Dijeron Gardel y Le Pera que 20 años no es nada… Depende, porque los 20 años de este odioso y baboso régimen parece veinte siglos de cansancio y hastío, con un discurso fastidioso, aburrido y monótono, diciendo y repitiendo siempre lo mismo, ha llegado hasta el hartazgo de la más sensata audiencia, aunque algunos se regodean viendo y oyendo la prédica de las más insustanciales sandeces con su inmensa dosis de mentiras y promesas incumplidas e incumplibles.

Desde el inicio mismo de esta una malhadada revolución comenzó el sistemático ataque a la cubana contra Estados Unidos, el imperio yanqui, como responsable de todos los males que teníamos y, lo que es peor, de las tragedias que vendrían por el nefasto desempeño que improvisados y mesiánicos aprendices endosaron a otros la supina irresponsabilidad en ciernes, haciéndoles creer a los incautos que serían los capitalistas e imperialistas yanquis los causantes y culpables de nuestra asomada ruina.

En ninguna cabeza medianamente juiciosa cabía que un país con Pdvsa, quizá la más exitosa y boyante de las empresas del negocio petrolero americano, con gerentes y técnicos digna y decentemente aptos, estaría hoy día destartalado, quebrado y saqueado por una caterva de incapaces que se embolsillaron todos los reales, dieron y repartieron a manos llenas lo que no les pertenece para promover un liderato ramplón y populista que nos convirtió en el hazmerreír del planeta,

Por supuesto, los herederos del legajo de desgracias que vivimos continuaron y repotenciaron el festín sangriento a través de la tortura física y anímica, el hambre y las necesidades para someter a un pueblo que se ha calado todo esto gracias a su nobleza, a su natural y espiritual paciencia, mientras en la calle brega para conseguir, a duras penas, el bocadito de comida y lucha de manera sostenida y pacífica para salir de este gobierno malandro en un Estado forajido.

El gobierno estadounidense nunca le paró ni media bola a las babiecadas que decían o hacían sus marruñecos pares venezolanos, pero todo gobierno de país serio rechaza el colosal fraude prostituyente cometido por el régimen dictatorial contra de la institucionalidad democrática, contra la libertad, contra la Constitución, contra el pueblo venezolano y contra el sistema electoral; claro está, el gobierno norteamericano no podía pelar esta bonita oportunidad de presentarse como defensor de la democracia y acusar a los bandoleros de burlarse de la ciudadanía con esa parodia de asamblea constituyente; o sea, EE UU, como todo el mundo, el Vaticano incluido, sabe que la tiranía cometió una soberana trácala contra la decencia y contra la trácala también está Donald Trump, quien no es ningún angelito y hasta sabe “play trick”…

El 26 de agosto de 1999, El Universal, informó sobre la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, de un Decreto mediante el cual se suspendieron las sesiones del Congreso de la República de Venezuela y las actividades de casi todas sus comisiones parlamentarias. Esa nota de prensa, firmada por Taynen Hernández y Ernesto Villegas, se tituló: ANC se enfrentó y reguló al Legislativo.

En esa nota se cita al Dr. Allan Brewer Carías cuando, en su condición de constituyente, reclamó que tal medida violentaba las bases comiciales y los propios tratados internacionales vigentes. En ese mismo sentido, Virgilio Ávila Vivas, advirtió que tal medida lo que claramente buscaba era reducir a “cero” al entonces Congreso de la República de Venezuela.

Para Aristóbulo Istúriz, el Congreso de la República, como foro político del país, peligrosamente se convertía en una trinchera para enfrentar las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente y en tal sentido eso no se podía permitir.

El clima de conflictividad aumentó y ello llevó a una reforma de ese Decreto mediante el cual se permitió que la misma Asamblea Nacional Constituyente asumiera todas las funciones del Congreso Nacional, cuando éste, en el marco de sus funciones reguladas, se negare, retardare o intentare incumplir con su tarea. El Universal, en una nota de prensa firmada por Yolanda Valery el 30 de septiembre de 1999, informó de esta reforma bajo el siguiente titular: ANC asumirá toda la función legislativa.

