Las elecciones regionales y locales del pasado 21 han dado mucho de qué hablar. Aunque sectores de oposición radical las han descalificado, sus resultados no deben ser desestimados si se busca desalojar, cuanto antes, a Maduro. Afortunadamente, muchos análisis ofrecen aportes en este sentido.

Inicialmente, se buscó poner en contexto la victoria de las fuerzas chavo-maduristas. Algunos numerólogos se refirieron inmediatamente a las cifras de abstención y a la suma de los votos no oficialistas para señalar que ese triunfo fue muy relativo. Además, la votación del PSUV fue la más baja de toda su historia, si se dan como ciertas las cifras que viene publicando en cada elección el CNE. Desde el lado opositor, se puso en evidencia el terrible daño que significó anteponer aspiraciones individuales de líderes o grupos a la búsqueda de candidaturas unitarias. Se aduce que la suma de votos adjudicados a la oposición le hubiesen dado la victoria en 14 estados ganados por el chavismo, de haber concurrido con candidatura única. Los casos más notorios fueron Táchira y Mérida. Tampoco debe subestimarse que la oposición obtuvo un tercio de las alcaldías –bastante más que en los comicios anteriores—y pobló a pueblos y ciudades con sus concejales.

No sorprende que un lugar central lo ocupan las irregularidades, ventajismos y atropellos del fascismo. El informe preliminar de la Misión de Observadores Europeos (MOE), si bien señala importantes avances en la realización del proceso con relación a comicios anteriores, objeta el apoyo a candidatos oficialistas con recursos públicos, el sesgo abierto de medios de comunicación a su favor, la falta de independencia judicial --reflejada en la confiscación de tarjetas y símbolos de partidos opositores y la inhabilitación (inconstitucional) de candidaturas no oficialistas-- y la instalación de centros de control de electores (“puntos rojos”) cerca de los lugares de votación. Hay que recordar, además, la falta de garantías civiles, reflejada en la existencia de más de 250 presos políticos y numerosos perseguidos. Y, a pocas horas de haberse reconocido su triunfo, fue detenido un día entero el alcalde de un municipio del sur de Mérida, Omar Fernández. Asimismo, esbirros del Sebin acosaron a la alcaldesa electa de San Juán de los Morros. Pero la gota que colmó el vaso ha sido la abierta confiscación de la voluntad popular en Barinas, al inhabilitar el tsj (¡minúsculas obligadas!) a Alfredo Superlano para no reconocer su triunfo electoral. Elecciones democráticas, en verdad, no fueron. Maduro lo confesó, implícitamente, cuando quiso descalificar a la MOE, tildándola de “espías”.

Por último, las insuficiencias e irregularidades detectadas dirigen la atención a la necesidad de limpiar el ente supervisor (CNE), empezando porque la designación de sus miembros sea conforme a lo pautado en la constitución para garantizar su imparcialidad política. Es menester asegurar, además, su autoridad para imponer multas u otras medidas pertinentes a quienes violen las normas que regulan los procesos electorales. Entre otras cosas, debe velar porque se cumplan los lapsos establecidos para cada proceso y para que permanentemente sea actualizado el Registro Electoral Permanente.

Es injustificable, empero, que análisis tan diversos hayan soslayado un aspecto crucial con relación a las posibilidades de utilizar el voto para sacar a Maduro y a sus militares corruptos. ¿A cuenta de qué, quienes se identificaron como partidarios del peor gobierno que ha conocido la Venezuela moderna, el más corrupto, ineficiente, requetemalo y mendaz, sacaron tan alta votación relativa? Y aquí no vale aquello de que, con la abstención –más del 58%-- la votación del PSUV fue tan sólo del 19% del REP. Lo que debe ser preocupación central, en vez de regodearse con excusas fáciles, es el hecho de que, bajo las actuales circunstancias, casi un 20% de la población adulta, incluyendo en este total a la que migró, haya votado por el chavismo. En algunos estados este porcentaje fue bastante mayor. Decir que se debió al ventajismo, que muchos empleados fueron conminados a votar por los candidatos oficialistas, a la confusión sembrada por los llamados “alacranes”, o al chantaje de quitarles a la gente los CLAPs (u otras prebendas), no ayuda. Tampoco el bombardeo ideológico por los medios estatales. Ello solo incidiría en la votación de una secta fanatizada, veneradora de Hugo Rafael, el Eterno, que no debe pasar del 5% de la población. Estos son, además, los datos del proceso, los parámetros fijados por el fascismo que deben ser tomados en cuenta si se quiere formular una estrategia exitosa.

El problema central es que las fuerzas democráticas no representaron la opción política esperada a los ojos de un número demasiado importante de venezolanos, sobre todo de los jóvenes, a quienes les han robado su futuro. Es decir, sus candidatos no supieron o no lograron --salvo escasas y valiosas excepciones--, capitalizar lo que es el asunto más importante de toda elección a celebrarse en el país en estos momentos –incluidos los de carácter regional o local--, que es encarnar la única opción económica, social, moral y políticamente posible al desastre urdido por tan deplorable régimen. Por diversas razones, no fueron percibidos, al menos no con la intensidad suficiente, como un proyecto radicalmente distinto de sociedad a la de Maduro y sus cómplices, la única capaz de lograr que sobreviva Venezuela como país en el que vale la pena vivir. Por supuesto que el lamentable espectáculo de las divisiones y pugnas en el campo opositor hizo su efecto, como la indefinición de buena parte de las fuerzas democráticas por participar y la decisión tardía de hacerlo. Dificultó posicionarse con claridad en estos comicios como referente del cambio necesario.

No es descargo tampoco argumentar que, en elecciones de alcance regional y local, los proyectos nacionales no están en juego. Si queremos acabar con las prácticas de expoliación de las mafias que controlan el Estado, la transparencia y rendición de cuentas de gobernadores y alcaldes, la corresponsabilidad ciudadana activa en estos asuntos, su organización para defender sus derechos ante el centralismo dictatorial, los problemas gravísimos de la seguridad personal y otros son claves para deslindar, a partir de los problemas locales y regionales, el proyecto alternativo a reivindicar.

Pueden alegarse circunstancias atenuantes de la débil presencia opositora entre el electorado, además del ventajismo y de las otras irregularidades ya comentadas. Una explicación plausible es que el liderazgo chavo-madurista en algunas regiones o localidades haya podido ser mejor, comoquiera que definamos este término. Supondría reconocer que el nivel de descomposición y de perversión que distingue al núcleo central del madurismo, no caracteriza necesariamente a todos sus dirigentes. Sea como fuere, su impacto hubiese sido bastante más acotado, como las maniobras de aquellos que buscaban confundir al electorado, en presencia de una opción democrática clara. El reto debe ser, además, atraer el chavismo sano que pueda existir a las filas democráticas.

