El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) comparte con los electores las notas de nuestra observación a la auditoría de software de la máquina de votación rumbo al 21-N. De la revisión se desprende que funciona bien, es seguro y está configurado para que el voto sea secreto, y, sobre todo, auditable, con amplias herramientas para hacerlo

La auditoría del software de la máquina de votación se celebró del 30 de agosto al 10 de septiembre. Representantes de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil realizaron durante estos días el proceso de observación y levantamiento de información del estado general de las aplicaciones que conforman el sistema automatizado de votación, configurado para las elecciones regionales y municipales de noviembre de 2021.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) invitó al OEV a observar esta auditoría a través de plataformas virtuales. En esta nota presentamos a los electores un resumen de las anotaciones y conclusiones a las cuales llegó nuestra observadora Ana Morales Bezeira, profesora de la Escuela de Computación en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La profesora Morales es doctora en Ciencias de la Computación, mención Redes. Es jefa del Centro de Investigación de Comunicaciones y Redes (CICORE) y coordinadora del Laboratorio de Redes Móviles, Inalámbricas y Sistemas Distribuidos (ICARO) en la UCV.

El proceso de auditorías consistió en la revisión detallada de cinco softwares que conforman la estructura del sistema automatizado de votación. Ellos son:

Módulo de transmisión (ContingencyTransmissionTool).

Módulo de protección y seguridad de los datos electorales (DataProtector).

Módulo SAI (SAIUnlock).

Módulo de captura y validación de huellas dactilares (SessionLogsAndFingerprintsValidator).

Software de máquina de votación (VotingMachine).

El proceso de auditorías partió desde los archivos hash resultantes como definitivos del proceso de auditoría integral al sistema automatizado de votación realizada por 10 académicos, de reconocida competencia en estas materias, entre junio y julio, de la cual surgieron un conjunto de observaciones y modificaciones.

¿Y qué es un archivo hash? Es una especie de firma digital que se hace para proteger los archivos de un software. Es el resultado de una técnica compleja, que arroja un código único. Si se hiciera una nueva modificación a los archivos del software, este código ya no coincidiría.

Así, la auditoría integral de los académicos arrojó al final un código. Este fue recibido por los participantes de la auditoría del software, certificando que no hubo cambios al sistema entre esa fecha y esta. Luego de las respectivas mejoras de esta auditoría se generó otro código, que usarán los participantes de la auditoría de producción de máquinas, a partir del 26 de octubre.

Estos son 10 de los aspectos observados, en orden cronológico durante la auditoría, y algunas oportunidades de mejora resultantes de nuestra observación:

1.En la auditoría se mostró cómo las bases de datos en la máquina de votación se encuentran vacías, así como las validaciones de inicialización que hace el software de las máquinas al momento de su instalación. Esto se hace con la finalidad de garantizar que no existan registros previos de procesos de votación en esas bases de datos.

¿Qué significa lo anterior? que la máquina al inicio del proceso de votación empieza vacía, con cero votos, como es debido.

2.Se observó en la auditoría que, al momento del proceso de inicialización e instalación de las máquinas de votación, no se registra ni se valida la identidad de los miembros que abren la mesa.

Al respecto, los técnicos señalaron que ese registro se realiza de manera manual. Solo al final de la jornada electoral, cuando ya se cierra la mesa y la máquina de votación, es cuando el sistema permite agregar miembros de mesa para generar e imprimir el acta de escrutinio y cierre de la mesa.

Sobre este particular, el OEV sugiere que la carga de la información de identidad de los miembros de mesa en cada máquina también se podría realizar manejando una base de datos de miembros de mesa, ya que esta es una información que se conoce de manera anticipada al día de la votación. Esta sugerencia debe entenderse como una oportunidad para agregar valor al sistema; la manera como se hace ahora, sin embargo, no pone en riesgo el proceso.

3.En la auditoría se observó que, una vez instalada una máquina de votación, no es posible cambiar o modificar los archivos de su base de datos, ni los archivos de los electores de una máquina.

Es esta una garantía favorable para los electores.

4.Se observó que el tiempo máximo que tiene un votante de interactuar con el sistema de votación durante el proceso de selección de sus candidatos es de tres minutos; transcurrido ese tiempo el sistema de manera automática genera e imprime un voto nulo.

Se sugirió que se incremente este lapso a por lo menos cinco minutos, ya que el proceso electoral 2021 resulta complejo para el votante, y de muchas selecciones (se elegirán gobernadores, legisladores, alcaldes y concejales el mismo día), sobre todo si es decisión del elector hacer un voto cruzado (por más de una tarjeta). Los técnicos indicaron que se elevaría esa sugerencia a las autoridades del CNE.

5.En esta auditoría se presentaron observaciones y comentarios referentes a la forma en que son presentadas las opciones de voto a los electores. Esto, en palabras técnicas, se refiere a la interfaz de experiencia de usuario, partiendo de la interfaz principal con la tarjeta electoral en la cual salen todos los partidos, que llamaremos interfaz 1 para fines explicativos.

En la experiencia del voto, primero se debe seleccionar una tarjeta de un partido político; es decir, se ata todo el voto a esta primera selección. Luego, se va a la interfaz en la que se observan dos secciones: gobernador y consejos legislativos; y alcaldes y concejos municipales, del partido ya seleccionado. Si esto continúa así, se estaría entubando el voto.

Hacer un voto cruzado sí se podría técnicamente, pero resulta complejo para el elector: estando en la segunda interfaz le correspondería al votante deseleccionar alguna opción de voto, y volver atrás a la primera interfaz para realizar otras selecciones individualizadas de otra(s) tarjeta(s) de partidos políticos hasta completar su votación para todos los cargos.

6.Se explicó durante la auditoría las partes del código del software que se encargan de almacenar el voto en la base de datos. Una certeza: el orden en el que los votos se almacenan es aleatorio. Esto se hace con la finalidad de impedir el rastreo de sufragios en el mismo orden en el que lo realizan los votantes, y evitar asociar un voto de manera directa a un votante en particular, según su orden de votación.

¿Qué significa esto? que queda descartado el mito de que tecnológicamente la máquina revele por quién votó una persona en particular. No hay relación posible entre un elector y su opción de voto.

7.El sistema lleva un registro de los tiempos de votación empleados por cada usuario. Esto con la finalidad de, en el futuro, tener una mayor información del tiempo promedio que toma a los votantes interactuar con el sistema. Esta mejora es producto de la auditoría integral cumplida por 10 académicos venezolanos en meses anteriores.

8.En la auditoría se indicó que el acta incluye un código QR con información del escrutinio. Esta información puede ser utilizada por los partidos políticos para sus propias estadísticas e información requerida a través de aplicaciones desarrolladas de manera particular por las organizaciones.

¿Esto es positivo? sí, porque contribuye a la trazabilidad de los resultados e incrementa la trasparencia.

9.El representante de la MUD preguntó si al momento de la transmisión se vuelve a realizar un recálculo de los escrutinios. Se aclaró en la auditoría que no. Una vez realizados los escrutinios y creada el acta, momento en el cual se hacen los cálculos de resultados del proceso, este procedimiento de cálculos no se vuelve a realizar. La transmisión se hace únicamente con el paquete que se construye a partir de los escrutinios ya calculados una vez que se cierra la mesa de votación.

¿Que no se haga este recálculo es positivo? Sí; y también da certezas sobre la seguridad en la fase de transmisión de los votos.

10. El procedimiento a seguir en los casos de las personas con ausencia de miembros superiores, o problemas en las manos y ausencia de huellas es con asistencia e intervención del presidente de la mesa, quien debe intervenir utilizando su clave especial y sus huellas dactilares.

Finalmente, como resultado de la auditoría al software de la máquina de votación, el cuerpo técnico del CNE hizo mejoras y modificaciones al software final. El conjunto de modificaciones realizadas se resume en:

a) Cambios en los métodos de generación de claves, tanto las de los entes representantes del CNE, como para la generación de claves de los representantes de los partidos políticos. Asimismo, se asoció a cada clave el nivel de acceso (administrador, partido político…) al que pertenece. De igual forma, se modificó el código para que cada máquina de votación manejase una clave única.

En resumen, todo esto es positivo desde el punto de vista de la seguridad del sistema.

b) Cambios en el método que gestiona la lista de no duplicidad en las máquinas de votación.

¿Qué es la lista de no duplicidad? Es una suerte de “cola” en donde se almacena de manera aleatoria la huella de cada elector una vez que su proceso de votación se completa. ¿Y para qué se genera esa cola? Para garantizar que si luego el mismo elector pretende volver a votar, lógicamente con su huella, el sistema no se lo permita.

¿Cómo era antes? Solo se registraban las huellas que se captaban y validaban satisfactoriamente. ¿Por qué con el cambio ahora es mejor? Porque se incluyen también todas aquellas huellas captadas del votante (es decir, las llamadas “no match”; las borrosas o difíciles de identificar), almacenando no solo las ya enroladas en el sistema, sino las de nueva captura.

