Hace más de cuatro décadas hube de trillar con las cuestiones de la integración regional –así, en 1974, participamos de la fundación en el IESA, con apoyo del BID y el Intal, del primer máster latinoamericano que suma a varias legiones de extranjeros y venezolanos– y nos era inevitable aceptar que su fuente intelectual, en el caso de las Américas, procedía de una visión estructuralista sobre las relaciones asimétricas entre los países centrales y periféricos.

Era la consecuencia explicable, más allá de las elaboraciones teóricas, de unas deficiencias genéticas que tienen como su punto de partida nuestros procesos de independencia y formación como repúblicas. El “gendarme necesario” reinterpreta o intenta darnos una historia “nueva” que oculta los 300 años trascurridos bajo la influencia cultural latina e hispana, forjando a propósito culpables ajenos.

Ya desde 1949, incluso antes de iniciarse la luminosa experiencia de la integración europea con los tratados de 1951 que impulsan Robert Schuman y Jean Monnet, la Cepal, encabezada por el célebre académico y economista Raúl Prébisch, habla de los desequilibrios e injusticias que afectan al llamado capitalismo periférico apalancándose sobre la idea de nuestro desarrollo hacia adentro: la industrialización mediante la sustitución de las importaciones y un régimen de protección moderada de las economías nacionales. En esa vía se enrumban los distintos gobiernos.

Agotado tal estadio, durante los años cincuenta e inicios de los sesenta Prébisch plantea como desaguadero la formación de un Mercado Común. Propone el derrumbe progresivo de las fronteras económicas y comerciales entre nuestros países –una zona de libre comercio– a la vez que su cuidado mediante un muro virtual compartido, la unión aduanera, que otra vez nos protegiese como en la colonia de los bucaneros.

Es larga y azarosa la historia que cubre el nacimiento y la muerte por reconversión de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc) creada con el Tratado de Montevideo (1960) y la de su complemento y corrección, alimentado por la misma tesis del complejo ante los grandes, el Pacto Andino o Acuerdo de Cartagena (1969). El ensayo centroamericano es el pionero, la Odeca de 1951.

Un dato que no puede omitirse hoy es que, a pesar de esos esfuerzos y sus resultados debatibles, el soporte que los acompaña es la voluntad de los Estados y sus gobiernos, antiguallas para la globalización; más allá de que estos le hayan dado paso a la noción de la supranacionalidad y al establecimiento de autoridades comunes que les distancian de la lógica de las soberanías que rige hasta después de la Segunda Gran Guerra del siglo XX.

Ahora declinan los sólidos de la Europa de la integración, un modelo que influye mucho y acaso contamina indebidamente al latinoamericano durante sus fases de avance, y puede pensarse –lo pregunta Moisés Naím– que una buena idea que todos consideran buena y loable pero que jamás se realiza es una mala idea.

No obstante, desde Guatemala, en un marco de excelencia académica y calidad en la experiencia que junta a empresarios e intelectuales con gobernantes y ex gobernantes durante la semana que recién finaliza, la Fundación Libertad y Desarrollo ha optado por marchar a contracorriente. Su conductor, Dionisio Gutiérrez, líder de experiencia transnacional y académico salmantino, plantea una vuelta a la integración económica como obligante y apropiada respuesta ante la disolución global de las certezas y la obvia incapacidad de los viejos Estados para asumir los desafíos que plantea el siglo XXI.

La cuestión no es baladí ni subalterna, menos en esta témpora mejor ganada para la experiencia de lo instantáneo y la inmediatez.

Si se admite que las solideces políticas y culturales ceden y se desmoronan y desparraman ante nuestros ojos como líquidos, las poblaciones ahora huérfanas de patria de bandera – así se sienten y copio para ello el giro de don Miguel de Unamuno–, la solución es encontrar otro hilo de Ariadna. Cabe armonizar las diferencias y exclusiones recíprocas que a todos anegan. No son un soliloquio, son máxima de la experiencia la miríada de nichos sociales o cavernas neoplatónicas que siguen a la evidente pérdida de las texturas políticas y sociales nacionales, presionadas por la supervivencia o las expectativas de bienestar.

Es aquí en donde la integración de los problemas centrales que a todos aquejan y de las soluciones comunes que a todos beneficien puede volverse una idea-fuerza innovadora –ya no estamos en los tiempos de Prébisch, hechos de espacios y de tiempos– y que mal puede encerrarse en los conventos de este neo Medioevo en curso.

Si lo dominante es la dispersión y la indignación, la “libanización” entre hombres y mujeres millonarios en informaciones y billonarios en deseos –se lo escuchamos decir a Mauricio Macri, en lúcida exposición– y que abandonan sus lares nativos para refocilarse en las indiferencias hacia los otros y las huidas, lo veraz es que todos a una tienen necesidades básicas igualmente inmediatas: transportarse, alimentarse, educarse, reposarse, sin mengua de los nomadismos y narcisismos propios al ecosistema digital.

Solo cabe resolver, pues, a través de un esfuerzo común, el de la integración de los servicios sin rostro y de sus usuarios, que es cosa muy distinta a la integración de las vanidades políticas y sus instituciones de museo, sin importancia para estos.

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Las medidas de retorsión o contramedidas –según el derecho internacional– adoptadas por la Casa Blanca contra la empresa criminal transnacional que mantiene bajo secuestro a Venezuela y destruye sus fundamentos como Estado, lleva a algunos políticos de medianía, más que a los afectados, a reaccionar con indignación. ¡Algo muy extraño!

Cada uno es libre de tener sus afectos o desafectos con el mundo exterior, que en el caso de las naciones iberoamericanas es lo propio frente a Estados Unidos –no ocurre con las de origen lusitano, como Brasil– por razones intestinas, que nos vienen desde las guerras fratricidas por la Independencia.

Con aquel opera una suerte de doble rasero intelectual –lo constato en el mismo epistolario de Simón Bolívar, quien afirma que plaga a América de “miseria en nombre de la libertad” y a la vez recomienda hablar ante los Parlamentos copiando los discursos del “presidente de Estados Unidos”– lo que bien me resume un antiguo colega de la Corte Interamericana: Ustedes mueren y no van al cielo sino a Miami.

Lo cierto es que quienes más se rasgan las vestiduras para endosar otro traje como antiimperialistas de circunstancia o fingir vergüenza de admirar a esa gran nación del norte son los que sufren si el “imperio” les reduce sus privilegios e impide disfrutar de sus mieles.

