El socialismo autocrático y burocrático, como el cubano, es un sistema generador de privilegios y desigualdades donde la gran mayoría de la población sufre carencias de todo tipo mientras una casta disfruta de una vida de lujos y privilegios. El modelo socialista replicado en Venezuela no se aleja de ello. La hiperinflación y la carencia de efectivo han generado un proceso de dolarización que incentiva una desigualdad que se profundiza cada vez más. Mientras un 20% de la población, tiene la capacidad de compra para adquirir exquisiteces en bodegones, el grueso de la población tiene un ingreso que no alcanza para cubrir el costo de la canasta alimentaria.

El socialismo autoritario y burocrático es un sistema que genera carencias que afectan a la gran mayoría de la población y un sistema de privilegios para una casta, que se ha denominado “la nomenclatura”. La propaganda se ha encargado de presentar al sistema socialista como un régimen igualitario, pero ello está muy lejos de la realidad histórica. El modelo cubano, que se ha replicado en Venezuela, no escapa a esta tendencia. En Cuba se ha consolidado un sistema policíaco y burocrático que ha arruinado a la economía cubana, sumergiendo a la mayoría de la población en una situación de pobreza, mientras una casta de privilegiados maneja las empresas del Estado y las escasas divisas que ingresan a la economía.

El llamado “socialismo del siglo XXI” que se ha instaurado en Venezuela es promotor de una desigualdad entre la población, que se agudiza cada vez más. Así lo afirma el economista Asdrúbal Oliveros de la firma Ecoanalítica quien señala: “Tenemos un país que por un lado, hay quienes compran exquisiteces en un bodegón y por otro lado tienes quienes no se pueden alimentar bien, no saben lo que es el jamón, pollo, queso, pan, un país extremadamente desigual. Eso lo puede ver en la misma ciudad, en la misma cuadra. Eso está pasando en Venezuela, porque hay un terrible sistema de desigualdad social que cada vez se profundiza más” (Noticiero Digital. 2019).

Como reflejo de esta desigualdad un pequeño grupo de privilegiados tiene la capacidad de compra para acudir a los bodegones y comprar delicateses. Este representa según Oliveros “un 20% de la población que son los que van a estos bodegones muy de moda en Caracas”, Este grupo está constituido en parte por la llamada boliburguesía integrada por empresarios vinculados al oficialismo, gerentes de empresas públicas y los altos funcionarios del Estado que no ocultan sus privilegios y se exhiben con zapatos de cientos de dólares, carteras y corbatas de marca. A ellos se les suma los que ahorraron en dólares en años previos y los que reciben remesas de sus familiares en el exterior.

Sin embargo “están otros 20 millones de personas en condiciones extremadamente precarias que podríamos dividirlas en tres grupos: un primer grupo en situación bastante crítica que depende de los subsidios del Estado, tipo la caja Clap, porque su ingreso está muy cerca o por debajo del salario mínimo; un segundo grupo que de alguna manera tiene ingresos por encima del salario mínimo, pero sigue estando muy lejos de lo que necesita y un tercer grupo que a lo mejor si tiene algo...pero el grueso de la población está entre el primer y segundo grupo”. (Noticiero Digital. 2019)

En el trasfondo de esta desigualdad está el proceso de dolarización que se ha adueñado de la economía como consecuencia .de la hiperinflación y la falta de efectivo. Leonardo Vera economista y profesor de la UCV estima que unos 13 millones de personas reciben dólares por concepto de remesas o pagos. Según los estudios de la firma Consultores 21 el 40 por ciento de la población manifiesta tener ingresos en dólares. La firma Ecoanalítica tiene un estudio con datos similares. Según Leonardo Vera las familias venezolanas reciben en promedio 90 dolares al mes lo cual es insuficiente para costear la canasta básica que Oliveros de Ecoanalítica estima en 500 dólares al mes (Noticiero Digital. 2019, Moleiro, A. 2019). Las remesas constituyen el segundo ingreso después del petróleo y equivalen a 3.700 millones de dólares según estimaciones recientes.

Entre los dos grupos que constituyen el grueso de la población están los empleados públicos pensionados y jubilados a quienes el Estado no les paga en dólares. Pueden recibir remesas que alivian su situación pero su nivel de carencias no se altera sustantivamente pues el ingreso de las remesas es insuficiente para costear sus necesidades básicas, como ya lo hemos señalado. “Y son unos 7-8 millones de personas” precisó Oliveros. (Noticiero Digital.2019). A estos grupos de empleados públicos pertenecen los docentes universitarios, los maestros y los profesionales de la salud que han estado presionando al régimen de Maduro por una mejora en sus ingresos y capacidad de compra. El régimen respondió con la aprobación de un salario mínimo que los gremios consideraron una burla pues no altera la situación descrita. Acaban de subir el salario mínimo a niveles que no superan los 10 dólares cuando se necesita al menos 500 para comprar las cosas que necesitas, según Oliveros.

