En todos los niveles y modalidades del sistema educativo del país, el tema de conversación entre obreros, empleados y docentes, está relacionado con el pago de las bonificaciones contractuales destinadas al disfrute de sus vacaciones. Todos, sin excepción, recuerdan el desagradable momento que vivieron cuando el régimen de Nicolás Maduro ordenó el año pasado, en forma burlista, que el pago se hiciera en “clave de Fa”, lo que significaba “Fraccionado y Aplanado” y así se hizo, lo que desencadenó múltiples protestas a nivel nacional.

Para su irresponsable decisión, el régimen puso en práctica una normativa especial que la bautizó como el “Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas”.

Esta norma, creada en marzo pasado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), adscrita al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, especifica criterios para aplicar el incremento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro en el primer trimestre de 2022, desaplicando los contratos colectivos vigentes y estableciendo unilateralmente un tabulador de beneficios que reduce el salario integral de los trabajadores entre 40 y 70%, lo que violenta al menos media docena de disposiciones constitucionales.

Los sindicatos y gremios de educación denuncian que el instructivo viola acuerdos de las convenciones colectivas vigentes y disminuye los montos de las bonificaciones. Por ejemplo, no toma en cuenta la antigüedad del personal, recortó las primas, contravino los acuerdos de las convenciones colectivas en materias como bonos para uniformes y días festivos, modificó el criterio de las inter-escalas salariales, ignorando los distintos porcentajes de cálculos para salarios, según el tipo de personal, grado y nivel, modificó unilateralmente la manera de calcular los beneficios, como las bonificaciones por antigüedad y las primas de especialización o profesionalización, por uniformes y por hijos, los docentes ya no recibirán un pago equivalente al 30% de su salario por tener una licenciatura, sino de 25%; quienes tenían maestrías ya no ganarán una asignación mensual equivalente a 50% de su sueldo, sino de 35%; y aquellos con doctorados pasaron de percibir 60% de bonificación a 40%.

Para cuidar sus espaldas y mantener las ilegales normativas, el régimen procedió a tomar sus decisiones en reuniones solo con organizaciones afectas, creadas bajo el concepto de paralelismo sindical y dejo por fuera a grupos gremiales legitimados para participar, representar y defender los derechos e intereses al menos de los profesores universitarios. Por ejemplo, a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) no se le permitió participar en esos espacios de discusiones y decisiones gremiales.

A un año y tres meses de esa arbitraria e ilegal imposición de una normativa por parte del régimen, a través de la ONAPRE, los trabajadores del sector educativo nuevamente sufrirán, en carne propia, la reducción de sus beneficios laborales. Toca en el mes de julio de este año 2023 el pago del bono vacacional que, al mantenerse congeladas las tablas salariales, el cálculo de los montos del bono será similar al del año 2022.

De mantener el mismo pago, se va a producir una pérdida económica superior al 85% con relación al año pasado. En aquel momento del 2022, el dólar tenía una cotización de 4,38 bolívares por unidad y ahora el dólar está en aproximadamente 30 bolívares por unidad, lo que representa un incremento del 93% en el valor del dólar y un detrimento igual del valor del bolívar.

Un ejemplo concreto puede ayudar a la comprensión de los problemas que giran alrededor del bono vacacional: un profesor titular recibió (Fraccionado y Aplanado), en el 2022, aproximadamente 3.500 bolívares que, a un dólar cotizado en ese momento en 4.38, correspondía aproximadamente a 800 dólares de bono vacacional. Ahora en el 2023, con la congelación de los contratos colectivos y la aplicación de la normativa ONAPRE va a recibir el mismo monto de 3.500 bolívares, pero ¡¡¡con un dólar a 30!!!lo que se traduce en que solo va a recibir 116 dólares de bono vacacional, lo que representa una drástica reducción de sus beneficios en más del 85%.

Este hecho, arbitrario e ilegal, vulnera disposiciones constitucionales como el derecho al trabajo, el principio de progresividad de los derechos humanos, la reserva legal, la suficiencia del salario y la libertad sindical, entre otros. Asimismo, la naturaleza del acto es de dudosa legalidad, pues la resolución de la Onapre es un acto administrativo dictado por un organismo que tiene como competencia elaborar el presupuesto nacional y ayudar a la Oficina Nacional del Tesoro a ejecutarlo, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. La Onapre no está facultada en ningún caso para decidir temas como las remuneraciones del personal de la administración pública; eso es potestad de los departamentos de personal y recursos humanos de los distintos organismos.

Además, el momento requiere una posición clara y determinante de los directores de escuelas y liceos, de los rectores y consejos universitarios y de las organizaciones gremiales estudiantiles, obreros, empleados y docentes en la denuncia y reclamo de este nuevo robo de los derechos laborales de los trabajadores.

Pudiéramos comenzar, solicitando que en la elaboración de las nóminas se incorpore en los cálculos de la Bonificación Vacacional 2023 la incidencia del Bono de Guerra Económica. El Bono de Alimentación (Cesta Ticket) o Bono de la Salud en el caso del personal jubilado y pensionado. Y continuar nuestra protesta en las calles del país hasta lograr un cambio de gobierno que se desempeñe en el marco de la Constitución y las Leyes y el respeto a los Derechos Laborales de los Trabajadores.

Una de las más importantes características de los veinticuatro años del gobierno “Revolucionario del Siglo XXI” es, sin lugar a duda, el elevado nivel de corrupción. Esa grave desviación de la ética pública tuvo su origen en el inmenso desorden administrativo que se impuso en dicho gobierno, por expresa voluntad del presidente de la República y líder fundamental de la mal llamada revolución bolivariana. Desde su propio inicio, se observó que existía un marcado interés en destruir todos los elementos de control que exige obligatoriamente el manejo de las finanzas públicas, para de esa manera lograr comprometer a los funcionarios, por encima de la lealtad normal que debe existir con un gobierno, y al mismo tiempo, permitir que los dineros públicos se manejaran sin ninguna supervisión, para poder ser utilizados con absoluta libertad por el régimen en sus objetivos políticos.

