El ciudadano venezolano está sometido, casi humillado, por la torpeza y violencia del revolucionarismo militarista y la incapacidad e indolencia de unas grupos políticos todavía anclados en el partidismo, desconociendo el valor y la importancia del ciudadano y la ciudadanía. Obvio, el Ambiente Político Real Violento impuesto por el revolucioarismo ha conmocionado al ciudadano que, además, tiene que maniobrar para subsistir frente a la inmiseración, todo esto parte de la realidad política que se acerca la 21N y aún algunos de los políticos no han entendido el valor de la ciudadanía que se moviliza hacia la decencia política.

La esencia política que se manifestó ya el 6D de 2020 y todavía el egoísmo de operadores partidistas no lo han comprendido, en consecuencia ellos no entienden y menos se aproximan a la otra vía. La ignorancia y torpeza de esos operadores es exponencial. La ciudadanía reclama se presenten como supuestos operadores, están reclamando que se haga política, que se supere el Ambiente Político Real Violento en el cuerpo societal y vía liderazgo se pase active el Ambiente Político Real Electoral, que no es sólo votar sino re-enrutar la masa democrática no partidista de la república: sobra ignorancia política y grupalismo perverso.

La decencia cívica para una sociedad civil es aquella que requiere de una Ambiente Político Real Expectante y no Confuso, por eso el ciudadano avanza hacia la decencia cívica para que como fuerza motora ciudadana en franca resistencia civil, si fuese necesario, construya política como la participación política conteniente ejecutara de los cambios ciertos en las Gobernaciones y Alcaldías, que es lo que asumimos permitirá que una masa crítica harta del encajonamiento de la imposición partidista motorice a partir del voto, y nunca más de grupalismos inmorales y politiqueros.

Decencia cívica es cuanto reclama la ciudadanía desde el 6D. ¿No se han dado cuenta todavía? La sociedad así como desprecia y niega, no tolera la infamia armada, ladrona, inmoral, es incapaz de tampoco aceptar la imposición primitiva del color. Quiere el ciudadano en el 2021 mediante la fuerza cívica alcanzar la virtud de la decencia política, crearse la posibilidad como ciudadano y prepararse para el revocatorio, muestra de la vergüenza más grande que conoce el mundo político en el hemisferio y en Venezuela.

En cuanto, de cuanto y de lo que se habla en la sociedad es de una democracia liberal. Democracia liberal como acción transformadora, léase un ejercicio de poder político que nunca más emplee el Estado Cuartel y el hiato grotesco y primitivo del plan de machete y las bocas de fuego. La democracia liberal a la cual apunta y aspira la ciudadanía es aquel gobierno que produce un Ambiente Político Real Expectante con ejecutorias del poder ancladas en la constitución y las leyes, peros sobre todo teniendo como guía la decencia cívica, la tarea de los operadores políticas que representarán la ética y la fuerza moral de quienes gobiernan para transformar con acciones conjuntas, que tienen como centro al ciudadano y al propio operador de la política.

La decencia cívica se constituye en una meta útil y fundamental para el cambio político que se avecina desde ya, teniendo en cuenta que después del 21N al país político le corresponde activar el referéndum revocatorio. Ese es el camino político que debe transitar una sociedad angustiada y harta del revolucionarismo golpista. La sociedad venezolana hoy deprecia al bestiario, la ideología totalitaria y al secuestro del socialismo militarista. En consecuencia, en rigor los demócratas han enviado un mensaje a quienes aún no se han dado cuenta de la capacidad de la decencia política como acción masiva específica para desplazar la barbarie del militarismo.

La democracia liberal sin ataduras, con el imperio de la decencia cívica para crear un Ambiente Político Real que evolucione de Confuso a Expectante, en el cual los demócratas definirán el motor, motivación, dirección y sentido de la ecuación política del Estado venezolano. El 21N apunta al 5E del 2022, desde ya una ciudadanía plena de juicio y expresión de participación política contendiente anuncia que se terminó el desgraciado espacio del militarismo, la corrupción y el asalto al poder político cese. La decencia cívica responderá por una democracia política real donde se imponga la ecuación en la cual el individuo está por encima de la comunidad y el Estado, y el partidismo se considera una mueca de fracaso político democrático en Venezuela.

