Consciente como estoy de lo reducida de mi zona de influencia y lo limitado de mi círculo de lectores, pero dada la iniciativa del Poder Ejecutivo para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, me voy a tomar la libertad de plantear la siguiente reflexión:

Para que una Asamblea Nacional Constituyente contribuya a la Paz de la Republica y a sacarnos de la crisis que nos está agobiando, ella debe ser la fuente de la autoridad legítima, el depósito de la soberanía popular y el árbitro del destino de la Nación, como tan sabiamente lo expuso Simón Bolívar en su Discurso de Angostura.

Y eso, en mi opinión, solo se logra activando el Poder Constituyente Originario para que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente que tendría como objetivos específicos: transformar el Estado Venezolano, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución, cuyo texto sea lo suficientemente capaz de convencernos que solo unidos y reconciliados podremos comenzar a construir una nación agrícola, pecuaria, petrolera, minera e industrialmente desarrollada, a través de la educación eficiente, el trabajo creador, la solidaridad ética, la responsabilidad militante, la tolerancia política, el respeto al derecho del otro y la moral pública; pues, fuera o al margen de estos parámetros, todo cuanto pueda hacerse por Venezuela, no pasara de ser más que pastorear nubes sobre el cielo azul de la patria buena.

Finalmente, no haber hecho partícipe ni protagónico al depositario del poder constituyente originario para la convocatoria a una constituyente, es un acto antipedagógico por cuanto en nada contribuye a la estimación y valoración del pueblo en general.

Con voz propia

Los once principios de la propaganda de Alemania nacionalsocialista, de Joseph Goebbels, figura clave de Adolf Hitler, considerado el mejor de prosélitos políticos de la historia, son el manual de instrucción del corrupto e inhumano narco régimen militar que padecemos. Hace consigna de la frase «una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad», cuya autoría se le atribuye y que motivará el denominado orquestación: “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto”

Estudios del nazismo revelan que es de Vladímir Ilich Lenin, líder que dirigió la revolución que implantó el comunismo en desaparecida URSS.

“Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá” –catequizaba el “enano cojo y diabólico” así apodado en alusión a su baja estatura y a una malformación en el pie, quien se declaraba simpatizante de lucha comunista contra burgueses.

“Somos socialistas y enemigos mortales del capitalismo”, slogan del oficialista Pusv, es copia fiel y exacta del manifestó político nazi 1933.

En esta crisis de hambruna e inseguridad que conlleva a manifestaciones de protesta que arriba a 3 meses en el país, con trágico balance de 90 muertes en su mayoría jóvenes, la voz militar reitera la doctrina goebeliana:

“Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan.”

Para “chequeados” (orden de pago) mantenidos y enchufados portavoces del régimen “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar” (Goebbels deixis)

Un esbozo del método evidenciará su caletre por los funcionarios. La hegemonía comunicacional, fortalecida con el desequilibrio informativo, censura, autocensura, silencio de medios a través del chantaje con suministro de papel a periódicos y concesiones a radiodifusoras y televisoras.

Pregonan la justicia y la paz, pero siembran el odio.

Jamás se había registrado criminal actuación de la Guardia Nacional, incrementada con brutales allanamientos y robos en edificios. Se le suma la alianza con la Policía y los “colectivos” armados.

Las acusaciones de capitalismo salvaje, imperialista, exportadores del terrorismo, pitiyanki, es la adopción del principio de simplificación y del enemigo único, contra EEUU.

Actualizada lista de narcotraficantes, resalta caso de sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela: Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. Fueron capturados por la DEA cuando intentaron transportar 800 kilos de cocaína a EEUU, amparados con pasaporte diplomático.

Así como el idolatrado difunto comandante abogó por liberación en Francia del terrorista Carlos “El Chacal” Ilichi Ramírez, su delegatario lo hace a EEUU por sobrinos.

En este panorama convocan fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, que sondeos de opinión dan por rechazada, para ellos es irreversible. La meta es relegitimarse, con eliminación de Asamblea Nacional, destitución de Luisa Ortega Díaz como titular del Ministerio Público y supresión de elecciones

Al MARGEN: La pitiyanki abogada chavista Eve Winifred Golinger, conocida como Eva Golinger, nacida en Nueva York, donde reside, nacionalizada venezolana, se pronunció contra ANC Maduro. “Es sumamente preocupante”.

Que el PP pueda gobernar pese a su patológica corrupción se debe a la división de la izquierda que le impide sumar fuerzas. ¿Por qué Podemos y PSOE resultan incapaces de negociar acuerdos mayoritarios? Es evidente que comparten tanto sus bases sociales, apenas separadas por una mera barrera generacional, como sus principales reivindicaciones y sus programas políticos, claramente compatibles al basarse ambos en un reformismo socialdemócrata en absoluto revolucionario. Entonces, ¿por qué no son capaces de negociar un programa común? Las razones que se dan son accesorias, al fundarse en cuestiones formales como el tipo de representación, o personalistas, dada la dificultad de confiar en alguien como Iglesias Turrión. Pero es posible que exista un factor más profundo, una especie de carencia congénita que veda, dificulta o hace problemático cualquier posible acuerdo.