En las distintas versiones del Plan País existen propuestas de solución a los problemas económicos, de los servicios, de la seguridad personal, la salud, la educación, etc. que sólo podrían instrumentarse conquistando el régimen de libertades y garantías requeridos para el despliegue pleno de la iniciativa ciudadana, en aras del bienestar material y espiritual de los venezolanos. Saber transmitir esto de manera sencilla, pero con la pasión que lo amerita, es central a toda participación electoral futura, sea ésta el referendo revocatorio o las presidenciales y legislativas a acordar. El éxito futuro de los líderes que se han ido forjando en las luchas sociales y políticas en distintas partes del país, como de aquellos que se consolidan a nivel nacional, debe nutrirse de estas consideraciones. De no ser así, continuaremos siendo vulnerables a las trapacerías depredadoras del fascismo.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

Desde el 22N, tenemos de nuevo objetivos democráticos comunes y una gran oportunidad, si respetamos las razones válidas que sostuvieron las diferentes posturas alrededor del 21N.

¿LA RUTA ES O NO ELECTORAL?

Ese no es un dilema real, pues ambas opciones pueden ser convenientes o no. Lo trascendente es que la decisión se adopte oportunamente, con la mayor y más amplia UNIDAD posible del campo democrático.

Como no estamos en democracia, la lucha tiene que darse en todos los terrenos, incluso el electoral, pese a Bolívar/2017 y Barinas/2021.

Para lograr esa UNIDAD, la decisión debe ser consultada con el 80,6% de los electores que no apoyaron a los candidatos del régimen: los que votaron en contra (22,5%), más los que se abstuvieron (58,1%).

Las condiciones de los procesos electorales sí se deben discutir, luego de tomar la decisión primaria sobre la pregunta de este subtema.

¿REVOCATORIO SÍ O NO?

Por encima de la discusión filosófica en torno a la legitimidad de debatir o no con los "secuestradores", lo más importante es que los "secuestrados" demostremos tener la capacidad de conquistar nuestra libertad.

Esa demostración de nuevo puede surgir de una amplia y unitaria consulta con la mayoría de los electores.

De nada valdría solicitar un Revocatorio (a partir del 10.01.22), si no confirmamos antes que podemos acercarnos a 7.000.000 de voluntades, para superar ampliamente los 5.988.430 votos que supuestamente obtuvo en 2018 quien detenta de hecho el poder.

¿RENOVACIÓN O EXPERIENCIA?

No falta quien reclame la renovación de la dirigencia política. Pero la votación obtenida el 21N por varios veteranos dirigentes apunta en dirección contraria.

Es decir, por encima de la juventud o veteranía de los dirigentes, lo que realmente importa es que esa dirigencia tenga el respaldo de la mayoría de sus colectividades.

Por eso, cada partido debe acometer con urgencia la legitimación de sus cargos de dirección, en todos los niveles de su estructura.

Eso haría incontestable su actuación.

¿CON QUÉ ALIANZAS?

En los anteriores planteamientos, de simple sentido común, hay elementos para trazar una ruta común, de unidad por la base, en la cual podría coincidir una amplia mayoría de los electores venezolanos, sin que los partidos tengan que firmar pactos forzados con aliados difíciles.

¡Que la gente decida!

Una rápida sentencia del Poder Judicial, cuestionado en su imparcialidad por distintos sectores, enarbola una reciente y desconocida inhabilitación al candidato opositor. Las proyecciones lo dan como ganador a la gobernación del estado llanero y bastión del chavismo. Nadie, hasta una semana después de la votación, impugnó su postulación. El TSJ convoca a nueva elección y también fija la fecha, una atribución del Poder Electoral. Los hechos coinciden con las críticas que el alto gobierno ha lanzado contra la misión de observación electoral de la Unión Europea.

Dos sentencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dieron un giro inesperado al proceso de la elección regional y municipal 2021. Sus decisiones ensombrecen la ruta electoral, al desconocer la voluntad popular expresada el 21 de noviembre por los electores del estado Barinas.

La evaluación integral de un proceso comicial finaliza una vez terminan las actividades propias de la etapa poselectoral. En este caso, las órdenes del poder público que ejerce la jurisdicción contencioso-electoral afectan los esfuerzos que se venían dando en función de la restitución del voto como instrumento de cambio en democracia, materializados, entre otras cosas, con la conformación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) más plural, el refuerzo de las auditorías, la actualización más amplia del Registro Electoral, la habilitación de tarjetas y el logro de una observación electoral más plural.

Este es nuestro recuento de los hechos:

1. Los boletines de resultados: sí y no

A la medianoche del 21 de noviembre, cuando el CNE emitió el primer boletín de resultados, dio como virtuales ganadores a los candidatos oficialistas a las gobernaciones de los estados llaneros Apure y Barinas, con la salvedad, como aclaró esa noche el rector Pedro Calzadilla, de que eran “datos todavía pendientes por ser confirmados con la transmisión restante”. Era entonces del 90% del total de sufragios emitidos.

La tarde del lunes 22, cuando el CNE divulgó el segundo boletín de resultados, con transmisión del 99%, dejó todavía en suspenso los resultados definitivos de Apure y Barinas. Después, la divulgación de cómputos en el sitio web del CNE zanjaría que el oficialista Eduardo Piñate era, finalmente, el mandatario regional apureño. No así el caso barinés.

2. La decisión del CNE que no pudo ser

Hasta una semana de retraso en la adjudicación del gobernador de Barinas y del alcalde del municipio Arismendi fue centro de polémica en la opinión pública.

El viernes 26 de noviembre, el CNE acordó encargar a la Junta Nacional Electoral (JNE) la totalización de las pocas actas faltantes. Actas de tres mesas del municipio Arismendi que, según trascendió, se mantuvieron en poder del Plan República, con el mandato demorado de su traslado a Caracas.

“La decisión, acordada por unanimidad, se tomó tras evaluar las condiciones complejas de los sitios inhóspitos a las que corresponden las actas faltantes y el vencimiento de los tiempos legales establecidos”, argumentó el CNE.

De injustificable calificó, por su lado, el vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, el atraso en la totalización de estas actas.

El domingo 28 de noviembre, la JNE designó una comisión ad hoc encargada de totalizar las actas faltantes las cuales, se informó, estaban siendo recibidas ese día. La comisión totalizadora se instalaría el lunes 29 para totalizar el contenido de las actas. El país daba por descontado que el mismo lunes se conocerían los ganadores, cerrando así el episodio.

