América Latina -con excepción de Uruguay, Chile y Costa Rica- sacó una vez más malas notas en el índice mundial de corrupción dado a conocer este martes por Transparencia Internacional. Transparencia Internacional presentó este martes su índice de percepción de corrupción 2022.

Parafraseando al célebre Gabriel García Márquez, podría hablarse de la “crónica de una mala noticia anunciada”. Una vez más, el continente latinoamericano presentó niveles altos de percepción de corrupción.

El instrumento clasifica 180 países y territorios según las percepciones de corrupción en el sector público, en una escala de 0 a 100, en la que cero equivale a "muy corrupto" y 100, a una muy baja corrupción.

El promedio de las Américas se mantiene en 43, y casi dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50.

DW entrevistó de manera exclusiva a la presidenta de la organización, Delia Ferreira Rubio, quien, desde su estudio en la Ciudad de Buenos Aires, analizó causas, consecuencias y perspectivas del fenómeno en Latinoamérica.

DW: ¿Cuál es el balance principal que deja este nuevo índice para América Latina?

Delia Ferreira Rubio: Una asignatura pendiente, reiteradamente pendiente. Si uno analiza Latinoamérica, con excepción de Chile y Uruguay, y en menor medida Costa Rica, estamos muy por debajo del promedio global. La mayoría de los países están por debajo de los 40 puntos, y en una escala de 100, estar ahí es, claramente, un problema.

Es el caso de Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú, El Salvador, República Dominicana, Bolivia, México, Paraguay y Honduras. O sea, en Latinoamérica estamos mal. Y muchos países están en una situación de estancamiento.

A mí me preocupa mucho, porque esto va junto con el deterioro de la democracia, la falta de respeto por la independencia del Poder Judicial, que, a su vez, conecta con las investigaciones de corrupción y la necesidad de que haya consecuencias, es decir, de que no haya impunidad.

Eso significa que, si hay altos grados de corrupción, el periodismo informa, la sociedad civil denuncia, y no pasa nada, lo único que se genera es falta de confianza en las instituciones.

Y se conforma un círculo vicioso...

Yo digo que incluso es peor que un círculo: es un espiral, porque va creciendo. Si hay instituciones que no funcionan, es una oportunidad para la corrupción. Y una vez que la corrupción está, esas instituciones funcionan aún peor.

Además, en nuestra región, vemos que en los países que avanzaron contra la corrupción, apenas cambian los gobiernos, empiezan a cuestionarse los resultados de investigaciones anteriores.

Hay gobiernos autoritarios o populistas, que llegan al gobierno de manera democrática, pero lo primero que hacen es usar el poder que han adquirido para tratar de eliminar los controles, atacar al Poder Judicial y atacar a los medios de comunicación. Como el gobierno de Bukele, en el Salvador, o el gobierno de Guatemala. Y en Argentina, estamos asistiendo a los ataques a la Corte Suprema de Justicia, porque se ve más cercana la posibilidad de una condena para la vicepresidenta por casos de corrupción. Es el mundo del revés.

En nuestras sociedades latinoamericanas los consensos sociales básicos están rotos, vivimos en la cultura del "cambalache", como dice la letra de ese tango: "Da lo mismo ser derecho que traidor". Latinoamérica, con excepción de Uruguay y Chile, es un cambalache: "Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor".

Corrupción es una palabra que, de tan usada, puede hasta perder su contundencia en el significado, pero ustedes sostienen que va asociada a un terreno fértil para el crimen organizado y el abuso a los derechos humanos.

Así es. A la corrupción se le suma, en algunos países, el crimen organizado, particularmente el narcotráfico. Con lo cual, el índice de violencia en la región aumenta. Algunos países directamente viven una captura del Estado. En el caso de Venezuela o de Nicaragua, son estructuras de crimen organizado que están enquistadas en el Estado.

Y también es un terreno fértil para los ataques a los medios de comunicación, y particularmente a los periodistas. Pensemos en México, el país más peligroso para los periodistas. Y eso, porque informan sobre la colaboración del Estado, la Policía y las Fuerzas Armadas con los grupos del narcotráfico.

Pero, además, la corrupción no solo implica beneficios económicos o políticos. Muchas veces en nuestros países tenemos casos de corrupción en los que la moneda de cambio -y esto afecta particularmente a las mujeres y a las niñas más jóvenes- es un acto de sexual.

¿Qué hacen bien Uruguay y Chile?

En ambos casos, no es que no haya corrupción, la diferencia es la reacción, que es aplicar la ley, rápido, y sancionar a quienes tienen que sancionar. Pero, además, hay algo que está como telón de fondo de esto, que tiene que ver con cultura. En Chile, en particular, hay un respeto a la norma, a la ley. En Uruguay, existe una condición de ciudadanía por la que se sienten obligados a actuar de acuerdo a ciertas reglas, como la honestidad, el respeto al otro y el diálogo.

¿En este sentido, cuáles son las salidas a la corrupción?

Las salidas son múltiples. Hay cosas que las puede hacer el Estado, con buenas leyes, que se apliquen, con organismos de control que sean independientes. Pero el sector privado también tiene una responsabilidad muy alta, que es no participar en la corrupción y no incentivarla: la corrupción no puede ser un mecanismo para hacer negocio. Y la sociedad tiene que dejar de ser indiferente, y dejar de votar a los corruptos.

¿Cree que existe voluntad de cambio?

Ese es precisamente el problema que tenemos. Pero si nos quedamos callados, no solo no vamos a poder luchar contra la corrupción, sino que el terreno que nos da garantías mínimas también va a seguir deteriorándose.

El mensaje tiene que ser claro: la corrupción está en la base de todos nuestros fracasos como sociedad, y de nuestras crisis: desde la deforestación del Amazonas, hasta la guerra en Ucrania.

31.01.2023

DW

https://www.dw.com/es/la-corrupción-está-en-la-base-de-todos-nuestros-fracasos-como-sociedad-sostiene-presidenta-de-transparencia-internacional/a-64568423?maca=spa-newsletter_sp_Titulares-2358-xml-newsletter&r=17270422561132180&lid=2425680&pm_ln=187231

Las encomiables labores de muchas organizaciones no gubernamentales (ONGs) les han ganado la estima de la sociedad venezolana actual. Ante la destrucción de la economía y el colapso del Estado, con su consecuente incapacidad para responder a las múltiples demandas de la población, venezolanos conscientes, de gran sensibilidad social y espíritu solidario, dispuestos a ayudar al prójimo, fueron estructurando, en respuesta, organizaciones diversas.