Como señala el director de Ecoanalítica, el grueso de la población no tiene una capacidad de compra que les permita costear la canasta básica. Pero la situación es peor pues su ingreso no les permite ni siquiera cubrir el costo de la canasta alimentaria. Es el caso de los empleados públicos y de los que laboran en los diversos niveles de la educación así como los que prestan servicio en el sector salud. Su ingreso no alcanza ni para cubrir el costo de la canasta alimentaria, que el director del CENDAS estima en 300 dólares (Tal Cual. 2019). El salario de un docente universitario, por ejemplo, no supera los 50 dólares mensuales lo cual no cubre ni un 20% de la canasta alimentaria.

Referencia

Moleiro, Alonso. 2019. La hiperinflación acelera la dolarización en Venezuela. El País, 29 de octubre.

Noticiero Digital. 2019. Asdrúbal Oliveros: tenemos un terrible sistema de desigualdad que cada vez se profundiza más. 16 de octubre.

Tal Cual. 2019. Cendas. Venezolanos necesitan 600 dólares mensuales para cubrir necesidades básicas. 13 de noviembre-

Profesor UCV

En el organismo humano tiene que existir un adecuado balance entre el contenido de sodio y el de potasio, y mientras que éste último se adquiere con la ingesta de alimentos, las necesidades de sodio tienen que ser complementadas con la adición de sal común (cloruro de sodio) a los alimentos. A pesar del consumo de alimentos ricos en potasio, su balance puede llegar a ser negativo si la excreción del cuerpo es superior a la cantidad de potasio que se ingiere. Esto puede ocurrir en personas sujetas a estrés, o bajo tratamientos con ciertos medicamentos como diuréticos o purgantes, o que sufran de abundantes vómitos, o deshidratación por sudoración excesiva.

En los casos de deficiencia de potasio en el cuerpo o hipokalemia, es necesario realizar ingestas adicionales por medio de medicamentos o consumiendo vegetales ricos en potasio como bananas, papas, kiwi, berro, brócoli, papaya, frutos secos, jugo de naranja, hortalizas, vinos, todas las carnes. Los síntomas de deficiencia de potasio son debilidad muscular, náuseas, vómitos, irritabilidad, irregularidades cardíacas, espasmos musculares (calambres).

Las plantas absorben el potasio en forma iónica, como el catión potasio (K+), es abundante en los tejidos vegetales superado solamente por nitrógeno, aunque en algunas especies se acumula en mayores cantidades que éste. Es un nutriente esencial para las plantas a pesar de no ser un elemento estructural, pero interviene en un buen número de funciones donde siempre se destaca su importancia en el transporte de azúcares dentro de los vegetales. Entonces plantas como caña de azúcar, cambures y musáceas en general, papas y otras que acumulan grandes cantidades de potasio durante su crecimiento y desarrollo, son una excelente fuente de este nutriente para los consumidores.

La manifestación más conocida por hipokalemia es la popularmente conocida como calambres, que son espasmos musculares que ocurren generalmente en las piernas aunque se puede presentar en cualquier músculo del cuerpo. El músculo se contrae de forma incontrolada y no se llega a relajar causando un dolor intenso. Estos calambres es corriente apreciarlos en deportistas que sufren una gran deshidratación causada por una exigente actividad física, por lo que es común el consumo de bananas por estas personas. Es muy evidente en los tenistas, que al sentarse a descansar en medio de un partido, consumen mucho líquido al que le han incorporado cantidades perfectamente balanceadas de electrolitos para mantener el equilibrio dentro del organismo. Pero al mismo tiempo, estos deportistas al sentarse a descansar también sacan de sus bolsos una o varias bananas que van consumiendo a lo largo del partido.

Si preguntamos a un nutricionista por qué estos deportistas consumen bananas, nos responderían que es por el alto contenido de potasio en esta fruta, lo cual evita que ocurran los fastidiosos calambres. Pero la respuesta más simpática me la dio en una oportunidad un amigo deportista que siempre lleva cambures en su automóvil, y al preguntarle por esa costumbre su respuesta fue inmediata, me dijo con una sonrisa: ¿tú has visto alguna vez un mono con calambres?

Las especies que acumulan grandes cantidades de potasio, también requieren que en sus programas de fertilización se asegure un adecuado suministro de este nutriente a las plantas. Esto es importante tenerlo presente si se quiere obtener buenos rendimientos y productos de calidad.

“En España, de cada diez cabezas,

nueve embisten y una piensa”

Antonio Machado

(poeta español)

Realmente España es un país de difícil comprensión, incluso para nosotros los hispanoamericanos. Sánchez es el presidente de un gobierno denominado “en funciones”, porque no ha podido, desde que sacaron a su antecesor, ser presidente con todas las de la ley (aunque algunos prefieren llamarlo “en defunciones”, por aquello de que, de momento, su único logro ha sido desenterrar a Franco). Negado rotundamente (“no es no”) en los meses precedentes a formar gobierno con el partido de Pablo Iglesias, tras múltiples negociaciones sin acuerdo, convocó a unas nuevas elecciones, para ver si, en una de esas, no necesitaba el apoyo de nadie.