3. La primera sentencia

A las 2:00 de la tarde del lunes 29 de noviembre, la Sala Electoral, en sentencia Nº 78, admitió una acción de amparo constitucional con solicitud de medida cautelar interpuesta por Adolfo Superlano.

¿Quién es Adolfo Superlano? Candidato a la gobernación de Barinas en estos comicios, por tarjetas como las de MIN-Unidad, Movimiento Republicano y Movimiento Ecológico, según consta en la Oferta Electoral del CNE. Diputado a la Asamblea Nacional por Barinas en la legislatura 2015-2020, apoyó la elección de Luis Parra como presidente de la AN en enero de 2020. Según reseñas de prensa, ha sido sancionado por los Estados Unidos.

Adolfo Superlano denunció ante el TSJ la “presunta violación de los derechos constitucionales a la participación y el sufragio”, previstos en la Constitución, “con base en los hechos públicos y notorios relacionados con el clima de tensión entre las militancias políticas que hacen vida en el estado Barinas, así como a la remisión por la Junta Electoral Regional de las actas de totalización a la JNE del CNE”.

El accionante también expuso la “supuesta existencia de procedimientos y averiguaciones administrativas y penales” contra el también candidato Freddy Superlano, “que cursan ante los órganos competentes del Estado”.

Se cita la Resolución N° 01-00-000334, de fecha 17 de agosto de 2021, dictada por la Contraloría General de la República, mediante la cual resolvió inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público a Freddy Superlano, el abanderado de la opositora MUD con quien se disputaba la gobernación el mandatario oficialista y aspirante a la reelección Argenis Chávez.

Hasta el 4 de septiembre el CNE admitió la presentación de postulaciones. El 3 de septiembre, Freddy Superlano declaró en una entrevista: “Estoy habilitado desde que recibí el indulto, ayer (2 de septiembre) se realizó el proceso de inscripción ante el CNE y no hubo ningún tipo de problema”.

Los ejemplos de un doble rasero en la admisión de postulaciones con opositores inhabilitados sobran. ¿Por qué el sistema de postulaciones del CNE permitió la candidatura de Freddy Superlano, si por esos días rechazó otras como las de Daniel Ceballos, en el Táchira, o Richard Mardo, en Aragua? En casos como el de Eduardo Samán, en Caracas, medios informaron que el disidente del PSUV se postuló el 9 de agosto con la tarjeta del PCV, pero el CNE esperó hasta el 5 de septiembre para notificarle su inhabilitación.

Así las cosas, en su primera sentencia del lunes 29 de noviembre en la tarde el TSJ le ordenó al CNE la “inmediata suspensión de los procedimientos y/o procesos vinculados a la totalización, adjudicación y proclamación del CNE” respecto de los candidatos al cargo de gobernador de Barinas “hasta tanto se decida el fondo del asunto”.

La JNE de inmediato suspendió los procedimientos, tras acatar la medida cautelar. ¿En cuánto tiempo el TSJ decidiría el fondo del asunto?

4. La segunda sentencia

El mismo lunes 29 de noviembre a las 10:30 de la noche, la Sala Electoral, en sentencia Nº 79, decidió:

4.1. “INHABILITADO” DESDE AGOSTO | Con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta con solicitud de medida cautelar, con fundamento en la Resolución del 17 de agosto de 2021 dictada por la Contraloría General, mediante la cual resolvió inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público a Freddy Superlano.

Hasta el 9 de septiembre el Cronograma Electoral contempló el lapso de presentación de recursos contra la admisión de las postulaciones, con base en el artículo 65 de la LOPRE. La inscripción y admisión de la candidatura de Freddy Superlano fue pública, notoria y comunicacional. ¿Por qué ningún actor en el estado Barinas ejerció el derecho de presentar el respectivo recurso en contra de esa postulación, en el lapso de ley?

Aún si no hubiere recurso, hasta semana antes de las elecciones algunos actores políticos denunciaron que, tiempo después de haber admitido sus candidaturas, el sistema de postulaciones las había rechazado. En la Oferta Electoral del CNE todavía es posible ver en algunos casos un círculo rojo con un signo de exclamación y el mensaje “Estatus: rechazada por inhabilitación” sobre algunos candidatos. Algunos ejemplos, todos del PCV, son los de las candidaturas de Guillermo Bernáez (Cajigal, Anzoátegui), José Noguera (Guanta, Anzoátegui); Carmen Saravia (Brión, Miranda) y Wilfredo Rivero (Cruz S. Acosta, Sucre). Sin embargo, junto al nombre de Freddy Superlano nunca apareció este aviso.

El rector principal del CNE Roberto Picón explicó el 30 de noviembre en un comunicado personal que la inhabilitación de Freddy Superlano era desconocida para el CNE al momento de su postulación.

Además de todo lo anterior, Freddy Superlano fue uno de los 110 opositores a los cuales el jefe de Estado, Nicolás Maduro, concedió indultos mediante un Decreto Presidencial de agosto de 2020. Hace un año y tres meses. La medida extinguió la acción penal que recaía sobre cada uno de ellos.

4.2. BORRÓN Y CUENTA NUEVA | La Sala Electoral dejó sin efecto todos los procedimientos y actos celebrados conforme al Cronograma Electoral, en el proceso realizado en el estado Barinas, en lo que respecta a la elección del cargo de gobernador, a partir de la presentación de las postulaciones, inclusive, “para garantizar los derechos colectivos de los ciudadanos y ciudadanas de la entidad territorial”, exponen.

Es de esperar, en consecuencia, un cronograma electoral ad hoc a partir de la presentación de postulaciones, que era la actividad 39 de un total de 94 que conformaron la elección 2021. El CNE, entonces, debe disponer aproximadamente 40 actividades en un lapso de poco más de un mes, traspasado por los recesos navideños de la administración pública.

Ni el gobernador oficialista Argenis Chávez ni el candidato de la MUD Freddy Superlano serán candidatos. El primero declinó; el segundo, fue impedido por la vía judicial después de haber ganado. ¿Hay tiempos políticos suficientes para que los factores del gobierno y la oposición acuerden abanderados con los necesarios liderazgos que la situación amerita?, ¿cuáles candidatos competirán o se abstendrán en esta sobrevenida elección?, ¿qué decidirán los electores?

Con 959 de las 961 actas escrutadas, la abstención en el estado Barinas el 21 de noviembre fue de 54%, según la divulgación de resultados del CNE actualizada al lunes 29 de noviembre a las 6:24 p.m. Tres puntos más baja que la media nacional.

