El CELAC debe relanzarse sin el sesgo de insertarse en la política global de un continente acomplejado y acusando a los países más desarrollados como “ Anti-Imperialista”. Si Latinoamérica quiere atraer inversiones de verdad, va a tener que acercarse a la lista de empresas Forbes a nivel mundial como lo hicieron China y Rusia y que las ayudaron a desarrollarse. Es obsoleto hablar de Imperialismo. Hoy, hay que acercarse a las empresas Forbes estén donde estén ya que controlan $47 trillones en ventas, más que el PIB de EE.UU y China juntos. Hoy Rusia y China han comenzado a olvidarse que para competir con EE.UU. deben hacerlo permitiendo que la iniciativa y creatividad de sus ciudadanos sean el impulso para que generen nuevos productos, creen empleo, hagan más investigación y atraigan inversión. China y Rusia deben dejar el camino de la guerra y la confrontación con Europa y EE.UU.. Y Latinoamérica liderizada por el CELAC debe ver las realidades arriba descritas y alejarse de la retórica antiimperialista que reduce la capacidad de crecer a su población.
Los lideres del CELAC deben percibir la gran responsabilidad que tienen en sus manos. Hoy manejan el poder en todos los principales países de Latinoamérica. Latinoamérica hoy tiene uno de los PIB más bajos del planeta $5,6 trillones teniendo unas tierras de mayores recursos naturales del mismo y con 650 millones de habitantes. Europa tiene 760 millones de habitantes y un PIB de $17 trillones. EE.UU. tiene un PIB de $22 trillones y 330 millones de habitantes. África tiene 1,4 billones de personas y solo $2,8 trillones de PIB. China tiene un PIB de $17 trillones, pero una población de 1,4 billones.
Para poder elevar el nivel de vida de la tan empobrecida población Latinoamérica, el CELAC debe evaluar las realidades económicas mundiales con suma objetividad. El CELAC es el más influyente en el futuro del continente Latinoamericano, está muy bien organizado y ha ganado las elecciones en casi todos los países del continente. El continente requiere grandes inversiones para sacar a su población de la pobreza tan asfixiante. Y para ello, los lideres del CELAC deben realinearse no solo con Europa y EEUU sino con las empresas que hacen a esos países grandes, que son al final los que invierten y aseguran un futuro para las naciones receptoras de sus inversiones. China y Rusia con el llamado multilateralismo al final son naciones que también deben gran parte de su desarrollo a las empresas Europeas y de EE.UU.. Y por los vientos que soplan y las cifras que podemos observar mas adelante, EE.UU. gana más impulso, cuando China y Rusia intentan bloquear su liderazgo a nivel mundial, ya que las empresas Forbes les alejan sus capitales y el empleo se desplaza. Mientras Rusia y China toman acciones bélicas o prebélicas para debilitar el poder del occidente, sus poblaciones y sus economías sufren más que la de los países imperialistas y no logran debilitar el liderazgo estadounidense ni el europeo sino todo lo contrario. Los mismos ciudadanos rusos y chinos prefieren invertir y emigrar en las empresas de EE.UU y Europa mas que en las de sus propios países donde sufren inseguridad legal. Y al contrario, el resentimiento que impulsa a China y a Rusia al buscar debilitar el liderazgo económico de los EE.UU. y de Europa por la vía política y voluntarismo, termina haciéndolos tomar medidas de control ciudadano y coercitivas que debilita la iniciativa de sus propios ciudadanos y les resta brillo.

China es el mayor exportador de productos del mundo con un total de $3,6 trillones para el 2021. Y Rusia exporta unos $494 billones para el mismo año. El % de exportaciones de China a EEUU y a Europa es de aproximadamente 45%. China exporta a Rusia apenas el 2.1% de sus exportaciones. Mientras tanto China depende del occidente para sus exportaciones, con EEUU comprando el 18 % y Europa otros 20 %., Japón y Hong Kong otros 18 %. Toda Latinoamérica sumada no llega a representar el 4 % de las exportaciones de China. Rusia igual exporta $68 billones a China (15 % ), 40 % de las exportaciones de ese país son a Europa y EE.UU. y Latinoamérica no llega a 4 %.
Igualmente las importaciones de productos en Rusia proviene principalmente de Europa y EE.UU. en un 50 % , mientras China representa 15 % de sus importaciones. Y China importa 50 % de sus insumos de EE.UU. y Europa y apenas un 10 % de Latinoamérica.

China invierte sus recursos en Estados Unidos principalmente con 183.200 millones de dólares, o el 15 % de las salidas totales de China, entre 2005 y 2019. Sin embargo, China está lejos de ser el mayor inversor de Estados Unidos. La Oficina de Análisis Económico de EE. UU. estima que en 2019 China representó solo el 0,8 por ciento de las entradas de inversión de EE. UU. En comparación, los tres principales inversores en EE. UU. (Japón, Reino Unido y Canadá) y representaron el 13,9 %, el 11,3 % y el 11,1 % de las entradas, respectivamente.
China invierte en Latinoamérica unos $15 mil millones mientras EEUU invierte unos $240 mil millones.
Las inversiones extranjeras en Rusia, antes de la guerra en Ucrania, provienen de Alemania, EE.UU. China y Francia. Y las inversiones Rusas son apenas de $8 mil millones y muy poco para Latinoamérica. El Foro de SaoPaolo debe actualizar su visión y acercarse a empresas mas que a países si desea traer prosperidad a Latinoamérica y cambiar la terrible realidad de los emigrantes.

