Hay un vacío en el tiempo que no ha terminado por aclararse y que está cubierto por un manto de especulaciones más que de certezas. Tras saltar por los aires la Operación Gedeón hace dos semanas, se supo que esta había sido planeada en un principio por asesores de Guaidó, siendo el líder visible J. J. Rendón. El estratega venezolano ha insistido en que, entre octubre y noviembre, ante las exigencias de Goudreau, rompió con él. Sin embargo, el ex boina verde siguió adelante con sus propósitos. Quién le dio el beneplácito es un interrogante, mientras muchos dudan que los servicios de inteligencia de Colombia no supieran de sus movimientos en la capital colombiana y por todo el país. Al menos tres fuentes al tanto aseguran que están tratando de seguir el hilo del dinero que pudo haber recibido, pues no dudan que, a través de testaferros, le siguió llegando financiación para la operación fallida. Ver si ese dinero llegaba desde dentro de la oposición, como piensan muchos pues hay un sector convencido de que una intervención militar es la única solución, o desde el Gobierno de Maduro, que se entera de los planes, es algo que de momento no está esclarecido.

Operación de contrainteligencia

De lo que hoy, en cambio, pocos dudan es de que la operación estaba infiltrada o penetrada por informadores del régimen de Maduro. Ya a finales del año pasado cundían las sospechas en sectores de la oposición. El mandatario venezolano se refirió en algunas apariciones públicas a supuestos “rambos” que conspiraban desde Colombia, una descripción que encaja con la figura de Goudreau. En segundo lugar, según la información filtrada desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en enero el chavismo realizó una operación, cerca de las playas donde se intentó la incursión marítima. Las fuerzas de seguridad allanaron hoteles, albergues y posadas en busca de Clíver Alcalá, cuyo hermano es embajador de Venezuela en Irán, y ciudadanos puertorriqueños, hondureños y estadounidenses. Un rastreo que coincide con las nacionalidades de los hombres que compartían vivienda con Goudreau en Bogotá. Además, los uniformados realizaron un ejercicio de defensa del puerto, bautizado como Punto de Resistencia Bravo.

También hubo un simulacro de cierre de la ciudad de Caracas, ubicada a unos 30 kilómetros de la costa. En la grabación del interrogatorio de Luke Denman, uno de los mercenarios estadounidenses detenidos, este afirma que su misión era hacerse con el control del aeropuerto para permitir el aterrizaje de aviones estadounidenses y sacar a Maduro del país. Aunque en sus primeras declaraciones no lo menciona abiertamente, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía se encuentra junto al puerto de La Guaira.

El 11 de marzo, además, el Ejército venezolano capturó en una zona fronteriza de La Guajira conocida como Trocha número 30 a un teniente llamado Figueroa Fernández. La detención se produjo en uno de esos cientos de caminos informales que conectan Colombia y Venezuela y fue fortuita, según el relato de una fuente militar, porque el oficial conducía a alta velocidad en una trocha. Este, según información de la FANB, bajó del vehículo y se dijo dispuesto a colaborar. Apenas dos semanas después, las autoridades colombianas incautan un arsenal de armas, pero no hacen público el operativo durante unos días. Sin embargo, Nicolás Maduro tarda siete horas en mencionar el decomiso, mientras el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, al día siguiente, da los detalles del plan de Goudreau y Clíver Alcalá. Cuando este se entrega a Estados Unidos, muchos en las filas opositoras pensaron que era inviable continuar con el plan. Sin embargo, la operación siguió adelante.

Malestar generado

Las consecuencias que ha tenido la Operación Gedeón aún son imprevisibles, pero no cabe duda de que ha supuesto una sacudida a las aspiraciones de Guaidó y al mayor tesoro que este tiene: el apoyo internacional. Las fuentes consultadas, dentro y fuera de Venezuela, en diversos países, admiten que el malestar generado en Estados Unidos por la chapuza de hace dos semanas ha sido mayúsculo. Lo mismo ocurre en Colombia y en algunos países de Europa. Si no ha saltado por los aires el apoyo a Guaidó ha sido porque todos los actores son conscientes de que es la única figura que aún articula una unidad frente a Maduro, al menos a nivel nacional.

En Venezuela ocurre algo parecido. Las desavenencias crónicas de la oposición no tardaron en manifestarse, sobre todo en privado. En público, el partido Primero Justicia, de Henrique Capriles, que permanece en Venezuela y de Julio Borges, exiliado en Colombia, ha sido el único que ha criticado lo ocurrido y exigió a Guaidó romper con J. J. Rendón. “Parece que nos hemos subido a la máquina de Marty Mcfly y hemos retrocedido a 2018”, resume una de las fuentes, ante el reto que tiene por delante la oposición.

En el chavismo tampoco hay una postura clara sobre qué hacer ante un nuevo intento de derrocar a Maduro. Celebran que la oposición les haya brindado, sin costo alguno, una unidad en el seno de las fuerzas armadas que tapa, al menos por el momento, las grietas internas. Un sector, que encabezaría el propio Maduro y cuya figura más visible es Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, se muestra partidarios de no actuar contra Guaidó, esto es, descarta la posibilidad de detenerlo, pese a que se han intensificado los ataques contra él y el asedio a su círculo más próximo. Rodríguez siempre ha sido partidario de la idea de que el líder opositor termina por errar, y eso les beneficia. Hay otro bando, no obstante, encabezado por Diosdado Cabello, número dos del chavismo, que siente que la autoridad del Gobierno sufre un golpe, por leve que sea, cada vez que se evidencia un intento de fractura de las fuerzas armadas.

La Operación Gedeón, un nuevo plan disparatado, ha sacudido a Venezuela en medio de la pandemia de la covid-19. Antes de la llegada del coronavirus, la oposición y el chavismo ultimaban un acuerdo para la recomposición del CNE, con vistas a las elecciones parlamentarias previstas para finales de este año. La pandemia lo trastocó todo. No solo en el ámbito político. La crisis para los venezolanos se ha agudizado; la hiperinflación se ha vuelto a disparar, la escasez de combustible es total. Hasta hace unas semanas, miembros de la oposición mantenían canales abiertos con el Gobierno para tratar de que el ingreso de ayuda humanitaria fuese mayor. Una parte de los críticos con Maduro, dentro y fuera de Venezuela y en buena parte de la comunidad internacional, cunde la necesidad de que lograr un acuerdo humanitario abriría la posibilidad de iniciar una negociación política. “Que haya voluntad política, no es necesariamente lo mismo a que haya un acuerdo político”, señala una fuente. No obstante, aún hay líderes con peso que creen que la caída de Maduro es solo cuestión de tiempo y siguen azuzando el fuego de una intervención. De ahí que no pocos se pregunten: ¿Cuál será el siguiente plan disparatado?

16 de mayo, 2020

El País

https://elpais.com/internacional/2020-05-16/mitos-egos-y-torpeza-anatomi...

Resumen Ejecutivo

Venezuela experimenta la mayor crisis de su historia como resultado de la aplicación de un modelo económico y político que ha ocasionado su colapso en todos los órdenes, a lo cual se ha sumado el impacto económico y social ocasionado por la pandemia del COVID 19. En este entorno tan crítico y difícil, se requiere reactivar el país tan pronto como sea posible, y encaminarlo hacia el progreso haciendo el mejor uso de los recursos disponibles. La Región de Guayana con sus vastos recursos constituye un área a considerar para ayudar al país a dar ese vuelco.