En el sector deportivo, quienes han pasado por los cargos administrativos superiores del Ministerio del Deporte, Instituto Nacional de Deporte y Comité Olímpico Venezolano han implantado y desarrollado una política que bien podemos caracterizarla como de “el saqueo de los recursos presupuestarios y el control totalitario del sector deportivo”.

A manera de síntesis, pudiera decirse que los 24 años del régimen chavista (1999-2023), se han caracterizado por una constante violación de la autonomía de las Federaciones Deportivas y del Comité Olímpico, el encubrimiento de los ilícitos ocurridos con todo lo relacionado con el transporte, alimentación y viáticos de las delegaciones que representan al país en eventos internacionales, la "naturalización express" de atletas extranjeros, la falta de transparencia en el manejo de los cuantiosos recursos económicos del Fondo Nacional del Deporte, la estafa continuada con la solicitud de divisas a Cadivi, el encubrimiento de los ilícitos ocurridos con la construcción de las instalaciones deportivas para los Juegos Nacionales o para eventos internacionales como lo fue el caso del Estadio Iberoamericano de Atletismo en Maracay y el grave y progresivo deterioro, y abandono, en que se encuentra más del 80% de nuestras instalaciones deportivas, lo cual ha generado el alejamiento de las comunidades y población en general de las mismas, consolidándose además, serias restricciones para el desarrollo del deporte de rendimiento por carecerse de instalaciones adecuadas.

La seguridad social de los trabajadores del sector deportivo obreros, empleados y entrenadores activos y jubilados ha empeorado progresivamente, los contratos colectivos están congelados desde el año 2000, salarios de hambre, no se les reconoce la homologación de las pensiones y jubilaciones, se mantiene cerrada la Escuela de Entrenadores, los seguros HCM que por sus pírricas coberturas, prácticamente los mantienen en condiciones de "condenados a muerte", los manuales clasificadores de cargos no son aplicados y los pasivos laborales duermen el sueño del burócrata, en la larga espera de su cancelación y salarialmente son discriminados frente a los chulos entrenadores cubanos. Apropiación indebida de los descuentos mensuales del 11% a los entrenadores como aporte a la Caja de Ahorros del IND, así como el 11% del aporte patronal. Esos aportes son retenidos ilegalmente, desde hace más de dos años, por las autoridades del IND y hasta el momento se desconoce el destino de estos.

La solicitud irresponsable de sedes de eventos deportivos internacionales con el solo propósito de continuar con la apropiación indebida de los recursos económicos destinados para tal fin; ejemplos de ello lo ocurrido con la Copa América de Futbol, Juegos Bolivarianos de Playa, Iberoamericano de Atletismo, Mundial de Softbol femenino entre otros. La inasistencia a eventos internacionales programados, por incapacidad gerencial que pretenden esconderlas con señalamientos contra el imperio norteamericano y la guerra económica. La entrega de divisas a la dictadura cubana a través de leoninos convenios de contratación de “entrenadores” y los juegos del “Alba”. La permanente suspensión de los Juegos Nacionales.

En el marco de este trágico y perverso cuadro, destaca la perdida de nuestra hegemonía deportiva en los Juegos Deportivos Bolivarianos frente a Colombia.

Esta situación de regresión institucional solo busca imponer un régimen totalitario que acabe con la descentralización, con los derechos a la libre asociación, la libertad de empresa, la autonomía de las entidades deportivas y genera una situación de incertidumbre e inseguridad laboral para miles de venezolanos que trabajan como obreros, empleados, entrenadores activos y jubilados en las diferentes instituciones nacionales, regionales o municipales encargadas de desarrollar las actividades deportivas en todo el territorio nacional.

En fin, el tiempo presente es duro y difícil. Nada que celebrar en este nuevo aniversario del Día Nacional del Deporte y sí mucho porque luchar.

Como ha sido una reiterada costumbre, cada vez que finaliza un evento deportivo, nacional o internacional, la tertulia entre los entrenadores, atletas y dirigentes siempre gira en torno a ese acontecimiento. En esta oportunidad, el tema de conversación era los recién finalizados “Juegos Parapanamericanos de la Juventud” celebrados en la ciudad de Bogotá, Colombia, del 2 al 12 de junio del presente año.

Lamentablemente la historia del fracaso reiterado se hace presente nuevamente. Colombia, punto referencial para el análisis de nuestros resultados deportivos a nivel del ciclo olímpico, nos volvió a superar en esta oportunidad, como lo viene haciendo desde el año 2013, cuando logró desplazarnos del primer lugar en los Juegos Bolivarianos, luego de 48 años seguidos de supremacía venezolana en dicho evento deportivo.

En esta oportunidad, Parapanamericanos Juveniles de Bogotá 2023, Colombia, con su destacada actuación, agranda el abismo con respecto a nuestro país al ocupar el primer lugar del medallero con un total de 85 medallas, de las cuales 36 fueron de Oro, 26 de Plata y 23 de Bronce. Venezuela pasó a ocupar un sexto lugar, alcanzando solo 34 medallas, separados de Colombia en 51 medallas. En Oro la diferencia fue de 24, en Plata 7 y en Bronce 13. En el cuadro final, Venezuela quedó en el 6º lugar, que en la práctica ha podido ser el 9º lugar, si hubiesen participado los Estados Unidos, Canadá y Cuba, por solo citar a algunos de los países ausentes. En el tobogán del fracaso nos hemos desplazado del primer lugar en el 2005 al sexto lugar en el 2023. El deporte, en la revolución bolivariana del siglo XXI, va en caída libre.

Más allá del cuadro de medallas, se hace necesario considerar los diferentes aspectos que han incidido en esta cadena de desastres o fracasos deportivos. En cuanto a la conformación de la delegación que nos representó en los referidos juegos, hay que destacar que la misma estuvo conformada por 61 atletas y ¡¡¡78 acompañantes!!! O sea que el turismo de enchufados acompañantes superó a los atletas.

Quizás los hechos más relevantes que han incidido en nuestro retroceso deportivo tengan que ver en primera instancia con, la suspensión de los Juegos Deportivos Nacionales por diez años consecutivos. Hecho este que coincide plenamente con el desplazamiento de nuestro país del primer lugar en los Juegos Bolivarianos. Los Nacionales fueron suspendidos en el 2013 y ese año perdimos la supremacía en los Bolivarianos. Volvimos a perder en el 2017 y para esa fecha los Juegos Nacionales seguían suspendidos y en el año 2021, Colombia nos volvió a joder y los juegos siguen suspendidos.

