El régimen militarista acentúa el Ambiente Político Real Violento para terminar de acorralar y azotar al 87% de demócratas en quienes crece la angustia, el miedo y casi la desesperación, como consecuencia de una sistemática guerra psicológica más un confinamiento obligatorio, junto al crecimiento exponencial de una miseria y calamidad político social de un régimen fracasado e incapaz para cumplir con las demandas previstas y pospuestas del cuerpo social. Persecución política, militar y policial, corrupción extrema son las prioridades del régimen militarista, cercado internacionalmente y quebrado económicamente, tanto así que es incapaz de proveer flujo eléctrico, agua, gasolina, alimentos o trabajo a la sociedad venezolana, como consecuencia se viene una hambruna y su desembocadura en una Explosión Social.

El régimen acobardado huye hacia delante y, de absurdo en absurdo, boquea, aúpa la guerra, incrementa los niveles de violencia, persigue y desaparece al ciudadano. Es decir, no hay gobierno y mucho menos política, lo que si hay es tiranía. Tiranía para la violencia, para la persecución armada, policial y la prisión arbitraria. No hay política, que es la que garantiza la estabilidad y orden razonable, la tiranía arbitraria persigue y arrincona durante 24 horas al día en todo el territorio nacional para, mediante una operación de guerra psicológica, perturbar emocionalmente a las masas y a los dirigentes de una sociedad que se niega a tolerar el bestiario cobarde y manipulador que no gobierna, pero daña y atemoriza empleando la polemología de manera criminal.

El régimen maximiza la arbitrariedad, maltrata y jura que logra de esta manera gobernar. Por violentos y torpes han subestimado a la masa democrática, que reacciona abrazada a la política. Son incapaces de entender que la sociedad democrática se reúne y orienta su gen democrático para activar la ciudadanía. Ciudadanía que junto a sus prohombres y dándose la mano con la política, que significa conciliar intereses, reunir dirigentes para activar su sociedad civil y abrazada a la Constitución podrá responder a la violencia y al peligro armado. De esta manera quedara claro que es posible que exista democracia, que hay política y que habrá cambio político.

CAMBIO POLÍTICO impulsado por esta sociedad azotada y violada, llena de hambre, pero a la cual le sobra coraje y moral ciudadana para construir poder, crecer en autoridad frente al militarismo socialista armado, pero despreciado por cobarde. Militarismo que no podrá oponerse al cambio político por cuanto actuara una sociedad civil con autoridad, dispuesta a impedir el dominio-sumisión de esta barbarie socialista. Todo que lo que tiene la ciudadanía y sus prohombres tienen claro que la regresión que intentara el marxismo cubanismo es más que inmoral y cobarde, es atentatoria al gentilicio del venezolano. La ciudadanía accionará por la desobediencia civil como método de lucha pacífica colectiva, y eso lo hará desde el callejón, el edificio, la calle, la parroquia, de noche y de día hasta alcanzar la Libertad.

La ciudadanía y sus prohombres serán los gestores del cambio político y demostrarán que ni siquiera la operación de guerra psicológica a una sociedad azotada y maltratada puede impedírsele ser democrática. La ciudadanía y su gen democrático, más la política derrotarán a la barbarie. La ciudadanía como un solo y gran vector con decisión progresiva, política consciente colectiva de su deber y cultura política sellara un hito histórico contra el militarismo absurdo, obsecuente y el atraso ideológico de una errática creencia de que “el Ejercito como Agente de Cambio Social”. tesis fraudulenta y atrasada.

La política y los prohombres derrotaran a este régimen, que está boqueando y se mantiene solo con fintas, maniobras, mentiras, confusión y cobardía. El gen democrático, la política como energía-fuerza conducirán a la República a la libertad. No habrá comunismo ladrón como gobierno, la ciudadanía, los prohombres y la política harán posible que Venezuela 2020 accione como sociedad civilizada y privilegie con el esfuerzo individual y conjunto la instauración de la democracia, la decencia de la ley y el desarrollo social, sociológico e histórico de la nueva República.

Es autentico,

Director CSB-CEPPRO

@JMachillandaP

Caracas, 19 de mayo de 2020

Las noticias diarias ocupan de manera exagerada nuestro tiempo y, entre ellas se cuela de nuevo si es o no conveniente negociar con el gobierno. Sobran artículos de analistas y políticos que se debaten entre esta opción y otras mas peligrosas, como este reciente, doloroso y pastoso incidente de la Operación Gedeón, que parece parte de la manida frase de “todo está sobre la mesa” o “por debajo de ella”. Hay que decir que el desastre al cual ha llevado la “revolución bolivariana” a Venezuela provoca alentar y apoyar cualquier aventura que acabe con ella, pero hay que entender que esa es la clásica reacción emocional, producto de la desesperación.