Corren los años setenta del pasado siglo cuando, al concluir un conversatorio sobre Puerto Rico en la Universidad de Pittsburg, dos dirigentes fundacionales comunistas venezolanos participantes me piden llevarlos a conocer Nueva York, antes de regresar a Caracas. No olvido sus caras, creían estar en la presencia del Dios humanado.

Al caso y en nuestro caso, la mala memoria o la ingratitud –ambas herencias europea y española– omite hechos desdorosos de nuestro recorrido y el auxilio norteamericano siempre presente para sacarnos las castañas del fuego, sin que a cambio nos invadan.

Nos tiende la mano ante un Cipriano Castro que no honra sus deudas con las potencias del Viejo Mundo por daños causados a sus nacionales durante nuestras revoluciones, por lo que media para ponerle fin al bloqueo armado europeo de nuestros puertos; o al Inglaterra intentar quitarnos nuestro costado oriental hasta más allá de las bocas del Orinoco, coludida con los rusos.

El memorándum póstumo de Severo Mallet Prevost, nuestro abogado gringo –“albino” le llamaría Bolívar–, es el que remienda, en efecto, la última situación, que permite al gobierno de Rómulo Betancourt denunciar la corrupción habida durante el dictado del Laudo de París de 1897 y al gobierno de Raúl Leoni firmar el Acuerdo de Ginebra, abriéndonos espacios para la reclamación del Esequibo a partir de 1966; logro que tiran por la borda los felones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Rafael Caldera luego denuncia el Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados Unidos –que lo viola este para restringir sus importaciones petroleras– sin que nos agreda el Departamento de Estado; sabiendo, incluso, que perdían los beneficios de nuestra expansión comercial hacia Latinoamérica y el mundo andino.

Las contramedidas recién impuestas contra el usurpador Maduro y sus cómplices políticos y económicos –para impedirles vender, transar y robarse los bienes y dineros que hacen parte del patrimonio nacional de Venezuela– las protesta, con inenarrable cinismo, Europa. También Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU, que ayer se escandaliza por los crímenes del primero. Olvidan que en su momento los europeos las adoptan contra Polonia (1980), suspendiéndole la ayuda alimentaria; también contra la Argentina (1982); así como Francia lo hace contra Suráfrica por el apartheid, en 1985.

Estados Unidos suspende sus ayudas públicas a los Estados que expropian bienes de americanos sin indemnización, durante los años sesenta, o que no respeten los derechos humanos, como lo decide Jimmy Carter entre 1977 y 1980; pues la retorsión es una medida nacional y territorial unilateral y legítima, según el derecho internacional. La ejecuta todo Estado afectado como respuesta apropiada, provisional, y proporcional ante el comportamiento internacionalmente ilícito de otro Estado –en el caso el comportamiento criminal de lesa humanidad, más que ilícito, del régimen usurpador de Maduro– a fin de hacerlo respetar y acatar las reglas que impone el mismo derecho internacional, y para que repare los daños causados.

Los límites que impone la doctrina jurídica internacional son precisos. Se cumplen esta vez. No pueden significar uso de la fuerza, o vulnerar derechos humanos y principios humanitarios.

Las contramedidas que comentamos tienen como propósito, justamente, ponerle coto al robo de los dineros públicos venezolanos y a las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que ejecutan el mismo Maduro y los suyos. Tampoco pueden –como lo dice el Instituto de Derecho Internacional– destruir la economía del país afectado, o poner en peligro su integridad territorial o independencia política.

Es palmario, es máxima de la experiencia silenciada a propósito por los europeos y la Bachelet, que la economía de Venezuela ha sido destruida de raíz por el régimen sancionado; que ha enajenado, además, la soberanía territorial e independencia política, entregándosela, para su canibalización, a grupos narcoguerrilleros y organizaciones criminales, a rusos, chinos y cubanos, y sometiendo sus decisiones al escrutinio previo de los gobernantes de La Habana. Extrañan, pues, tales protestas.

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Su compatriota de la izquierda, Isabel Allende, afirmaba que “el exilado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas”, en una suerte de descripción sobre la tragedia de quienes son vomitados por la injusticia y arrancados de su lar natural, obligándoselos incluso a perder la memoria de pertenecer a algo; con lo que solo queda reconcomio, recuerdo de lo perdido y que no volverá, y al término tristeza, abulia, que es eso, en efecto, la muerte civil y ciudadana.

Fernando Mires, a quien no conozco y leo de modo eventual sus artículos, sufre su exilio durante la dictadura chilena de Augusto Pinochet en Alemania, que es como viajar a otro planeta, distante; si bien su patria de origen, en lo particular, mixtura su población con emigrantes, cuando en 1846 le abre sus puertas a más de 6.000 familias de la entonces Confederación germana. Y allí, entre lejanía y cercanía, rehace su biografía, como lo sugiere.

Cierto es que cada exiliado vive o mira su tragedia desde una óptica personal, habiendo quienes hasta asumen la postura extrema de la mujer desengañada: ¡Si te he visto, no te recuerdo!

Pero es injusta, mezquina, producto de un criterio liviano que mal habla de su alegada formación intelectual y quizás adobado por compromisos nacidos de la razón práctica, la afirmación de Mires en cuanto al exilio venezolano actual, al que busca aconsejar. “La política de y en el exilio, no existe”, escribe en su Twitter. Al término, por ende, intenta prosternar el esfuerzo que hacen centenares de miles de mis compatriotas, víctimas de la narcodictadura que dirige Nicolás Maduro, para cercarlo y ponerle término final. Más nada vale esto, según él. “Las decisiones de la dirigencia opositora en el exilio no influyen en la situación de Venezuela”, ajusta, y opone su experiencia personal.

El caso es que la verificación de su sentencia parte de premisas equivocadas, imposibles de extrapolar desde el siglo XX hasta el siglo XXI, cuando se hacen líquidas las fronteras y las informaciones, e incluso, el propio manejo del poder social y político contemporáneo. Olvida, además, que Cicerón recuerda que solo hay destierro “allí donde no hay lugar para la virtud”.

Habla, al efecto, del fracaso del exilio cubano, como si acaso hubiese sido rendidor en la lucha contra el ostracismo impuesto a los cubanos por la satrapía de los Castro la tarea de los líderes opositores internos; de quienes queda, en buena hora, es el caso de Rosa María Paya y de Yoani Sánchez, lo mismo que dejan sus compatriotas de la denostada Miami: el ejemplo, el coraje, la virtud.