4.3. SUPERLANO, “INELEGIBLE” | La Sala ordenó la realización de un nuevo proceso electoral en Barinas para la elección del cargo de gobernador, argumentan, “a los fines de garantizar el derecho a la participación activa y pasiva de quienes acudieron al evento electoral para elegir a gobernador”.

Reconoce el TSJ que, aun cuando las “proyecciones consignadas por el CNE” -así las llaman- dan un porcentaje de votos a favor del candidato Freddy Superlano del 37,60% con respecto al 37,21% de votos obtenidos por el candidato Argenis Chávez, consideran que la “condición de inelegibilidad” del candidato Freddy Superlano “violenta los principios de igualdad, equidad y transparencia en la participación de los candidatos y las candidatas en la oferta electoral, así como de los electores y electoras en el ejercicio del sufragio activo”.

Es decir, sin especificar votos absolutos por lo menos en el auto de la decisión, puesto que la sentencia todavía no ha sido publicada en extenso al cierre de esta nota, el TSJ reconoce que Freddy Superlano ganó la elección.

En sus declaraciones de reacción, el 30 de noviembre, Freddy Superlano aseguró que el “TSJ está deslegitimando al CNE” y que la repetición de elecciones es “un golpe de estado constitucional” en Barinas. “Cuando la Junta Nacional Electoral empezaba a totalizar y estábamos ganando, un poder del Estado le da la orden a otro poder diciendo que no podían totalizar, pero ya se había totalizado”, aseguró, citado por Efecto Cocuyo.

4.4. CON FECHA INCLUIDA | El TSJ le ordena al CNE, convocar para el 9 de enero de 2022 las elecciones de gobernador del estado Barinas.

Usurpa, además, la Sala Electoral atribuciones constitucionales exclusivas del Poder Electoral, al fijar la fecha de la nueva elección. El artículo 293 de la Constitución establece que el Poder Electoral tiene por funciones, entre otras, las de declarar la nulidad total o parcial de las elecciones y las de organizar todos los actos relativos a estas.

Antes, en el caso de la elección sobrevenida de gobernador en el estado Zulia, celebrada en diciembre de 2017 luego de que el candidato opositor se negara a juramentarse ante la cuestionada Asamblea Constituyente, la fecha de la votación la decidió el directorio del CNE. También en 2014, como consecuencia de la condena y destitución impuestas por el TSJ a los alcaldes opositores en ejercicio de San Cristóbal y San Diego, el directorio del CNE igualmente decidió la fecha de ambas elecciones sobrevenidas.

Sin protesto alguno, el CNE acordó el 30 de noviembre en la tarde convocar la elección del cargo de gobernador del estado Barinas. Junto con la convocatoria, también fue aprobado el cronograma electoral de este proceso, que será publicado este 1 de diciembre. Algunos hitos son:

Lapso de postulaciones para que las candidaturas se reflejen en boleta: del 2 al 6 de diciembre.

Lapso para que partidos postulantes puedan hacer modificaciones y sustituciones: del 18 al 30 de diciembre, pero estos cambios no se verán en la boleta.

Campaña electoral: del 22 de diciembre al 6 de enero de 2022.

Cuatro auditorías: de archivos de configuración de máquinas de votación; de producción de máquinas de votación; de puesta cero de los centros nacionales de totalización; y de telecomunicaciones.

5. El contexto

“Especialmente la falta de independencia judicial y el irrespeto del Estado de Derecho afectaron desfavorablemente a la igualdad de condiciones y a la imparcialidad y transparencia de las elecciones”, expresó el pasado 23 de noviembre la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) al divulgar su declaración preliminar.

La titularon “Un retorno a la mesa electoral de la mayoría de las fuerzas políticas con mejoras en las condiciones electorales, aunque con persistentes deficiencias estructurales”. Después de 15 años sin pisar el terreno en Venezuela, los observadores de la UE visitaron 665 centros de votación en los 23 estados y el Distrito Capital.

El 28 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro declaró que la misión de observación de la Unión Europea buscaba “manchar y alterar al sistema electoral y democrático de Venezuela”. Señaló que “la delegación espía de la Unión Europea no encontró elementos para criticar el sistema electoral (…). Esos no eran observadores internacionales, andaban por el país desplegados, libremente, espiando la vida social, económica y política”. Puntualizó también, citado por el Minci, que “jamás se había visto lo que nosotros vimos de la Unión Europea en 22 años con otras delegaciones”.

En una carta fechada el 30 de noviembre, la Unión Europea indica que a pesar de las declaraciones de Maduro, el hecho de que la misión fuera bien recibida por una gran mayoría de venezolanos en el terreno y que respondieran positivamente a su declaración preliminar, sugiere que la decisión de ir a observar fue la correcta. “Fue útil para el pueblo venezolano y permite a la UE y a la comunidad internacional evaluar mejor los hechos en el país”.

Cómo organizar elecciones libres y justas es, de hecho, uno de los temas clave para cualquier solución políticamente negociada a la crisis venezolana, diserta en ese texto el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

En el OEV consideramos que la observación de los procesos electorales en su ejercicio imparcial, responsable e independiente es una práctica común en cada evento comicial del mundo, orientada a identificar y prevenir errores, distorsiones y manipulaciones que afecten la naturaleza y los resultados del evento electoral. Como parte del respeto al Estado de derecho y en sintonía con los derechos humanos, la observación electoral debe ser respetada, por estar garantizada en declaraciones internacionales y legislaciones nacionales, y por permitir tanto a las administraciones electorales como a los ciudadanos obtener miradas técnicas, plurales e independientes acerca de los procesos electorales, para el bienestar de la salud democrática de las naciones.

Boletín 75

Segunda quincena de noviembre 2021

https://oevenezolano.org/2021/12/boletin-75-el-caso-barinas-ensombrece-l...

Durante los 22 años de el régimen socialista-bolivariano-revolucionario del siglo XXI, los Juegos Deportivos Nacionales (JDN) han sufrido los embates de una gestión gubernamental caracterizada por el totalitarismo autocrático centralizado de sus incompetentes autoridades deportivas. Sumado a ello, los casos de corrupción derivados de los contratos de mantenimiento o construcción de las instalaciones deportivas, los comedores, la compra de materiales deportivos y el negocio de los uniformes deportivos. En su loco afán de “control revolucionario” el régimen optó por centralizar toda la actividad deportiva trasladando, en primer lugar, al Instituto Nacional de Deporte IND, la administración de las instalaciones deportivas localizadas en los estados gobernados por opositores al régimen. Los primeros estados en sufrir las consecuencias de esta dictatorial medida fueron Zulia y Táchira y posteriormente la medida fue extendida a la región capital, al quitarle la sede de los juegos nacionales a Caracas, porqué el Alcalde de la región era opositor.