Con sus esfuerzos en parcelas particulares del quehacer social, han ido llenando el vacío dejado por la devastación institucional. Así, en campos de la salud, educación, cultura, medios, alimentación, igualdad femenina, de los LGTBI, derechos indígenas, vejez, seguridad personal y muchos otros, el venezolano de a pie ha podido encontrar asistencia y amparo ante sus carencias. Pero es, sobre todo, en torno a la defensa de los derechos violentados por la represión, el acoso y la desidia de los círculos más elevados de poder, donde han adquirido más significación y prestancia. Porque sin derechos civiles y políticos elementales, el venezolano difícilmente puede luchar para hacer valer sus derechos en los demás ámbitos de su vida.

Y, sintiendo su poder desafiado por este compromiso de las ONGs por hacer respetar y cumplir los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, instancias del chavo-madurismo han aprobado, en primera discusión de la asamblea oficialista, un proyecto de ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.

En el proyecto que leo en mi computadora, luego de unos primeros artículos anodinos sobre asuntos de registro, definiciones y otros aspectos administrativos, se hace conocer, a partir del artículo 7, su verdadera intención. Éste se intitula, “De la limitación de sus facultades”. Deben acotarse, expresamente, a “las tareas humanitarias, sociales, de asistencia, culturales, educativas u otras, que estén fijadas en sus estatutos”. Suena lógico. Pero con base en tal enunciado se introducen acciones de supervisión y control por parte del Ejecutivo Nacional, como las sanciones correspondientes si se transgrede la norma, sobre todo si “comprometan la soberanía nacional o el normal desenvolvimiento de la asociación civil” (numeral 3, artículo 13). Para quienes carecen de suspicacia, la transgresión anterior se hace explícita más adelante, en el artículo 15, referente a las Prohibiciones:

“Las organizaciones no gubernamentales tendrán prohibido en todo el territorio nacional: 1. Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos 2. Realizar actividades políticas 3. Promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República 4. Cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana”.

Dada la plasticidad complaciente con que jueces abyectos aplican la ley, el último numeral deja en manos de la discreción autocrática las demás actividades a prohibir. Entre las sanciones, está la disolución de la ONG, incluyendo “medidas cautelares … para evitar la continuación del delito.” Y, más adelante (artículo 16), se establece que, si la ONG no notifica lo que recibe como donaciones, “será castigada con la imposición de una multa equivalente al doble de la cantidad percibida, sin menoscabar las responsabilidades civiles y penales a las que pueda haber lugar, en virtud de la legislación sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, si fuese el caso.”

Para disipar toda duda respecto a la intencionalidad de este proyecto de ley, basta leer su exposición de motivos. Parte de la existencia de una conspiración internacional que, “anclado en el derecho de asociación que está consagrado en la Constitución” (…) abusa de esta libertad a través de las ONGs, “en beneficio del moderno imperialismo, reafirmando las premisas del neoliberalismo y, al mismo tiempo, actuando para promover o apoyar las intervenciones militares.” (…) “Un análisis riguroso (¡!) de estas instituciones permite observar que dependen casi en exclusiva de la «ayuda» de los gobiernos occidentales que, por lo general, se dirige hacia los países de importancia geopolítica y que se relacionan con un marco de intervención.” Por tanto, la normativa a aprobar, “reivindica la soberanía del Estado” (OJO, no de la nación), para enfrentar esta amenaza. En palabras de Diosdado Cabello: “Las ONG de Venezuela no dependen del Gobierno Bolivariano, dependen del gobierno de Estados Unidos. Son apéndices de organismos que operan en el mundo para garantizarle al imperialismo su operación en el mundo entero”.

La esencia de todo régimen totalitario es copar todos los espacios de poder, controlando los aspectos más básicos de la vida en sociedad, para perpetuar la posición de dominio de quienes ejercen el poder central. Esto implica, por tanto, la prohibición de la política como ejercicio soberano de quienes integran la nación venezolana. La normativa en comento encubre este despropósito manifestando, en su artículo 3, que “facilita el derecho de asociación licita, previsto en la Constitución.” Sin embargo, el último artículo (17) aclara que: “De manera expresa, se favorecerán formas de organización popular comunitaria y comunal que busque participar en la solución de los problemas locales, así como en la garantía de los derechos humanos.” Reaparece, así, el adefesio comunitario, controlado desde el poder por las leyes dictadas al respecto, la versión chavista del Estado Corporativo fascista de Mussolini.

Aristóteles señaló que el ser humano es un zoon politikon (animal político). Afirmaba, así, el apremio de participar activamente en los asuntos públicos (res publica) de las ciudades-estado griegas, atributo central de su democracia. Hoy, la sociedad civil se activa en la forma de un poder ciudadano amparado en derechos individuales irrenunciables, sujetos al cumplimiento de sus deberes, que acreditan su demanda porque le sean rendido cuentas de manera transparente de la gestión pública y se le garantice justicia, conforme a los criterios contemplados en el contrato social (constitución) con base al cual se articula esa sociedad.

En Venezuela, al desmantelar el Estado de Derecho, la lucha por que sean observados los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna ha sido asumida, en sus diferentes manifestaciones, por las llamadas Organizaciones No Gubernamentales. Y es ese ejercicio de ciudadanía, contrapeso de los abusos cometidos desde el poder, lo que la autocracia militar despótica chavo-madurista no se puede permitir. Sobre todo, aquellas ONGs que denuncian sus atropellos ante los organismos defensores de los derechos humanos de la ONU y la OEA, así como ante la Corte Penal Internacional.

De ahí el acoso y persecución de activistas, su represión y encarcelamiento, la tortura de quienes luchan por la democracia, y la agresión contra medios de comunicación independientes, cuyo zarpazo más reciente ha sido el ataque, la semana pasada, contra el diario El Nacional. Ahora pretenden complementar su arsenal represivo con este instrumento jurídico para acabar con las ONGs que desafían el poder autoritario de quienes se han cogido el país para ellos, militares y civiles. Para los opresores, las ONGs estarían financiando actividades terroristas (¡!).

Es emblemática que esta ofensiva sea asumida por la figura más conspicua del fascismo venezolano, Diosdado Cabello. ¡Siempre habrá enemigos a vencer, a quienes no debemos dar cuartel! ¡Para eso estamos nosotros, los militares chavistas sin escrúpulos!, parece espetarnos con sus cínicas imprecaciones. Y uno se pregunta, ¿Cómo encaja ello en el escenario de la supuesta normalización que Maduro pretende simular, de su interés por ser aceptado por la comunidad internacional y la continuidad de las negociaciones con sectores de oposición? La apelación a los primitivos esquemas represivos del chavismo y a colectivos fascistas que amedrentan la protesta no son buenos augurios.

No podía faltar, en este orden, la incesante alaraca “en defensa de la patria ante la agresión imperialista”, para que sean levantadas las sanciones contra los personeros centrales del chavismo, violadores de derechos humanos, blanqueadores de dineros mal habidos y otras vagabunderías. Porque lo que en realidad se defiende, como los venezolanos estamos hartos de confirmar, es la impunidad con que los que se han apropiado del Estado han amasado inmensas fortunas, al amparo de la destrucción del ordenamiento constitucional y la democracia. Lo que queda son las ONGs: ¡A defenderlas!