Sin embargo, una cosa es ese deseo y la impotencia de sentir que no se ha logrado construir una ruta exitosa para enfrentar la” revolución” y otra es repensar serenamente si no nos queda otra opción que negociar un acuerdo con quienes hoy gobiernan a Venezuela. Sabemos que el tema es bien delicado, que estamos pisando terreno “fangoso”, pero creemos que hay que plantearlo, quizás, de otra manera.

Mi punto de vista es que convendría evaluar el formato que tenemos hasta ahora, principalmente manejado, como es lógico, por los partidos políticos del gobierno y de la posición, lo cual, sin duda, pareciera correcto puesto que son quienes monopolizan el poder político, pero ese, precisamente es el punto que sugiero examinar con serenidad y frialdad.

El asunto es que, mientras la discusión se concentra en ellos, con una dudosa presencia o apoyo de la sociedad civil, los temas se han circunscrito mayormente al ámbito político, esto es, elecciones presidenciales o parlamentarias, cambios en el CNE, situación de los presos políticos, vigencia de la Asamblea y la Constituyente, temas sin duda de alta significación para Venezuela pero que no comprenden todos los asuntos que impactan gravemente la vida ciudadana, también de equivalente o mayor significación.

Una negociación en Venezuela tiene que ir más allá de ese formato y tiene que tratar los temas que realmente importan y afectan a todo el conglomerado nacional, independientemente de su posición politica, sea o no opositor. Luego, como consecuencia de esta tesis la sociedad civil venezolana tiene la necesidad y la obligación de involucrarse directamente en una negociación que tenga como primer objetivo salvar lo que queda de Venezuela y luego proponer un plan de reconstrucción nacional que, incluya de principio y como componente fundamental, el rescate de nuestro ordenamiento Constitucional que preserve un regreso la paz social, el rescate de las reglas democráticas y la prosperidad de todos. Son tres componentes sobre los cuales podríamos ponernos todos de acuerdo.

La sociedad civil, la ciudadanía y la gran masa de población son los más afectados por las medidas revolucionarias tomadas en los últimos 20 aňos. Son sujetos de confiscaciones, vigilancia, intervención, inseguridad, pobreza, miedo, aislamiento, emigración masiva, carencia de los más indispensables servicios públicos. Si, además, sus principales factores productivos han sido destruidos, su industria petrolera, sus sindicatos, sus gremios, sus universidades, sus medios de comunicación, su libertad de expresión, ¿no serán estos suficientes daños como para respaldar la necesidad de intervenir y responsabilizarse por su defensa? ¿no será oportuno y conveniente intentar negociar un acuerdo que, al menos, le ponga freno a la ruta que nos conduce a la ruina colectiva?

Reconozco que esta propuesta puede originar temores y suspicacias, especialmente en el mundo político, el cual puede percibir que se trata de sustituirlo, pero no es así. Nada niega que pueda ser evaluada conscientemente en el mundo de la sociedad civil organizada y, quizás, quizás, pueda abrir un frente de entendimiento con el gobierno y sus representantes políticos, fundado en una perspectiva diferente de los temas a discutir. Quizás, quizás tendría la ventaja de que podría reducir al mínimo la continua diatriba y la controversia diaria entre los partidos políticos, elemento que contamina fuertemente las posibilidades de un acuerdo.

Aclaramos que nada de esta iniciativa persigue, como se podría interpretar, regresar al esquema de la “anti politica”, pues se trataría de una ruta complementaria, pero no menos importante a la que se viene trazando hoy día. Todo lo contrario, quizás, podría ser una herramienta para reconstruir el peso y la vigencia de todos los partidos en un nuevo sendero de paz, democracia y prosperidad para toda Venezuela.

Finalmente, no deseamos que esta sugerencia se quede en estas notas y estos escritos, por lo que invito, públicamente, a abrir un debate sobre ella y evaluar hasta donde nos sirve continuar el camino por la ruta actual. Podría ser, a la vez, una ventana para entendernos con la comunidad internacional que apoya a ambas partes.

En otra oportunidad hemos propuesto la creación de una Plataforma para la expresión de la sociedad civil venezolana. Quizás esta sea una oportunidad para intentar algún formato de encuentro o de articulación entre sus distintas organizaciones con esta finalidad.! ¡Imaginarse una Venezuela que nazca de un gran acuerdo no puede ser un despropósito!