En ese momento, cuando de manera definitiva se concretaba el cierre técnico del Congreso Nacional, éste no había logrado sesionar fuera de la sede parlamentaria, impedido por la formalidad legal y la imposibilidad de acceder a las instalaciones físicas a los fines de autorizar la realización de sesiones fuera de la sede del parlamento.

Para Daniel Córdoba Zerpa, en una crónica publicada en El Universal y fechada el 30 de septiembre, la ciudadanía demostró en ese debate intenso y complejo una gran indiferencia frente a esa situación.

Casi 20 años después, el Poder Legislativo venezolano, ahora con una Asamblea Nacional unicameral, vuelve a estar enfrentado a una Asamblea Nacional Constituyente a la cual ya desconoció formalmente a través de un Acuerdo político aprobado el 1 de agosto de 2017.

Claramente volveremos a reeditar el conflicto político de 1999, brevemente reseñado en las líneas previas, más aún cuando Diosdado Cabello, en declaración registrada por El Nacional y publicada el 12 de julio de 2017, anunció que la Constituyente tendría poderes plenipotenciarios y que ello le permitiría sustituir y asumir las funciones de la Asamblea Nacional, argumentando como excusa que la misma está en desacato.

Hoy no podemos, como sociedad civil, responder ante esa amenaza cierta a que hace mención Diosdado Cabello con la misma indiferencia que se evidenció ante el cierre técnico del Congreso de la República de Venezuela en el año 1999; en especial, porque a diferencia de aquélla experiencia constituyente, ésta no cuenta con la legitimidad suficiente y, menos aún, con respaldo constitucional que valide su existencia y actuación.

El gran desafío de la sociedad civil en estos momentos es cómo asumir de manera concreta y pacífica la defensa activa de la Asamblea Nacional, y cómo acompañar en esa labor cívica a sus representantes políticos. Ellos no pueden quedarse solos, pero también deben asumir que en estos momentos son indispensables en la defensa de la institucionalidad política del país.

Si no somos capaces de defender la institucionalidad política, inspirándonos en los valores, principios y garantías constitucionales, no vamos a poder asumir con éxito cualquier otro reto que se imponga en el campo electoral.

Pero como sociedad no podemos asumir de manera efectiva la defensa activa de la Asamblea Nacional, si no valoramos con objetividad y de manera justa la labor que este Parlamento ha cumplido desde su instalación, en enero 2016, pese a los obstáculos que el régimen desde un inicio le ha impuesto para su efectivo funcionamiento a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Es el momento de valorar que desde enero 2016 la Asamblea Nacional ha debatido políticamente y de manera abierta una cantidad de proyectos de ley que supera a la labor legislativa de los anteriores parlamentos desde el año 2000.

Así mismo, es importante destacar que la Asamblea Nacional ha respetado el orden constitucional y ha logrado sancionar varios de esos proyectos de ley, encontrándose en esa etapa con el obstáculo que el régimen le ha impuesto a través de la Sala Constitucional a los fines de evitar la obligación del Ejecutivo de hacer observaciones o simplemente promulgar la ley sancionada.

Desde el punto de vista político, el régimen inventó el desacato para arrebatarle a la Asamblea Nacional su función de control sobre el presupuesto público y la gestión de gobierno; pero ello no ha impedido que desde el 10 de mayo de 2016, a través de múltiples y diversos Acuerdos, el Parlamento haya asumido su función de representación política a través del rechazo y la denuncia sistemática de la ruptura del orden constitucional y democrático venezolano por parte del Ejecutivo Nacional, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Nacional Electoral.

No hay que perder de vista en la reflexión, que no hay desde el año 2000 una Asamblea Nacional que haya cumplido su función parlamentaria al servicio del país como ésta. El logro de las elecciones parlamentarias del 2015, fue precisamente recuperar al Poder Legislativo, para ponerlo al servicio del país como foro político natural de los asuntos nacionales.

