La lluvia de objeciones que dentro y fuera del país se ha ganado la providencia n.º 001-2021, que obliga a las organizaciones sin fines de lucro (ONG) a registrarse ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) e informarle sobre sus donantes y sus beneficiarios, ha forzado al Gobierno de Nicolás Maduro a dar marcha atrás. Así, el pasado 3 de mayo dictó una nueva providencia en la que suprime algunas disposiciones. Sin embargo, esta aparente victoria no supone que el peligro para las ONG venezolanas haya cesado, por el contrario, continúa.

En la Gaceta Oficial n.º 42.118 del 3 de mayo (publicada dos días después), apareció la Providencia 002-2021 de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, que contiene una nueva versión de la Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados.

El texto suprime el numeral 5 del artículo 6 de la normativa original, que exigía a las agrupaciones civiles entregar al despacho gubernamental el listado con la identificación de las «personas naturales o grupo de personas naturales que reciben asistencia benéfica, humanitaria u otro tipo de asistencia». Asimismo, elimina en su artículo 8 el plazo para iniciar el proceso de registro y desaparece el artículo 16 de la providencia 001-2021, que contenía una remisión genérica a las sanciones de la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Puro maquillaje

A primera vista podría creerse que el Gobierno escuchó las críticas y rectificó. No obstante, una revisión detallada de la nueva providencia arroja que la misma sigue representando una amenaza importante para las agrupaciones de la sociedad civil venezolana.

Así, entre otros aspectos el texto modificado mantiene la obligación de las organizaciones sin fines de lucro de presentar ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo el «listado de las organizaciones o entes, nacionales o extranjeros de los cuales perciba aportaciones, donaciones o dádivas» (numeral 4, artículo 6). También mantiene la disposición que señala que el despacho gubernamental emitirá una credencial para el representante legal de la agrupación para ejercer sus funciones (artículo 10).

Estas medidas parecen ir a contracorriente de lo señalado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual señaló lo siguiente en su recomendación octava:

«Las medidas focalizadas adoptadas por los países para proteger a las organizaciones sin fines de lucro frente al abuso para el financiamiento del terrorismo no deben interrumpir o desalentar las actividades caritativas legítimas. Más bien estas medidas deben promover la transparencia y fomentar una mayor confianza entre las organizaciones sin fines de lucro, tanto en toda la comunidad como entre el público en general, en cuanto a que los fondos y servicios de beneficencia lleguen a los beneficiarios legítimos que se pretende».

La instancia internacional también ha llamado a los distintos Estados a «trabajar con las organizaciones sin fines de lucro para desarrollar y perfeccionar las mejores prácticas dirigidas a abordar los riesgos y vulnerabilidades en el financiamiento del terrorismo y protegerlas frente al abuso para el financiamiento del terrorismo».

No obstante, en el caso venezolano las autoridades no se han sentado con las agrupaciones civiles para abordar este asunto de manera conjunta, lo cual refuerza las sospechas de que esta resolución no busca prevenir que las ONG puedan ser utilizadas para actividades ilegales sino que forma parte de la campaña de hostigamiento y persecución que desde hace años mantiene contra ellas y que ha arreciado desde el año pasado, tal y como ya lo ha denunciado Acceso a la Justicia.

De derecho a delito

Las pretensiones del Gobierno de Maduro de obligar a las organizaciones de la sociedad civil a revelarle quiénes son sus donantes pone en riesgo sus programas y la existencia de las mismas. ¿La razón? Los primeros ante el temor de ser estigmatizados por el Gobierno venezolano o de que sus aliados nacionales puedan correr algún riesgo podrían optar por dejar de cooperar con ellos.

No se puede olvidar que esta providencia no es un hecho aislado, pues fue dictada justo cuando la Asamblea Nacional controlada por el chavismo desempolvó el proyecto de la Ley de Cooperación Internacional, instrumento que pretende forzar a las agrupaciones no gubernamentales a entregar los fondos que reciben desde el extranjero al Estado, para que éste los distribuya, según sus prioridades.

Ambas iniciativas parecen tener como propósito penalizar la búsqueda de fondos en el exterior para atender la grave crisis humanitaria o para la acción de promoción y vigilancia de los derechos humanos, lo cual viola lo dispuesto en el artículo 13 de la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas de 1998, el cual afirma que «Toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales».

