Organizaciones de la sociedad llaman a insistir en la reconstrucción de la ruta electoral como vía insustituible para el logro del estado de Derecho y la democracia en Venezuela. El Alto Comisionado Volker Türk insta a que los próximos procesos electorales nacionales sean transparentes, inclusivos y participativos. Que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a la participación es una exigencia internacional.

El Diccionario de la Lengua Española dice que preocuparse supone intranquilidad, temor, angustia o inquietud. Pero, en otra acepción, también supone prevenir a alguien sobre algo. Quizás con ambos sentidos, la palabra en cuestión se viene repitiendo en distintos ámbitos sociales y políticos durante el último mes, desde que una estrategia oficialista dinamitó, a mediados de junio, la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) justo a las puertas de un ciclo electoral que debería renovar todos los cargos de elección popular de Venezuela.

Decenas de países se mostraron preocupados por el asunto electoral de Venezuela durante el 53º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El pasado 5 de julio, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos expresaron de manera conjunta su preocupación por la renuncia de la directiva del CNE y advirtieron que constituye una amenaza a las garantías electorales. Francia también expresó “profunda preocupación” por la renovación del CNE al tiempo que pidió respeto por los derechos políticos de todos porque, de lo contrario, las próximas elecciones podrían resultar iguales que las de 2018.

Las elecciones presidenciales de 2024 y las regionales, locales y legislativas de 2025 presentan una oportunidad crucial para la reinstitucionalización de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, pero la falta de garantías aumenta las preocupaciones. Así lo ven la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y otras cinco organizaciones internacionales que suscribieron un comunicado sobre el tema.

De preocupante también han calificado la coyuntura 24 organizaciones de la sociedad venezolana, incluido el OEV, en otro comunicado conjunto en el cual exhortan a los actores políticos y sociales venezolanos a denunciar, sin ambigüedades, esta nueva crisis de institucionalidad del ente electoral, así como advertir sobre los efectos contrarios a los derechos que esa acción tendrá en los venideros procesos electorales y, en general, en el proceso de reinstitucionalización en Venezuela.

Esas organizaciones demandan la designación de un CNE apegado a la legalidad, que cumpla con los preceptos constitucionales de independencia, autonomía, despartidización, imparcialidad y transparencia, al tiempo que invitan a rechazar cualquier intento de imponer una directiva subordinada a intereses particulares.

Mientras la Comisión Europea observa “una evolución sumamente preocupante” en el curso de la inhabilitación de opositores, el Parlamento Europeo condenó este 13 de julio la decisión “arbitraria e inconstitucional” de inhabilitar a políticos de la oposición venezolana, así como la interferencia del gobierno en el proceso electoral en el país.

Antes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo en su actualización sobre Venezuela del pasado 5 de julio que sigue de cerca los acontecimientos relacionados con el nombramiento de un nuevo CNE desde la perspectiva de las normas internacionales de derechos humanos.

“Los próximos procesos electorales nacionales de Venezuela deben ser transparentes, inclusivos y participativos. Insto a que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos; el pleno cumplimiento del debido proceso; y medidas para prevenir y sancionar los ataques, la intimidación y la criminalización de las personas que expresan su disidencia”, expresó.

Avanza rápido proceso en la AN

Mientras se publica este boletín transcurren los últimos días del lapso fijado por el Comité de Postulaciones Electorales 2023 para recibir los expedientes de los candidatos a ocupar los cargos de rectores electorales.

El aviso que se publicó el 4 de julio dice que “el lapso de postulaciones tendrá una duración de catorce (14) días continuos a partir de la última publicación de esta convocatoria”. Se desprende, entonces, que hasta el 18 de julio, aunque en su declaración a los medios del pasado 4 de julio el presidente del comité, diputado Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira), dijo que la recepción de los recaudos es hasta el 15 de julio.

La convocatoria, según establece la ley, va dirigida al Poder Ciudadano, a las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales y a la sociedad civil.

El 30 de junio quedó instalado formalmente el Comité de Postulaciones Electorales 2023. Así se denomina la instancia que tendrá la responsabilidad de producir y entregar a la plenaria de la AN la lista de elegibles a integrar el nuevo CNE, luego de descartar aquellos postulados que no cumplan los requisitos contemplados en la Constitución y leyes electorales.

Un día antes, el 29 de junio, la AN ya había juramentado a los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Electorales, después de haber aprobado la designación de los 10 miembros de la sociedad civil que lo conforman.

Comité de Postulaciones Electorales 2023

Diputados Sociedad civil

1. Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira)

2. José Gregorio Correa (AD/Nacional)

3. Desiree Santos Amaral (PSUV/Distrito Capital)

4. Cilia Flores (PSUV/Distrito Capital)

5. Nosliw Rodríguez (PSUV/Cojedes)

6. Didalco Bolívar (PSUV/Nacional)

7. José Villarroel (PSUV/Nacional)

8. Luis Augusto Romero (Avanzada Progresista/ Nacional)

9. Miguel Salazar (Copei/Nacional)

10. Ricardo Sánchez (Alianza para el Cambio/Nacional)

11. Gloria Castillo (PSUV/Monagas) 1. Ricardo Bravo (sector religioso)

2. Dayairi Ruiz (sector indígena)

3. Carlos Boully (sector religioso)

4. Thaina Aristizabal (sector afrodescendientes)

5. Alexis González (sector discapacidad)

6. Marcos Guerrero (sector profesionales y técnicos)

7. Alfonzo Granadillo (sector adulto mayor)

8. Rosmely Flores (sector profesionales y técnicos)

9. Guillermo Hidalgo (sector trabajadores)

10. María Fernanda García (sector profesionales y técnicos)

Haremos dos consideraciones sobre el comité:

-Nueve de los 11 diputados repiten en funciones, puesto que ya formaron parte del Comité de Postulaciones Electorales que entregó la lista de elegibles de la cual surgieron los 15 integrantes del CNE ahora renunciante, designado en mayo de 2021. Incluso, como en 2021, preside la instancia el diputado Alessandrello (PSUV/La Guaira), y en la vicepresidencia lo acompaña el diputado José Gregorio Correa (AD/Nacional).

-La legislación electoral precisa que serán 10 los representantes de los distintos sectores de la sociedad, pero no especifica cuáles sectores. Esta escogencia de sectores que hizo unilateralmente la comisión preliminar de 11 diputados no tomó en consideración, por ejemplo, a las organizaciones de la sociedad civil ni a las organizaciones de observación electoral que postularon aspirantes para la conformación del comité, a diferencia de la selección del año 2021.

Cerraremos esta nota con una cita, que pretende ser disparadora de la reflexión. Corresponde a los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, y está contenida en las páginas de su libro ‘Cómo mueren las democracias’ (Ariel, 2018):

“¿Cómo hacen los gobernantes autoritarios para destruir las instituciones democráticas que se supone que tienen que limitarlos? Algunos lo hacen de un plumazo. Pero, con más frecuencia, el desmantelamiento de la democracia se inicia de manera paulatina. Para muchos ciudadanos, al principio puede resultar imperceptible. Al fin y al cabo, se siguen celebrando elecciones, los políticos de la oposición continúan ocupando escaños en el Congreso. Los periódicos independientes siguen circulando. La erosión de la democracia tiene lugar poco a poco, a menudo en pequeños pasos. Cada uno de esos pasos individualmente parece insignificante —ninguno parece amenazar seriamente la democracia—. De hecho, los movimientos del gobierno para subvertirla suelen estar dotados de legalidad: son aprobados por el parlamento o declarados constitucionales por el tribunal supremo. Muchos de ellos se adoptan con el pretexto de perseguir un objetivo público legítimo (e incluso loable), como combatir la corrupción, “transparentar” las elecciones, mejorar la calidad de la democracia o potenciar la seguridad nacional”.

Boletín 109 |

Primera quincena, julio de 2023

https://oevenezolano.org/2023/07/boletin-109-preocupacion-dentro-y-fuera...

La institucionalidad electoral en Venezuela sufrió un revés con la renuncia simultánea y acordada de la mayoría de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Cuesta creer que esta crisis institucional del CNE no termine impactando las bases del próximo ciclo electoral 2024-2025.

En primer lugar, retrasa la actualización del Registro Electoral, no solo una tarea sobre la cual la administración debería trabajar desde ya sino, sobre todo, un derecho que actualmente afecta a varios millones de excluidos por la falta de una jornada masiva de inscripción y actualización dentro de Venezuela y por el cierre del sistema para los migrantes.

Suceden estos acontecimientos justo cuando el actual CNE se disponía a finiquitar y firmar las condiciones de apoyo técnico y logístico para la primaria presidencial opositora, un mecanismo democrático que se inscribe dentro del derecho constitucional a la asociación política y que, como proceso, también hace parte del próximo ciclo electoral.

Y, en tercera instancia, el escenario actual dificulta avances en torno a las posiciones acordadas por una veintena de países, en el marco de la reciente Conferencia Internacional sobre el Proceso Político de Venezuela: hablamos de la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021.

Desde el OEV esperamos que esta crisis se resuelva, primero, en el marco de la Constitución y las leyes electorales y, segundo, incorporando el necesario diálogo político entre los distintos actores, en aras de generar nuevos consensos.

1. Los tres desencadenantes, en perspectiva

En menos de 24 horas el oficialismo consumó la estrategia de implosionar el Consejo Nacional Electoral. La serie de hechos que revisaremos a continuación nos habla, una vez más, de la falta de separación de los poderes públicos en Venezuela, aunque la “plena independencia de las demás ramas del poder público” sea, precisamente, el principio que dictamina la naturaleza del CNE, según el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).

1.1. El orden del día:

Esta historia empieza con una filtración: la del orden del día propuesto para la sesión ordinaria del jueves 15 de junio en la Asamblea Nacional (AN). El segundo de los tres puntos de la agenda decía: “Aceptación de la renuncia de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional y designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales…”.

La noche del miércoles 14 de junio esta agenda parlamentaria se regó con sorpresa en las redes sociales. Aunque la cuenta en Twitter de la AN no la publicó para oficializarla antes de la sesión, medios independientes confirmaron su veracidad.

