Puede ser Turquía, Rusia o Bielorrusia. O puede ser Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua. En todos esos países vamos a encontrar una similar estructura de poder: regímenes personalistas provistos de un carisma de tipo hereditario, con poderes públicos al servicio del ejecutivo y sometidos al imperio de una impenetrable clase de estado en donde conviven dirigentes políticos con militares, mafias y sobre todo policías y militares secundados por grupos para-militares. En fin, los inconfundibles rasgos de las dictaduras del siglo XXl. Agréguese el control de la prensa, de la educación y sobre todo, del aparato electoral. Este último es justamente el “elemento” que diferencia a las neo-dictaduras de las dictaduras de viejo cuño. Todas, sin excepción, son electorales e incluso electoralistas.

Las elecciones en los países democráticos son procedimientos orientados a la renovación del personal político. Bajo las neo-dictaduras, en cambio, son mecanismos para garantizar la perpetuación de la clase política dominante. Si logran asegurar la mayoría, tanto mejor. Si esa mayoría está en peligro, los mandatarios recurren a la inhabilitación de partidos políticos y potenciales líderes opositores e incluso a descomunales fraudes. Nicaragua lleva en esos puntos cierta ventaja sobre otras neo-dictaduras. Los fraudes electorales cometidos en los años 2008 y 2011 han sido escandalosos.

Hay, además, un par de variantes muy “nicaragüenses”. Por de pronto, el manejo de una leyenda revolucionaria que ha concedido a la dictadura una cierta legitimidad histórica a través del tiempo. Autóctono es también el carácter bicéfalo del poder pues muchas decisiones de Estado son tomadas por la esposa del dictador, Rosa Morilllo. Sin embargo, las características más particulares hay que encontrarlas al interior de la estructura socioeconómica.

Nicaragua, a pesar de ser llamada socialista, es uno de los países latinoamericanos que más concesiones ha hecho al capital foráneo y al empresariado local. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) ha pasado a ser incluso un poder informal de Estado. Se calcula que el traspaso de fondos públicos hecho desde el Estado hacia las empresas privadas superaba, hacia el 2017, los 4.000 millones de dólares. No sin cierta ironía la economía nicaragüense podría ser definida como “neo-liberalismo de Estado”. Ahí reside precisamente el “talón de Aquiles” de la dictadura.

Si las empresas privadas dejan de percibir los montos que extrae el régimen de la super explotación de los trabajadores del país, Ortega perderá ese apoyo. A la vez, si renuncia al sistema de donaciones, subsidios y regalías que practica hacia los llamados sectores populares, también perderá el apoyo de estos. El secreto del “éxito económico” de Ortega reside, por consiguiente, en una política de traspaso de capitales. La tajada más grande va hacia las empresas. Las sobras, al populismo distributivo. Los perjudicados en ese juego son, como suele ocurrir, los sectores medios. Así se entiende por qué el origen de las grandes manifestaciones sociales que desafían al sistema durante abril del 2018 pueda ser explicado por el aparecimiento de una doble grieta. La primera, la producida con el COSEP y la segunda generada por el abusivo sistema de pensiones impuesto desde el INSS hacia los trabajadores, jubilados, pequeños y medianos empresarios. En otras palabras, hacia las nuevas “clases medias”. Ese fenómeno es muy importante.

Nicaragua ya no es el país semi-rural que recibió la familia Ortega de la familia Somoza. Bajo la égida de la primera ha tenido lugar, justamente debido al carácter dependiente de la economía nacional, una relativa modernización que se extiende desde lo económico a lo social. Hoy Nicaragua -con el aumento del sector de servicios, con el crecimiento del empleo público, con la proliferación del mercado formal e informal, con la fundación de nuevas universidades y otros centros de formación- ha llegado a ser un país “clasemediero”. En cierto sentido, bajo la alianza entre la “nomenklatura” y el capital foráneo y local, ha tenido lugar una suerte de modernización económica que sobrepasa el corsé políticamente estatista impuesto por Ortega.

A diferencias del chavismo, que destruyó al aparato productivo venezolano, bajo Ortega ha crecido una amplia franja económica, más informal que institucional, de pequeñas y medianas empresas a las que es imposible controlar por mecanismos burocráticos. Dichos sectores, a la vez, han sido los más desfavorecidos por la política del gobierno. De tal modo puede que no sea esta la primera vez en que la relativa modernización económica de un país entra en contradicción con la cúpula dominante. Ya lo vimos, para poner un ejemplo remoto, en el Chile de Pinochet. Cuando el dictador perdió a la clase media, comenzó a perder su poder.

La modernización impuesta con mano de hierro por Ortega -vía socialista al capitalismo- ha tomado forma no solo en la economía sino, además, en el espacio político cultural. Y bien, justamente en ese espacio asoma una tercera grieta: la llamaremos grieta generacional.