Resulta que en las elecciones que acaban de hacer, a pesar de que tanto el partido Socialista como Unidas Podemos, redujeron su votación, lograron en menos de 48 horas el acuerdo –que en meses no habían alcanzado– para formar gobierno y con Iglesias –nada menos– que de vicepresidente.

Para Venezuela esto es una mala noticia. Pablo Iglesias apuntala incondicionalmente todas las dictaduras Iberoamericanas, apoyó y asesoró el chavismo en nuestro país y –a su vez– fue financiado por él para torcer el rumbo de España (otro logro post mortem del comandante eterno). Suponemos que la política de España hacia Venezuela cambiará para pasar de la alcahuetería actual, al abierto respaldo.

De hecho, no es casual que el primer mensaje haya sido para nosotros la tocata y fuga del Pollo Carvajal, cuya extradición solicitaba los Estados Unidos. Parece que todos en la madre patria se asombraron de que Carvajal supiese de la sentencia de la Audiencia Nacional, encargada de tramitar su extradición, antes que nadie. Risible asombro, a los venezolanos ya nada nos sorprende, menos de alguien de la calaña del personaje, portador de pasaportes falsos, especialista en contrainteligencia militar (que en nuestros países quiere decir brutalidad contra civiles) y en todo tipo de ilegalidades. Curiosamente, en vísperas de tan trascendente decisión, el gallinero de Carvajal en Madrid, permanecía sin vigilancia y ahora que se ha fugado han puesto un riguroso control policial en su casa, (je,je,je) será para evitar que regrese, dice uno.

Eso de que nadie aprende en cabeza ajena es una gran verdad. Los españoles consiguieron luego de la muerte de Franco, un gran acuerdo para la construcción de una de las naciones de mayor avance, progreso y bienestar del mundo, orgullosa de su diversidad cultural. En estos tiempos todos los bandos políticos, aunque a veces incluso lo ignoren, se han puesto de acuerdo para destruirla.

Sánchez necesita, además de el de Iglesias, el apoyo de los separatistas. Algo muy propio de la contradicción del alma española: “para formar un gobierno en España, se requiere del apoyo de los que no creen en ella”. Si yo fuese independentista catalán consideraría que no hay mejor momento que este para mis (des)propósitos.

La diáspora venezolana no sale de un susto, en Argentina vuelven la Kirchner, Chile se desestabiliza, en Perú y Ecuador nuestra presencia no es del todo grata, México asusta, Trump pone restricciones a los asilos, que supone uno España comenzará a negar. Para un venezolano, emigrar se está convirtiendo en casi lo mismo que “cambiar de camarote en el Titanic”. No está fácil, nos va quedando Islandia, Groenlandia y los países escandinavos. Ese cuento de que “España no es Venezuela” con el cual los españoles evalúan lo que les sucede, no consuela a ningún venezolano. Nosotros, que dijimos al comienzo de esta pesadilla nuestra con mucha seguridad y no poca vanagloria: “Venezuela no es Cuba”, mira ya por dónde vamos.

Es curioso comparando a España y América podríamos decir que tanto la pobreza como la abundancia extrema, producen monstruosidades políticas. En América se es de izquierda por estar mal y en España por estar bien.

Devolver la política al terreno del pensamiento visionario y lúcido, sustentado en ideas y principios, para arrebatárselo a la embestida oportunista del populismo demagógico, parece ser la tarea más urgente de la democracia actual para evitar que ésta se convierta –nuevamente– en Caballo de Troya de peligrosos totalitarismos.

https://talcualdigital.com/index.php/2019/11/15/la-embestidura-de-sanche...

La narcodictadura hace todo lo posible por dividir a los demócratas y por venderles la idea de que no dejarán el poder y, lógicamente, por intentar sembrar el desánimo. Ese es el trabajo que realiza un régimen sin escrúpulos. Lo que debemos contrarrestar es cierta tendencia de algunos opositores a comprar el discurso oficial o a ilusionarse con posibles opciones utópicas divulgadas por gente nuestra que no evalúan las debilidades y fortalezas del régimen y las propias. Aunque no sea fácil, hay que intentar conocer las causas de las cosas que suceden.

Un ejemplo son las opiniones emitidas en relación a las marchas del pasado día 16, las cuales no se relaciona con los hechos. Pretender que hoy se produzcan marchas en Caracas de alrededor de un millón de participantes como en el pasado no es realista por varias razones:

1- En el 2003 al 2006 las protestas eran casi exclusivamente en Caracas. Varios años después se produjeron protestas valientes en San Cristóbal y Mérida, aplastadas violentamente por la Guardia Nacional, policía y paramilitares rojos.

2- En la provincia los ciudadanos se sienten más amenazados por los esbirros debido a que quienes protestan son fácilmente identificados y perseguidos. Por ello, muchos se desplazaban a Caracas para apoyar las marchas en la capital. Hoy, por estar más resteados y quizá también por las limitaciones de transporte, protestan en sus respectivos Estados.

