Vivir en los extremos de opresión y libertad ha sido el destino de Venezuela. Hace doscientos años, en su guerra de independencia (las más larga del continente), los venezolanos se mataban entre sí con indecible ferocidad: friendo las cabezas de sus enemigos, asesinando niños, ancianos, mujeres y enfermos, hasta perder la cuarta parte de su población y casi toda su riqueza ganadera. Pero extremas también, en su ambición e intensidad, fueron las hazañas de Simón Bolívar, libertador de futuras naciones (Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia). Y no menos notable fue su contemporáneo Andrés Bello, quizá el mayor pensador republicano del siglo XIX en América Latina.

Venezuela padeció largos periodos de dictadura hasta bien entrado el siglo XX y por ello arribó muy tarde al orden constitucional, en 1959, de la mano de otro personaje extraordinario, sin precedente: Rómulo Betancourt (1908-1981), el primer converso latinoamericano del comunismo a la democracia y, acaso, nuestro más esforzado demócrata del siglo anterior. Por desgracia, el periodo democrático tendría fecha de caducidad: en 1998, cansada de un régimen bipartidista manchado por la corrupción y las desigualdades sociales, Venezuela encumbró al redentor mediático Hugo Chávez.

La tensión continúa. Un sector amplísimo de la sociedad lleva meses volcado en las calles de todo el país reclamando su libertad y sus derechos confiscados por un régimen tiránico que la condena al hambre, la escasez, la desnutrición y la insalubridad. Las miles de imágenes de la represión por parte de los contingentes de la Guardia Nacional que pueden verse en las redes sociales son estremecedoras: disparos a mansalva, emboscadas mortales, decenas de jóvenes asesinados, asaltos a ancianos, vejaciones a mujeres, tanques contra manifestantes. Un Tiananmén diario mientras Maduro baila salsa. No podemos esperar el desenlace de ese drama como esperamos el final de una serie de televisión: Venezuela necesita una solución sin precedentes.

Me tocó presenciar de cerca el penúltimo ciclo de la antigua tensión. Me refiero a la era de Hugo Chávez, antecedente y responsable directo del drama actual. A fines de 2007, viajé por primera vez a Venezuela. Acababa de ocurrir el referendo (el único que perdió Chávez) en el que la mayoría de los votantes se manifestó de manera contraria a las propuesta de reelección indefinida y la conformación de un Estado socialista, lo que habría significado la fusión de Cuba con Venezuela en un solo Estado federal.

Volví varias veces. Hablé con numerosos chavistas, desde altos funcionarios e intelectuales afines al gobierno hasta líderes sociales. Me impresionó el testimonio espontáneo, en barriadas populares, de la gente agradecida con el hombre que “por primera vez”, según me decían, “los tomaba en cuenta”. Sentí que la vocación social de Chávez era genuina pero para ponerla en práctica no se requería instaurar una dictadura. El entonces ministro de Hacienda, Alí Rodríguez Araque, me contradijo: “Acá estamos construyendo el Estado comunal, como no pudieron hacerlo los sóviets, los chinos ni los cubanos”. “¿En qué basa su optimismo?”, le pregunté. “En nuestro petróleo. Está a 150 dólares por barril y llegará a 250”. “¿Y si se desploma, como en México en 1982, quebrando al país?”, insistí. “Llegará a 250, no tengo duda”, me dijo.

En el bando de la oposición hablé con estudiantes, empresarios, escritores, líderes sindicales, militares, políticos y exguerrilleros. Aunque los alarmaba el desmantelamiento de PDVSA (la productiva empresa petrolera nacionalizada en 1975), así como los niveles –una vez más, sin precedente en América Latina– de despilfarro y corrupción con los que el gobierno disponía de la riqueza petrolera, su principal preocupación era la destrucción de la democracia: la reciente confiscación de RCTV (la principal cadena privada de televisión) y el creciente dominio personal de Chávez sobre los poderes públicos presagiaban una deriva totalitaria. Chávez lo había anunciado desde su primer viaje a La Habana, cuando declaró que Venezuela se dirigía hacia el mismo “mar de la felicidad” en el que navegaba Cuba. La presencia de personal militar y de inteligencia cubano en Venezuela y la voluntad expresa de Chávez en volverse “el todo” de su país (como Castro lo era de Cuba), parecían confirmar esos temores.