Se aclara aquí que las huellas en la lista de no duplicidad se almacenan de manera aleatoria; es decir, no coinciden con el orden en el que se registran las opciones de voto seleccionadas. Esto da garantías para el secreto del voto.

c) Se agregó en el acta impresa de escrutinios la fecha y hora de apertura, y hora de cierre de cada mesa.

En resumen, luego de conocer el informe y la valoración técnica de nuestra observadora en esta auditoría, podemos concluir que el software de la máquina de votación funciona bien y es seguro. Está configurado para que el voto sea secreto, se cuente y transmita bien y, sobre todo, sea auditable; en este sentido, los actores participantes disponen de buenas herramientas para hacerlo. El mismo sistema ofrece amplias oportunidades de auditabilidad que permiten detectar cualquier alteración o irregularidad en los procesos de votación, conteo y totalización.

Boletín 71

Septiembre de 2021

https://oevenezolano.org/2021/09/boletin-71-el-software-de-las-maquinas-...

El software cuenta bien los votos de cada candidato y partido. No hay manera de atacar el sistema vía internet al momento del escrutinio. Es parte del resumen de hallazgos del equipo plural de 10 acreditados académicos que, durante más de seis semanas, hicieron la auditoría integral al sistema automatizado de votación. Los resultados que ofrecen son positivos

Las principales características que desde el punto de vista técnico debe cumplir un sistema automatizado de votación son el secreto del voto, la transparencia del voto, la confiabilidad de las cuentas que se hagan y la seguridad del voto, que incluye la no comunicación de las máquinas de votación con un ente externo durante el proceso de votación y antes del escrutinio, y la no comunicación, ni por internet ni por otra vía, del dispositivo capta huellas y con las máquinas.

En el sistema automatizado de votación venezolano no hay fallas que pongan en duda alguna de estas principales características, dijo Robinson Rivas, magíster en Ciencias de la Computación y director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela.

Todas estas cosas fueron verificadas en la auditoría integral al sistema automatizado de votación que, de manera inédita, tuvo lugar durante más de seis semanas de trabajo continuo entre los meses de junio y julio.

Los 10 auditores académicos ofrecieron una rueda de prensa el 26 de julio para compartir el balance general de esta revisión científico-técnica. Además de Rivas, sirvió como vocero el también auditor Emilio Hernández, doctor en ciencias de la computación de la Universidad de Southampton de Inglaterra y profesor titular jubilado de la Universidad Simón Bolívar.

Con base en sus declaraciones a la prensa, elaboramos esta lista de 10 preguntas y respuestas sobre la auditoría integral al sistema automatizado de votación de Venezuela:

1. ¿Es plural el equipo de auditores?

Ciertamente es plural, porque es fruto de propuestas y nombramiento por consenso entre actores del Poder Electoral provenientes de distintas corrientes del pensamiento. Todos se caracterizan por su alto profesionalismo y probados conocimientos en estas áreas.

Emilio Hernández: doctor en ciencias de la computación de la Universidad de Southampton de Inglaterra. Profesor titular jubilado de la Universidad Simón Bolívar.

Robinson Rivas: magíster en Ciencias de la Computación de la Universidad Simón Bolívar. Director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela.

Joali Moreno: doctora en Ciencias de la Computación de la Universidad Central de Venezuela, en cuya escuela de computación es profesora desde el año 2003.

Alfredo Marcano: magíster en instrumentación de la Universidad Central de Venezuela. Físico graduado de esa misma casa de estudios, donde dictó cátedra.

Jorge Ernesto Rodríguez: doctor en Software de la Universidad Politécnica de Cataluña. Profesor titular de la Universidad de Carabobo, con 26 años de experiencia en docencia.

Antonio Russoniello: magíster en Ciencias de la Computación de la Universidad Central de Venezuela. Profesor de la UCV e invitado de la Universidad Bicentenaria de Aragua.

Juan Carlos Villegas: doctor en Ciencias y profesor titular de la Universidad de Los Andes. Profesor de Física Moderna y Óptica, Termodinámica y Mecánica Estadística Avanzada.

Carlos Acosta-León: doctor en Informática de la Universidad de Edimburgo. Especialista en informática forense y gestión de la ciberseguridad. Profesor de la UCV.

Víctor Theoktisto Costa: doctor en Computación de la Universidad Politécnica de Cataluña, España, e investigador asociado. Profesor titular de la Universidad Simón Bolívar.

Eugenio Scalise: doctor en Ciencias de la Computación y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Director del posgrado en Ciencias de la Computación de la UCV.

Un perfil profesional más amplio de ellos fue publicado en nuestro Boletín OEV 65.

2. ¿Qué es el sistema automatizado de votación?

Es un sistema que nació en el año 2004 con varios propósitos u objetivos: evitar las irregularidades que tenían los sistemas de votación manuales; dar un escrutinio preciso basado en sistemas de información y en sistemas de transmisión y de computación, y dar los resultados de forma rápida, el mismo día de la votación, lo cual contribuye a la paz social, explicó Hernández.

El sistema de votación es integral porque tiene muchas partes. Cuando un elector va a ejercer su derecho al voto en una máquina, allí está corriendo un software y ese se comunica con otro que está en el centro de totalización, a través de una red de comunicaciones prestada por empresas de telecomunicaciones. Algunos se van a comunicar de manera inalámbrica, satelitalmente, otros telefónicamente, detalló Rivas.

Pero, además, antes de que el elector llegue a la pantalla a votar hay una serie de procesos que garantizan que lo que está puesto allí ha sido configurado de manera correcta.

El sistema no es solamente el software, sino también la infraestructura, el hardware, la plataforma, los sistemas de transmisión, los procedimientos y otros elementos vitales para el cumplimiento de sus objetivos.

Los auditores tuvieron oportunidad de revisar a profundidad cada uno de los elementos del sistema integral.

3. ¿Cuál es la conclusión principal de la auditoría?

El sistema automatizado de votación cumple a cabalidad con los objetivos de dar un escrutinio preciso, de hacerlo de la manera más rápida posible, de garantizar la privacidad del sufragio y que no se sepa por quién votó cada quién, de garantizar en un altísimo grado de casi 100% que no haya suplantación de identidad y otros objetivos importantes que debe cumplir un sistema, enumeró Hernández.

“Tanto el software, como el hardware, como los sistemas de transmisión tienen un nivel de sobredimensionamiento del objetivo; es decir, es como si pudieran estar seguros de que con un vidrio blindado no pasa un proyectil… bueno, en casi todo el sistema no hay un vidrio blindado, sino tres o cuatro”.

Entre los elementos que conforman este sistema “altamente robusto (…) de alta disponibilidad y de alto rendimiento”, Hernández enumeró:

-Los sistemas de seguridad, con posibilidad de transmitir a dos centros nacionales de totalización para que, en caso de que uno falle, el otro se active.

-La posibilidad de que se comunican entre sí con sistema de fibra oscura, de fibra óptica, para garantizar que haya redundancia.

-La posibilidad de que, la transmisión que se realiza desde las mesas de votación, si no se hace de una manera existe un plan B y un plan C.

4. ¿Qué se dice sobre el software?

Que cumple con todos los objetivos y requisitos necesarios para que la votación sea exitosa y los resultados sean dados en el menor tiempo posible, declararon los auditores.

El software está dividido en dos grandes módulos principales: uno que va en la máquina de votación y otro que va en el centro de totalización. Los auditores los revisaron, así como su código fuente, e hicieron pruebas para ver cómo funciona por dentro.

Este software revisado parte del que se utilizó en las parlamentarias de 2020. “No hemos detectado irregularidades que invaliden algo de lo que hacía el software del que partimos como base, que es el del año pasado”, expresó Rivas.

Los auditores hicieron sugerencias para “minimizar la posibilidad” de que, por una vía que no sea la del software, algún funcionario de algún nivel tenga la suficiente autoridad como para, por ejemplo, evitar publicar algo o cambiar una alianza electoral en forma extemporánea. “Esas cosas no las permite el software, y en la medida en que el software dé menos libertades para hacer eso, va a ser más robusto”, expuso Rivas.

5. ¿El software que estará en las máquinas en noviembre será el mismo que los auditores revisaron, o hay oportunidad de hacer modificaciones?

El sistema usa las técnicas computacionales que se utilizan internacionalmente para garantizar que un software no ha sido alterado y que es el que los expertos han revisado. Los 10 auditores pudieron constatar que el software del sistema automatizado de votación venezolano efectivamente cumple con estas características. “Hay técnicas que garantizan de manera técnica que el elector, una vez que está frente a la máquina, este software que está allí está cumpliendo todo lo que se ha revisado”, aseguró Rivas.

6. ¿Qué se dice sobre el hash?

El hash es una especie de firma que se hace a un software. Para esto se aplica una técnica que arroja un código bastante complejo. Si se altera cualquier detalle (imagine que tiene toda la Biblia y le quita un solo punto), el código que genera es diferente.