Caracas, 20 de mayo de 2020

En el desarrollo de las actividades del ser humano en el mundo contemporáneo, destacan hoy en día, los deportes por su inmensa y creciente popularidad. Sin embargo, en este momento las actividades deportivas enfrentan un futuro incierto. Los efectos a corto y mediano plazo de la pandemia de COVID-19 son un gran desafío para el deporte, al menos para el tipo de deporte que hasta ahora ha sido promovido por los organismos deportivos internacionales.​

El aplazamiento de los eventos deportivos ya ha arruinado el esfuerzo y el entusiasmo de un gran número de atletas. Para aquellos que forman parte de la élite deportiva, el aplazamiento de los grandes eventos deportivos tendrá efectos indeseables. Requiere nuevos sacrificios personales. Y por si fuera poco, la concentración de competiciones prevista en un futuro próximo es incompatible con el entrenamiento físico y psicológico que requiere el rendimiento deportivo de alto nivel.​​

Es cierto que la práctica del deporte se ha convertido en un modelo de estilo de vida saludable. También es cierto que el deporte es una poderosa herramienta educativa y un excelente medio de integración de grupos socialmente vulnerables. Pero también es cierto que muchas de estas virtudes se han desarrollado deliberadamente bajo el paraguas de la comercialización deportiva de élite. Ahora es un producto comercializado a escala mundial, que emplea un modelo de negocios para el deporte que puede volverse insostenible en los próximos años, tal como lo es en estos días de COVID-19.​

Los presupuestos de miles de millones manejados por los principales órganos rectores del deporte: COI $ 5.7 mil millones; FIFA $ 6.4 mil millones; NBA $ 8.7 mil millones, solo para ofrecer algunos ejemplos, nos ayudan a describir el alcance del problema. Casi dos tercios de los ingresos de estas organizaciones provienen de los derechos de transmisión de los principales eventos deportivos.​

El apoyo público es el músculo más preciado en el deporte. Al igual que los conciertos musicales y las obras de teatro, el deporte es impensable sin una audiencia. Las manifestaciones de apoyo o rechazo de los espectadores o fanáticos son partes indelebles de un espectáculo deportivo. Y el espectáculo es precisamente lo que se vende y lo que hace que el deporte sea atractivo para el consumo mundial. Nada más importa: la soledad, los esfuerzos extenuantes, las lesiones (tanto físicas como psicológicas), todas estas cargas que llevan los atletas son secundarias en el modelo impulsado por el dinero mediático.​

Los efectos de esta pandemia serán duraderos y actualmente imprevisibles. Tal vez sea hora de repensar el modelo deportivo que queremos para el futuro. Un modelo insostenible desde el punto de vista económico, ético y medioambiental, o un modelo humano, respetuoso con la diversidad de género, la diversidad de capacidades y de opiniones. Un modelo más democrático en la gestión y la práctica deportiva. En definitiva, un mundo del deporte comprometido con los valores del esfuerzo, la responsabilidad social y los principios éticos universales. Por encima de todo, los atletas son seres humanos, y como tales sus derechos deben ser respetados.​

Usualmente, el Gobierno nos oculta la información sobre el país. Prefiere siempre versionar la realidad nacional a través de un relato acomodaticio, a veces con visos de fantasía, siempre aderezado con una buena dosis de épica. Un relato a partir de la fotografía de una sociedad que no es la que uno siente, de la que uno tiene constancia. En fin, ya se sabe, el apego a la verdad no es una de sus cualidades. Su falsificación de la realidad es dignificada como estrategia, herramienta de gestión mediante la que se descartan las circunstancias que empañan su modo de conducir al país.

En suma, el Gobierno no nos informa, sino que pareciera, más bien, que elabora conjeturas con base a sus convicciones e intereses políticos, lo cual determina que, durante estos días de coronavirus, la información oficial sea escuchada con escepticismo, por decir lo menos. Siempre hay un manto de sospecha. Es que nos hemos acostumbrado a estar siempre moscas. Casi nunca sabemos en donde se encuentra la verdad.

Habla la Academia

Actualmente se está llevando a cabo en diversas instituciones y distintos países investigaciones, en no pocos casos de manera abierta y colaborativa y que tienen lugar en tiempo real, al instante en que se están produciendo los acontecimientos. Todavía se ignoran muchas cosas del coronavirus, hacen falta datos, no hay estudios concluyentes y no se cuenta aún con la vacuna.