3-. Unos cuatro millones y medio de venezolanos han tenido que emigrar, sea por persecución política o en búsqueda de comida, medicinas, seguridad personal o de trabajo. Evidentemente, todos contrarios al régimen.

4- Se puede argumentar que, a pesar de lo anteriormente mencionado, las protestas podrían ser más masivas y contundentes, lo cual es cierto. Al respecto habría que evaluar en cuánto influye la prédica de algunos líderes de oposición y tuiteros, generalmente bien intencionados, que pretenden echarle la culpa al presidente(e) Guaidó por no concretar “el fin de la usurpación”, y que, además alegan que los intentos de negociar desestimulan las protestas. Cabe recordar que Ho Chi Minh y sus soldados siguieron combatiendo a pesar de que sus delegados negociaban en París. Algunos no entienden, o no quieren entender, que Maduro se mantiene por contar con el apoyo del TSJ y de la Fuerza Armada. No recordamos ningún caso en que una dictadura haya caído sin la intervención activa o pasiva de los verde oliva. Por otra parte, recordemos que ningún país está dispuesto a enviar a sus soldados para resolver nuestro problema, aunque están conscientes de que también los afecta directa o indirectamente, en mayor o menor grado.

5- Aunque todo lo mencionado es válido, hay que tener claro que los protestas, aún cuando son de magnitud importante y son constantes, no son de mayor tamaño por la represión del régimen. Según el valiente y activo Foro Penal Venezolano, desde el 2002 a la fecha han sido asesinados 273 ciudadanos por manifestar, varios de ellos estando en las ergástulas del narcorégimen; en los últimos cinco años han sido arrestados 15.180 ciudadanos por el solo hecho de protestar, hay 399 presos políticos, de los cuales 20 son damas y 109 militares, y desde el año 2014 hay 8.950 venezolanos sujetos a medidas cautelares, los cuales no pueden protestar ya que volverían a ser encerrados. El 16N hubo 28 detenidos y en Caracas el Metro cerró varias estaciones para dificultar movilización.

6- Muchas han sido las denuncias de torturas, incluyendo violaciones, por parte de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Es lógico que ello despierte temor a manifestar. También el temor a perder el empleo por parte de trabajadores del sector público.

A pesar de todos estos factores, la sociedad venezolana sigue indoblegable. Por contar con una minúscula minoría, Maduro no se atreve a realizar elecciones transparentes. Sin embargo, hay la posibilidad, aunque sea remota, de que se vea obligado a realizarlas. Por ello debemos prepararnos y no descalificar el esfuerzo que realiza la Asamblea Nacional de designar el comité de selección de candidatos al Consejo Nacional Electoral. A los más escépticos, que sin duda tienen razones para serlo, solo sugerimos que den el beneficio de la duda y que acepten el presidente(e) Guaidó hace lo mejor que puede con los pocos medios de que dispone. No cometamos el crimen de “matar a un ruiseñor”.

No es fácil ser el hombre feliz capaz de “conocer las causas de las cosas”, como diría Virgilio, pero sí podemos ser más mesurados al emitir opiniones. A Maduro se le puede aplicar lo que dijo Cicerón de Catilina: “Desde hace años no hay fechoría ni infamia alguna que no venga asociada a tu nombre. Cometiste con total impunidad la sangría de muchos ciudadanos, la humillación y el robo a sus amigos. No sólo tuviste fuerza para despreciar las leyes y la justicia, sino también para quebrantarlas y abatirlas”.

El ponderado Oswaldo Álvarez Paz escribió que estaba satisfecho con la movilización del 16 N. Quien esto escribe también.

Como (había) en botica:

Maduro se arrodilló ante el dólar y Pedro Sánchez ante el Coleta.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

La Asamblea Nacional (AN) instaló la semana pasada la Comisión Preliminar para la integración del Comité de Postulaciones Electorales. Está conformada por siete diputados opositores y cuatro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y la coordina el diputado Ángel Medina (Primero Justicia).

De esta manera, el Parlamento abrió la vía para la relegitimación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la posterior realización de elecciones libres, necesarias ante la crisis institucional que vive el país.

Acceso a la Justicia recuerda que son cuatro los pasos para la selección y designación de los rectores del Poder Electoral:

1. Nombramiento del Comité de Postulaciones Electorales (artículos 19 a 23 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, LOPE).

Este comité está compuesto por veintiún miembros y tiene como función preseleccionar a los candidatos para el cargo de rector del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para el nombramiento del Comité de Postulaciones, las 2/3 de la AN deben aprobar la designación de once parlamentarios que conformarán la Comisión Preliminar, a la cual le corresponde evaluar a los candidatos postulados por la sociedad civil para integrar, junto a los once diputados, el referido comité.

Luego de que la Comisión Preliminar evalúe a los candidatos postulados por la sociedad civil, debe presentar una lista de preseleccionados a la plenaria del Poder Legislativo, que por el voto de sus 2/3 partes elige a los diez miembros restantes.