Pensé que el daño más serio que Chávez infligía a Venezuela era el feroz discurso de odio que practicaban él y sus voceros. Quienes no estaban con él estaban contra “el pueblo”: eran los “escuálidos”, los “pitiyanquis” aliados al imperio, los conspiradores de siempre, los culpables de todo. Había que denigrarlos, expropiarlos, doblegarlos, acallarlos. Concluí que Chávez quería ser Castro, pero el tránsito hacia el “mar de la felicidad” no le sería fácil por el temple de libertad de los venezolanos.

Una historia sin precedentes tenía que desembocar en situaciones sin precedentes, como la súbita enfermedad mortal del caudillo que se imaginaba inmortal y el ungimiento monárquico de su sucesor. Pero nada preparó a los venezolanos para la tragedia que ahora viven. Junto con los ensueños petroleros han caído las máscaras ideológicas. El balance de la destrucción económica y social es terrible, y tardará decenios en asimilarse: tras despilfarrar en quince años cientos de billones de dólares de ingreso petrolero, el país más rico en reservas de América ha descendido a un nivel de pobreza de 80 por ciento y enfrenta una inflación estimada de 720 por ciento para 2017.

Venezuela es el Zimbabue de América. Una descarada alianza de políticos y militares corruptos, obedientes a los dictados de Cuba e involucrados muchos de ellos en el narcotráfico, ha secuestrado a una nación riquísima en recursos petroleros e intenta apropiarse de ella a cualquier costo humano, y a perpetuidad.

Los asesinatos del gobierno de Maduro no son todavía comparables a los de las dictaduras genocidas de Chile y Argentina en los años setenta. Pero conviene recordar que estas no provenían de un orden democrático (y, en el caso de Pinochet, cedieron el poder tras un plebiscito). Tampoco es una copia del régimen de Castro, que acabó de un golpe con todas las libertades y las instituciones independientes y es la dictadura más longeva de la historia moderna.

Se trata, en todo caso, de una cubanización paulatina, el plan original de instaurar el “Estado comunal” a través de una asamblea constituyente espuria y liquidar las elecciones presidenciales de 2018. Pero este designio totalitario se topa con una resistencia masiva sin precedentes en nuestra historia latinoamericana, una participación cuyo heroísmo recordaría los mejores momentos de Solidaridad en Polonia o la Revolución de Terciopelo en Praga, si no fuera por la sangre que diariamente se derrama.

Es imposible predecir el desenlace. Pero para la comunidad internacional hay una salida. Se trata de la doctrina que el propio Rómulo Betancourt formuló en 1959 y que hoy ha retomado el valeroso Luis Almagro, quien con su liderazgo ha rescatado la dignidad e iniciativa de la OEA. El Derecho Internacional la conoce con el nombre de Doctrina Betancourt.

“Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranicen con respaldo de las políticas totalitarias deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados mediante la acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica internacional”.

Nada cabe esperar de gobiernos dictatoriales: Rusia, China, Cuba, Corea del Norte. Tampoco de los serviles satélites de Maduro en la región. En cuanto a Estados Unidos, quizá Obama hubiese logrado la intercesión cubana, pero tratándose de Trump, carente de toda legitimidad moral, sería mejor que en nada intervenga. Quedan Europa, América Latina y el Vaticano. En solidaridad con el bravo pueblo de Venezuela, la Unión Europea y los países principales de América Latina deben tender el “cordón sanitario” –diplomático, financiero, comercial, político– al régimen forajido de Maduro, persuadir al papa Francisco de ser más agresivo en este esfuerzo y presionar juntos a Raúl Castro para aceptar la salida democrática: cese a la represión, elecciones inmediatas, respeto a las instituciones, libertad a los presos políticos.

Enrique Krauze es un historiador mexicano, editor de la revista Letras Libres y autor de, entre otros libros, “Redentores: Ideas y poder en América Latina”. Es también colaborador regular de The New York Times en Español.

Publicado originalmente en The New York Times en Español

Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

333 y 350. En esos números está todo. En esos dos artículos encontramos la razón de ser de la protesta venezolana.

En términos impecables la fiscal Luisa Ortega Díaz puso en forma jurídica el tema del conflicto. Un gobierno, el de Maduro, intenta desconocer la Constitución de la República y suplantarla por otra cuyo origen no reside en la soberanía popular sino en la decisión de un grupo entronizado en el poder. De un día a otro, el gobierno de Maduro, convertido en dictadura militar, ha decidido desconocer el sufragio universal y con ello a la forma republicana de gobierno, propia a todos los países democráticos de la tierra. Ahí reside la dimensión jurídica del problema.