En Venezuela, hace alrededor de una semana, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) presentó un análisis del “Estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios”. Se trata de un informe que recoge el conocimiento y las experiencias de diversos investigadores en el área biológica y epidemiológica y en el que, además de un diagnóstico de la situación de la pandemia en el país, pronostica su posible evolución y sugiere un conjunto de medidas para fundamentar políticas orientadas a lidiar con un escenario que, según su hipótesis, marca una tendencia a empeorar.

Resulta importante advertir que dicho estudio fue entregado a los organismos gubernamentales correspondientes, antes de ser mostrado a la opinión pública

Habla el Gobierno

No debe causar sorpresa la reacción oficial. A su inclinación a crear una “realidad paralela”, como dije al comienzo de estas líneas, hay que añadir su actitud hostil (no creo exagerar) frente al sector académico, lo que ha traído como consecuencia que las capacidades tecno científicas del país se hayan venido muy a menos todos los sectores y áreas.

Por tanto, la respuesta del gobierno se dio dentro de lo que era previsible. En efecto, en vez de convocar a un encuentro con los investigadores para examinar el documento y concluir en lo que sería aconsejable realizar, lo descalificó a priori, dudando de sus cifras, atribuyéndole una mala intención política (?) e, incluso, dicho sea de paso, pero no tan de paso, amenazando a los investigadores con una visita policial.

Matar al mensajero

El Gobierno optó, entonces, por descalificar a quienes le traían la noticia. Prefirió matar al mensajero, como suele decirse. Sin ser psicólogo, Perogrullo indicaría, a lo mejor copiándose de Freud, que escogió la manera más absurda de enfrentar (¿borrar?) hechos que le resultan intolerables frente a un relato que cuenta lo bien que está manejando la situación.

A uno no le queda, entonces, sino rogarle al cielo para que los investigadores de la Academia estén equivocados y no ocurra lo que científicamente alertan que podría pasar, que, por cierto, es lo que, con sus particularidades, está ocurriendo alrededor del planeta en sociedades menos frágiles que la nuestra desde el punto de vista de su sistema sanitario.

Afirman algunos filósofos que el Covid-19 ha reactivado el sentimiento religioso. Esperemos, pues, la posibilidad de un milagro que nos saque de una posible tragedia.

Ignacio Avalos Gutiérrez

El Nacional, miércoles 20 de mayo de 2020

En consideración de los múltiples análisis y reflexiones que genera y también requiere una situación tan delicada como la que estamos viviendo, hemos decidido ceder el espacio del editorial a personalidades quienes, desde diferentes profesiones y experiencias, nos ofrecerán su visión sobre el futuro que nos espera, o quizás, más bien, el futuro que podemos construir.

La pandemia volvió pequeño el mundo y mostró, quizás más que nunca, la unicidad de los seres humanos. Sin embargo, también marcó diferencias importantes en lo que se refiere al manejo y la gestión organizativa de nuestras sociedades. Día tras día vemos cuán delgado puede ser el hilo que separa los conceptos de libertad y solidaridad, democracia y autoritarismo.

Como escribió el filósofo Yuval Noah Harari: “En este momento de crisis, nos enfrentamos a dos elecciones particularmente importantes. La primera es entre vigilancia totalitaria y empoderamiento ciudadano. La segunda es entre aislamiento nacionalista y solidaridad mundial”.

El miedo generado por una pandemia que se ha expandido en 187 países, ha infectado a 4.106.238 millones de personas y ha matado a 282.850, se está transformando en una arma poderosa en manos de gobiernos dictatoriales, autocráticos o con tendencias autoritarias. Cuando la pandemia empezaba a mostrar sus dientes afilados el filósofo italiano Giorgio Agamben alertó sobre el peligro de militarización de las vidas de las poblaciones, y, si bien en el momento en el cual escribió ese artículo para el diario Il Manifesto, a finales de febrero, no se podía apreciar en toda su dimensión devastadora la difusión del contagio del Covid-19, interceptó un problema con el cual vamos a tener que confrontarnos cuando este tiempo excepcional llegue a su fin.

Hasta el momento las medidas de confinamiento obligatorio han resultado necesarias y positivas porque como bien dijo el filósofo francés Jean-Luc Nancy: “Hay una especie de excepción viral – biológica, informática, cultural – que nos pandemiza”.