1.2. La declaración:

El Consejo Nacional Electoral convocó a los medios a una declaración de su presidente, Pedro Calzadilla, el jueves 15 de junio a las 11:00 a.m. El rector principal leyó un texto que todavía sigue dejando más dudas que certezas, porque no termina de explicar suficientemente la motivación de esa decisión. Aquí, el párrafo central:

“Que Venezuela termine de enrumbarse hacia la prosperidad económica, y la estabilidad política y social de las que fuimos ilegalmente desviados, depende en mucho del compromiso y de la vocación nacional de todos, quienes hacemos vida en nuestro país. Es por ello que, en aras de contribuir con este noble objetivo, quienes suscribimos esta declaración hemos puesto nuestros cargos a la orden de la Asamblea Nacional”.

Suscribieron la declaración los rectores principales Pedro Calzadilla y Alexis Corredor, los rectores suplentes incorporados Leonel Párica y Carlos Quintero y los rectores suplentes Gustavo Vizcaino, Saúl Bernal, Rafael Chacón y Francisco Garcés. Los ocho, vinculados al oficialismo.

1.3. La sesión de la AN:

Media hora después de la declaración de los rectores poniendo sus cargos a la orden, la AN convocó a la sesión ordinaria en la cual, efectivamente, se dieron por informados de la novedad y aprobaron por unanimidad empezar desde cero la conformación de un nuevo CNE; esto es, mediante la designación de la Comisión Preliminar para conformar el Comité de Postulaciones Electorales.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, consideró urgente y fundamental la conformación del nuevo CNE, de acuerdo a las leyes. De hecho, empezando este año 2023, el 9 de enero, el diputado del partido de gobierno y titular reelegido al frente del Legislativo ya había asomado que considerarían la conformación de un nuevo CNE.

2. Un órgano sin quórum

Repasemos, en tres píldoras, la estructura de funcionamiento del CNE:

-Lo conforman 15 rectores, cinco principales y 10 suplentes.

-El directorio está integrado por cinco rectores electorales o principales.

-Tiene tres órganos subordinados, cada uno de ellos compuesto por dos rectores principales y por un rector suplente que pasa a llamarse incorporado.

El directorio ya venía cojeando: en abril de 2022 la rectora electoral Tania D’Amelio fue designada magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Esto generó una vacante absoluta. Su primer suplente nunca fue ascendido. El Poder Legislativo nunca se preocupó por solventar esta falta. Ni siquiera hubo intervención alguna del Judicial, como en experiencias pasadas. En general, nadie en el alto gobierno dijo nada al respecto durante 14 meses. Hasta ahora.

Antes, en diciembre de 2021, ya había renunciado el rector suplente y expresidente de Fedecámaras Francisco Martínez, alegando razones personales.

Si sacamos cuentas quedaban, entonces, 13 rectores: descontando los ocho renunciantes, se abría una disyuntiva para los cinco restantes, vinculados a sectores no oficialistas: los principales Roberto Picón y Enrique Márquez, junto a los suplentes Griselda Colina, León Arismendi y Conrado Pérez. Con una estructura legal que exige ocho rectores en funciones, les hubiese resultado materialmente imposible continuar adelante. El quórum se había roto.

Roberto Picón renunció el lunes 19 de junio. “No para convalidar una situación que a todas luces es irregular”, aclaró en un comunicado, “sino para facilitar un proceso que debe ser conducido transparentemente por la AN”.

Enrique Márquez puso su cargo a disposición de la AN el 20 de junio. “Lo hago a conciencia e inspirado por el mismo pensamiento que me trajo acá: el fortalecimiento de la vía electoral como única ruta para reconstruir nuestro país”, expresó en su comunicado.

3. Viaje al origen: ¿de dónde vienen los 15?

La Asamblea Nacional es, por definición constitucional, el poder público encargado de designar a los integrantes del CNE. Los actuales (porque se mantendrán en sus cargos hasta que lleguen los relevos) fueron designados por la AN el 4 de mayo de 2021. Ese día se acabó una racha de 15 años durante los cuales prevaleció el poder del Tribunal Supremo de Justicia para imponer rectores electorales.

¿Qué pasó, entonces, de diferente? Lo explica un comunicado del Foro Cívico, divulgado el 20 de junio, en el cual esta plataforma de organizaciones sociales y gremios profesionales recuerda que este CNE nombrado en 2021 fue el producto de un consenso entre actores de sociedad civil y políticos. Un consenso que, aunque parcial, permitió, entre otros logros que enumeran:

-Avances significativos en las garantías electorales, como una observación internacional plural materializada en el regreso de la Unión Europea y la materialización de un panel de expertos electorales de Naciones Unidas.

-La elección de 3.082 funcionarios públicos, en noviembre de 2021, con pleno reconocimiento nacional e internacional.

-Permitió conocer la dimensión de las distintas fuerzas políticas del país.

-Y alineó a la mayoría de los partidos políticos en la recuperación de la vía electoral.

El CNE de 2021, designado para un período de siete años, esto es, hasta 2028, vino también a representar estabilidad luego del cuestionado nombramiento de rectores de junio de 2020 por parte del Poder Judicial. Rectores que organizaron la también cuestionada elección parlamentaria de diciembre de ese año, a la cual no concurrió la oposición mayoritaria.

Antes de ese episodio, y por lo menos hasta la presidencial de 2018, el ente comicial demostró cierta tendencia a respetar los períodos de los rectores y a hacer las sustituciones de rigor, aunque el punto cuestionable aquí era que los nombramientos los solía hacer el TSJ, a falta de las dos terceras partes de la votación en el Parlamento por ninguna de las tendencias.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) calificó este CNE designado en 2021 como el más equilibrado de los últimos 20 años. “Muchos consideraron su nombramiento como la medida más importante para restablecer la confianza en el CNE después de que los partidos de la oposición no participaran en las tres elecciones nacionales anteriores”, dice su informe final de observación.

4. Los pasos que vienen

La crisis institucional generada por la renuncia simultánea de ocho rectores del CNE es un retroceso, luego de los incipientes avances descritos en la ruta de la reinstitucionalización electoral y la reconstrucción de la confianza en el voto.

Este golpe a la institucionalidad electoral está marcando, indefectiblemente, el tono con el cual empieza la construcción de las bases del nuevo ciclo electoral 2024-2025 en Venezuela, como avanzamos al inicio. De ahí la importancia de hacer el debido seguimiento al proceso de designación de rectores que acaba de empezar el Poder Legislativo.

Resolvemos cinco dudas frecuentes sobre este proceso:

4.1. ¿Por dónde vamos?

El viernes 16 de junio se instaló y empezó a sesionar la Comisión Preliminar, con los 11 diputados que la integran. Su objetivo es accionar el proceso y los mecanismos para incorporar a 10 ciudadanos postulados por la sociedad civil que, junto a los 11 diputados, integrarán el Comité de Postulaciones Electorales 2023.

4.2. ¿Quiénes integran la Comisión Preliminar?

Los diputados Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira), quien la preside; Desiree Santos Amaral (PSUV/Distrito Capital), José Gregorio Correa (AD/Nacional), Cilia Flores (PSUV/Distrito Capital), Nosliw Rodríguez (PSUV/Cojedes), Didalco Bolívar (PSUV/Nacional), José Villarroel (PSUV/Nacional), Luis Augusto Romero (Avanzada Progresista/ Nacional), Miguel Salazar Rodríguez (Copei/Nacional), Ricardo Sánchez (Alianza para el Cambio/Nacional) y Gloria Castillo (PSUV/Monagas).

Nueve de estos 11 diputados ya habían integrado la Comisión Preliminar y, posteriormente, el Comité de Postulaciones Electorales durante el proceso de designación de rectores del primer cuatrimestre de 2021. Los únicos dos debutantes en estas funciones son los legisladores Sánchez y Castillo. El mismo diputado Alessandrello ya había presidido esta instancia.

4.3. ¿Quiénes completarán la conformación del Comité?

Del lunes 19 al domingo 25 de junio transcurrió un lapso de siete días continuos dados por la Comisión Preliminar para que organizaciones de la sociedad y ciudadanos por iniciativa propia se postulen para integrar, junto a los 11 diputados de la AN, el Comité de Postulaciones Electorales 2023.

La Comisión Preliminar prevé presentar a la plenaria este jueves 29 de junio la lista sobre la que se habrán de seleccionar los 10 nombres, para su aprobación y posterior juramentación, de entre las 184 personas que presentaron sus credenciales.

4.4. ¿Los integrantes del Comité de Postulaciones elegirán al nuevo CNE?

No. Nunca ha sido así y esta vez tampoco será así, si se cumple el procedimiento de ley.

El Comité de Postulaciones Electorales tiene por objeto convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar ante la plenaria de la AN la lista de los candidatos calificados a integrar el ente rector del Poder Electoral, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la LOPE. La encargada de designar a los 15 nuevos rectores es la plenaria de la AN, con base en la lista de elegibles que le suministra el Comité y con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes.

La desinformación electoral se ha manifestado en torno a este tema. Verificadores como la iniciativa Es Paja han desmentido, por ejemplo, uno de los bulos más difundidos de los últimos días en las redes sociales: la primera dama de la República no estará al frente del nuevo CNE.

4.5. ¿En cuánto tiempo tendremos nuevos rectores?

Todo el procedimiento de designación de los rectores electorales está descrito en la LOPE. A juzgar por el proceso inmediato anterior, que empezó el 19 de enero con la designación de la Comisión Preliminar y finalizó el 4 de mayo de 2021 con la designación y juramentación de los 15 integrantes del CNE. Es decir, tomó tres meses y medio. En nuestro Boletín OEV 62 resumimos los 31 hitos que configuraron ese proceso de hace dos años.

Esta vez, el diputado Correa declaró a medios que tiene el deseo de que antes de 70 días podrían estar presentando a Venezuela los nuevos rectores electorales. En cualquier caso, los plazos de ley deben cumplirse.

5. Apunte final

En el OEV consideramos que las críticas esgrimidas en torno a esta crisis generada en el seno del CNE no significan que se deba dar la espalda a la participación en el proceso de designación de nuevos rectores, siempre en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales. Todo lo contrario.