Guayana ha constituido por más de medio siglo una esperanza para la diversificación económica de Venezuela; sin embargo, en las últimas décadas el Estado redujo su esfuerzo en el desarrollo de la región hasta llegar a su abandono total. Su gente, su territorio, su economía y sus instituciones están hoy en día a la deriva, aunado al hecho de que la región ha llegado a ser un escenario de pérdida de la soberanía nacional, la corrupción y la participación de cuerpos del Estado en el crimen organizado para el saqueo de sus recursos naturales.

Como resultado de lo anterior la generación de energía de la región se ha reducido en un 50%, con sus secuelas en múltiples actividades, tales como el parque industrial, el abastecimiento de agua potable, el alumbrado de los espacios públicos y privados, los apagones por horas y días en muchas regiones del país, etc.; las industrias del acero y el aluminio se encuentran paralizadas; ya la región es prácticamente inaccesible por vía aérea ordinaria, los servicios de educación y de salud han llegado a niveles insoportables para la población, la pobreza alcanza a un porcentaje de los hogares superior a los promedios nacionales, de por sí trágicos, y la inseguridad ciudadana afecta a todas las familias.

Venezuela está urgida de poner en marcha una estrategia de desarrollo para Guayana que permita detener este deterioro en la región y apuntalar su desarrollo generando logros sostenibles en todos los ámbitos, en beneficio de sí misma y de todo el país.

En este sentido, han sido formuladas algunas propuestas, entre las cuales destaca la que fue recientemente preparada por profesionales de la región, especializados en diversas disciplinas, denominada “El Plan Guayana en el contexto del Plan País”, la cual incluye los productos generados en 22 mesas deliberativas. Sin embargo, se requiere complementar las propuestas de esas mesas y enmarcarlas en una estrategia integral de desarrollo para la región, considerando condicionantes regionales, nacionales e internacionales, con propuestas de reformas y políticas coherentes, organizadas en programas estratégicos, con hitos y metas a corto, mediano y largo plazo. Un plan estratégico que sea asumido con motivación por los liderazgos de la región y del país, que permita el seguimiento de sus logros y las correcciones oportunas, y que apunte hacia una “visión compartida” que se adapte a los recursos humanos, tecnológicos, logísticos y financieros disponibles y a los que se vayan creando como resultado de la ejecución del plan, estimados de manera realista.

El presente documento elaborado por el Grupo Orinoco, constituye un guion que esperamos contribuya a orientar un ejercicio de Planificación Estratégica como el descrito anteriormente, así como a promover los necesarios debates donde participen actores regionales y nacionales a fin de lograr consensos en torno a una estrategia de desarrollo sostenible para la región Guayana para el corto, el mediano y el largo plazo.

En las propuestas del Guion se integran tres enfoques que es necesario explicitar en beneficio de sus lectores. Se trata de la perspectiva del Desarrollo Sostenible y sus objetivos, de la visión de la Ordenación del Territorio, y de la metodología de la Planificación Estratégica:

• El desarrollo es sostenible cuando es capaz de satisfacer los objetivos de realización, progreso y libertad de las generaciones actuales de una sociedad, sin comprometer los recursos y las oportunidades que requerirán las generaciones futuras para alcanzar sus propios logros. Se considera que una sociedad está en desarrollo cuando en su seno se da un conjunto de procesos inter relacionados, movidos por ella misma, los cuales amplían las capacidades humanas y las oportunidades de realización de cada uno de sus miembros, generando a partir de allí el progreso de todos.

• La Ordenación del Territorio se refiere tanto a una práctica profesional que se soporta en diversas disciplinas científicas, como a una función pública del país, que debe realizarse a niveles nacionales, regionales y locales. En ambas acepciones se le debe considerar como un dispositivo instrumental de la planificación del desarrollo, que pretende dar una utilización racional y equilibrada al territorio, en función de resolver los problemas que plantea la utilización del espacio físico, teniendo como fin último el desarrollo sostenible.

• La planificación estratégica, aplicada al desarrollo sostenible de una región, implica abordar el futuro reduciendo la incertidumbre, conociendo los procesos que se dan en la realidad presente y los que derivan de ella como tendencias; planteando una situación ulterior como objetivo deseable para un horizonte temporal determinado; y formulando acciones para ir de la situación Inicial a la situación final que es descrita en la Imagen Objetivo.

¿En qué consiste el ejercicio para el cual se preparó el Guion?

Las propuestas metodológicas de la Planificación Estratégica Situacional (PES) que propone el Guion comprenden los “momentos” que se resumen a continuación. La Figura 1 ilustra la lógica de todo el proceso.

• El análisis de la Situación Inicial y sus tendencias. El paso inicial del ejercicio consiste en conocer la Situación Inicial de la región, los antecedentes históricos que la determinan, las tendencias que se expresan en ella y las influencias tanto internas como exógenas que condicionan la posibilidad de cambiarlas. La caracterización de la Situación Inicial y sus tendencias debe intentarse con un enfoque holístico, que integre las visiones de los diversos grupos disciplinares (económico, social, cultural, ambiental, político institucional) que participan en el ejercicio.

• Definir una Imagen Objetivo de Guayana para el largo plazo debe construirse concibiendo de manera integrada un conjunto deseable y realista de objetivos del mismo horizonte en lo económico, social cultural, ambiental, político e institucional, que se enmarquen en una visión de desarrollo nacional. La Imagen Objetivo debe reflejar consensos de los diversos intereses nacionales y regionales; es decir, debe constituir una Visión Compartida.

• El Análisis de Escenarios es el centro del momento estratégico de la Planificación Estratégica Situacional. La incertidumbre con la cual se presenta el futuro se puede reducir anticipando mediante hipótesis varias situaciones en las que probablemente deba implementarse la estrategia de desarrollo sostenible de Guayana. Cada conjunto relevante de esas hipótesis constituye un Escenario, el cual debe considerar los objetivos de desarrollo sostenible de la Imagen Objetivo, los procesos nacionales e internacionales del entorno, y los actores relevantes, tanto los que apoyan como los que adversan a la estrategia.

• Perfeccionar la propuesta de la Estrategia corresponde al último paso de la secuencia. Ello implica afinarla, tanto en términos técnicos como políticos; programar su implementación, y precisar la estimación de los resultados de su puesta en marcha. En esta etapa, se recomienda que las propuestas sean organizadas en unos pocos Programas Estratégicos capaces de motivar a la sociedad y las agencias ejecutoras, y seleccionar en cada uno de ellos algunos Proyectos Estructurantes.

Los Programas Estratégicos y los Proyectos Estructurantes serán los vehículos más importantes para motivar políticamente al liderazgo, tanto nacional como regional, en la puesta en marcha de la estrategia, y para movilizar a la sociedad guayanesa en el seguimiento y la contraloría social de su ejecución.

• Y finalmente, la estrategia debe ser difundida en una operación de socialización lo más amplia posible, que comprenda a las organizaciones de la sociedad civil nacionales y regionales y al público general, para lo cual se propone llevar a cabo campañas en medios y redes sociales, y rondas específicas de presentación ante públicos seleccionados.