La dimensión política limita con la jurídica pero no es la misma. Tiene que ver con el momento en el cual fue lanzado el proyecto de la Asamblea Constituyente. Y bien, ese momento no guarda la menor relación con lo que, desde una perspectiva histórica, vale decir, desde las revoluciones madres de la modernidad –la norteamericana y la francesa- han sido las Asambleas Constituyentes.

Las Asambleas Constituyentes vistas desde una perspectiva histórica han sido siempre portadoras de un proyecto fundacional.

Fundacional quiere decir fundar o refundar una nación. Es por eso que las Constituyentes en todas las experiencias históricas han sido convocadas cuando ha llegado la hora de poner en forma a una nueva nación (surgida después del fin de un imperio colonial o cuando una nación se separa de otra nación) En otras ocasiones han sido resultado de un cambio radical de régimen político (por ejemplo, de la monarquía a la república) Por último, también suelen ser convocadas cuando la Constitución ha sido declarada obsoleta (la Constitución alemana de post-guerra, por ejemplo) por todos lo poderes públicos. En todos esos episodios, la aprobación de la ciudadanía ha sido decisiva.

Eso significa: en cada nueva Constitución existe una instancia revocatoria y una instancia aprobatoria. No puede haber, dicho más exactamente, una instancia aprobatoria sin previa instancia revocatoria. Sin revocación y sin aprobación de la ciudadanía – a través de la vía parlamentaria y/o de la plebiscitaria- no puede nacer ninguna Constitución.

Solo por esa razón, al convocar a una Asamblea Constituyente sin convocar a la ciudadanía, el régimen de Maduro se ha puesto fuera de la Constitución y sus leyes. Nunca en toda la historia política de América Latina –ni aún bajo las peores dictaduras- ha habido un caso de usurpación de la voluntad ciudadana tan ilícito e ilegitimo como el cometido por el régimen de Maduro.

La Constitución vigente en Venezuela fue aprobada por mayoría el año 1999, durante el gobierno del presidente Chávez, y su intención era crear los fundamentos para una nueva república. A favor de esa refundación optaron incluso sectores no identificados con el chavismo quienes vieron que esa Constitución, al ampliar algunos derechos sociales, no llevaba a una ruptura con el orden histórico y político y, por lo mismo, no alteraba la continuidad republicana. Se podía, en fin, estar en desacuerdo con ella, pero nadie podía negar que el procedimiento usado para su aprobación fue legítimo, democrático y popular.

Chávez, ni en los momentos en los cuales gozó de la más amplia mayoría, intento convocar a una nueva Constituyente. El año 2007 pudo haberlo hecho para asegurar un tercer mandato. Pero prefirió introducir una reforma para cuyo efecto llamó a un plebiscito. Ese plebiscito, como es sabido, lo perdió. Fue la primera gran derrota del chavismo. En cambio, Maduro, lejos de contar con el apoyo que tuvo Chávez, ha decidido prescindir de la voluntad del pueblo no para realizar una reforma, sino para anular a toda la Constitución. Bajo Maduro el pueblo está a punto de perder su ciudadanía política.

Importante es recordar que el plebiscito del 2007 no fue ganado solo con los votos de la oposición. Por primera vez apareció dentro del chavismo un segmento disidente al que podríamos llamar chavismo constitucional. Sus miembros eran chavistas; algunos continuaron siéndolo. Pero esa vez, hay que reconocerlo, no aceptaron poner a Chávez por sobre la Constitución. De tal manera la confluencia que hoy observamos entre una inmensa mayoría opositora y el reaparecimiento de un chavismo constitucional tiene un antecedente histórico. La diferencia es que la confluencia del 2017 es mucho más amplia que la del 2007. Eso significa que la mayoría de la nación, más allá de todas sus diferencias, es, o ha llegado a ser, constitucionalista. O dicho así: en Venezuela hay muchos partidos pero en estos momentos hay solo dos campos: el campo constitucionalista formado por la inmensa mayoría y el campo anti-constitucional, formado por una secta estatal, sus muy pocos partidarios y la cúpula militar.