Lo peor es que Mires, al decir cuanto dijo, pasa por alto circunstancias cruciales del proceso chileno que lo purga hacia el exilio. Allí hubo una dinámica endógena propia, es innegable. Que Pinochet desprecia la influencia internacional, tanto que tuvo la osadía de mandar a asesinar a Orlando Letelier en Washington, es también verdad. A mí, como embajador venezolano me espeta en 1980: ¡Nada me importa lo que piensen ustedes afuera, sino lo que piensan de mí los chilenos, adentro! Él, el general, sí despreciaba al exilio.

Entre tanto, sin embargo, Fernando Matthei, miembro de la Junta, desde Diego Portales ya me señalaba sobre sus conversaciones con la democracia cristiana bávara, pues le importaba el exterior. Enviaba mensajes a líderes en el exilio y a opositores en lo interno, para hacerles ver que se acercaba el final del régimen militar y para urgirles sobre la necesidad de una fórmula que permitiese no devolverles el poder a los responsables de la tragedia que todos ellos vivieran durante casi dos décadas.

Tengo presentes, en mi mente, los esfuerzos emblemáticos, encomiables, llenos de angustia existencial y de coraje en el compromiso, dignos de emular, que hacían Jaime Castillo (democristiano) y Aniceto Rodríguez (socialistas) desde Caracas, para abrirle camino fértil al regreso chileno sobre la senda de su experiencia histórica, la de la libertad en democracia. A buen seguro que reprocharían lo que ahora, cómodamente, sostiene Mires, para ralentizar la fuerza de la protesta internacional de los exilados venezolanos contra la narcodictadura de Maduro que toma cuerpo.

Dos enseñanzas, máximas de la experiencia, deberían ser apreciadas por el columnista a distancia, una que el Chile de Pinochet no es la Venezuela de Maduro. La Fuerza Armada chilena jamás pierde su vigor institucional ni se colude con el crimen del narcotráfico y la corrupción desembozada. Y tanto conserva su textura que ayuda a la transición y no impide su éxito. Hay esfuerzos de negociación entre la oposición y la dictadura, mediados por la Iglesia, pero no llegan a nada; hasta que la Iglesia se convence de que lo importante era hacer dialogar a los opositores, con vistas al porvenir, incluidos los de afuera, los exilados.

Imagino que Mires nada sabe de Plan País, que reúne a todos los venezolanos que estudian en las mejores universidades americanas para sostener sus tareas de construcción de la Venezuela a la que tienen derecho y a la que esperan volver; preocupados, sí, por la opinión que de ellos y la comprensión que de sus dolores íntimos puedan tener quienes se quedaron en el país. Su opinión, su mala opinión del exilio, en nada ayuda al respecto.

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El primer documento o hito mediato –al que sigue el Pacto de Puntofijo– sobre el que adquiere soporte intelectual la república civil democrática venezolana y cuya armazón cede en 1999, antes de que se instale el despotismo y ocurra una regresión al tiempo en que el hambre, la ignorancia, y el vicio vuelven a ser bases del edificio de nuestra amoralidad política, es el Plan de Barranquilla, suscrito en 1931. Entonces, ocurre un claro deslinde con los seguidores del comunismo.

Al concluir su relectura, para mis adentros reparo en la actitud reflexiva y madura de los jóvenes firmantes –entre otros Rómulo Betancourt y Simón Betancourt– ante una circunstancia agonal para Venezuela no distinta de la actual: insurgencia regional, crisis económica, descontento popular, anarquía entre los servidores del despotismo por incapacitados para avenirse sobre la sucesión del dictador Juan Vicente Gómez. Hoy, qué duda cabe, aquellos serían denunciados como opositores de teclado.

El caso es que, admitiendo que el final de la dictadura vendría por uno u otro lugar, dadas las condiciones objetivas, consideran que a los opositores de vanguardia, los de afuera, los exiliados, y los de adentro, les era indigno mantenerse a la expectativa o bien empeñarse, por muy justo que les pareciese, en una condenable acción unilateral.

Acaso ¿lo vertebral o imaginable era la concertación entre los aliados tácitos o expresos o empleados del déspota y los opositores, unos desesperados por sus finales y otros urgidos del final del tiempo del oprobio, al costo que fuese? De haber sido así, como se lee en el histórico documento, todo el hecho político y la misma presencia del gendarme necesario se reduciría y explicaría alrededor de la “zamarrería” y “la ausencia de fronteras morales”.

Pues bien, por haber mirado más allá de las circunstancias y puesto de lado sus propias circunstancias, en otras palabras, por haber entendido que “hasta ahora no ha tenido Venezuela en su ciclo de república ningún hombre cerca de la masa, ningún político identificado con las necesidades e ideales de la multitud”, reza el texto; y por conscientes de que “las apetencias populares han buscado, en vano, quienes las interpreten honradamente y honradamente pidan para ellas beligerancia”, decidieron trabajar para las generaciones futuras, se empeñaron en hacer república, pues Venezuela era algo más que sus oligarquías políticas.

Optaron, así, por separarse del vicio que marcara –todavía lo hace– nuestro decurso histórico, a saber, considerar a la política como “la alternabilidad de divisas partidaristas en unos mismos grupos ávidos de lucro y de mando, identificados en procedimientos de gobierno y de administración”.

He aquí, pues, lo central que repito y escribo en anterior columna revisando la experiencia de la oposición chilena a la dictadura de Augusto Pinochet. Fracasados, obviamente, los intentos mediados de diálogo entre este y la primera, facilitados por la Iglesia, el diálogo verdadero hubo lugar – como le ocurre a los autores del Plan de Barranquilla– entre los conductores del porvenir de esa nación sureña y por el mismo motivo que anima y se señala en el histórico libelo: “Coexistiendo con la tarea concreta de acopiar elementos de todo orden para la lucha…, debe desarrollarse activamente otra de análisis de los factores políticos, sociales y económicos que permitieron el arraigo y duración prolongada del orden de cosas que se pretende destruir”; justamente, para evitar “el error de suponer que con la simple renovación de la superestructura política estaba asegurado para Venezuela un ciclo de vida patriarcal”.

Visto lo inmediato, la final y unánime reacción compacta de toda la comunidad internacional en contra de un hecho preciso, distinto de los 140 escuderos caídos y los centenares de presos políticos que deja a la vera y como sus víctimas el régimen de Nicolás Maduro; es decir, el desconocimiento por este del principio del voto universal, directo y secreto, secuestrado para instalar, con apoyo de la Fuerza Armada, una espuria y dictatorial asamblea nacional constituyente y la coincidencia, al respecto, del claro mandato que le da el pueblo a la “vanguardia opositora” en la consulta del 16 de julio, cuando su mayoría “rechaza y desconoce” tal constituyente por nacida sin su aprobación previa. Cabe preguntarse ahora ¿cuál hubiese sido el comportamiento de los redactores del Plan de Barranquilla?