Algunos dirán que este año 2023 se realizaron los nacionales, lo cual es cierto, pero hay que decir que lo ocurrido fue una “parodia” o un engaño populista para tratar de tapar la incapacidad e incompetencia de las autoridades deportivas del régimen: Ninguna de las Direcciones de Deporte del país contaban con recursos presupuestarios para la preparación y participación de los atletas representativos de sus estados en la parodia gubernamental. Sumado a esto, la multiplicación de las sedes (7) ocasionó insuperables gastos para las delegaciones, los equipos que lograron clasificar en los eventos zonales, posteriormente fueron informados que estaban eliminados y en los deportes individuales les comunicaban que por órdenes del IND debían reducir sus delegaciones.

En segunda instancia hay que señalar a la corrupción en los manejos de los dineros públicos asignados al deporte. Todas las Federaciones Deportivas nunca recibieron los presupuestos necesarios para el desarrollo de sus Programas Operativos Anuales (POA), El destino de los recursos del Fondo Nacional del Deporte hasta este momento es desconocido, nadie entrega cuentas del manejo de esa cifra millonaria de bolívares. Las Selecciones Nacionales no tienen el apoyo necesario para sus concentraciones o intercambios ni en materia de pasaportes o reserva de vuelos. La incompetencia de las autoridades deportivas es manifiesta: atletas y delegaciones se han quedado varadas porque estos detalles no fueron resueltos. Quedan para la historia de la corrupción en el sector deportes la Copa América de Futbol, el Estadio Iberoamericano de Atletismo, los Expedientes de CADIVI y los escándalos del despilfarro en los Juegos del Alba.

En tercera instancia, la inexistencia de un programa de Asistencia Social Integral al Atleta que pueda garantizarles el pago oportuno de las becas, asistencia médica, estudios, transporte, alimentación y dotación de equipos a los atletas que conforman nuestras delegaciones representativas. Igualmente, con mucha indignación y dolor, hay que señalar que la seguridad social de los trabajadores del sector deportivo obreros, empleados y entrenadores activos y jubilados ha empeorado progresivamente; los contratos colectivos están congelados desde el año 2000, salarios de hambre, no se les reconoce la homologación de las pensiones y jubilaciones, se mantiene cerrada la Escuela de Entrenadores, los seguros HCM por sus pírricas coberturas prácticamente los mantienen en condiciones de "condenados a muerte", los manuales clasificadores de cargos no son aplicados y los pasivos laborales duermen el sueño del burócrata, en la larga espera de su cancelación. Salarialmente son discriminados frente a los chulos entrenadores cubanos.

La diáspora de atletas y entrenadores generada por la crisis que hoy vive el país y que han conseguido poder trabajar y competir en otras latitudes, es otro de los factores que hoy afectan negativamente al deporte. Varios atletas y entrenadores paralímpicos han emigrado y hoy entrenan y representan a otros países como Chile, Colombia, España, Ecuador y Perú.

Frente a todo esto, las autoridades deportivas del régimen (Ministerio del Deporte, IND y Comité Olímpico Venezolano) pretenden tapar sus errores, falta de programas y su desconocimiento de la materia deportiva solo con consignas demagógicas o populistas tales como: “Generación de Oro”, “Somos Potencia Deportiva” o “Venezuela se arregló”. Es el caso típico de los ineptos en el poder.

Superar el deslizamiento del deporte en el tobogán del fracaso producido por esta tormenta perfecta de problemas requiere un cambio de gobierno, planes y programas para restituir integralmente los Juegos Nacionales, un programa de Asistencia Social para los atletas y entrenadores, acabar el flagelo de la corrupción, fortalecer la autonomía del sector deportivo federado, recuperar nuestras instalaciones deportivas, una ley de deporte que limite la dualidad de cargos en las organizaciones, que elimine la reelección indefinida, que prohíba la elección de funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción en la dirigencia deportiva, un acuerdo con el sector universitario para la formación de entrenadores, el manejo transparente del Fondo Nacional del Deporte, la descentralización del programa Deporte para Todos y un presupuesto acorde con las necesidades del sector.

El pasado 17/04/2023 el Rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL decidió suspender las actividades en el gimnasio “Manuel Gallegos Carratu” del Instituto Pedagógico de Caracas IPC, pues la instalación no estaba en condiciones para seguir siendo usada hasta que no se lograra su reparación. Esta decisión fue reclamada por los socios del Club de Baloncesto “Spartan” quienes alegan tener un contrato firmado con las autoridades del IPC para el uso de la referida instalación, en la cual, según sus palabras, ya han invertido más de 25.000 dólares en reparaciones. Esta situación, motivó una reunión entre las partes (Rectoría/representantes del club) en la cual salieron a relucir los elementos jurídicos que rodeaban ese supuesto convenio mal llamado “contrato” por algunos:

-En primer lugar, es importante precisar que el Director Decano del IPC firmó un documento pasando por encima de las normas establecidas en el Reglamento General de la UPEL que faculta solamente al Rector como el único ente que puede comprometer a la universidad. En consecuencia, si el documento presentado no tiene la firma del Rector de la UPEL lo firmado es nulo de toda nulidad. Es bueno recordar que, la nulidad de un contrato se da por existir algún vicio en el mismo por parte de alguno de los contratantes.

-El gimnasio “Manuel Gallegos Carratu”es un aula de clases que solo se puede utilizar en otras actividades complementarias una vez que se hayan cumplido las actividades docentes pautadas en él. No puede pretender un club privado o externo a la universidad transformarse en el usuario exclusivo de la instalación en detrimento de la actividad académica establecida en esa instalación.

-Si se ha invertido una cantidad de dinero en supuestas reparaciones lo más importante en este momento es presentar todos los soportes relacionados con este hecho para la respectiva rendición y aprobación de cuentas por los organismos administrativos y contralores de la universidad.