Lo que no deja de inquietarnos son los extremos a los que podría llegar ese estado de excepción tan importante para el bienestar de los pueblos. Países con gobiernos totalitarios como China están profundizando el control sobre la ciudadanía gracias a las nuevas tecnologías. En Venezuela el gobierno está aprovechando la pandemia para multiplicar la presencia militar en la calle y monopolizar la información. En Hungría el primer ministro Viktor Orban ha logrado transformar una democracia en dictadura con la anuencia de un parlamento que le permitió gobernar por decreto durante un tiempo indefinido. Para muchos otros gobiernos que estaban confrontando manifestaciones y protestas, la pandemia ha representado una tabla de salvación inesperada.

También en los países más democráticos el virus sirvió de excusa para dejar pasar leyes que en condiciones normales hubieran alimentado debates y críticas. Por ejemplo, en Estados Unidos una de las primeras medidas del Presidente Trump fue la de promover la limitación del derecho de asilo, mientras que en Israel el premier Benjamin Netanyahu permitió que el Servicio de Seguridad General usara la tecnología de vigilancia normalmente reservada a la lucha contra el terrorismo. Muchos más son los ejemplos que podríamos dar.

Sin embargo, quienes apreciamos y defendemos la democracia y la libertad, también sabemos que esas dos palabras encierran otro concepto muy importante: la responsabilidad. Responsabilidad individual y social.

Tras varias semanas de confinamiento el mundo económico pide a grandes voces un gradual regreso a la normalidad. El peligro de un colapso económico mundial es real y los gobiernos están suavizando las medidas que mantuvieron a las personas encerradas en sus respectivas casas. Muchos políticos saben que, si volviera un brote de coronavirus, como alertan médicos y científicos, las cifras de muertos se multiplicarían porque los sistemas sanitarios siguen inadecuados para enfrentarlo. Asimismo, saben que el desplome de la economía también puede causar miles de muertos.

Si la política está frente a una encrucijada de difícil solución, para los ciudadanos ha llegado el momento de demostrar que están listos para vivir en democracia.

Son miles las personas que tienen que volver al trabajo porque no pueden realizar sus oficios sentados frente a un escritorio en la comodidad de sus hogares, pero hay también muchas otras que sí pueden quedar en sus casas y evitar hacinamientos inútiles. Por respeto propio y sobre todo por respeto a quienes tienen necesariamente que trabajar en la calle, estos ciudadanos deberán aprender a auto-reglamentarse.

Si no queremos gobiernos gendarmes, si apreciamos nuestra libertad y nos oponemos a ser rastreados a través de los celulares u otros aparatos, debemos aprender a enfrentar nosotros mismos las situaciones de emergencia, entendiendo que vivimos en sociedad y que hay que tomar en cuenta el bienestar de los demás y no solamente el nuestro.

Como bien dijo el filosofo surcoreano Byung Chul-Han: “Somos nosotros, personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo, y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad, para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta.”

11 de mayo 2020

@MBAFILE

ViceVersa

https://www.viceversa-mag.com/listos-para-la-democracia/?goal=0_fd015c95...

Desde que el virus SARS-CoV-2 se difundió desde China a la mayor parte del mundo en febrero y marzo, gradualmente todos hemos comenzado a participar en los dilemas éticos que figuran en los libros de texto. Por sobre todas las cosas, la pandemia de la COVID-19 ha enfrentado a los sistemas sanitarios sobrecargados con una tremenda pregunta: ¿cómo seguir cuidando a los pacientes de manera segura, justa y eficaz? Es preocupante, además, que la crisis no solo haya puesto de relieve la falta de preparación de los políticos y los sistemas de atención sanitaria, sino también nuestra incapacidad para desarrollar normas éticas relevantes.

A medida que se difundió la pandemia, muchos gobiernos implementaron precipitadamente protocolos médicos y de distanciamiento social que replicaron la draconiana respuesta de las autoridades chinas. Hasta principios de este año, los países más ricos discutían sobre el acceso a nuevas herramientas para el cuidado de la salud, como la robótica y la inteligencia artificial, o sobre la forma en que el Estado podría financiar tecnologías para la reproducción asistida. Pero en un abrir y cerrar de ojos, sus sistemas sanitarios, sorprendentemente y sin vacilaciones aceptaron éticas utilitaristas, no solo llevando a cabo un triaje drástico en las unidades de terapia intensiva, sino también negándose a ofrecer una gama de otros servicios muy necesarios.

Los libros de ética contienen numerosos dilemas filosóficos que cuestionan la moralidad de aplicar siempre el cálculo utilitarista a la vidas humanas. Uno de los más conocidos fue diseñado por la filósofa británica Philippa Foot: un tranvía fuera de control se acerca a toda velocidad hacia cinco personas atadas a las vías. Con una palanca puedes desviarlo hacia otra vía y salvar esas cinco vidas, pero entonces matará a una persona que está en ella. ¿Qué debes hacer?