¿Qué dirían de observar que el narcodespotismo instalado en Venezuela (usó la expresión con propiedad y bajo prueba de las máximas de la experiencia], desde el día siguiente a los hechos narrados sesiona con los mandatarios del pueblo y, entre otras cuestiones, de espaldas a la orden soberana, debaten sobre el eventual reconocimiento a la constituyente dictatorial?

Dos enseñanzas del plan vienen a propósito y las transcribo sin aditamentos: “El balance de un siglo para los de abajo, para la masa, es este: hambre, ignorancia y vicio. Esos tres soportes han sostenido el edificio de los despotismos… (y) presumen espíritus simplistas, viciados de la tradicional indolencia venezolana para ahondar problemas, que “asociaciones cívicas” y otros remedios fáciles de la misma índole bastarían para promover en el país un movimiento de dignificación civil”.

Los ocho predicados del Plan de Barranquilla, cambiando lo cambiable, gozan, es lo insólito, de una vigencia increíble pasados casi 90 años: 1. Hombres civiles al manejo de la cosa pública; 2. Libertad de prensa y garantía de derechos humanos; 3. Confiscación de los bienes de los hombres del régimen y su entrega al pueblo; 4. Enjuiciamiento –tribunal de salud pública– de los responsables del despotismo; 5. Protección de las clases productoras; 6. “Desanalfabetización” de las masas: moral y luces, a fin de dignificarlas; 7. Revisión de los contratos y concesiones dadas por la dictadura; 8. Convocatoria de una verdadera asamblea constituyente, para que elija un gobierno provisional y reforme la Constitución para eliminar las razones de fondo “que permitieron el arraigo y duración prolongada del orden de cosas que se pretende destruir”, como cabe reiterarlo.

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La perspectiva épica que acompaña la gesta por la independencia en Venezuela y le domina desde la caída de la Primera República en 1812, deja oculto un hecho crucial de nuestra historia: el de la guerra fratricida que tiñe de rojo nuestro ingreso al concierto de las naciones y tiene como telón de fondo el “affaire” de Antonio Nicolás Briceño.

El mismo evoca cuanto ahora vemos y presenciamos –80 jóvenes asesinados por las huestes serviles de Nicolás Maduro y el premio que este le otorga a uno de sus sicarios: coronel Bladimir Lugo, por maltratar al presidente de la Asamblea Nacional y orinarse sobre la soberanía popular que en número de 14.000.000 de votantes se expresó en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.

Briceño, próximo al Libertador Simón Bolívar, mientras se organiza desde Cúcuta la invasión a Venezuela y como premio del Decreto de Guerra a Muerte, redacta la Providencia N° 9. Su texto es emblema de la barbarie: “Se considera ser un mérito suficiente para ser premiado y obtener grados en el ejército el presentar un número de cabezas de españoles europeos, incluso los isleños; y así, el soldado que presentare veinte cabezas de dichos españoles será ascendido a alférez vivo y efectivo; el que presentare treinta, a teniente; el que cincuenta, a capitán”.

La queja posterior de Bolívar frente a Briceño es que mal puede hacer lo que propone sin su previa consideración, sobre la gravedad del caso y su ajuste a las leyes. Pero nada más.

Manuel del Castillo y Rada, coronel cartagenero y segundo al mando, reacciona con vergüenza republicana ante la primera baja que provoca el dispositivo: “Me ha estremecido el acto violento que Usted ha ejecutado (…); pero me ha horrorizado más el que, deponiendo todo sentimiento de humanidad, haya usted comenzado a escribir su carta con la misma sangre que injudicialmente se ha derramado”. Y concluye lapidario: “Devuelvo la cabeza que se me remitía. Complázcase usted en verla, y diríjala a quien tenga el placer de contemplar las víctimas que ha sacrificado la desesperación”.

Maduro y la corte de rufianes militares que lo mantienen alelado por lo visto se solaza como Briceño por los actos de violencia primitiva que promueve. Pero la diferencia con el pasado, sin que se justifique ese pasado, es proverbial.

A los hombres de espada de la Independencia anima, quizás, el quítate tú para ponerme yo: que salgan los peninsulares para que gobiernen los españoles criollos, sin que ello signifique la verdadera libertad del pueblo, hasta que en 1830 el catire Páez, otro general, devuelve las espadas hacia las haciendas o fundos de sus detentadores para que las luces, la ilustración civil, dibujen la república naciente. Se hace célebre, entonces, el altercado del sabio y rector José María Vargas con Pedro Carujo, otro coronel felón como Lugo: “El mundo es del hombre justo. Es el hombre de bien, y no del valiente, el que siempre ha vivido y vivirá feliz sobre la tierra y seguro sobre su conciencia”.

A la dictadura hoy imperante en Venezuela, desnuda tras los golpes de Estado sistemáticos que propina: desde el desconocimiento de la Asamblea en 2016 hasta el mamotreto de su narco-para-constituyente inconstitucional en 2017, en las antípodas de la historia comentada, apenas le importa la consolidación, a rajatabla, de su empresa colonial y cubana de narcotráfico y lavado de dineros, disimulada tras las banderas del socialismo marxista.

No hay barbarie más extrema que pueda concebirse que la cocinada en las hornillas del mal absoluto, del tráfico internacional e interno de drogas, sobre todo cuando involucra una política de Estado sistemática y coludida. Y es en este punto en el que cabe abrir los ojos de la opinión pública, para que entienda lo agonal de la tarea agónica de libertad que tiene por actores a las generaciones más jóvenes de venezolanos, a sus vidas ofrendadas en holocausto.

Solos no podrán llevar a término su propósito, que no es político sino de liberación del secuestro que sufren a manos de una delincuencia criminal hecha gobierno. Con la solidaridad de la comunidad internacional ello será posible, pronto. Y esa solidaridad crece, a pesar de los tropiezos, como el habido recién en la OEA. Allí los representantes de los países que menos representan, pues suman apenas 1,81% de la población de las Américas, impidieron por razones leguleyas que los gobiernos cuyas poblaciones suman 850 millones de habitantes se pronunciasen de manera concluyente en contra del cártel de los Maduro-Flores y Cabello-Reverol.