Como parte del Guion propuesto y con la finalidad de estimular el intercambio y el logro de los consensos entre los equipos que participen, se sugiere responder a una serie de preguntas en torno a la situación actual y las tendencias que se prevén, para cada tema que se sugiere abordar y para cada paso dentro del proceso de preparación de la estrategia.

Queremos resaltar que el Grupo Orinoco ha pretendido contribuir con el desarrollo sostenible de Guayana elaborando este Guion para orientar el importante ejercicio de Planificación Estratégica que demanda una capacidad y disposición con horizontes de hasta 30 años, en una región con las potencialidades y una extensión que en la práctica resulta en casi media Venezuela y puede representar una esperanza más firme y factible para alcanzar un progreso sostenible para todos.

Una vez completado el ejercicio anterior, se dispondrá de un instrumento maestro para iniciar un proceso de discusión con una audiencia más amplia y contribuir así a la Formulación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible para Guayana, que es urgente e indispensable.

Los trabajos de preparación de la estrategia requieren del liderazgo de instituciones comprometidas con el desarrollo del país y de Guayana, involucra esfuerzos sostenidos de un equipo de especialistas por un tiempo que preliminarmente se estima entre 24 y 30 meses, e implica una labor también incesante de contactos institucionales para obtener apoyos diversos de organismos de Venezuela, de otros países y de las esferas multilaterales.

Las tareas preparatorias, a poner en marcha a la mayor brevedad, para iniciar lo más pronto los trabajos, implican crear una alianza institucional que promueva activamente la iniciativa y motivar a liderazgos de Guayana y el país con la misma; indagar preliminarmente la disponibilidad de información básica y de profesionales especializados de la región por disciplinas; estudiar opciones de organización de los equipos en función de lo anterior y preparar los perfiles de los especialistas que deberían integrar los equipos; programar la realización de las tareas y estimar el costo de las mismas; hacer contactos con organismos que pudiesen apoyar financieramente la iniciativa, entre ellos bancos de desarrollo multilaterales y de ámbito latinoamericano; preparar términos de referencia para concursos, si estos debiesen hacerse; seleccionar los equipos a ser encargados de los trabajos y contribuir a su alineación con las ideas del desarrollo sostenible, la ordenación del territorio y la planificación estratégica que propone este Guion.

Caracas, 29 de abril de 2020

Ver trabajo completo: https://orinocodotblog.files.wordpress.com/2020/04/guion-guayana-05-05-2...

«Todo en exceso es malo». Esta expresión tan usada en el mundo del deporte o la nutrición parece que puede aplicarse también al ámbito de la seguridad ciudadana. Al menos esta es la conclusión a la que llegó Acceso a la Justicia al revisar la evolución de los cuerpos policiales venezolanos desde el año 2000 hasta 2018 y el impacto que han tenido en el control de la criminalidad.

En el informe titulado Visión panorámica del sistema policial en Venezuela (2000-2018), que la organización elaboró a lo largo de 2019, se concluyó que si los índices delictivos, en particular el número de homicidios, no se ha reducido sensiblemente en el país durante el período bajo estudio no es por falta de policías sino por la ausencia de unos bien formados, capacitados y dotados para cumplir su función.

En la investigación se afirma que Venezuela padece desde 2006 de «hipertrofia policial», es decir, el país cuenta con muchos más uniformados de los necesarios, pero ellos no son capaces de cumplir de manera eficiente su labor.

En el documento, de noventa páginas de extensión, se lee lo siguiente:

«Así, se pasó de un total de 114.463 funcionarios policiales en 2006 a más de 175.000 para inicios de 2017. Esto significa que el pie de fuerza policial ha tenido un crecimiento aproximado de 53% en ese lapso, incrementándose la tasa de encuadramiento policial 128 puntos más, para llegar a 557 policías por cien mil habitantes, 207 puntos por encima del estándar internacional»,

Debe aclararse que este dato aparece hasta 2017 porque ha sido imposible conseguir cifras oficiales para 2018. De hecho, en el informe se destaca la opacidad de la información pública y la dificultad de acceder a ella.

Sin embargo, el aumento en el número de agentes policiales no se ha traducido en una reducción significativa de los índices delictivos ni en una mejora en la percepción de la seguridad por parte de la ciudadanía. Así, en el reporte se recordó que en 2016 Venezuela alcanzó una tasa de homicidios de 70,1 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a las cifras suministradas por el Ministerio Público en 2017. Estos datos ubicaron al país como el segundo más peligroso del mundo.

En la investigación se toma nota de la disminución en el número de homicidios registrada en los últimos años, pero se advierte que la misma es «coyuntural» y que «no afecta la tendencia general».

Lo que debió ser y no fue

En el reporte se hace especial mención a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), organismo creado por la Constitución de 1999 y cuyo diseño fue uno de los principales logros de la Comisión para la Reforma Policial (Conarepol), que el Gobierno del fallecido Hugo Chávez puso en marcha en 2006, tras escándalos como el ajusticiamiento de un grupo de estudiantes universitarios en el barrio Kennedy de Caracas o el secuestro y posterior asesinato de los hermanos Faddoul a manos de agentes policiales.

«El caso de la PNB es emblemático, en apenas seis años (2009-2015) alcanzó un número aproximado de 14.739 funcionarios», dice el informe, en el cual, sin embargo, se denuncia que:

«para llegar a esas cifras no se cumplen con estándares mínimos de selección, ni capacitación, y posteriormente se hace cuesta arriba llevar una supervisión y control eficiente de esos miles de jóvenes armados, que son sacados a la calle después de un tiempo de formación que resulta insuficiente».

Lo anterior explicaría por qué tantos integrantes de la PNB aparecen mencionados en crímenes.

Sin fondos

Acceso a la Justicia en su informe también indagó sobre los recursos con los que cuentan los cuerpos de seguridad para hacer su trabajo y halló que los mismos han venido reduciéndose indeteniblemente desde 2013.

Además, en los últimos años, entre 90% y 97% de los fondos otorgados para organismos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) o la PNB se destinan al pago de nóminas, con lo cual hay muy poco margen presupuestario para mantenimiento de patrullas, dotación de uniformes, entrenamiento, armamento, entre otros muchos elementos fundamentales para que estas instituciones cumplan con sus funciones cabalmente. El estudio elaborado por un equipo de expertos en la materia puede ser consultado en su versión completa, haciendo clic aquí.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los venezolanos y una de las razones por la que millones han dejado el país en los últimos cinco años. Solo en 2019 la violencia criminal se cobró más de 16 mil vidas, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Todo esto a pesar de que en el país hoy hay más policías que a principios de siglo.

La ausencia de cuerpos policiales con miembros bien formados, entrenados y dotados con los medios técnicos necesarios explica por qué la criminalidad sigue campeando en el país, poniendo en riesgo la vida y las propiedades de millones de personas, y limitando las posibilidades de desarrollo, por cuanto la delincuencia, entre otros aspectos, ahuyenta potenciales inversores extranjeros.