Lejos de llegar a un acuerdo en esa reunión, los representantes del club “Spartan” se retiraron de la misma y procedieron a introducir en los tribunales una demanda contra la UPEL-IPC por el supuesto delito de “Haber dejado a 460 niños, niñas y adolescentes sin sus entrenamientos deportivos, al proceder a cerrar el gimnasio cubierto “Manuel Gallegos Carratu”.

El martes 31 se cumplió lo que pudiéramos llamar “El show de la Audiencia Express” con la presencia de más de 40 niños con sus representantes, un fiscal del Ministerio Publico, un fiscal de la LOPNA y un fiscal del Pueblo. Después de nueve horas y media de audiencia, durante las cuales la juez desestimó todas la pruebas y alegatos presentadas por los representantes de la UPEL, el tribunal en una sola jornada admitió y sentenció el recurso a favor del Club Spartan bajo los siguientes dispositivos:

1) se declara con lugar el Amparo

2) en términos de 12 horas, se ordena retirar los candados de la puerta del gimnasio

3) en compensación y para restablecer las actividades deportivas tendrán 16 sábados continuos a partir de las 8 am para entrenar, sin límites de horario

4) el club hará las reparaciones necesarias “dependiendo de su alcance presupuestario y dejó en claro la juez que tampoco es que van a reparar todo el gimnasio”

La juez en su “imparcial” decisión dejo de lado que la referida instalación es un aula universitaria, dejo de lado el principio de la autonomía universitaria, dejo de lado a los estudiantes de Educación Física que tendrán 16 semanas sin poder usar el gimnasio y dejo de lado la inexistencia de contrato alguno por la ilegalidad del documento presentado al no tener el mismo la firma del Rector única persona autorizada para comprometer los bienes de la universidad.

Igualmente hay que señalar que la referida sentencia es a todas luces inaplicable. No puede quedar sin clases los estudiantes de Educación Física durante el lapso de 16 semanas. Este hecho vendría a representar una intromisión inaceptable de un sector privado en el desarrollo académico autonómico de la universidad.

Toca ahora a los distintos sectores de la comunidad universitaria (obreros, empleados, estudiantes y docentes) fijar posición ante este intervencionismo judicial de la autonomía universitaria. El Consejo Universitario debe fijar posición al respecto y en primer lugar proceder de inmediato a apelar la decisión del tribunal. Las organizaciones estudiantiles acompañados por sus profesores realizar clases magistrales en el Gimnasio “Manuel Gallegos Carratu”.

También, es de importancia capital que el Consejo Universitario elabore una clara normativa que regule la firma de alianzas o convencimientos con terceros para el uso de las instalaciones universitarias. No puede seguir permitiéndose la firma oculta de contratos que lesionen la autonomía universitaria o que propendan al manejo particular no transparente de los recursos provenientes de esos contratos. La Oficina Nacional de Convenios de la UPEL debe en lo inmediato presentar un Informe sobre los contratos, alianzas o convenios firmados en los distintos núcleos de la universidad y la distribución de los recursos económicos producidos.

El pasado 29 de mayo, las calles y avenidas principales de todos los estados del país se vieron colmadas por concentraciones y marchas de los adultos mayores en condiciones de pensionados y jubilados que convirtieron la celebración de su día en una jornada de protesta nacional ante la grave situación que viven los trabajadores producto de los rigores de las políticas económicas aplicadas por el régimen de Nicolás Maduro. Llamó poderosamente la atención de todos los ciudadanos la consigna central de esta jornada “No al exterminio del adulto mayor” que, dejaba al descubierto las verdaderas y macabras intenciones del régimen con sus arbitrarias y totalitarias decisiones en materia económica en contra de los trabajadores.

La pérdida progresiva del poder adquisitivo de las pensiones en los últimos años, mantiene a los pensionados en un estado de zozobra permanente, agobiados con un cúmulo de necesidades que debemos enfrentar, especialmente las referidas a la alimentación y las medicinas, las cuales, por los bajos montos de las pensiones en relación con el alza indetenible de los precios de estos rubros, lo que nos imposibilita su adquisición por lo que estamos subalimentadas y sin poder controlar nuestras enfermedades.

El incremento de la pensión para el 15 marzo del año 2022, de 7 Bs que se percibían desde mayo del 2021 a 130 Bs que representaban 30 $ para aquella fecha, hoy equivalen a 5 $, los cuales en pocas semanas serán 0 $ por efectos de la inflación que padecemos, condenando a más de 5 millones de adultos mayores a la pobreza más extrema jamás padecida, al hambre, a la desnutrición y a muerte adelantada por carencias alimentarias y medicinales al no incrementarse este año el salario mínimo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 6746, emitido en Gaceta Oficial el 1° de Mayo del 2023. Al no haber incremento del salario mínimo no hay incremento de las pensiones por cuanto a este salario se ancló ilegalmente el monto de las pensiones del IVSS.

Hambre, desnutrición y pobreza extrema sostenida como política gubernamental acompañada de la inexistencia de programas de protección social, hospitales en total abandono, salarios-jubilaciones y pensiones congelados en el tiempo y destruidos por la hiperinflación deja en claro las verdaderas intenciones del régimen de conducir a los adultos mayores hacia un holocausto de exterminio parecido, en sus intenciones, a los campos de concentración del fascismo alemán.

Que otra cosa pudiera pensarse cuando un trabajador no recibe suficiente salario, jubilación o pensión para la compra de sus alimentos (ingresos 5 $ y el costo de la cesta alimentaria es de 500$), cuando tiene que enfrentar un problema de salud y no puede acudir a una clínica por carecer de recursos y en los hospitales le piden una lista de insumos que supera en más de 20.000% sus ingresos mensuales, de lograr ser atendido viene el vía crucis de poder comprar las medicinas, algo imposible con un salario básico de 130 bolívares, si por simple casualidad logra tener un seguro HCM le exigen que pague y luego reclame el reembolso que nunca llegará, si acude a su Caja de Ahorro se conseguirá que el régimen tiene más de tres años sin entregar los aportes correspondientes por los descuentos (apropiación indebida) y finalmente si aparece la muerte carece de un seguro funerario y debe enterrar a sus deudos o a la inversa mediante la ayuda solidaria.