A los jóvenes predominantemente universitarios que intentan reprimir los esbirros de la dictadura, no llegan los cantos ya desafinados de la revolución sandinista. Los muchachos que han salido a las calles desde la semana pasada son protagonistas de una jornada de movilización social sin precedentes en la historia del país. A ellos el nombre de Sandino no les dice nada. Por el contrario, la dictadura ha logrado deslegitimarlo pues está asociado con la corrupción sin límites practicada por los orteguistas. La nueva generación, por el contrario, ha creado ideales consonantes con las juventudes de otros países. No acepta ser comandada por militares inescrupulosos y por una familia corrupta anidada en las habitaciones del Estado. No luchan por un liberalismo económico sino por libertades políticas, a saber, por un estado de derecho, por un ejecutivo separado del legislativo y del judicial y, no por último, por elecciones libres y soberanas. Esa tercera grieta, la generacional, difícilmente podrá ser cerrada por Ortega.

Como escribió Elvira Cuadra en el periódico digital “Confidencial”: “Los jóvenes que han salido a las calles desde la semana pasada y que hoy son los protagonistas de esta jornada de movilización social sin precedentes, son los de las generaciones de la “democracia”. Aquellos que nacieron después de la guerra escuchando, y creyendo, que Nicaragua era una democracia y que tenemos derechos. A los que se les reclamó tantas veces por su supuesta indiferencia y apatía. La verdad es que, igual que el resto de la sociedad, ni son apáticos, ni son indiferentes ni están desinformados. Por eso, nuevamente, como en otras épocas, son los protagonistas de esta gran movilización social”.

Dicho en modo de síntesis: Las tres grietas aparecidas en Nicaragua anuncian un quiebre con la continuidad histórica del país. La primera, entre la dictadura con los sectores laborales y jubilados víctimas del abusivo sistema de pensiones del INSS. La segunda, entre el poder orteguista y el COSEP. La tercera, entre una generación cultural y política que no se siente representada en el poder. Ortega ya intentó cerrar la primera retirando el injusto sistema de pensiones del INSS. A la segunda, la de los empresarios, tratará de cerrarla con negociaciones. A la tercera, en el mejor estilo somocista, a balazos. Lo que ya no puede ocultar es que esas tres grietas se encuentran cruzadas entre sí y portan consigo los signos de tiempos post-orteguistas.

El gran ausente en el quiebre que se anuncia en Nicaragua ha sido hasta ahora la clase política opositora. Disgregada en múltiples fracciones, incapaz de concertar un acuerdo unitario entre las diversas ramas desprendidas de los que fueron sus antiguos troncos liberales, conservadores y sandinistas, esa clase política ha terminado por convertirse en un lastre que impide el avance del proceso de democratización anunciado en las luctuosas manifestaciones públicas del mes de abril. Hay, por lo mismo, un profundo vacío de conducción, vacío que ha sido intentado llenar -de mal modo, como suele ocurrir- por una conducción de tipo gremial. La esperanza es que de las grandes movilizaciones de abril surjan nuevas formaciones políticas o, por lo menos, un reposicionamiento de las antiguas. Con ellas, después de todo, habrá que contar.

abril 23, 2018

https://polisfmires.blogspot.com/2018/04/fernando-mires-nicaragua-el-qui...(POLIS)

Investigar la corrupción es una labor peligrosa, más aún si se realiza en un país como Venezuela que dejó de ser una de las democracias más avanzadas de Latinoamérica para convertirse en una dictadura.

Por eso tiene mucho mérito lo que hacen las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos y la transparencia en la gestión pública. Nuestro reconocimiento a las mujeres y hombres que integran Foro Penal, Provea, Observatorio Venezolano de Violencia, Ipys, Espacio Abierto, Observatorio Venezolano de Prisiones, Paz Activa, Transparencia Venezuela y Control Ciudadano, entre otras. Sin su constante labor de investigación, formación y divulgación los venezolanos estaríamos aún más desinformados y desprotegidos.

Control Ciudadano, la organización civil especializada en temas militares que dirige Rocío San Miguel, publicó un excelente trabajo sobre los militares responsables de la importación, distribución y venta de artículos de primera necesidad. Según el mismo, más de 500 militares han sido responsables del control de alimentos, medicinas y otros artículos básicos desde 2016 cuando Maduro creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS).

La investigación evidencia, una vez más, el gran fracaso de los militares al frente de tareas de civiles. Con un promedio de 24 nombramientos mensuales en 21 meses, la GMAS no solo no ha solucionado el problema de abastecimiento, sino que lo ha agravado, inclusive para la misma FAN que es incapaz de alimentar apropiadamente a sus efectivos.

El sistema político-económico trasnochado y fracasado que se ha intentado instaurar en Venezuela acabó con 8 mil industrias. Hoy en día prácticamente no producimos nada. Dependemos totalmente de las importaciones. Vistos los multimillonarios fraudes realizados alrededor del otorgamiento de divisas preferenciales para importar, es evidente que una cosa llevó a la otra y no por casualidad: Se destruyó el aparato productivo porque para la élite corrupta que gobierna resulta mejor “negocio” importar que producir.

