El próximo 16 de julio será un día histórico. Millones de venezolanos acudirán a manifestar su opinión en la consulta popular aprobada por la Asamblea Nacional en ejercicio de la representatividad que tiene de la soberanía popular, y organizada en coordinación con amplios sectores de la sociedad civil. Se expresarán tanto los venezolanos que se encuentran en el país como los que viven en cientos de ciudades de todo el mundo. La consulta popular es una expresión del estado general de rechazo desarrollado luego de la convocatoria anti-constitucional de una Asamblea Nacional Constituyente, aunque se debe recordar que las sentencias también anti-constitucionales del TSJ fueron el inicio del clima de manifestaciones y protestas que se ha extendido ya por tres meses.

En el fondo de esta gran expresión democrática está la defensa de la República. La convicción de la gran mayoría de los venezolanos es que la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente elimina todas las características fundamentales de una República. Tal como es notorio, el carácter corporativo de la convocatoria consagra la conformación de sectores, seleccionados a discreción, con la eliminación del principio de “un voto por cada persona”. En otras palabras, ya la misma convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente conlleva la anulación de derechos ciudadanos al desconocer que la convocatoria solo puede hacerse con la aprobación previa del pueblo.

No es solamente la convocatoria lo que está completamente fuera del marco constitucional. Son también todas las pretensiones ya esbozadas sobre el carácter eventual de dicha Asamblea Nacional Constituyente. Se trataría de un supra-poder, erigido sobre la completa eliminación de la actual Constitución, y con el gran riesgo de suprimir los poderes públicos que han asumido posiciones contrarias a la voluntad oficial. En tales condiciones todos los atributos republicanos prácticamente cesarían en el momento de elegirse dicha Asamblea Nacional Constituyente.

De tal manera que el riesgo es evidente, concreto. Y es por ello tan fundamental que la expresión de la consulta popular del próximo domingo sea contundente y masiva, como es en este momento la opinión de la gran mayoría de los venezolanos. En primer lugar, para rechazar la convocatoria de la Constituyente, pero también para rechazar sus fundamentos, es decir, la aspiración de consolidar la tendencia totalitaria y estatista que ha predominado en Venezuela en los últimos 18 años.

También será un manifiesto a favor de la República civil, con pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, y en la cual la Fuerza Armada Nacional cumpla cabalmente con lo establecido en la Constitución, es decir, respetuosa de los derechos humanos y en sujeción a las normas democráticas. Al mismo tiempo será una demanda nítida por el equilibrio de poderes y el cumplimiento de sus responsabilidades de acuerdo con el marco constitucional.

Finalmente, la consulta popular será una gran oportunidad para exigir el cumplimiento del cronograma de elecciones suspendido arbitrariamente desde el año pasado por el CNE y el rechazo a la violación que significó la anulación del referendo convocatorio. Tal exigencia será también expresión de la gran convicción que existe en Venezuela de que es fundamental la sustitución del actual gobierno por ser el causante de tantas penurias y sufrimientos para la abrumadora mayoría de los venezolanos. De manera directa el próximo domingo el pueblo venezolano expresará su exigencia por un Gobierno de Unidad Nacional, efectivo para resolver los problemas de los venezolanos y creador de posibilidades para prosperar y generar bienestar. Es una gran hora para manifestarse.

12-07-2017

@marinojgonzalez

http://www.talcualdigital.com/Nota/144964/manifiesto-por-la-republica

El dictador Juan Vicente Gómez se valió de sus “chácharos” andinos para imponer su voluntad. Maduro se vale de sus “chácharos” del TSJ para violar la Constitución y cercenar los poderes de la Alcaldía Mayor, Asamblea Nacional y Fiscalía General, y para reprimir utiliza a los ΅chácharos “de la Guardia Nacional. Los gomecistas eran rudos, arbitrarios e inescrupulosos. Arremetían en contra de los caraqueños que osaban hablar mal o realizar actos de protesta en contra del dictador. Constituían un grupo paramilitar que el pueblo denominó “La Sagrada”, porque eran intocables.