Ahora más que antes resulta vital que la sociedad civil y los actores políticos sigan comprometidos con la ruta electoral y, en ese tránsito, por la insistencia de cumplimiento de las garantías y condiciones contempladas en la legislación de cara al próximo ciclo electoral. Al final del día, lo que reside en el centro de este asunto es el ejercicio del derecho humano a elegir.

Boletín 108

Segunda quincena de junio 2023

https://oevenezolano.org/2023/06/boletin-108-crisis-institucional-del-cn...

El pasado jueves 15 de junio el país fue sorprendido con una abrupta declaración emitida por ocho rectores, principales y suplentes, del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la cual ponían sus cargos a la orden ante la Asamblea Nacional (AN) “para contribuir al propósito de que Venezuela termine de enrumbarse hacia la prosperidad económica y la estabilidad política y social de la que fue ilegalmente desviada”.

Ese mismo jueves la sesión ordinaria de la AN, con una celeridad igualmente sorprendente, abordó como segundo punto del orden del día: “Aceptación de la renuncia de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de la Asamblea Nacional y designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales…”.

Estas sorpresivas decisiones ocurren en un contexto político complicado. No dejan claras cuáles son las razones ni los propósitos que las fundamentan. No es, desde luego, un buen mensaje el que se envía a la sociedad venezolana, de cara a futuros eventos electorales. Da pie a dudas y especulaciones. Además, son cuestionables desde el punto de vista legal, al ignorar varias disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Electoral.

Estos hechos pudieran comprometer desde su nacimiento la legitimidad de un nuevo CNE, mermando la muy necesaria confianza ciudadana en el Poder Electoral para el nuevo ciclo que debería iniciarse el próximo año con la elección presidencial.

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) seguirá atento a venideros acontecimientos para señalar eventuales irregularidades y demandar el cumplimiento de la legislación vigente, para proteger la necesaria confianza ciudadana en nuestro sistema electoral y en el ejercicio del derecho al sufragio como mecanismo democrático, constitucional y pacífico de resolución de conflictos en Venezuela.

Observatorio Electoral Venezolano

Caracas, 17 de junio de 2023

Cuando María Gómez entró a la Universidad Central de Venezuela (UCV) por la puerta Tamanaco, pasó de la felicidad al desconcierto al escuchar de otra egresada que las elecciones del 26 de mayo estaban siendo suspendidas. Eran pasadas las 2:00 de la tarde. Llevaba montada en transporte público desde primera hora de la mañana, cuando empezó su travesía en Charallave, estado Miranda.

Si Gómez asumió que había perdido los 60 kilómetros de recorrido desde su casa hasta la UCV, María Mujica, egresada de la Facultad de Ciencias, rodó incluso el triple desde Valencia, estado Carabobo, para encontrarse con el mismo escenario: la sorpresiva paralización de las votaciones al haber transcurrido más de media jornada a marcha forzada.

La masiva participación de la comunidad universitaria, expresada en el ánimo de la mañana y en las largas filas de miles de electores que plenaron los alrededores de las 11 facultades, se vio empañada por los errores y las deficiencias en la organización del proceso de votación. El civismo imperó en las colas, a pesar de la molestia.

Durante la mañana y a mediodía, se constató cómo en facultades como Farmacia no había llegado material electoral para la votación de administrativos y obreros, mientras que la mesa contigua de los estudiantes funcionaba con pocas boletas. En Derecho, por citar otro caso, recibieron unas 400 papeletas, aunque el padrón esperado era de 1.500 estudiantes, y apenas 200 boletas para egresados, una población electoral que allí ascendía a 10.000 electores.

En Odontología permanecía estoica la fila de profesores, quienes nunca pudieron empezar a votar no solo en esa facultad sino en prácticamente todas las dependencias. Esta, la boleta de mayor ponderación a la hora de contar los votos resultó la más ausente de la jornada. Pero también faltaron sellos, cuadernos y otros elementos del cotillón electoral. Nunca se sirvió la mesa completa, sino algunos componentes en cantidades limitadas y con retraso.

Lo que se sabe, a cuentagotas

¿Qué pasó? Los ucevistas debieron abandonar el campus con la misma duda. Duda que se prolongó por lo menos por tres días. Y que, al cierre de este boletín, mantiene todavía varias incógnitas sin ser despejadas.

Según un informe presentado por la Comisión Electoral de la UCV el lunes 29 de mayo, a petición del Consejo Universitario, el cumplimiento del cronograma electoral se cumplió hasta el 12 de mayo, cuando se publicó el boletín de impugnaciones al registro definitivo y la lista de candidatos. Pero justo el 15 de mayo empezaron a salir las cosas mal.

Esa era la fecha pautada en el cronograma para la publicación del Registro Electoral Definitivo. Según el relato de la Comisión Electoral, ese día “se presentó la contingencia de la pérdida de la información debido a los errores cometidos por el personal de apoyo contratado por la Comisión Electoral para verificar toda la data de los registros electorales”.

Hablamos no de uno sino de, en realidad, cinco registros electorales que, unidos, conforman un universo electoral de más de 221.000 personas con derecho al sufragio, entre profesores activos y jubilados, estudiantes regulares de pregrado, personal administrativo y obrero tanto activo como jubilado y egresados de pregrado sin importar su tiempo de graduados.

Este hecho trajo como consecuencia que el personal técnico de la Comisión Electoral tuviera que rehacer nuevamente todo el registro y los procesos informáticos asociados, lo que perjudicó los procesos subsiguientes. En el Twitter de la Comisión, sin embargo, lo que se alegó en su momento para no publicar el Registro era la falta de internet en la sede del organismo. Un dato que, luego, no figura como limitante en el informe presentado al CU.

La tarea es compleja

Sin Registro Electoral Definitivo, por ejemplo, ¿cómo se elaboran e imprimen los cuadernos de votación? Resulta imposible. ¿O cómo se calculan cuántas boletas son necesarias para imprimir, en función del número de electores?

Pero, vamos más allá: si se decidió una elección única para 293 cargos principales, cada grupo de boletas amerita una especificidad: no puede ser igual el instrumento de votación para un profesor activo que para uno jubilado de Ingeniería, y tampoco es igual la papeleta para un administrativo o un egresado de esa misma facultad, porque el número de votos a emitir es distinto. Y, si miramos el panorama completo de 11 facultades y 37 escuelas, la oferta electoral también es diferente. Hablamos, en resumen, de más de 100 tipos de distintas boletas con diferentes opciones, que luego deben ser ordenadamente embaladas y dispuestas para una efectiva distribución por el campus.

El Registro Electoral Definitivo fue publicado el 23 de mayo, tres días antes de la votación. Ante la cercanía del proceso electoral, directivos de la Comisión Electoral preguntaron nuevamente al área técnica si podían cumplir con la impresión de cuadernos y boletas antes de la fecha prevista, a lo cual respondieron afirmativamente, según se narra en el informe.

“Desde ese mismo día, todo el personal de la Comisión se encontraba abocado a los procesos de impresión y elaboración de cotillones electorales, incluyendo actas, credenciales y demás material que interrumpió en algún momento la impresión general”, cuenta la Comisión Electoral en su informe explicativo.

En entrevistas varios candidatos a rector han criticado que, en el Consejo Universitario del 24 de mayo, dos días antes de la votación, la Comisión Electoral afirmara que todo estaba a punto y marchaba bien para la fiesta electoral del viernes 26.

Ante esto, la Comisión Electoral argumenta que, bajo el principio de buena fe, nunca tuvieron dudas sobre el trabajo y capacidad de su personal para llevar adelante el proceso, debido a que ya han ejecutado estos procedimientos en elecciones anteriores, sin inconvenientes. Y aquí, un mea culpa de la Comisión: “Reconocemos la supervisión inadecuada de los procesos, derivado de lo anterior y de la premura en los tiempos que nos acercaban al día de la elección”.

Un desorden en las mesas

En este informe también aclaran el porqué de la desorganización del material electoral que fue entregado a las subcomisiones por parte de la Comisión Electoral: si bien en Twitter informaron sin mayores razones sobre la postergación del inicio del proceso electoral una hora, la causa de fondo era que “no había finalizado el embalaje para el traslado del material al sitio donde iba a ser entregado a las subcomisiones en la UCV”. Es decir, el mismo día de la votación, a la hora de inicio de la votación, seguían embalando material electoral para trasladarlo.

Luego, una vez entregado el cotillón electoral, la Comisión Electoral dice que fue informada por las subcomisiones de las distintas facultades de que “el material estaba incompleto en los cotillones”, pudiendo comprobar solo hasta entonces los “errores” en su elaboración. Hablan de fallas en cuadernos y boletas electorales.

En un comunicado publicado el 28 de mayo, dos días después de la frustrada votación, la Comisión Electoral “lamentó profundamente” los hechos y se mostró “afectada profundamente” por la situación. Pidieron “sinceras y sentidas disculpas” a la UCV y al país. “Como ente organizador asumimos la responsabilidad ante la comunidad ucevista y ante el país”, se excusaron, al tiempo que agradecieron y reconocieron el trabajo “arduo y comprometido” de las subcomisiones electorales.

Mientras en la Ciudad Universitaria de Caracas las cosas salían mal, los procesos electorales llevados a cabo en las facultades de Agronomía, Ciencias Veterinarias, EUS de la Facultad de Humanidades y EDU de la Facultad de Arquitectura, en las regiones, se realizaron sin inconvenientes. Estas votaciones también deberán repetirse, según se informó en el Consejo Universitario del 29 de mayo.

Una comisión contralora

Para velar por la buena marcha de la diferida votación, todos los actores estuvieron de acuerdo en la designación de una Comisión Asesora de Apoyo Técnico, nombrada por el Consejo Universitario. La coordina el profesor Froilán Lozada y también la integran los docentes Norman Guzmán, Félix Arroyo y Alberto Fernández junto a la estudiante Patricia Briceño.

Su misión será supervisar el cumplimiento de la continuación del proceso electoral, y garantizar que se realice de forma efectiva la primera y la segunda vuelta.