Twitter @ alejandrojsucre

Varios líderes radicales han tenido sus epifanías, salen de las penumbras, se resetean, y comienzan un nuevo destino, para beneficio de quienes vieron envilecerse sus salarios, perdieron los empleos, fondos de retiro con los ahorros de toda su vida, y una mano gigante los lanzó a la incertidumbre. Justificadamente se tiende a no creer la nueva empresa y para hacerlo no solo deben verse los resultados sino además convencer de que están ocurriendo, que no es soplar y hacer botellas. En la democracia quien no convence no vence. Los que encuentran la ruta, y el grupo humano que los rodea, se formaron en concepciones contrarias y tienen dificultades epistemológicas para enfrentar el reto. Y cualquiera que emprenda cambios, precisa cuidado para no fracasar en el intento como Mauricio Macri, Lenin Moreno y Carlos Andrés Pérez, que quisieron rectificar y lo hicieron a medias. A Pérez lo linchó una cofradía de odiantes y mensos, entre ellos el CEN de su partido, causantes de las tragedias posteriores, aunque los gavilleros terminaron en hazmerreír de la historia reciente.

Los otros dos cayeron quedaron en el peor de los mundos, al hacer reformas a medias por un miedo paralizador que les impidió tener resultados “ganar y cobrar”. No seguir adelante conduce a la desgracia de todos, y siempre a la miseria, la cubanización y finalmente al desplome. Hay muchos ejemplos exitosos, Karl Kautsky y Eduard Berstein, Den Xiaoping, Mitterrand, Felipe González, Clinton, Blair, Lula. Se aparta González (Isidoro) de la ideología los duros del PSOE que causo la guerra civil del 36, en el XXV congreso del exilio (Toulouse, 1972), y se integra a una secretaria general colegiada, con Nicolás Redondo y Pablo Castellano. Dos años después lo eligen secretario general con una línea clara e inflexible: sacar a España de la edad media franquista, incorporarla a la globalización y a la democracia y, en el contexto del conflicto EE. UU-URSS, lavarle la imagen comunista a su organización.

Para llegar a la presidencia de España tuvo que pasar el Rubicón del izquierdismo ancestral del PSOE y jugarse el resto en una acción temeraria, proverbial y que vale la pena recordar. Relecto jefe en el congreso del partido de 1979, en demostración de coraje político y claridad estratégica –que no se dan demasiado- pone como sine qua non eliminar el marxismo de los estatutos para asumir el cargo, porque recordaba a los españoles lo ocurrido en la república fracasada. Al no lograrlo, se retira del evento. Cuatro meses después, el partido convoca un congreso extraordinario, liquidan al marxismo, devuelven a González la secretaría general y a partir de ahí comienza la historia de éxitos. España se distancia del socialismo, entra en la prosperidad y se convierte en el país moderno y todo lo que hoy. el progresismo pone en juego. Historias parecidas de coraje e inteligencia protagonizaron otras figuras de la izquierda, que entendieron la necesidad de librar a sus partidos del pensamiento anacrónico, el estatismo, la persecución a los productores, el autoritarismo y la siembra de miseria.

John Rawls, Raymond Aron, Anthony Giddens, Antonio Escotado, Francis Fukuyama, Umberto Cerroni, Amartya Sen, fundamentan en teoría una verdad simple, pero inaccesible a muchos políticos: para que un país avance se requiere que su gente dedique la voluntad a producir, y lo contrario, el socialismo, es una fuerza punitiva contra algún o varios grupos de la sociedad, principalmente los productores. Hoy se puede afirmar que ese esquema jamás, nunca, en ninguna parte, ha traído más que desgracias. Pero persiste personajes, fósiles desde que nacieron, intelectuales de lecturas siempre precámbricas, que además carecen de sentido de la realidad y reclaman más “mano dura” pese a las tragedias provocadas por su iglesia profana. Circuló en internet un papel con la firma de algo llamado Vanguardia Bicentenaria Republicana, que acusa de “traición la entrega al capital de las conquistas revolucionarias”.

Para este Marcial Lafuente de la de la épica revolucionaria, a falta de La Bastilla, la gloria era inutilizar el Sambil de la Candelaria, robado, abandonado, siniestro, que ahora en manos de sus dueños, cobra vida y dejó de ser un tumor urbano. Pero para estos extraños señores, devolverlo lo hizo “templo del consumismo capitalista y allí volvieron exultantes sus dueños y esa clase social llena de odios y desprecio por el pueblo oprimido”. Este texto es al mismo una dosis matacaballo de cursilería, un test de inteligencia y una prueba psiquiátrica para quienes lo escribieron, y nos permite descubrir con temor una deformación de la realidad, una rara perturbación emocional que confunde La Candelaria con la rive gauche, donde se pasea gente que cenará en Le comptoir du pantheon. El pecaminoso “consumismo capitalista” consiste en ver una película en Cines Unidos, comprar un bluyín chino en diez dólares si alcanza, y comer comida árabe en el kapitalismo salvaje y monstruoso de la Feria. Les horroriza, por otro lado, que ahora en el país se permitan casinos, sitios “de perdición”, pero también de “ganación” para los que tienen suerte.