Los “chácharos”de la Sala Constitucional del TSJ son más refinados, pero igualmente arbitrarios e inescrupulosos. De los siete magistrados, solo Carmen Zuleta de Merchán, profesora emérita de la Universidad del Zulia, y Luis Damiani cumplen con requisitos para ocupar el cargo y por ello son los más censurables. No solo aceptaron sentarse con quienes no han tenido carrera judicial, ni han sido profesores universitarios, sino que avalan sentencias violatorias de la Constitución. Ellos y sus colegas, al cerrar la vía electoral del referendo revocatorio y aprobar una inconstitucional convocatoria y bases espúreas para que el régimen realice una Constituyente a su medida, son directamente responsables de los asesinatos de casi un centenar de demócratas que protestaban con razón.

Acompañan a esos profesores carente de principios y valores, otros “chácharos”. Calixto Ortega, quien desde que salió de las aulas no ha visto ningún texto de derecho. Juan José Mendoza, quien antes de ser magistrado solo dictó sentencias en su casa. Lourdes Suárez Anderson, quien tiene como única credencial ser hermana del asesinado fiscal Anderson, de dudosa reputación. Arcadio Delgado, Juan José Mendoza y Gladys Gutiérrez tienen cursos de posgrado, pero no tienen carrera judicial, ni han sido docentes universitarios. Toda una partida de “chácharos”al servicio de la opresión.

En 1811, la Junta Suprema de Caracas creó un cuerpo armado denominado Guardia Nacional para "la salva y custodia del Congreso". Para cumplir con idéntica misión, en la actual Asamblea Nacional hay efectivos de la Guardia Nacional, con "parque de armas" y todo, según su comandante el coronel Bladimiro Lugo. Lamentablemente, no heredaron las virtudes inculcadas en Villa Zoila a esa Guardia creada por el General en Jefe Eleazar López Contreras, grado ganado en batallas y en comportamiento cívico, y no como los de ahora en acciones de rastacuerismo.

Esos efectivos de la Guardia agredieron a los diputados Delsa Solórzano, Olivia Lozano y Winston Flores y al presidente de la Asamblea Julio Borges, el día 27 de junio. Este 5 de julio permitieron que los paramilitares rojos, al mando del "comandante Cabeza de mango" asaltaran a la Asamblea y agredieran a los diputados Américo De Grazia y Armando Armas, rememorando el vergonzoso episodio de 1848 en tiempos de Monagas. Estos guardias nacionales son idénticos a los "chácharos"de Gómez. Esta vez son amparados y dirigidos por Maduro y por los generales Reverol, Padrino López y Sergio Rivero. Al parecer ya hay mucho descontento en la Fuerza Armada. Oficiales institucionalistas rechazan las violaciones a la Constitución.

Como (había) en botica:

MIkel Moreno acató la orden de Maduro de trasladar a Leopoldo López a una cárcel más cómoda. Los rojiarcas no pueden aceptar públicamente que fue una decisión política para intentar, vanamente, aplacar la calle y apaciguar las críticas de Almagro y de los gobiernos de países democráticos. Como son torpes, no se pusieron de acuerdo en la justificación: "Medida humanitaria por razones de salud; irregularidades sobre la distribución del expediente; tolerancia y diálogo impulsado por Maduro; garantizar la gobernabilidad y el proceso de la Constituyente; atender solicitud de Lilian". La más risible es la que dio Tania Díaz de que "era una estrategia para que la oposición reconociera al TSJ". Leopoldo López nunca ha cedido. Es un digno nieto de Eduardo Mendoza Goiticoa, quien renunció como Ministro de Agricultura, en 1946, en desacuerdo con una populista importación de carne que introdujo la aftosa. Lo felicitamos por su entereza. No negoció nada personal, aunque no puede descartarse que el acorralado régimen diera un primer paso para iniciar conversaciones con miras a una deseable transición. A quienes perversamente se hacen eco de versiones malsanas les recordamos el lema de la británica Orden de la Jarretera: "Vergüenza para quien piense mal " o dicho en criollo maldito sea quien piense mal.