Es original,

Director CSB-CEPPRO

@JMachillandaP

Caracas, 28 de octubre de 2021

El mundo enfrenta un abanico de amenazas diversas —desde el nacionalismo exclusivista y la competencia entre las grandes potencias hasta la creciente desigualdad— que impiden que la comunidad internacional trabaje conjuntamente para solucionar otros desafíos complejos, como la distribución de las vacunas contra la COVID-19 y el aceleramiento del cambio climático. Pero las crisis mundiales requieren soluciones mundiales; con su tan esperado informe, Nuestra Agenda Común, el secretario general de la ONU António Guterres ofrece una nueva visión para la cooperación internacional.

Escrito como respuesta a los compromisos refrendados en la 75.° Asamblea General de la ONU, Nuestra Agenda Común es un toque a rebato por una gobernanza mejor y más inclusiva, del estilo que necesitamos para crear un futuro más verde, equitativo y seguro. Con su extensión, alcance y contenidos infrecuentes para un informe de la ONU, ofrece un conjunto de ideas prometedoras para una estrategia de transformación audaz, aunque pragmática.

Las recomendaciones de Guterres valoran una implementación más rápida de los acuerdos internacionales existentes, comenzando con el acuerdo climático de París de 2015 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Más allá de esas importantes iniciativas para proteger nuestros bienes comunales mundiales, establecer un nuevo foro para gestionarlas se ha convertido en un imperativo moral y práctico. Guterres abre nuevos caminos con su llamado a readaptar el Consejo de Administración Fiduciaria de la ONU, prácticamente desaparecido, para supervisar la gobernanza del océano, la atmósfera y el espacio exterior. Este organismo renovado también sería responsable de mejorar la entrega de bienes públicos y responder ante las amenazas mundiales.

Además, Guterres dio su apoyo a la propuesta del Club de Madrid para llevar a cabo una Cumbre Social Mundial en 2025, para examinar las causas de la creciente pobreza, evaluar los eventos que contribuyeron a la disparidad en los ingresos, y fomentar las políticas necesarias para garantizar una sociedad más equitativa. Las conversaciones en la cumbre debieran dar impulso a la implementación completa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantizar que el desarrollo económico pos-COVID sea amplio y ecológico.

Para crear un nuevo contrato social mundial que permita abordar la pobreza, la creciente desigualdad y el empeoramiento de la crisis climática será necesaria la participación de la sociedad civil. Guterres está en lo cierto cuando enfatiza su papel para conseguir una mayor solidaridad internacional. También destaca la necesidad de apoyar los aportes cada vez mayores de los ciudadanos a la acción colectiva a escala nacional e internacional. Resulta alentador que Nuestra Agenda Común proponga puntos focales dedicados a la sociedad civil en todos los organismos de la ONU.

Pero hace falta más, dos iniciativas recientes de la sociedad civil —el Llamado para la Gobernanza Mundial Inclusiva de We The Peoples y Together First— propusieron un enviado de la ONU de alto nivel para la sociedad civil, que respondería directamente a Guterres. Ese puesto garantizaría la armonización, los informes de alto nivel y un acceso aún más amplio para las organizaciones de la sociedad civil a todo el sistema en la toma de decisiones y la programación de la ONU.

Para implementar la ambiciosa agenda de Guterres —de un multilateralismo más inclusivo, eficaz y en red— es necesaria una estrategia coordinada. La meta debe ser reconstruir y ampliar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones comunes, para que el sistema mundial pueda actuar en forma más eficaz sobre los problemas más importantes que aquejan a la comunidad internacional. La iniciativa de Guterres de convocar una Cumbre del Futuro al principio de la 78.° Asamblea General en septiembre de 2023 es un buen punto de partida para mejorar la arquitectura de la gobernanza mundial.

Como parte de las preparaciones para la cumbre, apoyamos el llamado del secretario general a una junta asesora de alto nivel liderada por ex jefes de estado o de gobierno. La meta de ese organismo sería identificar los bienes públicos mundiales que más necesitan mejoras en la gobernanza. La junta asesora aportaría además una perspectiva política equilibrada a los preparativos.

Al mismo tiempo, las consultas previas a la cumbre podrían ayudar a refinar las propuestas de Guterres para la Agenda para la Paz, el Pacto Digital Mundial, la Declaración sobre las Generaciones Futuras y una nueva Plataforma de Emergencia para convocar a los actores clave a que respondan ante las crisis complejas. Cada una de ellas —al igual que las propuestas de amplio alcance relacionadas para la innovación en gobernanza mundial que venimos apoyando— ameritan su seria consideración por los estados miembros de la ONU y forman, juntas, la base de una ambiciosa empresa que involucraría durante dos años a múltiples participantes y culminaría con la cumbre de 2023.