Esta tecnología se utiliza de manera que, cuando un auditor valida un software, puede volver en cualquier momento futuro para saber si el software del presente es el mismo del pasado. Si el código es el mismo, significa que el software no se ha modificado.

Cada vez que hay una nueva mejora puntual (es decir, una mejora que no cambia el espíritu del software), se compara el software anterior con el actual, con el que tiene esa mejora. De esta manera se garantiza que el software ha sido el mismo que un auditor ya revisó. En las actas de las auditorías, que son públicas en la web del CNE, va quedando el hash.

7. ¿Revisaron cosas que no estaban previstas al inicio de la auditoría?

Sí. Los auditores afirmaron que tuvieron libertad de acción sobre cómo hacer las pruebas. Citaron tres ejemplos:

-No estaba previsto, en principio, ver la infraestructura de transmisión. Los auditores lo solicitaron, recibieron a los equipos del CNE, Cantv y Movilnet y lo revisaron en detalle. Así complementaron información sobre cómo se hace la transmisión, y se aseguraron de que hay réplica, de que si en algún momento falla un enlace hay otro, y de que no hay acceso a internet desde la plataforma, enumeró Joali Moreno Pinto, doctora en Ciencias de la Computación de la Universidad Central de Venezuela.

Adicionalmente, solicitaron ver el sistema de producción de máquinas, lo cual no había sido concretado al 26 de julio.

-La auditoría integral empezó con una propuesta de plan de actividades, sobre la cual los expertos cambiaron la forma de hacer algunas de las pruebas, se dijo en la rueda de prensa.

-Cuando estaban viendo el software de las máquinas de votación, pidieron también adelantar las pruebas de comunicaciones con el centro de totalización, y así lo hicieron.

8. ¿Los auditores tuvieron contacto con los representantes de los partidos políticos para las próximas auditorías?

No. Y como dijo Rivas, “afortunadamente” no, porque el trabajo de estos 10 expertos fue desde el punto de vista técnico y académico. Ninguno representa a partidos políticos, sino en todo caso a las universidades venezolanas en las cuales ejercen la docencia y la investigación.

Los auditores también se reunieron con la misión exploratoria de la Unión Europea que estuvo en Venezuela en julio. Les presentaron el sistema e intercambiaron preguntas, comentó el auditor Antonio Russoniello (UCV).

9. ¿Cuáles recomendaciones hacen los auditores al CNE?

Ningún sistema es perfecto y siempre habrá cosas que se puedan mejorar, aclararon los voceros. El sistema funciona bien como está, pero a lo largo de las seis semanas de auditoría integral los académicos hicieron observaciones y sugerencias menores acerca de mejoras que permitan reforzar la seguridad y la confiabilidad de algunos procesos que siguen siendo manuales en términos de las elecciones. “En la medida que haya menos procesos que dependan de la autoridad de alguien de la institución, va a ser más confiable para todos”.

Las observaciones hechas en el momento fueron públicas, porque la auditoría se transmitió todos los días en directo vía streaming a través del canal del CNE. Los técnicos del CNE tomaron nota de esos cambios e incluso algunos eran tan menores que los hicieron en breve. Otros sí requieren una certificación del software, por lo que no estuvieron de un día para otro.

A largo plazo, la mayoría de auditores recomiendan una migración progresiva a software libre para que haya un mayor nivel de transparencia. “Para nada esto compromete el sistema actual por no tener software libre”, aclaró Hernández.

Otra, es pensar en un sistema que permita agilizar o hacer más fácil la verificación del software, como podría ser el uso de máquinas virtuales. “Es solo una sugerencia, que no desmerita en nada el software actual”, aclaró, por su lado, Rivas.

Sugirieron también, como innovación, la posibilidad de que en las actas que se imprimen al final del día de la elección se incluyan códigos QR que den información oficial y auténtica de los resultados en esa máquina de votación.

“Si todos los ciudadanos pudiéramos ver efectivamente lo que está ocurriendo en todas y cada una de las aproximadamente 30.000 máquinas en un proceso electoral en el país, el nivel de confianza del sistema electoral aumentará”, dijo Rivas.

Las recomendaciones y la memoria general de esta auditoría integral estarán contenidas en un informe final que los auditores entregarán al CNE. Los académicos desean que los detalles técnicos del sistema sean ampliamente conocidos dentro y fuera de Venezuela.

10. ¿Qué significa que hayan hecho la auditoría en este momento del proceso electoral?

La auditoría se hizo antes de las campañas electorales, incluso antes de que se sepa quiénes son los candidatos y en qué orden van a estar las tarjetas en la pantalla, dijeron los voceros.

Esto es importante y fundamental para la generación de confianza, porque el software de votación actúa de manera genérica, independiente de los candidatos que vayan a participar. “En este momento, que no sabemos el orden de las tarjetas, el software cuenta cuánto tiene el candidato 1, el candidato 2, el candidato 3… pero no se sabe quiénes son; es decir, no hay manera de anticiparse a un posible fraude”, afirmó Hernández.

Recordaremos, al cierre, que esta auditoría integral representa una garantía electoral inédita y adicional al conjunto de 14 auditorías ordinarias que se suelen hacer a aspectos puntuales de los procesos electorales en sus distintas fases, estas sí con participación de auditores designados por actores políticos participantes del proceso electoral en marcha.

Desde el OEV valoramos positivamente esta iniciativa del directorio del CNE de desarrollar una auditoría integral al sistema automatizado de votación, e insistimos en que la confiabilidad de las auditorías, así como en todo el proceso, reside en buena medida en la observación y vigilancia que se siga teniendo desde miradas plurales y heterogéneas.

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Disponer de casi 200 días contrasta con procesos pasados que fueron organizados hasta en menos de 50. Este pequeño bono de tiempo debe ser retribuido, sin embargo, en tres grandes desafíos: aglutinar más garantías en la elección más compleja de los últimos años, precautelar la salud de todos los actores en tiempo de pandemia y sortear los obstáculos que impone un contexto nacional signado por restricciones de movilidad y precariedad de servicios.

Serán, en todo caso, unos comicios distintos, con un número récord de cargos a elegir, para una administración electoral con rostros también diferentes y sobre un tablero político nacional en movimiento. Con sus primeros pasos, el CNE mantiene la rendija abierta

El diccionario define “prueba de fuego” como una prueba comprometida y decisiva, en la que es necesario demostrar que se está a la altura de lo esperado. Este es el reto de los recién designados integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) con la organización ya en curso de la elección conjunta regional y municipal 2021, que renovará a los gobernadores, alcaldes, legisladores estadales y concejales de Venezuela; los niveles más próximos entre los ciudadanos y sus gobernantes.

La configuración de esta nueva administración electoral ha sido el resultado de la búsqueda de un entendimiento nacional entre el gobierno, sectores de la oposición política y de la sociedad civil.

El “Cronograma electoral elecciones regionales y municipales 2021” contiene 89 actividades desde el 13 de mayo pasado y hasta mayo de 2022, con la última de las labores de la etapa poselectoral. Tales actividades son las que se encuentran legalmente previstas para un proceso de esta naturaleza. El OEV presenta 10 claves tras su revisión técnica al documento:

1. Tiempos: la mayor antelación en años

2. Registro Electoral: jornada con más oportunidad

3. Auditorías: similares a 2020, con ampliación prevista

4. Postulaciones: récord de cargos a elegir

5. Campaña: breve, en pandemia

6. Grupos de electores: ¡a correr!

7. Veeduría: no explícita, pero acordada

8. Simulacro y feria: consecuentes

9. Votación: 21-N

10. Bioseguridad y otras actividades importantes

Finalmente, debe subrayarse la importancia de que los electores y la sociedad civil permanezcan atentos al fiel cumplimiento del cronograma, que traza las reglas del juego, mientras los actores participantes del proceso inciden en la configuración de las condiciones electorales. Son los hechos y las decisiones que se tomen en el CNE los que irán marcando el carácter de este proceso electoral. Ojalá se cumplan las leyes y procedimientos, bajo marcos de acuerdo y consenso. Nuestro deseo es que la agenda electoral arroje frutos favorables para la resolución de los conflictos y la estabilidad política nacional.

Leer el boletín completo en:

https://oevenezolano.org/2021/05/especial-diez-claves-sobre-el-cronogram...

¿Se imagina solo una mesa de cinco? Pues en otras instancias del ente electoral se agregarán de manera permanente tres más, los llamados suplentes incorporados. ¿Y si alguno renuncia en el futuro, como ya ocurrió? Los otros suplentes también son importantes. Aguas abajo, no pocas decisiones de los procesos electorales provienen de los organismos subalternos. De allí la relevancia de que la designación que hará el Parlamento sea equilibrada y dotada de contrapesos

Por estos días en Venezuela se buscan nuevos ocupantes para los cargos directivos del Consejo Nacional Electoral. Muchos evocan la postal de solo cinco rectores, los principales, pero igualmente deben ser ampliada la panorámica a los 10 suplentes. Serán designados 15 en total, y 8 de ellos pasarán a tener responsabilidades en lo inmediato, tomando en cuenta los tres suplentes incorporados.

