La crisis de institucionalidad en la que se encuentra sumida Venezuela, en gran parte por la ausencia de autonomía e independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se ha encargado de anular a la Asamblea Nacional (AN), único órgano elegido legítimamente, mediante la emisión de 90 sentencias en su contra, con el fin de obstaculizar la labor parlamentaria.

Por esa razón, tras la juramentación del diputado Juan Guaidó como presidente encargado, la AN no dudó aprobar el Estatuto que rige la transición a la democracia, como una ruta legal para la reinstitucionalización del TSJ, lograr su legitimación y restablecer la independencia judicial y el Estado de derecho en el país. En este sentido, Acceso a la justicia, en su rol de observatorio venezolano de la justicia, consideró relevante revisar las etapas que deberá seguir el Poder Legislativo para alcanzar dicho objetivo.

Primer paso: magistrados legítimos

El instrumento jurídico aprobado por la AN el pasado 5 de febrero establece que se reputan como “Magistrados legítimos” los designados por el Parlamento en sesión de fecha 21 de julio de 2017.

Recordemos que la AN saliente para 2015 con mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aprobó en sesión extraordinaria del día 23 de diciembre de 2015 la designación de 13 magistrados principales y 20 suplentes del TSJ (los llamados exprés) de los 32 principales y respectivos suplentes que conforman la totalidad del TSJ, a pesar de que en ese momento el órgano legislativo no tenía competencia para hacerlo y la gran mayoría de esos magistrados no tenían su periodo vencido. Es decir, le correspondía a la nueva Cámara que se instalaría en enero de 2016 y que estaría dominada por la oposición, hacerlo, y además, los magistrados principales que fueron sustituidos, fueron obligados a jubilarse anticipadamente.

Fue a partir de dicho nombramiento irregular que se materializó la destrucción definitiva del TSJ iniciada en 1999, con el propósito por parte del poder político de garantizarse un poder judicial completamente a su servicio, lo que logró con creces como han demostrado sus actuaciones.

La nueva AN decidió revocar estos nombramientos en febrero de 2016 dado que habían sido realizados al margen de los lapsos y del procedimiento de selección y designación de magistrados establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ). Pero la Sala Constitucional (SC), actuando como juez y parte al ser tres de sus magistrados exprés, mediante sentencia N° 225 del 29 de marzo de 2016, anuló dicho acto.

La AN volvió a ratificar su decisión en julio y de nuevo la SC, mediante sentencia Nº 614 del 19 de julio de 2016 procedió a declarar la nulidad de todas las acciones que había emprendido el Parlamento en contra de dicho proceso.

A pesar del acorralamiento que durante todo ese año llevó adelante la SC en contra del Poder Legislativo, este en julio de 2017 procedió con la designación de los 13 magistrados principales y 20 suplentes del máximo tribunal en sustitución de los que habían sido seleccionados írritamente. Como aclaramos desde Acceso a la Justicia, la AN no designó un TSJ paralelo, sino que nombró nuevamente a los 13 magistrados principales llamados “exprés” y a los 20 suplentes, designados ilegítimamente por la AN saliente.

La SC no tardó en responder, esta vez a través de la sentencia N° 545 del 20 de julio de 2017, declaró nulo el acto parlamentario, y solicitó orden de captura contra los funcionarios recién juramentados, incluso enjuiciando a uno de ellos, Angel Zerpa, por la justicia militar.

Vino la persecución y ello llevó a los magistrados nombrados a huir del país, y algunos de ellos se organizaron en el llamado “TSJ en el exilio” en una ceremonia realizada en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en octubre de 2017. Desde entonces ese órgano empezó a dictar decisiones con la pretensión de que fueran ejecutables en el país, aunque evidentemente no lo podían ser, entre otras razones, porque no se trataba de un tribunal, sino de un grupo de magistrados.

El TSJ en el exilio para lograr el quorum necesario para emitir sus sentencias y funcionar como una suerte de TSJ paralelo, a pesar de no haber sido nombrado como tal, hizo que los magistrados suplentes actuaran como principales cuando fuera necesario.

Es por tal razón que la AN a través del Estatuto de transición decidió ratificar la designación de esos 33 magistrados, lo que significa que cuando se verifique el cese de la usurpación por Maduro, los 13 magistrados principales y los 20 suplentes integrarán el TSJ ubicado en Caracas en la esquina de Dos Pilitas, sustituyendo a los “magistrados exprés” designados en 2015.