Es urgente un cambio político para darle plena vigencia a la Constitución y que se le devuelva a la FAN el rol de una institución al servicio de todos los venezolanos y no de los intereses de una parcialidad política. Por ello es indispensable movilizarnos de frente y en todos los frentes para la realización de unas verdaderas elecciones presidenciales con todas las garantías a finales de 2018.

Unidad, resistencia y perseverancia para lograr el cambio!

24 de abril de 2018

Twitter: @TablanteOficial

Facebook: Carlos Tablante Oficial

Web: www.carlostablante.com

En reciente escrito en este medio, en un artículo intitulado: “3 vías de contagio de las emociones en la comunicación política”, se daba cuenta acerca de que: “La comunicación política está saturada de argumentos racionales. Largas y complejas cadenas verbales se apoderan del mensaje y lo enfrían hasta tal punto que lo desconectan de las personas a las que va dirigido. Es así que las palabras se congelan y el mundo de la política se distancia de la vida cotidiana de los hombres y las mujeres de carne y hueso.”

Ante tales conjeturas, afirmamos que las mismas se constituyen en un malsano constructo para la cabal interpretación de nuestra realidad política actual y de la necesidad de construir un discurso comunicacional que nos permita elaborar una política acorde a las exigencias que dicha problemática requiere, a los fines de superar los grandes problemas que nos afectan en todos los órdenes de nuestro diario quehacer cotidiano.

Ante todo lo anterior, desde nuestra perspectiva dialéctico-racional, reivindicamos la enorme vigencia del uso de la racionalidad no solo para elaborar los parámetros de la comunicación política, sino sobre todo, abogamos por su empleo en todo lo concerniente a la interpretación de la realidad política en que nos encontramos inmersos. Pretender desplazar a los argumentos racionales en la comunicación política, -que dicho sea de paso, no siempre están presentes en dicha comunicación, siendo ello uno de los más grandes problemas que encontramos en la construcción de soluciones cabales a los problemas que debemos solucionar-, para ser sustituidos por los elementos propios de la emocionalidad, nos remite directamente al mundo de la epistemología kantiana, al mundo de los idealismos, subjetivismos, emocionalismos, sensibilismos, psicologismos, entre otros, acompañados estos planteamientos de una buena dosis del discurso sofistico de la posmodernidad, elementos todos ellos que nos obnubilan, que nos sumergen en una auténtica “terapia de grupo”, en un auténtico atontamiento (en el cual los responsables de la comunicación política terminan expresando lo que los ciudadanos quieren escuchar y no precisamente expresando lo que los ciudadanos deben escuchar, con lo cual consideran que se han anotado un contundente éxito comunicacional), y que contrario a lo expresado en el escrito que nos ocupa, en lugar de acercarnos a la solución del núcleo de los problemas que padecemos, nos conducen a un alejamiento del entender cabalmente la dura realidad que nos afecta.

En todo caso, lo que se logra con dicho artificio, es mantener distraídos, entretenidos a los receptores de un mensaje de naturaleza efectictista que de alguna manera puede lograr la adhesión de algunos ciudadanos, pero que los mantiene en un mundo de apariencias alejados de la realidad, en la más completa tontera o enajenación de la realidad, producto de una manipulación que en el fondo, obedece al cálculo de los intereses de diversa índole de políticos de todas las toldas e ideologías de diferentes signos, todo lo cual no permite construir una dinámica compartida[CF1] , que sea adecuada a los requerimientos de la actualidad, que nos sirva al momento de tener que darle respuesta eficiente a la resolución de los problemas que desde la diaria realidad nos afectan.

Tras el señalamiento de que: “La comunicación política está saturada de argumentos racionales… Es así que las palabras se congelan y el mundo de la política se distancia de la vida cotidiana de los hombres y las mujeres de carne y hueso”. Nos encontramos con una opinión falaz, que no encuentra el menor de los asideros, toda vez que si nos atenemos a lo planteado por Gracián (1984; 48) en el Criticón (Editorial La Oveja Negra), respecto a que: “De modo que cuando llega la Razón, que es aquella otrora reina de la luz, madre del desengaño…”. La única viabilidad de lo antes señalado, no puede ser otra que la intención de engañar al ciudadano al pretender despojar de toda posibilidad de racionalidad al discurso político, ya que de acuerdo a Gracián es gracias a la Razón que podemos lograr que el desengaño triunfe sobre la apariencia, y/o el engaño, lo demás no deja de ser simple retórica, aunque sea retórica de la buena.

Al considerar que la racionalidad es el único elemento del cual disponemos para conocer la realidad de manera objetiva, privarnos de la misma, supone entonces, construir una comunicación totalmente subjetiva, adherida a la elaboración de un discurso que puede obedecer a los intereses de los voceros de turno, pero que no necesariamente representa los intereses de las grandes mayorías que en reiteradas ocasiones terminan siendo manipuladas precisamente gracias a la construcción de comunicaciones sofisticas alejadas de la realidad.