Precisamente como ha sucedido con el intento de solicitar el referendo revocatorio y con la misma elección de gobernadores y legisladores estadales, cada vez que el régimen de Maduro, se enfrenta a la voluntad de un pueblo que responde con su participación efectiva, constitucional y legítima, éste reacciona desconociendo e ignorando la voluntad del pueblo.

Hoy no podemos ser indiferentes ante una realidad que pretende ignorar el voto popular y simplemente anular a través de una ilegítima e inconstitucional Constituyente al único poder político con suficiente legitimidad para enfrentar el desafío que supone el rescate del orden constitucional y democrático en Venezuela.

Frente a esta realidad, es oportuno no olvidar el Acuerdo de la Asamblea Nacional del 25 de octubre de 2016, mediante el cual se declararon en sesión permanente de consulta popular, bien en la sede del propio Parlamento, a través de sus comisiones permanentes o incluso en las comunidades, con la finalidad de impulsar asambleas de ciudadanos, movilizaciones y otras formas de deliberaciones y manifestaciones públicas, que permita junta al pueblo evaluar decisiones que deben ser asumidas ante la ruptura definitiva del orden constitucional concretada con la fraudulenta constituyente.

Pareciera que es el momento para que esas sesiones se efectúen a los fines de articular el esfuerzo necesario en defensa de la institucionalidad y legitimidad de la Asamblea Nacional, y de los principios, valores y garantías constitucionales.

4 de agosto de 2017

PolitiKa UCAB

Ahora bien, independientemente de las circunstancias constitucionales y éticas que rodearon su convocatoria, la constituyente es una realidad existencial de impredecibles consecuencias por tener como objeto transformar el estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución, por lo tanto y como integrante del poder constituyente originario del pueblo venezolano, solicitare un derecho de palabra y en el supuesto caso que se me conceda, haré uso de la tribuna de oradores de la constituyente y desde allí, propondré lo siguiente:

-Regresar al nombre original de República de Venezuela.

-Promulgar una ley de amnistía general.

-Decretar el desarme total de la población civil.

-Establecer que los yacimientos mineros y de hidrocarburos subyacentes en el subsuelo venezolano, sean propiedad exclusiva del pueblo y no del estado.

-Conformar el poder público con tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

-Convocar a elecciones generales.

-Aceptar con humildad y dignidad la ayuda internacional.

-Organizar políticamente la República en función de entidades regionales y municipales.

-Establecer que el Territorio de la República de Venezuela debe corresponder exactamente al que ocupaba la Capitanía General de Venezuela, antes de la revolución del 19 de abril de 1810.

-Ahorrar el 20% de los ingresos petroleros totales para el usufructo de las nuevas generaciones.

-Crear la Universidad Autónoma, Agropecuaria, Técnica e Industrial de Venezuela, de donde egresarán los jóvenes obreros, peritos, técnicos y tecnólogos que el país vaya necesitando en base a un instrumento de planificación ascendente que previamente haya programado el desarrollo armónico y proporcional de la nación venezolana.

-Integrar en una sola Institución, salvo la Universidad Agropecuaria, Técnica e Industrial de Venezuela, a todos los entes que imparten educación superior y proyectarla como Núcleos Regionales hacia cada Capital de Estado y como Aldeas Universitarias en todos y cada uno de los municipios de la República.

-Crear la Universidad Central de las Fuerzas Armadas, de donde egresarán los jóvenes oficiales y suboficiales que posteriormente se incorporarán al Ejército Libertador Venezolano, el cual estará conformado por tres componentes: Ejercito Terrestre, Ejercito Naval y Ejercito del Aire.

-Delegar en el Banco Central de Venezuela la recepción y distribución de todas las divisas que genera la industria petrolera.
-Respetar la propiedad privada, y los medios de producción deben ser la consecuencia de la cogestión solidaria entre empresarios y trabajadores para producir mercancías cuya posterior plusvalía debe ser distribuida equitativamente entre ambos.