Desde Acceso a la Justicia se advierte que la Constitución no establece que los diputados de la AN formen parte del Comité de Postulaciones Electorales, únicamente la sociedad civil (artículos 294 y 295 de la Constitución). Tampoco prevé la creación de un órgano previo como la Comisión Preliminar.

Así, el proceso de selección de los miembros del Comité de Postulaciones Electorales de acuerdo a la LOPE conlleva un gran riesgo de politización del órgano electoral, lo cual es inconveniente porque la Constitución persigue que el CNE esté compuesto por personas independientes y con conocimiento técnico.

2. Recepción de candidatos para rectores del CNE (artículos 24 y 25 de la LOPE).

El Comité de Postulaciones Electorales debe publicar dentro de los seis días siguientes a su instalación su reglamento de funcionamiento, así como la metodología para evaluar las credenciales de los candidatos a rectores.

Igualmente debe publicar en Gaceta Oficial y en diarios de circulación nacional la convocatoria para la postulación de candidatos al órgano rector del Poder Electoral. El lapso de postulación es de catorce días continuos, contados a partir de la fecha de la última publicación en prensa.

Cada Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales del país a través del rector o rectora puede postular por lo menos tres aspirantes; el Poder Ciudadano, con el voto unánime del Consejo Moral Republicano (integrado por el defensor del pueblo, el fiscal general y el contralor general de la República), puede presentar por lo menos nueve aspirantes; y cada organización de la sociedad vigente y activa puede enviar una lista de hasta tres candidatos.

3. Evaluación de los candidatos a rectores del CNE (artículos 26 a 29 de la LOPE).

Una vez concluido el lapso de catorce días para postular los candidatos a rectores, el Comité de Postulaciones dentro de los siguientes veinte días continuos debe evaluar a los aspirantes y realizar una lista de los elegibles de cada sector para presentarla a la AN. En esa lista deben aparecer, al menos, veintisiete aspirantes de la sociedad civil, nueve de las universidades nacionales y nueve del Poder Ciudadano.

La LOPE prevé un lapso de seis días para presentar objeciones a la lista publicada por el comité. Los postulados objetados recibirán copia de los argumentos en su contra y podrán consignar descargos en contra de las objeciones en un período de seis días.

En los dos días siguientes, el Comité de Postulaciones Electorales conformará un expediente por cada postulado y lo enviará, junto a la lista de seleccionados, a la AN.

Cumplidos cada uno de estos pasos, el Comité de Postulaciones Electorales cesará sus funciones.

4. Designación de los rectores del CNE (artículo 30 de la LOPE).

Una vez que la secretaría de la AN reciba la lista de candidatos, el Parlamento dentro de un lapso de diez días continuos deberá nombrar, mediante los votos de sus 2/3 partes, a los rectores principales y suplentes del CNE.

Acceso a la Justicia destaca que la Constitución en su artículo 296 establece que la AN debe designar a un rector, cuya candidatura provenga de las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales del país; otro del Poder Ciudadano, y tres de la sociedad civil. Esta norma garantiza que el CNE sea un órgano técnico e imparcial.

Sin embargo, desde hace dieciséis años la Constitución y la LOPE son violadas de manera sistemática, ya que el Tribunal Supremo de Justicia, usurpando funciones del Poder Legislativo, ha designado a los rectores del CNE en cuatro ocasiones: 2003, 2005, 2014 y 2016.

La AN solo ha ejercido esta atribución cuando no ha tenido oposición en su seno, específicamente en 2006 y 2009, y tampoco este órgano ha cumplido en estas dos oportunidades las normas en la materia para garantizar la imparcialidad del CNE.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El proceso iniciado para la designación de un nuevo CNE conforme a la LOPE, aunque es importante y abre una rendija para procesos comiciales más transparentes y libres, no es la única condición para el cambio. Los rectores que sean seleccionados de acuerdo a la Carta Magna deben velar por el cumplimiento de los derechos políticos de los venezolanos, y para ello han de actuar con imparcialidad y sin favorecer a ninguna tendencia.

Para garantizar la confianza de la población en los próximos procesos electorales así como en sus resultados, el Parlamento debe establecer reglas transparentes en la escogencia de candidatos a rectores e informar cada paso de manera clara.

Enlace a la nota: https://www.accesoalajusticia.org/relegitimacion-consejo-nacional-electo...

El filósofo Erich Fromm explicó la desobediencia como derecho original, al vincularla a ese gran motor de la humanidad que es el ansia de libertad, aunque frenado por otra pulsión constante, el miedo a la libertad. Fromm condensó esa dialéctica en una afirmación que ha sido mil veces repetida: “La historia de la humanidad comenzó con un acto de desobediencia y es probable que acabe con un acto de obediencia”. Cuando Prometeo, Eva y Adán entonan de diferentes formas su “no serviré”, aunque sea a riesgo del implacable castigo divino —a la imagen del primer rebelde, el ángel caído que glosó el poeta John Milton en su Paraíso perdido—, proclaman su autonomía, se afirman como algo más que creaciones o juguetes de dioses más o menos crueles o benéficos. Lo señaló el escritor francoargelino Albert Camus: el rebelde es la expresión misma de la lucha del ser humano por afirmarse frente a la contradicción de sentirse y saberse esclavizado por las reglas de un mundo que le es ajeno y contra el que se rebela. Por eso el historiador Howard Zinn, uno de los más conocidos divulgadores de la desobediencia civil (en adelante, DC), sostuvo en el contexto de la protesta contra la guerra en Vietnam que toda la discusión está planteada al revés: “Nos dicen que el problema es la desobediencia civil, cuando en realidad el problema es la obediencia civil”.