Basándose solamente en el resultado matemático de la elección, muchos probablemente piensen que lo correcto es intervenir y sacrificar una vida humana para salvar otras cinco. ¿Pero, tanto este dilema como en la vida real, no debemos tener también en cuenta otros valores?

Después de todo, la pandemia de la COVID-19 presenta a los profesionales de la salud situaciones trágicas que nunca experimentaron antes. Y, si no hay suficientes profesionales de la salud, respiradores o camas en los hospitales, con frecuencia habrá que categorizar y priorizar a los pacientes para decidir qué atención recibe (o no) cada uno, y dónde.

A mediados de marzo, la Sociedad Italiana de Anestesia, Analgesia, Reanimación y Terapia Intensiva (SIAARTI) difundió recomendaciones para la asignación del tratamiento de terapia intensiva a los pacientes con COVID-19. Entre ellas se incluye al principio de «atender por orden de llegada» cuando no haya más recursos de terapia intensiva disponibles. Y, en abril, la Cámara médica húngara publicó una serie de lineamientos para el triaje de corte utilitarista, que se centran en salvar vidas y dar prioridad a los pacientes con mayor probabilidad de supervivencia.

Las cuestiones relacionadas con el tratamiento de los pacientes no infectados con SARS-CoV-2 son incluso más complicadas. Las normas bioéticas actuales ofrecen poca o ninguna ayuda y este grupo de pacientes suele quedar olvidado. El 7 de abril, por ejemplo, el gobierno húngaro ordenó a los hospitales del país que liberaran el 60 % de sus camas para recibir a los pacientes con COVID-19. Pero mientras la pandemia continúa, otros ciudadanos cuyas enfermedades no suponían inicialmente una amenaza de muerte, pueden pasar a la categoría de mayor peligro.

Los marcos éticos con los que contábamos no fueron diseñados para una pandemia... y se nota. Durante las últimas décadas, la bioética se ha centrado en las nuevas tecnologías, como la intervención genética, los biobancos, la modificación genética y la reproducción asistida. De hecho, el conjunto de normas bioéticas europeas más amplio y legalmente vinculante, el Convenio de Oviedo de 1997, indica que: «El interés y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia». Pero, en ese momento, los redactores del documento estaban más preocupados por la clonación y los tratamientos genéticos que por el brote de una enfermedad.

Tal vez sea más aplicable hoy día el Artículo 3 del convenio: «Las Partes [...] adoptarán las medidas adecuadas con el fin de garantizar, dentro de su ámbito jurisdiccional, un acceso equitativo a una atención sanitaria de calidad apropiada», pero tampoco este principio, si bien importante, responde la difícil pregunta de qué hacer cuando los recursos médicos repentinamente escasean, como ocurre actualmente.

A mediados de marzo, por lo tanto, tanto el Centro Hastings como el Consejo Nuffield sobre Bioética publicaron lineamientos éticos para responder a la COVID-19. Según el informe Nuffield, las medidas para la salud pública deben basarse en la evidencia y ser proporcionales a la situación, minimizar la coerción y la intromisión en las vidas de las personas, y tratar a los demás como pares morales. Además, la meta de las intervenciones, junto con el conocimiento científico, los valores y juicios en los cuales se basan, deben estar a disposición del público.

Luego, el 14 de abril, el Comité de Bioética del Consejo de Europa declaró que, incluso en un contexto de escasez de recursos, el acceso a la atención sanitaria debe ser equitativo. Además, debe responder a criterios médicos para evitar la discriminación de grupos vulnerables, como las personas con discapacidades, los ancianos, refugiados e inmigrantes.

Uno de los cambios éticos más significativos durante la pandemia surgirá de la necesidad de complementar los sistemas médicos previamente centrados en los pacientes con la llamada «atención comunitaria». En vez de hablar de «mi salud», tenemos que hablar de «nuestra salud».

Ciertamente, la relación médico-paciente aún se guiará por normas éticas fundamentales, como informar al paciente, protegerlo del daño y mantener la lealtad y confidencialidad. Pero, además, se debe aumentar el énfasis en los puntos de vista comunitarios y colectivos sobre la distribución de los recursos médicos limitados frente a lo que, hasta ahora, ha ocurrido.