Segundo paso: designación o ratificación de magistrados anteriores a 2016-2021

El siguiente paso, según el Estatuto, es la designación o ratificación del resto de los magistrados principales (19) que integran en la actualidad el máximo tribunal del país, así como los 12 suplentes. Es decir, la AN pretende sustituir también a los magistrados que fueron nombrados en legislaturas anteriores al año 2015, con el propósito de sanear la designación de los funcionarios que no cumplieron con los requisitos que exige el texto constitucional y la legislación, o que por su afinidad política han avalado y legitimado el autoritarismo del régimen de Maduro, violando derechos humanos o incluso incurriendo en crímenes de lesa humanidad.

En este sentido, la AN conforme con el artículo 333 de la Constitución, establecerá los mecanismos necesarios a fin de abrir un nuevo proceso de selección y designación de magistrados de acuerdo con el ordenamiento jurídico venezolano, así como de acuerdo con los principios y normas internacionales sobre independencia judicial, separación de poderes y democracia.

Por tanto, la AN en aras de garantizar la legitimidad democrática que se le debe exigir al máximo tribunal del país, estará obligada a designar el Comité de Postulaciones Judiciales, instancia que es responsable de evaluar las credenciales de los aspirantes a magistrados principales y suplentes del TSJ, según lo previsto en los artículos 264 y 270 de la Carta Magna, y lograr de esta forma hacer del TSJ una instancia independiente de los demás poderes del Estado, libre de presiones políticas, aparte de confiable, autónomo y accesible para los venezolanos.

Sin embargo, desde Acceso a la Justicia esperamos que antes de seleccionar a los restantes magistrados, previa revisión de su designación según las reglas de un Estado de derecho, se dicte una LOTSJ que sea acorde a la Constitución y prevea un Comité de Postulaciones Judiciales conformado por la sociedad y no por diputados como establece en cambio en contra de la Constitución la ley actual. Sólo ello garantizará una verdadera independencia judicial.

Tercer paso: transitoriedad del TSJ legitimado

Una vez designados todos los magistrados y provistas todas las magistraturas vacantes, los jueces deberán incorporarse al máximo órgano jurisdiccional de la República Bolivariana de Venezuela de acuerdo con lo establecido en la LOTS, artículo 23, in fine). Sin embargo, advierte Acceso a la justicia que este esfuerzo legislativo estará sujeto al cese de la usurpación de Maduro y a la conformación de un Gobierno provisional en los términos previstos en el Estatuto (artículo 2).

Es importante aclarar que el referido texto legal contempla expresamente que el TSJ instalado de forma legítima ejercerá sus funciones hasta el primer semestre del año 2021.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Está claro que la población venezolana es la víctima fundamental ante la falta de independencia del TSJ, que es lo que ha llevado a crear un Gobierno dictatorial sostenido por una suerte de apariencia jurídica. Un régimen que sólo se dedica a perseguir la disidencia y anular a los ciudadanos sus derechos y hasta su dignidad.

El caso es que la AN, en su calidad de supremo depositario de la soberanía popular, se ha propuesto la tarea de establecer estrategias que son claves para recuperar la autonomía del TSJ y, por ende, impedir más abusos del Ejecutivo usurpador. Los venezolanos albergan fundadas esperanzas en ello.

https://www.accesoalajusticia.org/estatuto-de-transicion-vs-tsj/

En la cola frente al camión cisterna se encontraba un numeroso grupo de personas, tratando de llenar uno de sus tobos para paliar la sequía a la cual estaban sometidos desde hace de un mes.

-Lo arrecho de esta situación, dijo uno de ellos, es que nadie de Hidrocentro o de la gobernación explican el porqué de esta falta de agua.

Nos hicieron creer que fue por el apagón….pero llegó la luz y seguimos igualitos o peor que antes, dijo otro de los presentes.

-Los precios del agua se dispararon a cientos de miles de bolívares por un camión y lo más increíble es el precio dolarizado de las bolsas de hielo, señaló una persona que llevaba una cava.

Una de las personas, identificó que en la cola se encontraba un ingeniero con formación técnica y experiencia en diversos aspectos relacionados con el agua. Se acercó a él para preguntarle cual era la causa o causas que han generado la crisis del no suministro de tan vital líquido.