-Actualizar la totalidad del sistema hidroeléctrico del Guri.
-Comenzar a planificar El Gran Ferrocarril de Venezuela, construyendo un troncal de distribución nacional en Villa de Cura.

-Reducir el Poder Ejecutivo a quince ministerios.

-Reincorporar Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones e incorporarla a la Alianza del Pacifico.

-Fundamentar la salud a dispensársele al pueblo sobre tres principios éticos: no dañar, prevenir para no curar y suministrar calidad de vida.

-Crear el Servicio Único de Salud.

-Promover una poderosa clase media que ayude a sacar de la pobreza a todo aquel venezolano que la padezca, pero mientras esto no se logre a ese sector de la población habrá que saciar su hambre, curar sus enfermedades, proteger de la intemperie y garantizarle que el futuro que lo aguarda, será mejor.

-Defender la soberanía e Independencia de la República de cualquier potencia hambrienta de energía petrolera.
-Cimentar la libertad de expresión sobre el siguiente aforismo: “no estoy de acuerdo con lo que dices pero daría mi vida por defender el derecho que tienes a decirlo”.

-Aplicar la hipótesis de la línea media al problema limítrofe que tenemos con la hermana República de Guyana.

-Desactivar el argumento que propone: “A los pueblos indígenas hay que mantenerlos dentro de su hábitat natural para evitar que el hombre blanco los contamine”.

-Proscribir todo tipo de explotación minera en el frágil ecosistema de Guayana.

-Incorporar sustancialmente la mujer venezolana a la planificación, ejecución, supervisión y evaluación de políticas públicas trascendentales.

-Restablecer las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos en un ambiente de respeto mutuo y sin complejos latinoamericanos ni tercermundistas.

-Rechazar la injerencia de cualquier país en nuestros asuntos internos, tanto más, si esta conducta política se mimetiza en la noble expresión de Simón Bolívar: “Para Nosotros la Patria es América”.

-Actualizar todos los convenios internacionales firmados por la República.

-Establecer como requisito para ejercer la Presidencia de la República, haber aprobado el primer nivel de la educación superior.

-Reducir el periodo presidencial a cuatro años con una sola reelección y establecer que el rol como Primer Maestro de la Nación Venezolana, que le corresponde ejercer al Primer Mandatario, debe estar por encima de sus condiciones de Presidente de la República, Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe del Ejército Libertador Venezolano.

-Para concluir, se sugiere no eliminar la Asamblea Nacional por cuanto ello en nada contribuiría a la Paz de la República.

En inmigración de Estados Unidos, un guardia me preguntó:

—¿Cómo hacer usted parra trabajar en diarrio El Nacional y no estar preso o perseguido?

¡Me quedé loco! En ningún lado notifiqué que trabajaba aquí. Así que, con sobrado orgullo, le expliqué que en este periódico el único que apoya al gobierno soy yo.

No tengo miedo de ir preso por mis opiniones. No. Imposible tener miedo por decir la verdad: nunca he visto un gobierno tan de pinga como este. No reconocerlo sería mezquino. No tengo miedo de que la policía, a medianoche y en pijama, me saque a empujones de mi casa. Yo soy, y he de admitirlo, igual al único bueno de Serenata Guayanesa. El grandote, talentoso y simpático que canta: “Saaapo… ¡Vete de aquí…!”.

Hay que estar ciego para no ver el progreso de Venezuela. Hoy somos el centro de atención del mundo. El país más admirado por Cuba, Bolivia, Nicaragua, Corea del Norte y… y… otros.