Para favorecer los incrementos a los presupuestos y las ganancias de los corruptos, el régimen con sus incapaces autoridades deportivas, impuso la multiplicación de las sedes y dieron paso a Los Juegos Nacionales de los Andes con sus sedes en Mérida, Táchira y Trujillo y a los Juegos Nacionales de Los Llanos con sus sedes en Guárico, Apure y Barinas.

Finalmente, para el 2013 los Juegos fueron asignados a la región capital con sus sedes en Caracas, Miranda y Vargas. Siendo esta la última edición de los juegos. Desaparecidos los dineros del Fondo Nacional del Deporte, la escalada hiperinflacionaria y la progresiva devaluación de nuestro signo monetario marcaron definitivamente la suspensión de la realización bi-anual de los Juegos Deportivos Nacionales.

Durante 22 años consecutivos, hemos sido testigos del desastre continuado de los Juegos y en particular, de la permanente suspensión en estos últimos ocho años. Por ello, en su momento, llamó la atención, a los atletas, entrenadores y dirigentes deportivos de todo el país, el anuncio del Ministro del Deporte en el pasado mes de octubre en donde señalaba “el regreso de los JDN para el 8 de diciembre en las sedes de Caracas, Miranda y La Guaira”

En su discurso, el presidente del IND, Juan Carlos Amarante dio rienda suelta a su demagógica e irresponsable conducta al anunciar con bombos y platillos que:

“…la vigésima edición de los JDN se celebrará del 8 al 19 de diciembre y contará con la participación de 10.655 atletas de todas las regiones del país. En esta oportunidad entrarán en acción en busca de los máximos honores, 5.217 atletas en femenino y 5.448 en masculino en un total de 63 modalidades deportivas. La capital del país servirá de escenario para 23 disciplinas deportivas. La región mirandina acogerá 16 especialidades. La Guaria albergará seis deportes. Carabobo 3. Lara 3. Guárico 2 y Yaracuy 3. Además, participaran 2.077 entrenadores, 1.123 delegados, 1.474 árbitros, 186 federativos y 400 miembros del Comité Organizador. Estos serán los mejores JDN de la historia…”

Luego de escuchar semejante perorata demagógica, la realidad dejó al desnudo a la fracasada revolución y sus incapaces autoridades. Las observaciones y reclamos críticos en todo el país no se hicieron esperar:

-Los atletas reclamaban que no tenían instalaciones adecuadas para sus entrenamientos, no tenían asistencia social de ningún tipo: becas, comedores, transporte, viáticos ni protección para su salud.

-Los entrenadores luchaban contra los salarios de hambre que les pagaban, no tenían seguros de HCM, no disponían de material deportivo, nunca tenían respuestas a sus planes de entrenamiento y sus centros de trabajo estaban en abandono total.

-Los dirigentes deportivos, comenzaron a reclamar que a pesar de haber logrado clasificar a sus equipos en los eventos zonales, ahora eran informados que estaban eliminados y en los deportes individuales les comunicaban que por órdenes del IND debían reducir sus delegaciones.

-Los directivos de los organismos deportivos regionales señalaban carecer de recursos para asistir a unos juegos y con múltiples sedes las necesidades también se multiplicaban y no eran atendidas por ninguna autoridad.

Al final, el Ministro del Deporte Mervin Maldonado, con el caradurismo de los incapaces, anuncia que “los JDN que iban a celebrarse en diciembre de este año, fueron pospuestos para enero del 2022 debido a que los Institutos Regionales, por los cambios de autoridades resultados de las elecciones, pidieron un poco más de tiempo”. Argumento este que se cae por su propio peso, puesto que la fecha de las elecciones regionales estaba establecida desde comienzo de año y no haber tomado esa previsión solo demuestra la incompetencia e incapacidad de las autoridades deportivas.

Las verdaderas razones están a la vista: falta de recursos, instalaciones destartaladas, atletas y entrenadores sin protección social, la no aprobación de los Programas Operativos Anuales y la descabellada decisión de eliminar, sin fundamento alguno, disciplinas deportivas o número de atletas que se habían ganado su derecho a participar en los eventos clasificatorios.

Ahora vienen con el cuento chino de las elecciones de gobernadores y alcaldes. Lo más probable es que en el próximo mes de enero, anuncien una nueva suspensión por la cercanía de los carnavales.

Al conocerse la suspensión de los JDN, en las instalaciones deportivas de todo el país, se escuchaba un grito de protesta ¡Esta revolución es la muerte de los juegos! …seguimos en lo mismo.

En la reciente elección del 21N la dirigencia democrática que convocó a votar quedó mal parada, pero también la que llamó a la abstención, con el argumento de que se legitimaba a Maduro y al Consejo Nacional Electoral. Tal día como hoy, 30N 1952, el dictador Marcos Pérez Jiménez convocó la elección de una Asamblea Constituyente. ¿Acaso los que votaron legitimaron a ese usurpador? ¿Legitimaron al dictador Pinochet los chilenos que votaron en el plebiscito? ¿Acaso el CNE que tuvimos cuando sufragamos por Rosales y después por Capriles fue electo respetando la Constitución?

La MUD y los abstencionistas pifiaron: La MUD al dejar para última hora la decisión de participar, al presentar algunos candidatos con poca aceptación popular, pleitos internos, intentos de dar un golpe de Estado al presidente interino Juan Guaidó y al no lograr acuerdos para presentar un solo candidato. Los abstencionistas por no presentar otra opción viable, abandonando el instrumento disponible para los civiles en las actuales circunstancias. Obviaron que no estamos armados y que el régimen ha demostrado que dispara a matar, encarcela y tortura a quienes protestan. La abstención se justifica en algunos casos, pero no puede ser la norma. Manuel Rosales realizó bien su trabajo. Felicitaciones, al igual que a los otros ganadores democráticos.

Los mitos: Por soberbia, los opositores hemos incurrido en alimentar dos mitos. El primero es que Chávez tenía el rechazo de la mayoría, lo cual fue cierto antes de que estableciera las Misiones. Ganó el referendo revocatorio y las elecciones sobre Rosales y Capriles porque tenía aceptación en los estratos más vulnerables. Recordemos que fue un dictador populista que dispuso de ingresos petroleros nunca vistos. Cierto que no fueron procesos limpios, ya que utilizó recursos del Estado, amenazó a los empleados públicos y a los beneficiarios de las Misiones y sus grupos paramilitares amedrentaron al electorado en muchas zonas.