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Después de la reunión de líderes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil en el Foro Económico Mundial de este año en Davos, se ha difundido la observación de que vivimos en una era de «policrisis». La aparición simultánea de varios hechos catastróficos define el clima.

Frente a desafíos tan inmensos como el calentamiento global, la crisis de los sistemas sanitarios, una creciente divisoria digital y modelos de negocios financierizados que aumentan la desigualdad de ingresos y riqueza, no es sorprendente que crezca la desilusión con la política, creándose así condiciones ideales para populistas que prometen remedios fáciles. Pero las soluciones reales son complejas y demandarán inversión, regulación e innovaciones sociales, organizativas y tecnológicas, no sólo de parte de gobiernos y empresas, sino también de personas y organizaciones de todo el arco de la sociedad civil.

Los gobiernos, convencidos de que las políticas sólo pueden aspirar a corregir fallos del mercado, suelen dar respuestas insuficientes y tardías. Incluso bienes públicos como la financiación de actividades de investigación y desarrollo en el nivel básico se ven como formas de corregir un problema de externalidades positivas, así como los impuestos al carbono corrigen un problema de externalidades negativas. Pero lograr un cambio transformador que produzca crecimiento inclusivo y sostenible no depende tanto de corregir los mercados cuanto de configurarlos y crearlos. Esto demanda complementar la idea de los bienes públicos con la de «bien común», que no es sólo una cuestión de «qué», sino también de «cómo».

El bien común es un objetivo al que hay que llegar en forma conjunta mediante la inteligencia colectiva y la coparticipación en los beneficios. Trasciende la idea (en la cual se basa) de los recursos de propiedad comunal, al poner el acento en cómo diseñar inversiones, innovaciones y mecanismos de colaboración en pos de un objetivo compartido. Los bienes comunes son producto de interacciones e inversiones colectivas que demandan modelos compartidos de propiedad y gobernanza. Por eso los beneficios surgidos de esas actividades deben compartirse en forma colectiva. La idea de bien común también atiende a la necesidad de una gobernanza internacional eficaz, destacada en la noción de bienes públicos globales elaborada por mi brillante colega, la fallecida Inge Kaul, que ayudó a inspirar el trabajo de la Comisión Mundial sobre la Economía del Agua.

En su encíclica de mayo de 2015 Laudato si’: sobre el cuidado de la casa común, el papa Francisco defiende con elocuencia un modo de pensar basado en el bien común para un mundo de cambio constante. No es idealismo abstracto. La idea de bien común ofrece un marco útil para fijar objetivos compartidos y determinar el modo de alcanzarlos. Francisco habla de la necesidad de subsidiariedad (el principio de resolver los temas particulares en el nivel más local posible) y de ver el mundo por los ojos de las personas más vulnerables.

Según Francisco, la prioridad en todo cambio social, económico y político debe ser proteger las condiciones esenciales de las que depende la vida humana. La toma de decisiones para el bien común implica defender la dignidad de quienes están marginados en términos sociales, políticos y económicos, no sólo con palabras sino con políticas y nuevas formas de colaboración. Implica crear una red de solidaridad a través de la cual las voces no escuchadas puedan participar en los procesos de decisión cruciales.

Para alcanzar estos objetivos se necesita un nuevo modelo de crecimiento en cuya búsqueda deben participar los que hoy están excluidos; no un modelo que sencillamente se implemente en su nombre. Sirven de ejemplo las organizaciones cooperativas, que se han mostrado eficaces para reunir a personas con medios limitados y darles oportunidades de acción autónoma que no hubieran tenido de otra manera.

Francisco también comprende que en tiempos en que algunos sectores económicos tienen más poder que los gobiernos en ciertos ámbitos, es obligación del Estado defender el bien común en nombre de todos. Para oponerse a la tendencia y hacer frente a los grandes desafíos que tenemos por delante es necesario un cambio fundamental en la política económica. Hoy el principio de bien común se ve como un correctivo para los excesos del sistema actual; pero en vez de eso, debe constituir el objetivo central del sistema.

El dinero no es todo: también es importante fomentar ciertas formas de colaboración. En el caso de la COVID‑19, el mundo hizo una muy exitosa inversión colectiva en la investigación de vacunas. Pero omitió garantizar que el resultado final se trasladara a un «bien común»: en concreto, llegar a que toda la población mundial esté inmunizada.

A menudo tenemos una idea perezosa de las «alianzas» entre diversas partes. La mera asociación entre las partes no quiere decir que estén colaborando correctamente para el bien común; para eso también es necesario que fijen en forma conjunta los objetivos y que armonicen riesgos y beneficios. Todos los participantes deben coincidir en el «qué» además del «cómo». Por ejemplo, no se trata solamente de desarrollar vacunas, sino también de ponerlas al alcance de todos.

Con un enfoque basado en el bien común, cada paso del proceso es casi tan importante como el resultado final. En Estados Unidos, el gobierno destina miles de millones de dólares por año a la inversión pública en I+D en el área de la salud (en 2022, sólo los Institutos Nacionales de Salud proveyeron 45.000 millones de dólares), pero después deja todas las ganancias en manos privadas. Al materializarse la «recompensa» de un esfuerzo colectivo (a menudo en la forma de ganancias empresariales, o como conocimiento valioso), debe compartirse tanto como se compartieron los riesgos.

Como muestro en mi libro Misión economía, hay muchos modos de hacerlo. Uno es condicionar el apoyo público a ciertos requisitos sobre propiedad intelectual o precios, o exigir coparticipación en las ganancias, por ejemplo mediante un modelo accionarial. Otro modo de propiciar una distribución más equitativa del valor entre todos los miembros de la sociedad es mediante estructuras de propiedad colectiva. Todos estos mecanismos permiten limitar la concentración indebida de poder en manos de unas pocas personas y empresas privilegiadas.

Y estos problemas no son exclusivos del ámbito de la salud. La economía digital lleva años creciendo sobre la base de inversiones públicas a gran escala. Como unas pocas empresas poderosas controlan la mayor parte de los datos, tecnologías clave como la inteligencia artificial hoy reproducen sesgos e injusticias preexistentes. Para contrarrestarlo, tenemos que diseñar un marco más inclusivo y transparente que, por ejemplo, imponga ciertos criterios éticos a los términos y condiciones de los servicios digitales.

Finalmente, hay que alentar una mayor valoración del poder de la inteligencia colectiva. Así como los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG/ESG) ayudan a las empresas a proveer información sobre su conducta y cultura organizacional, un enfoque de bien común exige una mejor provisión de información sobre la dinámica interorganizacional y público‑privada, que exprese la totalidad del ecosistema de colaboración (o de parasitismo, como también puede suceder).