A partir del éxito del 2007 comenzaría a crecer un tronco sólido dentro de la oposición formado por políticos que entendieron que la única manera de derrotar al chavismo era recorrer la vía pacífica, democrática, electoral y sobre todo, constitucional, dejando atrás todo tipo de atajos, salidas y aventuras inútiles. Gracias a la existencia de ese tronco –aparecido como un frágil arbusto durante las elecciones presidenciales del 2005- la oposición en su conjunto obtuvo la gran victoria del 6D.

En defensa de la AN surgió la iniciativa de la revocación presidencial, abortada ilegalmente por la CNE de Tibisay Lucena. Pero la oposición volvió a agruparse, y nuevamente continuó la ruta constitucional, exigiendo lo mínimo a que tiene derecho un pueblo: elecciones libres. Fue entonces cuando el régimen cercado por sus propias leyes, y no encontrando ningún otro camino que lo salvara de unas elecciones destinadas a ser perdidas, decidió destruir a toda la Constitución.

La Constituyente de Maduro fue un misil lanzado en contra de la oposición constitucional. Pocas veces un gobierno ha atentado en contra de su nación de un modo tan criminal. Que como gran concesión el régimen haya pautado las elecciones regionales después de entrar en vigencia la Constituyente, lo que de hecho anularía a priori el resultado de esas elecciones, no solo es una sinvergüenzura. Es una burla miserable a todo el pueblo venezolano. Son esas las razones por las cuales Maduro y su régimen son repudiados en todo el mundo democrático.

La Constitución del 99 dejó de ser la Constitución del gobierno y se transformó gracias a la confluencia formada por la oposición y el segmento constitucional del chavismo, en la Constitución de todos los ciudadanos.

Parece no haber dudas. En Venezuela está teniendo lugar la primera insurrección constitucional de la historia latinoamericana. Por cierto, eso no quiere decir que en otras la defensa de la Constitución no haya jugado un papel importante. Basta recordar el movimiento que desató Francisco Madero en el México de 1910 en contra de la reelección presidencial de Porfirio Díaz. O ese discurso en defensa de la Constitución de 1940 -llamada también la constitución virgen pues nunca entró en vigencia- pronunciado por ese joven demócrata y liberal llamado Fidel Castro frente a los tribunales del dictador Batista (La historia me absolverá,1953) En ese y otros casos, la Constitución ha sido un referente, pero nunca ha ocupado un lugar tan central y determinante como hoy en Venezuela. La Constitución del 99 ha llegado a ser el programa y el guía, la ideología y la práctica, el símbolo y el significado, y no por último, el eje alrededor del cual rotan muchos partidos y organizaciones de izquierda, derecha y centro.

Nadie conoce el final de esta historia. Sin embargo, ya podemos avanzar una tesis: aunque logren imponer a sangre y fuego la Constituyente, Maduro y su secta están perdidos. Nunca podrán obtener con las balas lo que no pudieron obtener con los votos. Y aunque se digan gobernantes, jamás podrán gobernar. El gobierno de Maduro ya es un gobierno políticamente muerto. La Constitución del 99, en cambio, seguirá viviendo.

¡Viva la Constitución!

https://polisfmires.blogspot.com/2017/06/fernando-mires-viva-la-constitu...

Existen dos Venezuela conviviendo en nuestro país. La más grande de las dos cree que “Venezuela es rica porque tiene petróleo” y que el rol del gobierno es distribuir esa inmensa riqueza. Esa es la Venezuela que se hunde en el “excremento del diablo”, como diría Juan Pablo Pérez Alfonzo, el ilustre venezolano cofundador de la OPEP. Por otro lado, también hay una Venezuela más pequeña que comprende que el petróleo, por sí solo, no hace “ricos” a los venezolanos. Esta segunda Venezuela percibe que el desafío consiste en poner el petróleo y otros recursos a trabajar, como diría Arturo Uslar Pietri: “hay que sembrar el petróleo”.

La mentalidad de la primera Venezuela destruye la autoestima pues la gente piensa que “no hay nada que un individuo pueda hacer para remediar la situación”. Esa mentalidad aniquila la ética del trabajo y también explica por qué tantos venezolanos siguen buscando en el Estado una solución a sus problemas, a pesar del fracaso que han tenido las políticas socialistas e intervencionistas, tanto en Venezuela como en el resto del mundo. En pocas palabras, se trata de una mentalidad que produce pobreza, frustración y odio.
Promover iniciativas
Por su lado, la segunda Venezuela está dispuesta a abrazar estrategias económicas de mercado, diseñadas para integrar a Venezuela en la economía global, para promover iniciativas individuales y colectivas que generan riqueza. Es la Venezuela que favorece el cambio y el progreso económico dentro de un mundo globalizado. En pocas palabras, considera que Venezuela puede moldear su propio destino y alcanzar la prosperidad a través de políticas competitivas con el trabajo de los ciudadanos.