El otro mito es el de las máquinas de votación. Nunca se demostró que el número de votos indicado por la máquina fuese diferente al de los comprobantes emitidos. El problema es que cuando no tuvimos testigos, los operadores votaban por los ausentes. Jamás tuvimos todas las actas de las Mesas y cuando las tuvimos, como en el Estado Bolívar, el régimen desconoció el triunfo de Andrés Velásquez. Ante la pregunta de por qué arrasamos en las parlamentarias del 2015 en tiempo de Maduro, la respuesta de algunos es que el oficialismo se descuidó ¡Qué pobre explicación! ¡Ganamos porque votamos y ya éramos mayoría! Entendamos que el régimen no concederá condiciones acordes con parámetros internacionales. Solo podemos ganarle si votamos masivamente y sin dispersar el voto.

El fraude del 30N: Hoy se cumplen sesenta y nueve años de que el dictador Pérez Jiménez convocó la elección de una Asamblea Constituyente. Los partidos Acción Democrática y Comunista estaban ilegalizados. URD y Copei decidieron participar. El primero tenía más opción. La dirigencia de AD en el exilio llamó a la abstención. Sin embargo, los ciudadanos votaron por URD. Muchos afirman que la dirigencia de AD en la clandestinidad ordenó votar, pero probablemente fue una decisión personal, ya que había censura de prensa y no existían las redes sociales, por lo que divulgar instrucciones no era fácil. La dictadura desconoció el triunfo de URD y exilió a Jóvito Villalba y a otros dirigentes. Valientes y probos ciudadanos como Vicente Grisanti, Juan Saturno Canelón y otros miembros del Consejo Electoral se negaron a firmar las actas inventadas. La democracia perdió esa elección, pero la votación evidenció el rechazo a la dictadura y el fraude.

El golpe del 24N: Ese día, en 1948, se produjo la intervención militar que derrocó a don Rómulo Gallegos e inició una dictadura. Al respecto, es obligatorio leer el libro del distinguido compatriota Marco Tulio Bruni Celli. Lo acaba de publicar la editorial Dahbar y también se consigue por Amazon. Son 587 páginas de una investigación exhaustiva sobre las causas de la caída de Gallegos, con discusiones sobre el pretorianismo militar y civil, las pugnas políticas y la conspiración militar. Ya Bruni Celli había publicado otro importante libro sobre el 18 de octubre de 1945. Sin duda que la responsabilidad mayor recae en los militares, pero la pugna política jugó un papel importante.

Generalmente las dictaduras se imponen por las armas, pero a veces se prolongan por culpa de la dirigencia opositora. Betancourt, Caldera y Villalba lo entendieron y depusieron sus rivalidades. La oposición chilena a Pinochet también lo entendió. La nuestra está en pañales.

El factor relegado: Generalmente nos olvidamos del malestar de los ciudadanos, el cual incentiva a los militares a intervenir por creer, equivocadamente, que son los llamados a enderezar entuertos. Ello solo se justifica en dictadura. No podemos dejar de lado la responsabilidad de muchos de nuestros dirigentes quienes, cuando estuvieron en el gobierno, no fueron capaces de enrumbar al país hacia un desarrollo sustentable. Todos, unos más otros menos, promovieron un capitalismo de estado, ejercieron controles sobre nuestra economía y no enfrentaron con decisión el flagelo de la pobreza y de la desigualdad social. Tenemos que dar una gran discusión sobre la Venezuela post petrolera, la cual está a la vuelta de la esquina. El libro El fin de Petrolia y una Nueva Venezuela, del distinguido economista Maxim Ross, contiene elementos para orientar esta discusión. Está disponible en Amazon.

La tarea: Hay que reconocer los errores y objetivamente identificar quienes son los opositores y quienes los palafreneros del régimen. La unidad debe ser entre los que tienen como objetivo salir del mismo. El hecho de que alguien difiera de la línea de la MUD no lo convierte en un alacrán y no todo el que haya llamado a votar o a la abstención es un colaboracionista. Hemos abusado, generalmente por mala fe, al endilgar ese término a cualquiera que piense diferente. También, la dirigencia debe aceptar que el modelo de desarrollo que hemos seguido, antes, durante y después de Chávez no es el adecuado para progresar. Debemos recordar aquello que decía Ludwig Erhard, el padre del milagro alemán: Tanto mercado como sea posible y tanto estado como sea necesario.

Como (había) en botica:

Verónica Marín Estrada, joven venezolana de la diáspora residenciada en Canadá, debutó exitosamente en el cine, participando en rol importante en la película Christmas CEO. Su tío, el teniente Coronel Igbert Marín Chaparro, y su primo el capitán Alarcón Camacho no podrán ver la película por ser presos políticos.

Lamentamos el fallecimiento de Doris Rangel Bonive , Alcides Plaza y Wilmer Macías Morales, compañeros de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

La sociedad venezolana, en este momento histórico trágico luce confundida, desorientada y sumergida hasta el cuello en un pantano de leyendas urbanas, mitos y lugares comunes que han sustituido a la reflexión política y al análisis de los hechos y tendencias.

Me parece pertinente, en consecuencia, colocar en el debate ideas y consideraciones sencillas y archiconocidas por todos a manera de premisas sobre las cuales soportar las consideraciones que a continuación exponemos.

Por qué y para qué luchamos? Qué queremos? Y cómo alcanzar ese o esos propósitos?

Queremos libertad. Es decir un mundo en el cual tanto individual como colectivamente nos comportemos, por decisión propia, según nuestra conveniencia. Y lo que nos conviene es desenvolvernos en tanto que persona humana en función de satisfacer nuestras necesidades, motivaciones, aspiraciones, ideales y vocación sin limitaciones siempre y cuando nuestro desempeño no coarte los derechos del prójimo. Es, por otra parte, satisfacer plenamente la visión y sueño de sociedad que la ciudadanía tenga a bien definir democráticamente. Queremos democracia. Vale decir, un modelo político, económico y social surgido de un pacto social para una convivencia en santa paz. Lo cual sólo es posible en el contexto de un sistema en el cual se respeten rigurosamente los derechos humanos, civiles, económicos y políticos tanto del ciudadano como individuo como de la sociedad en general y de grupos sociales particulares. Una sociedad y un país en el cual las decisiones acerca del curso a seguir se tome por mayoría a través del diálogo y la institución del sufragio y predomine en el Estado una separación de poderes y contrapesos.