Instamos a los líderes del mundo a prestar atención a la visión para el futuro del secretario general, así como a la recomendación de 50 ex ministros de gobierno y funcionarios de alta jerarquía de la ONU de un «proceso intergubernamental exclusivo» para «fortalecer y reformar la maquinaria legal e institucional del sistema de la ONU». Con la movilización de diversos actores en todo el mundo —entre ellos, los responsables de las políticas, activistas, académicos y empresarios— la comunidad internacional puede garantizar que se haga realidad el mandato de dar forma colectivamente al «futuro que queremos» adoptado en la Asamblea General del año pasado.

Traducción al español por Ant-Translation

22 de octubre 2021

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/new-vision-global-cooperati...

Premeditación y alevosía siempre han formado parte de los recursos del régimen contra la universidad. La primera porque sus «políticas» en materia de educación superior han supuesto cuidadosa preparación y planeamiento meticuloso con el fin de que las instituciones universitarias se amolden a su proyecto político (lo que afortunadamente no ha sucedido). Y alevosía porque el Ejecutivo ha gozado de todas las ventajas del poder total para pretender alcanzar sus propósitos en detrimento de la libertad intelectual inherente a la vida académica y de los aspectos materiales de la autonomía universitaria.

En cambio, el crimen gubernamental contra la universidad pública nacional, especialmente la autónoma, se había servido menos del agravante de nocturnidad. Es verdad que en el pasado pueden encontrarse acciones llevadas a cabo «entre gallos y media noche», con la aviesa intención de que el nuevo día sorprendiera ingratamente a los universitarios con alguna maniobra lesiva a la institucionalidad. Al fin y al cabo, desenvolverse en tinieblas es lo propio de un gobierno tenebroso.

Pero ningún antecedente es equiparable al despliegue de cinismo rampante puesto de relieve la noche de este 22 de octubre, cuando el mandamás Maduro inspeccionaba el «rescate» de la Ciudad Universitaria acompañado de un servicial y nutrido séquito en que descollaban la rocambolescamente llamada «primera combatiente» Cilia Flores, la vicepresidente Rodríguez y Jacqueline Faría, jefa de la «Misión Venezuela Bella» (una de tantas cursilerías designativas que adornan la nomenclatura del autoritarismo).

En dicha ocasión, trabajosamente embutido en un pupitre en un aula de clase, el señor Maduro volvió a oficiar – como dispone la premeditada publicidad gobiernera- de salvador de la UCV y tras acusar alevosamente a las autoridades académicas de negligencia por el estado andrajoso de la Ciudad Universitaria, anunció con lóbrega nocturnidad la elevación de la señora Faría –entre cuyas credenciales de mérito figura la oferta engañosa de potabilización del río Guaire- a la dignidad de «protectora» de la UCV.

Esta grotesca performance propagandística, flagrante violación de la Constitución y la Ley de Universidades, se representó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. ¿Casualidad? No la hay para quien actúa prevalido de las ventajosas circunstancias mencionadas.

Frente al desmán solo se abre un camino: la movilización resuelta de la comunidad universitaria, toda ella energía creadora, convicción democrática y compromiso por la libertad para que en su propia salvación despunte el alba del país.

Universidad Central de Venezuela

26 octubre 2021

Para la celebración de la Noche de Brujas, a Nicolás se le ocurrió, nada más y nada menos que, visitar a la Universidad Central de Venezuela UCV.

-Al oír eso, la Primera Combatiente exclamó “Tú lo que estas es loco” en esa casa de estudio oligárquica nadie te quiere ¿Qué coño vas a hacer allí?

Tranquila mi amorcitico, respondió Nicolás. Aprovechemos que es “Jalogüin” y le caemos por sorpresa a Cecilia y su combo…

-Sigo sin entenderte, y menos con ese spanglish que hablas dijo Cilia…

Te explico, vamos a realizar una acción revolucionaria en la cual “Las sombras revolucionarias derrotaremos a ese refugio de opositores”. No vamos a seguir calándonos esa consigna que los contrarrevolucionarios gritan a cada rato ¨La UCV es la casa que vence las sombras”. Por ello, he decidido voltear la tortilla y decirle al mundo que “Las sombras revolucionarias venceremos a la casa”.

¿Y cómo lograríamos eso? Preguntó la primera combatiente.