Todo esto ocurre con la anuencia intencional de un régimen autoritario que solo busca mantenerse en el poder a costa de lo que sea sin tener el más mínimo interés en solventar la compleja crisis humanitaria por la cual atraviesa la población venezolana.

El falso argumento de responsabilizar a el bloqueo y mirar para otro lado mientras los escándalos de corrupción dejan desnudo al régimen en su política de saqueo de los recursos y bienes nacionales.

La lucha es por la vida contra el exterminio. Nuevas condiciones de vida y trabajo requieren necesariamente un cambio de gobierno. Es obligatorio superar este holocausto bolivariano siglo XXI.

Durante todo el mes de mayo, las calles y avenidas de Maracay han sido el escenario principal de las marchas y concentraciones de los Trabajadores de la Salud que de manera sostenida han mantenido sus denuncias y reclamos por la violación de sus derechos laborales. Los traslados inconsultos de los médicos y enfermeras que laboraban en los ministerios de salud y defensa al organismo regional de Corposalud, configuran medidas de despido indirecto y de arbitraria reducción de los salarios que afectaron, de una u otra manera, a más de 2.500 trabajadores del sector.

En el caso concreto del programa “Misión Barrio Adentro”, los médicos, enfermeras, empleados y obreros de manera unificada, llevaron sus reclamos a la Inspectoría del Trabajo en donde introdujeron un pliego con una solicitud de amparo, para todos y cada uno de los trabajadores afectados por las medidas anti obreras de los patronos. Hasta el presente no se conoce aún la respuesta gubernamental frente a este reclamo y los trabajadores se mantienen atentos a los acontecimientos, fortaleciendo su unidad y acción de lucha en sus justos reclamos.

De manera casi simultánea, en el Hospital Militar de Maracay, sesenta médicos residentes fueron transferidos, de forma inconsulta, del Ministerio de la Defensa al ya nombrado organismo regional de Corposalud. Esta arbitraria e ilegal medida fue protestada por el personal afectado. Además, dieron a conocer que, a pesar de haber firmado un contrato en diciembre del año pasado, no les habían cancelado ni un solo mes de trabajo.

Ante la protesta sostenida por los médicos, el gobierno se vio en la obligación de dar marcha atrás en su política de transferencia inconsulta del personal de una dependencia a otra, prometiendo la cancelación de los meses trabajados. Pero, de la manera más draconiana, les anunció a los médicos que a partir del próximo año ¡¡¡las residencias serían autofinanciadas!!! Esta medida colocaría al personal médico en una situación de esclavitud a todas luces inaceptable.

El médico residente es un profesional en formación que ha completado sus estudios universitarios de medicina y que se encuentra en la fase práctica de su formación especializada.

Una vez que se ha completado la carrera universitaria de medicina, el siguiente paso es especializarse en una rama concreta, como pueden ser la pediatría, la dermatología o la cardiología, entre otras. Para ello, es necesario realizar un período de formación especializada, que se conoce como residencia.

Durante este periodo, los médicos residentes tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad a situaciones reales en hospitales y centros de salud, y de aprender de forma práctica las habilidades necesarias para ejercer su especialidad. Todo ello bajo la supervisión de médicos especialistas que les guían y les enseñan las técnicas y procedimientos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de pacientes. La duración del programa de formación depende de la especialidad, que oscila entre dos y cinco años. Durante ese periodo de estudio o especialización, el médico recibe una remuneración o pago por su trabajo.

Ahora, el régimen pretende imponer a los médicos una situación de esclavitud al proponerles que ¡¡¡las próximas residencias serán autofinanciadas!!!, es decir, cada médico residente tendrá que trabajar gratis en el centro de salud asignado para sus estudios de especialización, en jornadas laborales de ocho o más horas diarias y guardias de 12 o 24 horas, cada dos semanas, sin devengar salario alguno.

Este régimen laboral propuesto por el régimen revolucionario del Siglo XXI deja ver a las claras su esencia dictatorial, en la cual el trabajador queda reducido a ser un simple esclavo, sin ningún derecho, lo que sin lugar a duda se traducirá a corto plazo, en que nuestros hospitales se queden sin médicos y los ciudadanos condenados a muerte.

En diferentes agrupaciones de personas, luego de los anuncios económicos formulados por Maduro, comenzaron a presentarse discusiones sobre los alcances que iban a tener los mismos sobre la difícil situación económica-social que hoy se vive en el país.

-Esos bonos no tienen ningún impacto sobre el salario mínimo de los trabajadores, sostenían algunos. La bonificación solo busca evadir los derechos contractuales que han logrado conquistar los trabajadores a lo largo de sus luchas y el régimen, al no modificar el salario mínimo, tiende o solo busca eliminar o reducir progresivamente el pago de las utilidades, el pago de las vacaciones, aguinaldos o las prestaciones sociales.

-Otras personas expresaban que, el régimen quedó al descubierto en lo relacionado con la Cesta Ticket ya que la misma según lo establecido en la ley se calcula en base a 15 Unidades Tributarias UT por día y si elevaron el costo de la UT de 0.4 a 9 bolívares entonces le corresponden a cada trabajador por ese concepto un pago mensual de 450 UT es decir 4.050 bolívares y no los 1000 bolívares que les acaban de pagar.

-Los anuncios del régimen no resuelven la precaria situación económica de los trabajadores, señalaban algunos. Según la OIT el umbral de la pobreza extrema se considera cuando un trabajador genera ingresos diarios inferiores a 1,90 dólares diarios. En este momento con el dólar cercano a los 30 bolívares por unidad el salario mínimo se ubica en alrededor de 4 dólares mensuales lo que, significa un ingreso diario de¡¡¡ 0.13 centavos!!!

-En este debate, no podemos dejar de señalar lo relacionado con el salario y el costo de la Cesta Básica Alimentaria que según lo establecido en la constitución deberían ser iguales. Pero, la realidad es otra, el costo de la Cesta Básica alcanza ya los 500 dólares y el salario sigue en su progresiva caída y anda por el orden de los 4 dólares. O sea, un trabajador requiere en este momento 125 salarios mínimos para poder cubrir la cesta básica de alimentos para su familia.