En el Vaticano no hay casinos y no es fácil imaginar una monjita hacer acordeones con un mazo de póquer mientras comienza la mano, pero en la mayoría del mundo sí, (si hay casinos, claro) y ciudades dedicadas que giran en torno a ellos, Las Vegas y Atlantic City, y en las que tienen gran importancia, Montecarlo, New Orleans, Venecia y mil más. También el kapitalismo cultiva otros centros de pecado para que la gente sea demoníacamente feliz, restaurantes, discotecas, bares, moteles para solaz de los amantes. No se salva del hisopo con roja salsa de tomate, la televisión del Estado por trasmitir películas y telenovelas como cualquier televisora popular en vez de historias de fusilamientos revolucionarios, jornadas de trabajo masivo y sin salario en la “zafra de las 10 mil toneladas”, biografías de Fidel Castro, Mao y Pol Pot. Ese “documento” que debe guardarse porque es una antología irrepetible de las locuras místicas del comunismo, en la segunda mitad del siglo XXI, a treinta y cuatro años de su hundimiento planetario con terrible estruendo.

Se necesita ser marxiano o marciano para escribir tales atorrancias, cuando sesenta países murieron de hambre en el intento, y para los que no conocen esa historia, a dos horas de vuelo en el Caribe, hay una isla donde no hay comida ni medicinas para sus sobrevivientes, luego 65 años de haber creado un mundo nuevo. “Se trata de derrocar el viejo régimen no solo en los hechos sino también en las ideas, las costumbres y lo valores. Eliminación de propiedad privada monopolística nacional”. Hay individuos suficientemente desbalagados para repetir este íncubo ideológico, este síntoma de esclerosis intelectual, después de la destrucción de 75% de las empresas y del empleo del país y cuando vamos heridos por el camino que huye del socialismo, las expropiaciones, los controles de precios (hiperinflación) controles de cambio (hiperdevaluación). Viven mentalmente en Saturno para pretender que regresemos a la desgracia. Razonan como la inquisición, a nombre de lo que supongo será el aporte de Britto García, inspirador de ese documento maoísta: el comunismo místico. Aterra que en un barajo, un traspiés, pueden retomar las riendas.

@CarlosRaulHer

Cada cierto tiempo resucita en el país y en la Asamblea Nacional, la electa en 2020, algún proyecto de ley o intentona para limitar la cooperación internacional a las oenegés venezolanas que se dedican a la actividad de defensa de derechos políticos, derechos humanos, asistencia humanitaria, etc. El año pasado, resucitaron el llamado Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que había sido enterrado hacía un año en alguna gaveta del Palacio Federal y que desapareció nuevamente en poco tiempo.

En esa oportunidad, además de los intentos de criminalización de la actividad de las oenegés, la Asamblea Nacional electa en 2020 (AN2020), con el proyecto de Ley mencionado, pretendía regular las actividades −y sobre todo el financiamiento internacional− de las oenegés; el Proyecto tuvo una sola discusión en la Asamblea, se paralizó su aprobación y fue enterrado no se sabe dónde, durante más de un año. Ahora, nuevamente el régimen viene por sus fueros con otro proyecto, al parecer distinto a aquel. Esas arremetidas son periódicas y continuas y al igual que los anteriores, del actual proyecto de ley, no es de esperar ninguna buena intención o la solución de algún problema.

SC y TSJ.

La “intención del legislador” en la Constitución Bolivariana en cuanto al papel que le atribuye a la sociedad civil, se ha ido “desfigurando”, al irse confiscando o menoscabando sus funciones con varias sentencias del TSJ, dictadas por la Sala Constitucional. En dichas sentencias se busca restringir la participación ciudadana y hasta quitarle el carácter de sociedad civil, contemplados en el artículo 70 de la Constitución y preparar el terreno para que, eventualmente, a futuro −como podría ocurrir de aprobarse este nuevo proyecto de ley− prácticamente ninguna organización pueda considerarse como parte de la sociedad civil u obtener financiamiento interno o externo.

Hasta el momento las sentencias del TSJ, en realidad, no restringen, ni prohíben la posibilidad de actuar o de constituir oenegés o que la sociedad civil se organice u obtenga financiamiento interno o externo. Pero sí limitan las posibilidades de actuar en el contexto de la Constitución Bolivariana; lo que no es poca cosa, pues eso abre la puerta para declararlas ilegales en cualquier momento y así impedir, entre otras cosas, que puedan actuar en alguno de los comités o actividades señaladas en la Constitución en los que se necesite para ello la calificación de organización de la sociedad civil. Es decir, como se señala más arriba, se trata de la confiscación legal o el menoscabo de un derecho por una interpretación del TSJ, pero no se trata, de señalar que su actividad sea ilegal, ni su organización, ni su financiamiento. Las organizaciones de la sociedad civil y quienes las apoyan podrían seguir en su empeño y luchas por los derechos humanos y continuar contando con el apoyo financiero para ellas. Por lo menos, por ahora.

“Nueva” Ley.

Pero la arremetida actual, de concretarse la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, que fue presentada el martes 24 de Enero en la AN2020, iría mucho más allá de las arremetidas del TSJ y las anteriores de la Asamblea Nacional contra la sociedad civil. En anteriores oportunidades la AN limitó algunas actividades y participación a la sociedad civil; por ejemplo, en el Comité de Postulaciones para designar el CNE, favoreciendo una mayor participación de los partidos políticos. Y aunque lo anterior iba contra sentencias dictadas por el propio TSJ −como la del 21 de noviembre de 2000− que señala que las organizaciones y partidos políticos “… no conforman la sociedad civil, sino la sociedad política cuyos espacios están delimitados por la Constitución y las leyes...”, se limitaba a ese comité de postulaciones, no arremetía contra las funciones, objetivos y recursos financieros de las oenegés.

Los intentos en 2021 y 2022.