Más allá de la mesa principal de las decisiones, el ente rector del Poder Electoral se arma de una arquitectura autónoma que incluye tres órganos subordinados los cuales suman bajo su mando hasta 10 organismos, juntas y oficinas subalternas, sin contar las 24 juntas electorales regionales.

No es poco lo que se juega el país con la venidera designación. Al CNE le corresponde constitucionalmente ejercer la suprema dirección, conducción, supervisión, vigilancia y control de todos los procesos electorales y referendos.

El siguiente es un abecé de esa estructura interna:

1. El directorio

Los cinco rectores principales, llamados en la ley rectores electorales, conforman el directorio. Allí las decisiones se toman con el voto afirmativo de por lo menos tres de ellos.

Ninguno de los cinco debería estar vinculado a partidos políticos.

Tres de ellos provienen de postulaciones de la sociedad civil.

Uno, de postulaciones provenientes de las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales.

Uno, del Poder Ciudadano.

Al día siguiente de su designación, los cinco venezolanos que resulten designados rectores electorales deberán realizar la sesión de instalación, en la cual de su seno elegirán al presidente, al vicepresidente y al secretario del CNE.

El presidente y vicepresidente podrán durar tres años y seis meses en el ejercicio de esas funciones, según el artículo 37 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE). Esto significa que les corresponderá directamente encabezar las próximas elecciones de gobernadores, consejos legislativos, alcaldes, concejos municipales e, incluso, la proyección temporal indica que permanecerían en estas funciones para mayo de 2024, cuando se completarán seis años exactos de la más reciente y cuestionada elección presidencial.

Son atribuciones del presidente del CNE las de ejercer la representación oficial del Poder Electoral y su órgano rector, presidir las sesiones y dirigir los debates, convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias, girar instrucciones de obligatorio cumplimiento a los órganos subordinados y los organismos electorales subalternos, las oficinas regionales electorales y a cualquier persona en el ejercicio de sus funciones electorales, y designar y remover al personal de libre nombramiento y remoción.

El vicepresidente del CNE, comparativamente con menos atribuciones, suple las faltas temporales o accidentales del presidente, forma parte de los órganos subordinados del CNE en la forma que establece la ley y actúa por delegación del presidente en las materias asignadas o atribuidas a éste.

El secretario general del CNE es un venezolano distinto a los rectores designados, que debe ser abogado mayor de 30 años y con experiencia profesional mínima de cinco. Tampoco puede estar vinculado a partidos políticos. No tiene derecho a voto en el directorio. El secretario general puede ser designado y removido con el voto favorable de por lo menos cuatro de los rectores principales.

1. Los órganos subordinados

Debajo del directorio, el organigrama se divide en tres ramas: ¿qué son los órganos electorales subordinados? Son tres instancias del CNE que tienen carácter permanente, competencia nacional y despacho desde Caracas. Cada uno está conformado por tres miembros, y sus decisiones son tomadas con el voto afirmativo de por lo menos dos de ellos.

El primer órgano subordinado es la Junta Nacional Electoral: tiene a su cargo la dirección, supervisión y control de todos los actos relativos al desarrollo de los procesos electorales y referendos.

Entre sus funciones están las de planificar y ejecutar todos los actos relativos a las elecciones, elaborar las listas de elegibles a cumplir con el servicio electoral, proponer las circunscripciones electorales, fijar la fecha de la instalación de las juntas y las mesas electorales, y totalizar, adjudicar y proclamar candidatos que resultaren elegidos.

Otra función clave de la Junta es la de establecer el número y ubicación de los centros de votación y de las mesas electorales. Ha generado controversia en el pasado, porque estas decisiones se han tomado sin la suficiente transparencia, bajo criterios poco o nada conocidos por los electores y los actores políticos.

Debe presidir la Junta Nacional Electoral uno de los tres rectores principales postulado por la sociedad civil, junto a otro rector principal y a uno de los rectores suplentes de un rector principal distinto a los que conforman esta Junta.

La Junta Nacional Electoral tiene, a su vez, hasta cuatro Organismos Electorales Subalternos: la Junta Regional Electoral; la Junta Municipal Electoral; la Junta Metropolitana y la Junta Parroquial Electoral, cuando se crearen, y las Mesas Electorales.

El segundo órgano subordinado es la Comisión de Registro Civil y Electoral: está a cargo de la centralización de la información del registro del estado civil de las personas naturales, e igualmente asume la formación, organización, supervisión y actualización del registro civil y electoral.

Entre sus funciones están las de planificar, coordinar, supervisar y controlar el registro civil y electoral y conservar libros, actas y demás documentos correspondientes; proponer las normas y procedimientos para el levantamiento e inscripción del registro del estado civil de las personas; girar instrucciones a los alcaldes y otros funcionarios para la inscripción y levantamiento de las actas de registro del estado civil de las personas, y proponer las personas a ser designadas agentes auxiliares para ese levantamiento e inscripción.

Otra función clave de esta Comisión es la de depurar en forma continua y efectiva el Registro Electoral y publicarlo en los términos establecidos en la ley. Punto de polémica, porque uno de los reclamos hechos a su labor ha sido la falta de una auditoría independiente y profunda al RE.

Debe presidir la Comisión de Registro Civil y Electoral uno de los tres rectores principales postulado por la sociedad civil, distinto al anterior, junto a otro rector principal y a uno de los rectores suplentes de un rector principal distinto a los que conforman esta Comisión.

La Comisión de Registro Civil y Electoral está conformada, a su vez, por la Oficina Nacional de Registro Civil del Poder Electoral, la Oficina Nacional de Registro Electoral y la Oficina Nacional de Supervisión de Registro Civil e Identificación.

El tercer órgano subordinado es la Comisión de Participación Política y Financiamiento: a su cargo está promover la participación ciudadana en los asuntos públicos; la formación, organización y actualización del registro de inscripciones de partidos políticos, velando por el cumplimiento de los principios de democratización. Controla, regula e investiga los fondos de los partidos políticos, y el financiamiento de las campañas electorales de los mismos, de los grupos de electores, de las asociaciones de los ciudadanos, y de los ciudadanos que se postulen a cargos de elección popular por iniciativa propia.

Entre sus funciones también están las de crear los mecanismos que propicien la participación de los ciudadanos en los procesos electorales, ordenar el retiro de toda publicidad con fines directa o indirectamente electorales que se considere violatoria de la ley y tramitar las credenciales de los observadores nacionales o internacionales, así como las credenciales de los testigos de las organizaciones cuyo registro le compete.

Otra función clave de esta Comisión es la de investigar el origen y destino de los recursos económicos utilizados en las campañas electorales de los partidos políticos, así como la de solicitar el inicio de averiguaciones administrativas por presuntas irregularidades que se cometan en los procesos electorales. En el pasado ha sido cuestionada la inacción del CNE frente al uso de recursos públicos con fines electorales por parte de la coalición oficialista, así como el ventajismo de Estado en el acceso a la promoción de candidaturas.

Debe presidir la Comisión de Participación Política y Financiamiento uno de los tres rectores principales postulado por la sociedad civil, distinto a los dos anteriores, junto a otro rector principal y a uno de los rectores suplentes de un rector principal distinto a los que conforman esta Comisión.

La Comisión de Participación Política y Financiamiento está conformada, a su vez, por la Oficina Nacional de Participación Política y la Oficina Nacional de Financiamiento.

Este repaso a cómo funciona el CNE lo terminan de completar las Oficinas Regionales Electorales: esta es la unidad de la administración electoral en cada entidad federal de Venezuela, adscrita al CNE. Tiene a su cargo la supervisión y coordinación de las actividades regionales de la Junta Nacional Electoral, de la Comisión de Registro Civil y Electoral y de la Comisión de Participación Política y Financiamiento.

Cada Oficina Regional Electoral tiene competencia regional, carácter permanente y su sede se encuentra en la capital del estado respectivo.

El director de cada Oficina Regional Electoral debe ser venezolano mayor de 21 años, con título universitario o de técnico superior universitario y no estar vinculado a partidos políticos.

1. Aritméticas y consensos

Mucho se comenta en la opinión pública sobre la relevancia de la selección de los cinco rectores principales pero, como ha quedado claro en la descripción de la estructura del CNE, tres de los 10 rectores suplentes, al incorporarse cada uno al equipo de tres dentro de cada órgano subordinado, también adquieren voz y voto, responsabilidades técnicas y políticas en sus respectivos órganos subordinados. Podemos hablar, entonces, de ocho rectores en acción, sin desmeritar la importancia de los otros siete que quedan prevenidos en banca. En agosto de 2020, sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia desconoció su propia designación anterior y designó, luego de la renuncia del vicepresidente, a un nuevo rector distinto a los que habían sido designados como suplentes.

Desde que el TSJ empezó a designar rectores, en el año 2003, nunca hasta ahora el directorio del CNE ha mostrado una mayoría efectivamente independiente, hecho que han reclamado sectores de oposición. Durante este tiempo, sin embargo, la misma oposición también consiguió victorias electorales nacionales en 2007 y 2015, así como en varias elecciones regionales y locales.