-La burla más grande entre los anuncios formulados es el del Bono por el Día de las Madres cuyo risible monto fue de 12,5 bolívares que ni siquiera alcanza para un pasaje en autobús. Mayor irrespeto fue esta agresión burlesca contra los trabajadores.

-Lo que sí dejó claro este régimen en su Gaceta Oficial es que las bonificaciones no tendrán incidencias en los derechos adquiridos en las contrataciones colectivas. En otras palabras, el régimen avanza en su pretensión autoritaria de desconocer los derechos laborales y pretender la desaparición que le corresponde a los trabajadores para los cálculos de sus vacaciones, antigüedad, utilidades, aguinaldo y prestaciones. Extendiendo este robo de los derechos laborales a los pensionados y jubilados.

En lo que todas las apreciaciones de las personas coincidieron fue en señalar el camino seguro e irreversible del régimen hacia el modelo de la dictadura cubana. Si los tiranos hermanos Castro y ahora su títere Díaz Canel implementaron la “Libreta de Racionamiento” para tener el control social de la población y los Comités de Defensa de la Revolución CDR para el control policial –represivo de la población, en la copia de ese modelo dictatorial, en estos 23 años de la revolución del siglo XXI, se impusieron en el país las políticas de Barrio Adentro, El Carnet de la Patria, las Bolsas CLAP, las Unidades de Batalla Hugo Chávez, los Bonos y el Sistema Patria para instaurar un control dictatorial sobre la población.

Las palabras de Jorge Giordani ministro de planificación de Chávez, describen la orientación primaria del régimen en cuanto al sostenimiento de la pobreza: “Los pobres tendrán que seguir siendo pobres, los necesitamos así, hay que mantenerlos pobres y con esperanza”.

Posteriormente Héctor Rodríguez actual gobernador del estado Miranda expresa el mismo concepto del régimen en torno a el mantenimiento de la pobreza:

“No vamos a sacarlos de la pobreza para que se vuelvan escuálidos”.

El Sistema Patria es ahora el arma principal dictatorial para el control social, es la nueva Tarjeta de Racionamiento Revolucionaria; quien no esté registrado allí y quien vote en contra nuestra, no tendrá derecho a los bonos que dadivosamente otorgará Maduro cuando le dé la gana… y sin incidencia salarial. Progresivamente también se ira implementando la eliminación de los contratos colectivos hasta llegar a un Contrato Marco Único para todos los trabajadores que será firmado sólo con las Federaciones Bolivarianas y Revolucionarias del Siglo XXI.

En fin, todos los participantes en estas conversaciones coinciden en que solo con un cambio de gobierno se podrá avanzar hacia una alternativa gubernamental que haga posible la superación de la pobreza en el país.

A finales de la primera semana de este mes, los habitantes del estado Aragua se sintieron sorprendidos al ver en las redes sociales una convocatoria a concentrarse en el cruce de la avenida Ayacucho con la avenida Bolívar, en Maracay, para desde allí marchar hasta la Plaza Bolívar. Lo sorprendente de esta convocatoria era que la hacían los trabajadores de los “Centros de Diagnóstico Integral CDI” de la Misión Barrio Adentro. Muchas personas pensaban que eso era una marcha más del régimen para hacer propaganda sobre el apoyo de los trabajadores a las medidas económicas anunciadas el primero de mayo.

Pero, no fue así sino todo lo contrario. Para sorpresa de todos, los obreros, empleados, enfermeras y médicos integrales se concentraron y marcharon para protestar contra la política de despidos masivos que estaba aplicando el régimen de Maduro contra los trabajadores de los CDI del estado. En sus reclamos, dieron a conocer que, de la noche a la mañana, sin anuncio o consulta previa, fueron pasados de las nóminas del Ministerio de Salud a la cuál estaban asignados, a Corposalud organismo de la gobernación. A partir del 28 de febrero de este año los trabajadores comenzaron a aparecer en las páginas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales IVSS como ¡¡¡Cesantes!!! y fueron excluidos de las nóminas del Ministerio de la Salud.

Al solicitar información sobre estas medidas, recibieron la desagradable noticia de haber sido despedidos y que, por lo tanto, no estaban incluidos en la nómina de Corposalud y a los que lograron sobrevivir a esa razzia laboral les habían disminuido su salario en más del 80%. A los médicos integrales y las enfermeras que permanecieron contratados les bajaron sus salarios en montos que fluctuaban entre 200 y 900 bolívares mensuales. Iguales tratamientos les dieron a las enfermeras que laboraban en las Salas de Rehabilitación Integral SRI y en los Centros de Diagnóstico Integral; unas fueron botadas y a las que quedaron en nómina les redujeron el salario, lo que también representa un despido indirecto.

Al conocerse esa información, el respaldo de los aragüeños para con esos trabajadores no se hizo esperar y diferentes organizaciones gremiales y sindicales, al igual que sectores de la sociedad civil, se hicieron presentes en la marcha para acompañarlos.

En el recorrido de la marcha, todos los presentes se preguntaban sobre ¿cuál o cuáles fueron las causas de esos despidos masivos? si la Misión Barrio Adentro representa la joya de la corona de la revolución bolivariana del siglo XXI.

Algunos opinaban que esas medidas obedecían a una “purga” decretada por el régimen, al mejor estilo estalinista, para reducir costos operacionales debido a que los saqueos de los dineros públicos por los diferentes actos de corrupción habían agotado las reservas de dinero y ahora no tenían como pagarles a cientos de médicos y enfermeras.

Otras personas pensaban que el fracaso de la misión. ideada por Chávez y Fidel y continuada por Maduro, desde un comienzo estaba destinada al fracaso puesto que su papel era la penetración ideológica y no la atención primaria para la salud de la población. Insumos, locales, materiales y servicios progresivamente fueron decayendo porque la corrupción se fue adueñando de los presupuestos asignados y el papel destacado que juega en ese fracaso el convenio con Cuba para la traída de más de 30.000 “médicos” para el desarrollo de ese plan político ideológico llamado Misión Barrio Adentro. Los cubanos se chuparon todos los dólares y le dejaron los problemas a los venezolanos que ahora pagan los platos rotos.