La tentativa actual va mucho más lejos, pues pretende corregir, mediante una ley, el intento del Gobierno electo en el año 2018, con dos providencias administrativas, en marzo y mayo de 2021. Se recordará que en esa oportunidad la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con base en la Ley Orgánica que lo crea −sin ninguna justificación legal− crearon un Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT), por el cual se pretendió, el establecimiento de ese registro, en el que debían figurar, entre otros, los objetivos, actividades, aliados, directivos y personal de las mismas.

Desde luego, en esa oportunidad la reacción de las oenegés afectadas fue contundente, denunciaron la ilegalidad de la providencia ante organismos internacionales, la opinión pública nacional, el propio Gobierno y el TSJ; se declararon en rebeldía frente a esta disposición y manifestaron que no procederían a hacer el mencionado registro que, hasta la fecha, no ha podido establecerse y el Gobierno no ha hecho intentos por forzar su aplicación. Lo anterior no quiere decir que el gobierno se cruzó de brazos, pues bien sabemos de los intentos de criminalización de la actividad de las oenegés.

Tras esos intentos de criminalización, la Asamblea Nacional 2020, comenzó a discutir un Proyecto de Ley de Cooperación Internacional para regular las actividades −y sobre todo el financiamiento internacional− de las oenegés; el Proyecto tuvo una sola discusión en la Asamblea Nacional y se paralizó su aprobación desde hace más de un año. Resurge ahora como una “nueva” ley, que llamaremos de Fiscalización.

Lo importante, por los hechos descritos, del TSJ, el Gobierno y la Asamblea Nacional 2020, es que la amenaza contra las organizaciones de la sociedad civil sigue pendiente y −como ya hemos visto− tal parece que ahora se activa de nuevo, al aparecer esta Ley de Fiscalización, que fue presentada el pasado martes 24 de enero en la Asamblea y que pretende regular los recursos y el financiamiento de las oenegés.

El intento del 2023.

Con respecto a esta nueva intentona, esperamos de las más de 500 organizaciones de la Sociedad Civil, que frente a la anterior emitieron y circularon un documento denominado: “Organizaciones de la sociedad civil rechazan proyecto de ley anti-solidaridad que cierra la cooperación internacional.”, en el cual analizaron a fondo dicha Ley y los prejuicios que podía ocasionar, vuelvan a emprender iniciativas similares y alerten nuevamente al país y a la comunidad internacional, acerca de los peligros que encierra este nuevo amago contra las libertades públicas, los derechos humanos y los continuos intentos del régimen venezolano de hostigar, controlar los recursos y criminalizar la actividad de las oenegés, defensoras de los derechos humanos y asistencia humanitaria.

El actual ambiente de protesta en el país, protagonizado por organizaciones de maestros, profesores y trabajadores públicos y la recién finalizada visita al país de Volker Türk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son una buena ocasión para denunciar este nuevo intento contra los derechos civiles, políticos y humanos en Venezuela.

Conclusión.

No sabemos si se trata de uno de esos intentos de intimidación, un nuevo “trapo rojo” para distraer la atención de cualquier de los múltiples y graves problemas del país, sospechamos que sí; pero, debemos estar atentos, sin bajar la guardia, para que no se cumpla la famosa fábula de “El pastorcito mentiroso y el lobo”, que de tanto gritar y bromear: “Ahí viene el lobo, ya viene el lobo, el lobo, el lobo…”, cuando éste llegó de verdad, nadie salió a defenderlo.

Https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

P.S.

Quienes quieran revisar las funciones que la Constitución le atribuye a la sociedad civil y como se han disminuido, confiscado o menoscabado estas funciones en las sentencias del TSJ, invito a verlo en el siguiente vinculo:

- La Sociedad Civil Resiste en https://bit.ly/3mWlhuM)

Como era de esperarse, ya a estas horas la apertura marcha como se dice en italiano piano piano va lontano, lento pero muy seguro. Ahora es Trinidad & Tobago junto con la Shell quienes han conseguido la necesaria autorización de las autoridades norteamericanas para explotar gas venezolano. Es cierto que las sanciones están enfocadas primordialmente en el petróleo, pero aun así nadie nos quiere tocar y mucho menos invertir sin el debido permiso.

Si bien el ahora famoso campo marino de gas Dragón tardará años en dar sus frutos, la licencia en si misma es una gran noticia. Los otros que están prevenidos al bate, entre ellos Repsol, Eni y Ecopetrol no tardarán en tomar su turno frente al home plate de la OFAC y vendrán por sus fueros. Ojalá que sea pronto, que buena falta nos hace.

Mientras tanto, aquí en casa se da un acalorado debate sobre un tema hipersensible, como lo es el salario mínimo que deben devengar los trabajadores. Y es que “al circo le crecieron los enanos,” porque son ahora los trabajadores oficialistas los que manifiestan a diario en reclamo de lo que consideran sus muy merecidas reivindicaciones. Ya no quieren más de los maltrechos y poliónimos bolívares; ni fuertes, ni soberanos ni digitales. ¡Quieren de los verdes!

A decir del reputado Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) el sector privado paga actualmente unos $140 en promedio mensual, con los profesionales tasados cerca de $200 y los cargos gerenciales a partir de $300 y de ahí pa’arriba; así que, cómo puede ser que los que prestan sus servicios en el sector oficial devenguen unos míseros $14 al mes. No suena para nada razonable que luego de 25 años el proceso no pueda cubrir el mínimo de necesidades de sus colaboradores, poniéndolos a la par quizás solamente con los trabajadores en Bangladesh.