Me refiero con ello a que en la herencia cultural de la izquierda coexisten dos culturas políticas disímiles y opuestas que resultan insolubles entre sí, en el sentido de que son tan incapaces de mezclarse como el agua y el aceite. Esto no es solo un problema español, pues se viene dando un poco por toda Europa. En el pasado ese criterio de demarcación separó y opuso al comunismo frente al socialismo, pero hoy se manifiesta preferentemente por la dicotomía entre populismo y socialdemocracia, que ha venido a heredar todo un legado histórico de incomprensiones e incompatibilidades mutuas. Y para caracterizar mejor ese infranqueable criterio de demarcación entre las dos culturas de la izquierda europea, lo sintetizaré en tres rasgos definitorios.

Ante todo la identidad colectiva, el quiénes somos nosotros, como cemento capaz de construir, integrar y erigir un sujeto político. Ambas culturas interpelan a unas mismas bases sociales heterogéneas entre sí, definibles como de clase media urbana (funcionarios y profesionales asalariados), de clase obrera (trabajadores de cuello azul) y de clase popular (empleados de servicios temporales y precarios). Pero mientras la tradición socialdemócrata trata de articularlas, estructurarlas y cohesionarlas apelando a sus intereses comunes, el populismo en cambio intenta hacerlo apelando a sus aversiones comunes, tal y como teorizó Laclau. Esto hace que la identidad populista se caracterice por su negatividad, pues necesita fabricar un enemigo del pueblo del que depende su propuesta de sujeto político. Mientras que la identidad socialdemócrata propone como objetivo positivo la creación política de oportunidades viables de ascenso social.

En segundo lugar, la estrategia o modelo de sociedad que se espera construir en el ejercicio del poder. La cultura socialdemócrata aspira al pluralismo universal incluyente, de tal modo que todos los sujetos sociales por diversos que sean logren cumplir sus aspiraciones. Un pluralismo que para Juan Linz es el mejor criterio de demarcación para trazar la frontera entre democracia y autoritarismo. Mientras que el populismo no busca desarrollar la pluralidad sino construir la hegemonía de Gramsci entendida como homogeneidad cultural, y de ahí su propensión a las purgas y las limpiezas excluyentes. Por eso la calidad democrática de la cultura populista deja tanto que desear.

Y por último, la táctica o método de competir por el poder, una vez que la lucha armada quedó descartada y las elecciones se convirtieron en “el único juego en la ciudad” (según la metáfora de Linz para definir la democracia). Pero como teorizó Elias, la competición electoral es la continuación de la guerra civil por medios incruentos. Y esto hace que competir por el poder resulte ambivalente, al basarse tanto en la negociación, el acuerdo y el pacto como en la lucha, el conflicto y el antagonismo. Pues bien, de estas dos dimensiones de lo político (que también definió Mouffe), la cultura socialdemócrata se basa en la búsqueda de compromisos de suma positiva por consenso mutuo, mientras que la razón populista tiende a exacerbar el conflicto antagónico. Y ello no tanto por una afinidad electiva con la épica del heroísmo viril (que como el valor se le supone al militante) como por puro marketing político, pues la violencia simbólica de la lucha sin cuartel parece un espectáculo más eficaz para captar la atención de la audiencia. De ahí que los populistas desprecien la tibieza del compromiso socialdemócrata y opten por la dialéctica del enemigo antagónico.

Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

El País. 21 jun 2017

http://elpais.com/elpais/2017/06/20/opinion/1497974261_479766.html

¿Qué más puede venir? Todo. Todo lo que una mente retorcida pueda imaginar puede estar en nuestro destino futuro. La situación de actual del país es sustancialmente diferente de otros momentos históricos. Nosotros hemos tenido malos gobiernos, dictaduras y guerras, pero la sistematicidad de la destrucción nacional que vivimos en todos los órdenes es inédita. Nos encontramos a las puertas de la aniquilación de nuestra comunidad política, es decir al borde de esa temible palabra que tantas veces nos ha acompañado: anarquía, anarquía del S. XXI. Si en vez de una nación fuésemos un paciente ya estaríamos en el último aliento. Pero las naciones no fenecen, empeoran infinitamente. Cosas mucho peores pueden venir.

Esto es más que un mal gobierno, es un proyecto destructivo. La pregunta es ¿por qué? Por qué alguien quería ver a su patria completamente devastada solo por mantener su poder, reinando sobre un caos que se volverá irremediablemente en su contra, porque un pueblo sistemáticamente aniquilado por el hambre y las enfermedades se rebela: cada vez mas contundentemente, cada vez de manera más irracional, si se le cierran las salidas. La pregunta que usualmente hacen los investigadores de los delitos es: ¿a quién beneficia el crimen? Este crimen, ¿a quién beneficia? No se encuentra respuesta: incluso a las naciones que viven de nosotros les conviene que no caigamos tan profundo.