Este régimen en su descarado servilismo con la dictadura de los hermanos Castro y su actual títere Miguel Díaz Canel, prefiere mantener la teta a la dictadura cubana que romper el leonino convenio para reorientar los recursos del programa hacia una atención médica integral a la población.

La marcha a su llegada a la Plaza Bolívar de Maracay designó a una comisión de nueve personas, para que hiciera entrega a la gobernadora del estado de un documento contentivo de las peticiones de los trabajadores de los CDI y SRI, en el cualdse exigía el inmediato reenganche de los más de tres mil trabajadores afectados por la política de “despidos masivos y la arbitraria e ilegal reducción de los salarios”, puesta en práctica por este régimen violador de los derechos laborales de los trabajadores.

En la marcha de los trabajadores realizada el primero de mayo, uno de los participantes le pregunta a otro de sus compañeros ¿Qué vaina es esa de la “macolla petrolera” con la que Maduro, ahora anuncia como una gran solución para resolver la crisis por él generada contra los pensionados y jubilados en lo referente a las prestaciones sociales?

-Primero debo aclararte el significado de esa palabra “macolla” para que podamos buscarle una explicación a lo dicho por ese mal llamado presidente obrero. Como profesor de Castellano y Literatura, creo que la primera y obligatoria referencia la debemos buscar en el diccionario de la Real Academia Española RAE. Luego de manipular su teléfono señalo que, la palabra buscada significa “Conjunto de máximos dirigentes o cúpula”. Creo que un significado más cercano a nuestra realidad política es “cogollo” o sea, grupito de personas que se asocian para tomar decisiones sin pararle bolas a nadie, solo responden a su grupo.

-Ahora estoy más “enredao”. ¿Qué coño tiene que ver esa definición con lo que te pregunté?

Tranquilo compañero, no deje que el calor lo desespere. Mira que la marcha está comenzando y el camino a recorrer es largo.

-Ok, explícame.

Fíjate bien en lo que dijo el súper bojote de Nicolás “La macolla petrolera Cacique Chaima, estará integrada por 50 pozos, cuyos recursos serán destinados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de los trabajadores. Toda su producción y todos los recursos que aquí se generen vayan directamente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, en una cuenta especial abierta en el Banco Central de Venezuela, para beneficiar a los trabajadores y trabajadoras en toda su magnitud nacional. No se les olvide camaradas que, desde la llegada de la Revolución Bolivariana, la riqueza petrolera se convirtió en salud, educación, vivienda, salario, en beneficios para los trabajadores y añadió, que están curando las heridas de la guerra económica y del "bloqueo salvaje y criminal contra Venezuela".

-Carajo eso es tremenda coba, Eso no se lo cree nadie. Además, la quiebra de nuestra industria petrolera no es por el bloqueo sino por el saqueo, respondió arrecho el compañero.

-Claro que es así. por eso te resalte las últimas palabras del súper bojote. En estos 23 años de gestión chavista-bolivariana-madurista, en materia petrolera lo que ha proliferado son las macollas, o sea las cúpulas de personas o cogollos encargados de saquear los dineros de nuestra empresa petrolera solo con la finalidad de enriquecerse ilícitamente y mantenerse en el poder. Déjame señalarte algunos ejemplos para demostrarte como la Macolla Chavista-Madurista llevó a la quiebra a PDVSA:

Según un informe confidencial de la policía de Andorra (un micro-Estado soberano sin litoral ubicado en el suroeste de Europa, entre España y Francia) hecho público por los medios de comunicación, se dio a conocer que los bancos han bloqueado más de 55 millones de dólares procedentes de presuntos sobornos que cobraron en este país europeo 21 miembros de la macolla del régimen. Los fondos embargados proceden de las presuntas comisiones ilegales abonadas a la red por contratistas que recibieron millonarias adjudicaciones de PDVSA y sus filiales entre 2007 y 2012 y que ocultaron el dinero de la corrupción en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a 7.400 kilómetros de Caracas.

El empresario Diego Salazar, primo hermano del que fuera ministro de Petróleo, presidente de PDVSA y exembajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, encabeza la lista de miembros de la red por volumen de fondos embargados. Tiene 18,5 millones de euros (más de 20 millones de dólares) retenidos en Andorra. Le sigue el gestor de negocios de Salazar, el abogado Luis Mariano Rodríguez Cabello, con 7,8 millones de euros (unos 8,6 millones de dólares) bloqueados en este país europeo de 77.000 habitantes y que permaneció blindado por el secreto bancario hasta 2017.

-¿Cuántos son los “choros” que aparecen en ese informe?, preguntó el compañero, que sudaba copiosamente, sin saber si era por el calor reinante o por la madre arrechera que se iba adueñando de su cuerpo a medida que escuchaba a su colega de marcha.

- No quiero atosigarte con ese voluminoso informe criminal. Te voy a señalar los nombres que allí aparecen con las cifras de lo que se chorearon:

José Ramón Arias Lanz 7,7 millones de dólares

Javier Alvarado 6,3 millones de dólares

Rubén Darío Figuera Olivari 5,3 millones en dólares

Luis Abraham Bastidas Ramírez 2.7 millones de dólares

Nervis Villalobos 2,2 millones de dólares

Integrada por exdirigentes chavistas y funcionarios de la poderosa firma estatal, la trama corrupta cobró comisiones de más del 10% a empresas, especialmente chinas, que después resultaban agraciadas con contratos de PDVSA. Mediante una treintena de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales como Suiza o Belice, la organización movió el caudal de fondos que fue a parar a Andorra. Y, para no levantar sospechas, camufló sus millonarios ingresos bajo el paraguas de unos trabajos de asesoría que -según los investigadores- no existieron.

Sin salir de su asombro, por la información recibida el compañero de marcha lo interrumpió para decirle que en ese informe se refleja solamente la macolla chavista y no se dice nada del cogollo madurista…

-Bueno, ese cogollo no aparece en el informe de Andorra, pero si puedo señalarte con toda propiedad que, el 18 de marzo de 2023,se destapó otra olla cuando la Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC) llevó a cabo una serie de arrestos y allanamientos a funcionarios públicos implicados en casos de corrupción.​ Entre ellos se encontraba Joselit Ramírez, jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y director de Despacho de El Aissami, y que además fue identificado por medios de comunicación como una persona de su confianza, quien se encuentra solicitado por la justicia de Estados Unidos, acusado de la desaparición, según fuentes oficiales, de 3.500 millones de dólares provenientes de ingresos petroleros. También el coronel Antonio Pérez Suárez y el teniente coronel José Ramos Chirinos fueron arrestados en el operativo, además del diputado Hugbel Roa, todos señalados como parte del círculo político de Tareck El Aissami.