Pero, siempre hay un bendito pero. Resulta que el grupo de los denominados empleados públicos agrupa a la bicoca de 5.5 millones de venezolanos, unos más o unos menos, que prestan sus servicios al Estado en distintas capacidades. Un agotado modelo de redistribución de riqueza, muy usado desde illo tempore en toda Latinoamérica, donde el Estado emplea a todo aquel con el fin de mantener contentos a muchos, en vez de crear las condiciones necesarias para que cada quien se pueda propiciar sus ingresos de forma particular.

Ahora bien, en un país donde las arcas oficialistas deben recibir en este 2023 un estimado de $25 mil millones, no es tan fácil ajustar la nómina de los 1 mil millones actuales, 4% de los ingresos, a $3.3 mil millones, como se le achaca haber asomado a Fedecámaras, fijando el sueldo mínimo en $50 al mes, un 13% del total de ingresos y menos aún a los casi $7 mil millones que sugiere “con piquete invertido” el afamado economista José Guerra, con su propuesta de $100 de sueldo mínimo, más del 26% de los ingresos totales.

Ciertamente, las protestas van a dar su fruto, ya que sin dudas el gobierno cederá a la incesante presión respondiendo con algún tipo de ajuste. Lo que no está claro es que en efecto vayan a dolarizar la remuneración del sector público, ya que ello implicaría aceptar de pleno el formal entierro de nuestra muy cayapeada moneda, que hasta ahora han tratado de reivindicar. Esperemos que por favor no sea otro ajuste en bolívares, que nadie quiere por su inherente deterioro y por el perverso efecto inflacionario que ya todos aprendimos a predecir. Entonces, no queda más que anticipar alguna aberración polifacética como quizás un anclaje al Petro u otro fenómeno parecido.

Pero lo que sí parece muy probable es que de aquí a los Carnavales estemos ante un nuevo esquema remunerativo que de seguro tendrá implicaciones también para el sector privado. Eso no lo duden, ya que es la forma más efectiva de desviar la atención de los temas prioritarios y lograr que todos hablemos de lo que no debemos.

guillermomendozad@gmdconsultor.com

A través de las declaraciones extraoficiales suministradas por diversas personalidades a los medios de comunicación social, hemos podido enterarnos de los preparativos de un nuevo evento auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pautado -sin fecha precisa- para el mes de enero del año 2023, el cual se llevarla a efecto en la Isla de Margarita (Estado Nueva Esparta) con la participación de representantes del Poder Ejecutivo Nacional, FEDECAMARAS y centrales sindicales de nuestro país, siendo la finalidad de este encuentro abordar temas relacionados con el Ajuste del Salario y la Ley de Emergencia Laboral, entre otros aspectos.

Dada la importancia de temas tan relevantes, creemos necesario hacer conocer a la OIT nuestra posición, para evitar “madrugonazos” que pretendan luego ser vendidos como acuerdos entre las partes:

1) Consideramos que la materia de Ajuste Salarial y la Ley de Emergencia Laboral guardan especial interés por sus implicaciones directas e indirectas en las propias condiciones de existencia de los trabajadores y en la vida económica, social y política de nuestro país.

2) Es necesario destacar que, a consecuencia del deterioro acelerado y progresivo de sus condiciones de vida, los trabajadores venezolanos han venido desarrollando una serie de acciones de lucha en reclamo del respeto a sus derechos laborales y elevando un grupo de exigencias, entre las cuales podemos resaltar: A) Aumento general de salarios y pensiones, equiparando el Salario Mínimo al costo de la Canasta Básica, según el Artículo 91 de la CRBV, B) Firma de nuevas contrataciones colectivas y el reconocimiento y pago de las deudas contractuales, C) Respeto a la libertad sindical, cese a la criminalización de las protestas y libertad plena e inmediata para los dirigentes presos y D) Reactivación de la Seguridad Social de los trabajadores (Seguro HCM, medicinas, seguro funerario).

3) En cuanto a la propuesta de una Ley de Emergencia Laboral apoyada por el gremio patronal (FEDECAMARAS), sabemos que contiene disposiciones según las cuales se le daría carácter "legal" a la bonificación del salario y al no reconocimiento de dichos bonos como parte integral de este; por lo tanto, sin incidencia en el cálculo de prestaciones, vacaciones, etc.

Por tales razones, dicha propuesta es contraria a los intereses de los trabajadores y atenta contra los derechos y reivindicaciones que han sido conquistados a costa de sangre, sudor y lágrimas y que además, están reconocidos de manera expresa en nuestra Constitución Nacional vigente y en convenios de carácter internacional que comprometen al Estado venezolano.

4) Hasta el momento, las centrales sindicales no han informado a los trabajadores nada al respecto, tampoco sí disponen de alguna propuesta en concreto ni se sabe si han logrado ponerse de acuerdo para, como mínimo, unificar criterios y no presentarse a la mesa de discusión con los patronos, públicos y privados, de manera dispersa, fragmentada y por ende, totalmente debilitadas en su capacidad de negociación. Creemos necesario que la OIT promueva una consulta amplia y suficiente entre las organizaciones de los trabajadores del país sobre los temas referidos. Resultaría inaceptable para los trabajadores venezolanos un “acuerdo” entre las partes sin tomar en cuenta las propuestas formuladas en la protesta nacional que día a día llena las calles y avenidas del país y que, en líneas generales, podemos resumir en:

- Aumento general de sueldos, salarios y pensiones homologado al costo de la canasta básica, tal como lo establece el artículo 91 de la Constitución Nacional.

- Restitución inmediata de los Programas de Asistencia Social: Seguro HCM, Medicinas y Seguro Funerario.