Bueno, como es “jalogüin” convocaremos a nuestro gabinete ejecutivo a una concentración en La Tumba (sede del SEBIN) en Plaza Venezuela y desde allí, entre gallos y medianoche marchamos hacia la universidad. Yo iría disfrazado de Drácula, porque aspiro dejar sin una gota de sangre a los opositores. Tú mi amor, serás mi vampiresa predilecta. Jorge, será Frankestein y su hermana envuelta en vendajes será La Momia. Tiby, nuestra nueva ministra para la Educacion Superior asumirá el terrorífico papel del Monstruo de la Laguna Negra. Para recordar a nuestro insigne diplomático, secuestrado por el imperialismo, diremos que el Hombre Invisible es Alex. Para el papel del Fantasma de la Opera, nadie mejor que el cantante Carvajal.

Al estar todos reunidos, saldremos a la media noche en una comparsa acompañados por Los Corraleros de Majagual, que, para deleite de todos, tocaran su éxito “Vampiro, vampiro”. Al llegar a la entrada dela universidad, nuestros policías, con sus caretas de la muerte, le preguntarán a los vigilantes “Trick or Treat” que sería algo así como “O nos dejan pasar o los quebramos aquí mismo”.

Una vez dentro del recinto, nos detendremos en la Plaza del Rectorado, cerca del reloj, para que los camaradas Babalaos cubanos hagan su trabajo de Paleros y con la quema de huesos y calaveras invoquen la presencia de Fidel, Hugo, Kadaffi, Mao, Hitler y Stalin.

Luego, en nuestra marcha triunfal, ingresaremos al Aula Magna, en donde hare los anuncios revolucionarios para la nueva era de “La casa de las sombras” y confirmaré como “Protectora de la UCV” a la Bruja Jacqueline para que la dirija, desde las alturas, volando en su escoba.

¿Y eso por qué? pregunta Frankenstein.

Por qué en el día jamás podrá entrar a esta universidad, pero volando no podrán alcanzarla.

Te la sabes todas Drácula, expresaron todos los integrantes de la monstruosa comparsa.

Gracias camaradas, dijo Nicolás con sus colmillos al aire, pero apresurémonos, está amaneciendo y están comenzando a llegar los estudiantes, profesores, empleados y obreros que no van a permitir la presencia de sombras en el sagrado recinto del Alma Mater.

En las primeras horas de la mañana, los medios de comunicación informaban en cadena nacional que la “Protectora” había decidido otorgarle el “Doctorado HORRORIS Causa” al Drácula Nicolás.

Al leer la novela del reconocido escritor nicaragüense, Sergio Ramírez, Tongolele no sabía bailar, resalta la similitud entre lo ocurrido recientemente en el país centroamericano y la descomposición política y moral vivida en Venezuela bajo Maduro. Se refiere a los trágicos acontecimientos de 2018, cuando fue reprimida la masiva protesta contra las reformas al sistema de seguridad social, con turbas de malandros y esbirros “revolucionarios” armadas por los cuerpos de seguridad. Parece una hoja tomada de la experiencia venezolana. Terminó ese año con la muerte de más de 300 nicaragüenses por fuerzas represivas al servicio de Daniel Ortega y su esposa-vicepresidente, Rosario Murillo. En su mayoría fueron jóvenes, muchos de ellos estudiantes universitarios y de secundaria.

Ramírez ha aclarado en entrevistas posteriores que lo que escribió fue una novela y que no pretendió hacer un reportaje riguroso de estos hechos como documento histórico. No obstante, ello en absoluto le resta autenticidad a su obra. Quien sepa algo de la historia reciente de Nicaragua, conoce que Sergio Ramírez, además de laureado escritor premiado internacionalmente por sus novelas, fue militante activo del Frente Sandino de Liberación que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. Integró la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional creado tras el triunfo de la Revolución Sandinista y luego fue vicepresidente del gobierno de Daniel Ortega (1985-90). A pesar de romper en 1990 con sus antiguos compañeros de lucha, siguió viviendo, hasta hace poco, en su país. Esta novela no deja dudas de que su autor está muy familiarizado con las idiosincrasias y vicisitudes de sus compatriotas, como con la naturaleza dictatorial del régimen. Tan bien refleja lo padecido en la sangrienta represión de 2018, que fue prohibida su circulación en Nicaragua y Ramírez obligado, en julio de este año, a exiliarse.

La similitud entre Venezuela y Nicaragua no es una mera casualidad. Ambos regímenes son expresión de autocracias sumamente crueles que, con tal de mantenerse en el poder, no han vacilado en desatar la guerra contra su propia población, apoyándose en instrumentos propios del terrorismo de Estado. El ductor de tan nefasto comportamiento ha sido, en ambos casos, la dictadura cubana, que ha acumulado una vasta experiencia reprimiendo, de raíz, cualquier protesta. “Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución, nada”, gustaba decir Fidel, parodiando a Mussolini[1]. En este sentido, los tres países conforman una especie de modelo, cada uno con sus particularidades, que ilustran las perversidades de aquellos dispuestos a desmantelar el Estado de Derecho liberal en nombre de una “revolución”.