Enlace a la Nota:

https://www.accesoalajusticia.org/la-policia-es-mas-que-su-uniforme-el-caso-venezolano/

Enlace al Informe:

https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2020/05/Informe-sobre-desempeño-sistema-policial-venezolano-2000-2018-1.pdf

Enlace al Resumen Ejecutivo

https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2020/05/Resumen-ejecutivo-del-informe-sobre-policías-2000-2008.pdf

En líneas generales los países de Europa y Asia están reiniciando sus actividades laborales. En América Latina, Colombia y México han dado pasos en este sentido. En nuestro país Conindustria y Consecomercio han planteado la necesidad de actuar en esta misma línea. Sin embargo el gobierno decidió prolongar la cuarentena, en lo cual parece haber influido la crisis de combustible y probablemente la poca confianza del régimen en sus cifras de contagio, que le hace prever que la pandemia se complicará. Los economistas han sido particularmente críticos con esta decisión la cual condena a los ciudadanos y a las empresas al colapso.

Los países en Europa y Asia están reiniciando sus actividades laborales. Las implicaciones de la cuarentena sobre el desempleo han obligado a estos países a tomar esta decisión a pesar de que las cifras de contagios siguen siendo elevadas. El reinicio de actividades viene acompañado de la continuación de las llamadas medidas de bioseguridad: uso obligatorio de las mascarillas, lavado o desinfección de manos y el distanciamiento social.

En América Latina varios países han dado pasos en el mismo sentido. El gobierno de México anunció que reiniciarán actividades en algunas áreas, entre las cuales destaca la producción de partes de vehículos, que forma parte de una cadena integrada a la producción de vehículos en los Estados Unidos. Colombia también ha comenzado a reiniciar las actividades en la industria manufacturera y en la construcción. En estos últimos países la cuarentena ha hecho estragos en la economía informal incrementando el desempleo y la pobreza, lo cual es un acicate adicional para la flexibilización de la cuarentena debido al elevado peso de la economía informal en sus economías.

En Venezuela la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria) ha exhortado al gobierno para que, de forma progresiva, inicie el proceso de restitución de la actividad empresarial en el país. El organismo señalo que el “estado de alarma” decretado en el mes de marzo ha acelerado el deterioro que ya venía presentando el sector manufacturero. Señala también que entre los efectos de la cuarentena destaca la paralización casi total de la industria, con la consiguiente pérdida de miles de empleos agravando la situación de hambre y necesidad por la que atraviesa un elevado porcentaje de la población venezolana. En abril el presidente de Consecomercio propuso levantar el confinamiento de forma gradual para que el resto de los sectores económicos se incorporen de manera progresiva.

Los planteamientos de los industriales y comerciantes parecen haber tenido repercusión en el gobierno. El ministro Tareck El Aissami anunció que el gobierno planeaba flexibilizar la cuarentena en algunos sectores considerados no esenciales, lo cual parecía indicar que Venezuela avanzaría en la misma línea de Colombia y México. La posición del ministro chocaba con las de otros relevantes miembros del tren gubernamental quienes habían manifestado que si la cuarentena se levantaba podía haber un repunte de los contagiados por el virus, echando por tierra los esfuerzos que el gobierno había hecho para controlar la pandemia. Al final el gobierno optó por prolongar la cuarentena por 30 días más.

La decisión del gobierno no luce coherente con las bajas cifras de contagio que el mismo gobierno presenta. Así lo afirma el diputado y economista José Guerra quien planteó que la medida no tiene que ver con el coronavirus pues las cifras de contagiados dadas por el gobierno son muy bajas. Señaló además, que la decisión de prolongar la cuarentena tiene que ver con la crisis de combustible, pues la economía se encuentra paralizada por la restricción impuesta por ésta.

Una razón adicional que debe ser considerada, además de la señalada por Guerra, es la poca confianza que el gobierno tiene en sus cifras de contagiados. El régimen parece estar consciente que las cifras de contagio son superiores y que el problema puede agravarse, como lo ha indicado la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales. La Academia ha señalado que en las cifras oficiales hay un subregistro que oscila entre 63 y 95% y que las cifras de contagiados se elevarán en las próximas semanas.

Los economistas han sido particularmente críticos con la decisión de alargar la cuarentena, por sus implicaciones sobre las empresas. Asdrubal Oliveros de Ecoanalítica señaló que “esto es tan grave como la pandemia”. Señaló Oliveros adicionalmente que “mantener paralizada la economía en medio de la peor depresión económica de nuestra historia y sin un Estado capaz de ofrecer algún estimulo, condena a los ciudadanos y a las empresas al colapso. La cuarentena debe empezar a levantarse”.

Profesor UCV

Las autoridades universitarias y algunos profesores parecen estar especialmente preocupados por el cumplimiento de la actividad académica en las condiciones impuestas por la cuarentena. Se preguntan constantemente qué forma podría adoptar, sobre todo en el aspecto docente, y qué habría que hacer para impartir clases, ya sea con el propósito de reanudar los períodos lectivos inconclusos, ya para terminarlos si solo les faltaba la evaluación final o poco menos e incluso para iniciar nuevos semestres. Y lo que preocupa a las autoridades también se lo plantean al conjunto de los profesores, al menos allí donde se han creado grupos a través de las redes sociales que permiten cierto grado de comunicación.

Como parece lógico suponer, lo que pueda hacerse, sea lo que fuere, debe tener una calidad académica equivalente a lo que se hacía antes de la suspensión de actividades. Así que responder a aquella pregunta requiere como paso previo verificar la disponibilidad de medios para la eventual implementación de la opción sucedánea, es decir, la telemática. Es bueno recordar que las modalidades de enseñanza presencial y a distancia tienen sus propias lógicas y estándares de desempeño, por lo que no se trata de reducir la segunda a los parámetros de la primera. Por calidad equivalente entiendo que los resultados formativos alcanzados a través de una u otra de tales modalidades deben ser comparables y no diferir significativamente.

Un rápido vistazo a los recursos tecnológicos y las condiciones de trabajo hogareño permiten concluir que no aseguran la equivalencia a que me refiero, independientemente de cuál haya sido el nivel de calidad del régimen presencial (podemos presumirlo bastante alejado del ideal pedagógico y en galopante disminución a lo largo de los últimos años por causas consabidas). La pésima conectividad a la red, los constantes cortes de electricidad, el penoso estado de los servicios básicos, la depauperación salarial, las cortapisas de la cuarentena y el impacto anímico de la crisis nacional (agudizado a ritmo creciente por la incertidumbre y las sombrías expectativas del porvenir que transmiten los anuncios deliberadamente fragmentarios del gobierno nacional), todos ellos son factores que obligan a examinar con detenimiento el propósito de desarrollar una actividad académica alterna digna de tal nombre. Subrayo, por cierto, que con excepción de la cuarentena los factores mencionados condicionaban ya la existencia concreta de los profesores universitarios antes de la eclosión de la pandemia, que actúa como un empeorador eficaz.

¿No puede, entonces, hacerse nada en absoluto? ¿Habrá que resignarse a la inactividad hasta que en algún indefinido momento del futuro la situación recobre la normalidad (a adquiera una nueva)? ¿O será por el contrario posible cumplir una actividad académica con garantía suficiente de calidad aun en condiciones de indigencia material e inestabilidad subjetiva como las actuales? Proponérsela a todo trance representa un voluntarismo ingenuo, tal vez estimulado por cierto sentimiento de culpa que nos conduce a recriminarnos (manía de autoflagelación frecuente en el medio académico) no estar haciendo lo suficiente por los alumnos, la institución, la sociedad...