- Derogación del instructivo ONAPRE y de la resolución 2792 que desconocen las contrataciones colectivas y aplanan los sueldos hacia abajo.

- Firma de los Contratos Colectivos

- Cese al paralelismo sindical.

- Cese a la criminalización y judicialización de la protesta social.

- Libertad para los presos políticos.

Mantener salarios, jubilaciones y pensiones de hambre, no permitir la discusión y firma de contratos colectivos, propiciar la creación de organizaciones paralelas, criminalizar la protesta social y encarcelar a dirigentes sindicales son conductas propias de regímenes autoritarios en los cuales el trabajador solo existe para ser explotado.

Gente del Deporte es una organización no gubernamental venezolana que agrupa atletas, entrenadores, profesores de Educación Física, médicos, periodistas, personal administrativo y obreros que hacen vida en el sector deportivo del país. Todo nuestro esfuerzo se concentra en el logro de "Un Deporte Mejor en una Sociedad Mejor", por ello nuestra lucha permanente está orientada en el logro del restablecimiento de la Democracia y el respeto a los Derechos Humanos en nuestro país.

Señores representantes de la OIT, los trabajadores venezolanos seguiremos con atención el desarrollo de las jornadas de trabajo que se realicen en el marco del evento auspiciado por su organización. Esperamos de ustedes la solidaria recepción a los justificados reclamos que vienen formulando los trabajadores durante largo tiempo y que solo han tenido oídos sordos por parte del gobierno.

Los derechos laborales que hoy reclaman los trabajadores forman parte de los Derechos Humanos. Señores de la OIT, los trabajadores esperan de ustedes la defensa de los principios de justicia social que prevalecen en las sociedades avanzadas.

Después de varios años sin protestas masivas, miles de trabajadores del sector público han vuelto a tomar las calles de Venezuela para exigir mejores salarios y pensiones.

Maestros, enfermeras, policías, entre otros trabajadores vinculados a la administración pública -muchos de ellos retirados-, se manifiestan desde hace varias semanas en las principales ciudades del país con pancartas en las que se lee "No más salarios de hambre" y "No a pensiones de muerte".

El salario mínimo en el sector público de Venezuela, el mayor empleador del país, está fijado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales (unos US$6), un monto que se ha depreciado rápidamente debido a la galopante inflación que, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, fue de 305,7% el año pasado.

Asimismo, el monto de la pensión estatal también equivale al salario mínimo.

Mientras tanto, un kilo de pollo en un supermercado en Caracas, la capital del país, puede costar unos US$4,5 (el 75% del salario mínimo mensual) y el de un queso local puede alcanzar los US$5 en un contexto de dolarización de facto de la economía. Los pagos se hacen en dólares, o en bolívares, pero siempre con la moneda norteamericana como referencia.

"Yo salí a protestar porque este gobierno tiene que reivindicar mi profesión. No es posible que yo, siendo una docente de categoría 6 (la más alta) y con más de 20 años de servicio, esté ganando 450 bolívares mensuales (US$22)", le dijo esta semana a BBC Mundo Belkis Bolívar, desde Caracas.

"Salí a protestar porque quiero desahogarme, quiero que la gente sepa que estoy cansada y furiosa porque mi salario no me alcanza para vivir", agrega la mujer de 56 años, quien tiene un hijo adolescente y una madre de 85 años que dependen de su sueldo.

Belkis padece de reumatismo y afirma que no puede costearse los tratamientos y exámenes

Además, su madre sufre de una enfermedad cardiovascular tras haberse sometido a una operación de corazón abierto, pero tampoco tiene dinero para comprar medicinas.

"Tengo que hacer milagros para que mi familia pueda subsistir. Tengo que vender comida y dar clases particulares, porque el salario no nos alcanza para cubrir nuestras necesidades más básicas", prosigue.

"Marcho porque tengo que drenar mi frustración de alguna manera y para apoyar a mis colegas y a muchos otros trabajadores del sector público que también han tomado las calles por los salarios de hambre que tenemos".

El gobierno venezolano culpa a las sanciones impuestas por Estados Unidos por la devaluación de los salarios.

"Sobre los salarios todos los venezolanos estamos descontentos, pero hay que recordar que es culpa de las sanciones", aseguró la semana pasada el diputado Diosdado Cabello, presidente de Partido Socialista Unido de Venezuela y uno de los altos mandos del oficialismo.

Paralelamente a la protesta de docentes y trabajadores del pasado 23 de enero, el presidente Nicolás Maduro organizó una marcha en el oeste de Caracas a la que asistieron cientos de personas adeptas a su gobierno para exigir que levanten "las sanciones criminales impuestas contra Venezuela".

Sin embargo, la oposición alega que la crisis es consecuencia de la mala gestión de los dirigentes del país.

Según economistas, la descontrolada inflación en Venezuela se vio impulsada inicialmente por la decisión del gobierno de Maduro de imprimir dinero sin respaldo productivo con el fin de mantener subsidios y programas de bienestar tras asumir la presidencia en 2013.

Al mismo tiempo impuso controles de precios y fijó el tipo de cambio, lo cual creó un mercado negro.

Si bien el país salió de la hiperinflación en diciembre de 2021 y contó con una relativa estabilidad durante algunos meses y hubo liberalización económica, la moneda venezolana registró una abrupta devaluación de casi 25% en agosto del año pasado, cuando la cotización oficial pasó de 6,28 bolívares por dólar a 7,83 bolívares en apenas dos días. En el mercado paralelo la devaluación monetaria fue de 33%.

Desde entonces el bolívar ha ido en caída libre frente al dólar estadounidense.