Otras irregularidades

Como si lo anterior no fuera suficiente, desde Acceso a la Justicia denunciamos que el registro, tal y como está diseñado, viola lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. Dicha norma señala claramente:

«Los órganos y entes de la Administración Pública, en virtud del principio de cooperación que debe imperar en sus relaciones interorgánicas y con las demás ramas del Poder Público, deberán implementar bases de datos automatizadas de fácil acceso y no podrán exigir la presentación de copias certificadas o fotocopias de documentos que la Administración Pública tenga en su poder, o de los que tenga la posibilidad legal de acceder».

La información en relación con la constitución, conformación e integración de las distintas organizaciones civiles está en manos del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), mientras que lo relacionado con sus movimientos financieros está en poder del Servicio Autónomo Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) o de la Superintendencia de Instituciones del Sector Financiero (Sudeban).

Otra anomalía está relacionada con la puesta en vigencia de la providencia. ¿La razón? El texto está en la Gaceta Oficial n.º 42.118, fechada el 3 de mayo, como ya se mencionó, pero la misma apenas apareció publicada el día 5, por lo que ha debido entrar en vigor al día siguiente a su publicación, es decir, el 6 de mayo.

Esta práctica de publicar las gacetas oficiales a destiempo ya es usual en Venezuela, y es otra muestra de la ruptura institucional y de la situación de inseguridad jurídica en la que viven los ciudadanos.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El Gobierno de Maduro ha enfilado todos sus cañones contra uno de los últimos espacios que no controla: la sociedad civil organizada. Tras reasumir el control de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo ha lanzado una dura ofensiva contra las ONG que, además de las consabidas campañas de estigmatización y hostigamiento, ha incorporado desde 2020 allanamientos, detenciones de activistas y nuevas medidas administrativas.

Las agrupaciones caritativas, humanitarias y de derechos humanos juegan hoy un rol estelar en la atención de la crisis humanitaria, que las autoridades ignoraron durante mucho tiempo; y también han sido las promotoras de las denuncias de los abusos contra los ciudadanos que han alarmado al mundo. El eventual silenciamiento o ilegalización de estas instancias dejará en total desamparo a los venezolanos.

14 de mayo 2021

https://accesoalajusticia.org/siguen-bajo-amenaza-las-ong-en-venezuela-c...

En Venezuela, en materia política −y en otras áreas también− las posiciones están tomadas; son fijas, inamovibles, encallecidas, mineralizadas, por algo hablamos de polarización. Y la polarización es justamente eso, dos polos que divergen y que −como los de un imán− se repelen y sí es imposible que coincidan, menos aún, unirlos.

Lo grave es que la polarización no solo lo impregna todo, sino que genera conductas agresivas, que omiten argumentos y razones y rápidamente afloran los insultos y las descalificaciones, que incrementan la división opositora y el regocijo del régimen. Por eso hay que cuestionarse si vale la pena discutir y si no será mejor seguir de largo y olvidar la discusión. Total, no vamos a convencer a nadie y nadie nos va a convencer. Sin embargo, hay demasiado en juego como para abandonarla.

Las razones en cuanto a las condiciones ilegitimas y abusivas con las que se eligió al Presidente de la Republica en 2018, la Asamblea Nacional en 2020 y antes de eso, la forma en que se designó al TSJ, al Fiscal General, al CNE anterior y, naturalmente, incluyen al actual y dicen que no es un árbitro y además esta deslegitimado; este es el núcleo del argumento que lleva −a quienes proponen no participar− a la inevitable conclusión, absolutamente de lógica formal, de que no hay condiciones para hacerlo.

Además de esa razón de fondo, quienes platean no acudir al proceso y abstenerse, dan algunas razones adicionales, describiendo de manera detallada y clara lo que va a pasar si participamos en el proceso electoral y que se puede resumir de esta manera:

· Aunque el régimen libere presos políticos, mantendrá algunos y eventualmente llevará a la cárcel a otros políticos o dirigentes opositores −para mantener su “inventario de negociación” − y si accede a habilitar a algunos dirigentes opositores, solo lo hará después de que esté seguro que la oposición democrática no concurrirá a las elecciones.