Todos los presentes, rodearon al ingeniero para escuchar su explicación y este comenzó señalando que: la falta y la mala calidad del agua es un padecimiento de todos los venezolanos que se manifiesta, hoy en día, en protestas y conflictos en todos los rincones del país. Entre las causas que originan esta situación podemos señalar las siguientes:

• La infraestructura troncal que se encarga de captar el agua en las fuentes naturales, almacenarla en embalses, transportarla a las plantas de potabilización, conducirla hasta las redes desde donde se distribuye a los suscriptores, hoy está severamente dañada por mala operación y falta de mantenimiento.
• El capital humano profesional y técnico de las empresas prestadoras del servicio se erosionó como consecuencia de una anti-política de recursos humanos ideologizada y carentes de principios gerenciales

-En ese momento, alguien gritó “puros enchufaos rojos-rojitos”

y el retiro de personal competente, continuó explicando el ingeniero, que no fue reemplazado por personal calificado, con el agravante del abandono de los programas de formación y capacitación de personal.

-Claro, esa es la política del “Vente tu” con Carnet de la Patria y lo enchufaban, dijo una señora presente en la cola.

• Durante los últimos 20 años no se incrementó la capacidad de la infraestructura troncal, aunque se contrataron y se hicieron cuantiosos pagos por grandes obras que están inconclusas, por mala concepción de los proyectos y/o corrupción en su gestión. Las ampliaciones de las redes de distribución se hicieron desordenadamente, sin planificación y con base en decisiones de inversión politizadas.
• La infraestructura hidráulica de Venezuela constitutiva de 80 grandes represas y embalses, se han deteriorado por falta de mantenimiento y malas decisiones operacionales.
• El país, en los actuales momentos se encuentra en una situación que podemos calificarla como “Estrés Hídrico”.

-¿Qué vaina es esa? fue el clamor de las personas que escuchaban al ingeniero.

• Déjenme explicarles. Se considera que un país está en condiciones de “Estrés Hídrico” cuando su disponibilidad de agua está por debajo de 3.000 m3/ habitante/ año. Y en estos momentos el valor, en las regiones de mayor concentración de población, es de 2.671 m3 /habitante/año.
• Los embalses que abastecen a Caracas, Maracay, Valencia y San Felipe están severamente contaminados y comprometen la calidad del agua cruda; lo cual se incrementa con sustancias toxicas y cancerígenas en el agua que se distribuye a la población, como consecuencia de la sobre dosificación de químicos en algunas plantas donde el agua cruda es de muy mala calidad.

-Carajo, entonces lo que me queda es comprar agua mineral o aplicar el viejo refrán que dice “Agua que no has de beber déjala correr”...expresó un señor de la tercera edad que escuchaba al ingeniero.

• Quiero terminar diciéndoles que, la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento anda al garete, si bien en 2001 se aprobó la Ley de Prestación de estos Servicios, ésta no se reglamentó; la arquitectura institucional prevista en ella no se implantó; en consecuencia, no existe un ente responsable por las políticas y la planificación sectorial ni un ente regulador profesional e independiente para establecer tarifas y supervisar la calidad de los servicios, tal como está previsto en dicha ley. Por otra parte, las empresas prestadoras del servicio no siguen principios gerenciales, con rendición de cuentas a la sociedad ni han tenido un control y supervisión regulatorio del Estado, por lo que los usuarios no tienen quien defienda sus derechos.

Al finalizar el ingeniero su exposición, todos los presentes salieron a manifestar con sus tobos vacíos frente a la gobernación, y sus consignas eran por demás elocuentes:

Sin cambio de gobierno no hay solución a la crisis del país.

Cese a la Usurpación.

Gobierno de Transición.

Elecciones Libres.

Con voz propia

Reiterativo fue Nicolás Maduro en la invitación a la titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ex Presidente de Chile. “Su visita le permitirá conocer y revisar esfuerzos a favor de garantizar y promover los DDHH. Cuando quiera venir, siempre es bienvenida”.