Los gobiernos huidizos al castigo de Maduro deben ser sometidos, por ende, a severo escrutinio. No por haber adoptado una decisión soberana, sino por la razón de fondo que la anima: ¿Acaso hacen parte de la estructura logística del negocio de la muerte los gobernantes de Bolivia, Dominica, Nicaragua, St. Kitts, St. Vicent, Surinam, Trinidad, Haití, Granada, El Salvador, Ecuador, Antigua y República Dominicana?

El narcotráfico es sinónimo de muerte. Ya suman 29.000 los homicidios promedio de cada año, que se inician de modo selectivo y por órdenes del Palacio de Miraflores desde que Hugo Chávez firma su pacto de alianza con las FARC, en 1999.

Cuando se abra la caja de Pandora el capitán Diosdado Cabello, el actual presidente del Supremo Tribunal, y ex fiscal general Isaías Rodríguez, tendrán mucho que cantar. Entonces hablarán, por boca de otros, los muertos del silencio: El fiscal Danilo Anderson (2004), Gamal Richani (2005), Arturo Erlich y Freddy Farfán (2004 y 2009), Richard Gallardo y Luis Hernández (2008), el gobernador William Lara (2010), Nelly Calles (2011), el gobernador y capitán Jesús Aguilarte (2012), la embajadora Olga Fonseca (2012), el general Wilmer Moreno (2012), el diputado Omar Guararima (2013), el capitán Eliézer Otaiza, el colectivo José Miguel Odremán y el diputado Robert Serra (2014), por lo pronto.

Venezuela se aproxima, aceleradamente, hacia otro parteaguas histórico, distinto de los que ha conocido casi siempre pasada una generación y desde su aurora republicana.

Esta vez trata que su lucha agonal – con costos de vidas, heridos y encarcelados – le permita renacer como nación, como sociedad con textura y más allá de sus partes, comprometida con prácticas políticas ajustadas a la moral, a las leyes universales de la decencia, desaparecidas a lo largo de los últimos 17 años; pero arrebatadas tales leyes y sus frenos desde el instante mismo en que una logia narco-terrorista se apropia del andamiaje del Estado. Impedir la prórroga de ésta y que se frustre la empresa de libertad que guían jóvenes y hasta niños con admiración de sus mayores – la he llamado “revolución de los pantalones cortos” – es un deber inaplazable.

Toda duda, toda omisión, toda falsa discreción o prudencia, incluida la de gobiernos extranjeros que se neutralizan alegando no querer darle aliento a una “guerra civil” en ciernes e imaginaria, pues es, antes bien, represión abierta y criminal – casi genocida – por parte de militares y paramilitares contra ciudadanos quienes protestan en paz al régimen de Nicolás Maduro, expresa complicidad con éste, responsabilidad compartida por los crímenes que a diario se le suman.

No exagero. El milagro de la tecnología digital hoy impide la censura, el ocultamiento dictatorial y la desfiguración de realidades crudas como las señaladas. Nadie puede decirse ajeno o ignorante. Quien no reacciona con indignación ante el oprobio es socio y cooperador activo o pasivo con la vesania que se fragua desde los laboratorios del Palacio de Miraflores y sus ministerios de defensa y del interior; éste último, bajo la dirección de una suerte de Pablo Escobar acusado de ser la cabeza de uno de los cárteles de la droga que ha secuestrado al país.

Los disparos, las torturas, las patadas de guardias nacionales y colectivos criminales organizados por el propio Maduro para sostenerse en pie por sobre el dolor de un pueblo inerme pero corajudo, son verdades palmarias que aceleran los latidos de todas las opiniones públicas en el mundo.

Cada día son más quienes se deslindan del régimen, con valentía que cabe admirar en la hora, pues es más fácil el alineamiento de quienes a él se oponen como víctimas sufrientes que el de otros, como la Fiscal General de la República, que han convivido con la dictadura y mezclado con sus tuétanos, y ahora la abandonan vomitando intoxicados ante los propios y escamados frente a los ajenos.

La responsabilidad de quienes tienen en sus manos las riendas para administrar y ordenar las protestas – es el caso de la Asamblea Nacional, depositaria de la única legitimidad democrática que resta en medio de la total desarticulación del país – y, sobre todo, de darles su propósito final, es más exigentes que nunca. Se requieren acciones concretas, decisiones incluso simbólicas que anuden al conjunto en su rechazo a lo insostenible, a la presencia de Maduro y su mafia criminal en el poder de facto que a todos intenta dominar. Y ello impone un diálogo, pero no con el crimen, jamás con los criminales, sino con ese resto de actores propios y ajenos, sean nacionales o internacionales, quienes desde sus distintas y no pocas veces antagónicas o diferentes posturas puedan darle una pronta salida al mal absoluto que lucha por sobreponerse de forma definitiva, para salvar sus pellejos incluso sobre un río de sangre inocente que va inundando el suelo de la patria doliente.

La Conferencia Episcopal Venezolana y su presidente, monseñor Diego Padrón, han sido contestes al respecto. Si de conversar se trata bien, pero sólo para que se le devuelva al pueblo el ejercicio cabal de su soberanía, se respeten las competencias de la Asamblea, se liberen a los presos políticos, y la ayuda humanitaria restañe las heridas vitales que causan la hambruna y la falta colectiva de medicinas.

El hemisferio y el mundo, a través de sus organismos más calificados – la OEA y la ONU, y la OEA en primer término como lo ha dicho la ONU – ya marca rumbos, pero ellos son, al fin y al cabo, el público o audiencia que ha de estar presente en el teatro de nuestra reconstrucción democrática. Es a los actores, a los venezolanos, con sus narrativas oportunas y ordenadas, como dueños de la trama y su desenlace, a quienes corresponde salir a la escena y llevarla hasta su clímax antes de que cierre con el éxito que todos esperamos. Vivimos un drama. Hemos de evitar que derive en tragedia.

Apenas falta que los ejecutores materiales de la violencia, los soldados, bajen sus armas y adquieran conciencia de que son igual carne de cañón por obra de un gobierno criminal y los generales que los mandan; para que se sumen – como ocurriera en la Alemania comunista – a quienes se esfuerzan en derrumbar los muros de la vergüenza, las paredes que a todos nos han separado siendo hermanos.