Claro está, siempre resultará conveniente mantener la comunicación con los estudiantes de los cursos a nuestro cargo y con aquellos otros con los que tengamos algún vínculo institucional o personal. Será útil, pues, cultivar un contacto que sin perder de vista las circunstancias extraordinarias en que tiene lugar sirva para restablecer en alguna medida la relación docente abruptamente quebrantada. Se tratará por fuerza de una comunicación limitada y parcial a causa de los factores citados, pero que podría permitir a una escala variable según los casos tratar asuntos relativos a las asignaturas y otros aspectos del desenvolvimiento académico.

¿Cabría, no obstante, aspirar a algo de mayor alcance? Recientemente, en una rara demostración de sentido de la realidad y de repentino discernimiento de sus incumbencias, el Consejo Universitario aprobó (sesión del 29 de abril) una importante propuesta formulada por los consejos académicos del Sistema de Educación a Distancia (SEDUCV) y del Sistema de Actualización del Profesorado (SADPRO). Se trata de un conjunto de consideraciones y de recomendaciones, derivadas de una política institucional de alcance general -debida más a los esfuerzos emprendidos en aquellos espacios técnicos que al imperceptible impulso de la alta dirección universitaria- para encuadrar y prestarle fundamento a “la compleja tarea de concretar salidas que movilicen desde el ámbito de la EaD [educación a distancia] actividades académicas...” en las condiciones presentes (la cita extraída del documento que los promotores consignaron ante el Consejo Universitario). Esta propuesta ofrece en mi opinión la importante ventaja de acotar un campo razonablemente claro en contraste con las vagas exhortaciones de las autoridades, alusivas a una especie de imperativo pedagógico algo incorpóreo y por lo mismo librado a la interpretación del altruismo docentista.

Si bien el objetivo estratégico de SEDUCV y SADPRO es el desarrollo de la educación a distancia para hacer de la UCV una institución «bimodal», las recomendaciones que contextualizan ese objetivo son meridianamente claras con relación a las posibilidades efectivamente existentes en las circunstancias del momento: por una parte, evaluación de la dotación tecnológica y las capacidades humanas en cada espacio académico y conciencia de la especificidad de cada uno, de lo cual dependerá la oferta de actividades posibles, y por la otra consenso de los participantes para evitar la vulneración de derechos, sobre todo en el caso de los alumnos.

Nada de esto desde luego puede tener carácter obligatorio y no supondría más beneficio que el inmediato obtenido de su realización. Como es previsible, no todos los alumnos podrán participar en la misma proporción e incluso algunos se verán privados de la oportunidad de estas interacciones sustitutivas, así como habrá también profesores que no estarán en condiciones de proponerlas. De allí que cuanto se emprenda no podría constituir requisito para la futura actividad académica «normalizada» ni tendría efectos administrativos, a no ser que algún espacio académico particular cuente con las condiciones óptimas, lo que en la contingencia en curso representaría una excepción no generalizable.

Fuera de lo apuntado – y destaco que dadas las circunstancias no es poca cosa- otro aspecto merecedor de atención se relaciona con la amplia y sistemática oferta de actividades de «alfabetización digital» impulsada desde SADPRO-SEDUCE. La respuesta que ha encontrado en el profesorado de la UCV (e incluso en el de otras universidades) pese a los múltiples obstáculos es un indicio inequívoco del interés extendido en el cuerpo académico por adquirir conocimientos y destrezas informáticas destinadas a ensanchar el horizonte didáctico. Tan necesario como atender a los alumnos resulta este estado de necesidad de un sector nada desdeñable del profesorado. La ratio institucional tendría que repartir su obligación gestora a partes iguales entre aquello y esto para que la iniciativa profesoral individual encontrara conveniente acomodo en su sintonía con ella.

Por último, hay otra tarea insoslayable planteada por la situación que el país confronta en esta hora problemática. Como miembros de una comunidad intelectual que se define por su propósito cognoscitivo y su vocación deliberativa, difícilmente podríamos encontrar justificación para eludir la obligación de reflexionar sobre el estado del país y la universidad, analizar las causas que lo han producido y debatir acerca de perspectivas y eventuales soluciones a cuyo diseño y ejecución tenemos que contribuir activamente. Tales cuestiones son también susceptibles de tratarse con los estudiantes en la forma limitada ya descrita, pero comprometen sobre todo la responsabilidad profesoral y deberían por lo tanto configurar una agenda concreta que otorgara sentido y dimensiones más o menos definidas a las preocupaciones de autoridades y sectores sensibilizados de la planta académica.

Cómo mantener el metabolismo basal de la universidad en una cuarentena de duración indeterminable (desde el ejecutivo nacional no dejan de reiterarlo aviesamente) ha de formar parte del interés de las autoridades. Pero sin monopolizarlo puesto que hay otros asuntos relevantes que también deberían merecer los desvelos del equipo rectoral y los decanos. Por ejemplo, ejercitarse aunque sea un poco en la prefiguración de las modalidades de inserción de la institución en el país sobreviviente de la cuarentena o durante las fases de su mitigación gradual. Semejante ejercicio, no es una veleidad futurológica, tampoco una distracción para sobrellevar el enclaustramiento, sino algo que guarda estrecha relación con la cada vez más necesaria y siempre postergada reflexión sobre la propia universidad.

¿Que las calamidades nacionales y su repercusión sobre la universidad hacen inoportuno el autoexamen y el debate sobre la naturaleza de la institución y su sentido real en el mundo contemporáneo? ¡Todo lo contrario! La oportunidad se insinúa propicia cuando con toda evidencia aquel proceso ha resultado impracticable en los largos y soñolientos períodos de «normalidad» institucional. Sin embargo, no parece haber agenda alguna que recoja estos temas. Las autoridades no están formulando proposiciones constructivas. Ni siquiera están al menos reconociendo la dificultad de hacerlo dada la complejidad de los asuntos en juego. Tampoco están estimulando su discusión en los diferentes espacios universitarios en los que el profesorado y otros sectores de la comunidad ucevista pudieran practicar sus habilidades analíticas y contribuir así a la búsqueda de salidas que como mínimo pudieran contraponerse a la improvisación, la ineptitud y la duplicidad gubernamental, dispuesta por lo visto a prolongar el confinamiento sanitario mediante su transmutación en cuarentena política.

En lugar de atarearse obsesiva y convencionalmente por la continuidad de las rutinas institucionales (un reflejo más de la simulación de «normalidad» de que en el pasado han dado muestras), las autoridades tendrían que asumir su papel de actores fundamentales -cualidad, ay, inherente a los cargos directivos- y contribuir a gestar una atmósfera acogedora para la movilización de las energías intelectuales de la institución. Por su parte los sectores más activos, comprometidos y conscientes del profesorado también deberían hacerlo, como iniciativa no necesitada de más aliento que el que le infunde la propia convicción. Sería sin duda una demostración de integridad y entereza en el seno de una institución que ofrece –con respetables pero escasas salvedades- cada vez menos signos de vitalidad.