Fromm señala también que en esa tensión constitutiva, frente a la aparente certeza y confort que nos ofrece actuar obedientemente dentro del rebaño, en realidad la obediencia mecánica —perinde ac cadaver (al modo de un cadáver), como reza la máxima de los ignacianos— es la amenaza de nuestra destrucción. Nadie lo explicó mejor que Kubrick en su extraordinario filme ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (1964), una crítica avant la lettre de la doctrina de la disuasión nuclear, la Mutua Destrucción Asegurada (MAD) que aceleró la carrera armamentística y contra la que se alzó un importante movimiento pacifista, uno de los ejemplos de la mejor desobediencia civil, como veremos.

En suma, la relación dialéctica entre obediencia y desobediencia nos constituye como humanos y eso muestra hasta qué punto, como ha señalado con su inteligencia habitual la filósofa Alicia García Ruiz, la cuestión de los límites de la obediencia es capital. Porque la obediencia es un ejemplo mayor de concepto límite.

Pero vayamos a la discusión específica sobre la desobediencia civil.

La lucha por la mejora del Derecho y la democracia

El filósofo estadounidense Hugo Adam Bedau, adelantándose a las tesis que propuso la filósofa Hannah ­Arendt en The New Yorker en 1970 (un ensayo recogido luego en su libro Crisis de la República), publicó en 1961 un libro en el que ofrece una definición de DC que, con algunas variantes, aceptan los principales teóricos de este concepto, de Bertrand Russell a Ronald Dworkin o John Rawls, pasando por Jürgen Habermas: la DC, frente a otras formas de resistencia o infracción del Derecho en aras de mayor justicia, consistiría en una infracción pública y no violenta de un mandato legal (ley, sentencia, actuaciones administrativas propias de políticas públicas, etcétera) con el objetivo de conseguir que ese mandato sea anulado, alegando que no se ajusta al marco jurídico común del que emana la legitimidad legal del mandato impugnado. La DC es civil porque es pacífica, pública y se apoya en los principios del sistema jurídico político. Mediante la DC se quiere llamar la atención de la mayoría (la opinión pública y sus representantes institucionales) para que rectifique una decisión que cuenta a priori con la presunción de legitimidad democrática porque ha sido adoptada legalmente, pero cuya legitimidad dentro del sistema jurídico político se impugna, alegando precisamente su incompatibilidad con los principios de esa legitimidad.

Lo característico de la DC, a diferencia, por ejemplo, de la objeción de conciencia, es que no busca la exención individual de un deber, sino que tiene un alcance colectivo, genuinamente político. Otra peculiaridad frente a la objeción de conciencia es que la DC puede ser directa, esto es, del mandato impugnado, pero la mayor parte de las veces es indirecta: se viola otra norma legal, como el código de circulación, o las que rigen el acceso a edificios públicos, como hace en estos días la actriz Jane Fonda ante el Capitolio reclamando acciones contra la emergencia climática. Finalmente, y eso resulta polémico, la mayor parte de los teóricos de la DC exigen como prueba del carácter civil no sólo la no violencia y la remisión a los principios del ordenamiento jurídico-político, sino también la disposición a aceptar el castigo que se impone a la infracción de la norma (el ejemplo de Fonda, detenida varias veces por sus protestas). El desobediente civil no es un delincuente, no trata de burlar la acción de la ley, sino que acepta el sistema legal que quiere mejorar con su infracción y por eso no trata de escapar a la sanción. Precisamente la dimensión política de la DC explica también el abanico de causas que se sirven de ella en esta lucha por mejorar la democracia y el Derecho. Es lo que sabe captar la mencionada García Ruiz cuando, inspirándose en Arendt, propone que la DC debe ser entendida como “potencial de renovación institucional, expresión de la capacidad común de asociación desde el disentimiento que es constitutiva de una comunidad política libre”, y por eso concluye que, frente a la DC, “la respuesta gubernamental… no puede quedar confinada sólo al plano jurídico. Ha de ser resueltamente política”.

Lo anterior es importante a la hora de elucidar si la DC es un derecho. Mi tesis es claramente negativa. El Derecho no puede renunciar a exigir obediencia: dejaría de ser Derecho y pasaría a una recomendación. No cabe reconocer un derecho (menos aún genérico) a la DC. En todo caso, sería lo que los anglosajones (Ronald Dworkin) llaman moral right: una reivindicación dotada de justificación moral o política. Otra cosa es cómo debe reaccionar el Derecho ante la DC. Y ahí coincido con la tesis de García Ruiz.