No podemos dejar de lado los principios bioéticos básicos por el pánico de la COVID-19. Solo respetando la relación médico-paciente y nuestras obligaciones hacia la sociedad en su conjunto podemos garantizar que no se desperdicien los heroicos esfuerzos de los profesionales de la salud y proteger la integridad moral. Después de todo, cuando termine la pandemia, aún tendremos que mirarnos a los ojos... y no solo a través de pantallas.

Traducción al español por www.Ant-Translation.com

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/bioethics-principles-for-co...

La pandemia del coronavirus está mostrando fricciones en la relación entre ciencia y política. Ante este tipo de crisis, el asesoramiento científico al gobierno es crucial, pero se desarrolla en un entorno de elevada incertidumbre. Este diálogo también ha de imbuir al parlamento y ofrecer a los diputados información contrastada para aportar soluciones a esta crisis y a cualquier otra política pública.

En España, el asesoramiento científico legislativo permanente es una tarea aún pendiente. En consecuencia, planteamos aquí diez ideas para mejorar la comunicación entre ciencia y política, especialmente en el centro de la soberanía popular: el Congreso de los Diputados.

1. Entender las dinámicas del asesoramiento científico

Asesorar al gobierno es diferente de hacerlo al parlamento o al sistema judicial. El asesoramiento científico al ejecutivo se produce en entornos ministeriales con variedad de perfiles técnicos y científicos, con una jerarquía vertical definida y ante desafíos concretos e inmediatos.

En cambio, el asesoramiento al legislativo se da en un entorno político plural, donde todos los grupos tienen acceso al mismo conocimiento y se buscan soluciones a retos a medio o largo plazo. Se ofrece así a los diputados herramientas para un debate más informado y un mejor escrutinio al gobierno.

2. Promover interacciones entre científicos y políticos

Científicos y políticos trabajan en entornos muy distintos, por lo que pasar más tiempo juntos favorece el reconocimiento y la empatía mutua, la comprensión de sus limitaciones y una mejor comunicación.

Como ejemplos, Australia organiza desde 1999 en su congreso el encuentro Science meets Parliament. El Parlamento Europeo tiene una iniciativa similar desde 2005 y, junto con Francia y Reino Unido, desarrollan también programas de intercambio donde los parlamentarios visitan centros de investigación y los científicos viven la dinámica parlamentaria.

En España, la iniciativa ciudadana #CienciaenelParlamento organizó en 2018 las primeras jornadas entre científicos y políticos en el Congreso de los Diputados para debatir sobre temas de relevancia social. Fomentar la conexión ciencia-política no puede ser patrimonio de un único actor. Cuanto más plurales sean los organizadores y los formatos, mayor riqueza y fortalecimiento del ecosistema se alcanzará.

3. Sintetizar las evidencias con un lenguaje apropiado

El asesoramiento científico requiere sintetizar y presentar las evidencias en un lenguaje cercano para un público no experto. La Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología del Reino Unido (POST) tiene un equipo de profesionales que, tras consultar con expertos, elaboran informes de cuatro páginas que contestan a las preguntas de los diputados con un lenguaje comprensible.

Suele ser un ejercicio prospectivo para sentar las bases de futuros debates parlamentarios en temas que necesitarán legislación a medio y largo plazo. Un ejemplo es el informe sobre prevención de enfermedades mitocondriales mediante una técnica de reproducción asistida que utiliza ADN de tres personas distintas, que convirtió al Reino Unido en el primer país en regular dicha técnica.

4. Explicar el método científico y las incertidumbres

Acercar el método científico a los políticos es clave para que conozcan las limitaciones de la ciencia, evalúen la credibilidad de las evidencias cuando tomen decisiones y no esperen respuestas a preguntas que la ciencia todavía no puede contestar.

Recientemente, algunos medios han dado credibilidad a prepublicaciones que no han pasado por una revisión por pares exhaustiva propia de las publicaciones científicas. Por ejemplo, un estudio muy cuestionado sobre la hidroxicloroquina como tratamiento contra el coronavirus causó expectativa mundial con presidentes como Trump y Bolsonaro recomendando su uso, aunque sus asesores científicos señalasen que no había suficientes evidencias.

Es necesario comunicar el grado de incertidumbre, explicar conceptos (probable/posible o “crecimiento geométrico”) y señalar los consensos científicos, pero también los elementos donde la ciencia esté dividida. Todo esto sin obviar que en crisis como la actual la comunicación resulta más difícil.

5. Ciencia para la política, no política científica

La sociedad suele quejarse de que los políticos solo piensan en las próximas elecciones. Del mismo modo, los científicos suelen centrar sus demandas en la gestión y financiación -—siempre insuficiente-— de la investigación.