Mayo 2020

El conflicto abierto al cual apuesta el régimen de Maduro desde el 2017, su llamado permanente a la lucha armada, a la preminencia del Ministerio de la Defensa y la casi completa militarización del espacio social venezolano, hablan inequívocamente de la gran debilidad y soledad que acusa el régimen soportado por el cubanismo y de espaldas a las demandas prescritas y pospuestas de los venezolanos, que mantiene a la mayoría de los venezolanos en estado de Calamidad Político Social. Toda esta realidad crea un ambiente de la explosión social. El grueso de los venezolanos de las clases C, D, E y F son menos que grupos marginales que luchan por subsistir, pero aun así son conscientes y verifican la inmensa debilidad de quienes siendo gobierno no han sido capaces de responder como tal, pero si como un Estado Cuartel. Estado Cuartel en contra de la ciudadanía.

El gobierno ordena ejercicios armados, organiza toma policial en los barrios, controla avenidas y carreteras, impone cadenas de radio y televisión, ahoga con propaganda el espacio radiofónico y televisivo para promover acciones armadas contra otros Estados, pero no hace ni sabe Política. La política le es extraña, por cuanto ella demanda de ciencia, tolerancia, perseverancia, ética y realismo socio-político. Un gobierno debe ser político, en consecuencia, emplear su burocracia estatal, pero este gobierno se diluye en maniobras armadas, anuncios fraudulentos y fintas de imaginarias acciones desmentidas ya por el venezolano sufrido, harto y a punto… de la Explosión Social responsabilidad del régimen militarista.

El régimen y su acólitos muestran una marcada tendencia al empleo de la violencia para disimular el Resquebrajamiento, que sigue y crece como reacción de un organización cerrada, piramidal, donde se privilegia al delator, al caporal, y al comisario político. Pero aun así, la violencia y abuso que afecta a lo interno del cuerpo armado, muestra la descomposición interna y refiere la falta de mando y comando, enorme inoperatividad por culpa de de quienes a cada momento son llamados y proclaman una operación armada, lo que muestran su gran debilidad militar. El régimen ignorante y quienes le están cercanos a la toma de decisión, desconocen que si no hay logística es imposible la táctica y la estrategia, que son las que hacen posible la guerra.

La guerra o violencia a la cual está atado el régimen muestra su brutal debilidad e incapacidad para accionar políticamente, no obstante logra imponer mensajes pero nunca acciones y, por incapaz, se olvida que la guerra es ciencia y requiere de política y estrategia, en consecuencia, obligatoriamente de un Poder político y un mando militar que sepa de táctica. Este régimen grotesco y farsante carece de ambos. La guerra, combate o confrontación bélica, demanda d una gran moral y don de mando, y todo que se ha negociado está ausente en su formación y accionar habida cuenta que ellos son una revolución. Revolución como Estado excepcional de defensa que vive un conflicto abierto y sin sentido estratégico para la nación venezolana.

La debilidad del régimen es harto notable, es equivalente a su permanente provocación a la guerra, que no puede ejecutar por cuanto está cercado internacionalmente… además que otea una explosión social, porque la sociedad en su mayoría le es adversa y desprecia el Estado Cuartel. Ese Estado Cuartel que está enjuiciado por ser parte de carteles de la droga. El régimen está cercado por el mundo, es despreciado por la mayoría de los venezolanos, su condición político internacional es de inmensa debilidad, en consecuencia, su morisqueta hacia la guerra y por la guerra constituye -desde ya- un descalabro cercano a la locura.

La política como ciencia del poder y la estrategia como norma de la guerra se impondrá como arte para gobernar, el Estado Cuartel de Maduro sucumbirá ante la sociedad democrática. Sociedad democrática que es la base y razón central de quienes juran como gobierno y la revolución se distancia por su ideología e incapacidades para de pronto asumir por ignaros: que pueden llamar a la violencia y mucho menos a la guerra. La guerra como choque natural o violencia, para obligar a un enemigo no ocurrirá en Venezuela. La sociedad venezolana democrática tiene claro que este régimen bufón está de salida, por incapaz y retrogrado pero además, por cobarde y corrupto que ha conseguido compañeros de camino torpes e irresponsables, que todavía no comprenden que la guerra es del Estado. Venezuela aspira un Estado de orden y de paz en el siglo XXI y jamás los amagos de GUERRA de unos ilusos revolucionaros incapaces y corruptos.

Director CSB-CEPPRO

@JMachillandaP

Caracas, 12 de mayo de 2020

A principio de este año la Red Agroalimentaria de Venezuela, como parte de su proyecto de seguimiento de la situación de la agricultura y la alimentación en nuestro país, decidió iniciar un conjunto de actividades entre las cuales incluyó un estudio preliminar, concluido en abril 2020, que tituló “Capacidades para la innovación tecnológica agroalimentaria en la Venezuela de hoy”.

Dicho estudio contó, como todo lo que se intenta averiguar en este momento que vivimos, con la casi absoluta carencia de fuentes públicas de información confiables, lo que obligó a la consulta de algunas individualidades en la búsqueda de visiones que permitieran la construcción de una imagen lo más próxima posible a la realidad.

A continuación, se presenta un conjunto de resúmenes y sugerencias sobre los distintos aspectos tratados que condujeron a una conclusión general que también incluiremos en esta apretada síntesis de lo encontrado. El trabajo completo puede ser consultado en el vínculo electrónico que se incluye al final..