La idea de bien común es una idea de colaboración intensa, de inteligencia colectiva, de creación conjunta de fines y medios y de una correcta distribución de riesgos y beneficios. Políticas industriales y de innovación con orientación de misión muestran cómo se pueden poner en práctica estos principios. Gobiernos u organismos internacionales pueden fijar una meta clara (a menudo mediante un proceso de consulta con otras partes interesadas) y luego crear condiciones para una intensa colaboración público‑privada que permita alcanzar dicha meta. Y en este proceso, la modalidad de prueba y error es un elemento crucial. El rumbo debe estar claro, pero también tiene que haber amplio margen para la experimentación descentralizada.

El bien común es un objetivo compartido. Al poner el acento en el cómo lo mismo que en el qué, permite promover la solidaridad humana, el uso compartido del conocimiento y la distribución colectiva de los beneficios. Es el mejor (y de hecho el único) modo de asegurar una calidad de vida digna para todas las personas en un planeta interconectado.

Traducción: Esteban Flamini

27 de enero 2023

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/common-good-governance-key-...

La difusión del mensaje en la política tiene un valor capital, el mismo en esencia debe diseñarse en función del o los receptores y de los intereses de estos, así mismo, el mensajero debe gozar en primer lugar de credibilidad y de la confianza entre los que reciben dicho mensaje.

En el pasado reciente, el uso del cara a cara, reuniones grupales, de puerta en puerta y mítines entre otros, era utilizado por el político para exponer sus ideas, sus propuestas y promesas de cambio de situación a favor del ciudadano. Sin embargo, el poder de la radio y la televisión como medio de comunicación masiva fue alejando dicha práctica y si se le suma la pandemia del Covit 19, podemos establecer que la cuesta se empino mucho más a la hora de transmitir el mensaje.

No hay que olvidar que en el caso de Venezuela, tanto la televisión como la radio, son medios de difusión de la propaganda del régimen opresor.

Con este marco, queda a los interesados políticos opositores adaptarse, buscar alternativas, convertirse en un emprendedor de la política a la hora de hacer llegar su mensaje.

Así, aunque las redes sociales estén penetradas por el régimen, estas constituyen, por ahora, la vía expedita que el político tiene en sus manos para la difusión de su mensaje.

Para ello, y, es un punto de vista personal, el político debe debe transformarse en un protagonista del hecho, no desde el mismo hecho, mas bien desde afuera, como un periodista describiendo lo que ocurre y narrando lo que el público quiere escuchar. Es un fin en sí mismo, es la magia de la comunicación a las masas, es el encuentro con la política en la calle.

Notas adicionales
1. Vencer la contrainformación no solo es una necesidad, es un deber, y debe formar parte de la estrategia.
2. No se trata de informar, más bien de formar conciencia en el ciudadano.
3. La siembra de esperanza va de la mano con las propuestas que se hagan para solucionar el problema.
El emprendedor político es un actor y como tal debe levantar emociones y motivar a quien lo escucha que si se puede.
El lenguaje, aunque directo, debe evitar lo vulgar y estridente.
Lo obvio, aunque lo sea, hay que machacarlo hasta el cansancio para que quede en el consciente y el inconsciente del auditorio (quienes escuchan al emprendedor)
La improvisación es sustituida por un guión previamente concebido y adaptado al hecho o evento que se piensa difundir.
En el guión está contenido el mensaje en sí.

#loquequepaquesesepa

Una crisis, cuya dimensión es primeramente espiritual. El incendio está devorando la casa y en lugar de agarrar los tobos y hacer una cadena humana para echar agua en ese fuego, los partidos políticos están inmersos en sus luchas internas. El gobierno del señor Maduro quiere cambiar de conducta, sin renunciar ni esconder al cartelito del socialismo. Olvídense de eso. El pensamiento y la acción política deben subordinarse a la realidad que estamos viviendo. Un país mucho más empobrecido, al que se le acabó el dulce petrolero. Sin libertades, el talento y la productividad de los venezolanos no podrán proveer lo que antes nos daba la naturaleza.

De esa crisis espiritual, de la incapacidad para reconocerse y encontrar una vía que nos saque del marasmo y el hundimiento, habla Luis Ugalde sj.

¿Cómo caracterizaría el momento actual de la crisis venezolana?

No es una crisis convencional, sino la de un cambio muy profundo. Quizás similar a lo que significó la muerte de Juan Vicente Gómez. El nacimiento de otra manera de entender la política, que la identificamos con la llamada generación del 28. Es decir, las categorías con las cuales se analizaba en el tiempo de Gómez, pues ya no son las mismas. Surge otra realidad política en Venezuela. Esa realidad política tiene como base espiritual y de identidad, a una nueva generación que quiere parir un nuevo país. Hoy día es fácil de decir: Venezuela tiene que renacer y ese también es un deseo lógico. Pero el peligro que tenemos es de juzgarlo, o bien dentro de categorías marxistas de la izquierda, que cada día sirven para menos, o también de categorías convencionales de la democracia. Voy a poner unos ejemplos de América Latina. Dicen, en la región vuelve la izquierda. La izquierda ganó en Colombia, en Perú, en Chile, en México, en Brasil, etc.

Casi hay más triunfos de la izquierda que países en América Latina.

Eso es puro engaño, porque la izquierda no puede gobernar en ninguno de esos países si no hace, simplificando, una política de derecha. ¿Qué situación enfrenta el presidente de Chile (Gabriel Boric), que viene del partido comunista? Él tiene que tener éxito. Si mañana empieza con ideas comunista no dura seis meses. De hecho, su popularidad está por debajo del 30 por ciento. ¿Por qué? Porque no tiene más alternativa, si quiere desarrollar sus programas sociales, que activar la economía que está en crisis. Y para eso necesita miles de millones de dólares de inversión, esa inversión es capitalista, no hay otra. Entonces, al llegar al gobierno se encuentra que las protestas de calle, que eran contra el sistema, ahora son contra él. Se encuentra que en esas protestas hay mucha razón y hay también delincuencia, como suele ocurrir. Tiene que enfrentarla. A él lo identifican como el enemigo del pueblo. Ese es un hecho, del cual no se puede liberar.

Lo que hace la izquierda es soñar y tratar, a cualquier costo, de convertir sus sueños en realidades.

Vayamos a Colombia. ¿Qué dijo Petro? ¿Voy a implantar el socialismo?… ¡No! Tenemos que desarrollar el capitalismo. ¿Qué significa eso? Tenemos que conseguir decenas de miles de millones de dólares para que en Colombia el ingreso, los servicios públicos, la educación, mejoren. No empiece usted con el letrero de socialista en la mano, lo primero que tiene que hacer es esconderlo, porque el sólo nombre espanta. Entonces, no importa que usted y yo estemos de acuerdo… esa es la realidad. Y la de Lula también.