La DC ha evolucionado. Así, frente a los movimientos de DC ligados a causas internas, nacionales (el reconocimiento de los derechos civiles en EE UU), esas reivindicaciones se deslizaron hacia causas más transversales, incluso universales. Esa es la evolución del movimiento pacifista surgido en los sesenta, cuyas raíces pueden encontrarse en la doctrina de la no-violencia propuesta por Lev Tolstói y retomada por Henry David Thoreau en su conferencia de 1848 Resistencia al Gobierno civil, origen de su célebre ensayo Desobediencia civil, considerado obra fundacional de la DC. Hoy se advierte esa ambición universal en buena parte de los más importantes movimientos civiles de protesta (“protestas glocales”, como escribía Andrés Ortega en este periódico). Así, recurre a acciones de DC el movimiento Black Lives Matter, ligado a la denuncia de la violencia policial contra los ciudadanos negros en EE UU, que pronto pasó a la denuncia del esclavismo y del supremacismo, lo que puede trasladarse a todo el mundo. La misma ambición se advierte en las denuncias individuales y los escraches con los que comienza el movimiento Me Too, que se convierte en la palanca para un movimiento universal de denuncia de la violencia de género y de la situación de subordiscriminación que sufren cientos de millones de mujeres. Un ejemplo particularmente llamativo y polémico lo ofrece el movimiento Extinction Rebellion, que lucha contra la emergencia climática y convoca acciones de DC indirecta que en algunos casos obligan a plantearse el viejo debate: ¿está en el límite de la no violencia una acción que cause serios trastornos a miles de personas y desemboque en enfrentamientos?

Ahora bien, el hecho de recurrir a estrategias de movilización ciudadana, vinculadas a la historia de la resistencia no violenta, a acciones propias de la tradición de la DC (hay manuales muy conocidos que reúnen varios cientos de acciones estratégicas), no constituye necesariamente DC, sino que en muchas ocasiones es otra cosa: insurrección, rebeldía o incluso revolución; eso sí, no violentas. Así sucede, a mi juicio, con la invocación de la DC que hacen en Cataluña una parte de los movimientos secesionistas de carácter inequívocamente pacífico: son manifestaciones de resistencia no violenta, pero no DC.

El quid de la cuestión, creo, es que para hablar de DC no basta que las actuaciones que la invocan tengan el rasgo de no violentas. Hace falta algo más. El punto clave, creo, es si invocan o no un fundamento de legitimidad comúnmente aceptado, porque el objetivo de la DC no es impugnar el marco jurídico-político de convivencia, sino —muy al contrario— impugnar un mandato porque se entiende que no es conforme con esas reglas de juego que todos hemos aceptado. Reglas que, en democracias como la española, se llaman Constitución.

¿Eso quiere decir que no es nunca legítimo impugnar la Constitución? No, porque no cabe excluir la posibilidad de casos en los que el bloqueo político y la violación de derechos sean tan graves que contaminen de invalidez a la propia Constitución. Pero eso es rebeldía revolucionaria, derecho de resistencia, como plantearon Gandhi o el segundo Mandela. Y en esos casos no es correcto hablar de DC, pues ni Gandhi ni Mandela aspiraban a mantener las reglas de juego impuestas por los británicos o los afrikáners, sino a cambiarlas por completo.

Es posible e incluso legítimo (aún diría más, en algunos casos, obligado) impugnar unilateralmente la propia regla de juego, la Constitución: pero solo si se prueba que, en efecto, era antidemocrática (impuesta unilateralmente, como en los supuestos coloniales) o bien que ha devenido en la práctica en un orden ilegítimo, que mantiene graves violaciones de derechos humanos. Pero, pese a los esfuerzos de la retórica secesionista, ni la Constitución española de 1978 fue un ejercicio de dominio colonial sobre Cataluña, ni asistimos hoy en Cataluña y en España a una violación tan grave y generalizada de los derechos humanos que haya subvertido el orden constitucional, aunque, desde luego, hayamos vivido un retroceso preocupante en no pocas garantías de derechos en los últimos años, retroceso que debe ser denunciado y corregido y sus responsables deben rendir cuentas. Quienes no aceptan el marco constitucional ni pretenden reformarla (incluso a fondo, pero por las vías constitucionales), sino que invocan unilateralmente otros criterios de legitimidad, diferentes de aquellos por los cuales hemos aceptado autoobligarnos la mayoría de los ciudadanos, a mi entender, no deben hablar de DC. La unilateralidad rompe con la civilidad y, una de dos: o es un abuso, o se pone abiertamente fuera de juego: es insurrección, rebeldía.

17 de noviembre de 2019

El País

https://elpais.com/elpais/2019/11/15/ideas/1573816304_694816.html

Con la simpleza de que la salsa del pavo debe servirle a la pava se quiere dar lecciones de filosofía política coloquial, para justificar cualquier cosa, conforme si se es de la alt left o la alt rigth. En la región existen democracias como Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Uruguay y también autoritarismos plebiscitarios, semidemocracias, que encarnaron con el socialismo XXI y la salsa no es la misma.