· El gobierno ganará esas elecciones y para ello se valdrá de todo tipo de trampas para restar votos a la oposición −incluida la intimidación de votantes y testigos− y no dudará en las gobernaciones y alcaldías críticas, en alterar los resultados, como ocurrió en el Estado Bolívar en 2017.

· Aunque haya una mayor participación electoral, debido a la oposición “alacrana” y la falsa oposición que ahora llama a participar, si eventualmente se mantiene el número de cargos que ahora tienen y aunque el régimen les ceda algunos más, de nada servirá pues, como ya hemos visto, el régimen les nombrará “protectores”, les quitará funciones y presupuesto, para anularlos completamente y los concejos municipales chavo/maduristas improbarán las memorias y cuentas de los alcaldes opositores que serán destituidos.

· Por lo tanto, aunque se incremente la participación electoral, solo servirá para que el régimen se legitime, se atornille más en el poder, gane tiempo y alardee sobre su “flexibilidad” ante la comunidad internacional y eso ayudará en su objetivo de levantar las sanciones internacionales y continuar el proceso lento, pero sostenido, de desgaste del apoyo a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional de 2015.

Reitero, no es lo que yo pienso, esto es lo que dicen que pasara −quienes están en contra de la participación y en pro de la abstención−, si participamos en el proceso electoral del 21 de noviembre próximo. Creo que está bastante completo el resumen y no hace falta abundar más.

Pero, ¿Qué pasará si no concurrimos al proceso electoral? ¿Qué pasará si nos abstenemos? Eso no nos lo dice nadie y vale la pena reflexionar al respecto; déjenme decirles lo que yo creo que pasará.

Si nos abstenemos, ocurrirá lo mismo que ha ocurrido las otras veces que nos hemos abstenido: nada. Y de todas formas ocurrirán algunas de las cosas que dicen los abstencionistas: En efecto el gobierno ganará, con trampas, claro, y a lo mejor sin fraude electrónico, pues no lo necesitará. No tendrá importancia la cantidad de cargos que obtenga la oposición, pues de obtener algunos seguramente les nombrarán los consabidos “protectores” y les quitarán funciones y presupuesto. Pero no tendrá tampoco ninguna importancia el porcentaje de abstención, ni el número de votos que saque la oposición democrática que concurra −la “alacrana” ni siquiera se tomará en cuenta−, pues hace tiempo el poder del régimen no se sustenta en legitimidad alguna, ni en el número de votos, ni en el apoyo popular, sino en las FFAA, los colectivos armados y los grupos violentos, en la frontera y en las ciudades.

Todo lo anterior puede ocurrir si no acudimos, pero además de lo anterior, tendremos el agravante, de que:

- Habrá una mayor división en la oposición, por las recriminaciones mutuas, el pase de facturas unos a otros, por la derrota sufrida y por no haber salido del régimen

- Habrá una mayor frustración y desmoralización de la gente al darse cuenta que nada ocurre, a pesar de la masiva abstención, y se alejará aún más la posibilidad de una salida de este oprobio, y

- Veremos, cuando cese la pandemia y sea posible desplazarse, un mayor éxodo de venezolanos al exterior

Hoy en día, en la situación en que nos encontramos en la oposición, parece claro que participar o abstenerse no es el problema. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las alternativas?; ese sí es el problema. Y no es un problema jurídico o legal, es un problema político.

En mi opinión, participar, con candidatos únicos, no hará que salgamos del régimen, menos en unas elecciones regionales; pero, al menos nos permite salir del inmovilismo en que nos encontramos, nos permite organizar a la gente de una manera bastante segura, para recorrer el país, pueblo por pueblo, con un mensaje alternativo al marasmo en el que vivimos, nos permitirá ganar en organización y niveles de conciencia acerca de la situación que vivimos. Y si además ganamos algunas gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y asambleas legislativas, eso ayudará a los partidos y organizaciones políticas a nivel local y regional en su relación con la gente.

Insisto en lo dicho otras veces, lamento que nadie diga qué hacer en vez de no participar, aparte de abstenerse pasivamente. Nadie espera que se den detalles al respecto −en la prensa o redes sociales−, pero, al menos esperaríamos ver acción en alguna parte, y es lo que no hemos visto y no vemos.