Pero el informe preliminar fundamentado en la acción del equipo técnico de su Oficina que ella presentó ante el Consejo de DDHH en Ginebra, provocó la reacción dictatorial del régimen castrense. Expresa "profunda preocupación por magnitud y gravedad del impacto de la crisis, que es factor desestabilizador en la región". Destaca entre los hechos el mega apagón de 5 días continuos, aun persistente con breves paréntesis de suspensión, que “a ha exacerbado la esta situación, reduciendo aún más el acceso a los alimentos, agua y medicamentos, afectando gravemente a hospitales”.

Agrega las ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad. En 2018 las FAES mataron a unas 205 personas y otras 37 fueron asesinadas en enero de 2019 en Caracas”; la diáspora de más de 3 millones de personas, “que se ven agravadas por extorsión y apropiación de guardias fronterizos".

No habían transcurrido 24 horas del Informe para el narco régimen prosiguiera la represión, asesinatos, torturas.

Funcionarios de seguridad nacional del Sebin, actores siniestros, les tilda Embajada de EEUU, entraron. Unos 40 encapuchados secuestraron a las 2 de la madrugada del 20 de marzo a Roberto Marrero, jefe de Despacho del líder del Parlamento, proclamado Presidente de la República Juan Guaidó.

Le metieron “fusiles y granadas” en su casa, relató el diputado Sergio Vergara, a quien violentaron su inmunidad.

“Me tiraron al piso. Uno se colocó sobre mi espalda, me mandaron poner la cara contra el piso y las manos en el cuello mientras registraban la casa y violentaban armarios. Detuvieron a mi chofer Luis Alberto Páez Salazar”

Secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió al régimen que reprimir a la oposición sería “un error” y podría terminar por tener “consecuencias dramáticas”.

En su intransigencia el régimen usurpador recibe contingente de militares rusos en la rampa presidencial del aeropuerto internacional Simón Bolívar a dos aeronaves con 99 efectivos militares (la mayoría alojada en el Círculo Militar, y la otra en la Embajada rusa), y 35 toneladas de cargamento; provenientes de locaciones diferentes en Siria. Encabezó el viaje l Comandante General del Ejército de ese país, general Vasily Tonkoshkurov.

Se especula que vienen a brindar apoyo técnico a la FANB en la operación sostenible de este sistema; que Rusia está dispuesta a fortalecer su presencia militar en el hemisferio.

La Secretaria General de OEA rechazó la penetración sin la aprobación del Parlamento, como ordena la Constitución Nacional.

EEUU no se quedará de brazos cruzados, advirtió el secretario de estado, Mike Pompeo.

Jorge Rodríguez denunció plan terrorista para traer sicarios centroamericanos. Culpó de ello a dirigentes de Voluntad Popular: Juan Guaidó, Leopoldo López, Freddy Guevara, Carlos Vecchio, Sergio Vergara, Freddy Superlano, y el acusó de "finacista" a Juan Antonio Planchart, Consejero Legal de Rosneft, la empresa petrolera rusa.

No olvidar amenaza de la hermana del psiquiatra, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez quien dijo en programa tv de JV Rangel, que vengaría el tratamiento de su padre, homónimo de ministro de información, muerto en torturas.

Más fundamentos aporta Datanalisis. 98 % considera negativa la situación y 79 % desea que NM salga del Poder. De allí que Bachelet mueva el piso al narco régimen

Al MARGEN. ¿Y qué es del Capo Walid Makled? "Con lo que tengo y muestro a EEUU, pueden intervenir de inmediato. Además, tengo en nómina de pagos mensuales, de $ 1 millón, a unos 40 oficiales de la FAN. Y unos 2 millones al partido del régimen”.

jordanalberto18@yahoo.com.

Poco antes de que el Grupo de Contacto Internacional (GCI) para la crisis de Venezuela se encontrara en la capital de Ecuador, por primera vez a nivel ministerial, desde el Parlamento Europeo salió la décima resolución en lo que va del mandato (desde 2014) y la segunda de este año con respecto al país caribeño. En el texto, que debe ser entendido como una recomendación, se piden, entre otras cosas, más sanciones para los líderes venezolanos que acompañan a Nicolás Maduro en su gobierno.

De los 751 votos posibles, esta petición de la Eurocámara fue aprobada con 310 votos a favor, 120 en contra y 152 abstenciones. Si bien el texto rechaza intervenciones militares como posible salida a la crisis venezolana, sí aboga por seguir la línea del Grupo de Lima.