La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral norman la obligatoriedad de un CNE independiente y autónomo, con rectores no vinculados a organizaciones con fines políticos. Un mandato que ha sido violado en directorios anteriores. En este contexto de polarización, en los corrillos políticos hablan de posibles fórmulas 3-2, 3-1-1 ó 4-1. En estas cuotas extraoficiales, llama la atención que no suelen incorporar las figuras de los tres rectores suplentes incorporados que también serán decisores dentro de los órganos subordinados, ni mucho menos del conjunto de los 15 rectores. Allí también se debe medir el equilibrio.

Tan importante como la aritmética del equilibrio de poderes es el acuerdo político entre los actores que exista y que se sostenga detrás de las decisiones que eventualmente tomará la plenaria de la Asamblea Nacional. Mientras más inclusivos sean la consulta y el diálogo, más saludable resultará para la democracia venezolana el próximo CNE. El escenario mejor es, en todo caso, el que produzca el consenso y la participación más amplios; el que termine siendo apoyado por más sectores de la vida nacional, incluidas voces disidentes.

El mes de marzo nos dejó esta idea de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet:

Bachelet

«El nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones».

Debe ser nombrado un árbitro que asome la posibilidad de unas elecciones que le den bases a la resolución de la crisis política; origen, como se ha señalado insistentemente, de la crisis general que sufre el país en todos sus ámbitos.|

Boletín 60

Segunda quincena, marzo de 2021

https://oevenezolano.org/2021/03/boletin-60-abece-de-la-estructura-interna-del-cne-por-que-son-clave-los-15-rectores/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=60

Resumen Ejecutivo

El 2020 es año electoral en Venezuela, por mandato constitucional. Corresponde la renovación, a través del ejercicio del derecho al sufragio, de los diputados integrantes de la Asamblea Nacional (AN) para la nueva legislatura 2021-2026.

Las elecciones presidenciales de mayo de 2018 resultaron ampliamente cuestionadas por sectores de la sociedad venezolana y por parte de la comunidad internacional, agravando el conflicto y la polarización entre los actores políticos. Partiendo de este antecedente, organizaciones, sectores y mediadores insistieron en la necesidad de alcanzar un acuerdo político amplio e inclusivo que hiciera viable la celebración de unas elecciones parlamentarias que abrieran caminos a la resolución de los problemas sociales, políticos, económicos, sanitarios y educativos que confronta la nación.

Un primer paso en esa dirección hubiese podido ser el nombra miento consensuado de un Consejo Nacional Electoral (CNE) creíble e imparcial, políticamente equilibrado, que mereciera la confianza de la opinión pública y que contribuyera a recuperar la confianza ciudadana en el voto como herramienta de la democracia.

En este punto radica el primero de 10 aspectos clave que caracterizan el proceso electoral parlamentario en curso:

1. La Constitución establece que los integrantes del CNE serán de signados por la AN con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la omisión legislativa en la designación de rectores del CNE. Lo hizo una vez más, en junio, como ha ocurrido por lo menos en cuatro oportunidades pasadas.

La decisión judicial se dio sin el consenso amplio de todas las fuerzas políticas nacionales y sin que el Comité de Postulaciones Electorales, constituido de manera plural en el seno del Parlamento, hubiese desarrollado su función de convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar ante la plenaria la lista de los candidatos a integrar el ente rector del Poder Electoral, de conformidad con la Constitución y la legislación electoral.

El Poder Judicial decidió además por los rectores los cargos directivos, aunque el artículo 296 de la Constitución establece que los integrantes del CNE escogerán de su seno a su presidente, de conformidad con la ley. Igualmente decidió por los rectores la distribución de sus tres órganos subordinados.

2. El TSJ también decidió desaplicar artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y ordenarle al CNE que, como consecuencia de la desaplicación declarada, procediera a asumir el desarrollo normativo pertinente, de conformidad con lineamientos señalados en uno de los fallos de la Sala Constitucional.

3. El CNE hizo cambios al sistema electoral, a la composición de escaños de la AN y al mecanismo de selección de representantes indígenas, sin un proceso inclusivo de consulta previa, como ha declara do la alta comisionada de Naciones Unidas Michelle Bachelet.

En primer lugar, la facultad de legislar corresponde al Poder Legislativo. Además, las “Normas especiales para las elecciones a la Asamblea Nacional período 2021 2026” y el “Reglamento Especial para Regular la Elección de la Representación Indígena en la Asamblea Nacional 2020” son de fecha 30 de junio; adicionalmente, la reforma a este último Reglamento Especial tiene como fecha el 14 de agosto; y la reforma al Título XIV del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales es del 14 de octubre. Tomando en cuenta que el día de la elección es el 6 de diciembre, con todas esas reformas se contraviene la Constitución en su artículo 298, que establece: “La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma”.

4. Los cambios en la composición de escaños, que elevan el número de cargos a elegir de 167 a 277 diputados, igualmente contraviene la aplicación del artículo 186 de la Constitución, a partir del cual se determina cuántos diputados tendrá cada legislatura. Teniendo Venezuela distintos números de población total en los años 2000, 2005, 2010 y 2015, el número de escaños siempre osciló entre 165 y 167 diputados en las anteriores cuatro legislaturas.

Para esta elección se creó una Lista de Adjudicación Nacional de 48 nuevos diputados, una novedad que carece de sustento constitucional.

5. El mecanismo de selección de la representación indígena ante la AN también sufrió cambios. Incluso, implicó una nueva reforma al reglamento aprobado por el CNE a menos de un mes de haberlo sancionado.

Partiendo del principio constitucional de que el sufragio es un derecho, que se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas, distintos actores coinciden en señalar que este sistema de escogencia no es directo, porque los electores de hecho ya votaron -en algunos casos, a mano alzada, dependiendo de la dinámica de cada asamblea por unos voceros, y serán estos quienes en definitiva sufraguen por los postulados a diputados -aquí, sí, mediante voto secreto, después de la reforma hecha-.

6. Un conjunto de decisiones del TSJ, mediante sentencias publica das entre junio y agosto, han “obstruido la libertad de selección de los representantes” de varios partidos políticos, como también ha llama do la atención la alta comisionada Michelle Bachelet. Son decisiones que, ha dicho, disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos.

La judicialización de los procesos internos de partidos políticos no solo ha afectado a organizaciones tradicionales de oposición y a formaciones que antes militaron con la alianza electoral oficialista, sino que impactan a todos los ciudadanos porque restringen la oferta electoral. Dirigencias suspendidas a través de estas medidas han calificado de acomodaticias e ilegítimas las direcciones impuestas y han exigido “respeto al desarrollo y ejercicio democrático de la vida orgánica de los partidos políticos”.

7. Esta elección parlamentaria 2020 permitirá el estreno de un nuevo sistema automatizado de votación, luego del incendio de marzo de 2020 que devastó la mayoría del parque tecnológico electoral venezolano. Faltando menos de 60días para la elección, en un contexto de amplias y razonables dudas entre el electorado, el CNE presentó las nuevas máquinas y los nuevos dispositivos de autenticación biométrica. Al cierre de este documento, están en desarrollo una serie de auditorías que deben ser rigurosas para garantizar el correcto funcionamiento del software, el secreto del voto y el principio de “un elector, un voto”, como efectivamente ha sido garantizado para procesos elec torales de años anteriores, como por ejemplo en las presidenciales de 2012 y 2013 y en las parlamentarias de 2015.

8. El Cronograma Electoral es una suerte de hoja de ruta del proceso, que contiene las etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos. El cronograma de este proceso electoral parlamentario 2020 ha sufrido varias modificaciones en cuanto a los lapsos de ejecución de varias de sus 88 actividades. Si bien la legislación permite la introducción de modificaciones, en las cuales no se afecten los derechos de las personas, así como tampoco los lapsos de los procedimientos establecidos en la ley, el respeto al cronograma es otro indicador de integridad electoral que contribuiría a crear condiciones de transparencia.

9. La observación electoral independiente es un punto fundamental. La autoridad electoral ha cursado más de 300 invitaciones; las más notables, hacia la Organización de Naciones Unidas y la Unión Euro pea. Luce cuesta arriba que la ONU pueda desplegar una misión de observación electoral, por razones de tiempo y logística. Europa ya descartó venir por razones similares, ya que su solicitud de aplazamiento de la fecha de la votación acompañado por una mejoría de las condiciones democráticas y electorales no fue acogida. Entre tanto, el CNE reformó el título del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales relacionado con los hasta ahora denominados observación nacional electoral y acompañamiento internacional electoral, que fueron renombrados como veeduría nacional electoral e internacional electoral, bajo algunos cambios.

10. Todo este proceso electoral venezolano se halla transversalizado por el curso del nuevo coronavirus. La autoridad electoral ha diseñado un Plan Estratégico de Bioseguridad de cara a estos comicios, los primeros que asume la nación en tiempo de pandemia.