El “qué hacer” es el tema a seguir discutiendo, porque si no lo hacemos, habrá que concluir con la enigmática parte final del título de mi artículo de la semana pasada, en el que comenté acerca de la designación del CNE, estaremos… atrapados sin salida.

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

Alrededor de los libros

El trumpismo como forma de gobierno parece haber quedado atrás. Por ahora. Pero el trumpismo, como movimiento social enraizado en la sociedad norteamericana continua vivo y coleando. Además, parece reiterar, con o sin Trump, el nacimiento de una fuerza política, el populismo del siglo veintiuno al que autores como Enzo Traverso llaman post-fascismo y al que preferimos llamar nacional-populismo pues ha logrado vincular grandes movimientos de masas con ideologías ultra-nacionalistas.

Movimientos que, a diferencias de populismos crónicos establecidos en naciones con escasa o mala tradición democrática como son las latinoamericanas, surgen de la descomposición de las democracias liberales de Europa y, más recientemente, lo que nadie esperaba, en los propios EE UU. El trumpismo –ya apoderado del Partido Republicano- fue y será un movimiento popular, anti-institucional y autoritario, pero también un producto neto del descenso de la sociedad industrial en un periodo de larga transición hacia la sociedad digital.

El trumpismo, como el brexismo inglés y el lepenismo francés, representa a un movimiento de masas políticamente organizado, radical y extremista a la vez y –este es el punto nodal- que se hace cargo de demandas a las que hay que tomar muy en serio porque son verdaderas. Tan verdaderas como fueron las de la masa obrera pauperizada de los comienzos del siglo XX a la que comunistas y socialistas organizaron, sindical y políticamente. Tan verdaderas como la inflación de los años treinta o los peligros que significaba la expansión soviética, hechos que impulsaron el nacimiento de los fascismos europeos.

El trumpismo -y ese es un punto de partida del libro de Michael J.Sandel, La Tiranía del Mérito- es hijo de realidades verdaderas, portador de una rebelión en contra de una sociedad políticamente discriminatoria cuya nueva clase dirigente (no confundir con clase dominante: Gramsci) ya no está formada por los propietarios de los medios de producción -como fueron los capitalistas de la pre-globalización- sino por una elite egoísta, encerrada en sí misma, a la que Sandel denomina meritocracia. Frente a esa elite, el trumpismo y otros movimientos similares, operan como fuerzas revolucionarias, pero en el peor sentido disociativo del término. Para enfrentarlas hay que reconocer entonces las razones que provocan a esos movimientos, es una de las proposiciones de Sandel. Y una de las más importantes reside en el resentimiento, no solo social, sino también cultural que, de modo ostensible, despiertan las clases políticas establecidas, en amplios sectores de la ciudadanía que no han tenido acceso a la educación universitaria, fuente de origen del poder meritocratista. Este es el primer enunciado del ya famoso libro de Sandel.

Digamos de antemano que Sandel, meritorio filósofo político, no se pronuncia en contra del mérito. Tampoco piensa que el mérito no debe ser compensado; todo lo contrario. Lo que postula Sandel -y eso es lo que no logran entender sus críticos – es que el mérito no puede ni debe ser usado como ideología de una clase política y, mucho menos, como un medio para legitimar la cada vez más creciente desigualdad social que tiene lugar en los EE UU y otros países.

Fiel a los postulados comunitarios que viene manteniendo desde décadas –su Liberalismo y los Límites de la Justicia continúa siendo un clásico- sostiene Sandel que el uso del mérito como medio de ascenso social y político, debe tener un límite. Y ese límite es el deterioro del bien común, vale decir, el de la desarticulación de los lazos que constituyen a una nación como sociedad política.

Con filosófica metodología, Sandel desmonta los supuestos de la ideología del mérito. El primero dice que todo lo que hemos alcanzado en este mundo se debe a nuestros méritos. El segundo dice que todos somos dueños y responsables de nuestro destino. El tercero, el más cruel, dice que el mundo se divide entre ganadores y perdedores, siendo los últimos culpables de su propia mala suerte. El cuarto dice que solo los créditos universitarios certifican al ciudadano como agente social meritorio.