Debido a las políticas erróneas actuales seguimos hundiéndonos más en el excremento del diablo. Las políticas chavistas eluden la racionalidad económica y van en contra de la modernidad. Mientras la mayor parte del mundo sigue avanzando, Venezuela continúa retrocediendo. ¿Hasta cuándo seguiremos en este laberinto anacrónico?

www.cordeiro.org

En la primera página de Últimas Noticias del 8 de junio de 2015 aparece una promesa de las tantas incumplidas por el régimen del autócrata Maduro. Decía el titular que “en dos meses estará resuelto el abastecimiento”. El anuncio lo hacía el general Carlos Osorio como ministro de Alimentación, el mismo que aparece vinculado a denuncias sobre corrupción en la importación de alimentos por su relación con cuestionados proveedores, entre ellos, Naman Wakil.

No sólo no se ha cumplido lo ofrecido sino que dos años después se cuentan en decenas las muertes por desnutrición, sobre todo infantil, y se multiplican las desgarradoras imágenes de venezolanos buscando comida en basureros.

Actualmente el general Carlos Osorio, sin dar respuesta a las gravísimas denuncias en su contra, desempeña el cargo de Inspector General de la FANB y, para colmo, suena como próximo ministro de la Defensa impuesto por Maduro, quien así busca tener un mayor control de la FANB y utilizarla como brazo armado para satisfacer sus ambiciones desmedidas de poder.

Esta semana hemos sabido que el Ministerio Público ha intensificado la investigación sobre Naman Wakil y sus oscuros negocios con altos funcionarios del régimen como proveedor de alimentos. Se trata del mismo seudo empresario denunciado por nosotros en el libro El Gran Saqueo por presuntos sobreprecios y sobornos en la importación a través de empresas de maletín.

En el expediente No. 318350-2016 de la investigación que adelanta el Ministerio Público, figura una lista de empresas utilizadas para las supuestas negociaciones fraudulentas que habrían causado un grave daño al patrimonio público: Dicom de Venezuela C.A., Atlas Systems Canda Ins C.A., Atlas Systems International Inc. C.A., Frigorífico Quatro Marcos C.A., Syronics de Venezuela C.A., Kelviana Group International C.A., All Food Universal Corp C.A., Michi Foods C.A., Doux Frangosul Agro Avicola C.A.

Del mismo modo, hay evidencias contundentes de que Naman Wakil hizo transferencias por casi seis millones de dólares a una cuenta en un banco suizo de los cuñados del general Carlos Osorio durante su gestión al frente del ministerio de Alimentación y CASA, de lo cual este alto funcionario, a pesar de estar obligado a rendir cuentas, se ha negado a dar explicaciones.

En vez de aprovechar la interpelación acordada por la Asamblea Nacional – a la cual no asistió, violando la Ley – para dar a conocer su versión de los hechos, Osorio inició una campaña de terrorismo judicial contra los diputados Ismael García, Carlos Berrizbeitia y mi persona.

En la actualidad hay un mandamiento de conducción (orden de captura) en mi contra que se ha manifestado con una hostilidad que pone en evidencia la verdadera intención que no es otra que la de amedrentar para evitar la investigación de las irregularidades en la importación de alimentos y que nuevamente queden impunes los graves delitos que se han cometido contra las finanzas públicas, así como contra la salud y la calidad de vida de millones de venezolanos.

Debido a que, como he sostenido, en Venezuela el Estado de Derecho ha sido sustituido por un Estado delincuente y algunos jueces actúan como sicarios judiciales, he decidido no entregarme a los carceleros al servicio de los altos funcionarios del debilitado y cuestionado poder madurista, a pesar de tener todas las pruebas que sustentan mis denuncias, las cuales entregué al Ministerio Público hace un año.

Una vez que se restablezca la legalidad en Venezuela, me haré parte del juicio que debe realizarse contra los responsables del saqueo que ha sufrido el pueblo venezolano.

www.carlostablante.com

@TablanteOficial

carlostablanteoficial@gmail.