En Nicaragua y Venezuela la corrupción jugó un papel central en la destrucción de la institucionalidad democrática, disfrazada, en ambos casos, con una retórica revolucionaria, más genuina –al menos al principio— en el país centroamericano. Fueron conformándose autocracias altamente centralizadas, sin autonomía ni equilibrio de poderes, transparencia ni rendición de cuentas, que forjaron complicidades que sirvieron para amalgamar los intereses de quienes ejercen el control del Estado. En Venezuela, la corrupción fue conscientemente dirigida por Chávez hacia los componentes más indignos de la Fuerza Armada. Logró, así, que traicionaran sus lealtades para con la patria en pro de las oportunidades de lucro que les ofrecía, dependientes, claro está, a que aquellas fuesen transferidas hacia él mismo.

En Nicaragua se hizo evidente que el poder corrompe, Lord Acton dixit. La primera etapa del gobierno sandinista terminó con la tristemente célebre “piñata”, en la que casas y otros bienes de la oligarquía desplazada pasaron a manos de muchos “comandantes”. Sin embargo, fue cuando el pacto de Ortega con el expresidente Alemán, prometiendo absolverlo –estaba preso por corrupto—a cambio de que los partidarios de éste en la Asamblea Nacional apoyasen la rebaja del porcentaje de votos requeridos para evitar una segunda vuelta electoral, que la corrupción terminó entronizándose como política. Así regresó Ortega al poder, después de 16 años, con apenas el 38% de los votos. Siguiendo el ejemplo de Maduro, fue adulterando comicios subsiguientes para garantizar su permanencia en el poder, llegando a hacer elegir a su esposa, Rosario Murillo, su vicepresidente. Para las elecciones presidenciales del próximo noviembre, ha fabricado infundios con los cuales meter presos o ahuyentar del país a sus rivales democráticos, asegurando su probable victoria, no obstante la fuerte caída en su popularidad.

Como en nuestro país, lo anterior se posibilitó conculcando la independencia del poder judicial y relajando otros resguardos institucionales, para poder forjar las complicidades requeridas para afianzar su poder. Al igual que en Venezuela, se fue conformando un Estado patrimonial, en el que muchos meten la mano, siempre y cuando –fiel a la prédica de Fidel—se mantuvieran “dentro de la revolución”. El botín a repartir provino en buena parte de la ayuda de Chávez a Nicaragua: petróleo a descuento, financiamientos generosos, preferencias comerciales, programas sociales, viviendas y otras inversiones. Destaca el caso de Albanisa, empresa mixta entre PdVSA y Petronic (Nicaragua), denunciada como fondo de recursos para usufructo discrecional del dúo Ortega-Murillo.

En resumen, el “modelo” reseñado se basa en regímenes de expoliación, con fuerte protagonismo de una casta militar corrupta, que se ampara en discursos revolucionarios construidos con base en simbolismos y mitos épicos de la izquierda comunista. Con la destrucción del Estado de Derecho se ha instalado una situación de anomia, propia de Estados fallidos, en el que una oligarquía militar – civil hace y deshace, con auxilio de medios violentos, en su prosecución del lucro. Para ello polariza al país entre los suyos –patriotas, los buenos-- y quienes tilda como enemigos, Se comporta como ejército de ocupación, violando consuetudinariamente los derechos de estos últimos.

En fin, son regímenes gangsteriles, que se cobijan en una burbuja ideológica izquierdosa que les provee de una falsa realidad, ante la cual están eximidos de tener que justificar sus atropellos. El régimen cubano, celosa y férreamente controlado en el pasado por un exaltado comandante que no aceptaba límites a sus delirios, financiado generosamente por la extinta URSS y luego, Chávez, comparte este estado de descomposición, sobre todo, en lo que respecta al papel hegemónico, discrecional, de su Fuerza Armada y aparatos de seguridad. Las críticas que hacen terceros se descalifican por provenir de enemigos de la “revolución”, de la derecha, agentes del imperio. Izando la bandera anti-EE.UU., han concitado importantes apoyos externos, muchos de regímenes similares a los suyos –Rusia, Bielorrusia, Turquía—pero también de la teocracia iraní y de China. Asimismo, cuentan entre sus aliados a organizaciones criminales, tanto de la región (FARC disidente, ELN) como del cercano oriente (Hezbolá). Y --no podía faltar-- tienen la absolución de políticos e intelectuales de una izquierda en Europa y EE.UU. que, por sus posturas intolerantes y primitivas, son indistinguibles de la derecha retrógrada.