No todo lo que hemos logrado en la vida se debe a nuestro esfuerzo, aduce Sandel, y da muchos (quizás demasiados) ejemplos. La obtención de méritos es una carrera con distintos puntos de partida. Unos correrán cien metros, otros cinco mil y otros la maratón, para llegar a la meta. Por cierto, hay quienes ganan la maratón pero los que deben abandonarla por razones de edad, de formación muscular, de alimentación, son muchos. Del mismo modo es muy distinto el caso de un estudiante universitario que logra estudiar en la universidad más prestigiosa gracias a las donaciones que hace su padre (el ejemplo de los hijos de Trump, entre muchos), al que ingresa con una beca que alcanza solo para comer. La universidad, lejos de ser el lugar de formación profesional destinada a ser invertida en el bien común, ha llegado a transformarse en muchos países en el criadero de los futuros miembros de la clase dirigente, no tanto por méritos, sino más bien como producto de desigualdades sociales.

El segundo supuesto desmontado por Sandel, el de que solo nosotros somos responsables de nuestro destino, deja claro que los éxitos y ascensos sociales suelen ser en muchos casos resultados de factores que poco tienen que ver con nuestras decisiones. En este punto Sandel introduce un factor que seguramente escandalizará a deterministas, sean científicos, filosóficos o teológicos. Ese factor, es “la suerte”. En términos de Maquiavelo -agregamos- la fortuna, en sus dos acepciones: fortuna como riqueza heredada y fortuna como suma de golpes de suerte.

La vida es contingencia pura. Casi nada de lo que hemos llegado a ser deviene de un plan. Los golpes de buena o mala suerte –revise cada uno su biografía– suelen ser determinantes. Hemos leído por ejemplo que magníficos proyectos personales y colectivos se han venido abajo gracias a la pandemia. Pero también hay quienes se hicieron millonarios por haber adquirido casualmente antes de la pandemia fondos donde actúan Astrazeneca, Bayontec, Johnson Johnson, Sputnik. Nada de eso puede ser considerado como productos de meritorios planes.

Quienes hemos ganado en algunas cosas, también hemos perdido en otras. No hay ninguna razón, por lo tanto, para arrogarse superioridad por méritos adquiridos gracias a la buena fortuna, ni mucho menos asumir con orgullo un rol de ganador frente a supuestos perdedores.

Por lo demás, los méritos no siempre son propios. Si algunos logran ocupar un lugar destacado en la escala social o cultural es porque ha habido condiciones que así lo han hecho posible. No pocos académicos de mi generación, por ejemplo, pudimos estudiar en la universidad gracias a que esta era gratuita, lo que no pueden decir quienes hoy no han podido hacerlo como consecuencia de la extrema privatización universitaria que hoy tiene lugar en diferentes países.

Asumir el rol de ganadores frente a los catalogados como perdedores, no solo es un indicio de arrogancia, sino de crueldad. Ese es el punto central del discurso de Sandel. La ideología meritocrática no solo está hecha para legitimar a las elites dirigentes, sino para trazar una separación clasista entre meritorios y no meritorios. A estos últimos, los que no forman parte de los estamentos meritocráticos, solo quedan tres posibilidades. O asumirse como perdedores, posición que incide en una degradante pérdida de la autoestima. O encontrar un chivo expiatorio a quien culpar de las desgracias que conllevan (suelen ser los extranjeros, los negros, los más débiles). O convertir el resentimiento colectivo en pasto para los líderes, partidos, movimientos y gobiernos nacional-populistas.

En los tres casos, observa Sandel, las consecuencias de esas alternativas atentan en contra del bien común, disocian relaciones de solidaridad, desestructuran el orden social y lleva a conflictos que si no son asumidos por las elites dirigentes (dentro de las cuales incluye a gran parte de los progresistas e izquierdistas occidentales) solo podrán ser atajados por la fuerza policial y militar. Los estallidos sociales aparecidos en diferentes países han aumentado tanto en frecuencia e intensidad de modo alarmante. Conflictos que no llevan a una democracia superior, sino todo lo contrario: al declive de la llamada democracia liberal.