Nótese la libertad con la que escribo. Sin temor a que agentes de seguridad, con una tanqueta, destrocen la reja de mi edificio, destruyan los ascensores, vuelvan añicos los automóviles o maten a mi mascota. Eso, a mí, no me va a pasar, porque con valor y sin mariconerías de ninguna especie digo la verdad. Respondan: nuestro comandante presidente ¿no está realmente bello? Cutis perfecto. Bigote mexicano. Trajes estilo Mao, que están ¡guaooo! Sonrisa Colgate. Verbo audaz y locuaz. Inglés sin precedentes y ni hablar de lo bello que baila. Rudolf Nureyev, a su lado, era un pendejo.

¡Qué maravilla de mandatario! Qué tacto. Elegante hasta cuando se pone bravo y denuncia, con razón, a países horribles que envidian a Venezuela: España, Italia, Francia, México, Argentina, Brasil, Alemania, Chile, Paraguay, Perú. Los ingratos de Colombia, Reino Unido, Panamá, Costa Rica, Suiza, Noruega, Holanda, Canadá y… la Colonia Tovar. Todos lacayos del imperio yanqui donde, como bien dijo nuestro comandante presidente, desprecian a los negros. Al punto de que el presidente era un negrito y ahora pusieron a un catire.

Por cierto, me reuní con Winston Vallenilla, Roberto Malaver, Roberto Hernández Montoya, Roque Valero y el grandote de Serenata Guayanesa, para fundar un colectivo y caerle a coñazo limpio a los artistas de la derecha que digan que nuestro presidente es malo. Solo le pido al gobierno que nos faciliten las motos. Seguro las consigo porque Nicolás Maduro es muy bueno.

Una de las implicaciones del fraude groseramente perpetrado el domingo pasado contra la República es que pone al descubierto que los que quedaron en la asamblea inconstitucional no fueron en verdad electos por quienes acudieron a votar. Si en realidad estos no pasaron de 3 millones, los 5 millones de votos que añadió la tramposa Tibisay borró totalmente la relación entre elector y elegido. ¿Cuáles votos designaron a qué delegados? Emerge como probabilidad realista que la asamblea fue previamente designada por las mafias que controlan el poder y que se estafó abiertamente a los escasos electores que se presentaron. Sus consecuencias son perversas.

Además de haberse violado los artículos 5, 63 y 347 de la Constitución -entre otros- que señalan que la soberanía reside en el pueblo, que solo éste puede convocar a una Asamblea Constituyente y que el sufragio debe ser siempre libre, universal, directo y secreto, tal designación entierra definitivamente toda pretensión de legitimidad de la asamblea espuria. Pero el fascismo se empeña, de todas maneras, que ésta disponga de poderes supra-constitucionales para hacer y deshacer.

Nicolás Maduro se ha transformado en dictador, pero con un costo político elevado por la violación masiva de derechos de los venezolanos, el asesinato de más de un centenar de manifestantes en los últimos cuatro meses, y la usurpación de potestades de la Asamblea Nacional, además de su aquiescencia con el saqueo del país. Es decir, los remanentes del Estado de Derecho, ante una opinión pública nacional e internacional que exige su cumplimiento, lo obligó a incurrir en subterfugios para intentar cobijar el escamoteo de sus preceptos. Pero ahora, una asamblea inconstitucional sacado de la chistera por los capos que controlan el poder pretende pasarle la aplanadora al país sin siquiera molestarse por aparentar su apego a la ley, ¡a cuenta de que se arroga unilateralmente ser plenipotenciaria! Un asalto aún más vulgar a la institucionalidad democrática que la ejercida hasta ahora.

Debe rechazarse tajantemente cualquier decisión que pretenda imponer esa asamblea inconstitucional. No es que las fuerzas democráticas deben lidiar con una asamblea con la cual discrepa en cuanto a su legitimidad, como si eso fuese un asunto a aclarar. No. Esta asamblea simplemente no existe en términos legales y no tiene legitimidad ni potestad alguna para hacernos creer que sus decisiones deban ser acatadas. Como se ha repetido hasta el cansancio, el pueblo venezolano debe acogerse a lo dispuesto en los artículos 333 y 350 de la Constitución, que rezan, respectivamente:

(art. 333) “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.”