¿Cómo es posible que los militares permitan el maltrato a uno de los suyos como es el general Ángel Vivas, quien por inocente y razones de edad y salud no debería estar preso?

¿Quién es el militar gorila cobarde que golpeó a Breinal Zambrano?

Lamentamos el fallecimiento del embajador Adolfo Taylhardat.

Todos a votar este domingo en rechazo a la Constituyente ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

"Frente al abandono de la Constitución, el pueblo tiene el deber y el derecho a la rebelión y aquí estamos hoy invocando las palabras de Juan Germán Roscio, líder civil de Venezuela, para declarar la rebelión de la AN frente a la ruptura de la constitución”1. Así se expresó Julio Borges, Presidente de la Asamblea Nacional, cuando el 23 de octubre de 2016 el Poder Legislativo declaró de manera expresa y formal la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo de Venezuela.

De esta forma, así como el Congreso Supremo de Venezuela en 1811 reconoció que se vio en la necesidad de declar la independencia de Venezuela como consecuencia de la conducta hostil y desnaturalizada de los gobiernos de España, los herederos de aquél Congreso no tuvieron otra alternativa que aprobar el mencionado Acuerdo del 23 de octubre de 2016, como respuesta necesaria frente a la conducta hostil del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.

El reclamo que el Congreso Supremo de 1811 hizo a la corona Española y que Juan Germán Roscio y Francisco Isnardi recogieron en el contenido de nuestra Declaración de Independencia, hoy cobra vigencia frente a un régimen, que puede calificarse, con las mismas palabras usadas en ese documento histórico de 1811, de sordo ante los gritos de nuestra justicia.

En 1811 uno de esos reclamos fue que “a pesar de las protestas, de la moderación, de la generosidad y de nuestros principios, contra la voluntad de los hermanos de Europa, se nos declara en estado de rebelión, se nos bloquea, se nos hostiliza, se nos envían agentes a amotinarnos unos contra otros y se procura desacreditarnos”. En ese mismo sentido, nuestra Declaración de Independencia cuestionó la intención de desacreditar a los venezolanos, calificándolos como criminales y sellando con la infamia, el cadalso y la confiscación, toda tentativa posible para la felicidad del país.

Más de 200 años después, esas palabras vuelven a tener espacio en las páginas de nuestra realidad política y en ese sentido, aquél estado de rebelión a que hace mención nuestra Declaración, hoy se expresa concretamente a través de la desobediencia civil y el término de criminales que fue reclamado en 1811 hoy es sustituido por el término de terroristas.

Si en 1811 la dinámica política, social y económica nos obligó a declararnos independientes, hoy la sociedad venezolana, no tiene otra alternativa que asumir la defensa de la Constitución a que hace referencia el artículo 333 y la protesta pacífica garantizada en el artículo 68, como argumentos constitucionales para justificar ese derecho a rebelión a que se refería Juan Germán Roscio.

Hasta ahora, la Asamblea Nacional ha asumido la tarea de romper el intento del régimen de exigir a los venezolanos lo que Juan Germán Roscio llamó obediencia ciega, que cuando opera, advierte Roscio, sirve para sustentar el poder arbitrario de un monarca opresor 2.

Los distintos Acuerdos dictados por la Asamblea Nacional desde mayo de 2016 han registrado una serie de evidencias que hoy sirven de argumentos para justificar la desobediencia civil y que permite comprender la conspiración que han desarrollado el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en contra de la Constitución y del Pueblo.

Precisamente, por esa conspiración es que el 13 de octubre de 2016, 10 días antes de la declaración de ruptura del orden constitucional, la Asamblea Nacional decidió formalmente desconocer la autoridad y la vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y las sentencias del TSJ que fueran contrarias a los valores, principios y garantías democráticos que lesionen los derechos fundamentales.

En tal sentido, esos Acuerdos aportan los argumentos políticos necesarios para declarar como inaceptable que quienes usurpan las funciones de Magistrados de la Sala Constitucional, hayan calificado de innecesaria la utilización de la consulta popular como mecanismo formal de participación ciudadana para validar o no la convocatoria a un proceso constituyente.