Las horas cuentan, las horas pasan.

correoaustral@gmail.com

http://www.analitica.com/opinion/cuenta-regresiva-4/

Si pudiese argumentarse sobre el porqué del fracaso de la resurrección marxista a manos de la satrapía cubana en Hispanoamérica – que golpea otra vez con la misma piedra – de nada servirán las explicaciones hijas de la experiencia u obra de la racionalidad empírica o teórica; como las que nutren a la literatura política en vísperas y después del derrumbe de la Cortina de Hierro. Esta vez aquella se entierra bajo el excremento de la corrupción, el peculado, el narcotráfico, los crímenes de terrorismo y lesa humanidad en sus modalidades sistemáticas de secuestro, asesinatos, torturas, represiones, diluidas tras la profanación del nombre Bolívar.

¡Y es que, al paso y por lo visto, la claque de filibusteros que se posa sobre Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, en la Argentina de ayer y el Brasil que desnuda Lava Jato, lo hace para capturar sus gobiernos y disponerlos como maquinarias al servicio del delito! No les basta a aquéllos el robo de los dineros públicos ni la expoliación de los bienes privados, sino que, al término, descubren, como antes lo hicieran los hermanos Castro, las ganancias jugosas y siderales del tráfico y comercio de las drogas.

Hace casi 28 años, ante el ruido pionero que ello hace internacionalmente, Fidel ordena el fusilamiento de la camarilla de sus socios: el general y “héroe de la república” Arnaldo Ochoa junto a otros 19 generales inculpados de narcotráfico, en la llamada Causa 1, para limpiarse aquél su rostro con la sangre de sus subalternos y ponerle distancia a la cuestión.

Desde entonces, sin embargo, en el mismo 1989 el mismo cocina su vuelta al ruedo como cabeza de la mafia narco-política y prepara como territorio para sus operaciones a Venezuela. No por azar, al encumbrarse Hugo Chávez – su segundo Ochoa – en el poder, le encomienda arreglarse con la vecina guerrilla colombiana. Se forja, así, un “modus vivendi” que a todos les deja dividendos en la empresa de muerte que los ata, purificada para lo sucesivo bajo una nueva e inédita modalidad: Se delinque con los votos de la democracia; se incrementan los socios en los gobiernos para ganar sus silencios; y, al cabo, se controla a los jueces para que, con sus sentencias, legalicen las violaciones de la legalidad requeridas para la prosperidad de la empresa de narcóticos cuya holding y mesa de diálogos reside en La Habana, ahora la Ginebra del Caribe.

Tengo a mano el papel que recoge las instrucciones del fallecido Comandante Eterno, quien a partir de 1999 ordena a los suyos suministrarle a las FARC “medicamentos especiales”, venderle “petróleo”, registrar sus “empresas en el área bancaria” con el nombre de Banco de los Pobres, apoyarlos con “asilo y tránsito”, garantizarles sus contactos con el “Alto Mando”, y obligándose ella, eso sí, a “no entrenar militantes venezolanos sin consentimiento del gobierno” ni realizar “en territorio venezolano” actividades ilícitas.

El saldo de esa mudanza atrabiliaria de Venezuela en un patio de criminales explica nuestra quiebra actual como nación anegada por la violencia. Que sus poderes inhabiliten a la disidente Asamblea Nacional que los observa y es disidente, era de esperarse. Revela el travestismo oficial por qué urge Chávez de la OEA, bajo el secretariado de Insulza y el concurso de muchos gobiernos cómplices, la aplicación de la Carta Democrática en el caso de la Honduras de Zelaya. Urgía salvarlo, salvando junto a él un territorio privilegiado para el negocio y tránsito obligado hacia el norte del continente. Indica lo que es vergüenza para quienes somos parte de la Venezuela decente, a saber, la colusión de los altos cargos para sostener el ferrocarril de la cocaína y demás basuras conexas, pues eso vale si se trata con ello de intoxicar al Imperio.

He allí la razón o sin razón de los costos que como víctimas ahora pagan, con luto y heridas, las muchedumbres que han decidido abandonar sus casas y no regresar a ellas hasta que renuncie la satrapía que mancha el honor patrio. He allí porqué ésta no tiene como pagar su precio de salida, que no sea inmolándose o tomando pasaje hacia las penitenciarías más cercanas.

¡Que el narcotráfico instalado en el gobierno de Venezuela anuncie su retiro de la OEA, su separación del club de los demócratas que conduce un hombre esclavo de los principios, Luis Almagro, es una nimiedad, causa hilaridad! Lo que no la causa es que aún queden gobernantes dentro de esta que se declaren neutrales al respecto, o todavía apoyen al dictador Nicolás Maduro, procónsul del Castro que sobrevive y de su cartel socialista del siglo XXI

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Hartado el pueblo venezolano de la podredumbre que le significa el narco-régimen de Nicolás Maduro, sin regreso mientras permanezca en el poder y sin beneficio – como lo sugiere la ONU – de diálogo: que no sea para organizar una despedida con menos violencia, ha fijado dos símbolos que dicen mucho y a profundidad. Los recordará nuestra historia, una vez como se escriba sobre este agonal momento que tiene como hito la efeméride reciente del 19 de abril de 1810.

Primero, los jóvenes – en mega marcha que supera al millón de almas – se sumergen en el Río Guaire y sus aguas servidas. Escapan de sus represores y a las balas de los paramilitares – “colectivos armados” – que los apoyan. En ellas prefieren bañarse pues la fetidez es menor que la excretada por los represores. Luego, levantan aquellos para su memoria y la de las generaciones por venir el Muro de la Vergüenza. En el fijan las fotos de quienes, comenzando con Maduro, atrincherados en el poder para la ejecución de verdaderos crímenes de lesa humanidad, señalan como sus responsables. No le arredran las amenazas de 2015 y 2017: “Prepárense para un tiempo de masacre y muerte si fracasa la revolución”, “hay que garantizar un fusil … para cada miliciano”.

En la represión intencional, generalizada y sistemática del pueblo por la narco-dictadura no media un propósito ideológico: el Socialismo del siglo XXI, que tampoco la justifica. No reprime ésta para salvar al país de algún peligro mayor que tampoco la explicaría o acaso, a la manera del nazismo – tocado por una dislocación mesiánica – porque fuese necesaria para el bienestar nacional. Delinquen Maduro y los suyos, antes bien, para lo más vil y profano.

Realizan asesinatos, practican secuestros, torturan a sus presos, hacer morir de mengua a la gente, todos a uno como sicarios del narcotráfico y el terrorismo que, todos a uno, comparten como única razón de sus presencias en la política. Y al país que no le es funcional lo declaran civilmente muerto, siendo la mayoría.