Mas preguntas: esta capacidad para la maldad, ¿dónde estaba escondida?, ¿por qué tanto resentimiento? Sin duda muchos guardan rencores –cada uno guarda el suyo en los intersticios de su alma y lo justifica- , pero por qué trastocar la política en venganza. Las grandes almas son aquellas que transforman el dolor en amor para el mundo, aquellas que habiendo padecido en carne propia la maldad quieren erradicarla, no reproducirla. ¿Por qué vengarse en los inocentes? ¿Por qué asesinar niños y violar los derechos humanos tan continua y sistemáticamente? Uno ha leído cosas horribles de la historia nuestra: hombres malvados, sanguinarios, desalmados. Pero es que este capítulo ya va batiendo record de crueldad.

Al final se van a ir. De una u otra manera se van a ir, por la fuerza civil de una ciudadanía determinada a ser libre, o por la fuerza de la biología, que nos llega a todos. ¿Por qué hacerlo con este aterrador saldo de muertes en la conciencia? ¿Por qué sumar tantos folios a un expediente que ya es demasiado abultado? Al final, un ser humano no trasciende por el poder que ha detentado o por la riqueza que ha guardado. Lo que hace de un ser humano digno de ser recordado con admiración y afecto por nuevas generaciones que le suceden, es por su contribución al engrandecimiento de esta misteriosa carrera de relevos que es la humanidad toda, por sus aportes, en el arte, en la ciencia, también en la política. La eternidad es nuestra morada definitiva, nuestra vida la única oportunidad de pasar a ella con dignidad. Ser virtuosos en el breve transitar de la existencia, es lo menos que podemos hacer por honrar el mágico y sagrado don de la vida. Decía san Juan de la Cruz. “en la tarde de la vida te examinaran de amor”.

Es un capitulo triste de nuestra historia el que ustedes han protagonizado. Contando con todo lo quien gobierna puede necesitar para hacerlo bien: apoyo incondicional, recursos nunca vistos, un país ávido de cambio y progreso; transformaron ese sueño en la pesadilla que vivimos hoy. Es comprensible el miedo, el de ustedes y el nuestro. Seguramente es mal consejero para ambos. Llega la hora de abrir caminos a la paz y la reconciliación.

En 1951, Mario Briceño Iragorri escribió su famoso ensayo “Mensaje sin destino”. No sería ni malo darle una lecturita a ver si al fin nos enteramos de que la cosa es con nosotros, de que estamos al borde del abismo y hay alguien empeñado en dar un paso al frente.

El 20 de junio de 2017 la Mesa de la Unidad Democrática anunció, a través del Presidente de la Asamblea Nacional, la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución, en el marco de las protestas iniciadas desde marzo de 2017, con ocasión al golpe de Estado permanente perpetrado en contra de la Constitución, y que luego avanzó a través de la fraudulenta e ilegítima convocatoria de la asamblea nacional constituyente.

Muchos se preguntan cuáles son las consecuencias prácticas de este anuncio. O en otras palabras: ¿cómo se aplican estos artículos de la Constitución?

1.- Entendiendo el artículo 333 de la Constitución

El artículo 333 indica que la Constitución, como es la “norma jurídica suprema”, no puede ser desconocida o derogada de manera indebida. Si ello sucediere, ese artículo ordena a ciudadanos y funcionarios a“colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

Por lo tanto, para que esa norma pueda ser aplicada, es necesario que la Constitución haya sido desconocida, lo que sucede en casos de golpe de Estado, o lo que es igual, ruptura del orden constitucional o del hilo constitucional.

Precisamente, desde el 2016 la Asamblea Nacional ha declarado que en Venezuela hay un golpe de Estado, con ocasión a las decisiones de la Sala Constitucional que invalidaron sus competencias, y luego, con ocasión a la suspensión del referendo revocatorio. En 2017 esa conclusión se reiteró frente a las sentencias 155 y 156, y posteriormente ante la ilegítima convocatoria de la asamblea nacional constituyente. La Fiscal General de la República también ha afirmado conclusiones similares.

2.- Entendiendo el artículo 350 de la Constitución

El artículo 350 de la Constitución reconoce un derecho propio de nuestra tradición republicana, muy estudiado por Juan Germán Roscio: el derecho a desobedecer todo Gobierno que vulnere la Constitución.

Mientras que la monarquía absoluta se basó en la obediencia ciega, la República iniciada en 1810 se basó en la obediencia racional: el ciudadano debe obediencia al Gobierno solo si éste actúa dentro de la Constitución. Pero si el Gobierno actúa fuera de sus facultades, invadiendo la libertad, entonces, el deber de obediencia cesa.

En 2003, la Sala Constitucional interpretó que el artículo 350 permitía invocar la desobediencia cumpliendo con tres esas condiciones: (i) debe existir un Gobierno, Ley o sentencia que usurpa la voluntad popular y actúa al margen de la Constitución; (ii) deben haberse intentado todas las acciones judiciales previstas en la Constitución, pese a lo cual (iii) se mantiene el desconocimiento a la Constitución. La sentencia, sin embargo, trató de limitar el alcance de ese derecho, lo que es una tarea inútil: el derecho a la desobediencia existe, incluso, frente a sentencias que arbitrariamente pretendan limitarlo.

3.- ¿Cómo se aplican en la práctica los artículos 333 y 350?