Los principales jerarcas de esa macolla iniciaron sus vínculos en la Universidad de Los Andes en Mérida, en el movimiento Utopía 78 y posteriormente apoyando al movimiento estudiantil chavista ganando la Federación de Centros de Estudiantes. Pedro Rolando Maldonado Marín, Hugbel Roa, Tareck El Aissami y Felipe Contreras Caldera.

Como podrás imaginar estimado compañero de marcha, ese anuncio de la macolla petrolera Cacique Chaima no es para generar recursos para el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales sino para que, en un futuro cercano seamos testigos, si no hay un cambio de gobierno, de un nuevo escándalo de saqueo y blanqueo de capitales en los paraísos fiscales por parte de un cogollo de choros disfrazados de revolucionarios bolivarianos siglo XXI.

-Que rápido pasó el tiempo. Ya llegamos al final de la marcha. A prepararnos para la próxima. La lucha continúa.

El 1º de mayo “Día Internacional de los Trabajadores” guarda una particular significación para los Entrenadores Deportivos de Venezuela, puesto que, en esa fecha en el año 1975, se dio inicio a una huelga en procura de lograr una contratación colectiva que regulara la relación laboral con el Instituto Nacional de Deporte. Esta acción gremial marcó un hito en la historia deportiva, no solamente nacional sino internacional, porque era la primera manifestación de ese tipo, que se daba en el sector de los trabajadores del deporte a nivel mundial. Una semana después, el 8 de mayo, quedó establecido oficialmente como el “Día del Entrenador Deportivo” en reconocimiento a la gesta que se había librado durante toda esa semana y en esa fecha se alcanzó acuerdos en torno a las demandas laborales requeridas por los entrenadores en ese momento.

Los logros gremiales alcanzados quedaron plasmados en el contrato colectivo denominado “Las Bases Normativas” Las cláusulas de importancia contenidas en ese documento laboral fueron múltiples y variadas. En primer lugar, el reconocimiento del derecho a de los entrenadores a tener una contratación colectiva con el patrón de entonces, el Instituto Nacional de Deportes, la indexación salarial en base a los índices inflacionarios que mostrara el Banco Central de Venezuela, es decir, anualmente el salario de los trabajadores del Instituto se iba a mover de acuerdo a las escalas inflacionarias señaladas por el mencionado Banco, cláusula esta que pasó a ser un punto de referencia obligatorio en los contratos colectivos de Venezuela.

También se contempla la clasificación del personal, en unas escalas previamente señaladas en un Manual de Clasificación de Cargos de los Entrenadores Deportivos que se desempeñan en la Administración Pública Nacional. Este manual es un elemento de vital importancia porque le dio jerarquía a este sector laboral con una fisonomía propia dentro de la administración pública venezolana. La seguridad social de los trabajadores se vio fortalecida con el establecimiento de los seguros HCM, el establecimiento de las cajas de ahorro con el aporte del 11% y el aporte patronal del 11%, la denominación del salario integral de los trabajadores y el establecimiento de comisiones bipartitas y tripartitas para conocer el caso de los despidos que se presentara en el Instituto Nacional de Deportes.

Pero, a partir de 1999 y hasta el presente año 2023, los regímenes de Chávez-Maduro han impuesto arbitrariamente una sistemática y progresiva política de desconocimiento de los Derechos Laborales de los Entrenadores conseguidos en 1975. Esa política anti-trabajador se manifiesta de manera inequívoca en los siguientes hechos:

• Congelación de los contratos colectivos. A la fecha, son 23 años sin tener la posibilidad de presentar, discutir y aprobar con el IND un nuevo marco de relación laboral.
• Violación expresa de la Constitución y La Ley Orgánica del Trabajo al firmar un convenio con Cuba para la ilegal tarida de 10.000 “entrenadores” estableciendo una discriminación salarial, al remunerar a los extranjeros con pagos en divisas (1.500 $ mensuales) y en bolívares devaluados a los entrenadores criollos. Pisoteando así, el principio universal que establece “A igual trabajo igual salario”.
• Los seguros HCM que, por su inexistencia o sus pírricas coberturas, prácticamente mantienen "condenados a muerte" a los trabajadores que necesiten ser atendidos por problemas de salud.
• Negativa permanente para aplicar la homologación de salarios, pensiones y jubilaciones.
• Los manuales clasificadores de cargos no son aplicados y los pasivos laborales duermen el sueño del burócrata, en la larga espera de su cancelació.
• Apropiación indebida de los descuentos mensuales del 11% a los entrenadores como aporte a la Caja de Ahorros del IND así como el 11% del aporte patronal. Esos aportes son retenidos ilegalmente, desde hace dos años, por las autoridades del IND y hasta el momento se desconoce el destino de los mismos.
• Bonificación de los salarios, pensiones y jubilaciones de hambre, aprobados unilateralmente por el régimen.

Veinte y tres años de intolerancia patronal, de autoritarismo gubernamental, de condiciones leoninas de trabajo, de salarios de hambre, de ausencia de programas de protección social hacen necesaria la unidad en la lucha de los trabajadores del deporte por el logro de sus derechos laborales. Hoy, más que nunca tiene plena vigencia el pensamiento de Carlos Sánchez, como una expresión de compromiso social en las luchas gremiales:

“El Entrenador Deportivo debe ocupar permanentemente su puesto de lucha por Un Deporte Mejor y no doblegarse ante ningún burócrata civil o militar que pretenda usarlo con fines politiqueros o de enriquecimiento ilícito. Solo la Unidad Gremial nos hará fuerte en la búsqueda y defensa de nuestros Derechos Sociales”

La historia, nos permite recordar que el pasado no está nunca terminado, sino que permanece abierto y que en él reposan aún las semillas de otro presente y otro porvenir…la lucha continúa.