De lo todo lo anterior, se desprende que es evidente que no encontramos argumentos que sostengan la afirmación, de que ante la manifestación de un mensaje racional, tal racionalidad termina desconectándolo de las personas a quienes va dirigido dicho mensaje.

Debe quedar claro que no se trata de que estemos pretendiendo con este escrito solicitar que se suprima lo emocional del discurso comunicacional político, toda vez que ello –lo emocional-, es consustancial a lo que las comunidades políticas requieren, ello es así a partir del desarrollo del idealismo alemán, y toda la sensibilidad desplegada a partir del mismo, desde el Siglo XVIII, (a fin de cuentas muchos asimilan, no sólo el acto de la comunicación política, sino la actividad política en general con lo que pudiésemos denominar una actividad destinada a la búsqueda de objetivos propios del mundo de la lectura de libros de autoayuda, respecto a esto último; fácilmente encontramos, por ejemplo, que el desarrollo de una asamblea de ciudadanos se convierte en la expresión no de la búsqueda de soluciones a nuestros problemas por la vía del debate a partir del conocimiento racional de las situaciones que objetivamente enfrentamos en el día a día.

Expresamos lo anterior, porque a partir de la expresión de emocionalidades y sensibilismos, dicha actividad se convierte en la proclamación por parte de los asistentes a esa asamblea, de sus más profundos deseos acerca de lo que debe ocurrir, de lo que ellos quisieran que ocurriese, tal como si se encontrasen frente a un altar contentivo de una “Lámpara de Aladino”, -muy al margen de la realidad operatoria en la cual estamos inmersos-, es decir, ocurre una expresión pública de deseos de emocionalidades de sensibilismos que a fin de cuentas terminan no conduciendo a nada, a no ser el confort del disfrute de los consabidos “5 minutos de gloria”, que le permiten al opinador sentir que ha alcanzado un status de confort con la proclamación de sus deseos (olvidando obviamente, la conseja de que los deseos no preñan), lo que efectivamente en nuestro escrito si pretendemos plantear es la necesidad de la reivindicación de la presencia, tanto en la interpretación de la realidad, así como también, en el necesario hecho comunicacional político, de la Racionalidad, racionalidad sin la cual no logramos interpretar objetivamente la realidad política de la manera más objetiva y en consecuencia tampoco logramos la mayor asertividad posible. Debemos interpretar, al igual que es imprescindible, al menos a nuestro juicio, que la elaboración del discurso político debe fundamentarse precisamente en el respeto a la capacidad racional de nuestros conciudadanos, muy por encima de su capacidad sensorial o emocional, la cual en ocasiones en nada se circunscriben a las posibilidades de entender las condiciones objetivas de la realidad que nos circunda.

Al presentar estos argumentos, fundamentándonos en un racionalismo crítico, conscientes estamos que no faltará quienes asuman, que lo de ellos, no sólo es la defensa de una inteligencia emocional al estilo de Goleman, sino que siguiendo a Covey, con toda seguridad pretenderán reivindicar incluso, una inteligencia no sólo emocional sino también una inteligencia corporal al igual que una inteligencia espiritual.

rafmujica@yahoo.es

Abril 2018

[CF1]

Los periodistas, de nuevo, volvemos a estar en un duelo internacional. En menos de un mes van 4 trabajadores de la comunicación asesinados, solo en América Latina: el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra del diario El Comercio de Ecuador y Ángel Gahona quien trabajaba freelance para varias televisoras privadas en Nicaragua. Sea quien sea él o los que apretaron el gatillo, es terrible que se les haya violado el derecho a la vida a estos periodistas por estar cumpliendo con su trabajo de buscar información para darla a conocer a los ciudadanos.

La información debilita el mal gobierno, lo expone al escarnio público, pero también investigar los intríngulis de los negocios de la guerrilla con el narcotráfico en las fronteras pone en evidencia no solo este terrible cáncer social, sino que visibiliza también los nexos que tiene este negocio con factores de poder en el plano político, gubernamental, así como económico.

Es por eso que el periodismo, a fin de cuentas, se convierte en un estorbo tanto para los gobiernos intolerantes, corruptos y mediocres como para el mundo del delito.

Sin ir muy lejos, en los últimos meses este garabato de gobierno que encabeza Nicolás Maduro ha incrementado su acción para impedir que los periodistas puedan cubrir las diferentes protestas que surgen por decenas todos los días por variados y graves motivos. La reacción de los cuerpos de seguridad del Estado, unido a funcionarios y colectivos del gobierno, ante la presencia de los periodistas reportando estas protestas no se deja esperar, detenciones, amenazas, agresiones, cierre de medios, bloqueo de páginas WEB, y pare usted de contar.