Eventos recientes en América Latina parecen amenazar a la institucionalidad democrática en la región. Las señaladas vinculaciones con la extrema izquierda del recientemente electo presidente del Perú; los devaneos populistas de Nayib Bukele en El Salvador; las posturas primitivas del chauvinismo de AMLO, en México; temores de una orientación antiliberal de la nueva constitución a redactarse en Chile; las insinuaciones de Bolsonaro de perpetuarse en el poder; y la inestabilidad preelectoral en Colombia, son indicios preocupantes. El peligro que plantean estos procesos es que, de continuar sin atenuantes, terminen degradados en regímenes dictatoriales de nuevo tipo, similares a los de Venezuela y Nicaragua. Los ingredientes populistas, tan enraizados en la historia regional, el interés de redes criminales internacionales y el sempiterno empeño desestabilizador de Cuba, están ahí.

[1] “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”.

La publicación de los «Pandora Papers», el nuevo trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (conocido por la sigla en inglés ICIJ), ha generado un escándalo mundial. La investigación del ICIJ descubrió a políticos, empresarios, deportistas e importantes figuras culturales ocultando y falseando su riqueza. Pero ¿qué probabilidades hay de que los abogados y contadores que los ayudaron deban rendir cuentas?

Las prácticas que la investigación del ICIJ sacó a la luz no son nada nuevo. Es verdad que la escala de las operaciones, su sofisticación y el grado de poder de fuego legal empleado para que los ultrarricos y poderosos puedan burlar la ley son un tema digno de salir en las noticias. Pero lo único realmente sorprendente es el hecho de que para exponer estas prácticas tuvieron que trabajar más de 600 periodistas de todo el mundo (a menudo, arriesgando su seguridad y sus carreras). Las dificultades que enfrentaron son prueba de hasta qué punto abogados, legisladores y tribunales han sesgado las leyes en favor de las élites.

Para ocultar su riqueza, los ricos y poderosos actuales se valen de estrategias legales que existen hace siglos. En 1535, el rey Enrique VIII de Inglaterra impuso restricciones a un instrumento legal llamado «uso», ya que ponía en riesgo las relaciones (feudales) de posesión de la tierra de aquel tiempo y servía como instrumento para no pagar impuestos. Pero astutas maniobras legales permitieron reemplazarlo en poco tiempo por otra figura todavía más poderosa: el «fideicomiso» (trust).

El trust (una figura que los abogados codificaron, y los «tribunales de equidad» del derecho anglosajón reconocieron) sigue siendo una de las herramientas legales más ingeniosas jamás inventadas para la creación y preservación de riqueza privada. En los viejos tiempos servía para que los ricos pudieran eludir las normas sobre la herencia. Hoy es el instrumento favorito para la elusión fiscal y la estructuración de activos financieros (entre ellos, títulos con respaldo en activos y sus derivados).

Desde un punto de vista funcional, el fideicomiso altera los derechos y obligaciones relacionados con la posesión de un activo, por fuera de la normativa formal aplicable, creando al hacerlo un derecho de propiedad encubierto. Para la constitución de un fideicomiso son necesarios un activo (por ejemplo, inmuebles, acciones o bonos) y tres personas: el propietario (fiduciante), el administrador (fiduciario) y el beneficiario. El propietario transfiere el título legal sobre el activo (aunque no necesariamente la posesión real) al fiduciario, que se compromete a administrarlo en nombre del beneficiario según las instrucciones del propietario.

El acuerdo puede ser totalmente secreto, ya que no hay obligación de registrarlo o revelar las identidades de las partes. Esta falta de transparencia convierte al fideicomiso en el instrumento perfecto para jugar al escondite con acreedores y autoridades tributarias. Y como el título legal y los beneficios económicos se dividen entre las tres personas, ninguna de las tres necesita asumir las obligaciones derivadas de la posesión.

El fideicomiso no se convirtió en el instrumento legal favorito de las élites globales por obra de alguna mano invisible del mercado, sino por un diseño legal deliberado. Los abogados fueron corriendo los límites legales; los tribunales reconocieron e hicieron valer sus innovaciones; y luego los legisladores (a quienes en muchos casos se puede suponer en deuda con donantes ricos) sancionaron estas prácticas en la legislación escrita. La eliminación de restricciones fue ampliando la aplicabilidad del derecho fiduciario.