Leonardo Vera, profesor titular de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, le dijo a BBC Mundo en agosto del año pasado que la nueva "crisis cambiaria" era consecuencia principalmente del agotamiento de las reservas internacionales y del aumento de los bolívares que fueron puestos a circular por las autoridades como respuesta a las demandas sociales de los trabajadores.

Algunos venezolanos afirman que incluso los precios en dólares se ven afectados por una inflación que se acentúa cada vez más.

"Salarios justos"

Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, asegura que su gremio ha salido a las calles porque no se siente valorado, pero también "por la libertad y la democracia de Venezuela".

"Hemos venido protestando desde diciembre, exigiéndole al gobierno salarios justos para los trabajadores. No podemos seguir viviendo con US$20 mensuales cuando la canasta básica está en 500 bolívares (US$23)", le dice la maestra de 68 años a BBC Mundo.

Cuenta que subsiste gracias a las remesas que su hija le envía desde el extranjero, pero muchos de sus colegas trabajan como personal de limpieza en casas de familia u horneando pan y tortas.

La sindicalista señala que en la última protesta que tuvo lugar el 23 de enero -una fecha en la que los venezolanos celebran el regreso de la democracia tras el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez en 1958-, también asistieron profesores universitarios, enfermeras y otros trabajadores de la salud, obreros y empleados públicos.

"Toda la clase trabajadora salió a protestar y continuaremos hasta que el gobierno cumpla con el artículo 91 de la Constitución, que dice que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad", añade.

Las protestas, que comenzaron hace semanas, son una muestra del descontento que viven las clases más desfavorecidas de Venezuela, que poco se han beneficiado del reciente repunte económico que experimentó el país el año pasado.

Venezuela atraviesa por una crisis económica y social que hizo que el Producto Interno Bruto (PIB) del país se redujera en más de un 75% entre 2013 y 2021 y empujó a más de siete millones de venezolanos a buscar una mejor vida en el extranjero, pero diversas fuentes afirman que la economía ha vuelto a crecer.

Economistas atribuyen el repunte económico al aumento de la producción petrolera, la dolarización de facto de la economía y el abandono de la política gubernamental de control de cambios y de precios, entre otros factores.

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) estima que la economía venezolana crecerá un 10% en 2023, pero el Banco Central de Venezuela asegura que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país podría alcanzar el 18,70%.

Pero muchos en el país no sienten ninguna mejoría.

Rezagados de la economía

El politólogo venezolano Ricardo Sucre, profesor de la Universidad Central de Venezuela, llama a las protestas actuales "luchas redistributivas".

"Hay sectores de Venezuela, como el personal docente y del sector público, que han sido los perdedores del llamado ajuste económico", dice en entrevista con BBC Mundo.

"Son sectores que no se han dolarizado, a diferencia de gran parte del resto de la economía, y son sectores que no se pueden dolarizar completamente y que sienten que no pueden llevar una vida digna", prosigue.

Sucre explica que el crecimiento económico del año pasado ha hecho que los ingresos de algunos sectores aumenten ligeramente.

"Ahora en Venezuela hay grupos que se dan pequeños lujos, como ir a conciertos, a la playa, cosas que fueron impensables durante la época de la hiperinflación", añade.

Muchos de los manifestantes que salieron el pasado lunes exigían, de hecho, la dolarización de sus ingresos.

Sucre insiste en que las protestas ponen en evidencia la frustración que sienten los venezolanos que "se mueven en bolívares" en una economía parcialmente dolarizada.

"Hemos perdido el miedo"

Los dirigentes sindicales venezolanos continúan con las protestas y algunos están tanteando la posibilidad de apoyar un paro nacional indefinido en febrero.

"Al paro nacional le hemos puesto fecha para el mes de febrero. En primer lugar, paro cívico nacional de 24 horas; posteriormente, 48 horas", informó Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, en medios locales.

"Si no nos escuchan, prepararemos las condiciones hacia el paro general indefinido. Pero eso tendrá su momento".

Carmen Márquez, de la Federación Venezolana de Maestros, indica que por ahora el gobierno los ha ignorado.

"La única respuesta que el gobierno nos ha dado ha sido sacar a los colectivos, la sociedad civil armada que ellos tienen, para que agredan al pueblo y la clase trabajadora. Pero ya hemos perdido el miedo, lo único que queremos es vivir con dignidad".

La maestra Belkis Bolívar asegura que seguirá en las calles hasta que el gobierno la escuche.

"Seguiré hasta que se reúnan con nuestros representantes de la Federación", dice, antes de agregar que hay un "riesgo de que la profesión muera" si no suben los salarios.

"La gente ahora gana más haciendo trabajos afuera de la escuela que como docente. Las escuelas se van a quedar sin maestros".

Ella dice que el paro nacional sería el último recurso, pero no lo descarta.

"Es el arma más fuerte que nos da la Ley del Trabajo y no podemos agotar nuestra arma mayor ante un gobierno que simplemente podría seguir ignorándonos".

26 de enero 2023

BBC News

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64386666

Pese a que apenas ha transcurrido año y medio desde que la Asamblea Nacional (AN) designó a los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el aire está la posibilidad de que el Parlamento remodele nuevamente al árbitro electoral, una decisión que, de producirse, supondría una violación del espíritu y letra de la Constitución de 1999 y de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).

El eventual proceso para designar nuevos miembros del organismo comicial fue anunciado el pasado 9 de enero por el presidente del Legislativo electo en 2020, el diputado oficialista Jorge Rodríguez.