Los árbitros electorales del mundo tienen el reto de mantener e incluso ampliar las garantías técnicas y electorales, al tiempo que garantizar condiciones sanitarias suficientes a los electores y a todos los demás actores involucrados en la dinámica electoral, mediante la adopción de acertados protocolos de bioseguridad. El objetivo supremo a esca la global es que votar resulte un acto seguro, precautelando la salud y la vida, y que el acto masivo del sufragio presencial de ninguna ma nera implique un aumento de las curvas de contagio.

En resumen, esta mirada técnica sobre la trayectoria del proceso electoral parlamentario 2020, entre los meses de junio y octubre, que será desarrollada y documentada en las siguientes páginas, arroja un conjunto de evidencias empíricas que permiten concluir que una desmejora en las condiciones democráticas y electorales está afectando la elección.

Caracas, octubre 2020

Ver documento completo en:

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De cara a las elecciones parlamentarias de diciembre, el pasado domingo se desarrolló el Simulacro Nacional de Votación 2020. Una jornada calificada como masiva por la autoridad electoral, que comportó una doble finalidad: el primer acercamiento y familiarización de los electores con nuevas máquinas de votación, y el primer ensayo nacional de aplicación y cumplimiento de protocolos de bioseguridad al acto de votación en este tiempo de pandemia.

Dado que esta elección carece de consensos amplios por parte de todos los actores políticos para acometer el proceso, este viene acumulando irregularidades como la designación del árbitro electoral por parte del TSJ sin que la Asamblea Nacional agotara su procedimiento, la judicialización de procedimientos internos de partidos políticos, las modificaciones continuas al cronograma electoral y la inobservancia de aspectos de la legislación, como los cambios en la composición de escaños en contravención del artículo 186 constitucional.

En el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) desplegamos una vez más nuestra red nacional de observación electoral independiente. 353 observadores, distribuidos en los 23 estados y en Distrito Capital, asistieron a la jornada, la percibieron durante varias horas y en distintas franjas horarias del día y registraron sus impresiones, con rigor de veracidad e imparcialidad.

En términos generales, el 51% de los observadores del OEV calificó como bueno el desenvolvimiento del simulacro, 27% lo percibió regular y 13% lo encontró excelente.

Igualmente, el 55% de los observadores consideró buenas la organización y la logística durante el simulacro. Otro 25% las halló regular y 10% las calificó de excelentes, siendo las opciones de malo y pésimo, inferiores al 10%.

En un balance al término de la jornada dominical, el Consejo Nacional Electoral (CNE) enumeró, entre otros aspectos, la extensión de la actividad hasta las 5:00 de la tarde, en virtud de la masiva afluencia de electores, así como la apreciación de que la llamada nueva solución tecnológica funcionó de manera eficiente y eficaz.

La muestra nacional recogida por el OEV coincide, en líneas generales, con ambas ideas. El 66% de los observadores estimó más de 40 personas en fila, mientras que otro 20% calculó entre 15 y 40 votantes. Del mismo modo, al evaluar cómo fue el funcionamiento de la máquina durante sus procesos de votación en el simulacro, 9 de cada 10 observadores coincidieron en que la máquina de votación no presentó ninguna falla o problema mientras participaron. En el mismo sentido, 8 de cada 10 de ellos no experimentó demoras o interrupciones durante su proceso.

El simulacro electoral, en consecuencia, funcionó bien. Casi tres cuartas partes de los observadores calificaron entre bueno y excelente el funcionamiento de la herradura. Pero como esta actividad del cronograma electoral, dos veces diferida, ha resultado útil para probar y poder fortalecer la plataforma y la logística electoral, asimismo, algunos hechos observados deben servir de indicador al árbitro para tomar correctivos a tiempo.

Más de la mitad (57%) de nuestra red observó que al centro al cual asistieron fueron trasladados electores con recursos públicos. Una proporción similar de observadores vio personas con vestimenta alusiva a algún partido político en los alrededores del centro, en su gran mayoría favorables al oficialismo.

El simulacro también debe servir para señalar y corregir las evidencias de ventajismo oficial que, de hecho, ya ha dado muestras en las últimas semanas, de modo de evitar que estas prácticas se repitan durante la campaña electoral, recién extendida en su duración a un mes exacto, ni a la jornada de votación del próximo 6 de diciembre.

El estricto equilibrio en el acceso y la cobertura de la campaña, la no utilización de recursos del Estado para actividades proselitistas y la ubicación de puntos partidistas desplegados en las calles solo hasta el cierre de campaña son garantías ofrecidas por el mismo Gobierno a través de la carta del canciller Arreaza a la ONU y la UE, el pasado septiembre.

Sobre los organismos de seguridad que se encontraban en el centro, la Milicia Bolivariana fue el más visto, por 92% de los observadores, mientras que los efectivos del Plan República fueron vistos por 87% de los observadores.

Casi un 10% de los observadores determinó que integrantes de la Milicia estaban dentro del recinto de las mesas o a dos metros del recinto. El acto de votación es eminentemente civil y las funciones del Plan República están claramente delimitadas.

En tiempo de pandemia, las medidas de bioseguridad implementadas durante el simulacro merecen una mención especial. La mayoría de los observadores del OEV las calificó de regular (35%) a bueno (33%), mientras que el 15% del grupo tuvo una experiencia excelente.

En muchas filas a las afueras de los centros, los electores no respetaron la sana distancia física de al menos metro y medio entre ellos, algunos de los cuales se quitaban o se ponían mal el tapaboca antes de ingresar a la instalación. Se trata de un comportamiento social que, a decir verdad, no dista mucho de lo que se puede observar en una cola cotidiana para acceder a un supermercado o a una farmacia en cualquier ciudad del país.

Durante la jornada, uno de cada cuatro observadores advirtió la participación de algún actor (votante, personal logístico, efectivos de seguridad, etc.) sin portar tapaboca, o haciendo uso incorrecto o erróneo (por debajo de la barbilla, en las orejas y/o sin cubrir la nariz). A la mayoría de observadores no les tomaron la temperatura, pero sí les fue suministrado gel antibacterial al participar en el simulacro.

En esta oportunidad fueron seleccionados 381 centros de votación en todo el país. Comparativamente, esto significó una reducción de los centros disponibles para los electores: para el simulacro de las parlamentarias 2015 fueron habilitados 749 centros y para la elección presidencial de 2018 se dispusieron 500 centros. A menos centros disponibles, más probabilidades de aglomeraciones.

Todos los electores deben comprender que son corresponsables en el mantenimiento de la salud pública; y las autoridades electorales, seguir avanzando en el desafío de que las garantías sanitarias y los protocolos de bioseguridad deben funcionar en perfecto equilibrio con la expresión ciudadana. Celebramos, como último dato de esta entrega, que la mayoría del personal logístico y/o electoral que coincidió con los observadores portaba mascarillas médicas, así como caretas o lentes de protección el pasado 25 de octubre.

Próximamente presentaremos una versión más amplia de los resultados y patrones que arrojó este monitoreo independiente. Agradecemos, como siempre, a nuestro comprometido equipo de más de 300 observadores, desplegados en toda Venezuela, que bajo estricta imparcialidad cumplieron una vez más con su misión responsable de observar, registrar y transmitir.

Caracas, 26 de octubre de 2020

Prórrogas a postulaciones y más intervenciones de partidos marchan en paralelo

Decisiones judiciales no solo han desarticulado al G-4 opositor, sino que recientemente boicotearon alianzas de izquierda alternativas a la cúpula del partido gobernante. En los últimos dos meses y medio el TSJ acumula 9 decisiones contra partidos, tarjetas y postulaciones que impactan la oferta electoral de los venezolanos en las próximas elecciones

Autoridades impuestas en partidos como PPT podrán hacer uso de sus tarjeta, logo, símbolos, emblemas y colores; aquí, militantes de ese partido en una movilización de calle | Foto archivo

Será en septiembre cuando se conozcan las listas de candidatos a las elecciones parlamentarias 2020. En la segunda quincena de agosto, mientras el Consejo Nacional Electoral postergó hasta dos veces la presentación de postulaciones, en paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia intervino las directivas de dos partidos históricos de la alianza oficialista mientras habilitó a representantes de otras tres formaciones para inscribir aspirantes.

El Cronograma Electoral 2020 del CNE contemplaba un lapso de 10 días, del 10 al 19 de agosto, para la presentación de postulaciones. Era incluso el doble del tiempo dedicado al mismo proceso en el calendario parlamentario del proceso anterior (3 al 7 de agosto de 2015). Esta vez la primera extensión dio continuidad a esta actividad hasta el 26 de agosto. Y una segunda prórroga la extendió hasta el 4 de septiembre. En total, 26 días continuos.

Prorrogar en el Cronograma Electoral la actividad denominada “Presentación de postulaciones” implica que desde ya se solape en el tiempo con otras derivadas de ésta, como la presentación de recursos en contra de la admisión o rechazo de las postulaciones (del 11 al 24 de agosto, en principio) y la decisión de los recursos contra la admisión o rechazo de las postulaciones (inicialmente, del 15 al 24 de agosto).