La introducción de estas modificaciones legales permitió incluir en los fideicomisos una variedad de activos cada vez más grande y designar como fiduciarios a personas legales (en vez de jueces y otros individuos respetables). Además, se limitaron los deberes y obligaciones legales del fiduciario, y la duración de los fideicomisos se volvió cada vez más elástica. La combinación de estos ajustes legales convirtió al fideicomiso en un instrumento a la medida de las finanzas globales.

A los países que carecían de una figura de esta naturaleza se los alentó a emularla, y se aprobó un tratado internacional (el Convenio sobre la Ley Aplicable al Trust, La Haya, 1985) en tal sentido. Allí donde los legisladores se opusieron a crear la figura de fideicomiso, los abogados idearon instrumentos equivalentes sobre la base del derecho aplicable a fundaciones, asociaciones o corporaciones, apostando (a menudo, con razón) a que los tribunales reconocerían sus innovaciones.

Mientras algunas jurisdicciones hacían todo lo posible para ofrecer entornos legales propicios a la creación de riqueza privada, otras intentaron oponerse al arbitraje impositivo y legal. Pero ninguna restricción legal funciona si las legislaturas no tienen control sobre la determinación de qué leyes se aplicarán en su jurisdicción; y en la práctica, la era de la globalización ha dejado a la mayoría de las legislaturas desprovistas de ese control, ya que la ley se ha vuelto portable. Si un país no tiene la legislación «correcta», tal vez exista en otro. Mientras una actividad se realice en un lugar que reconozca y haga valer la ley extranjera, el papeleo legal y contable se puede transferir a la jurisdicción más favorable, y asunto resuelto.

Es decir, los sistemas legales nacionales se han vuelto alternativas dentro de un menú internacional de opciones, en el que los dueños de activos pueden elegir a qué leyes quieren atenerse. No necesitan pasaporte o visa, una cáscara legal es suficiente. Mediante la asunción de una nueva identidad legal, unos pocos privilegiados pueden decidir cuánto pagar de impuestos y qué regulaciones tolerar. Y si se presentan obstáculos legales más difíciles de superar, los principales estudios jurídicos del mundo tienen abogados que pueden redactar leyes para que cualquier país se ponga a la altura de las «mejores prácticas» de las finanzas internacionales. En esto, sirven de modelo paraísos fiscales y fiduciarios como Dakota del Sur y las Islas Vírgenes Británicas.

Los costos de estas prácticas los padecen quienes no tienen tanta movilidad o riqueza. Pero los daños derivados de convertir la ley en una mina de oro para ricos y poderosos trascienden con creces las desigualdades inmediatas que eso genera: en la medida en que esas prácticas ponen en duda la legitimidad de la ley, son un riesgo para los cimientos mismos de la gobernanza democrática.

Cuanto más insistan las élites ricas y sus abogados en que todo lo que hacen es legal, menos confiará la gente en las leyes. Tal vez las élites globales puedan seguir explotando las leyes para crear riqueza privada, pero tarde o temprano, todas las minas se agotan. Una vez destruida la confianza en las leyes, será difícil recuperarla. Y los ricos habrán perdido el activo más valioso que tienen.

Traducción: Esteban Flamini

11 de octubre 2021

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/pandora-papers-how-law-shie...

La ambición es una cualidad positiva, siempre y cuando lo que se desea con vehemencia y los medios que se utilicen estén dentro de la ley y de los principios y valores de nuestra civilización. Un político debe ambicionar llegar al poder para proporcionar a la población las oportunidades para mejorar el nivel de vida. La envidia es un defecto cuando se experimenta pesar por el bien o éxito ajeno. La torpeza no es un defecto, sino la falta de criterio, por aquello de que lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta. Ante tanto pleito entre nuestros políticos de oposición, en medio de una situación económica desastrosa, de numerosos presos políticos en pésimas condiciones y de millones de compatriotas que han tenido que huir, cabe preguntar si esa conducta es producto de una ambición desmedida, de envidia malsana o simplemente torpeza.

¿Con qué cuenta la dirigencia? Para alimentar una legítima ambición política se requiere contar con el respaldo de los ciudadanos, tanto para integrar un buen equipo de trabajo, como para que acudan a votar ¿Tienen ese apoyo los dirigentes que ambicionan el poder? ¿Qué porcentaje de aceptación les otorgan las encuestas? ¿Consideran que tienen alguna probabilidad de llegar a corto plazo a Miraflores?

¿Qué factor les causa envidia de quienes perciben como competencia? ¿Tienen ellos más aceptación? ¿Han presentado un plan viable para salir del régimen? ¿Tienen un proyecto para la recuperación del país que haya entusiasmado a los ciudadanos?