Los artículos 333 y 350 son dos caras de una misma moneda. Tal y como Roscio lo explicó hace doscientos años, frente a Gobiernos despóticos, el ciudadano tiene dos derechos: (i) un derecho pasivo que consiste en no obedecer o colaborar con ese Gobierno (artículo 350) y (ii) un derecho activo que consiste en realizar todas las acciones para restablecer la vigencia de la Constitución (artículo 333). Ambas facetas parten del desconocimiento jurídico del Gobierno que actúa al margen de la Constitución, y que por ende, no debe ser obedecido.

El derecho a la desobediencia, como derecho pasivo, tiene un contenido específico: no obedecer órdenes o mandatos derivados de Gobiernos que actúan al margen de la Constitución. Ese derecho debe ser ejercido por los ciudadanos por medio de mecanismos de no-cooperación, mucho de los cuales ya se han venido cumpliendo en el marco de las recientes protestas. Por ejemplo, cuando la UCAB y otras universidades decidieron no colaborar con el CNE en el fraudulento proceso constituyente, estaban actuando al amparo de este artículo, aun cuando no haya sido formalmente invocado.

Para los funcionarios, este derecho es ampliado en el artículo 29 constitucional, el cual reconoce el derecho a no obedecer órdenes violatorias de derechos humanos. Aquí, la desobediencia tiene un grado de eficacia mayor, pues en definitiva, las ordenes contrarias a la Constitución (desde la represión a manifestantes hasta las elecciones de la “constituyente”) requieren de actuaciones de funcionarios, quienes legítimamente pueden negarse a colaborar con esos procesos, impidiendo de esa manera la vulneración de los derechos humanos.

Por su parte, el contenido del artículo 333 es más amplio. En realidad, esa norma solamente establece una obligación de resultado: si la Constitución es desconocida, su eficacia debe ser restablecida. Pero la Constitución no explica cómo puede lograrse ese restablecimiento, lo que es lógico, pues esa norma rige frente a situaciones de hecho excepcionales en las cuales las normas constitucionales han perdido eficacia.

Por ello, para restablecer la vigencia de la Constitución, los ciudadanos y los funcionarios pueden adoptar cualquier acción, bajo dos límites: (i) la acción debe ser necesaria y pertinente para restablecer, en la práctica, la vigencia de la Constitución, y (ii) no pueden vulnerarse principios superiores como la libertad, el pluralismo y la democracia, así como los derechos humanos. Por ello, el artículo 333 no es un cheque en blanco.

4.- ¿Y qué puede hacer la Asamblea Nacional?

La Asamblea Nacional cumple un rol importante en la aplicación del artículo 333 constitucional, pues en su condición de representante del pueblo, tiene legitimidad democrática suficiente para emprender cualquier acción necesaria para restablecer la vigencia de la Constitución, dentro de los límites ya señalados.

Ese rol debe ser cumplido tomando en cuenta dos particularidades.

Lo primero que debe considerarse es que el artículo 333 se aplica para incidir en las condiciones materiales que impiden que la Constitución tenga vigencia plena. No basta, por ello, con decisiones jurídicas dictadas por la Asamblea: es necesario que en la práctica esas decisiones sean cumplidas.

Lo segundo que debe tomarse en cuenta es que la derogatoria de hecho de la Constitución de 1999 no responde a una única causa, sino a causas complejas. Por lo tanto, para restablecer la vigencia de la Constitución deben adoptarse decisiones complejas, planificadas y articuladas para lograr el objetivo querido por el artículo 333.

Como se observa, la aplicación del artículo 333 por la Asamblea no requiere simplemente de un acto que se cumpla de manera instantánea, sino más bien de un proceso a través del cual la actual situación de hecho actual pase a ser una situación de Derecho regida efectivamente por la Constitución.

Ese proceso, en suma, es un proceso de transición hacia la democracia, o lo que es igual, un proceso de transición democrática, al cual recientemente se refirió Luis Ugalde. Fue en este sentido que la Asamblea, en mayo pasado, decidió crear la Comisión de Garantías para la Transición.

De esa manera, la Asamblea Nacional, como legítimo representante del pueblo, es a quien le corresponde planificar y coordinar el proceso de restablecimiento efectivo de la Constitución. Para ello, ciertamente, es necesario continuar con los procedimientos de designación de los magistrados del Tribunal y de los rectores del CNE, entre otras accionesorientadasa la transición hacia una democracia constitucional estable.

Pero nuevamente debo advertir que esas decisiones de la Asamblea, en sí mismas, serían insuficientes, pues se requiere que ademássean cumplidas en la práctica. Para garantizar esa aplicación práctica no solo se precisa del apoyo de la sociedad civil (a través de métodos de protesta y no-cooperación), sino también de los funcionarios, quienes de acuerdo con los artículos 29 y 333 de la Constitución, deben colaborar en el restablecimiento efectivo de la Constitución, como ya ha hecho la Fiscal.

Precisamente, como anunció la Asamblea al crear la citada Comisión de Garantías para la Transición, es necesario establecer incentivos para que los funcionarios desconozcan los actos que configuran el golpe de Estado y colaboren en el restablecimiento de la Constitución.