Igualmente, es inaceptable que un Presidente, ilegítimo, imponga de manera unilateral una agenda programática y se asuma como legítimo convocante de un proceso constituyente. Es importante no olvidar que el 9 de enero de 2017, Nicolás Maduro fué declarado por la Asamblea Nacional, responsable de la grave ruptura del orden constitucional y democrático, de la violación de derechos humanos, la devastación de las bases económicas y sociales de la Nación y de los atentados a la integridad de la República.

Ese Acuerdo del 9 de enero 2017, declaró expresamente que Nicolás Maduro incurrió en acciones y omisiones que sitúan su desempeño completamente al margen del diseño y funciones constitucionales de la Presidencia de la República. En consecuencia, así como en la Declaración de Independencia los diputados de 1811 advirtieron que querían evitar ser envueltos en el desorden que presentían, los diputados de la Asamblea Nacional, han convocado al pueblo a declararse en desobediencia civil y específicamente el 5 de julio de2017 convocaron formalmente a una Consulta Popular para el 16 de julio del presente año, uscando evitar el desorden que presienten vendrá con la Constituyente.

Esa Consulta Popular reconocida en el artículo 70 de la Constitución, reivindicará sin duda alguna el principio de soberanía popular, que sirvió de justificación para la declaración de independencia de Venezuela, además, esa consulta, es una expresión concreta y efectiva para canalizar la participación de los venezolanos en el marco de la desobediencia civil.

Como herederos de aquellos hombres que en 1811 que apostaron por la independencia, hoy debemos apostar al ejercicio de la soberanía popular para rescatar la libertad y reencontrarnos con la democracia en un país donde todos podamos convivir en paz y armonía.

Por último, como dice Juan Germán Roscio: “...queda la libertad, capacidad y derecho de los pueblos para quitar, alterar o reformar el gobierno establecido cuando así lo exige la salud pública y el convencimiento de ser establecido para servir no para dominar a los homb

1La Verdad. “Parlamento se declara en rebelión tras ruptura constitucional”. 23 de octubre de 2017. Online en:http://www.laverdad.com/politica/107821-parlamento-se-declara-en-rebelion-tras-ruptura- constitucional.html

2 UGALDE, Luis, s.j, El pensamiento teológico-político de Juan German Roscio. UCAB. 2007. Pag 133

PolítiKa UCAB

7 de julio de 2017

Ahora sí es verdad que este piazo ‘e gobierno, en su desesperación, puso la gran cargada contra la democracia al anunciar el propio caporal en jefe que si no ganan con los votos ganarán con las armas, asumiendo la tesis de su inventor de que la revolución es pacífica pero está armada… ¡Y hasta los diente! El pestilente dice adiós a las urnas electorales y da bienvenida a los ataúdes mortuorios que, no obstante su escasez, están a la orden del día en todo el país no sólo por el hambre inclemente y asesina que nos acosa, sino por la represión armada y desalmada que el régimen estimula en vivo y directo por los medios de difusión masiva arrebatados al pueblo y puestos a disposición de sus esbirros.

La intención y la acción electoral en Venezuela se remonta a muchos años atrás, en las luchas emancipadoras y liberadoras de todo aquello que nos alejaba de la civilización y del republicanismo, cuyos promotores insistían en la consulta al pueblo para todo lo que fuera de su interés, y a los ciudadanos nada puede ni debe serles ajeno por cuanto el país y su desarrollo social, económico y político nos atañe a todos.

Bajo ese premisa comenzó la organización de elecciones para todo, comenzando por los reinados de Carnaval que siempre, en todos los niveles educativos, se sometieron a procesos electorales, incluso mediante la “venta de votos” como instrumento para, más allá de belleza y simpatía, medir la popularidad de las candidatas. De modo, pues, que los venezolanos somos electores por devoción, tradición y diversión.

Resulta curioso que el régimen devenido en dictadura, que hizo de las elecciones su carta de presentación, se haya convertido en negador de esta posibilidad por el sólo hecho de sospechar que perderá cualquier proceso comicial aun contando con un CNE alcahuete y cómplice que le ríe las gracias y le acepta todas sus carantoñas, incluyendo el adefesio ese llamado asamblea nacional prostituyente, hecho a imagen y semejanza y a la medida del horror de la tiranía que ya no encuentra en qué palo ahorcarse y que seguro se guindará de su árbol de tres raíces.