1. La innovación tiene que asumirse como un proceso de adopción de cambios que conduce a la transformación de las formas como se hacen las cosas, sustentado en conocimientos generados como producto de la investigación, el desarrollo tecnológico y la actividad productiva misma. En consecuencia, la interacción entre los ámbitos mencionados y sus actores, es una condición no solo deseable sino indispensable.
2. En las condiciones que atraviesa el país actualmente, la innovación tecnológica no es preocupación política del poder ejecutivo nacional y si bien los actores involucrados en cada una de las cadenas de valor que constituyen el sector agroalimentario reconocen su importancia, es muy poco lo que pueden adelantar sin el concurso gubernamental.
3. Lejos de poder hablar de una institucionalidad, en el sector agroalimentario prolifera un número muy considerable de organizaciones que más que contribuir a su solidez lo complica en funcionamiento, dando pie a una multiplicidad de decisiones que, en el caso de las gubernamentales, acompañadas de frecuentes silencios administrativos, entraban su accionar.
4. La simplificación organizacional del sector gubernamental, su conducción civil técnicamente apoyada y la coordinación efectiva entre los actores del sector privado deben permitir la consolidación de un sistema eficiente que facilite las decisiones apropiadas. La existencia de al menos 12 ministerios con competencias sobre el sector y de más de 250 empresas en manos del gobierno se han demostrado incapaces de solventar las necesidades agroalimentarias de la población venezolana.
5. La militarización de la gerencia oficial del sector, lejos de favorecer su ordenamiento, ha acentuado el parcelamiento del mismo y la competencia por poderes que son ejercidos a la voluntad de turno.
6. Es de destacar, que la sanidad agrícola y la garantía de la inocuidad de los alimentos está seriamente comprometida por la falta de apoyo técnico y económico que atraviesa el órgano gubernamental obligado a velar por este aspecto importante, que se agrava por la conducción del mismo con criterios dogmáticos, alejados de la ciencia, que le impiden cumplir adecuadamente con sus responsabilidades.
7. Los viejos problemas relacionados con la salud animal y vegetal se han agravado, y el inevitable surgimiento de nuevos carece de respuesta apropiada en términos del momento en el que se toman las decisiones y la capacidad funcional para implementarlas. La adecuación del funcionamiento del INSAI a las necesidades actuales y la dotación de recursos para cumplir con su muy importante papel resultan una prioridad urgente e ineludible.
8. El abandono de la responsabilidad del Estado de cofinanciar la investigación científica y tecnológica como lo dicta la correspondiente ley, tal y como ocurre tanto en muchos países del mundo desarrollado como en los que intentan la búsqueda seria del mismo, ha dejado a las universidades y centros de investigación sin ninguna capacidad para cumplir con esa importante parte de sus obligaciones, limitándolas a adelantar precariamente sus responsabilidades docentes, siendo estas cada vez más difíciles de satisfacer apropiadamente.
9. Si a esto agregamos la depresión profunda que experimentan los sectores productivos y la carencia de recursos económicos para atender otra cosa distinta a su sobrevivencia, tendremos una visión muy completa del retroceso que ha sufrido la enseñanza superior, así como la ciencia y la tecnología en la Venezuela de estos años recientes.
10. La enseñanza universitaria de carreras vinculadas a lo agroalimentario está en manos de universidades consolidadas en el tiempo, tanto las llamadas autónomas como las experimentales, a las cuales se han unido toda una nueva oferta de oportunidades de estudio que superficialmente dan la impresión de garantizar el desarrollo de los talentos humanos requeridos a lo largo de toda la geografía nacional. Es de destacar la aparición de la figura de Universidades Experimentales Politécnicas Territoriales para cobijar a los antiguos institutos universitarios de tecnología y a los colegios universitarios, y a esta se suma la de las Universidades Alma Mater.
11. Este complejo entramado organizacional requiere una revisión detallada destinada a recuperar la institucionalidad universitaria sin con esta intentar abandonar la muy importante formación a nivel técnico, erradicando la intención de acabar definitivamente con la Universidad, suplantándola con un modelo que cobijado bajo el manto de “inclusión” y la “desconcentración territorial” pretende sustituir calidad académica por cantidad de cursantes, dejando de lado el inmenso esfuerzo que hay que realizar para mejorar radicalmente las etapas educativas previas en las que incluimos, sin ninguna duda y con mucho énfasis, la educación pre escolar.
12. La revisión realizada señala la existencia de al menos 22 carreras largas (4 o 5 años de estudio, en 20 organizaciones) y 19 carreras cortas (3 o menos años de estudio, en 30 organizaciones) relacionados con el sector agroalimentario a lo largo y ancho de todo el país. A los tradicionales títulos de Ingeniero Agrónomo y Médico Veterinario en los últimos años se han agregado todo un conjunto de nuevas titulaciones que por sí solas no permiten determinar la formación que recibieron los que se gradúan en ellas, añadiendo a la diferenciación entre organizaciones que impone el mercado laboral a la hora de incorporar personal a su nómina, la innecesaria duda que impone el nombre de la carrera.
13. Al revisar la situación de los postgrados nacionales se detecta el mantenimiento de la tradicional oferta existente, pudiendo decirse que en cuanto a Especializaciones, Maestrías y Doctorados, en el papel, las oportunidades de formación avanzada están disponibles Esta oferta que es competencia de las universidades, ha sido extendida a determinados centros gubernamentales de investigación que en términos generales comparten con las universidades las mismas dificultades y consecuencias de las mismas.
14. Algo que merece señalamiento particular es la proliferación en los últimos años de los llamados Diplomados, los cuales son ofrecidos inclusive por organizaciones que no están facultadas legalmente para cumplir funciones educativas, Sus contenidos y duraciones son muy variables y han tenido una gran demanda por las facilidades para cursarlos a pesar de su costo. La tendencia ha ido disminuyendo lo que suponemos atribuible a la situación económica que prioriza otros gastos ajenos al crecimiento profesional.
15. En términos generales y basado en la información recibida, las instituciones universitarias y centros de investigación comparten las siguientes realidades, cuando comparadas con las que vivían hace aproximadamente 10 años:
16. El personal de profesores y/o investigadores ha quedado reducido a un 47% debido a jubilaciones, renuncias, abandonos de los cargos y desinterés en concursar por nuevas plazas. Las bajas remuneraciones y la emigración del personal más joven y calificado son los disparadores de esta realidad, de la que no escapa el personal técnico y el de servicios.
17. Los estudiantes de pregrado han disminuido aún más drásticamente, representando hoy un tercio (34%) del que cursaba hace unos años. Es realmente impresionante visitar campus universitarios donde el bullicio estudiantil es prácticamente inexistente. Las razones son fundamentalmente económicas, cuya precariedad a nivel de las familias venezolanas obliga a los jóvenes a buscar trabajo dentro y fuera del país.
18. En cuanto a los cursantes de postgrado hoy la cifra nacional debe ser muy inferior al 40% de los de antes y a esto hay que añadirle que los que persisten lo hacen en su mayoría a dedicación parcial, cumpliendo exclusivamente con la carga académica correspondiente a las asignaturas obligatorias de los correspondientes programas, postergando indefinidamente el comienzo del componente investigación.
19. Las organizaciones carecen de planes propios de becas y las existentes son de montos tan irrisorios que hacen imposible el subsistir estudiando si se depende exclusivamente de ellas. A esta condición hay que añadir la perdida de los servicios de transporte que prestaban las organizaciones por el deterioro y no reposición de las unidades destinadas a tal fin, así como el muy importante cese de los servicios de comedor, así como los de medicina y odontología para los estudiantes.
20. Los laboratorios para docencia e investigación están muy deteriorados, desmantelados por el robo, desactualizados en cuanto a equipamiento y carentes de las sustancias y reactivos indispensables para su funcionamiento.
21. El trabajo de campo, indisolublemente ligado a la investigación agrícola, está prácticamente interrumpido desde hace años por falta de vehículos apropiados e insumos para el establecimiento de ensayos, sin olvidar la carencia de recursos para cubrir los gastos implícitos en toda movilización. Lo poco que se está haciendo se adelanta con al apoyo financiero de los productores agrícolas, individualmente, a través de organizaciones creadas por los gremios o con aportes de empresas privadas vinculada al ramo.
22. Las bibliotecas que permanecen activas se han convertido en salas de lectura de materiales viejos en cuanto a su fecha de edición y sin las renovaciones, desde hace muchos años de las revistas científicas y tecnológicas que les permitían a estudiantes, profesores e investigadores mantenerse al día.
23. El robo continuado de equipos de computación y del cableado telefónico, unido a las interrupciones frecuentes de la energía eléctrica, mantienen incomunicadas a muchas de las organizaciones, incomunicación que impide satisfacer parcialmente, con la búsqueda en internet, la necesidad de información actualizada.
24. Las limitaciones señaladas, soportadas desde hace muchos años, han disminuido considerablemente la realización de investigación nacional, lo que unido a la falta de intercambio con lo que sucede en otras realidades mundiales, ha disminuido notablemente la capacidad de apoyo al sector agroalimentario de parte de las organizaciones llamadas a generar conocimiento ajustado a nuestras realidades.
25. La difusión de lo poco que se ha hecho en los últimos años se ha reducido totalmente, dado que las reuniones científicas y profesionales han interrumpido su periodicidad, la más reciente se realizó hace 2 años (Sociedad Venezolana de Ciencias del Suelo), mientras que las gremiales encuentran cada vez más difícil cumplir con la establecida para las suyas.
26. Las revistas científicas y tecnológicas han abandonado su presentación en papel, todas han migrado al formato digital y de las 14 que fueron revisadas, solo una está “al día” en cuanto a su publicación (Bioagro de la UCLA).
27. Usualmente el interés de los productores y de la agroindustria de contar con apoyo tecnológico para la mejora de sus capacidades, los ha impulsado y sobre todo en momentos coyunturales, a crear figuras jurídicas a través de las cuales identifican problemas prioritarios que cuando tienen que ver con investigación se apoyan usualmente en las capacidades existentes en universidades y centros de investigación gubernamentales. Este tipo de asociación entre intereses privados y capacidades públicas se ha demostrado eficiente en la mayoría de los casos y es un modelo que debería institucionalizarse.