La incertidumbre

Una transición es, dicho de la manera más simple, el paso de un régimen político a otro. Es un momento de excepción en el que las reglas o normas que condicionaban la vida política de un país dejan de regir, parcial o totalmente. Un período de enorme incertidumbre, dominado frecuentemente por una dinámica de confrontaciones, negociaciones y pactos, entre quienes resisten el cambio y quienes lo promueven (1). Guiados (partidarios y opositores) por tácticas y estrategias que se adoptan con base en percepciones y preferencias que muchas veces cambian en el curso de la interaccion política, de la lucha por el poder. Las transiciones, además, presentan algunos patrones distintivos dependiendo del contexto histórico en el que se desarrollan: 1970-1980s (tercera ola), 1990s (colapso del comunismo soviético), 2000s y más (las que se produce luego). Y han sido estudidas enfatizando unas veces los factores socioeconómicos y otras el liderazgo, la influencia externa o la fortaleza de la sociedad civil frente al estado y su capacidad de movilización (2). Las transiciones, como es de esperar, no siempre se ajustan a las pautas de los distintos modelos teóricos que intentan explicarlas. Son, en síntesis, contigentes y accidentadas. La famosa “transitología”, lejos de ser una “ciencia de las transiciones”, constituye un dinámico ámbito de investigacion en el que es frecuente encontrar interesantes disputas intelectuales. Un terreno que (como es el estudio de la política en general) suele ser inconclusive (3).

¿Cómo se produce el cambio?

Sin adjetivo, la transición puede representar por igual la profundizacion de la tiranía o un proceso de democratización. Un avance o un retroceso, donde el qué suele importar tanto como el cómo. Esa inclinación normativa caracteriza buena parte de los debates sobre las transiciones. Y frecuentemente hace que los mismos tomen la forma de un (falso) dilema entre “paz o guerra” o “votos o balas”. O que quienes participan en ellas sientan la necesidad de mostrarse particularmente virtuosos y políticamente correctos. Como cuando se impuso entre los líderes de la oposición venezolana aquella fórmula de cambio “democrático, pacífico, constitucional y electoral”. Como si la misma no fuese, implícitamente, una negación de la situacion indeseada que se pretende cambiar (la dictadura). ¿O acaso no es una cualidad de la democracia (tal vez la mayor) el que los cambios se produzcan de manera “democrática, pacífica, constitucional y electoral”? Confundir los fines (democracia, restablecimiento de la Constitución y el estado de derecho) con los medios (elecciones sin violencia) resulta fatal en toda estrategia. Tanto como ingenuamente pensar que si hay “votos” no habrá “balas”, cuando la experiencia histórica muestra que en todas las transiciones demócraticas siempre, al final, hay “votos” sin que por ello, necesariamente y en todos los casos, deje de haber “balas”. En sentido literal o metafórico (es decir, disuadiendo a través de la amenaza del uso de la fuerza).

La inmensa mayoría de los venezolanos perseguimos el mismo objetivo: rescatar la democracia. Pero nos cuestionamos sobre cómo lograrlo (los medios). Y como “ningún hombre es tan desprovisto de razón para preferir la guerra a la paz” (Heródoto), quisiéramos naturalmente lograrlo de manera “pacífica y electoral”. ¿Es posible? La respuesta es sí. Al menos para una parte de la literatura politológica. Pero ese “sí” es en verdad condicional (si…). Depende. No sólo de las estrategias y tácticas de los actores, sino también del tipo de régimen que se trata de sustituir. Roessler y Howard (2009) analizan, por ejemplo, qué tipos de regímenes son más suceptibles de experimentar una transición democrática mediante elecciones. Ellos distinguen y estudian cinco tipos regímenes: autoritarismo cerrado, autoritarismo hegemónico, autoritarismo competitivo, democracia electoral y democracia liberal (4).

En términos de cambio político y con base en el nivel de apertura para la participación y la competencia electoral, su análisis establece (resumiendo bastante) lo siguiente: en general, los regímenes más autoritarios (autoritarismos cerrados o hegemónicos) son bastante estables (aunque más el primero que el segundo). Al igual que las democracias, sean liberales (elecciones libres y transparentes más estado de derecho) o electorales (elecciones libres y transparentes, pero frágil estado de derecho y bajos niveles de governanza). El más volatil de los regímenes es, en consecuencia, el autoritarismo competitivo. Una categoría, por cierto, que ellos mismos califican de residual. Es decir, para casos que no satisfacen los criterios de las otras categorías y que, en el fondo, representan autoritarismos “volátiles e inestables”. En otras palabras, son regímenes que no disponen de los recursos suficientes para acabar de forma permanente con la “amenaza electoral”. E intentan, por ello, simplemente sobrevivir, utilizando el ventajismo, el fraude y la represión, pero respetando la regularidad de los procesos electorales y tolerando un mayor nivel de pluralismo.