Seguir a un grupo que no descarta ninguna opción, ¿no representaría debilitar la apuesta por la solución pacífica y electoral que ha recalcado el Consejo Europeo, en voz de su Alta Representante para la Política Exterior, Federica Mogherini?

"Es verdad que el Grupo de Lima ha sido muy frontal en la resolución de la cuestión venezolana. En esa medida pienso que merece apoyo. Pero no apoyamos una intervención militar, ni de las fuerzas democráticas -Estados Unidos o Grupo de Lima- ni de las fuerzas antidemocráticas como es el caso de Rusia”, explica a DW Jose Inazio Faria, eurodiputado portugués del bloque conservador, promotor de la resolución junto con el bloque liberal.

Una labor desacreditada

A pesar de que los cancilleres del GCI aún no habían empezado su tarea en Quito, la mayoría de la Eurocámara que aprobó la resolución habla ya de "fracaso”.

"El Parlamento da un aviso a la UE al subrayar el fracaso del Grupo de Contacto, que se creó para facilitar unas elecciones libres sin que hasta el momento haya conseguido progreso alguno, con la cuenta atrás en marcha para cumplir su plazo de 90 días para validarse”, dice Beatriz Becerra, eurodiputada española del bloque liberal. Cabe recordar que, cuando se creó este instrumento, se previó un plazo de tres meses: de no haber avances, el grupo se disolvería. Eso sería a finales de abril de 2019.

Mientras que desde el bloque socialista –de donde vinieron gran parte de las abstenciones- se apoyaba la labor del GCI y se recalcaba su importancia como el único espacio político a través del cual se tiene acceso a todos los actores, conservadores y liberales consideran este esfuerzo, en el que participan 16 cancilleres de Europa y América Latina, inútil.

"Siempre he creído que ese grupo de trabajo no sirve para nada. Es una pérdida de tiempo. El GCI no ha logrado nada. Creo que tenemos que actuar de otra forma”, agrega Faria. El apoyo de toda la UE a Juan Guaidó como presidente legítimo, aunque interino, sería uno de los siguientes pasos a dar.

Temas recurrentes y avances

Como en anteriores ocasiones, en la más reciente de las peticiones del Parlamento Europeo con respecto a Venezuela se habla de la liberación de los presos políticos, del cese de hostigamiento a la oposición, de la imperiosa necesidad de que se apruebe la entrada de ayuda humanitaria.

Al respecto, justo esta semana, el comisario europeo de Ayuda Humanitaria, Christos Stylianides, anunció 50 millones de euros en ayuda humanitaria para Venezuela. Desde el 2018, la asistencia humanitaria europea dentro y fuera del país asciende a 117,6 millones de euros. Parte de la labor del GCI es, precisamente, lograr un instrumento para que esta asistencia sea distribuida en el país a través de organizaciones internacionales independientes. Los grupos de trabajo que han estado en el terreno han allanado el camino hacia ello.

Otro grupo de trabajo especializado en elecciones ha estado abriendo camino –tanto con gobierno como con oposición y organizaciones internacionales- hacia una convocatoria a comicios.

No obstante, para los que favorecen la línea más dura, nada de esto dará frutos. "El presidente legítimo es Guiadó. No hay nada que hablar con un Maduro que ha creado un círculo en torno al Palacio de Miraflores y va a gobernar para sí y para los suyos. El pueblo está fuera de ese círculo. Eso tiene que terminar. Maduro tiene que irse ya”, remarca Faria.

Por el contrario, los que votaron en contra de la resolución, muchos de la bancada verde, prefieren no apoyar "declaraciones de guerra” y esperar a ver qué resultado dan los esfuerzos del GCI por una salida pacífica y dialogada.

DW

https://www.dw.com/es/eurocámara-y-venezuela-el-fin-de-la-paciencia/a-48103791

Nicolás, ha creado una verdadera trampa pantanosa planteando una estrategia de no negociar sino en sus términos dándose la libertad de ejecutar acciones contra la oposición como si todavía tuviera una fuerza política y social que lo respalde, cuando el caso es que está totalmente huérfano de todo apoyo popular, un 90% de los venezolanos no quiere otra cosa, sino que salga del poder. De igual manera, quiere ignorar la realidad de su entorno geopolítico más cercano el latinoamericano para plantear una alianza con países tan lejanos como China, Rusia o Irán, con pocas posibilidades de influir realmente sobre los acontecimientos en curso en Venezuela. Este es más o menos el marco estratégico de Maduro.