Sugerencias

Todas ellas redactadas con un carácter muy general, merecen un detallado desarrollo particular que no tiene cabida en este momento; por lo tanto, nos limitaremos a señalar someramente algunas recomendaciones.

a. Adelantar un inventario detallado y regionalizado de aquellas organizaciones venezolanas que tienen dentro de sus obligaciones la realización de investigación científica y tecnológica con posibilidades de servir de apoyo al sector agroalimentario, con miras a integrarlas cooperativamente dentro de este.

b. Estimular en todas las organizaciones con potencial para contribuir a la innovación tecnológica, una política tendente al mantenimiento operativo de fuentes digitales de información que incluya una descripción concreta de su misión, las actividades que realizan y/o servicios que ofrecen, sus productos y un directorio del personal con el que cuentan para su desempeño. La transparencia de la información es generadora de confianza.

c. Facilitar el encuentro entre los diversos actores de las distintas cadenas de valor que constituyen el sector agroalimentario nacional con miras a inducir la construcción de agendas consensuadas de trabajo, en las que estén incluidas actividades de investigación científica o tecnológica cuando necesarias, así como de formación del personal involucrado en las mismas.

d. Universidades y centros de investigación, actores privados funcionales de las cadenas de valor y el ente gubernamental designado deben constituir el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Sector Agroalimentario.

e. Es indispensable reducir el número de ministerios con atribuciones sobre el sector agroalimentario y regresar a mentalidades civiles con formas de actuación cónsonas con las mismas, la conducción del ente que se considere el llamado a ejercer la representación de las políticas de gobierno.

f. La Sanidad Agrícola debe recuperar la independencia de criterio en cuanto a las decisiones que tome su ente de adscripción y de no poder hacerlo valer en lo que a recomendaciones técnicas se refiere, dejar sentada su posición en salvaguarda de los intereses generales del sector.

g. El financiamiento de las actividades vinculadas a la ciencia y la tecnología deben contar con el apoyo financiero del Estado venezolano, El sector privado debe estar fiscalmente obligado a contribuir, pero definitivamente su representación debe participar en la asignación de los recursos que aportan, velando por su apropiada utilización.

h. Las universidades, sin comprometer su autonomía de decisión y como actor importante, deben integrarse decididamente a los esfuerzos cooperativos con el sector productivo privado, no solo en lo relativo a las necesidades de investigación, sino atender la demanda que en cuanto a formación de talentos humanos pueda este llegar a plantear.

i. En este esquema de cooperación, los postgrados se convierten en un instrumento vital ya que la necesidad de generar tesis como requisito de graduación, le confiere un calculado potencial de generación de conocimientos. Apoyarlos en sus necesidades instrumentales, garantizarles estudiantes mediante la oferta de becas a dedicación completa y dotarlos de recursos para adelantar sus líneas de investigación debe ser una política clara en próximas administraciones gubernamentales.

j. Para que las universidades y centros de investigación puedan cumplir con sus obligaciones es indispensable remunerar convenientemente a su personal, recuperar sus capacidades operativas, contar con acceso a información científica y técnica de vanguardia y dotarlas de medios para difundir eficientemente lo que producen en términos de conocimientos.

k. En un futuro inmediato las carencias de personal docente y de investigación deberán ser encaradas con planes atractivos para que nuevas generaciones se incorporen a esta actividad importante, los cuales deben no solo ofrecer remuneraciones competitivas sino oportunidades de desarrollo personal. Mientras, reincorporar personal jubilado, seleccionado por su capacidad de aporte real, es una posibilidad que de hecho ya se asoma tímidamente.

l. Vinculado al literal anterior, es importante realizar un inventario (no solo en el sector agroalimentario) de aquellas individualidades que abandonaron el país, identificando que hacen y donde están, con miras a tenerlas como referencia de consulta e inclusive contar con ellas para eventuales actuaciones en nuestras organizaciones. No es descabellado pensar en la posibilidad de diseñar programas específicos de recuperación de talentos venezolanos, como ya se han hecho en otros países, que unidos a contrataciones internacionales, nos permitan recuperar capacidades en corto plazo y comenzar el desarrollo de las generaciones de reemplazo.

m. La imposibilidad cierta de recuperar todas las bibliotecas en todas las universidades y centros de investigación ni siquiera en el mediano plazo, obliga a pensar en la creación de un Centro Nacional de Información y Documentación al cual se pueda acceder, desde cualquier rincón nacional, en la búsqueda de conocimientos bibliográficos disponibles en formato digital.

n. Dentro de este aspecto se debe rescatar las capacidades de las organizaciones y de las individualidades para difundir el resultado de su trabajo. Estimular la realización de eventos para la presentación de resultados y el intercambio de opiniones es importante, así como apoyar la publicación de revistas científicas y divulgativas, dotándolas no solo de recursos financieros sino de apoyo profesional en lo relativo a su edición. Estas acciones potenciarían las posibilidades para la innovación.

Conclusión

En las actuales circunstancias es absolutamente irreal, contar exclusivamente con las capacidades disponibles en el país, tanto humanas como de instalaciones, para lograr el apoyo tecnológico que demandará una agricultura y un sector agroalimentario integrado, acorde con lo que está siendo puesto en práctica en el resto del mundo e inclusive en países vecinos. El esfuerzo futuro tendrá que ser importante, aunque solo nos propusiéramos regresar a los niveles en los que nos encontrábamos a finales de los años 90 del siglo anterior.

Alcanzar lo que demandan los tiempos para tratar de cubrir, parcial y localmente, la necesidad de alimentos y otros productos derivados de la actividad agrícola implicará una política de Estado clara, que identifique las responsabilidades de los distintos sectores, estimule los consensos y vele por el cumplimiento de los acuerdos. Esa política dentro de las formas de actuación del régimen militarizado actual parece no tener cabida.

En lo inmediato debemos estar preparados para depender cada vez más de lo que podamos importar, mientras que la sinergia entre actores y el diseño de planes de acción consensuados tengan la oportunidad de establecerse, lo que requerirá un marco político democrático que devuelva al Estado a su papel de garante de los derechos de todos y permita que la interacción entre los distintos agentes vaya encontrando la vía hacía la consolidación de un sector agroalimentario nacional adecuado a nuestras realidades ecológicas, económicas y sociales.

Sabemos lo que hay que hacer, lo que falta es ponerlo en práctica.

Ver trabajo completo en

http://redagroalimentaria.website/Dispon%20Demas/Innovación%20tecnológica%20sector%20agroalimentario%20NV.pdf