El que casi la mitad de las elecciones conlleve a un cambio de régimen ilustra bien la volatilidad de los autoritarismos competitivos. No obstante, ello no quiere decir que el cambio que las elecciones produce sea en una sola dirección. Por el contrario, unas veces el cambio transforma el régimen en una democracia electoral (32%) y otras en un autoritarismo hegemónico (19%). Que se oriente en una dirección u otra depede, en parte, de que la coalición opositora se mantenga unida (aumentando los costos asociados al fraude y el uso de la fuerza y, en consecuencia, disuadiendo al regímen de su uso), o de que por alguna razon (muerte, abandono del cargo, etc.) se produzca un cambio en la jefatura del Estado que afecta el funcionamiento del aparato clientelar e impulsa a una parte de la élite a la defeccion (5).

¿Dónde ubicar a Maduro?

La respuesta no me parece evidente. Al régimen de Hugo Chávez (1998-2013) se le solía considerar un autoritarismo competitivo (6). Y aunque en muchas formas Maduro puede ser visto como la continuación de aquél, algunas diferencias se imponen. El régimen de Maduro, desde mi punto de vista, fue inicialmente un autoritarismo competitivo. Pero hoy claramente muta en un intento por mantenerse en el poder. De competitivo va (o prentende) convertirse en hegemónico, como inevitable consecuencia de: 1) la pérdida de las bases tradicionales que sostuvieron al chavismo en el poder hasta la muerte de Chávez y 2) la creciente percepción de que las restricciones actuales a la competencia electoral son insuficientes para evitar un cambio político en futuros procesos electorales. Si para el régimen había alguna duda sobre la imposibilidad de seguir jugando con las antiguas reglas, la pérdida de la mayoría parlamentaria tras las elecciones del 6 de diciembre de 2015 la despejó.

El éxito del modelo de dominación chavista se basó en: a) el liderazgo carismático de Hugo Chávez, b) la condición de mayoría electoral del chavismo, c) los ingentes recursos fiscales que permitieron financiar un enorme aparato clientelar a través de las llamadas “misiones” y el crecimiento brutal de la burocracia estatal y d) el control sobre el aparato represivo del Estado, particularmente sobre las fuerzas armadas. Esta última es la única de las cuatro bases que sostiene al régimen en la actualidad (aunque sufriendo, sin duda, el progresivo desagaste que produce el derrumbe de las otras tres).

El continuo uso de la represión, cada vez más indiscriminada y a mayor escala. La violación de los calendarios electorales. La adición de nuevas y arbitrarias exigencias a los partidos políticos, limitando de modo creciente su capacidad de competir electoralmente. El aumento de la censura y los intentos por limitar formas alternativas de comunicación a través de plataformas tecnólogicas. En definitiva, el nivel y la frecuencia con que Nicolás Maduro utiliza instrumentos represivos de los que Hugo Chávez se sirvió con muchísima más prudencia y moderación evidencia, a mi juicio, el cambio. Una mutación que apunta, como ya dije, a la creación de condiciones que garanticen el que la oposicion (siendo mayoría) participe, pero no gane (uno de los criterios centrales para que Roessler y Howard clafiquen un caso como autoritarismo hegemónico). El régimen de Maduro, en otras palabras, se hace cada vez menos “competitivo” y más “hegemónico”. Y aunque no fuese aún propiamente un autoritarismo hegemónico, en los hechos ha dejado de ser un autoritarismo competitivo. Si eso es así, una transición “electoral y pacífica” en Venezuela no sería imposible, pero nos va a resultar más difícil y complicada.

Aprender de otras histórias

Hay tres transiciones democráticas a las que me quisiera referir brevemente. Me parece que ellas iluminan importantes aspectos del proceso de cambio que pueden ser útiles conocer y considerar. Son los casos de Filipinas (1986), Indonesia (1998) y Chile (1990). Los tres casos tienen en común que la transición se produjo: 1) en medio de grandes movilizaciones, 2) en un contexto de dificultades económicas y 3) acompañadas de una fractura en la coalición de gobierno que llevó a la conformación de una alianza entre moderados de ambos lados. Todo ello, sazonado por 4) un contexto internacional favorable al cambio democrático.

En los casos de Filipinas e Indonesia, la fractura se produce a partir de defecciones de “último minuto”, protagonizadas por miembros de la coalición gobernante que hasta ese momento eran prácticamente “indistinguibles” de aquellos otros miembros de la cúpula considerados “de línea dura”, tanto desde el punto de vista político como ideológico (7). En los 3 casos, además, las fuerzas armadas tuvieron un rol fundamental en el fin de la dictadura, a pesar del fuerte nexo que las unía a ella. Bien sea mediante la aquiescencia frente al cambio (Indonesia), la participación directa en el mismo (Filipinas) o la presión interna para su aceptación (Chile). En el caso chileno es conocida, aunque a veces olvidada, la tensión que se vivió la noche del plesbicito entre miembros de la Junta y que desembocó en la aceptación de los resultados adversos (8). “Las fuerzas armadas -cabría recordar- son el espejo de la sociedad y sufren todos sus padecimientos, normalmente a una temperatura más elevada” (Trotski).