Esto es lo que lleva a el encarcelamiento del Jefe de la Oficina del Presidente (E). Cuestión que causo el repudio unánime de los países democráticos que apoyan a Guiadó junto a la OEA y la U.E., y ocasionó sanciones inmediatas para los funcionarios involucrados en esta ominosa acción. La manifestación rápida de rechazo de la Comunidad Internacional al arresto de Marrero envió un clarísimo mensaje al régimen indicando que la reacción a lo que se consideran actos de represión ilegitima se harán cada vez más fuertes y contundentes.

De igual manera, el informe dado por la Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la Expresidente de Chile Michelle Bachelet, fue un verdadero siniestro para el mandarinato rojo, ya que se confirma por parte de un Organismo Internacional y por una funcionaria a la que no se le puede acusar de parcialización con la oposición de todas las denuncias que los partidos políticos, la Asamblea Nacional y ONGs vienen denunciando sobre violaciones de los DD.HH. El Informe Bachelet desnudo sin duda alguna al régimen de una manera que no se lo esperaban, porque el informe no deja lugar a dudas y hasta la manera y el escenario de su pronunciación deja a las claras la intolerancia frente a la manera grosera en que la banda madurista viola los DD.HH. de todos los venezolanos.

La reacción frente a la negativa de China de permitir al Dr. Ricardo Hausmann la participación en la reunión del BID como representante designado ante ese organismo por el Presidente (E), fue también un golpe a Nicolás, ya que causo la suspensión de la reunión lo que lo expone en una condición de absoluto aislamiento y con poca o ninguna autoridad y capacidad de influir en un entorno financiero público que es vital para sus intentos de estabilizarse. La acción de los chinos pudo representar de alguna forma una manera de recuperar cierta autoridad internacional frente a descalabros como la pérdida de potestad sobre CITGO y otros reveses en el ámbito internacional. Amén, de que para los chinos esto resultó también un pequeño siniestro por la rudeza de la respuesta a una gran potencia y porque le genera un rayón en sus relaciones con América Latina, que es una cuestión donde han mostrado un gran interés. Pero fue un verdadero tiro por la culata porque demuestra lo débil del apoyo de ese país que esta demasiado lejos para ser un aliado útil y la solidez del apoyo Internacional al Pte. Juan Guaidó.

Estos acontecimientos muestran cómo se consolida cada día el rechazo nacional e internacional al régimen castro-chavo-madurista y se fortalece el liderazgo del Presidente (E) Juan Guaidó, y como se hace más clara la estrategia propuesta de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. No hay otra estrategia. Esta es la que ha permitido unificar las fuerzas internas e internacionales para presionar la salida del régimen. Por ello como ha indicado nuestro Presidente (E), hay que persistir en la organización y la movilización que permita expulsar a la kakistocracia roja del poder.

@pedrovcastrog

Sin un sistema de educación extensivo, inclusivo y de calidad el futuro de una nación estará seriamente comprometido. Tal sistema se relaciona, de manera evidente, con el nivel de conocimientos y preparación de la población; lo que constituirá una especie de masa crítica necesaria para impulsar el desarrollo y el progreso. Abundantes estudios han establecido una correlación positiva del aumento de la escolaridad y el nivel educativo con diversos indicadores del desarrollo económico; por ejemplo, el Producto Interno Bruto y el ingreso per cápita. Por lo cual se considera altamente deseable impulsar la educación para elevar el nivel cultural y económico de un país.

La capacidad de la educación para servir de motor impulsor al progreso y desarrollo de las naciones no era tan evidente antes de la Primera Revolución Industrial (1760-1840), hace más de unos 200 años atrás. A partir de esa etapa histórica, se fue haciendo cada vez más patente la necesidad de capacitar a las personas para actividades que demandaban conocimientos específicos que no tenía el común de la gente. Esto implicaba, por supuesto, enseñar los conceptos y habilidades necesarias; es decir, educar. Así que, de manera sostenida, se fue involucrando cada vez más la institucionalidad formal de educación, desde las escuelas hasta las universidades, en el crecimiento del nivel cultural y económico de las naciones.