A la alt lef le parecen comprensibles los vandalismos en Chile contra la desigualdad y a la otra cualquier cosa que se haga contra Morales y cuidado con la receta para adobarlas. Balzac hablaba de las semivírgenes para referirse a damas encopetadas e insatisfechas de la Inglaterra victoriana (a la que detestaba) dispuestas a hacer cualquier audacia íntima siempre que no pusiera en peligro su virginidad, que ofrendarían en el sacramento matrimonial.

En su ingenuidad, algunos enredan todo al referirse a Venezuela o Bolivia como tiranías, cuando son semidemocracias o semidictaduras, cosa muy distinta. A estas alturas del pensamiento y la acción se sabe perfectamente que la democracia es un método de gobierno alternativo, de régimen electoral confiable, predecible y monótono en el cumplimiento de los derechos fundamentales y con poderes separados.

Las elecciones están invariablemente regidas por la Ley y no a capricho de un caudillo. Los autoritarismos plebiscitarios, electorales o semidemocracias consisten exactamente en lo contrario, pero conservan formas semivirginales, aunque comienzan por cambiar la Constitución y controlar las instituciones lo que enajena o problematiza el voto. Así hicieron Chávez, Rafael Correa y Evo Morales con lo que tuvieron un poder no constitucional y por lo tanto autoritario y espurio.

Doble play

Morales gracias a su control de los jueces forzó un referéndum aberrante y pidió insólita autorización al electorado para violar la Constitución, aspirar a un tercer período de gobierno, y perdió 51 a 49. Recordemos que una Constitución no es cualquier panfleto sino una Carta que establece los derechos inalienables de las personas, su espacio de libertad donde están exentas de la presencia del Estado. En los países civilizados la Constitución es casi intocable no así en el tercer mundo.

Por eso al lanzarse de candidato este mes, se coloca doblemente fuera de la Ley, da un golpe de Estado, y otro cuando ordenó delictivamente al Tribunal Electoral escabullir los escrutinios. Principio fundamental del Derecho moderno es que el Estado solo puede hacer aquello que específicamente le fijen las leyes, mientras los ciudadanos somos libres para hacer todo lo que no nos esté prohibido. Esta es la garantía para la vida, la libertad, la propiedad.

Si no es eso, no es una Constitución sino un grimorio. Morales delinque al presionar a la gente para que le permitiera violar la ley y también o más al violarla pese a su reprobación expresa. Las cartas fundamentales de prácticamente todos los países democráticos contienen un artículo anti autoritario, aporte de la Escuela de Salamanca, que inspiraron los teólogos jesuitas y dominicos Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Tomás de Mercado, Domingo de Soto y varios otros.

Esta insta a todo ciudadano, civil o militar, a derrocar al usurpador y restablecer la vigencia de la Constitución. San Agustín no tiene dudas de recomendar el magnicidio. Las Constituciones de EEUU, Francia, Alemania, España, recogen este principio, el famoso artículo 350 en Venezuela. Su significado es una autorización para usar la fuerza cuando el mandatario se aparte del orden constitucional y la justifica a posteriori.

Golpe a golpe

La ingenuidad hizo pensar a muchos en Venezuela que se invocaba “el 350”, salía el genio de la botella y el problema estaba resuelto. La esencia que nos obliga a acatar los gobernantes es la legitimidad, que para los revolucionarios no significa nada pero tiene dos fuentes: la legitimidad de origen que, como hemos dicho, parte de que el gobierno nace conforme lo pauta la Constitución. Y la legitimidad de ejercicio, que pierde si se aparta de ella en su gobierno, como hacen las semivírgenes en el poder.

El golpe de Estado es una figura suficientemente estudiada en la teoría política y consiste en que un poder del Estado, basado en la fuerza, usurpa atribuciones o funciones constitucionales de otro, anulándolas. Suele provenir del Poder Ejecutivo por su control sobre la fuerza pública. Puede ser un golpe militar, cuando hay movilización de tropas.

Ese expediente a veces no es necesario porque basta con la disuasión y se habla de un golpe blando. Pero si un mandatario delinque y lo toman in fraganti, la fuerza pública está en la obligación de impedir que se consume el crimen. Es lo que ocurre con Morales quien había cometido uno grave y se le sorprende perpetrando otro, nada menos que un fraude electoral.

Sin que eso signifique pronunciarse sobre las desgracias o venturas que podrían haber procurado a los respectivos países, en las últimas décadas defenestraron varios presidentes de la región, sin que pueda calificarse de golpe de Estado: Carlos Andrés Pérez en Venezuela 1993, Mel Zelaya, Honduras en 2009, Fernando Lugo de Paraguay en 2012 y Dilma Rousseff de Brasil en 2016, la última sin haber cometido la más remota transgresión.

@CarlosRaulHer

http://www.eluniversal.com/el-universal/55642/las-semivirgenes