Decir adiós a las urnas, a las elecciones, sería decirles chao a la libertad y a la democracia; es desconocer la esencia del pueblo venezolano que si bien está en la calle bregando los caminos de la democracia y de la libertad que les pertenecen, su principal consigna es la petición de ¡Elecciones Ya! para poner fin a esta dictadura con el más puro y sano de los ejercicios, el voto directo, universal y secreto de los hombres y mujeres que desean ser partícipes y protagonistas de la búsqueda de su propio destino pero, al mismo tiempo, estar dignamente representados…

El país está sumido en una espiral de violencia que ha ocasionado cerca de 90 muertos y muchos heridos. Lo que ha generado un profundo malestar en todo el pueblo de Venezuela debido a una pugna de carácter político que no parece ceder. Las causas que motivaron el actual estado de conflicto, aunque siguen vivas, se tornan irrelevantes ante la tragedia que estamos viviendo.

Estamos frente a un conflicto de procedencia y naturaleza más social que política. Es aquí donde radica la gravedad del problema al que nos enfrentamos, pues sabemos por experiencia, que los movimientos sociales usualmente no se detienen hasta lograr su cometido. Por esto me siento obligado a hacer una autocrítica y pedir que bajen los ataques discursivos contra los manifestantes. Si bien es cierto que han existido incidentes causados por manifestantes sumamente violentos, y otros tarifados, que han generado graves daños a personas y su patrimonio, llamarlos terroristas no hace más que acentuar la agresividad del conflicto.

¿Sabrán los dirigentes políticos de este país a donde vamos a parar? Yo si creo saber cual es el mejor escenario que se nos presenta. Estamos a la puerta de una guerra civil, donde pueden ocurrir mayores atrocidades de las que ya hemos visto, si no hacemos algo al respecto.

Como defensor de la soberanía nacional, considero que los problemas deben ser resueltos aquí, y como patriota, no renuncio a la sabiduría que debe existir entre quienes realmente se sientan parte de este pueblo, para que puedan asumir el desafío histórico de contribuir en esta tarea.

Me niego a aceptar, como chavista de convicción, que fue testigo de primera mano del irrevocable carácter humanista de Hugo Chávez, que las dos fracciones de la dirigencia política venezolana no sean capaces de ver el grave error que constituye mantenerse en una especie de falso empoderamiento, cuando hay venezolanos muriendo en las calles día a día.

En la carrera militar se nos enseña profundamente sobre conflictos, pero también sobre la solución de los mismos. Yo puedo suponer que los dirigentes de este país tienen suficiente preparación para resolver con diplomacia y política sus diferencias, o al menos eso quiero creer.

En derecho, existen cuatro formas básicas como medios alternativos de resolución de conflictos: la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Estas son usadas para evitar la intervención jurisdiccional, pero pueden ser usadas también de forma genérica ante ciertos tipos de conflictos.

Aplicando este método al caso sociopolítico venezolano podemos evidenciar que la negociación ya fue usada en la supuesta mesa de diálogo del año pasado, sin resultados para ninguna de las partes. El arbitraje fue el callejón sin salida impulsado por la oposición a través de la OEA, que es un organismo internacional, no intra-nacional. La mediación fue la vía explorada por el gobierno usando erróneamente a personajes extranjeros. La conciliación no ha sido explorada ya que, por ahora, la polarización extrema del país la convierte en una utopía. Por ello me pregunto: ¿por qué no resolvemos nuestros problemas nosotros mismos?, ¿será que no existe en este país venezolanos calificados y dispuestos para servir de esta manera a su patria?.

Por esto abogo, por que se explore la vía de una mediación, compuesta por actores venezolanos que no hayan caído anteriormente en la bajeza de los discursos ofensivos ni del oportunismo político a favor de la violencia. Me parece que es la salida real al escenario de conflictividad social y política que hoy sufrimos.