Sin embargo, el asesoramiento científico debe centrarse en cómo la ciencia puede ayudar a la gestión política delegando la política científica -—siempre importante-— para otros actores, gestores y políticos directamente implicados en ella.

Conviene distinguir cuándo el científico asesora y cuándo aboga, ya que va en ello su credibilidad ante su oyente político.

6. Trabajar con y para la sociedad

El asesoramiento científico no puede ser un diálogo exclusivo de élites políticas y científicas. Todo lo contrario, debe servir de enlace de la ciudadanía con el conocimiento científico y, especialmente, con el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Por ello, es preciso concebir formatos abiertos y diversos que involucren a los ciudadanos y también a científicos y políticos que no salen en las portadas pero que tanto trabajo hacen en la sombra. Asimismo, los informes científicos deben ser accesibles para todo el mundo para que cualquier persona o institución, académica o no, pueda consultarlos, revisarlos y complementarlos.

Este ejercicio de transparencia democratiza el acceso al conocimiento científico, enriquece el debate público y fortalece la democracia ya que, entre otras cosas, ofrece esta información a grupos parlamentarios pequeños que pueden no contar con una asesoría tan especializada. De hacerlo, se estaría cumpliendo con el objetivo 16 de la Agenda 2030 que promueve instituciones sólidas, eficaces y transparentes, y el Art. 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el cual toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

7. Contar con una oficina de asesoramiento científico

Para asesorarse, los diputados emplean sus propias fuentes y también recurren a canales institucionales. El parlamento español tiene las subcomisiones y ponencias de estudio y los servicios de documentación, pero carece de asesores adscritos a comisiones y de una Oficina Parlamentaria de Asesoramiento Científico y Tecnológico.

Estas oficinas ofrecen un espacio único y continuo de debate entre ciencia y política donde los parlamentarios se documentan de las últimas disrupciones tecnológicas e hitos científicos que requerirán preparar legislativamente al país. Estas oficinas, englobadas en la red EPTA, existen ya en 22 parlamentos en el mundo. España asume un coste de oportunidad elevado por no contar con esta herramienta en su parlamento.

8. Consultar expertos independientes y de distintas áreas

Los problemas de la sociedad son complejos y ninguna disciplina científica por sí sola tiene la solución definitiva. Ya sea para preparar informes científicos al parlamento o constituir un comité científico asesor al ejecutivo, conviene contar con expertos que trabajen en un tema desde distintas disciplinas o enfoques científicos. Para un problema de salud pública es esencial acudir a médicos, epidemiólogos, microbiólogos y farmacólogos, como también a sociólogos, psicólogos o economistas.

9. Especialistas en la comunicación entre ciencia y política

Para facilitar la comunicación se recomienda una figura existente en otros parlamentos: los técnicos de asesoramiento científico.

Estos son los encargados de realizar los informes científicos. No son especialistas en el tema en cuestión, evitando así sesgos personales, pero sí lo son en entender cómo funciona el método científico, en tratar con los expertos, en comunicar este conocimiento a los políticos y en mediar encuentros entre ambos mundos.

Su profesionalidad, independencia y neutralidad ha de estar garantizada para blindar la conexión ciencia-política.

10. Saber dónde termina la ciencia y comienza la decisión política

Conviene definir los roles de cada actor para delimitar dónde terminan las evidencias científicas y cuándo se toma una decisión política. La labor del asesor científico termina cuando ha ofrecido la información y contestado todas las preguntas. La decisión es terreno único del político.

Así como el asesor tiene que respetar -—que no necesariamente compartir—- la decisión tomada, el político hará bien en no parapetarse en “lo que dice la ciencia” o “lo que dicen los expertos” para legitimar todas sus decisiones políticas. Comparemos el asesoramiento científico con el VAR en el fútbol: ambos procesos ofrecen información adicional que árbitros y políticos usan para tomar la decisión final.

Esta pandemia ha dado ya varias lecciones, una de ellas es la necesidad de la comunicación real y permanente entre ciencia y política. Es imperativo generar mecanismos de asesoramiento científico adecuados para que esto suceda y poder así estar preparados para un futuro siempre cambiante.

En este artículo ha colaborado Lorenzo Melchor, especialista en asesoramiento científico y coordinador de la iniciativa Ciencia en el parlamento.

18 de mayo 2020

The Conversation

https://theconversation.com/diez-ideas-para-mejorar-la-comunicacion-entr...