El problema es que la izquierda radical cree que existe una economía distinta a la capitalista. Pero sólo en sus sueños. La era del capitalismo global es la dura realidad que estamos viviendo. Diría que lo han aceptado en la región y que el gobierno del señor Maduro lo ha intentado, con mucha incompetencia. Entonces, vemos los bodegones, pero los miles de millones de dólares, ni por equivocación.

Creo que ellos, en este momento, quisieran olvidar la ideología, por eso dicen: usted produzca, olvídese de las normas, no me pida que cambie la ley, ya está engavetada, invierta y gane, porque si usted no lo hace, mi gobierno fracasa. Es terrible, pero esa es la realidad en la cual estamos. Y digo que es terrible, porque no es un liberalismo encausado, con normas, sino un liberalismo salvaje. Totalmente salvaje. Ahora, el asunto es el siguiente. Tiene que tener un lenguaje de izquierda —para simplificar y entendernos— y tiene que hacer una política contraria a ese discurso. Ese es un hándicap terrible. El que no puedas hablar con claridad a la gente. Mire, este cuento se acabó. Nuestra producción que hace 10 años estaba en 100 bajó a 20. Cualquier familia, cuyo ingreso baja en esa proporción, está en una penuria espantosa. No, que hemos subido más que Europa o Estados Unidos. Sí, claro, 10 por ciento. ¿Pero eso que significa? Que pasamos a 22 cuando deberíamos estar en 130 o 140 subiendo. Y eso no tiene escapatoria.

Pero lo que escuchamos es otra cosa.

Este gobierno ha abusado de la palabra. De la forma más desvergonzada. Ha prometido. Ha dicho. El mundo nos está admirando por las maravillas de nuestra educación, de nuestra economía, pero la gente chavista contrasta ese discurso con sus condiciones de vida y dice: Yo llego a mi casa y no tengo cómo alimentar a mis cuatro hijos. Contra eso no hay argumento presidencial que valga. Ni nada por el estilo. ¿Qué les queda? La represión.

Todos estos regímenes terminan viviendo en la mentira. Si usted va a Cuba le muestran el paraíso de la revolución, un parque temático rodeado de miseria. ¿De esa mentira arranca la crisis espiritual?

Yo creo que la crisis espiritual, en este momento, efectivamente se alimenta de una contradicción. De un discurso que promete, pero que no veo en la realidad. De una oposición que, realmente, está en una situación lamentable. Y no sé si está claro que la Venezuela que fue no regresa. Así como la generación del 28 significó una ruptura con el gomecismo y tardan años en que eso cuaje como propuesta política, así mismo, en este momento, esta dictadura no sirve para nada, pero tampoco la forma de hacer política que tenían los partidos políticos antes, es la solución para el país. Dicho de otra manera, Si fulanito de tal, que está en la oposición llega al poder, con las categorías convencionales no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque la renta petrolera que producen cuatro, cinco o seis millones de barriles diarios de petróleo, que era la meta en 2012 (enunciada tanto por el chavismo como por la oposición), no lo producen 100 mil barriles diarios. Si tienes al país y a la burocracia montada sobre seis millones de barriles, tanto el gobierno como el Estado están en la miseria.

El pasado pesa, como decía Ramón Piñango, y pesa en la historia, si desconocemos lo que significó la generación del 28: la ruptura con el gomecismo y una nueva forma de hacer política, algo, debimos haber aprendido, algunas reflexiones y conclusiones haber sacado, creo que esos análisis existen. Entonces, ¿Por qué no hay una respuesta, como diría un marxista, orgánica?

Hay una perplejidad, sin duda. Pero vamos al punto que has planteado. Esta es una crisis espiritual. ¿En qué sentido? Es una crisis, primero, de no entender en la perplejidad y, segundo, de buenas a primeras, se te presenta una montaña y tú dices, yo no puedo subir esa montaña y ahí, creo, surge lo que han planteado los obispos venezolanos en su más reciente documento: no nos dejemos quitar la esperanza. En este momento, el mayor peligro que enfrenta el país, es la desesperanza. Que digamos: Aquí no hay nada que hacer, sino agarrar las maletas y nos vamos, lo cual es la peor conclusión a la que podemos llegar, porque se basaría en una suerte de ilusión de que afuera nos están esperando para tratarnos bien.

Cosa que no ha ocurrido de manera comprobada. Todo lo contrario.

No ha ocurrido, ni va a ocurrir. Siempre el extranjero, mucho o poco, va a ser discriminado. Al que va con grandes capitales le abrirían las puertas, pero el que va en necesidad encuentra, como algo garantizado, el sufrimiento en el nuevo país.

Eso, para no hablar que la diáspora supone para algunos una ruptura cultural.

Claro. En ese sentido, al no tener la base sobre la cual se construyeron muchos logros, sin olvidar las limitaciones, tengo que pensar ¿Cuál es la base de la economía sin la renta petrolera? Y ahí volvemos a una idea que no es ninguna genialidad, pero sí fundamental: el talento de la persona humana. Ese es el factor multiplicador de la riqueza. Pero justo en el momento en que más necesitamos el talento y la productividad que supla la renta petrolera, estamos, digámoslo así, en una onda depresiva. De decir, no podemos. ¿Adónde nos lleva esta reflexión? A entender que la clave es la educación. Una educación que, si miramos, está en ruinas, con universidades emblemáticas como la UCV y la Simón Bolívar asfixiadas porque no reciben ni el 10 por ciento del presupuesto que necesitan y con unas escuelas abandonadas. Un maestro gana cinco dólares mensuales. Pero el gobierno tiene un discurso que contradice eso. El que vive, o mal vive, siendo muy chavista, dice: haga usted el discurso que quiera, pero mi realidad es esta. Entonces, estamos en un momento, no para ver los temas filosóficos o teóricos de la política, sino para ver la calamidad, la condena, en la que viven los empleados del sector público. Este pobre hombre tiene la maldición de ser empleado de Sidor o del metro, o de qué se yo.

Yo entiendo el apremio y las circunstancias que estamos viviendo, pero la reflexión sobre el país es necesaria, entre otras cosas, por lo que usted señala: las categorías convencionales no son suficientes. Entonces, ¿Qué herramientas podemos utilizar? No podemos desconocer ese asunto.

Es cierto, pero a mí modo de ver, el pensamiento y la acción política tendría que estar subordinada a esa realidad. Si la casa está ardiendo, lo primero que hay que hacer es agarrar los tobos y hacer una cadena humana para echar agua a ese fuego. Esa es la urgencia, eso está pasando en la calle. Pero los partidos políticos andan peleando entre sí y, si no hay otro liderazgo, tomamos la calle nosotros. Se ha dicho, se ha escrito (hasta el cansancio, pienso mientras escucho a Ugalde) que los partidos tienen que renacer a partir de una conexión con la gente. Muy bien, pero eso no se ha dado. Estamos dando pésimos ejemplos y, si la población tenía reservas frente a lo político, ahora dice, que la política no sirve para nada. Esto puede traer un cambio rápido, porque los partidos no se suicidan tampoco. No tienen más remedio que aprender.