(art. 350) “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

La desobediencia civil reside precisamente en eso, en desconocer órdenes o decisiones ilegítimas que violan los preceptos básicos sobre los cuales se sustenta la convivencia democrática. El liderazgo opositor pagó muy caro la pifia de no haber respondido de inmediato y de manera contundente a la designación fraudulenta de trúhanes en el Tribunal Supremo que prostituyó sus funciones a favor de las mafias que controlan el poder. Creyó que podría dirimir este conflicto apelando al derecho, pero con los mismos farsantes que lo habían secuestrado. Y mira el terrible daño que han hecho. Son responsables directos de las lamentables muertes de decenas de ciudadanos que protestaban por que ellos le negaron sus derechos a una salida pacífica, constitucional y electoral. No se puede hacer lo mismo ahora. Debe rechazarse toda pretensión de legitimidad de la asamblea espuria. Esto tiene connotaciones de lenguaje muy precisas. No se puede hacer referencia a una Asamblea Constituyente, aun para descalificarla, porque no es tal. Es una asamblea inconstitucional y así debe ser referida.

Toca blindarnos, detrás de un liderazgo resuelto, en el desacato de toda disposición que nos intenten imponer salida de ese cuerpo. Si la defensa del orden constitucional es la base de las alianzas que deben construirse entre venezolanos demócratas para derrotar a la dictadura, no podemos transigir cuando ésta se violenta tan descaradamente. Esto envuelve riesgos. Pero la única fuerza que tenemos en este momento -además del apoyo internacional cada vez más comprometido- está en rechazar, como una sólo ser, los atropellos y arbitrariedades del fascismo. Hagamos inviable, inoperante, su pretensión totalitaria negándonos a obedecer. Inspirémonos en Gandhi, que tantos gustan invocar.

Al respecto, ya se ha presentado la primera prueba a la que debemos someternos: la destitución ilegal y abusiva de la Fiscal General por parte de esa asamblea espuria y la imposición de otras sanciones (inhabilitación, prohibición de salida) por la guarida de bribones que se arrogan la jefatura del poder judicial. Además de la defensa resuelta de la Fiscal, no debe dirigirse gestión alguna relacionada con sus al monigote puesto como reemplazo. La fiscalía, para los demócratas, seguirá estando en manos de Luisa Ortega Díaz hasta que los mecanismos constitucionales existentes dispongan otra cosa. Entre paréntesis, ¿se ha visto cosa más absurda que designar a quien funge de defensor -Tarek Saab- también como acusador (fiscal)? Sólo es posible bajo el totalitarismo. Definitivamente, Tarek carece de personalidad, de principios y de amor propio.

Para el dictador Maduro, la asamblea inconstitucional iba a asentar la paz en el país. Pero la primera decisión que toma es ésta. Por demás, quien resultó electa como presidente -dotada, según las aspiraciones totalitarias, de más poder que el propio Maduro- no es precisamente alguien que se ha destacado por su disposición a la paz, al encuentro con el otro, al entendimiento.

Debe recordarse -y me perdonan por lo reiterativo- que para el fascismo la política es una guerra. No reconoce freno moral, ético, legal ni político a la hora de atropellar. Cede y negocia sólo ante razones de fuerza. No caigamos en la ilusión, porque la razón constitucional y ética está de nuestro lado, de que podamos convencer a los Diosdado y Maduro de que desistan de su impostura despótica. Es menester forzar a que desistan, encontrando la forma de que sus pretensiones se hagan inviables y que tengan que pagar un alto costo político por quererlas imponer. Estrechar el apoyo internacional para aislar aún más al régimen, consolidar acuerdos con el chavismo democrático y formular propuestas claras a la Fuerza Armada para que se inhiba de prestarse a la imposición represiva de los diktats de la asamblea espuria y defienda la constitución, debe marcar las acciones de la oposición en el futuro inmediato. Decenas de miles de militares que formaron parte del Plan República son testigos de que pocos fueron a votar y que la jornada resultó un fraude descomunal.