Se ha convertido en algo cotidiano impedir que los periodistas tengan acceso a las fuentes gubernamentales

Y aun cuando ya se ha convertido en algo cotidiano impedir que los periodistas tengan acceso a las fuentes gubernamentales y puedan cubrir hechos relevantes del acontecer nacional, se llega al extremo de violentar la independencia de un poder público como es la AN para evitar la cobertura de la sesión especial donde se debatiría la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, de aplicar el antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro. Los periodistas quedaron a las afueras del hemiciclo teniendo que retirarse después ante las amenazas de los colectivos. La orden de impedir la entrada de los medios partió del coronel Bladimir Lugo, cuya obligación en todo caso es resguardar la seguridad del Palacio Legislativo y no entorpecer su normal funcionamiento.

Espacio Público contabiliza desde el 2002 hasta 2017 un total de 4810 violaciones a la libertad de expresión, de los cuales 1.002 corresponden al año 2017. Por los vientos que soplan, el 2018 se vislumbra como un año de mucha agresión a la libertad de expresión. Entre los casos más recientes tenemos las agresiones a los periodistas de El Pitazo que cubrían una recorrido del candidato Henry Falcón por el Bulevar de Catia. Los ataques a los periodistas que recogían la información de la protesta de la salud en diferentes ciudades del país, la de los pensionados en la avenida Urdaneta de Caracas, o la agresión a una periodista en un mercado popular por estar recogiendo información sobre el costo de los alimentos.

Pero el gobierno no impide la libertad de expresión solo obstaculizando el trabajo de los periodistas. También utiliza diversos mecanismos como el bloqueo de páginas WEB de carácter informativo como la del Pitazo, que ha sufrido en siete meses dos bloqueos, así como no supliendo de papel, tintas y planchas a los medios impresos, por lo que muchos han tenido que cerrar o pasar al formato digital. Se estima que se han cerrado unos 17 periódicos en los últimos tiempos. O utilizando mecanismos ilegales legalizados a través de la Ley de Telecomunicaciones o Ley Resortme, canales de televisión y emisoras de radio han tenido que cerrar sus puertas, sobre todo en el interior del país.

Es evidente que esta situación se mantendrá y muy posiblemente empeore, mientras este gobierno siga queriendo implantar sus políticas económicas y sociales divorciadas de los intereses reales de la población.

Ante esto solo le queda al gremio periodístico continuar con su responsabilidad de informar a los ciudadanos y organizarse. Para ello es indispensable que el Colegio Nacional de Periodista retome su papel de líder para llevar a cabo acciones en defensa del ejercicio del periodismo. Debe activar sus 26 seccionales para salvaguardar tanto la libertad de expresión como el derecho de los periodistas a ejercer su profesión en libertad.

Coordinadora General de Expresión Libre

23-04-2018

http://www.expresionlibre.org.ve/articulos/el-periodismo-un-estorbo-para...

La comunicación política está saturada de argumentos racionales. Largas y complejas cadenas verbales se apoderan del mensaje y lo enfrían hasta tal punto que lo desconectan de las personas a las que va dirigido.

Es así que las palabras se congelan y el mundo de la política se distancia de la vida cotidiana de los hombres y las mujeres de carne y hueso.

Entonces te dicen que en política hay que comunicar emociones. Pero no te dicen cómo hacerlo.

Las emociones son contagiosas

La comunicación de emociones se simplifica cuando comprendes algo esencial: las emociones son contagiosas.

Sí: como un virus.

Y si facilitas las vías adecuadas para el contagio, entonces pasan de una persona a otra y circulan velozmente por la sociedad.

Las vías más adecuadas para el contagio emocional en la comunicación política son básicamente tres:

Contagio emocional por contacto

Contagio emocional narrativo

Contagio emocional litúrgico

Son tres vías diversas pero complementarias y tienes que implementarlas todas para quitar el hielo que inmoviliza tu comunicación.

El contagio por contacto

Es simple: el contacto con el portador de una emoción transmite esa emoción.

Cuando el candidato o el gobernante se está comunicando y siente una emoción cualquiera, pues esa misma emoción salta desde su interior hacia el interior de quien lo escucha. Claro que no es un salto real, no hay nada físico que pase de uno a otro. Pero sí hay algo físico trabajando dentro de cada uno: las neuronas espejo.

Las neuronas espejo facilitan que una persona reaccione con empatía emocional ante las emociones de otro. En suma: que sienta la misma emoción que siente el otro.

Si hablas con enojo, entonces, tu auditorio sentirá enojo. Si hablas con tristeza, tu auditorio sentirá tristeza. Si hablas con alegría, tu auditorio sentirá alegría.

Pero deben ser emociones reales, por supuesto. Las imitaciones no funcionan.

El contagio narrativo

Las narraciones son portadoras de emociones. Allí están, apenas disimuladas en la historia y en los personajes. No necesitas hacerlas explícitas ni amplificarlas. Simplemente contar historias. Y dejar que la propia historia que cuentas se tome el trabajo de transmitir emociones.

Historias simples con comienzo, desarrollo y final. Con personajes que se enfrentan a un problema, a una situación crítica, a un nudo, a una encrucijada. Y que toman decisiones y actúan frente a la adversidad.