El Cronograma Electoral debe ser actualizado y la nueva versión, divulgada, con los ajustes a que haya lugar como consecuencia de la extensión concedida a la presentación de postulaciones. Hasta el 28 de agosto no había cronograma actualizado en la web del CNE.

Las postulaciones consignadas fuera del lapso previsto en el Cronograma Electoral serán extemporáneas y se tendrán como no presentadas, dice la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Su Reglamento, entre tanto, agrega que el CNE solo podrá modificar el Cronograma Electoral respecto a etapas, actos y actuaciones en los cuales no se afecten los lapsos de los procedimientos establecidos.

Intervención en la casa

En paralelo a estos lapsos prorrogados, el Gran Polo Patriótico, la alianza oficialista de partidos, ha tenido dificultades para lograr la unidad perfecta entre todos sus afiliados de cara a las parlamentarias 2020.

El 11 de agosto, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) divulgó en Twitter un comunicado en el cual anunciaron la constitución de la “Alternativa Popular Revolucionaria” (APR) junto a Patria Para Todos (PPT), Izquierda Unida (IU), Corriente Marxista Lucha de Clases, Partido Revolucionario del Trabajo (PRT), MBR-200, Red Autónoma de Comuneros, Compromiso País (Compa) y Somos Lina.

En el texto, se definen como una alianza antiimperialista y verdaderamente socialista, dirigida a proporcionar un nuevo referente de izquierda para los venezolanos. Hablan, entre otros aspectos, del rescate de las “conquistas que fueron alcanzadas con Chávez -y que han sido desmontadas por este gobierno-”.

El 17 de agosto, la noticia alcanzó más volumen con la publicación de un trabajo de Tal Cual titulado “PCV y PPT dejan de apoyar a Nicolás Maduro y lanzan plataforma electoral propia”, en el cual se explica que “los dos partidos que por décadas han estado del lado del ‘proceso revolucionario’ se alían a otras organizaciones de izquierda en una plataforma para buscar tener presencia en el próximo Parlamento”.

El 18 de agosto, mediante sentencia N° 0119-2020, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia suspendió la actual dirección nacional del partido Tupamaro y nombró una junta directiva ad hoc “para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario” presidida por Williams Benavides y conformada por un presidente, un secretario general y un secretario nacional de organización.

Tupamaro no suscribió la “Alternativa Popular Revolucionaria” pero, según medios, ya había iniciado la inscripción de sus propios aspirantes. En un video divulgado en redes sociales, el secretario nacional de organización del movimiento, Ares Di Fazio, repudió lo que consideró la consumación del “robo” del partido “por poderosos factores económicos disfrazados de revolucionarios”. Su líder y secretario general nacional, José Pinto, fue detenido en junio.

La medida judicial contra Tupamaro sorprendió, por tratarse de la primera organización tradicionalmente aliada al oficialista Gran Polo Patriótico con dirección nacional intervenida, decisión solo aplicada en este contexto a formaciones opositoras. Pero no serían los únicos.

El 21 de agosto, mediante sentencia N° 0122-2020, la Sala Constitucional suspendió la actual dirección nacional del partido Patria Para Todos (PPT) y designó una junta directiva ad hoc “para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario” presidida por Ilenia Medina, en su condición de secretaria nacional de organización, y las secretarias generales regionales Lisett Sabino y Beatriz Barráez.

El PPT, ahora integrante de la “Alternativa Popular Revolucionaria”, ha sido históricamente aliado del oficialista Gran Polo Patriótico, hasta la más reciente elección de 2018 cuando su tarjeta apoyó la reelección de Nicolás Maduro. En un comunicado, advierten de “corrientes autoritarias” y de juntas impuestas a partidos que están “alineadas con el PSUV”.

En un comunicado del 21 de agosto, el Partido Comunista de Venezuela se expresó “ante el asalto del TSJ” contra el partido PPT. En el texto afirman que estas decisiones judiciales “no se circunscriben a la esfera del derecho y la ‘aplicación de justicia’, sino que son acciones de carácter meramente político dirigidas a tributar en favor de las orientaciones trazadas por el binomio PSUV-Gobierno”.

El 26 de agosto, a las afueras del ente comicial, directivos del Partido Comunista de Venezuela informaron sobre la decisión de las fuerzas agrupadas en la “Alternativa Popular Revolucionaria” de inscribir sus candidatos y expresar su voto el próximo 6 de diciembre a través de la tarjeta del gallo rojo, vista la intervención de otras tarjetas, incluyendo la del PPT.

Y es que estas decisiones del TSJ tienen en común que facultan a las autoridades impuestas a “utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio” de la respectiva organización política.

La intervención de partidos políticos por la vía judicial fue reactivada este año 2020 con similares fallos contra Acción Democrática (sentencia 0071 de la Sala Constitucional del 15 de junio), Primero Justicia (fallo 0072 de la Sala Constitucional del 16 de junio), Voluntad Popular (sentencia 0077 de la Sala Constitucional del 7 de julio) y Movimiento Republicano (decisión 019, en este caso de la Sala Electoral, el 20 de julio).

AD, PJ y VP mantienen tres de las bancadas más numerosas de la mayoría opositora en el actual Parlamento, y recién manifestaron su decisión de no participar en las legislativas 2020.

Entre tanto, voceros de Nueva Visión para mi País han rechazado un cambio que entienden como otro tipo de “intervención”: quien se identifica como presidente del partido acudió a un evento del CNE para el que fueron convocados, pero le negaron la entrada pues ya había otro representante de Nuvipa reconocido por el ente comicial, reseñó Crónica.Uno.

“Habilitados” para postular

El 25 de agosto, mediante sentencia N° 0124-2020, la Sala Constitucional habilitó a Pedro Veliz, en su condición de presidente del partido Bandera Roja, para realizar postulaciones ante el CNE para el proceso electoral del de diciembre.

“Era el tipo de ‘oposición’ que necesitaba el régimen para medio cubrir las apariencias”, reaccionó la organización en un comunicado titulado por ellos: “TSJ habilita a ‘quintacolumna’ asaltar tarjeta de Bandera Roja y usarla en estafa electoral”.

El mismo 25 de agosto, mediante sentencia N° 0125-2020, la Sala Constitucional también habilitó a Olga Morey, en su condición de coordinadora nacional del partido Compromiso País (Compa), para realizar postulaciones ante el CNE de cara al venidero proceso electoral.

Compa es otra de las nueve organizaciones signatarias de la “Alternativa Popular Revolucionaria” que rompió filas con el oficialista Gran Polo Patriótico.

El 26 de agosto, mediante sentencia N° 0126-2020, la Sala Constitucional habilitó a Alfredo Boscán, en su condición de militante de la organización con fines políticos “Movimiento de Integridad Nacional-Unidad (Min-Unidad)”, para realizar postulaciones ante el CNE para el venidero proceso electoral a celebrarse el 6 de diciembre de 2020.

La tarjeta Min-Unidad es distinta a la de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). En enero de 2018 el TSJ le ordenó al CNE la exclusión de la MUD en el proceso de renovación convocado para entonces, prohibiendo, en consecuencia, su tarjeta para las presidenciales 2018. La alianza “de la manito”, como se hizo conocer, no está entre las 30 organizaciones nacionales facultadas para participar en las parlamentarias 2020.

Es la segunda vez que Min-Unidad es intervenida por el TSJ. Durante el proceso electoral parlamentario de 2015, el TSJ impuso una directiva ad hoc que postuló candidatos al margen de la alianza unitaria de la MUD, a la postre ganadora. Las tarjetas de la MUD y de Min-Unidad aparecían una al lado de la otra en la boleta electoral con la intención, según la coalición opositora, de “confundir al electorado”.

El mismo 26 de agosto militantes de Unidad Popular Venezolana (UPV), partido fundado por la dirigente chavista Lina Ron, introdujeron ante el TSJ un recurso de amparo contra la actual directiva “a objeto de lograr con la nueva dirigencia electa de la tolda política, la inscripción de candidatos en perfecta alianza con el Gran Polo Patriótico (GPP)”, informó VTV.

Así, entre el 15 de junio y el 26 de agosto el Poder Judicial ha emitido nueve decisiones relacionadas con partidos políticos venezolanos, por lo menos cinco de ellas concentradas durante la segunda quincena de agosto, en paralelo a la postulación de candidaturas, que impactan de manera directa la oferta electoral de los venezolanos en las parlamentarias 2020.

Organizaciones han rechazado la judicialización de los procesos internos de partidos políticos venezolanos y la imposición de directivas que califican de “acomodaticias e ilegítimas”. Exigen respeto al desarrollo y ejercicio democrático de la vida orgánica de los partidos, así como al derecho a la libre asociación política consagrado en la Constitución.