En esta estrategia, no puede abandonarse los espacios de lucha disponibles. Las fuerzas democráticas deben inscribirse para las elecciones regionales y dar la pelea para que éstas se den debidamente, en forma imparcial, acorde con el ordenamiento constitucional. Pero esto es asunto de otras reflexiones.

Economista, profesor de la UCV.

humgarl@gmail.com

El debate sobre si las fuerzas democráticas participan o no en unos eventuales comicios regionales en diciembre del año en curso, debe darse sin complejos, sin descalificaciones ni agresiones. Debe asumirse con una dosis grande de realismo y pragmatismo. Y la realidad nos indica que todo lo hecho desde abril hasta la fecha no ha sido suficiente para producir la salida del régimen.

Hemos avanzado mucho, por ejemplo lo ocurrido el domingo 30 no fue, precisamente, una victoria del oficialismo, aunque lograron materializar los comicios, sufrieron una derrota política debido a la vigorosa abstención que se produjo y a la evidencia innegable de que se cometió un fraude colosal en todo el proceso.

El chavismo, antaño hegemónico movimiento político, devino en uno repudiado por la inmensa mayoría nacional que desea un cambio y lo desea por vía pacífica y electoral.

Es conveniente que la MUD seleccione e inscriba candidatos a los eventuales comicios regionales de diciembre. Inscribirlos no supone necesariamente que se termine participando ni que haya confianza ni le concedamos legitimidad al CNE. Eso, finalmente depende de lo que pase de aquí a diciembre, y pueden pasar muchas cosas. Se trata simplemente de estar en condiciones de competir si esos comicios se dan con las mismas condiciones del proceso realizado en diciembre del 2015, es decir unas elecciones justas, libres y democráticas. De no ser así retiraríamos nuestros postulados. Lo que no debemos ni podemos hacer es regalarle al régimen una victoria por forfait cuando podemos obtener un gran triunfo que debilitaría aún más a la dictadura.

La abstención o la participación en la situación actual deben ser vistas como opciones tácticas subordinadas al objetivo supremo de desplazar al chavismo del poder.

Entre los escenarios posibles están: a) la Constituyente decida eliminar las gobernaciones y alcaldías, b) la oposición inscribe sus candidatos y el Gobierno decida que no habrá comicios en diciembre, C) el CNE convoque el proceso y el mismo carezca de las condiciones requeridas, d) una intensa presión nacional e internacional obliga al régimen a permitir un proceso electoral con las garantías antes señaladas.

Como se ve no está claro lo que puede ocurrir y por ello no luce conveniente decidir de una vez abstenernos.

En todo caso la lucha continúa, el objetivo oficialista de instaurar una nueva Cuba y perpetuarse en el poder es inviable, lo cual no implica que no lo intenten. La crisis no hará más que agravarse y ese es el talón del oficialismo.

Las fuerzas democráticas deben conservar y fortalecer su unidad y hacer un balance riguroso, realista y sincero de lo ocurrido desde abril.

Caracas, 5 de agosto de 2017

I.

Esta historia se empezó a tejer el año pasado, cuando el CNE descartó el referéndum revocatorio, valiéndose de la sentencia de varios tribunales penales. Y luego de otros episodios su, por ahora, último capítulo comenzó cuando hace unos meses el Presidente Maduro introdujo la propuesta de convocar a una ANC, sin previa consulta al pueblo, misma que el CNE aceptó y tramitó con prontitud. Dicha iniciativa fue vigorosamente desaprobada desde el punto de vista legal, además de que políticamente se consideró que, al contrario de lo que argumentaba su proponente, no contribuiría a solucionar la severa crisis venezolana, sino que la empeoraría.