Pero no dan señales de que quieran aprender.

En Venezuela siempre ha habido diferencias. No sólo las hubo en el trienio adeco —de 1945 al 48—, sino que pelearon a muerte. Diría que el golpe del 48 fue celebrado por URD y por Copei. No digo que lo convalidaron, pero sí lo celebraron. Los adecos pensaron que mi partido hegemónico va a controlar la educación, los sindicatos, va a controlar todo. Eso los llevó al fracaso y aprendieron.

Esas diferencias también se manifestaron en 1959.

A eso voy. Esa es la diferencia, que los tres que pelearon en el 48 vinieron de la mano en el 58, entre otras cosas, porque la cárcel y el destierro enseñan. El sufrimiento enseña y enseña mucho. Hay una anécdota del primer desayuno que se dio en Nueva York entre Jóvito Villalba y Rómulo Betancourt. Sería en el año 57. Eso está publicado en un libro que editó la Universidad Santa María. Personas de ambos partidos (URD y AD), promovieron ese desayuno. Betancourt dijo: como no, estoy dispuesto. Villalba dijo. No. Yo no voy. Betancourt me llamó cobarde por no haber defendido el triunfo en 1952. Pero terminó yendo a ese desayuno. El primer impulso es a no reunirse, como lo estamos viendo entre los líderes que hoy rozan los 50 años. Ya no son tan jóvenes. De manera que tienen edad para ser maduros. Por encima de cualquier circunstancia, hay que poner la situación del país. Si no hacemos el Pacto de Puntofijo y hacemos el Programa Mínimo (que no era tan mínimo) pues nos vuelven a tumbar los militares. Tenemos que ponernos de acuerdo para defender todos al que gane. Los mismos que pelearon en el 48 vienen con una madurez política y AD tuvo la madurez de compartir el poder con Copei. Aquel Copei al que AD calificaba de partido falangista, curero, reaccionario y de derecha. Y tú, copeyano, decías: AD es un partido comunista disfrazado. Pero con ese partido vas a compartir gobierno. Eso hizo que la democracia durara y los gobiernos tuvieran éxitos notabilísimos, que en la historia de Venezuela eran inconcebibles.

Aparte de la cadena que necesitamos para apagar el fuego, ¿Podría señalar o enunciar algunas ideas y herramientas que no fueran las convencionales para enfrentar los desafíos que tenemos los venezolanos?

Cuando las cosas van mal, cuando estamos en un momento tan bajo, como ocurre actualmente en el país, a que nos lleva eso. Primero a un esfuerzo espiritual para aceptar la realidad —un país mucho más pobre—, es como el enfermo: usted es diabético, le encanta el dulce, pero ese dulce se acabó.

A Venezuela le encanta el dulce petrolero.

Obviamente, necesitamos la producción petrolera y ojalá llegue pronto a un millón de barriles diarios, pero llegar a esa meta supone una inversión sostenida anual de 15 millardos o 20 millardos de dólares. ¿Quién los va a invertir? Como una vez se dijo: exprópiese, como también se dijo: el mal de la humanidad es el capitalismo y el bien es el socialismo, aunque mí conducta está cambiando —y “mí”, es el gobierno—, sin embargo, yo vengo con el letrero y no quiero renunciar: esto es socialismo y añado mire las maravillas que hace el socialismo… Olvídese de eso. Tenemos que poner los pies en la tierra del enfermo. Por tanto, vamos a poner la disciplina de la dieta. Usted puede tener una buena vida, pero distinta a la que tenía. Venezuela tiene un potencial increíble. En 1949, el número de universitarios no llegaban a mil; en 2000, por ejemplo, ese número era de 1,4 millones de estudiantes en el nivel superior. Un salto increíble.

29 de enero 2023

Prodavinci

https://prodavinci.com/luis-ugalde-mire-este-cuento-se-acabo/

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), define a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como “un grupo sin fines de lucro, independiente del gobierno, que se organiza a nivel local o internacional para abordar las cuestiones de apoyo al bien público o nacional”. Considera que las ONG cumplen un papel importante al contribuir a la democratización de los países y de la sociedad. Por ello, las aceptan como entidades consultivas del Consejo Económico y Social, en el cual están inscritas unas seis mil seiscientas. Además, unas mil quinientas participan en asociación formal acreditadas por el Departamento de Comunicación Global.

Lo anterior evidencia que las ONG son actores sociales con influencia en el ámbito público y un gobierno democrático debería considerarlas como aliadas para resolver problemas y advertir desviaciones contrarias al interés general. Desde luego, para los regímenes dictatoriales y totalitarios, las ONG son un estorbo. Algunos las desaparecen de un plumazo, otros las regulan para impedir que cumplan con su misión. En Venezuela, el régimen pretende estrangularlas con el proyecto de ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento, aprobado en primera discusión por una Asamblea Nacional usurpadora.

En nuestro país, al igual que en otros, existen ONG para luchar contra la pobreza, contra la discriminación racial, de género o de minusvalía; para la defensa de los derechos humanos, para la mejora de la educación y la formación de ciudadanos, entre otras. Un régimen totalitario siglo XXI como el de Maduro no puede aceptar que existan organizaciones independientes que hagan labor social para mitigar, con sus escasos recursos, la grave situación de crisis humanitaria y denuncien su magnitud. Le resulta incómodo que presenten cifras de violaciones de los derechos humanos, tales como asesinatos y atropellos a nuestros pobladores autóctonos; torturas y ajusticiamientos extrajudiciales. Le da piquiña que denuncien lo inhumano de nuestras cárceles y la presencia de presos sin el debido proceso. Rechaza que presenten propuestas para mejorar los sistemas de educación y de salud, así como planes para recuperar las industrias del Estado que hoy están en ruina. Tampoco que denuncien la destrucción de nuestros recursos naturales renovables y parques nacionales.

El cínico Diosdado Cabello, mintió cuando, al presentar el proyecto de ley, aseveró que no hay regulación para las ONG y que más de 62 de ellas tienen fines políticos encubiertos. A título de ejemplo, nos permitimos mencionar las ONG que citó: Fundación Futuro Presente: constituida por un grupo de jóvenes profesionales, estudiantes y trabajadores que promueven la formación y participación en el marco del liderazgo responsable, el trabajo en equipo, el ejercicio de la ciudadanía y la defensa de los Derechos Humanos. Recientemente fue detenida por varias horas María Fernanda Rodríguez, miembro de esta ONG y profesora universitaria. Más ciudadanos: Promueve cultura ciudadana en jóvenes y niños a través de la formación y la acción social, con diferentes proyectos y programas. Trabaja por un país de más y mejores ciudadanos. Provea: Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos enfatiza en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sin dejar de lado la interdependencia e integralidad del conjunto de derechos humanos. Súmate: promueve el libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y la discusión de materias de interés público. Se ha especializado en el tema electoral. Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro: Centro de estudios sobre Derecho Parlamentario que colabora en la formulación de propuestas para el perfeccionamiento de su desempeño en el cumplimiento de las funciones de legislación y de control. FundaRedes: construcción de un tejido social a través de redes de activistas que impulsan la cultura preventiva, la participación ciudadana, la promoción y defensa de los derechos humanos, así como la organización social a favor de la libertad y la democracia. No fue mencionada por Cabello, pero su director Javier Tarazona está detenido desde julio del 2021 acusado de terrorismo y de incitar al odio, dos de los inventos preferidos por el régimen.