En el siglo XIX aún estaba generalizada la idea de considerar a la educación como un gasto necesario. A consecuencia de los importantes cambios tecnológicos y económicos, así como también sociales, producidos por la Revolución Industrial, se fue haciendo más evidente la necesidad de más mano de obra calificada y mayores capacidades en el nivel gerencial, para aprovechar mejor los avances tecnológicos logrados gracias a la aplicación de los conocimientos científicos. La idea de que el nivel de educación podía explicar en gran parte el crecimiento económico fue ganando terreno. Así llegó a plantearse que la educación no debía considerarse como un gasto sino como una inversión productiva. En el siglo XX se incrementaron los estudios sobre las relaciones del conocimiento y las capacidades con las actividades productivas. A mediados de siglo destacan, entre otros, los trabajos de investigación y publicaciones de Schultz (1961), Denison (1962) y Bowman (1966). Se llegó así a concretar la teoría económica del “Capital Humano”, al irse consolidando los principios que constituyen la tesis central de esta teoría. El capital humano, se puede definir como un factor de progreso formado por la combinación de las capacidades productivas derivadas del nivel y calidad de la educación y el grado de formación de las personas involucradas en los procesos productivos. La necesidad de invertir en el desarrollo del capital humano para impulsar la prosperidad de las naciones quedó así firmemente asentada.

Por desgracia para Venezuela, el capital humano, como factor de crecimiento y desarrollo ha sufrido un profundo deterioro en los últimos 20 años; por causa de desacertadas políticas socioeconómicas de Estado, que han causado efectos desastrosos y llevado al país a la ruina. El daño a la educación, en cuanto a cantidad y calidad, ha sido brutal. La construcción de nuevas instalaciones está prácticamente paralizada; así como el mantenimiento de infraestructuras. Los servicios de apoyo, como bibliotecas, laboratorios y comedores escolares, están en ruinosas condiciones. La inversión en el campo de la educación es cada vez más deficitaria. Para colmo, el uso del sistema educativo como instrumento al servicio de la ideología del régimen de gobierno ha sido intolerable y ha contribuido aun más a su deterioro. La crisis económica ha producido un movimiento de migración masiva, que se estima ya pasó de 3,5 millones de personas; de éstas una gran proporción corresponde a niños y jóvenes, que están en la etapa en que se necesita el mayor énfasis en la formación y capacitación. De acuerdo a encuestas de investigación realizadas, más de un millón de niños ha dejado de asistir a la escuela. También ha emigrado un gran número de educadores; otros han renunciado o cambiado de actividad; se estima que han disminuido en aproximadamente un tercio en la última década. Por otra parte, la formación de nuevos educadores es escasa, está en sus más bajos niveles. Todo esto ha producido un importante desfase entre lo que el sistema educativo puede ofrecer y las necesidades reales del país.

Sin embargo, no todo es negativo. Venezuela tiene capacidad para salir de la presente crisis en un tiempo prudencial, debido a sus recursos y riquezas naturales, su clase profesional, las reservas morales y la esperanza generalizada de poder lograr la recuperación del país; lo que permite visualizar el futuro con considerable optimismo. Para ello es absolutamente necesario un cambio de gobierno para recuperar el andamiaje institucional del Estado y establecer el necesario cambio de paradigmas, objetivos, metas y procedimientos.

Referencias:

Bowman, M. J. 1966. The human investment revolution in economic thought. American Sociological Association. Sociology of Education. Vol. 39, No. 2, pp. 111-137.

Denison, E. F. 1962. The sources of economic growth in the United States and the alternatives before us. Committee for Economic Development. Business & Economics, New York. 297 pp.

Schultz, T.W. 1961. Investment in human Capital. American Economic Review, Vol, 51, No 1. Disponible en: http://la.utexas.edu/users/hcleaver/330T/350kPEESchultzInvestmentHumanCapital.pdf

Profesor, Facultad de Agronomía, UCV
felipeedmundo@gmail.com

Las revoluciones democráticas de fin del siglo XX comenzaron con la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. Continuaron con la unificación de Alemania, en octubre de 1990, y la disolución de la Unión Soviética, en diciembre de 1991. Son los tres hitos que señalan el fin del régimen del Estado-partido.