Se trata, cabe decirlo sin ambages, de una réplica al calco de la serie sobre Pablo Escobar – El Patrón del mal – que esta vez tiene a otros actores de reparto: A Maduro y sus familiares, en espera de ser condenados por tráfico de drogas; a Tareck El Aissami y el general Reverol como el teniente Cabello, ejes visibles del negocio de la muerte y perseguidos por la DEA; el comisario Bernal y el señalado Cabello, regidores del narco-paramilitarismo popular; los magistrados Maikel Moreno y Gladys Gutiérrez como la inefable juez Susana Barreiros, purificadores de los crímenes de Estado; el Defensor del Pueblo Tareck William Saab y quienes le anteceden, German Mundaraín y Gabriela Ramírez, sordos ante los asesinatos y heridos que manchan, antier, a Hugo Chávez e Isaías Rodríguez durante la Masacre de Miraflores, ayer al general Rodríguez Torres por la Masacre del Día de la Juventud y, esta vez, a todos los señalados por la represión en curso.

No exagero. La línea roja ha sido traspasada por los que están y los que faltan en el Muro de la Vergüenza.

En buena hora y como una campanada que ha de impedir errores en el camino hacia el desenlace, la Asamblea Legislativa de El Salvador, país donde gobierna el Frente Farabundo Martí, ha ordenado a sus directivos adherir a la denuncia que contra la mafia criminal de represores y de militares que oprimen a la población venezolana y violan sus derechos a la vida, a la libertad e integridad personal, ha sido presentada ante la Corte Penal Internacional, registrada con las siglas OTP-CR-201/16 y suscrita por CASLA.

Antes, a propósito del 11 de abril de 2002, con sus 20 muertos y 100 heridos a cuestas, y de febrero de 2014, con sus 41 muertos por protestar y sus centenares de heridos como miles de encarcelados que ahora se repiten, similares denuncias se consignan ante La Haya. La penúltima ha sido suscrita por una pléyade de parlamentarios latinoamericanos.

Son acciones que intiman y comprometen a los demócratas venezolanos, pues si no hay verdad mal puede alcanzarse la reconciliación; si toma espacio la impunidad huye la Justicia y no restañarán las heridas causadas por la narco-dictadura; y sin memoria – como la del Muro de la Vergüenza – los atentados a la dignidad humana volverán a repetirse, una vez calmadas las aguas.

La disyuntiva de la comunidad internacional, incluido el Estado Vaticano e incluidos nuestros propios liderazgos, es elemental. En Venezuela no media una crisis política e institucional por obra de narrativas distintas acerca de una vida democrática deficiente, menos una polaridad entre banderías irreconciliables, sino el secuestro de toda una nación y su Estado por los cárteles de la droga y otros agentes del narco-terrorismo y el fundamentalismo islámico; a menos que prefieran hacerse cómplices por omisión y tolerar los crímenes de éstos, que claman al cielo.

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Era predecible, según el catecismo de amoralidades diseñado por Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y hasta el juez supremo Maikel Moreno, entre otros tantos, el desconocimiento por éstos de la nueva Asamblea Nacional. Y es que les disgrega el “todo” revolucionario, de estirpe bolivariana. Se empeña en reconstituir ésta una moral pública distinta de la forjada en el curso de los últimos 17 años. La más vieja y anterior, con sus falencias, al menos censura a mandatarios, castiga a ministros, expone a la miríada de funcionarios corruptos y sus cómplices ala reprobación social.

La visión “ética” de quienes integran el actual Poder Moral venezolano, a saber, el Contralor de la República, la fiscal general, y el defensor de pueblo, muestra, por ende, signos que perturban, visto el saldo de sus ejecutorias.

Me refiero, justamente, a lo que con coraje describe el Secretario de la OEA, Luis Almagro, en su Informe de actualización sobre el gobierno de Nicolás Maduro y que el Poder Moral acalla: “La implicación en actividades de narcotráfico llega a los niveles más altos del gobierno venezolano, así como al círculo familiar del presidente.”

Si se trata del contralor Manuel Galindo Ballesteros, compadre de Maduro, su empleado antes, como lo fuera de la primera combatiente y consorte de éste, Cilia Flores, y encargado a la sazón de vigilar el comportamiento y virtudes de su mismo compadre, se ocupa de perseguir a quienes desafían a la narco-aristocracia que éste comanda. Henrique Capriles, es su más reciente víctima.

Transparencia ha acusado a Galindo de la práctica de nepotismo, que despliega a profundidad y sin miramientos, pues la califica de “nepotismo positivo” al ser sus familiares, según él, competentes y eficaces a la hora de no vigilar la falta de probidad pública de su compadre.

En el caso de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, recién abona en su beneficio el coraje – puesto en duda por la opinión – de declarar como ruptura del orden constitucional y democrático el golpe de Estado ejecutado desde un Tribunal Supremo que dirige el ex convicto juez Moreno. Parece ser, se dice, que no acompaña a sus pares del Poder Moral en la decisión de no aceptar sean removidos por la Asamblea los jueces venales quienes participan de la felonía. No obstante, la duda sobre aquélla no se despeja, pero podrá despejarse, si asume la iniciativa penal que sólo ella tiene, para que éstos sean castigados con una pena que oscila entre 12 y 24 años de prisión. Ya se verá.

Lo de Tarek William Saab, defensor del pueblo, es de otra catadura y clama a los cielos. Se dice poeta y defensor de derechos, desde cuando me visita en mi Despacho como gobernador de Caracas, en 1994, sirviéndole al Alcalde Aristóbulo Istúriz, mi vecino de plaza.

Le dije el manido 11 de abril que lamentaba el desprecio que sufriera por sus vecinos amotinados, pues junto a él estaban sus hijos, pequeños, padeciendo sin ser responsables, sin comprender lo que ocurría. Le insistí, días después, que mirase más allá de los árboles patentes. Que en beneficio de sus hijos y también de los míos, se preguntase sobre el porqué de la severa censura social que recibiera y con rabia contenida. No me hizo caso.

De defensor del pueblo Tarek se ha hecho su represor. Algo insólito. Así lo registrará la historia, para su vergüenza. La violencia de los cuerpos armados y paraestatales contra quienes marchaban hasta su oficina para demandarle, como cabeza del Poder Moral, castigo para los jueces al servicio de un Estado transformado en asociación de criminales, quedará para la memoria de la infamia.