Cuando quien habla cuenta un relato, quien escucha ingresa ese relato a su mente. Y esa narrativa es como el Caballo de Troya ya que lleva las emociones ocultas en su interior. Después las neuronas espejo hacen su trabajo y las emociones de los protagonistas se replican en quien escucha.

Claro que tienen que ser buenas historias. Y alineadas con tu estrategia política.

El contagio litúrgico

La política siempre está acompañada por lo que llamo liturgia. Como en las religiones, también en la política hay liturgia en el sentido de prácticas que se repiten siempre de modo invariable. Como si fueran rituales o ceremonias.

¿Cuál es la liturgia de la política?

Eslogan, logotipo, isotipo, gama cromática, música, contexto sonoro…Esos son los elementos básicos. Todos los partidos tienen liturgia. Y los candidatos. Y los gobiernos.

Esa liturgia es la tercera vía de contagio ya que las emociones se transmiten también en base, por ejemplo, a música y colores.

Comunicación política con emoción

La fría razón no debe ser tu único recurso político. Para lograr tus objetivos tendrás necesariamente que movilizar las emociones del electorado.

¿Quieres que tu comunicación tenga mayor poder de persuasión política?

Pues entonces moviliza las emociones.

Apelando a las tres vías de contagio:

Si le estás hablando a otras personas deja que la emoción principal del momento tenga su modo de expresión. Nada grandilocuente ni exagerado. Solo permite que esa emoción se filtre en tu mirada, en el tono o volumen de tu voz, en tus gestos, en tus silencios. El contagio por contacto hará el resto.

Cuenta buenas historias en todos los formatos y en todos los tiempos de tu comunicación política, electoral y/o gubernamental. El contagio narrativo hará el resto.

Ocúpate especialmente de que el diseño de tu liturgia sea vehículo de emociones. No se trata solo de aspectos formales de tu marca. Se trata de vestir esa marca para que sus signos visuales y auditivos marquen el tono emocional. Esa liturgia hará el resto.

Claro que todo lo anterior tiene que inscribirse prolijamente en tu plan estratégico. Un plan que no deberías poner a congelar entre las frías paredes de la argumentación racional.

La razón es muy importante. Pero por sí sola corre el riesgo de morir de frío.

PD: alguien en tu partido político, tu campaña electoral o tu gobierno necesitan esta información. Compártela con ellos.

https://maquiaveloyfreud.com/contagio-emociones-comunicacion-politica/

Bastante tiempo ha transcurrido desde que la unidad se convirtiera en clamor y reclamo del pueblo venezolano; sin embargo, aunque a primera vista todos los factores parecen coincidir en reconocer a esta como un elemento indispensable para superar la profunda, grave y peligrosa crisis generalizada que hoy padecemos, esto no pasa de ser solo eso: una apariencia. Tanto el discurso oficialista como el opositor la han convertido en lugar común; pero, tal como expresa la conseja popular: “del dicho al hecho hay mucho trecho”.

En realidad, la crisis no ha motivado cambios de fondo en las políticas de exclusión, división y control social implementadas por el Estado boliburgués que jefatura Maduro. Sin variar el discurso y consciente de su utilidad como mecanismo para mantener el poder, lejos de corregir su actitud, las ha profundizado deliberadamente. En el campo de la oposición al régimen, se mantiene de palabra que la Unidad Nacional es un elemento estratégico indispensable para conquistar el poder, constituir un Gobierno de Unidad Nacional y ejecutar un Programa de Emergencia para la transición; pero, no todos los factores hacemos la misma interpretación sobre esto. Mientras unos consideramos que los tres elementos mencionados constituyen una unidad dialéctica, que son interdependientes y que deben ser trabajados de manera sincrónica, otros los entienden como un orden secuencial que debe ser abordado de igual manera. Algunas de estas apreciaciones llegan a extremos tales, que consideran que la unidad sirve para cambiar al presidente; pero, que una vez logrado esto, entraríamos a una supuesta etapa democrática que no la haría tan necesaria. Para graficar su criterio, utilizan la tétrica y lamentable figura: “lo importante es salir de Maduro, después nos matamos”. Pero, además no son pocos los factores que ejecutan acciones que, en función de sus particulares intereses, han obstaculizado posibilidades ciertas de avanzar hacia el logro de la tan reclamada unidad.

Estas circunstancias han producido graves efectos en ambos campos; pero, en esta oportunidad voy a referirme principalmente a lo que ocurre y puede ocurrir en el campo de la oposición. Reconozco que para llegar al momento actual habría que analizar, previamente y con detenimiento, la formación y desarrollo histórico y político de lo que genéricamente ha sido denominado como “la oposición”; sin embargo, por razones de tiempo y espacio dejo en manos de mis lectores esta tarea. Como es sabido, este campo es sumamente heterogéneo y disperso; en consecuencia, más allá del discurso, también se asumen distintas posiciones respecto al tema en cuestión. Perfectamente, podemos aceptar que en determinados casos estas podrían obedecer a los niveles de desesperación a los cuales nos ha conducido la gravedad de la crisis y la prolongada permanencia del régimen en el poder; pero tampoco podemos negar, y así ha quedado evidenciado en múltiples oportunidades, que estos criterios se han convertido muchas veces en verdaderos obstáculos para el avance hacia la ansiada unidad nacional.