Este proyecto de ley es inaceptable y debe generar un rechazo general. El siguiente párrafo de la exposición de motivos evidencia su mediocre carga ideológica: “Existe una tendencia a abusar de la libertad de asociación mediante estas figuras en beneficio del moderno imperialismo, reafirmando las premisas del neoliberalismo y, al mismo tiempo, actuando para promover o apoyar las intervenciones militares”. El Artículo 15-2 y 15-3 prohíbe a las ONG “realizar actividades políticas y promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”. Es decir, que les prohíbe opinar sobre asuntos de interés público. Al respecto, 120 ONG presentaron un documento al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el que entre otros puntos condenan que Maduro “busque cerrar el espacio cívico, criminalizar y perseguir a ONG y defensores de DDHH”. Cada día, el régimen cierra el cerco de la libertad. Ojalá los demócratas cerremos filas para derrotar a los resentidos totalitarios.

Como (había) en botica:

En el Día del Recuerdo de las víctimas del Holocausto tengamos presente que muchos países colaboraron, activa o pasivamente, con los nazis. Hoy, persiste el antisemitismo, la discriminación racial, aumenta la islamofobia y otras xenofobias que debemos erradicar.

Para que las primarias tengan el efecto deseado se requiere votar masivamente y que el ganador obtenga muchos votos. Ojalá la mayoría de los precandidatos depongan sus legítimas aspiraciones y se unan en dos bloques. Se entiende que, políticamente, tiene cierta importancia ser precandidato, pero es vital derrotar contundentemente a Maduro.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

31/01/23

Hola y gracias por venir.

En primer lugar, quiero agradecer al Gobierno por su invitación. Durante mi visita de los últimos días, me reuní con el Presidente Nicolás Maduro, la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y el Ministro de Defensa. También me reuní con el Presidente de la Asamblea Nacional y Jefe de la Delegación del Gobierno en el Diálogo de México- las conversaciones estuvieron orientadas a abordar las crisis política y económica del país.

También mantuve reuniones con la Presidenta del Tribunal Supremo, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. Además, me reuní con miembros de la Delegación de la Plataforma Unitaria en el Diálogo de México. Estas reuniones me proporcionaron una perspectiva amplia y variada sobre los retos que enfrenta este país.

Durante mis misiones a los países de manera general, para mí es de fundamental importancia poder hablar con el mayor número de personas posible. Aquí en Caracas, me reuní con más de 125 miembros de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, víctimas de violaciones de derechos humanos y representantes de organizaciones de víctimas provenientes de todo el país. Les agradezco las reuniones abiertas y francas que mantuve. También aprecio profundamente la información que obtuve al reunirme con representantes de la Iglesia Católica Romana.

Permítanme compartir con ustedes algunas impresiones que me llevo de mi visita:

La situación de fragmentación y división en la sociedad venezolana y la pérdida de confianza, tanto entre sus miembros como entre diferentes grupos.

La necesidad imperiosa y urgente, expresada por muchas de las personas que conocí, de tender puentes para intentar sanar estas divisiones.

Los retos en materia de derechos humanos a los que enfrenta este país en los ámbitos civiles, político, económico y social.

La necesidad de que los actores nacionales e internacionales y la ONU ayuden a Venezuela a superar su crisis.

Y también, y de gran importancia, la oportunidad de empezar a superar las profundas divisiones y reconstruir el contrato social entre los venezolanos y las venezolanas.

En todas mis interacciones, destaqué la importancia del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos este año. No se trata de una mera fecha en la agenda, o de un texto de milagros, sino de una oportunidad real para abordar y avanzar en muchas cuestiones de larga data, promover el diálogo y fomentar la sanación tras décadas de ruptura.

En conversaciones francas con las autoridades, planteé cuestiones relacionadas con el espacio cívico, las condiciones de detención y los retrasos judiciales, entre otras, animándolas a dar pasos significativos hacia la reforma de los sectores de la justicia y la seguridad, y a tomar la iniciativa en el fomento de la confianza con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, escucharlas, incluirlas de forma significativa en el diálogo y responder a su difícil situación, en particular de las víctimas.

Tras mi reunión con el presidente Maduro, expresó públicamente su disposición a trabajar para mejorar el sistema de justicia. Esta es un área clave para la reforma y ofrezco el apoyo y la experiencia de mi Oficina para llevarla a cabo.

Basándome en mis conversaciones, percibo que existe un reconocimiento general en todo el espectro político y social de la necesidad de reforma.

He escuchado relatos de personas detenidas arbitrariamente y torturadas, y de familiares asesinados en operaciones de seguridad y manifestaciones. Una mujer superada por las emociones al relatar cómo dos años atrás su hermana había sido detenida, violada y torturada. En mis reuniones con el Presidente y los ministros, pedí que se pusiera en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente. Esto forma parte de mi llamamiento global a los gobiernos para que amnistíen, indulten o simplemente pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos humanos fundamentales.

Entre otras cuestiones que planteé estaba el amplio y prolongado uso de la prisión preventiva y la necesidad de reformas relacionadas con las personas privadas de libertad.

Se me prometió que las denuncias de tortura se abordarían con decisión, se investigarían a fondo y los responsables serían llevados ante la justicia. Animé a las autoridades a tomar medidas decisivas para poner fin a la tortura de una vez por todas, y a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que busca tanto prevenir la tortura como mejorar las condiciones de detención. Esto estaría también en consonancia con el compromiso voluntario asumido por Venezuela durante el proceso del Examen Periódico Universal basado en Ginebra, que va hacia emprender una revisión exhaustiva del marco jurídico vigente sobre prevención de la tortura y reforzar la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura.

También les insté a ratificar la Convención contra las Desapariciones Forzadas y el Acuerdo Regional Latinoamericano y del Caribe sobre medio ambiente, Acuerdo de Escazú.