Lo que está sucediendo en Venezuela es francamente telúrico. Cada vez son más lapidarias las evidencias de que el actual gobierno no atina al camino del bienestar de los venezolanos y, muy por el contrario, parece muy eficaz en coleccionar calamidades para la gente.

No asombra por ello, que las voces que señalan esta incuestionable realidad se multipliquen, sumando incluso unas cuantas que hasta ahora los acompañaban o se mantenían en la discreción, lo cual -para nosotros- es una muestra de que la ciudadanía avanza por el camino correcto en el tenaz reclamo de sus derechos.

Una de esas voces que ha sorprendido en los últimos días es la de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Su actuación de tono técnico e institucional ante la acción de los cuerpos de seguridad, ha sido seguida por la opinión pública con marcado interés.

Todo comenzó con una esperada e inesperada rueda de prensa ofrecida el pasado 24 de mayo, en la cual la funcionaria detalló una serie de casos de excesos en la fuerza pública durante las más recientes demostraciones de calle, escenificadas en varios centros urbanos del país desde el día 6 de abril.

Y en el marco de este evento, las posiciones respecto a la actuación del Ministerio Público se modificaron, ya que las declaraciones de su cabeza sentaron un precedente, en medio de la crisis actual de nuestra nación.

“No es momento para instrumentalizar las muertes. Hago un llamado a todos los grupos políticos para que dejen de hacer hipótesis que se divulgan como rumores, que solo generan más zozobra”, fue una de las frases más impactantes del encuentro. Con ella, queda claro que la institución estaba cumpliendo su rol tan necesario de equilibrio en medio de la vorágine. Algo que deseábamos todos los venezolanos.

Posteriormente ofreció un balance de los 54 días de protestas que iban hasta ese día 24 de mayo. Precisó que el Ministerio Público contabilizaba 55 fallecidos, 52 de los cuales son civiles y 3 funcionarios policiales o militares; 1.000 lesionados, 771 de los cuales son civiles y 229 funcionarios. Adicionalmente, detalló que había 346 bienes inmuebles públicos o privados quemados o saqueados.

Mención aparte merece la discrepancia entre la funcionaria y el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, respecto a la causa de la muerte del joven Juan Pernalete. La divergencia entre dos poderes es algo normal en todas las democracias del mundo; pero en Venezuela aparece como una noticia, porque no es lo usual. Sin embargo, no hay que hilar muy fino para ver que eso es un avance y una situación no solamente necesaria, sino bienvenida, en medio de la complicada fase de nuestra historia que hoy atravesamos.

Por si fuera poco, Ortega presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra la convocatoria de Maduro de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución y reformar el Estado.

Al igual que quienes adversan al gobierno, critica que no haya un referendo previo para consultar si la población la desea o no. También critica las bases de elección, que será territorial y sectorial, sistema igualmente censurado por la oposición.

Se trata de otro matiz entre las voces que se alzan para mostrar su desacuerdo con el rumbo que lleva el país, y eso es sumamente valioso. Quienes claman por una rectificación del rumbo, son cada vez más variopintos, lo cual reafirma la legitimidad de los reclamos.

Derechos irrenunciables

Y es que tenemos una vez más que reconocer nuestros logros como una colectividad que lucha por derechos irrenunciables. La lista de personajes públicos y de funcionarios de rango que se apegan a lo que dice la ley y el derecho, sigue creciendo.

Desde las declaraciones del ministro de la Defensa Vladimir Padrino López -quien condenó los excesos de la fuerza pública- hasta los pronunciamientos y las acciones de Luisa Ortega Díaz, podemos ver cómo desde abajo, desde la masa, desde el pueblo, se está presionando a quienes tienen responsabilidades dentro del poder a tomar posición. Y eso es ganancia. Porque las posiciones son a favor de los más desamparados e indefensos en este duro pulso que se libra en el país.

También -y ya lo sabemos- se alzan cada vez más voces disidentes dentro del oficialismo, contra una Asamblea Nacional Constituyente que no cumple los supuestos que están especificados en la misma Carta Magna a la cual pretenden derogar. Porque es eso lo que se quiere, aunque se disfrace con palabras suaves y se utilice el truco de los “caramelos de cianuro”, como se ha dicho en ocasiones anteriores.