Antes de continuar, creo necesario aclarar, que me ubico entre aquellos que consideran que la unidad nacional es, primeramente, un nivel de conciencia colectiva en torno a determinados objetivos políticos, económicos y sociales; el cual, se alcanza progresivamente y no solo de manera espontánea. La unidad nacional no es una abstracción; pues, a diferencia de lo que algunos pueden creer, esta puede medirse perfectamente en términos de organización, de movilización y de resultados electorales, entre otros. En tal sentido, pienso que es posible llegar a construir este estado de conciencia colectiva a través de dos maneras principales; las cuales se desarrollan de forma paralela e inter relacionadas entre sí. Son estas las siguientes:

1. Por el aprendizaje del pueblo en su propia dinámica de lucha política, económica y social.

2. Mediante un complejo proceso de acciones planificadas y desarrolladas de manera sistemática y consciente por una organización amplia, democrática y unitaria que tenga esta gran tarea entre sus principales objetivos.

Podemos inferir que los actuales niveles de conciencia política del pueblo venezolano derivan del aprendizaje adquirido a través de su historia; y particularmente, de sus últimas experiencias de lucha contra el actual régimen. Esto incluye victorias y derrotas, avances y retrocesos, errores y aciertos, entusiasmos y decepciones. Asimismo, no se puede obviar que el proceso para alcanzar la unidad nacional requerida, no se podrá desarrollar efectivamente, si no se toman en cuenta las condiciones objetivas y subjetivas que determinan el comportamiento de la sociedad venezolana en general.

Es muy importante tener esto presente, sobre todo, en momentos en los que se ha producido el lanzamiento de dos plataformas que, en principio, persiguen similares objetivos: una, de la sociedad civil: Venezuela Unida No Se Rinde; y otra, que integra a partidos políticos y sociedad civil: Frente Amplio Venezuela Unida. En ambos casos, se han manifestado ya las lógicas contradicciones entre las visiones burocráticas y hegemonicistas, al más puro estilo MUD, con las concepciones democráticas, de cambio real, y no limitadas al exclusivo cambio de gobierno. Si no se permite la participación democrática y protagónica de los diversos sectores que conforman la sociedad venezolana, si no se invierten esfuerzos en la búsqueda de consensos, y esto se sustituye por métodos de “representatividad” y procedimientos electoralistas, no se lograrán los objetivos esperados.

Maracay, 22 de abril 2018

El 20 de mayo de 1993, la Corte Suprema de Justicia declaró que había méritos para enjuiciar al presidente en funciones Carlos Andrés Pérez. Luego, el 21 de mayo de 1993, cumpliendo con los artículos 150 numeral 8 y 215 numeral 1º de la Constitución de 1961, el Senado de aquel Congreso bicameral de la República de Venezuela, autorizó con el voto unánime de sus miembros el enjuiciamiento al Presidente de la República.

Aquella Constitución de 1961, la más longeva de nuestra historia constitucional y a la que muchos llamaron “moribunda”, expresamente, sin dejar espacio a dudas, ordenaba la suspensión del Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones tan pronto se autorizara el enjuiciamiento.

La decisión del Parlamento venezolano de 1993 abrió el debate político sobre la sucesión presidencial que concluyó con una hoja de ruta institucional y constitucional para sustituir a un Presidente, que es oportuno recordar, aún tenía no menos de 250 días para concluir el período presidencial para el cual había sido electo.

En esa hoja de ruta se asumió, primero, una falta temporal del presidente y en consecuencia el presidente del Congreso, Octavio Lepage, tuvo la responsabilidad de ser el presidente provisional de la República de Venezuela.

Tan pronto el Congreso declaró la falta absoluta del presidente suspendido, se abrió el proceso formal de elegir a un nuevo presidente constitucional para concluir el período presidencial en curso. Tal honor le correspondió por decisión del Congreso de la República de Venezuela, en sesión conjunta, a Ramón J. Velásquez.

Luego de 25 años de aquella decisión de enjuiciar al Presidente Carlos Andrés Pérez, nuevamente el parlamento venezolano, se convierte en espacio para el debate político sobre la autorización para el enjuiciamiento de un presidente, en este caso Nicolás Maduro.

Nos corresponde destacar que aquella República de Venezuela, sustituida por la República Bolivariana de Venezuela, garantizó un mínimo de orden democrático y, también, un orden constitucional que respondió efectivamente a las exigencias históricas del momento.

El desconocimiento sistemático de la Constitución así como de los valores y principios de la democracia por parte del Presidente de la República, Nicolás Maduro; del Poder Judicial, principalmente de la supuesta Sala Constitucional; del Poder Ciudadano y del Poder Electoral, hoy por hoy reivindican la Constitución de 1961 y contrasta cualitativamente con el respeto a las formalidades y con la responsabilidad institucional demostrada por el Estado en el año 1993, aun cuando aquellas instituciones se veían debilitadas como consecuencia de un importante deterioro en la confianza pública.