La sociedad civil ha compartido información sobre la situación, a menudo calamitosa, de las prisiones y la falta de alimentación, medicinas adecuadas y de acceso a asistencia sanitaria oportuna. Equipo acá realiza visitas periódicas a los centros de detención, pero, como señalé a las autoridades, esto debe incluir a todos los centros de detención, incluidos los gestionados por el ejército. De mis conversaciones con las autoridades, confío en que pronto tendremos acceso sin restricciones a todos los centros de detención dentro del país.

En cuanto a otras cuestiones concretas, me ha complacido escuchar que las autoridades se han comprometido a derogar el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y que las autoridades la han calificado como obsoleta. Tal medida estaría en consonancia con una de las principales demandas que escuché, de una representante de la comunidad LGBTIQ+.

Pude compartir nuestras observaciones -y preocupaciones- desde la perspectiva de los derechos humanos en relación con la propuesta de ley la cual regula las ONG. Insté encarecidamente a las autoridades a que tuvieran en cuenta nuestros comentarios.

También insté a las autoridades a revisar las muy restrictivas disposiciones legales que penalizan el aborto, que provocan la muerte de mujeres que se ven obligadas a recurrir a arriesgados procedimientos clandestinos.

Mi equipo aquí ha tenido cierto acceso a algunos expedientes judiciales y a las audiencias para poder hacer recomendaciones sobre el desarrollo de las investigaciones y los procedimientos judiciales desde la perspectiva de los derechos humanos. Esto es importante y animé a las autoridades a convertirlo en práctica habitual.

En las reuniones que mantuve con la sociedad civil, sindicalistas y jubilados, entre otras, me transmitieron con fuerza los problemas económicos a los que se enfrenta Venezuela, incluidos los relacionados con el salario mínimo y las pensiones, y el impacto que esto tiene en la vida cotidiana de las personas, al restringir el disfrute de sus derechos a la alimentación, el agua, la atención sanitaria, la educación y otros derechos económicos y sociales.

Describieron cortes regulares de electricidad, falta de agua corriente, renuncian a sus puestos de trabajo, incapaces de sobrevivir con su paga mensual. Los representantes de la Iglesia me dijeron que no necesitan ver informes para saber lo que está ocurriendo; ven el sufrimiento cuando salen a la calle para ayudar a algunas de las comunidades más vulnerables. Según las estadísticas de la ONU, hay más de siete millones de personas que necesitan ayuda humanitaria en el país.

Diferentes grupos de personas con los que hablé, incluidos los agentes humanitarios y las agencias de la ONU, me hablaron del impacto de las sanciones sectoriales en los segmentos más vulnerables de la población y de los obstáculos que las sanciones crean para la recuperación y el desarrollo del país, especialmente tras la pandemia de Covid-19. Las personas que conocí describieron su lucha por conseguir productos básicos y esenciales para mantener sus medios de vida, la imposibilidad de encontrar medicinas que sus seres queridos tanto necesitan y el impacto mental, la ansiedad y la depresión en que caen al tener que endeudarse cada vez más para sobrevivir.

Si bien las raíces de la crisis económica de Venezuela son anteriores a la imposición de sanciones económicas, como destaqué en mis interacciones, es evidente que las sanciones sectoriales impuestas desde agosto de 2017 han exacerbado la crisis económica y obstaculizado el disfrute de los derechos humanos.

Mi Oficina ha recomendado en repetidas ocasiones a los Estados miembros que suspendan o levanten las medidas que tienen un efecto perjudicial sobre los derechos humanos y que están agravando la situación humanitaria, un llamamiento que hacemos también con respecto a las medidas coercitivas unilaterales impuestas a otros países.

Los pueblos indígenas también expresaron sus legítimas reclamos y temores por sus comunidades, que ven amenazados sus medios de vida, su cultura e incluso su propia existencia debido a las operaciones mineras, las organizaciones dedicadas al narcotráfico y los grupos armados ilegales. Es vital que cualquier decisión que les afecte se base en su consentimiento previo e informado.

Pude escuchar a las delegaciones tanto del Gobierno como de la Plataforma Unitaria en el Diálogo de México. Reiteré nuestro apoyo a los diálogos en curso y subrayé la necesidad de escuchar a las víctimas en el proceso político. Aunque no subestimo en absoluto los retos a futuro, les insté a escucharse mutuamente y a entablar un diálogo significativo para encontrar una visión común para el futuro. Habrá obstáculos en el camino, pero al igual que un río sigue fluyendo a pesar de las piedras en su camino, el compromiso y el diálogo constructivo pueden forjar una vía para sortear los obstáculos.

Todas las partes deben reflexionar sobre el futuro que desean para Venezuela, y mi Oficina está dispuesta a tender puentes entre las instituciones del Estado y las personas, a ofrecer nuestra perspectiva y experiencia en materia de derechos humanos, también en relación con el proceso electoral y a contribuir a garantizar que el discurso en torno a los derechos humanos no sea manipulado con fines políticos.

Uno de los testimonios más elocuentes que escuché fue el de un hombre al que miembros de mi equipo visitaron mientras estaba detenido y por cuya liberación trabajaron. Le dio tranquilidad saber que no había sido olvidado. De hecho, todas las personas con las que hablé apreciaron la presencia de nuestra pequeña oficina aquí en Venezuela.

En cuanto a las venezolanas y los venezolanos fuera del país, animé a las autoridades venezolanas a que continúen e intensifiquen su cooperación con los organismos de la ONU para garantizar un retorno voluntario, seguro y digno a todos aquellos que lo soliciten.

En todas mis interacciones, escuché un fuerte aprecio por el trabajo de mi Oficina a través del país, que comenzó sus activades tras la visita de mi predecesora, Michelle Bachelet. Me alienta la decisión del Gobierno de prorrogar la presencia del equipo en Venezuela por otros dos años, para que puedan continuar, y hasta fortalecer su labor en ayudar a avanzar la agenda de derechos humanos en el país.

Me comprometo a seguir involucrado en Venezuela, no sólo porque así me lo ha encomendado la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sino por mi firme convicción de que es esencial para un futuro mejor. Ofrezco mi propio apoyo y el de mi equipo a todas las partes interesadas.

Muchas gracias.

28 enero 2023

Para mayor información y requerimientos de medios, por favor contactar:

Liz Throssell (quien viaja con el Alto Comisionado) – elizabeth.throssell@un.org

En Caracas:

Elena Ruiz Labrador - +58 424 2088 609 / elena.ruizlabrador@un.org

En Ginebra:

Marta Hurtado - + 41 22 917 9466 / marta.hurtadogomez@un.org

Ravina Shamdasani - + 41 22 917 9169 / ravina.shamdasani@un.org

Jeremy Laurence - + 41 22 917 9383 / jeremy.laurence@un.org

En Nueva York:

Laura Gelbert - + 1 917 208 6656 / gelbert@un.org

Tag and share

Twitter @UNHumanRights

Facebook unitednationshumanrights

Instagram @unitednationshumanrights

https://www.ohchr.org/es/statements/2023/01/un-high-commissioner-human-r...