Hay quienes afirman que toda voz de disidencia es bienvenida, y estamos de acuerdo, pero, más allá de eso, la acción institucional de un poder, es una ganancia de un valor incalculable en el momento actual.

duzcategui06@gmail.com

http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/una-fiscal-polemica_657008

Del hecho al dicho

El poeta Jaime Sabines dice que puesto que la realidad es superior a los sueños, frente a ella no habría que pedir "déjame soñar, sino decir déjame mirar". Pero el proceder político extremista, que todo lo piensa al revés, acostumbra sustituir lo que es por sus más exaltados deseos.

Ellos no admiten que exista una contradicción prácticamente insuperable entre chavistas y maduristas, entre vigencia de la Constitución y golpe de Estado, entre democracia y dictadura.

Esa distinción fundamental, que está mutando de astillamiento a fractura, es otro resultado de la casi unánime resistencia de la sociedad a las pretensiones dictatoriales de Maduro. Se está cumpliendo la predicción que pocos creían: el giro del proceso hacia su fase totalitaria, su abandono de la Constitución y el intento de sustituirla por una constitución para alargarle la vida a Maduro y su pequeña cúpula de saqueadores de la renta está recibiendo el rechazo de sus propios partidarios, poniendo fin a la hegemonía de Maduro y acabando con el monolitismo del PSUV. La astilla, desconcertante y dolorosa, proviene del mismo palo oficialista.

Aquellos que prefieren sustituir la realidad por sus deseos le reprochan a la Fiscal y al creciente chavismo crítico que defiendan lo que ellos consideran el legado del fundador del movimiento. No permiten que un venezolano pueda ser chavista y defender el Estado de Derecho y menos aún que se produzca una alianza entre ellos y las fuerzas que han estado durante años en la oposición. No le otorgan su valor simbólico y su validez, para abrir pacíficamente los cambios, a la valiente y ejemplar actitud adoptada por la Fiscal General de la República.

Las mentes patas arriba traen facturas, arrojan sombras sobre su intención, piden definiciones improcedentes y chillan porque la Fiscal no brincó la talanquera. Paradójicamente y sin proponérselo, ese tipo de visiones lleva agua al molino de Maduro.

La experiencia histórica indica que para que ocurra exitosamente una transición es necesario que se produzca un acuerdo entre los sectores moderados de los campos en pugna.

También nos enseña que la fractura en el bloque de poder tiende a ocurrir primero en el ámbito civil y luego se traslada al militar.

Los agentes de la transición, venciendo los prejuicios adquiridos en su larga confrontación, tienen que dialogar y definir los acuerdos mínimos para formar y sostener un gobierno centrado en la recuperación productiva del país, en la solidaridad social no populista, en el relanzamiento de la democracia y en la afirmación de una nueva cultura cívica. Son objetivos para volver a vivir con dignidad, en convivencia y aliando la igualdad de oportunidades básicas con la libertad y el avance progresista de la sociedad.

El golpe de Estado está hundiéndose en el fracaso. Los acontecimientos prueban que en el seno del chavismo y del gobierno quedan personas con decencia y conciencia. Donde están faltando estos tres atributos anteriores es en el madurismo.

Por eso Maduro está más solo y repudiado que el diablo.

@garciasim

Sería ingenuidad o miopía ver una acción meramente jurídica en el recurso contra la constituyente de Maduro presentado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. En un país donde no hay Estado de Derecho, el recurso de la fiscal tiene un efecto absolutamente inocuo. Es en el escabroso ámbito de la lucha por el poder donde la iniciativa de la fiscal adquiere todo su significado. Por eso, más que una simbólica acción legal dentro del podrido sistema judicial venezolano, lo que acaba de hacer la fiscal hay que verlo como una impecable jugada política, cuyo alcance aún es muy temprano determinar.

Todo comenzó en diciembre de 2015 con el derrumbe electoral del chavismo. Frente a esa derrota, el PSUV y el alto mando civil y militar del régimen optaron por meter la cabeza en la tierra y desconocer la realidad. La dirigencia oficialista nunca quiso debatir las causas de la derrota y los signos evidentes del derrumbe del movimiento chavista. La mayoría de los operadores oficialistas se refugiaron en la retórica defensiva para atribuir su fracaso a la guerra económica y negarse a cambiar sus políticas.

Desde ese momento era evidente que la estrategia del gobierno sería usar la Sala Constitucional del TSJ –la cual fue plagada con militantes del PSUV– para bloquear a la nueva Asamblea Nacional y darle un barniz legal a las decisiones ilegales e inconstitucionales que emanaran del gobierno.