El nuevo cronograma propuesto al Consejo Universitario y ratificado en la sesión del 31 de mayo contempla celebrar la primera vuelta el viernes 9 de junio.

El 26 de mayo falló también el ofrecimiento de información oportuna y veraz por parte de la Comisión Electoral a la comunidad universitaria y al país a través de los diversos medios de comunicación desplegados en la UCV.

Además del asunto transversal y fundamental de la información institucional, otros desafíos que, consideramos, tiene por delante la Comisión Electoral de la UCV son:

La revisión detallada de todo el material electoral que se imprima y embale.

La validación o los ajustes necesarios -si fuere el caso- al Registro Electoral Definitivo.

Una necesaria prueba técnica que compruebe el correcto funcionamiento de las lectoras ópticas una vez finalizada la jornada, porque las boletas durante el acto de votación apenas se introducen en una caja de resguardo de cartón y no se pasan de inmediato por las lectoras ópticas como erróneamente informaron algunos medios internacionales.

La participación del electorado, ahora más que antes, se alza como un aspecto fundamental. La comunidad universitaria espera que sea tan o más masiva que el 26 de mayo.

Boletín 106. Segunda quincena, mayo de 2023

https://oevenezolano.org/2023/05/boletin-106-las-causas-conocidas-del-di...

La desconexión con la política, la falta de alternativas en el liderazgo y la desconfianza hacia el sistema abonan a la desmotivación de los venezolanos, sobre todo los jóvenes mayores de 18 años, a la hora de cumplir con su deber de registrarse en el padrón nacional de electores y así quedar habilitados para ejercer su derecho al sufragio.

Un cruce entre el registro de cedulados y la base de inscritos en el Registro Electoral (RE) sugiere que, para el año 2024, 3,3 millones de personas con entre 18 y 30 años no estarán inscritos en el RE. Pero, si se traen las proyecciones de disminución demográfica producto de la migración, se debe asumir entonces que para esa fecha 2,4 millones de personas mayores de 18 años en Venezuela no estarán inscritas en el RE. Si no se implementan acciones pronto, claro está.

¿Por qué el desencuentro juvenil con el deber cívico de inscribirse en el RE y poder ejercer el derecho al sufragio? Porque tienen desinterés por la política. Porque sienten una profunda desconexión con la oferta de liderazgo disponible en Venezuela. Porque no ven alternativas. Porque aprecian que el sistema electoral está construido para dar la victoria siempre al mismo contendor; no confían, están llenos de mitos. Y porque opinan que el voto solo tiene valor en democracia.

Las anteriores afirmaciones son parte de los resultados de la investigación “Los jóvenes venezolanos y la política. Una visión cualitativa”, recién presentada por Estadolab, un centro de reflexión y acción social cuyo objetivo fundamental es contribuir a superar la fragilidad estatal en Venezuela y a transformar la crisis actual en una oportunidad de desarrollo. Este estudio fue realizado junto al Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno.

Esta investigación cualitativa se basó en cinco focus group en la región capital y en 21 entrevistas en profundidad a jóvenes menores de 30 años en varias ciudades del país que no están inscritos en el RE.

¿Quiénes componen esta parte de la población? Una generación pragmática, digital, que nació en la era Chávez, en tiempos de alta polarización política, y que creció en la era Maduro, con la inestabilidad económica, el desabastecimiento, el apagón y la pandemia. ¿Y qué buscan? Estabilidad. La mayoría trabaja para costearse los estudios y para apoyar en la casa. Han desarrollado, pues, gran sentido de la responsabilidad.

¿Qué sienten estos jóvenes sobre la política? Según la investigación citada, hallaron estas cuatro tendencias:

1. Desinterés. La describen como un esfuerzo agotador e inútil y como terreno del conflicto.

2. La participación, cuando se da, es una pantalla. Consideran que no son tomados en cuenta y que, cuando los llaman, es “para hacer bulto”.

3. La definen como un desastre. Sostienen que todos los políticos son iguales y que solo los mueve sus propios intereses y no el servicio a la gente.

4. La califican como el terreno del engaño y la dominación. Perciben la práctica política venezolana como algo muy distante de su razón de ser.

¿Qué opinan sobre la democracia? De nuevo la investigación resalta cuatro ideas, fundamentalmente positivas, con la madre y los abuelos como los grandes reservorios de memoria democrática:

1. La describen como un sistema que permite la participación plural, de todos.

2. La asocian a la presencia de oportunidades de calidad e igualdad en el acceso a ellas.

3. La entienden como la posibilidad de que las personas tengan libertad de elegir lo que quieren y lo que necesitan.

4. Advierten que en Venezuela está mal implementada. Ahí es donde se vierten inconformidades e ideas negativas, con la experiencia nacional, pero no con el concepto en abstracto.

¿Resignificar el voto?

La investigación encontró que los jóvenes consideran que el voto tiene la función única de elegir. No lo resignifican. Ignoran que, en otros contextos, el voto también ha sido un ejercicio social conducente a movilizaciones o desencadenante de eventos democratizadores.

En su línea de investigación de experiencias comparadas, el politólogo John Magdaleno ha hallado 44 casos en los cuales transiciones a democracia tuvieron lugar con motivo de elecciones que las facilitaron. “La elección sí puede funcionar si se la acompaña con otros instrumentos. No es una varita mágica”, expresa Magdaleno en un video reciente publicado por Estadolab.

Entre las recomendaciones para la acción que esta organización ofrece al cierre de su estudio cualitativo se cuentan la necesidad de apelar a la responsabilidad y al sentido del deber, presentar a los jóvenes el dilema estratégico de participar sin condiciones (se abren posibilidades) y de no participar (fracaso asegurado), presentarles la política como algo necesario y, por último, el de informarlos con argumentos racionales a ellos, que surfean mejor el fenómeno de la desinformación.

Pero la investigación también advierte una idea clave: el por qué los jóvenes venezolanos no quieren participar está lejos de explicarse por mera apatía. Hay barreras estructurales para la participación. Veamos.

La barrera que aporta el CNE

La más reciente Encuesta Nacional sobre Juventud (ENJUVE) hecha y publicada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) entrevistó a más de 8.000 jóvenes en 2021, el año de las más recientes elecciones en Venezuela. Al preguntarles a quienes dijeron ser abstencionistas por qué no votarían en las elecciones regionales y municipales de noviembre de ese año, 42 % de la muestra alegó que no estaba inscrito en el RE.

En junio y la mitad de julio de ese año, 45 días, tuvo lugar la más reciente jornada especial de inscripción y actualización de datos en el RE que haya dispuesto el Consejo Nacional Electoral (CNE), el administrador del registro de electores del país.

En la práctica no llegaron a 1.000 los puntos disponibles en toda la geografía nacional. De hecho, como demostró un análisis de Súmate, el 50 %, más de 500 de las 1.141 parroquias de Venezuela se quedó sin punto para registrarse en el RE. Y algunos otros puntos funcionaron en sedes de comunas, bases de misiones, edificios públicos y comandos policiales, alejados de los tres criterios que, según la legislación electoral, deben regir la ubicación de estos espacios:

1. Facilidad de acceso para los electores.

2. Presencia en sectores de difícil acceso / mayor concentración.

3. Garantía para todos los sectores de la población.

En la actualidad, el carácter continuo que define el RE apenas se observa en las 24 oficinas regionales electorales (ORE) del CNE, una por capital de estado. Ante el grande y creciente rezago existente entre la realidad poblacional y nuestro registro de electorales, los 24 puntos ahora disponibles se tornan absolutamente insuficientes, son una capacidad instalada absolutamente deficitaria en relación con las tareas de inscripción y actualización de datos en el RE que el CNE debe acometer de cara al próximo ciclo electoral.

En un país con recurrentes problemas de movilidad y precariedad en la prestación de servicios públicos, los tiempos de jornadas especiales del RE deben ser mucho más amplios y la disposición de puntos mucho más cercana a los electorales, como dicta la legislación. La municipalización y parroquialización del RE es, insistimos en esto, materia urgente.

Boletín 103

Primera quincena, abril de 2023

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Las elecciones son procesos ciudadanos que hacemos entre todos. En este boletín 100 compartimos algunas pistas sobre a qué debemos prestar especial atención. Así, ponemos nuestra mirada sobre los acuerdos, el registro, el árbitro, los candidatos inhabilitados, los partidos desmembrados, la opacidad y la vigilancia. Detrás de cada uno de estos asuntos hay derechos que el Estado debe garantizar y los ciudadanos, estar en su derecho de ejercerlos

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) completa, con la presente entrega, una centena de boletines periódicos. Un esfuerzo sostenido de esta organización en sus últimos años, pensado con el ánimo de propiciar una comprensión más plural y socialmente responsable de los asuntos electorales en el país, la región e incluso del mundo.

No es, desde luego, asunto sencillo el de medir fuerzas con la desinformación, que también extiende sus tentáculos hacia lo electoral sembrando desconfianzas, reencuadrando realidades, alimentando mitos y, en suma, alejando aún más a la sociedad del desarrollo y resguardo de la democracia.

Llegamos al boletín 100 con nuestra lupa de observadores puesta en el futuro. Y lo primero que divisamos es que los venezolanos todos, junto a sus instituciones, debemos prepararnos mejor para encarar el próximo ciclo electoral: en los próximos dos años, 2024 y 2025, por mandato constitucional deberían ser renovados los 3.360 cargos de representación popular de la nación, desde la Presidencia de la República (un jefe de Estado), pasando por la Asamblea Nacional (277 diputados, tras las reformas de 2020), hasta las gobernaciones (23 gobernadores), los consejos legislativos (253 legisladores, a la fecha), las alcaldías (335 alcaldes) y los concejos municipales (2.471 concejales, según el diseño actual).

¿A qué debemos prestar atención?, ¿sobre cuáles aspectos deberíamos afinar esa mirada, para convertir el próximo ciclo electoral venezolano en una oportunidad aprovechada para un mejor futuro para el país? De seguro son más. No es menos cierto que en el camino irán apareciendo otros factores, pero, de entrada, vamos a aportar cinco elementos que vale la pena ubicar en la primera fila de los esfuerzos político-electorales necesarios en el futuro próximo.