Menos conocido, seguramente, es el impacto que tuvo la estrategia militar adoptada por del Partido Comunista de Chile luego del primer plebiscito (1980). No obstante su fracaso, las acciones violentas del Frente Patriótico Manuel Rodriguez (algunas de ellas de carácter terrorista) contribuyeron paradójicamente a cambiar la actitud de Washington hacia el régimen de Pinochet. Y a crear condiciones para el surgimiento de una alianza entre moderados de la oposición y de la dictadura. Todo ello con el fin de evitar, a través de una transición controlada, la posibilidad de una guerra civil o el desencadenamiento de un proceso revolucionario similar a los que se vivían entonces en algunos países centroamericanos (9). En consecuencia, la “amenza revolucionaria” representada por las acciones violentas de la extrema izquierda, el estacamiento económico y el ambiente de inestabilidad política y social que las movilizaciones populares produjo minó la legitimidad del régimen de Pinochet, dejándolo al mismo tiempo sin base ideológica, sin razón de ser. Asimismo, la utilización de las fuerzas armadas para complementar el esfuerzo represivo de los carabineros fue creando tensiones en el cuerpo de oficiales, muchos de los cuales (particularmente los más jóvenes) comenzaron a cuestionar “el buen juicio” del general al oponerse a una transición necesaria. Convergieron todas esas fuerzas y hubo entonces en Chile una salida “pacífica y electoral”. Aunque, como se ve, no exenta de tensiones, episodios de violencia y grandes peligros.

¿Qué nos falta?

Venezuela padece una muy profunda crisis económica y humanitaria. Aunque su impacto no sea equitativo, esa crisis nos afecta a todos. Y a todo, incluyendo el aparato clientelar del régimen. Las movilizaciones recurrentes, masivas y pacíficas hacen cada vez más costosa la represión, al tiempo que van aislando internacionalmente al régimen y le alienan apoyos internos, incluyendo en el seno de las fuerzas armadas. Más aún cuando parte de la brutal represión ordenada por el régimen la realizan bandas paramilitares cuya existencia cuestiona la razón de ser de los cuerpos de seguridad del Estado y los componentes militares. Nicolás Maduro está al frente de un gobierno que la inmensa mayoría de los venezolanos repudia. Se enfrenta a una oposición unida y determinada. Maduro dirige un régimen que actúa fuera de la ley y carece de legitimidad. Se encuentra en una situación precaria. ¿Qué falta para su caída? Más presión (interna y externa). Hasta que las contradicciones del régimen produzcan esa fractura que permita materializar el cambio político que el país pide y necesita. Esa fractura (y el subsecuente cambio) terminará produciéndose. Mucho dolor, sin embargo, podríamos ahorrarnos si algunos de los miembros de la cúpula del régimen identificaran la ventana de oportunidades que la transición representa y el costo creciente que supone resistirla y obstaculizarla. Los buenos políticos (y también los buenos militares) saben identificar el momento. “En política -decía Napoleon- siempre hay que anticipar los eventos”.

Notas:

1. O’Donnell, G. A. and Schmitter, P. C. (1986). Tentative conclusions about uncertain democracies. Woodrow Wilson International Center for Scholars. Latin American Program. Véase también, Khachaturian, R (2014) “Uncertain Knowledge and Democratic Transitions: Revisiting O’Donnell and Schmitter’s Tentative Conclusions about Uncertain Democracies”. Polity, Vol. 47, No. 1.

2. Stoner, K, Diamond, L. y McFaul, M (2013) “Transitional Successes and Failures: The International-Domestic Nexus”, en Stoner, K. y McFaul, M (editor) Transitions to Democracy: A Comparative Perspective. (Baltimore: Johns Hopkins University Press).

3. Schmitter, P. C. (2010) “Micro-foundations for the Science(s) of Politics. The 2009 Johan Skytte Prize Lecture”. Scandinavian Political Studies. Vol. 33 No. 3. p. 329

4. Roessler, P. G. and Howard, M. M. (2009) “Post-Cold War Political Regimes When Do Elections Matter?”, en Lindberg, S. I. (editor) Democratization by elections: a new mode of transition. The Johns Hopkins University Press. Baltimore, Maryland.

5. Roessler y Howard, p. 122.

6. Levitsky, Steven and Loxton, James (2013) “Populism and competitive authoritarianism in the Andes”. Democratization, 20:1, p. 107-136. p.123

7. Fukuoka, Y (2015) “Who brought down the dictator? A critical reassessment of so-called ‘People power’ revolutions in the Philippines and Indonesia”. The Pacific Review, February, p.1-23

8. En este enlace puede leerse un documento desclasificado por el gobierno de los EE.UU que describe lo sucedido: http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB413/docs/nodiajuntameeting.pdf

9. Figueroa Clark, V. (2015) “The Forgotten History of the Chilean Transition: Armed Resistance Against Pinochet and US Policy towards Chile in the 1980s”. Journal of Latin American Studies, Vol. 47 (3), p. 491-520.

Jorge Lazo Cividane es politólogo y venezolano, profesor de la Universidad de Ottawa, Canada.