El funcionario declaró lo siguiente durante una rueda de prensa en la que presentó parte de la agenda que impulsará la AN:

«En la ronda de conversaciones que el presidente (Nicolás) Maduro emprendió con distintos sectores de la oposición, en las reuniones privadas que se hicieron con personeros de la Plataforma Unitaria, en algunas de estas conversaciones, en no pocas, apareció el planteamiento de la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta Asamblea Nacional, visto que participamos en todos estos procesos de diálogo, va a considerar serena y atentamente, estas propuestas de la oposición».

La posibilidad de que esto ocurra de la manera en la que lo plantea el presidente del Poder Legislativo oficialista iría en contra de lo previsto en el artículo 296 de la carta magna, la cual señala claramente que «los integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán siete años en sus funciones». Es decir, que a los actuales miembros del organismo todavía les resta más de un lustro de su actual período.

Aunque la LOPE, en su artículo 31, prevé la potestad de la AN que por mayoría de 2/3 partes remueva de sus cargos a alguno de los rectores, esto debe ser algo excepcional y es distinto a «la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)», que es lo planteado por el presidente de la AN. En ese sentido, el artículo 32 establece que esto puede ocurrir únicamente por cuatro supuestos, que se indican a continuación:

«1. Quedar sujeto a interdicción o inhabilitación política.

2. Adscribirse directa o indirectamente a organizaciones con fines políticos.

3. Recibir directa o indirectamente beneficios de cualquier tipo de persona u organización que comprometa su independencia.

4. Haber sido condenado penalmente con sentencia definitivamente firme por la comisión de delitos dolosos o haber sido declarado responsable administrativamente por decisión firme de la Contraloría General de la República».

Lo que sí debería ocurrir

Aunque a la luz de la Constitución una remodelación profunda del CNE no debería producirse, los diputados sí podrían realizar una menor. ¿A qué nos referimos? El Parlamento debería cubrir la ausencia que en abril pasado se produjo en la instancia encargada de organizar las elecciones debido a la designación de la entonces rectora Tania D’Amelio como magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La salida de D’Amelio produjo una vacante absoluta, la cual está siendo cubierta por su primer suplente, Leonel Enrique Párica Hernández, tal y como manda el artículo 13 de la LOPE, el cual establece: «Los suplentes cubrirán las faltas temporales o absolutas de los rectores electorales correspondientes».

Sin embargo, el artículo 12 del mismo instrumento señala claramente que

«cuando faltare en forma absoluta un rector electoral y sus suplentes, la Asamblea Nacional hará la designación del principal y sus suplentes de la lista de los seleccionados que le fue presentada por el Comité de Postulaciones, tomando en cuenta el orden correspondiente».

Así pues, los diputados deberían resolver solamente esta vacante.

Un asunto turbio

La manera como Rodríguez anunció la eventual reestructuración del CNE genera dudas. Desde la Plataforma Unitaria, instancia que agrupa al grueso de los partidos opositores que integran el Parlamento electo en 2015, han negado que hayan planteado realizar una revisión del árbitro electoral.

«Lo que está hablando Jorge Rodríguez no tiene que ver con la discusión nuestra», declaró a Crónica Uno el dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara.

Sucesivamente, el propio jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en la negociación con el Gobierno de Maduro en México aclaró en una rueda de prensa del 20 de enero que

«No hemos planteado en la mesa de negociación en México el cambio del actual CNE. Todavía no se ha tocado y nosotros, en el momento en que toque en la agenda hablar de condiciones electorales, hablaremos de este tema».

Adicionalmente, el medio Crónica Uno también reveló que el tema del cambio del CNE en realidad salió en una reunión que Maduro mantuvo con la llamada Alianza Democrática, una instancia que reúne a los partidos que se presentan como opositores, y que desde Acceso a la Justicia hemos calificado como una «oposición a la medida». Además, de acuerdo con el diputado Luis Parra, de Primero Venezuela, fue Maduro quien hizo el «comentario».

Al respecto, no se puede pasar por alto que personeros oficialistas, comenzando por el propio Jorge Rodríguez, han mantenido en los últimos meses enfrentamientos públicos con algunos rectores del actual CNE. En tal sentido, esto le dijo el diputado al rector Roberto Picón a principios de 2022:

«Si usted quiere tener algún tipo de participación en alguna organización política sálgase del CNE y váyase a las calles a votar en favor de los electores. Siga el ejemplo de los rectores y presidentes del Poder Electoral que no se inmiscuyen en la actividad política».

El ataque contra Picón se produjo luego de que este explicara públicamente por qué no respaldó la normativa del CNE para regular la recolección de firmas a fin de activar un nuevo referendo revocatorio presidencial, ya que «sería imposible de lograr». Es decir, que lo que sus colegas en el CNE aprobaron, en la práctica hacía imposible el referéndum revocatorio presidencial.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El inicio de un nuevo proceso para elegir a los miembros del CNE configuraría una violación del texto constitucional; de producirse, se agravarían los vicios de origen del organismo, al tiempo que se echarían por tierra los pequeños avances conseguidos en su proceso de reinstitucionalización.

El anuncio parece formar parte de las maniobras de las autoridades para dejar en claro que el voto en Venezuela no sirve para resolver conflictos ni disputas de manera pacífica. Y si hubiera alguna duda, las palabras de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en diciembre de 2022 lo aclaran: «Nosotros no vamos a ir a elecciones para perderlas. Nosotros vamos a ir a la elección a ganarla».

25 de enero 2023

https://accesoalajusticia.org/violacion-mas-constitucion-posible-designa...