1. Los acuerdos políticos

De lo siguiente estamos convencidos: para que las próximas elecciones en Venezuela salgan mejor, los actores políticos tienen que coincidir previamente en negociaciones para llegar a acuerdos.

Los más recientes procesos electorales pueden servir como ejemplos de cómo el acuerdo político sirve como catalizador.

Por un lado, la presidencial de 2018 y la parlamentaria de 2020 no salieron bien. La primera violó las reglas del juego democrático y derivó en un desconocimiento internacional del resultado que arrastró problemas de diversa índole. La segunda excedió la letra constitucional, al imponer un diseño arbitrario y distinto al de la legislación, y las consecuencias se evidenciaron, entre otros aspectos, en una mermada participación.

Por otro lado, la regional y municipal de 2021 detuvo el descenso de la curva de integridad electoral. Los acuerdos por una administración electoral menos desequilibrada, la habilitación de tarjetas electorales antes cooptadas y la apertura hacia una observación electoral internacional más plural despertaron una mayor participación entre actores y electores. Y ante el colofón ventajista de Barinas, la voluntad popular revalidó la viabilidad de la ruta electoral.

México es una puerta que por ningún motivo debería cerrarse. La hoja de ruta lleva rato trazada y aprobada por consenso, memorando de entendimiento incluido, con lo político y lo electoral como asuntos esenciales. En el entendido de que buena parte de las garantías y condiciones por definir se asientan, además de sobre la base de los acuerdos políticos, en el interés y la apropiación de la sociedad: las elecciones también las construye, las hace, las diseña la gente. Con sus demandas y su participación.

2. El Registro Electoral y el derecho a elegir

El más reciente corte del Registro Electoral (RE) del cual se tiene conocimiento público data del pasado 30 de septiembre. Son 21 millones 094 mil 629 electores. Pero faltan otros tantos millones.

Minimizar el amplio rezago, la creciente brecha existente entre la dinámica poblacional y migratoria con el padrón nacional de electores debe constituir una materia de primer orden porque, indefectiblemente, predispondrá el carácter de la próxima elección presidencial.

Dentro de Venezuela, una cantidad no despreciable de la población necesita actualizar su residencia y su centro de votación, mientras que el bono demográfico juvenil requiere inscribirse por primera vez. Fuera de Venezuela, los 107.878 electores que, a la fecha, aparecen registrados para votar desde el exterior no son sino una minúscula parte de los varios millones de migrantes que deben, primero, recuperar su derecho a la identidad para, entonces sí, seguir ejerciendo su derecho a elegir en esta, que continúa siendo su primera comunidad política de adscripción.

Conforme avanzan las semanas se eleva el apremio por una buena jornada especial del RE, que cumpla con los tres criterios establecidos en la legislación electoral: facilidad de acceso para los electores, presencia en sectores de difícil acceso y/o de mayor concentración y garantía para todos los sectores de la población (artículo 33 de la LOPRE). El tiempo es ahora.

Desde agosto de 2022 espera discusión en el directorio del CNE un proyecto de reglamento del voto en el exterior. Una era la situación migratoria en 2009, cuando la AN aprobó la vigente Ley Orgánica de Procesos Electorales, que limita el voto migrante a aquellos con una residencia u otro régimen de legalidad de permanencia, y cuyo artículo 124 la legislatura actual debería reconsiderar. Y otra es la realidad 14 años después, cuando Naciones Unidas ha posicionado a Venezuela como uno de los países de mayores crisis migratorias del mundo.

El derecho a elegir pasa, finalmente, por el respeto al principio de calendarización: las fechas y los períodos de ley, los cronogramas electorales y el equilibrio entre los tiempos técnicos y los tiempos políticos predisponen a mejores elecciones.

3. El árbitro

Lo dicen las encuestas: la imagen pública del CNE mejoró, aunque parcialmente, con la actual administración, designada en 2021 por el Legislativo, el poder público al cual le corresponde este encargo constitucional. Y esto ha sido gracias a los acuerdos políticos. Los antecedentes nos enseñan un errático camino de autoridades comiciales nombradas por el Poder Judicial desconociendo los procedimientos claramente estipulados en la Constitución.

Los integrantes del órgano electoral serán actores fundamentales del próximo ciclo. Decíamos en 2021, cuando juraron en el Parlamento, que después de las regionales de 2021 los actuales rectores serían los encargados de llevar a cabo los destinos, por lo menos, de la elección presidencial de 2024, así como de las votaciones parlamentarias y subnacionales del año siguiente.

Pero el directorio ha cambiado. Injustificadamente, desde abril de 2021 no se ha materializado el reemplazo para la falta absoluta de una de las rectorías principales. No solo está incompleto el directorio, sino también dos de los tres órganos subordinados del órgano rector del Poder Electoral.

Por el bien de todos, para el próximo ciclo electoral se necesita un CNE completo y con la mayor independencia institucional posible, a pesar de que el Estado haya propiciado en el pasado muchas violaciones al principio de separación de poderes. Un CNE que refuerce su capacidad sancionadora ante arbitrariedades recurrentes en campañas electorales como el uso de bienes y recursos del patrimonio público con fines electorales y la aparición de altos funcionarios públicos en ejercicio favoreciendo parcialidades partidistas.

4. La participación política y el derecho a ser elegido

Corregir tanto desnivel acumulado, tanta pendiente, en el terreno de juego electoral pasa por sincerar quiénes pueden alcanzar o recuperar el derecho constitucional a ser elegidos.

Aquí hace falta hacer valer la carta magna, la cual establece que los derechos políticos únicamente pueden ser despojados mediante sentencia judicial firme. Y no mediante inhabilitaciones administrativas de la Contraloría, avaladas por una ley de cuestionada constitucionalidad.

La inhabilitación con aparente motivación partidista ha venido superándose a sí misma en las elecciones recientes: ya no es solo la denuncia del Partido Comunista, formación disidente de la coalición gobernante, de retiro de 15 de sus candidatos en 2021 sin investigación ni decisión previa, o el caso de su candidato a gobernador de Barinas quien sí pudo inscribirse para noviembre de 2021, pero no para enero de 2022, por otra súbita inhabilitación. Es también que, en Barinas, ocurrió la inhabilitación retroactiva del candidato inicialmente ganador de esa gobernación, al igual que la de su esposa, quien de paso nunca ha ejercido cargos públicos.

No por casualidad la segunda de las recomendaciones prioritarias de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) habla de suprimir esa prerrogativa de la Contraloría de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa.

A las inhabilitaciones se une el tema, también irresuelto, de la entrega de los símbolos y de las tarjetas electorales de seis partidos políticos (no solo los opositores Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Movimiento Republicano, sino los oficialistas Tupamaro y Patria Para Todos) a facciones internas minoritarias. Y, ante esto, la primera de las recomendaciones urgentes de la MOE UE: evitar que el Poder Judicial invada las competencias del Poder Electoral.

5. La desinformación y la vigilancia social

Como decíamos más arriba, la sociedad hace buena parte del ciclo electoral: desde su motivación a inscribirse o actualizar sus datos en el RE, pasando por su participación como miembros de mesa, hasta su votación misma en la jornada electoral. Para participar del ciclo electoral, sin embargo, la gente precisa de información. Solo con datos verificados, confiables, veraces y oportunos los electores podrán tomar decisiones responsables y conscientes.

Además de un ecosistema mediático disminuido, el rigor de la censura y la opacidad en el acceso a datos públicos, Venezuela también ha padecido desinformación electoral. Hablamos de toda información falsa o maliciosa sobre los procesos electorales que afecten directamente el ejercicio del derecho al voto.

La lucha por el acceso a información veraz es una cruzada que requiere del concierto de todos, desde el árbitro, pasando por los actores políticos, hasta los electores. Se libra insertando políticas concretas contra la desinformación en los próximos cronogramas electorales, desde el CNE; evitando y siendo oportunamente sancionados quienes promuevan información maliciosa e intenten manipular la conversación pública, desde las candidaturas y los partidos; y haciendo mayores esfuerzos de alfabetización digital para saber con criterio más afinado qué huele a mentira, desde la sociedad.

La pluralidad de flujos comunicacionales también se fortalece permitiendo una observación electoral nacional e internacional diversa e independiente, capaz de advertir faltas con libertad, pero también de recomendar mejoras que redundan en el desarrollo y resguardo de la democracia.

La desinformación no es, sin embargo, la única nube oscura. Urge aclarar el uso del Sistema Patria y del carnet de la patria con fines electorales. Como también recomendamos desde la observación electoral en su momento, el terreno se desnivela menos si se da a conocer cuál es la institución responsable de la gestión de los datos de esta plataforma, dónde y cómo se almacenan los datos, quién tiene acceso a ellos y con qué fines, todo bajo el derecho constitucional de acceso a la información.

Terminamos como empezamos: enfatizando la importancia de que la sociedad exija, reclame y abrace los acuerdos políticos que deben surgir sobre las condiciones y garantías necesarias para transitar un próximo ciclo electoral lo más competitivo posible. Así como la naturaleza no da saltos, así también los procesos para lograr altos niveles de integridad electoral son graduales, incrementales. Trabajemos, con el concurso de todas las partes, con todos los venezolanos, en la construcción de una vía para avanzar en la reinstitucionalización del país hasta encontrarle puerta de salida constitucional, pacífica y democrática a la crisis que todavía determina nuestra cotidianidad.

Segunda quincena de febrero 2023

https://oevenezolano.org/2023/02/boletin-100-el-futuro-electoral-venezol...

Cada 15 de septiembre, desde 2007, se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Democracia. Desde su proclamación, Naciones Unidas lo entiende como una oportunidad para recordar que la democracia es un proceso y un objetivo, que debe centrarse en las personas y que debe ser entorno para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos.

El principio de celebración de elecciones periódicas por sufragio universal es, claro está, un elemento esencial de la democracia, de acuerdo con la ONU. Pero no el único. En muchos países, las clases políticas todavía quieren hacer creer a sus ciudadanos en aquella fórmula reduccionista “elecciones igual a democracia”; es decir, donde hay elecciones, sean como fueren en garantías y condiciones, automáticamente hay democracia, sin más.