Habrá de escribir Tarek poemas fúnebres. Acaso llorar en silencio pasada la tormenta que sufre Venezuela, mientras, desde la distancia, le observarán entonces sus hijos, y mis hijos, y los hijos de nuestros hijos a lo largo de las siguientes generaciones, sin comprender el porqué de la hora de inmoralidades e impunidades que anegara a la república.

La figura o institución del poder moral, de origen bolivariano entre nosotros, tiene raíces en la llamada “costumbre de los ancestros” romanos (mores maiorum), preservada por los Censores. Es célebre el edicto de éstos que guarda Suetonio para la posteridad: "Todo lo nuevo que es realizado de manera contraria al uso y costumbres de nuestros antepasados no parece estar bien".

Bolívar, artesano de un Poder Moral que replica casi 200 años después el causante, Chávez, lo imagina distinto, centralista y totalitario; busca la forja de una ética social sin historia, que permita la fusión y amalgama del pueblo con su Estado en igual forja.

Cree que todo ciudadano debe amar a sus magistrados – léase a Nicolás Maduro y sus compinches – y a la patria, que no sería hoy otra distinta de la bolivariana: “Todas nuestras facultades morales no serán bastantes, si no fundimos la masa del pueblo en un todo; la composición del gobierno en un todo; la legislación en un todo; y el espíritu nacional en un todo”.

Es llegada, pues, la hora de enmendar el camino. Por falta de referentes moralizadores inmediatos, la trinchera de lucha ha pasado a manos de nuestros hijos y de los nietos, los estudiantes. Son ellos la esperanza segura.

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Desde la adopción de la Carta Democrática Interamericana hasta el momento en que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presenta su informe actualizado sobre la ruptura del orden democrático y constitucional de Venezuela, el Sistema Interamericano no ha vivido un momento tan dilemático como el actual. Está sobre un parte aguas, en una hora en la que debe avanzar hacia el porvenir de manos – para no exagerar con los estándares de la democracia – de las reglas más elementales de la decencia o volver atrás, hasta las líneas en la que el cinismo y la mordacidad se hacen característicos de los gobiernos de sus Estados miembros.

Pienso, a propósito, en la época en la que, orillando la dignidad humana de los pueblos que oprimen las dictaduras militares sentadas y dominantes en su seno, afirma, desde Caracas, en 1954, que el ejercicio “efectivo” y cabal de la democracia reclama, entre otras medidas de relieve “los sistemas de protección de los derechos y las libertades del ser humano mediante la acción internacional o colectiva”.

Samuel Huntington, politólogo norteamericano fallecido, describe bien las olas democratizadoras que ha vivido el mundo: una con las revoluciones francesa y americana; otra como hija de las enseñanzas de la Segunda Gran Guerra; y la que ocurre, finalmente, con la globalización, que da cuenta de los procesos democratizadores de Europa oriental. Mas antes de hablarnos de su tercera ola, hacia mediados de los años ’70, al alimón con Crozier y Watanuki, Huntington da cuenta de la crisis de la democracia por la ingobernabilidad que provocan la incapacidad sobrevenida de los Estados y sus instituciones ante las demandas exponenciales de una ciudadanía en avance social autónomo, al punto de sugerir la reinvención de aquéllos y de ésta. Como es obvio, dentro de procesos de final abierto y sirvientes del Mito de Sísifo.

Pero cabe decir que para los parteros de la democracia civil contemporánea en las Américas, a diferencia de Huntington – para quien ésta se reduce a la vigencia de métodos electorales – una cosa es el origen de la democracia y otra sus condiciones obligantes de ejercicio real; para que no se presenten equívocos o confusiones entre quienes, con fuerza de carboneros, luchan por la forja de democracias verdaderas y socialmente sensibles.

Es verdad, incluso así, que en 1948, Rómulo Betancourt, asistente a la Conferencia de Bogotá, afirma que los “regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranicen con respaldo de policías políticas totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados mediante acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica interamericana”. Hoy, la tesis de la exclusión ha cedido, pero no los principios de la democracia y menos la tolerancia hacia sus enemigos.

Como consta en la Carta Democrática de 2001, los miembros de la OEA deben dar asistencia “para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”, “adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”, “promover la normalización de la institucionalidad democrática”. Empero, ante “una ruptura o una alteración que afecte gravemente el orden democrático”, no pueden admitir que el gobierno responsable siga ejerciendo, sin más y con desprecio por sus pares, los derechos que le confiere su membrecía dentro del club de las democracias. Así de sencillo.

De modo que se trata de una suspensión – no es una expulsión – y ha lugar cuando las gestiones para que cese la ruptura se hacen infructuosas y se mantiene hasta tanto la democracia alcance su restablecimiento.

La Carta, cabe recordarlo, no es causahabiente de un delirio de los gobiernos que la adoptan al apenas iniciarse el siglo XXI y sobre supuestos devaneos neoliberales, como lo arguyen sus enemigos socialistas de nuevo cuño. Ella se mira, como antecedente inmediato, en la experiencia peruana de Alberto Fujimori, precursor de las neo-dictaduras que luego practican Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega, y ahora Nicolás Maduro. Llegan al poder mediante los votos, para luego vaciar de contenido a la democracia. Y es ese, justamente, el mal contra el que intenta vacunarse el Sistema Interamericano, puesto a prueba con la cuestión de Venezuela, donde al paso hasta las elecciones se han acabado.

En 1959 nuestros gobiernos democráticos forjan un catecismo que la Carta Democrática asume como una suerte de relectura. Desde Santiago de Chile, reunida la OEA, precisan, justamente, que la democracia, para ser tal y no su caricatura, exige: “Imperio de la ley, separación de poderes públicos, y control jurisdiccional de la legalidad de los actos de gobierno; gobiernos surgidos de elecciones libres; proscripción de la perpetuación en el poder o de su ejercicio sin plazo; régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto a los derechos humanos; protección judicial efectiva de los derechos humanos; prohibición de la proscripción política sistemática; libertad de prensa, radio y televisión, y de información y expresión; desarrollo económico y condiciones justas y humanas de vida para el pueblo”.

Todas las exigencias de la democracia enumeradas y como lo confirma Luis Almagro con su memorable informe de actualización, han sido pisoteadas bajo un gobierno procaz – el de Maduro – que no es siquiera capaz de disimular. El general Marcos Pérez Jiménez, con vistas a la reunión de la X Conferencia Interamericana y para quedar bien, como anfitrión, al menos puso en libertad a los presos políticos.

Asdrúbal Aguiar / correoaustral@gmail / cesarmiguelrondon.com

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