No es el propósito descalificar a nadie. Todos han luchado para intentar recuperar la democracia. María Corina ha sido golpeada varias veces; Ledezma y Leopoldo estuvieron varios años presos , se fugaron y están exiliados; Rosales estuvo preso y exiliado. Capriles estuvo preso unos meses y Borges está exiliado. Tienen kilometraje político y no son torpes. Entonces, ¿qué les impide percatarse de que, con todo respeto, ninguno tiene, al menos en este momento, la aceptación popular para aspirar llegar a la presidencia de la república?

Lo concreto: Hoy, solo contamos con un presidente interino reconocido por varios países, una Asamblea Nacional legítima electa en el 2015, y unos activos en el exterior que hay que resguardar del régimen y de algunos políticos non sanctos. Por ello, hay que proteger al presidente Guaidó, a esta Asamblea y a esos activos, lo cual requiere prorrogar el Estatuto de la Transición y que desembolsen los recursos para cancelar los honorarios de los bufetes que defienden los activos de las demandas por las deudas adquiridas por Chávez-Maduro. Por su parte, Guaidó debe tomar la iniciativa de solicitar se investiguen señalamientos de corrupción en la oposición.

Declaraciones poco prudentes: No tiene sentido que Capriles declare que el interinato se murió el 30 de abril ¿Acaso es lógico que por el intento fallido del llamado de Guaidó a los militares para que defiendan la Constitución se debe descartar el gobierno interino y a su presidente? Tampoco que María Corina afirme que Guaidó tuvo el apoyo de todos y no consiguió echar a Maduro. Esta luchadora se olvida del pequeño detalle de que Guaidó tiene en contra la Fuerza Armada, el TSJ, Cuba, Rusia y guerrilla colombiana, entre otros. También declaró que salir de Maduro no es una opción fácil pero que se resuelve está situación rodeándolos, aislándolos y creando las condiciones para que tengan incentivos para dejar el poder. Se pueden parar los mecanismos de ingreso de inteligencia al país, un embargo de armas y ser más agresivos en cortar las fuentes de financiamiento ilegal. Respetuosamente le preguntamos cómo se podría lograr su nueva propuesta. No es justo que Borges meta en el mismo saco la situación mal manejada de Monómeros Colombo Venezolanos, con la de Citgo en donde no hay injerencia política. Ledezma podría oponerse a las elecciones del 21N sin decir que es penoso ver que la lucha del G4 no es para salir de Maduro, sino para lograr espacios. Leopoldo se contradice con respecto a las elecciones del 21; su intención de demandar a Calderón Berti no suma y ojalá la retire, lo que procede es investigar los hechos. Calderón ya declaró lo que consideró correcto, que insista tampoco suma. A otro nivel, es inconcebible el pleito entre Ocariz y Uzcátegui, y entre Ecarri y dirigentes locales de la MUD.

¿Esconder o depurar?: Es inaceptable esconder los casos de corrupción dentro de los partidos de oposición. Algunos de los llamados “alacranes” no surgieron por generación espontánea; seguramente desde antes tenían malas mañas. Ningún candidato debería ser propuesto sin antes aclarar sus actuaciones. Tal es el caso de Freddy Superlano, candidato a la gobernación de Barinas, y su carta de buena conducta para Alex Saab. Si los partidos no se depuran seguirán desprestigiándose.

Ojalá los dirigentes de la oposición entiendan que con sus pleitos e inconsistencias solo favorecen al régimen y desestimulan a muchos ciudadanos, y que sin unidad no van para el baile.

Como (había) en botica:

La abogada Theresly Malavé declaró que los policías metropolitanos Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín fueron trasladados de Ramo Verde a una cárcel de presos comunes. Tienen 18 años secuestrados y les corresponde una fórmula alternativa de cumplimiento de la pena. Fueron sentenciados en juicio amañado para ocultar la masacre promovida por Chávez el 11 de abril 2002.

Asustado por la posible venida del Fiscal de la Corte Penal Internacional y el probable juicio, el régimen hizo cambiar la descarada absolución del sargento Arlí Méndez, asesino de David Vallenilla, por una sentencia de 23 años. Ahora Maduro quiere destruir el Parque Nacional El Ávila.

Felicitaciones a Renata Campagnaro, ex Pdvsa, por su designación como “Mujer Oil and Gas 2021” por la Sociedad de Ingenieros Petroleros sección Colombia. También a nuestra poeta Yolanda Pantin por el premio Federico García Lorca.

Lamentamos el fallecimiento de Nohelia Añez, compañera de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com