El país no está en condiciones de involucrarse en ninguna actividad política de envergadura, ni a seguir el juego macabro entre odio y miedo al que está jugando la dirigencia política. Mientras esto siga ocurriendo, no existirán las condiciones para ir a elecciones de algún tipo. Al menos no hasta alcanzar un mínimo nivel de paz y tranquilidad que garanticen su adecuada ejecución.

Por tanto, mi llamado es a la racionalidad de la dirigencia política del país y al repudio de la violencia; y, especialmente, a que recuerden que la prioridad es el Pueblo Venezolano, parar las muertes de inocentes y acabar con el conflicto.

Al cierre de este artículo recibo la noticia de una medida sustitutiva de libertad de casa por cárcel para el dirigente opositor Leopoldo López, hecho que pudiera constituirse en un gesto de buena voluntad para abrir las puertas a la búsqueda efectiva de vías para transitar el sendero de la paz, ojalá así sea, por el bien de nuestro amado país.

Reseñó: Hugo Carvajal

http://actualidadvenezuela.org/2017/07/10/hugo-carvajal-un-llamado-a-la-...

El Tribunal Supremo de Justicia, convertido en instrumento político, en Sala Plena, admitió la solicitud que le hiciera el diputado Pedro Carreño de un denominado antejuicio de mérito contra la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, por presuntas faltas graves, todo lo cual tiene por objeto su remoción del cargo, como sanción administrativa de competencia exclusiva de la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 279 de la Constitución.

Sin duda, con esta nueva acción, amparada bajo la simple apariencia de la legalidad, invocando normas que han sido previstas para resguardar el ejercicio legítimo de esos cargos y velar por el eficaz funcionamiento de las instituciones en un Estado de Derecho, se pretende destituir a quien, en nombre del Ministerio Público, garante de los derechos ciudadanos, ha optado por defender la Constitución y denunciar la ruptura del orden democrático por parte del propio tribunal que ahora procede en su contra.

Por supuesto, tratándose de la exigencia legal de protección a la función pública, por parte de quienes son sus enemigos manifiestos, se ha convocado a una audiencia pública en la que debe oírse a la fiscal y a sus denunciantes, a los fines de un pronunciamiento que deberá ser sometido al debate y decisión de la Asamblea.

Con la simple admisión de la solicitud y sin fundamento jurídico razonable, “a los fines de garantizar el cauce procesal respectivo”, que ya se conoce, el tribunal ha acordado medidas cautelares de prohibición de salida del país, congelación de cuentas bancarias y prohibición de enajenar y gravar, todo ello, sin juicio, sin debate y en el curso de un procedimiento que se abre simplemente para evaluar si hay elementos serios que comprometan la responsabilidad de la fiscal por faltas administrativas y sin que esas medidas tengan algo que ver con las imputaciones formuladas. Sin duda, estamos ante una condena anticipada y una fórmula expedita para destituir a uno de los más altos funcionarios, a cuyo cargo pone la ley la representación del interés general y la responsabilidad por el respeto a los derechos ciudadanos.

Por lo demás, sin ser vidente, todo parece indicar que el “cauce procesal” no es otro que la remisión del expediente, no a la Asamblea Nacional, a quien corresponde conocer, debatir y decidir de manera exclusiva la eventual remoción de la fiscal –pero considerada en permanente, reiterado, eterno y absurdo “desacato”– sino a la propia Sala Constitucional, juez y parte, cuya decisión ya se conoce.

Una vez más, la arbitrariedad y las vías de hecho sustituyen la institucionalidad, en este caso, paradójicamente, bajo la apariencia de una formal legalidad. Sencillamente, se trata de acciones emprendidas como instrumento de terror contra cualquier forma de disidencia y denuncia de los abusos del poder.

En el caso de la fiscal, la “sinrazón” de su remoción no es otra que su posición expresada con energía en defensa de la Constitución y su denuncia clara y terminante de la ruptura del orden democrático por parte de la Sala Constitucional, cuyos integrantes no están por encima de la ley, sino sujetos a ella, de manera que sean ejemplo para una sociedad que aspira a la convivencia en paz por el camino del derecho, sin que pueda entender el pueblo que sus jueces responden a los intereses de la revolución y no de la justicia.