Las elecciones, ciertamente, siguen siendo el centro de la democracia, no solo desde el punto de vista de la práctica política sino también desde el punto de vista teórico, aprecia, de entrada, el profesor del área de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Salamanca, Guillermo Boscán. “Sin elecciones no hay democracia”, abrevia.

Ahora bien, las elecciones tienen necesariamente que estar rodeadas de una serie de garantías y condiciones para ser válidas y considerarse legítimas. “No cualquier elección es suficiente”, advierte Boscán, venezolano y docente de la asignatura Teoría de la Democracia en la universidad más antigua de habla hispana.

En consecuencia, esta definición mínima de democracia (la electoral) no es suficiente. Podemos terminar de redondear esta discusión repasando que las elecciones periódicas, auténticas y competitivas (unas buenas elecciones, como solemos llamarlas en el OEV) son una condición necesaria mas no suficiente para la caracterización de los sistemas democráticos modernos.

En esta misma línea, Boscán toma en cuenta lo que los teóricos llaman “democracia de salida”, la cual se basa en las respuestas del sistema político a los problemas básicos de la gente. “No se trata de una cuestión ideológica, se trata de una cuestión operativa. Es en la resolución de los problemas de los ciudadanos en donde reside el centro de la legitimidad del sistema y su funcionamiento”, ilustra el académico, en entrevista con el OEV.

Modelo en crisis

Que la democracia como sistema está en crisis es una idea que descansa sobre evidencias tanto cuantitativas como cualitativas.

Cuantitativamente, el más reciente Índice Global de la Democracia de The Economist resulta demoledor: si hacemos énfasis en la región, el 98 % de los latinoamericanos no vive en una democracia plena. Las excepciones: Uruguay y Costa Rica. En el resto de los países latinoamericanos, muchas democracias son caracterizadas como defectuosas o híbridas y, en la cola, cuatro regímenes de la región calificados como “autoritarios”, incluida Venezuela, que en líneas generales ocupa el puesto 151 entre el total de 167 países del mundo evaluados.

Cualitativamente, el descontento social con la democracia tiene su raíz, según analistas, en la falta de resultados para la solución de los grandes problemas de nuestro tiempo, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la violencia. Se añade a esto agravantes como la crisis de credibilidad de las instituciones, la creciente polarización afectiva, el potencial de la desinformación y el sistema de vigilancia social, que en Venezuela encuentra una expresión en el Sistema Patria.

Sobre por qué la democracia como sistema de gobierno está en crisis, Boscán coincide en la idea de la irresolución de los problemas básicos. “El momento en que nos encontramos presenta desafíos importantes desde el punto de vista humano, fundamentalmente, en el impacto de las nuevas tecnologías y las formas en que nos relacionamos. La democracia va con retraso en su proceso de adaptación ante los nuevos desafíos”, razona el profesor de Salamanca.

Pese a esto, Venezuela es el segundo país de América Latina con el más alto apoyo de los ciudadanos a la democracia, según el más reciente estudio de opinión pública Latinobarómetro, hecho en 18 países de la región por esta entidad basada en Chile.

Este reporte contextualiza que, el hecho de que en 2021 el 69 % de los venezolanos apoye a la democracia, se corresponde con los altos valores registrados en este indicador a lo largo de los años, que alcanzó su punto más alto en 2013, con 87 % de apoyo. “Parece una paradoja, pero tal vez el hecho de que el sistema democrático en Venezuela está cuestionado explique el persistente apoyo a esta forma de gobierno entre los encuestados allí”, interpretó CNN.

¿Se apoya, porque se percibe débil? Cálculos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con base en las mismas encuestas de Latinobarómetro, revelaron que 84 % de los venezolanos cree que el país “está gobernado en beneficio de los intereses de unos pocos”.

Es tendencia, de hecho, entre los latinoamericanos el rechazo a las “democracias capturadas” o, dicho de otra forma, al proceder de unas élites políticas y económicas minoritarias que defienden sus intereses desde los gobiernos en detrimento de las mayorías sociales de la región.

La herramienta de la observación

Con este marco referencial, los sistemas electorales parecen estar pagando la insatisfacción que está produciendo la no resolución de problemas sociales por parte de los regímenes democráticos. En el mundo actual se celebran votaciones en contextos cada vez más adversos.

Es entonces cuando herramientas de la sociedad como la observación electoral, nacional e internacional, se ofrecen como contribuyentes para elevar la calidad democrática de las naciones.

La observación electoral es fundamental para generar confianza en los procesos electorales, más en democracias en proceso de consolidación, valora el profesor Boscán. Sin embargo, matiza, no podemos olvidar que la observación electoral es una solución a un problema del juego democrático. Se imponen, entonces, más retos.

“Debemos seguir trabajando en la prevención del problema, en la generación de una cultura democrática de respeto y reconocimiento mutuo en la competición electoral. Debemos fomentar el desarrollo de una cultura cívica a largo plazo”, recomienda, desde el campo académico.

Haría falta, añadimos en el OEV, repoblar la política. Unamuno escribió que lo que define a una nación es un proyecto sugestivo de vida en común; los grupos nacionales, añade, “no conviven por estar juntos, sino para hacer juntos algo”. En el marco de esta concepción podría decirse que se trata de tener conciencia de un propósito acordado colectivamente y del esfuerzo diario de todos para transitar una ruta que permita alcanzarlo. Hay, pues, que recuperar la palabra, extraviada desde hace demasiado tiempo. El diálogo y los consensos debieran signar el temperamento de nuestras sociedades, bajo los marcos del estado de Derecho y la separación de los poderes públicos.

En la América Latina de hoy la única vía reconocida por todos para acceder legítimamente a ese poder público es la vía electoral, sentenciaba este mes el secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas-Zamora, durante un evento del órgano electoral mexicano. “Esto hay que protegerlo a toda costa, y hay que protegerlo ahora, porque estamos viendo en algunos países de la región claros intentos por parte de algunos gobiernos y fuerzas políticas por debilitar la independencia y la credibilidad de las autoridades electorales”.

En esto, la observación electoral seguirá siendo clave. Ciertamente existen algunas democracias plenas del mundo que no gozan de una observación electoral robusta, de lo cual se desprende que no es el único descriptor de la calidad de la democracia. Pero, lo que nadie duda, es que la observación electoral sí constituye un indicador de calidad democrática cada vez más importante. Que un Estado se oponga a ella acarrea costos políticos, por lo general elevados. De ahí que concluyamos: la observación electoral es, en el mundo y la región contemporáneos, un blindaje para los sistemas democráticos.

Boletín 90. Primera quincena, septiembre de 2022

https://oevenezolano.org/2022/09/boletin-90-la-observacion-electoral-es-...

A pesar de la resiliencia que las democracias de la región han desplegado durante la pandemia, la calidad de la democracia continúa deteriorándose en las Américas. Más de la mitad de las democracias de América Latina y el Caribe muestran signos de erosión

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), una organización intergubernamental que apoya la democracia sostenible en todo el mundo, presentó recientemente su informe “El estado de la democracia en las Américas 2021. Democracia en tiempos de crisis”. El documento ofrece un análisis del estado de la democracia en la región durante el año 2020 y el primer semestre de 2021, un período caracterizado por el desarrollo de la pandemia.

Sobre Venezuela, IDEA Internacional la califica como “régimen autoritario” desde el año 2017. Acompañan al país en esta categoría únicamente Cuba y Nicaragua.

Venezuela es uno de los ocho países que durante el período del informe experimentaron declives del indicador de libertades civiles, y uno de los tres países de la región (junto con El Salvador y México) que también destacan por el descenso registrado en el indicador de independencia judicial en los últimos cinco años.

Justo por estos días, Venezuela se mantiene expectante por la demorada designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), enmarcada en una reforma judicial adelantada por la Asamblea Nacional.

A IDEA Internacional le preocupa que las democracias de países como Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay se hayan erosionado. Brasil, agrega, registra el mayor número de atributos en declive del mundo y desde 2016 transita un proceso de retroceso democrático. En El Salvador, entre tanto, varios aspectos de la democracia han registrado declives.

En líneas generales, este informe presenta 10 hallazgos clave y conclusiones principales:

1. Pese a la pandemia, el número de democracias no ha variado en América Latina y el Caribe en los últimos dos años.

2. La pandemia ha afectado negativamente algunos aspectos de la democracia.

3. A pesar de la resiliencia mostrada durante la pandemia, la calidad de la democracia continúa deteriorándose en la región.

4. La mayoría de las democracias de la región están estancadas en un nivel de desempeño medio.

5. Las autocracias y los regímenes híbridos de la región se han afianzado.

6. Ecuador y República Dominicana destacan por los significativos avances de la calidad de sus democracias.

7. Los ataques a los organismos electorales en Brasil, El Salvador, México y Perú se han tornado más frecuentes en los regímenes democráticos de la región. Se trata de prácticas que amenazan la integridad de los procesos electorales.

8. La ciudadanía sigue desempeñando un papel activo en la defensa de la democracia.

9. Es necesario reforzar los mecanismos regionales de protección de la democracia para que complementen y apoyen a aquellos existentes a nivel nacional.

10. Es vital fortalecer la resiliencia democrática en América Latina y el Caribe.

Sobre esto último, a modo de cierre, la organización considera preciso implementar acciones y repensar cómo la democracia puede brindar respuestas a los viejos y nuevos desafíos que enfrenta la región, con el fin de evitar que sus reservas democráticas se agoten. Es necesario, entre otras cosas, rediseñar los mecanismos de deliberación y de participación ciudadana.

Boletín 81

Segunda quincena de marzo 2022

https://oevenezolano.org/2022/04/boletin-81-el-estado-de-la-democracia-a...

El Consejo Nacional Electoral (CNE) levanta un muro que es imposible de saltar. Con los tiempos, términos y condiciones acordados el 21 de enero, sobre el procedimiento de recolección de manifestaciones de voluntad para tramitar una eventual solicitud de referendo revocatorio presidencial, se está violando de nuevo un derecho constitucional de los venezolanos.

Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables, consagra el artículo 72 de la Constitución. A partir del pasado 10 de enero, mitad del período presidencial en curso, el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (MOVER) promovió una solicitud a la cual se sumaron otras dos organizaciones en calidad de adherentes.

Independientemente de lo que cada uno opine sobre el referendo revocatorio y su pertinencia en estos momentos, la obligación del CNE, como ente rector de un poder público nacional, es facilitar el ejercicio de este derecho consagrado en la Constitución, y no bloquearlo. El cronograma aprobado en el directorio, con dos votos salvados entre los cinco rectores principales, dificulta radicalmente la posibilidad de tan siquiera empezar a ejercer el derecho constitucional a revocar.

En primer lugar, el CNE estableció que la jornada única de recepción de las manifestaciones de voluntad fuese el 26 de enero. Esto es, apenas cinco días después de la decisión, lo cual resulta un tiempo insuficiente tanto para notificar oportunamente a los electores sobre los puntos de recepción como para nombrar y acreditar a los testigos ante esos centros.

Más allá de esta logística fundamental, las propias Normas para Regular la Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular (Gaceta Electoral N°405, 2007), sobre las cuales se basa el CNE para su cronograma de 2022, permiten que esta recepción de manifestaciones de voluntad se realice por un máximo de tres días, y que el lapso para proponer los centros sea de hasta 15 días hábiles, tomando en cuenta las variantes geográficas y de población electoral.

En menos de 24 horas, el 22 de enero, apenas cuatro días antes de la fecha fijada para registrar las manifestaciones de voluntad, el CNE publicó en su web una lista de 1.200 centros a habilitar en el territorio nacional, en horario comprendido de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. Con base en lo que estable la Constitución, serían necesarias alrededor de 4,2 millones de firmas y huellas válidas en circunscripción nacional para activar un referendo revocatorio presidencial en 2022.

Siendo este el diseño, en promedio cada punto tendría que atender a cinco firmantes por minuto sin pausa durante 12 horas, disponiendo cada uno de los firmantes de 12 segundos, en promedio, para poner cuatro huellas dactilares y firmar en un cuaderno. Esta capacidad instalada implicaría el desplazamiento de electores entre municipios de su mismo estado, en un país con deficiencias de movilidad, acentuadas en tiempo de pandemia. Tenemos, en consecuencia, un número de puntos de recepción absolutamente insuficientes durante un lapso aprobado igualmente insuficiente.

Aun teniendo un número óptimo y bien distribuido de puntos, atenta contra el proceso el poquísimo tiempo disponible para que los electores puedan enterarse suficientemente de qué va esta acción ciudadana, quiénes la promueven, a dónde acudir o cómo acreditarse como testigo. Los electores venezolanos deben tomar una decisión al respecto, cualquiera que sea, y las decisiones responsables se fundamentan en información diversa y oportuna.

Persiste el CNE, por otra parte, en el error arrastrado del anterior intento fallido de revocatorio de querer contabilizar las manifestaciones de voluntad por cada una de las entidades federales del país. Si tan solo un estado no alcanzara el 20% de firmas de sus electores, se anularía automáticamente el proceso del revocatorio, con base en un fallo del Tribunal Supremo de Justicia del año 2016. El artículo 72 de la Constitución establece, sin embargo, que podrá solicitar la convocatoria un número no menor del 20% de los electores “inscritos en la correspondiente circunscripción”. En este caso, estamos ante una única circunscripción nacional por tratarse del cargo presidencial, con lo cual estaría el CNE violando una expresa disposición constitucional.

Todo lo anterior debe tomar en cuenta no solo el curso global y nacional de la pandemia de covid-19, sino el registro, en los últimos días, de los números de casos diarios de contagio más altos reportados por el propio gobierno desde el inicio de la emergencia sanitaria hace casi dos años. Las condiciones de recolección de voluntades establecidas por el CNE para nada consideran las recomendaciones internacionales de estos tiempos en materia de salud pública.

Desde el punto de vista de garantías técnicas, el cronograma aprobado para 2022 tampoco contempla las auditorías del Registro Electoral, de software de máquinas, de software de recepción, de producción de equipos y de resultados, a diferencia del cronograma del año 2016 que, en general, contemplaba ocho actividades más que ahora.

El Observatorio Electoral Venezolano seguirá atento al desarrollo de esta situación desde la mirada técnico-electoral que le compete. El OEV lamenta que la decisión tomada por el CNE imposibilite la activación del derecho constitucional a la revocatoria ciudadana y electoral de cargos de elección popular. Mas allá de la discusión que pueda darse con respecto a su pertinencia, es, sin duda, una mala señal de cara a la resolución de la ya larga crisis venezolana. Ante esta nueva lesión a la salud de la democracia, urge que los actores nacionales retomen negociaciones con miras a acuerdos políticos inclusivos y estables que sustenten la agenda electoral futura de la nación.

Caracas, 23 de enero de 2022

Una rápida sentencia del Poder Judicial, cuestionado en su imparcialidad por distintos sectores, enarbola una reciente y desconocida inhabilitación al candidato opositor. Las proyecciones lo dan como ganador a la gobernación del estado llanero y bastión del chavismo. Nadie, hasta una semana después de la votación, impugnó su postulación. El TSJ convoca a nueva elección y también fija la fecha, una atribución del Poder Electoral. Los hechos coinciden con las críticas que el alto gobierno ha lanzado contra la misión de observación electoral de la Unión Europea.

Dos sentencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dieron un giro inesperado al proceso de la elección regional y municipal 2021. Sus decisiones ensombrecen la ruta electoral, al desconocer la voluntad popular expresada el 21 de noviembre por los electores del estado Barinas.

La evaluación integral de un proceso comicial finaliza una vez terminan las actividades propias de la etapa poselectoral. En este caso, las órdenes del poder público que ejerce la jurisdicción contencioso-electoral afectan los esfuerzos que se venían dando en función de la restitución del voto como instrumento de cambio en democracia, materializados, entre otras cosas, con la conformación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) más plural, el refuerzo de las auditorías, la actualización más amplia del Registro Electoral, la habilitación de tarjetas y el logro de una observación electoral más plural.

Este es nuestro recuento de los hechos:

1. Los boletines de resultados: sí y no

A la medianoche del 21 de noviembre, cuando el CNE emitió el primer boletín de resultados, dio como virtuales ganadores a los candidatos oficialistas a las gobernaciones de los estados llaneros Apure y Barinas, con la salvedad, como aclaró esa noche el rector Pedro Calzadilla, de que eran “datos todavía pendientes por ser confirmados con la transmisión restante”. Era entonces del 90% del total de sufragios emitidos.

La tarde del lunes 22, cuando el CNE divulgó el segundo boletín de resultados, con transmisión del 99%, dejó todavía en suspenso los resultados definitivos de Apure y Barinas. Después, la divulgación de cómputos en el sitio web del CNE zanjaría que el oficialista Eduardo Piñate era, finalmente, el mandatario regional apureño. No así el caso barinés.

2. La decisión del CNE que no pudo ser

Hasta una semana de retraso en la adjudicación del gobernador de Barinas y del alcalde del municipio Arismendi fue centro de polémica en la opinión pública.

El viernes 26 de noviembre, el CNE acordó encargar a la Junta Nacional Electoral (JNE) la totalización de las pocas actas faltantes. Actas de tres mesas del municipio Arismendi que, según trascendió, se mantuvieron en poder del Plan República, con el mandato demorado de su traslado a Caracas.

“La decisión, acordada por unanimidad, se tomó tras evaluar las condiciones complejas de los sitios inhóspitos a las que corresponden las actas faltantes y el vencimiento de los tiempos legales establecidos”, argumentó el CNE.

De injustificable calificó, por su lado, el vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, el atraso en la totalización de estas actas.

El domingo 28 de noviembre, la JNE designó una comisión ad hoc encargada de totalizar las actas faltantes las cuales, se informó, estaban siendo recibidas ese día. La comisión totalizadora se instalaría el lunes 29 para totalizar el contenido de las actas. El país daba por descontado que el mismo lunes se conocerían los ganadores, cerrando así el episodio.

3. La primera sentencia

A las 2:00 de la tarde del lunes 29 de noviembre, la Sala Electoral, en sentencia Nº 78, admitió una acción de amparo constitucional con solicitud de medida cautelar interpuesta por Adolfo Superlano.

¿Quién es Adolfo Superlano? Candidato a la gobernación de Barinas en estos comicios, por tarjetas como las de MIN-Unidad, Movimiento Republicano y Movimiento Ecológico, según consta en la Oferta Electoral del CNE. Diputado a la Asamblea Nacional por Barinas en la legislatura 2015-2020, apoyó la elección de Luis Parra como presidente de la AN en enero de 2020. Según reseñas de prensa, ha sido sancionado por los Estados Unidos.

Adolfo Superlano denunció ante el TSJ la “presunta violación de los derechos constitucionales a la participación y el sufragio”, previstos en la Constitución, “con base en los hechos públicos y notorios relacionados con el clima de tensión entre las militancias políticas que hacen vida en el estado Barinas, así como a la remisión por la Junta Electoral Regional de las actas de totalización a la JNE del CNE”.

El accionante también expuso la “supuesta existencia de procedimientos y averiguaciones administrativas y penales” contra el también candidato Freddy Superlano, “que cursan ante los órganos competentes del Estado”.

Se cita la Resolución N° 01-00-000334, de fecha 17 de agosto de 2021, dictada por la Contraloría General de la República, mediante la cual resolvió inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público a Freddy Superlano, el abanderado de la opositora MUD con quien se disputaba la gobernación el mandatario oficialista y aspirante a la reelección Argenis Chávez.

Hasta el 4 de septiembre el CNE admitió la presentación de postulaciones. El 3 de septiembre, Freddy Superlano declaró en una entrevista: “Estoy habilitado desde que recibí el indulto, ayer (2 de septiembre) se realizó el proceso de inscripción ante el CNE y no hubo ningún tipo de problema”.