Queremos un mundo, un país, donde la justicia, y la justicia social en particular, sea una realidad. Donde todos seamos iguales ante la ley y todos tengamos las mismas oportunidades y en el cual el desarrollo de cada quien dependa de su talento, voluntad, esfuerzo y personalidad. Vale decir, una sociedad democrática, libre y sin desigualdad social.

Los venezolanos luchamos por estos objetivos porque vivimos en un sistema político y socioeconómico contrario a ellos, bajo un régimen político opresor y antidemocrático, en condiciones sociales y laborales muy cercanas al esclavismo y con los derechos fundamentales suprimidos. Por eso luchamos. Y actuamos decididamente contra una dominación criminal, corrupta e inescrupulosa, responsable de la espantosa crisis humanitaria compleja que padecemos. Desalojar del poder político a la banda que lo ostenta y responsable de esta tragedia es el objetivo estratégico de nuestro accionar político.

EL FRACASO.

Pero los “deseos no preñan”, como dice el refrán popular. Conquistar el cambio demanda la formulación de políticas, estrategias y tácticas orientadas a socavar los pilares que sustentan al régimen y a tomar el poder con el menor costo político, humano y material posible. Ubicados en ese contexto, estudiado el accionar de los actores políticos y sociales que lo han liderado y los resultados obtenidos la conclusión puede resumirse en una palabra: fracaso.

Por Celestino Aponte.

Desde el 2002 hasta nuestros días con manifestaciones pacíficas, acciones violentas, golpes de estados frustrados, referéndum revocatorio, protestas y presiones cívicas, abstencionismo y participación electoral los resultados son insatisfactorios, salvo puntuales y muy significativas victorias políticas (derrota a Chávez en el referéndum para la reforma constitucional y las elecciones parlamentarias del 2015). Una primera y aproximada explicación a éstos resultados parece estar en la ausencia de una estrategia coherente y en las carencias de las acciones tácticas promovidas por la dirección política. Éste hecho, a su vez, parece ser el efecto de la marcada discapacidad política de los partidos políticos venezolanos para el ejercicio de sus funciones. Expresión de la crisis que aqueja a éstas organizaciones cuyas principales manifestaciones son la notoria ausencia de representatividad de los mismos y unos equipos de dirección con serias carencias teóricas y en manos de meros a activistas. La “sargentería política” de la cual hablaba el historiador Manuel Alfredo Rodríguez; y una sociedad civil voluntariosa, preñada de buenas intenciones, excelente en acciones de solidaridad y reivindicativas pero sin la madurez y la experticia para afrontar en el plano político a un feroz adversario como lo es el régimen de marras.

Sin negar, por supuesto, la destreza y habilidad del régimen y sus socios internacionales para resistir y superar obstáculos, para mentir, manipular y corromper hombres e instituciones.

ELECCIONES REGIONALES.

En este cuadro general se celebró el pasado 21 de noviembre, por mandato constitucional, las elecciones de gobernadores, alcaldes, legisladores estadales y ediles. Arrojando unos resultados paradójicos que han profundizado el estado de confusión antes referido y provocado una frustración colectiva adicional a la ya existente y su correlato de desesperanza y angustia. Una primera evaluación de la jornada puede resumirse así: el régimen de Nicolás Maduro sufrió una derrota política que se expresa en tres indicadores a saber. El primero, es el descenso abrupto de su votación al caer de 4.371.328 votos en las elecciones del 2017 a 3.722.656; el número de votos obtenidos por el PSUV y sus aliados el pasado 21 N es inferior al total de sufragios alcanzados por la plural oposición (3.722.656 versus 4.429.137); el conjunto de la oposición alcanzó el 54,33% de los votos válidos; el 58,2% de los electores hizo caso omiso al llamado de Maduro a votar y no sucumbió al chantaje oficialista dejando al descubierto la soledad del régimen usurpador. Más aún, el régimen pretendió mostrarse como democrático y recuperar la legitimidad perdida olvidando que elecciones locales ni legitiman y deslegitiman a un gobierno de facto de nivel nacional. Y, por si fuera poco, el informe preliminar presentado por los observadores de la Unión Europea confirmó las reiteradas denuncias de la oposición venezolana sobre las condiciones electorales.

Paradójicamente -repito- el régimen logró una victoria electoral al ganar 19 gobernaciones de estado y 205 alcaldías. Lo cual se explica por el efecto conjugado de tres factores. El ventajismo electoral manifestado en la hegemonía comunicacional impuesta por el régimen y el peculado de uso para poner los recursos del Estado al servicio de los candidatos del PSUV; el manejo irresponsable y torpe de la oposición político partidista al esencial asunto de la unión de la oposición y a la selección de los candidatos; y, como corolario, la abstención militante de una amplia franja social de la oposición que oscila entre el 18 y el 20 por ciento de los electores. Dado que históricamente el 40% de los electores venezolanos son indiferentes a las elecciones regionales y locales (abstencionistas per se) y el 21 N la abstención alcanzó a 58 % damos como un dato de la

realidad que sólo una franja inferior al 20 por ciento asumió como válida la prédica abstencionista de ciertas organizaciones políticas.

De modo que la oposición venezolana siendo mayoría perdió la mayoría( valga la redundancia) abrumadora de gobernaciones y alcaldías. Un revés que dificultará aún más la eficacia política requerida en el futuro inmediato y ahondará la desazón y la frustración.

¿CÓMO?

La alternativa democrática debe repensar, discutir y elaborar una hoja de ruta consensuada. Comenzando Por identificar lo que no debe hacer. No debe, por ejemplo, continuar la diatriba con acusaciones mutuas y repartir supuestos y reales culpabilidades; insistir machaconamente en repetir y girar en torno a mitos y clichés como “dictadura no sale con votos”, partidos “mayoritarios” (que ninguno lo es) con derecho a veto, con malandros no se negocia, cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres; no debe continuar en la práctica de sustituir a la organización y movilización ciudadana por las teclas de los teléfonos; con el eventismo (eventos por eventos sin ninguna trascendencia), la rutina aparatera y vacía de los partidos políticos sin contenidos teóricos y la crítica destructiva a cuanto líder insurja haciendo coro al G2 cubano.

Lo que hay que hacer es elaborar una política global y coherente, con una visión sistémica y no fragmentada, con sentido de la realidad y sin extraviarse de los valores y principios democráticos.

Dar concreción práctica al supuesto según el cual la solución al drama nacional antes expuesto ha de ser político, pacifico, electoral y apegado a la letra y espíritu de la Constitución Nacional. Y le agregaría un nuevo componente: salida judicial dado el curso tomado por el juicio en la Corte Penal Internacional.