A diferencia de 1993, hoy se debe hablar del enjuiciamiento de un presidente que abandonó sus funciones constitucionales, tal y como expresamente lo declaró, debidamente sustentado, la Asamblea Nacional el pasado 9 de enero de 2017.

La Asamblea Nacional con la autorización aprobada el 17 de abril de enjuiciar al presidente Nicolás Maduro, abre un nuevo capítulo en la crisis política, social y económica que agobia a la sociedad venezolana y, tal vez, ha impulsado un proceso de transición política que aún es difícil de identificar con claridad.

No estamos experimentando tiempos normales, son confusos y complejos, claramente vivimos un proceso político que se inició hace muchos años atrás y que en sus distintas etapas fue subestimado por casi todos los actores políticos de la oposición. Hoy el país está en ruinas.

Es necesario recordar que la propia Asamblea Nacional, el pasado 23 de octubre de 2016, declaró formalmente la ruptura del orden constitucional y democrático de Venezuela, por lo tanto, no podemos esperar que la dimensión jurídica logre construir con certeza la hoja de ruta que seguirá la vía de responsabilidad penal del presidente, porque a diferencia de 1993, el Estado es inexistente.

En consecuencia, es de esperarse que la decisión de la Asamblea Nacional no sea suficiente para que Nicolás Maduro acate efectivamente el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal, que expresamente le suspende del ejercicio de sus funciones una vez cumplidos los trámites necesarios para su enjuiciamiento y le inhabilita para ser nuevamente Presidente de la República.

La ruina económica, social y política que exhibe Venezuela demanda de cada uno de los venezolanos, en lo individual y como integrantes de un colectivo, una mayor responsabilidad cívica para organizarse, disciplinada y estratégicamente, en la construcción de una mayor cohesión social que permita enfrentar con efectividad los desafíos que esta realidad nos demanda.

El espíritu unitario en función de un objetivo común debe prevalecer en ese esfuerzo y ese objetivo no debe ser otro que la restitución del orden constitucional, democrático y del voto como herramienta para elegir de manera libre, secreta, universal y directa.

A tal fin y como forma de reivindicar la Constitución de 1999, los venezolanos podemos hacer uso de asambleas de ciudadanos, asumidas como efectivas herramientas políticas, reconocida en el artículo 70 de la Constitución, para construir consensos y sobre ellos presentar un pacto político que formalmente concrete, en una hoja de ruta cívica, el mandato constitucional del artículo 333 y exprese el compromiso con el objetivo común previamente señalado.

Desde cada asamblea de ciudadano debe formalmente activarse la soberanía originaria a la que hace mención el artículo 6 de la Constitución, para que entonces, muchas asambleas registren la voz de una mayoría que de manera contundente y a través de un manifiesto declaren formalmente la ilegitimidad del presidente Maduro, eleven su voz exigiendo más unidad y, por último, respalden de manera pública a la Asamblea Nacional, que ignorada por el régimen, insiste responsablemente en hacer cumplir la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

La soberanía originaria debe encontrar en la asamblea de ciudadanos el espacio para definir el compromiso cívico con una hoja de ruta que se inspire en los valores y principios de la democracia y de la Constitución. Así mismo, ese espacio de participación debe alimentar permanentemente, con legitimidad, toda expresión de organización ciudadana que procure la restauración del orden constitucional y democrático.

Venezuela demanda de una sociedad civil más reflexiva y organizada que comprenda la grave crisis del presente y procure identificar a través del debate político el rol que las circunstancias presentes le exigen en el marco del artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Debemos tener muy presente que en 1999 el Presidente Chávez logró validar la reforma constitucional con la abstención del 55,62% de la población inscrita en el Registro Electoral, lo cual representaba un total de 6.041.743 venezolanos. En consecuencia, una minoría electoral impuso la reforma Constitucional, pero esa misma minoría no logró imponer la reforma constitucional propuesta en el 2007, porque entonces hubo participación efectiva y principalmente, hubo unidad en el objetivo que movilizó políticamente a la sociedad venezolana en aquel momento.

No es momento para la indiferencia y, menos aún, para proyectos particulares. Es el momento de que la sociedad civil se encuentre en torno a un nuevo pacto político, social y económico, que se sustente sobre los valores y principios de la democracia, que reivindique la Constitución vigente y comprometa formalmente a todos los venezolanos que quieren un país próspero, libre y de oportunidades.

Es el momento de la sociedad civil organizada, pero sin estrategia y disciplina y sin una dirigencia política que asuma en unidad su rol de orientadores de la opinión pública, todo esfuerzo será insuficiente. Es urgente reconocernos y reencontrarnos en torno a valores, principios y tradiciones históricas.

@carome31

POLITIKA UCAB

Abril 20, 2018