Los ejemplos de un doble rasero en la admisión de postulaciones con opositores inhabilitados sobran. ¿Por qué el sistema de postulaciones del CNE permitió la candidatura de Freddy Superlano, si por esos días rechazó otras como las de Daniel Ceballos, en el Táchira, o Richard Mardo, en Aragua? En casos como el de Eduardo Samán, en Caracas, medios informaron que el disidente del PSUV se postuló el 9 de agosto con la tarjeta del PCV, pero el CNE esperó hasta el 5 de septiembre para notificarle su inhabilitación.

Así las cosas, en su primera sentencia del lunes 29 de noviembre en la tarde el TSJ le ordenó al CNE la “inmediata suspensión de los procedimientos y/o procesos vinculados a la totalización, adjudicación y proclamación del CNE” respecto de los candidatos al cargo de gobernador de Barinas “hasta tanto se decida el fondo del asunto”.

La JNE de inmediato suspendió los procedimientos, tras acatar la medida cautelar. ¿En cuánto tiempo el TSJ decidiría el fondo del asunto?

4. La segunda sentencia

El mismo lunes 29 de noviembre a las 10:30 de la noche, la Sala Electoral, en sentencia Nº 79, decidió:

4.1. “INHABILITADO” DESDE AGOSTO | Con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta con solicitud de medida cautelar, con fundamento en la Resolución del 17 de agosto de 2021 dictada por la Contraloría General, mediante la cual resolvió inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público a Freddy Superlano.

Hasta el 9 de septiembre el Cronograma Electoral contempló el lapso de presentación de recursos contra la admisión de las postulaciones, con base en el artículo 65 de la LOPRE. La inscripción y admisión de la candidatura de Freddy Superlano fue pública, notoria y comunicacional. ¿Por qué ningún actor en el estado Barinas ejerció el derecho de presentar el respectivo recurso en contra de esa postulación, en el lapso de ley?

Aún si no hubiere recurso, hasta semana antes de las elecciones algunos actores políticos denunciaron que, tiempo después de haber admitido sus candidaturas, el sistema de postulaciones las había rechazado. En la Oferta Electoral del CNE todavía es posible ver en algunos casos un círculo rojo con un signo de exclamación y el mensaje “Estatus: rechazada por inhabilitación” sobre algunos candidatos. Algunos ejemplos, todos del PCV, son los de las candidaturas de Guillermo Bernáez (Cajigal, Anzoátegui), José Noguera (Guanta, Anzoátegui); Carmen Saravia (Brión, Miranda) y Wilfredo Rivero (Cruz S. Acosta, Sucre). Sin embargo, junto al nombre de Freddy Superlano nunca apareció este aviso.

El rector principal del CNE Roberto Picón explicó el 30 de noviembre en un comunicado personal que la inhabilitación de Freddy Superlano era desconocida para el CNE al momento de su postulación.

Además de todo lo anterior, Freddy Superlano fue uno de los 110 opositores a los cuales el jefe de Estado, Nicolás Maduro, concedió indultos mediante un Decreto Presidencial de agosto de 2020. Hace un año y tres meses. La medida extinguió la acción penal que recaía sobre cada uno de ellos.

4.2. BORRÓN Y CUENTA NUEVA | La Sala Electoral dejó sin efecto todos los procedimientos y actos celebrados conforme al Cronograma Electoral, en el proceso realizado en el estado Barinas, en lo que respecta a la elección del cargo de gobernador, a partir de la presentación de las postulaciones, inclusive, “para garantizar los derechos colectivos de los ciudadanos y ciudadanas de la entidad territorial”, exponen.

Es de esperar, en consecuencia, un cronograma electoral ad hoc a partir de la presentación de postulaciones, que era la actividad 39 de un total de 94 que conformaron la elección 2021. El CNE, entonces, debe disponer aproximadamente 40 actividades en un lapso de poco más de un mes, traspasado por los recesos navideños de la administración pública.

Ni el gobernador oficialista Argenis Chávez ni el candidato de la MUD Freddy Superlano serán candidatos. El primero declinó; el segundo, fue impedido por la vía judicial después de haber ganado. ¿Hay tiempos políticos suficientes para que los factores del gobierno y la oposición acuerden abanderados con los necesarios liderazgos que la situación amerita?, ¿cuáles candidatos competirán o se abstendrán en esta sobrevenida elección?, ¿qué decidirán los electores?

Con 959 de las 961 actas escrutadas, la abstención en el estado Barinas el 21 de noviembre fue de 54%, según la divulgación de resultados del CNE actualizada al lunes 29 de noviembre a las 6:24 p.m. Tres puntos más baja que la media nacional.

4.3. SUPERLANO, “INELEGIBLE” | La Sala ordenó la realización de un nuevo proceso electoral en Barinas para la elección del cargo de gobernador, argumentan, “a los fines de garantizar el derecho a la participación activa y pasiva de quienes acudieron al evento electoral para elegir a gobernador”.

Reconoce el TSJ que, aun cuando las “proyecciones consignadas por el CNE” -así las llaman- dan un porcentaje de votos a favor del candidato Freddy Superlano del 37,60% con respecto al 37,21% de votos obtenidos por el candidato Argenis Chávez, consideran que la “condición de inelegibilidad” del candidato Freddy Superlano “violenta los principios de igualdad, equidad y transparencia en la participación de los candidatos y las candidatas en la oferta electoral, así como de los electores y electoras en el ejercicio del sufragio activo”.

Es decir, sin especificar votos absolutos por lo menos en el auto de la decisión, puesto que la sentencia todavía no ha sido publicada en extenso al cierre de esta nota, el TSJ reconoce que Freddy Superlano ganó la elección.

En sus declaraciones de reacción, el 30 de noviembre, Freddy Superlano aseguró que el “TSJ está deslegitimando al CNE” y que la repetición de elecciones es “un golpe de estado constitucional” en Barinas. “Cuando la Junta Nacional Electoral empezaba a totalizar y estábamos ganando, un poder del Estado le da la orden a otro poder diciendo que no podían totalizar, pero ya se había totalizado”, aseguró, citado por Efecto Cocuyo.

4.4. CON FECHA INCLUIDA | El TSJ le ordena al CNE, convocar para el 9 de enero de 2022 las elecciones de gobernador del estado Barinas.

Usurpa, además, la Sala Electoral atribuciones constitucionales exclusivas del Poder Electoral, al fijar la fecha de la nueva elección. El artículo 293 de la Constitución establece que el Poder Electoral tiene por funciones, entre otras, las de declarar la nulidad total o parcial de las elecciones y las de organizar todos los actos relativos a estas.

Antes, en el caso de la elección sobrevenida de gobernador en el estado Zulia, celebrada en diciembre de 2017 luego de que el candidato opositor se negara a juramentarse ante la cuestionada Asamblea Constituyente, la fecha de la votación la decidió el directorio del CNE. También en 2014, como consecuencia de la condena y destitución impuestas por el TSJ a los alcaldes opositores en ejercicio de San Cristóbal y San Diego, el directorio del CNE igualmente decidió la fecha de ambas elecciones sobrevenidas.

Sin protesto alguno, el CNE acordó el 30 de noviembre en la tarde convocar la elección del cargo de gobernador del estado Barinas. Junto con la convocatoria, también fue aprobado el cronograma electoral de este proceso, que será publicado este 1 de diciembre. Algunos hitos son:

Lapso de postulaciones para que las candidaturas se reflejen en boleta: del 2 al 6 de diciembre.

Lapso para que partidos postulantes puedan hacer modificaciones y sustituciones: del 18 al 30 de diciembre, pero estos cambios no se verán en la boleta.

Campaña electoral: del 22 de diciembre al 6 de enero de 2022.

Cuatro auditorías: de archivos de configuración de máquinas de votación; de producción de máquinas de votación; de puesta cero de los centros nacionales de totalización; y de telecomunicaciones.

5. El contexto

“Especialmente la falta de independencia judicial y el irrespeto del Estado de Derecho afectaron desfavorablemente a la igualdad de condiciones y a la imparcialidad y transparencia de las elecciones”, expresó el pasado 23 de noviembre la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) al divulgar su declaración preliminar.

La titularon “Un retorno a la mesa electoral de la mayoría de las fuerzas políticas con mejoras en las condiciones electorales, aunque con persistentes deficiencias estructurales”. Después de 15 años sin pisar el terreno en Venezuela, los observadores de la UE visitaron 665 centros de votación en los 23 estados y el Distrito Capital.

El 28 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro declaró que la misión de observación de la Unión Europea buscaba “manchar y alterar al sistema electoral y democrático de Venezuela”. Señaló que “la delegación espía de la Unión Europea no encontró elementos para criticar el sistema electoral (…). Esos no eran observadores internacionales, andaban por el país desplegados, libremente, espiando la vida social, económica y política”. Puntualizó también, citado por el Minci, que “jamás se había visto lo que nosotros vimos de la Unión Europea en 22 años con otras delegaciones”.

En una carta fechada el 30 de noviembre, la Unión Europea indica que a pesar de las declaraciones de Maduro, el hecho de que la misión fuera bien recibida por una gran mayoría de venezolanos en el terreno y que respondieran positivamente a su declaración preliminar, sugiere que la decisión de ir a observar fue la correcta. “Fue útil para el pueblo venezolano y permite a la UE y a la comunidad internacional evaluar mejor los hechos en el país”.

Cómo organizar elecciones libres y justas es, de hecho, uno de los temas clave para cualquier solución políticamente negociada a la crisis venezolana, diserta en ese texto el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

En el OEV consideramos que la observación de los procesos electorales en su ejercicio imparcial, responsable e independiente es una práctica común en cada evento comicial del mundo, orientada a identificar y prevenir errores, distorsiones y manipulaciones que afecten la naturaleza y los resultados del evento electoral. Como parte del respeto al Estado de derecho y en sintonía con los derechos humanos, la observación electoral debe ser respetada, por estar garantizada en declaraciones internacionales y legislaciones nacionales, y por permitir tanto a las administraciones electorales como a los ciudadanos obtener miradas técnicas, plurales e independientes acerca de los procesos electorales, para el bienestar de la salud democrática de las naciones.

Boletín 75

Segunda quincena de noviembre 2021

https://oevenezolano.org/2021/12/boletin-75-el-caso-barinas-ensombrece-l...