Si la salida del régimen es electoral quiere decir que cualquier proceso electoral, presidencial o regional, será con instituciones controladas por él y, en consecuencia, no serán libres y lo transparente que deseamos. Elecciones libres, justas y transparentes habrá post régimen madurista. Combinar la lucha electoral con presión cívica, presión externa y negociación parece ser la regla general y cuya ejecución práctica es el problema con el cual debe lidiar una Dirección Política seria y a la altura de las circunstancias.

Más aún trabajar en dirección a construir una Dirección Política unionista y supra partido capaz de organizar y conducir la nueva política.

Sobre el contenido y perfil de esa nueva política y su estrategia correspondiente trataremos en una próxima entrega.

Ciudad Guayana, 24 de noviembre de 2021.

El pasado viernes 26 de noviembre, el mundo deportivo fue sorprendido al conocer la decisión, de un juez de la ciudad de Rio de Janeiro, de condenar a 30 años de prisión al antiguo presidente del Comité Olímpico Brasileño Carlos Arthur Nuzman. La condena por este caso, derivado de la “Operación Jogo Sujo”, es por lavado de dinero, evasión fiscal, corrupción y pertenencia a banda criminal. La sentencia establece que Nuzman y dos condenados más, pagaron dos millones de dólares al expresidente de la Federación Internacional de Atletismo Lamine Diack, a cambio de nueve votos para asegurarse derrotar en 2009, a Madrid, Tokio y Chicago y lograr que Rio fuera la sede de los Juegos Olímpicos 2016.

Junto a Nuzman, fueron sentenciados el exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral (a 10 años) y el que fuera director de Río 2016, Leonardo Gryner (13 años). También, entre los detenidos se encuentra uno de los constructores favoritos de Cabral, Arthur César de Menezes Soares Fillho, conocido en Río como O Rei Arthur, que durante la gestión de Cabral obtuvo contratos públicos por valor de 3.000 millones de reales (unos 800 millones de euros).

La Fiscalía brasileña, ha explicado que las actas procesales muestran que Papa Massata Diack, hijo del expresidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) Lamine Diack, reconoció que había actuado para recolectar votos a favor de la candidatura de Río.

Días antes de la votación que dio a la ciudad brasileña la sede olímpica, Papa Massata Diack recibió en una cuenta bancaria personal, una transferencia de dos millones de dólares enviada por una de las empresas de O Rei Arthur. El empresario carioca llegó a acompañar al gobernador Cabral y a Nuzman,a la reunión del COI, que eligió a Río como sede.

Papa Massata, que ya fue consultor de marketing de la IAAF y que vive en Senegal, tiene una orden de búsqueda emitida por Interpol y fue apartado de por vida del mundo del atletismo por sospechas de corrupción y chantaje en el escándalo del doping ruso. Su padre, Lamine Diack, se encuentra detenido en Francia, acusado de corrupción y blanqueo de capitales, en el mismo caso que investiga la existencia de una trama de sobornos para ocultar el sistema institucionalizado de dopaje de atletas en Rusia.

Un segundo miembro del COI estaría, implicado en la presunta trama de compra de votos. Tal y como revelan los documentos de la fiscalía, Papa Massata Diack transfirió, mediante su empresa y el día de la elección de Río como sede, 299.300 dólares a una compañía llamada Yemli Limited. Esta empresa, con sede en el paraíso fiscal de las Islas Seychelles, está asociada a Frankie Fredericks, exatleta namibio, nada más y nada menos que el auditor de los votos de la elección de la sede y presidente de la comisión que evaluará la sede olímpica de 2024.

Según la Fiscalía, el modus operandi fue el siguiente: el dinero brasileño fue pagado al hijo de Diack, Papa Diack, el 29 de septiembre de 2009, tres días antes de que la ciudad fuera elegida como sede. Según el relato del antiguo gobernador Sergio Cabral, los entonces jefes del comité olímpico y de Río 2016 le plantearon que el presidente de la Federación de Atletismo estaba dispuesto a dejarse sobornar para allanar el camino a Río. “Hicimos contacto con él. Hay una garantía de 5 a 6 votos. Ellos quieren 1,5 millones de dólares”, contó Cabral que le dijeron. Aceptó la oferta. Para no correr riesgos, consiguieron otro medio millón con el que Diack les aseguró nueve votos; entre ellos, el del ucraniano Serguei Bubka y el ruso Alexander Popov, ambos campeones olímpicos. La transferencia fue realizada por el empresario Arthur César Soares de Menezes, conocido en Río como el Rey Arturo, por tener los contratos más rentables con el Gobierno de Río, a través del offshore Matlock Capital Group. Sin esos nueve votos, Río nunca habría superado a Chicago en la primera ronda.

Descalificados Chicago primero y Tokio después, en la votación final Madrid cayó ante Río de Janeiro por 32 votos contra 66. Una pregunta queda en el aire ¿Cuántos de esos 66 votos también fueron comprados?

Lo más sorprendente de todo este entramado de corrupción alrededor de los Juegos Olímpicos, es la conducta cómplice, por encubrimiento, de las autoridades del Comité Olímpico Internacional. En primer lugar, con su cara muy lavada, por no decirle cara dura, el presidente del COI Thomas Bach, afirma que ¡¡¡pedirá mayor información sobre el caso a las autoridades, porque el COI no sabía nada al respecto!!!! En segundo lugar, por la defensa, a pesar de todas las pruebas en su contra, que hace del corrupto Frankie Fredericks. En tercer lugar, y esto ya raya en lo insólito, fue permitir la permanencia, de Carlos Arthur Nuzman, corrupto presidente del Comité Olímpico de Brasil, como miembro de la Comisión de Coordinación de los Juegos Olímpicos de Tokio y miembro del Comité Olímpico Internacional ….. ¡aunque usted no lo crea!

Finalmente, es importante señalar que, desde la década de los ochenta del siglo pasado, la dimensión económica de las olimpiadas ha pasado a un primer plano, tras el incremento de su comercialización mediante contratos de televisión y patrocinios. Las ciudades que aspiran a acogerlos tratan así de presentar una oferta mejor que las demás, para aumentar su prestigio y lograr su deseada transformación urbana. Sin embargo, la ciudadanía está cada vez más preocupada por el coste que este evento supone para el erario y se indigna ante los escándalos de corrupción que se han asociado a su organización.

Los Juegos Sucios de Río de Janeiro son un ejemplo de ello.