En el comunicado del 21 de agosto, el PCV alertó “a los partidos comunistas y obreros del mundo, a las organizaciones revolucionarias y antiimperialistas, frente a esta peligrosa tendencia al ejercicio autoritario del poder que se está instaurando en sectores del gobierno nacional, con su efecto negativo en el ejercicio de las libertades democráticas”.

Y, en este contexto, una idea del ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez: esta elección de la Asamblea Nacional “es la elección más democrática de toda la historia de Venezuela”. Lo dijo el 17 de agosto, durante una videoconferencia de la dirección nacional del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la juventud del partido y los gobernadores oficialistas, “en aras de afinar las estrategias para las elecciones a la Asamblea Nacional”, como indica una nota de VTV. Se trató de la segunda reunión virtual pública de estas características que transmitió en directo el canal del Estado durante agosto. ¿Pueden las demás alianzas de partidos políticos alcanzar y disponer de esta cobertura? El árbitro está en la obligación de corregir los ventajismos, desde temprano.

Semana “bien movida”

Esta que comienza va a ser una semana “bien movida, bien interesante, del diálogo, de la reconciliación, del reencuentro y de las garantías más amplias para la vida política-democrática del país y para las elecciones del 6 de diciembre”, dijo Nicolás Maduro el domingo 30 de agosto, al pedir el apoyo de todo el país “a las decisiones, anuncios y decretos” que lanzará esta semana en función del diálogo. El jefe de Estado también dijo: “Estoy apoyando todas las medidas que nos lleven a un proceso de reencuentro, participación y diálogo profundo para la vida político democrática del país y para las elecciones del 6 de diciembre”.

Votación para la representación indígena continúa no siendo directa

El Consejo Nacional Electoral aprobó el 14 de agosto una reforma parcial del Reglamento Especial para la Regulación de la Elección de la Representación Indígena en la Asamblea Nacional 2020, aprobado el 30 de junio. La modificación se aplicó a los artículos 6, 12 y 17 del texto original, luego de las objeciones expresadas por organizaciones indígenas y de la sociedad civil.

• Artículo 6: trata sobre los requisitos para ser postulado como candidato indígena a la Asamblea Nacional. La nueva versión prevé expresamente que están “de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Séptima de la Constitución”. A la tercera condición, la de “haber realizado acciones en beneficio de los pueblos y comunidades” le quitaron el lapso que tenía. Y agregaron una cuarta condición: Pertenecer a una organización indígena legalmente constituida con un mínimo de tres años de funcionamiento.
• Artículo 12: trata sobre el funcionamiento de las Asambleas Comunitarias para la designación de voceros indígenas. La modificación en este caso tuvo por objeto aclarar de manera más precisa que se efectuarán “en cada comunidad de acuerdo a sus usos y costumbres y, en caso de la existencia de diversos usos, por el método que establezca el Agente de Coordinación Electoral”. El OEV apunta que, en todo caso, las Asambleas Comunitarias así definidas no garantizan el derecho al sufragio secreto.
• Artículo 17: trata del acto de votación y escrutinio. El reglamento, en principio, decía que para la elección final de los diputados la forma de votación sería “a mano alzada”. En la reforma, esto cambió por: “El voto en las Asambleas Generales será secreto y se efectuará manualmente mediante boleta”. También agregaron que el CNE determinará el número de Asambleas Generales que se realizarán en cada estado, procurando favorecer su municipalización de acuerdo a las posibilidades logísticas, de traslado y asistencia de los voceros. El OEV apunta que estas Asambleas Generales, conformadas por los voceros electos en las Asambleas Comunitarias, materializan el segundo grado de la elección de los diputados indígenas, negándoles a las comunidades indígenas el derecho al voto directo.

El “Manual para la participación política de los pueblos indígenas” amplía que, si pasados los primeros 20 minutos de la Asamblea Comunitaria sin que hubiere acuerdo sobre la práctica o costumbre ancestral aplicable, para elegir a la vocera o el vocero, como alternativa se aplicará la elección a mano alzada, de la forma que este documento establece, y que incluye la siguiente disposición: “En caso de empate se decidirá a la suerte lanzando una moneda”.

En resumen, la modificación al reglamento hizo que el sistema de votación para escoger la representación indígena a la Asamblea Nacional pase de un sistema público, en segundo grado, a uno no siempre secreto, que continúa siendo en segundo grado. ¿Por qué?

El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas, establece el artículo 63 de la Constitución. Como ya ha advertido el OEV, este sistema no es directo porque los electores votan por unos voceros que serán estos quienes en definitiva, en votación de segundo grado, voten por los postulados a diputados.

El proceso, con estas nuevas pautas, está en marcha. Del 15 de agosto y hasta el 15 de septiembre se cumple el cronograma de las asambleas comunitarias indígenas, según los usos y costumbres de cada pueblo originario, ha informado el CNE. De allí saldrán electos los representantes o voceros de esas comunidades. Luego, en asamblea general en diciembre, insistimos, en elección de segundo grado, se elegirán los diputados indígenas que los representarán en la Asamblea Nacional.

El “Manual para la participación política de los pueblos indígenas”, aprobado por el CNE para esta elección, dice sobre las medidas de bioseguridad en las asambleas: “Las Asambleas Comunitarias y Generales se efectuarán en lugares al aire libre o techado, cuyos espacios deberán ser suficientes para garantizar el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad. Todos los participantes deberán utilizar el tapaboca. Los Agentes de Coordinación Electoral velarán por el cumplimiento de esta disposición”.

Desde la cuenta de Twitter del Movimiento Indígena Unido de Venezuela han hecho documentación fotográfica de las asambleas comunitarias. Antes de la reforma al reglamento especial, el Miuven expresó su respaldo categórico a lo aprobado por el CNE. En las gráficas se puede observar que:

• En todas las asambleas no se está garantizando el distanciamiento social, consistente en la separación de por lo menos metro y medio entre personas, como ha recomendado la Organización Mundial de la Salud.
• Aunque la mayoría de personas se observan con tapaboca, en algunas fotos se aprecian algunos asistentes que lo tienen mal puesto o incluso que no lo tienen.
• Estas actividades deberían estar ajenas a la influencia de militancia político-partidista, pero en algunos casos se observan símbolos del partido de gobierno, lo cual violenta el criterio de imparcialidad que debe caracterizar la escogencia de los voceros.
• En las fotos también se observa que se está siguiendo la práctica del estampado de la huella dactilar. Al respecto, la “Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia” (julio 2020), del DECO-OEA, sugiere incorporar la biometría en los sistemas, con una desinfección constante a todo equipamiento, incluido el lector de huella dactilar. Igualmente, si bien sugieren alentar a los electores a que porten sus propios bolígrafos para firmar, recomiendan incluir suficientes lapiceros entre los materiales, para que puedan ser desinfectados regularmente.

44 actividades del cronograma tienen aglomeraciones de personas

En una entrevista con Panorama, la presidenta del CNE, Indira Alfonzo, precisó que han detectado en el cronograma electoral de las parlamentarias 44 actividades (de un total de 88) que tienen aglomeraciones de personas. “En ellas hemos recomendado el distanciamiento, el alcohol, el uso de tapabocas, todos nuestros funcionarios, al día de hoy, tienen su kit biosanitario”.

De lo anterior se desprende que la mitad de actividades del Cronograma Electoral implican riesgos de contagio. El OEV ha saludado como positivo que el CNE esté evaluando cómo se disminuye el riesgo de contagio en las elecciones, en un contexto complejo producto de la pandemia por covid-19.

La exigencia y la garantía de condiciones sanitarias a lo largo del proceso electoral debe ser un punto de primer orden. Se sugiere intensificar y ampliar las campañas de prevención dirigidas a la población, sobre las normas que debe respetar y las medidas que están obligados a cumplir para no contraer el virus.

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ANÁLISIS OEV

El análisis del Observatorio Electoral Venezolano (OEV) al Cronograma Electoral 2020 encuentra lapsos comparativamente más cortos tanto en actividades clave como en el proceso electoral mismo. Y se organiza justamente en un contexto global y nacional tan inédito como complejo: en medio de una pandemia que exige nuevas capacidades institucionales para rediseñar y adecuar fases y procesos que generen, además de condiciones electorales aceptables, garantías sanitarias a todos los involucrados en esta dinámica electoral parlamentaria.

Esta nota consta de cuatro partes:

I. Potestad de convocar: qué dice la legislación, cómo ha sido en la práctica y cuáles son los tiempos.

II. Cronograma; balance entre tiempos técnicos y políticos: las elecciones son procesos complejos, que requieren de capacidad técnica y de planificación.

III. Análisis comparativo de los cronogramas 2015-2020: con énfasis en cuatro aspectos; auditorías, lapsos que se reducen, lapsos que se amplían y novedades o cambios.

IV. El factor pandemia debe ser analizado en todo el proceso: 12 claves de abordaje, con base en cuatro fuentes internacionales acreditadas en la materia.

A modo de cierre: una buena observación electoral, tanto nacional como internacional, puede contribuir sustancialmente a la necesaria generación de confianza en el proceso.

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