Encima de lo anterior, el proceso electoral que debería conducir a su nombramiento no cumplió, ni de lejos, con las normas y condiciones exigidas en materia de transparencia y confiabilidad, como tampoco en lo que respecta a asegurar que el voto fuera libre, decisión de cada quien, sin presión alguna.

II.

Hacia la media noche del domingo pasado, el CNE informo que la ANC había sido respaldada por un poco más de ocho millones de votos, cifra que generó una enorme polémica. En efecto, como explicarla en este momento cuando el país hace agua por todos lados, conforme lo vienen registrando desde hace rato distintas encuestas, dedicadas a calibrar el ánimo nacional (convertido en un gran disgusto), el rechazo al Gobierno y también a la ANC, arrojando números que hace varias semanas llevaron al ex Alcalde de Caracas, Juan Barreto, a señalar que en las condiciones actuales del país, el PSUV no ganaría ni la elección de una Reina de Carnaval. Como explicarla, así mismo, a la luz de los diversos sondeos a boca de urna realizados ese día, que estimaban la participación en los comicios en las proximidades de los tres y medio millones de personas. Cómo explicarla, por otro lado, a la luz de la percepción que, a su manera y a su alcance, tuvo cualquier persona que acudiera a observar los centros de votación y constatar los esfuerzos que realizaba la maquinaria oficialista a fin de que los empleados públicos fueran a votar, lo mismo que los beneficiarios de los CLAPS y de las diversas misiones, enterados a la fuerza de que el voto representaba la contraprestación de su partecita de la renta petrolera, entregada por el Presidente Maduro en el marco eso que lo que los entendidos llaman el populismo rentista y más recientemente el nacional-estalinismo, entendido como una especie de “populismo de minorías”.

La suma arrojada por el buche de las computadoras del CNE fue 8.089.320 de votos, o sea más o menos el doble de lo que se calculó por otras vías, suma que, por si faltara algo más, fue cuestionada por la mismísima Smartmatic, al denunciar que “sin duda hubo una manipulación de los datos” que se tradujo en “al menos un millón de votos más”.

III.

Tras el anuncio de unos resultados controvertidos, el lunes amanecimos, así pues, con una ANC cuya legitimidad está siendo cuestionada, incluso por no pocos de los candidatos a integrarla, convencidos de que fueron mera comparsa en una competencia en la que previamente ya se conocía a los ganadores. Amanecimos con una ANC controlada por una minoría política que dispondrá de poderes ilimitados, multiplicando la arbitrariedad y el desorden con los que se gobierna al país y que redactará una nueva Constitución Nacional, cuyo dibujo preliminar es poco democrático. Una ANC que probablemente será escenario de pugnas al interior del chavismo y con toda seguridad trabará la posibilidad para que este movimiento se repiense y fortalezca de cara al mediano y largo plazo. En síntesis, una ANC que no contribuirá a zanjar el aprieto en el que se encuentra el país y que, desde el punto de vista de la conflictividad política, será una piedra más en el camino.

IV.

Todo lo anterior dependerá de cómo se digiera lo que pareciera un engaño electoral. En efecto, a los reparos legales que se le hicieron desde un principio, a la ANC se le añaden ahora las críticas a una operación tramposa, que deja abiertas varias interrogantes con referencia al número de votos que la respaldó.

Así las cosas, se le debiera solicitar al CNE una explicación sobre lo que ocurrió el pasado domingo. ¿Podrá darla?. ¿Será convincente en sus argumentaciones?. ¿Refutará los datos proporcionados por algunas encuestadoras ?. ¿Refutará a Smartmatic?. Caso de que no, ¿cuál será la posición del Gobierno, se refugiará en la épica revolucionaria, qué hará con la ANC?. ¿Cuál la de los sectores de oposición, incluido el chavismo descontento? . ¿La de la comunidad internacional?. ¿La de los militares ?. ¿La de la gente de a pie ?

En fin, ¿cuáles serán las consecuencias políticas derivadas de este embuste aritmético?.

El Nacional, jueves 2 de agosto de 2017