Solo la Asamblea puede remover a la fiscal general y si lo hace otro poder, simplemente estará usurpando las funciones del Parlamento y llevando a cabo un acto nulo e ineficaz, como ya lo son todas las decisiones que desconocen la soberanía popular y los derechos ciudadanos.

aas@arteagasanchez.com

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/antejuicio-fiscal-general_190625

Cuando pensábamos que los tiempos de la reja y el cepo en Venezuela serian cosas del pasado, nos cayó la desgracia de tener por presidente a un personaje mediocre y represivo, quien todo lo quiere resolver con prisión o muerte. Con Leopoldo no ha podido, es irreductible, allí está en la antesala de la calle, al igual que Ledezma, Ceballos y el resto de nuestros presos políticos. Muchas interrogantes y dudas han traído la decisión del TSJ al otorgarle una medida sustitutiva de encarcelamiento. Eso jamás tendrá trascendencia ante el fulmínate hecho de que ha sido la calle y no Maduro, quien ha provocado el acercamiento a su libertad definitiva.

Solo quienes han estado tras las rejas de una prisión jamás olvidaran que la libertad no tiene precio, sino pregúnteselo a Jesús de Nazareth, Gandhi, Mandela y a la historia viviente del ex presidente Mujica, quienes, a fuerza de coraje, destruyeron con sus indoblegables conductas los barrotes que pretendían arrebatarles su condición de seres libres. Ya lo diría el Quijote: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida”.

Valdrá la pena deslizarse por el tortuoso camino de la juridicidad y sus enrevesados artículos procesales. A quien pudiera interesarle en estos momentos saber si la decisión correspondió a que Lilian le envió una misiva a Tareck o porque Maikel observó que a Leopoldo le estaba cayendo mal el frio de las paredes de Ramo Verde, y por eso lo mandó bien tempranito a su casa. El asunto va más allá de saber si con la decisión madrugadora se ha presentado un conflicto de competencia. porqué al tener sentencia firme, le debió corresponder tomar la decisión al Tribunal de Primera Instancia en funciones de sentencia y no al TSJ.

Aquí nuestros primeros presos políticos fueron Miranda, Roscio e Iznardi. Con la perdida de la primera República en Venezuela se instala una dictadura en manos del español Domingo Monteverde. Este invasor militar, lo primero que hizo fue violentar los acuerdos de diálogo y armisticio propuesto por nuestros próceres, embistiendo con ello, contra la recién creada Constitución, señalando a sus defensores como agitadores de una una sociedad de bandoleros, alevosos y traidores. Durante todo el resto del siglo XIX nuestra historia estuvo marcada por alzamientos, montoneras y rebeliones acompañadas de sus presos políticos.

Si algo caracterizó a la dictadura impuesta por Juan Vicente Gómez, fue mantener atestado sus recintos carcelarios de reos políticos. Hasta en el periodo de la democracia representativa, muchos venezolanos fueron a parar con sus huesos a las prisiones, por adversar políticamente a los gobiernos de Betancourt, Leoni, Herrera y Caldera, incluso Hugo Chávez y el endemoniado Diosdado se dieron su paseo por Yare; de manera que tampoco es algo novedoso que Nicolás mantenga en chirona a sus adversarios políticos, lo llamativo es ver las formas descaradas de como en pleno siglo XXI este sátrapa viola sus derechos humanos.

López, no será el último preso político de esta azarosa República, pero cualquiera que haya estado en su condición, sabe el costo de estar en manos del enemigo. Hay que armarse de mucha fuerza y fe para poner en riesgo una medida, que, al fin de cuentas, pudiesen suspendérsela; sin embargo, este aguerrido Leopoldo, en la primera oportunidad de hablarle “libremente” al mundo, entró de nuevo en desobediencia civil al señalar: "Si mi compromiso de lucha me lleva nuevamente a la cárcel estaré dispuesto, hoy reiteró mi lucha por la Libertad y la Democracia del país. Mañana a la calle".