El comentario de la semana
En tres días, los magistrados de la Sala Constitucional que nunca han sido jueces, dictaron una decisión de 40 páginas en la cual declararon la inconstitucionalidad del acuerdo tomado por la Asamblea nacional, que se refiere al proceso de aplicación de la Carta Interamericana Democrática de la OEA y ordenó al presidente de la República, mediante medidas cautelares, un conjunto de actuaciones políticas, jurídicas, económicas y administrativas ante lo que han llamado el desacato y la omisión de la Asamblea Nacional.
Lo que ventila ahora es la decisión N° 156, tomada por la misma Sala Constitucional en horas de la noche del miércoles 29, que constituye un zarpazo a la institucionalidad democrática al asumir funciones que son privativas, exclusivamente, del parlamento venezolano. Es el zarpazo definitivo del gobierno que se quita el disfraz y se convierte en una dictadura porque desconoce a uno de los poderes donde reside la soberanía popular, como es la Asamblea Nacional. Estamos en presencia de un autogolpe que ha desconocido los atributos o principios de la democracia, es decir, el derecho al sufragio, la inmunidad parlamentaria y la representación del pueblo asentada en la Asamblea Nacional. Es indudable que esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, altera el orden constitucional venezolano y afecta gravemente la institucionalidad democrática.
La referida sentencia N° 156, es un conjunto de citas doctrinales de índole constitucional para desconocer fraudulentamente el orden democrático nacional. Son ya más de 50 sentencias dictadas por el TSJ en contra de las actuaciones de la Asamblea Nacional y cuyo fundamento es enervar, debilitar las funciones parlamentarias y destruir sus atribuciones constitucionales, porque el gobierno es minoría, es un régimen de cartón piedra, con un decorado de corruptelas.
Esta nueva sentencia dictada en horas nocturnas del pasado día 29, está igualmente viciada de nulidad, porque la Sala Constitucional ha usurpado funciones que corresponden a la Asamblea Nacional y toda autoridad usurpada es nula y sus actos son ineficaces.
Todo está claro, como en Jalisco, no controlan el parlamento y han asumido bajo fraude judicial, las atribuciones que se indican en el artículo 187 de la Constitución Nacional, en especial las que se señalan en sus ordinales 6, 7, 8 y 9. Además, es violatoria de los artículos 187 y 200 de la Constitución Nacional, y a ello se agrega, es una sentencia dictada por magistrados que fueron designados a contrapelo de la Constitución Nacional, sin curriculum y sin conocimientos sobre la judicatura.
Entonces el problema no es jurídico ni constitucional, es eminentemente político porque el gobierno haciendo uso de la dependencia del TSJ y la ausencia de la separación de poderes, decide gobernar sin controles y desconocer el derecho al sufragio y a elecciones libres. No quieren contarse.
Pero tambien la sentencia habla de traición a la patria en razón de la solicitud que ha formulado el parlamento a la OEA para que aplique la Carta Democrática Interamericana. Hay que decirlo, este es un instrumento internacional suscrito por los 35 países americanos en el año 2001, incluida Venezuela, y por ello es ley venezolana, que reconoce el fundamento y promoción de los principios democráticos, y en tal razón, solicitar su aplicación no puede constituir en modo alguno, traición a la patria.
El oficialismo y el gobierno en particular, han querido sembrar en la conciencia del país, aquello de que quien no comulgue con sus ideas es un apátrida. Traición a la patria es entregar la soberanía del Estado venezolano a un gobierno miserable que gobierna a la isla de Cuba. En los cuarteles, en las oficinas de identificación, en los puertos y aeropuertos, en los Registros, en Centros de Salud y en casi todas las oficinas públicas conviven funcionarios cubanos que vigilan el comportamiento político de nuestros conciudadanos; traición a la patria es entregar los recursos naturales y en otros casos regalarlos, a otros Estados en detrimento de las necesidades de nuestra población. A China le hemos entregado los recursos petroleros y otros minerales del sur del país, configurándose una entrega que afecta el futuro de nuestros hijos y nietos. A China le debemos hasta el modo de caminar y a la Cuba del miserable gobierno castrista la mantenemos como se hace con los chulos. Eso es traición a la patria y esta pesadilla de gobierno que vivimos en algún momento debemos superarla, será entonces la ocasión para que un Tribunal Supremo de Justicia constituido por juristas-y no políticos disfrazados con toga al servicio del gobernante de turno-, sean los encargados de devolver los valores y principios de libertad y justicia social, que son intrínsecos a la democracia.