Los veintiún ciudadanos que fueron postulados ilegalmente al Tribunal Supremo de Justicia por Tarek Saab y Manuel Galindo son sinvergüenzas y sus sentencias han causado un gran daño al país, al igual que sus postulantes. Posteriormente fueron designados por los también sinverguenzas y dañinos diputados del Psuv en la anterior Asamblea Nacional, a pesar de que era evidente de que el procedimiento estaba viciado y trece de ellos no cumplían con los requisitos establecidos en la Constitución.

Calixto Ortega, Lourdes Suárez, Vilma Fernández, Francisco Velásquez, Iván Dario Bastardo, Jesús Jiménez Alfonzo, Fany Márquez y Christián Zerpa tuvieron el descaro de presentarse como candidatos a magistrados principales del TSJ conscientes de que solo podían ocuparían esos cargos por ser serviles al régimen de Maduro ¡Qué descarados, qué falta de escrúpulos! La misma conducta tuvieron Juan Carlos Cuenca, Betty Luna y Mary Ramos, quienes aceptaron ir como suplentes.

En su momento, el diputado Elvis Amoroso, presidente del comité de postulaciones declaró impúdicamente "Todos salieron excelentes. Nosotros nunca nos vamos a salir de la constitución" ¡Qué descarado! Por su parte el sinvergüenza de Tarek Saab, intentó desmentir a la Fiscal Luisa Ortega de que ella no había firmado el acta de postulación. Para ello, no sabemos si el auto llamado Defensor del Pueblo, presentó un acta firmada que no es la pertinente o falsificó firmas

La entrevista que la periodista Vanesa Davis realizó a María José Marcano, quien era la Secretaria del Consejo Moral Republicano, pone al descubierto a Saab, Galindo y a los magistrados usurpadores. La hoy exiliada señora Marcano y la Fiscal actuaron correctamente y eso hay que aplaudirlo.

¿Qué decir de quienes sí cumplían los requisitos mínimos, como Luis Damiani, José Luis Ibarra, Yanira Karabin, Marco Medina y Eulalia Guerrero, pero que aceptaron estar en compañía de los usurpadores? ¿Y de quienes ya eran magistrados, como el conocido Maikel Moreno y otros que no sabemos si con credenciales o sin ellas, como Marco Tulio Dugarte, ,Jhannett Madriz, Gladys Gutiérrez, Indira Alfonzo Arcadio Delgado, Juan José Mendoza Jover, Yolanda Jaimes, Marjorie Calderón y Carmen Zuleta de Merchán, para citar algunos? Quizá algunos puedan haber pasado el baremo satisfactoriamente, otros suma cum diez y otros raspados, pero avalaron las sinvergüenzuras y son culpables de las violaciones a la Constitución. Tampoco tienen virtudes ciudadanas para ser Magistrados.

Tenemos que reconocer que la mayoría de nuestros diputados están enfrentando al régimen con mucha valentía, lo cual les ha costado lesiones y todo tipo de atropello. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que a veces no deciden sobre lo importante y urgente. Era vital que, apenas instalada la Asamblea, se abocaran a destituir a los magistrados electos sin tener las credenciales necesarias. Han debido ponerlos al descubierto mediante una citación a la Fiscal y a la Secretaria del Consejo Moral, o bien a través de una comunicación, para que ellas explicaran cómo fue el proceso de selección.

Aspiramos que la Asamblea Nacional designe magistrados idóneos. En el pasado todos eran buenos abogados, aunque algunos eran non santos y estaban demasiado identificados con AD o con Copei. Los nuevos magistrados deben tener méritos propios y de conocida solvencia moral y profesional. No queremos magistrados de la oposición, sino personalidades no atados a toldas políticas que actúen con criterio propio para poder rescatar a la justicia. Reconstruir lo que han causado los bárbaros rojiarcas pasa porque nadie perciba que le violen sus derechos.

Como (había) en botica:

El petróleo y la agricultura son sectores de primer orden para Venezuela. Sin embargo, los rojos destruyeron ambas actividades. La producción petrolera sigue en picada. La OPEP informó que Venezuela solo extrae 1.963.000 barriles por día (b/d), apenas el 6,1 % de la producción de esa organización. Estados Unidos es el primer productor del mundo, con 14.280.000 b/d, cifra que incluye productos no convencionales. Sin embargo, el manipulador Isaías Rodríguez declaró que "vienen por nuestro petróleo". Como no hay gasolina ni gas, las gandolas de Pdvsa transportan cocaína. La agricultura ha sido afectada por la inseguridad jurídica y personal, por la escasez de insumos y control de precios. Fedeagro y los profesores de Agronomía de la UCV, Juan Fernando Marrero y Werner Gutiérrez advierten que habrá más desabastecimiento por la caída de la producción en este ciclo debido principalmente a la escasez de semillas y fertilizantes; los cañicultores solo han obtenido mil toneladas de fertilizantes, de las 90 mil requeridas; en los Andes por falta de semillas solo se ha sembrado una cuarta parte de la superficie de hortalizas; en Portuguesa la siembra de cereales es de apenas 75.000 hectáreas, cuando la meta era casi diez veces mayor; en arroz los rendimientos caerán de 5.000 kg/ha a 3.000 kg/ha; en bovinos, la falta de antígeno impide realizar las pruebas de brucelosis. ¡No a la prostituyente! ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com