Por el contrario, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, intachable representante del chavismo originario, iniciaría uno de los ejercicios políticos más brillantes en la historia política venezolana. En su posición de representante del Ministerio Público y sin necesidad de renegar de su pública filiación chavista, la fiscal Ortega Díaz desarrolló una política de reconocer a la AN como poder público constituido. La presentación de su informe anual ante la Asamblea Nacional en enero de 2016 y sus reiterados contactos institucionales, evidenciaban un viraje del funcionario que meses antes había convalidado el cuestionable papel instrumental de fiscales del Ministerio Público en la condena de cientos de presos políticos, siendo algunos de los más emblemáticos Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos.

Luego vendrían las acciones que marcarían el deslinde definitivo entre el madurismo y el chavismo originario. Dos sentencias apuradas y mal redactadas del TSJ desconociendo a la Asamblea Nacional, le permitieron a la fiscal Ortega Díaz declarar que el hilo constitucional se había roto en Venezuela. Semanas más tarde, la fiscal se encargaría de demoler los argumentos del presidente de la República y su CNE para convocar una asamblea nacional constituyente en fraude a la Constitución.

¿Por qué la fiscal convalida con esta acción de nulidad un TSJ ilegítimo e ilegal? ¿Por qué intenta este recurso a sabiendas de que será negado por el TSJ? Seguramente porque la fiscal entiende, más que nadie, que el grave conflicto interno que vive Venezuela solo se podrá resolver por vías políticas, no jurídicas. Por eso la fiscal, aun sabiendo que su petición será negada, oculta la verdadera potencia de su arma, cuando en la misma acción de nulidad llama a los venezolanos a invocar el ejercicio de los artículos 333 y 350 de la Constitución vigente.

A diferencia de las juntas directivas de la AN en 2016 y 2017, la fiscal Luisa Ortega Díaz no se detuvo a preguntarse cómo hacer valer el ejercicio de sus atribuciones. Tampoco la fiscal se puso a averiguar cuántos generales chavistas la acompañarían en esta jugada. Simplemente evaluó sus atribuciones legales y constitucionales y las ejerció, sin pedirle permiso y sin negociar con nadie.

La Asamblea Nacional también tuvo no una, sino mil oportunidades de ejercer a plenitud sus atribuciones legales y constitucionales desde enero de 2016 y hasta la fecha para destituir al TSJ, renovar el CNE e invocar el 333 y el 350. Con diferentes excusas nunca lo hicieron. Luisa Ortega Díaz solo tuvo una oportunidad, y la aprovechó.

La falta de una visión estratégica de la lucha política por parte de la MUD los ha llevado a ver en la jugada de la fiscal el recurso final para enfrentar al régimen de Maduro. De la noche a la mañana toda la organización y logística de los partidos de la MUD están al servicio de pedir firmas para adherirse al recurso de la fiscal. En forma irreflexiva e irresponsable, la MUD está poniendo todo un capital político de luchas y sacrificio en manos de un representante del chavismo, si admitimos que la naturaleza real de su acción es política, no jurídica.

Esto nos lleva a la parte más perversa y perniciosa de la jugada de la fiscal. Su misión es proteger el legado de Chávez, promover una transición política que signifique un cambio de gobierno, pero que deje intacto el modelo de Estado chavista, y que eventualmente permita el regreso al poder de un chavismo más atemperado, pero chavismo, al fin y al cabo. Luisa Ortega Díaz jamás ha ocultado sus intenciones. Independientemente de lo que pase de aquí al 30 de julio, no hay duda de que la salvación del chavismo como movimiento político está hoy en las manos de Luisa Ortega Díaz.

Si la jugada política de la fiscal logra sumar decisivos apoyos del chavismo en el seno de las FANB, se darían las condiciones para hacer retroceder a Nicolás Maduro con su constituyente. Este evento podría provocar el inicio de una transición de gobierno, del madurismo hacia uno de “salvación nacional”, con el apoyo de la MUD y el chavismo originario, aislando a factores “radicales” de ambos polos. Luisa Ortega Díaz estaría en la posición única de recibir el respaldo y la confianza de ambos bloques para asegurar que los acuerdos de convivencia sean respetados, incluyendo el modelo perverso de Estado chavista que hoy nos ha traído al borde de la disolución de la república.