Por cierto que no fue el fin de la historia, pero sí fue el final de una particular lectura de la misma: el de la teleología marxista. El materialismo histórico se entiende como la evolución de un modo de producción a otro: comunista primitivo, asiático, esclavista, feudal y capitalista. Agudizadas las contradicciones entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción bajo el capitalismo, la historia concluiría en una última fase: la sociedad socialista.

Así es para Marx y Engels: determinista e inexorable. Y de ahí el significado que Fukuyama le dio a la expresión el “fin de la historia”, con frecuencia criticado de manera superficial. Parafraseaba sobre el determinismo con ironía, pues bajo dicho marco analítico la transición hacia el capitalismo democrático era una involución inconcebible. La historia estaba yendo a contramano de la historia.

Permítame el lector cambiar de dirección un momento, ya regresaré al tema. Es que tengo en mis manos una demanda judicial radicada en el estado de Florida. Los demandantes son cuatro profesionales médicos cubanos. Los demandados son la Organización Panamericana de la Salud, OPS (PAHO, son sus siglas en inglés), en la figura de dos funcionarios nombrados y otros funcionarios anónimos.

Los cargos son por violación de leyes y convenciones internacionales contra el tráfico de personas y el trabajo forzoso. El alegato sostiene que la OPS firmó un contrato de tipo comercial con una tal “Sociedad Mercantil Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos”, CSMC. Ello a efectos de instrumentar un programa de cooperación—“Mais Médicos”, en portugués—entre el Ministerio de Salud Publica de Cuba y la OPS para la provisión de atención en Brasil por parte de profesionales cubanos.

Las autoridades brasileñas efectuaban los pagos de dichos servicios a la OPS, quien a su vez canalizaba los mismos a Cuba, ya sea a la CSMC o al propio Ministerio de Salud. Dice la demanda que la OPS cobró una comisión de 5% (75 millones de dólares) como intermediario y administrador del programa entre 2013 y 2018, lo cual sería ilegal, abonando a los profesionales cubanos alrededor de 10% del total como salario, una parte en mano y otra depositada en cuentas en Cuba.

Al mismo tiempo, el programa incurrió en el delito de discriminación por pagar menos que la compensación habitual en Brasil por el mismo trabajo, es decir, promoviendo la explotación de dicho personal. El restante 85% del contrato se giró al gobierno cubano, 1.275 millones de dólares.

Se trata de las conocidas misiones cubanas, instrumentos de política exterior y de captación de divisas al mismo tiempo. Brasil es solo un caso, las misiones tienen lugar en muchas latitudes. Se calcula que, con ellas, el gobierno de La Habana se hace de 8,000 millones de dólares cada año.

Además de posibles prácticas corruptas, la demanda judicial también describe el sistema represivo que sostiene la supuesta solidaridad. El personal se recluta por medio de amenazas y presiones políticas. Rechazar ser parte de dichas tareas en el exterior es considerado una falta de compromiso revolucionario, con las consabidas consecuencias. Quienes se unen al programa no son informados del destino, la duración del mismo, ni la compensación que recibirán.

No pueden ser acompañados por todos los miembros de su familia. No se les entrega su pasaporte y, una vez allí, deben realizar funciones políticas si se les requiere, propaganda e inteligencia por lo general. No hacerlo presenta riesgos para ellos y para sus familias en la Isla. Y por supuesto agentes de la Seguridad del Estado son parte habitual de los programas, espían de un lado y del otro.

El verdadero cinismo de la Revolución Cubana queda así a la vista. Nótese, la misma nunca persiguió la libertad, ni los derechos fundamentales de las personas, ni la democracia, todas ideas burguesas. Pero sí se planteó la emancipación del proletariado, la terminación de la explotación del trabajo por el capital. Es decir, el objetivo declarado de la sociedad socialista era revertir la extracción de plusvalía, la diferencia entre el salario percibido y el valor creado en el proceso de trabajo.

Regreso ahora al comienzo. Si el giro en U del socialismo al modo de producción capitalista, como en la transición post-comunista europea, había sido impensable para el pensamiento marxista, mucho más anómalo habría sido una regresión hacia un modo de producción esclavista. Y esto son las misiones médicas cubanas: tráfico de personas, trabajo forzoso y explotación. En Cuba, el Estado-partido ha hecho que la historia marche a contramano de la historia.

@hectorschamis

El País

https://elpais.com/internacional/2019/03/24/actualidad/1553386100_348365...