El cuarto punto observado por Sandel, es la conversión de la universidad en una suerte de escuela primaria para la clase política. Los títulos universitarios han pasado a ser, en su opinión, credenciales para ingresar a la meritocracia, independientemente de las profesiones estudiadas. Lo importante, lo decisivo, es haber pasado por una universidad. En cierto modo, acotamos, el título universitario está por convertirse en un equivalente de los títulos nobiliarios del periodo medieval. Con la diferencia, opina Sandel, que los siervos de la tierra no se sentían desgraciados por no ser duques o marqueses pues ese era simplemente su destino. En cambio, en nuestro tiempo, quienes realizan útiles e importantes trabajos técnicos o manuales, aún obteniendo ingresos más altos que muchos egresados universitarios, son despreciados por la clase meritocrática. “Política de la humillación”, la llama no sin razón, Sandel. El resultado no puede ser peor: la meritocracia ha devaluado la dignidad del trabajo en una sociedad que precisamente existe gracias al trabajo, individual y colectivo.

No es mucho lo que dice Sandel -aparte de ciertas recomendaciones a las universidades- para cambiar el rumbo del orden meritocrático. No obstante, en su libro hay abundante material para seguir pensando sobre el tema. Por de pronto, parece ya ser imposible retornar al orden social pre-meritocrático. Como el mismo Sandel anota, el orden actual ha sido un resultado de los procesos de globalización económica, y esa globalización, hay que admitirlo, es irreversible. Ningún América First la puede revertir.

La crisis de representación política observada en la mayoría de los países democráticos no ocurrió por un decreto de los meritócratas. En los EE UU, por ejemplo, el Partido Demócrata ya dejó de ser el partidos de los granjeros y de la población trabajadora. Mucho más dramático ha sido el caso de los laboristas ingleses y de los socialdemócratas europeos. Su base de apoyo histórico, los trabajadores sindical y políticamente organizados, están a punto de desaparecer. El “proletariado” de los marxistas se ha convertido en una clase internacional pero sin bases de acción nacional sobre la cual practicar su “lucha de clases”. Ha llegado a ser –eso no lo imaginó Marx- una clase global, tan global como lo son las empresas financieras. La enajenación del trabajo por el capital ha alcanzado tal radicalidad que casi ningún trabajador sabe si sus verdaderos patrones están en Singapur, Hong Kong o Taiwan. Y bien, contra esos empresarios invisibles no hay huelga que valga. El nexo que unía a la economía con la política ha sido roto, y quizás para siempre. Razón que explica por qué los partidos políticos, en particular los llamados progresistas y de izquierda, después de haber representado a la “clase obrera”, se han convertido en partidos que solo predican un moralismo igualitario (feminista, anti-racista, ecologista) pero emancipado de los actores sociales que alguna vez representaron. En cierto modo, tales partidos han llegado a ser parte del problema: el de la desigualdad de derechos que se da entre los meritoristas y las grandes masas excluidas de toda representación meritocrática.

En cierto modo, lo que propone Sandel, es el cambio de un discurso cuyos orígenes míticos se encuentran en el propio “sueño americano”, exportado con éxito a diversas regiones de la tierra. Hay que romper definitivamente, es su opinión, con la falsa diferencia entre oficios meritorios y no meritorios. Hay que recuperar de una vez por toda la creencia de que no hay trabajos más dignos que otros si todos sirven al bien común. No hay ninguna razón para pensar que el trabajo de un plomero o de un electricista es inferior al de un cientista social. Por cierto, hay malos electricistas y malos plomeros. Pero también hay cientistas sociales, algunos egresados de las más renombradas universidades, que no son más que simples charlatanes (podría certificarlo).

Hay que dejar de lado la antigua creencia relativa a las grandes diferencias (las hay pero no son tan grandes) entre el trabajo manual y el intelectual. Al fin y al cabo las manos del trabajador manual no se mueven solas, las manda el cerebro. Hay que terminar en fin, con los políticos de criadero y ceder el paso a los auténticos representantes de las demandas e intereses reales.

Un gran intelectual, pienso en el checo Váklav Havel, puede ser sin duda un gran presidente. Pero también personas como Abraham Lincoln o Lech Valesa, que nunca pasaron por una universidad, pueden ser, y lo fueron, magníficos mandatarios. Para gobernar bien no se requiere diplomas ni doctorados. Las virtudes principales de un gobernante, dice Sandel, son dos: “la sabiduría práctica y las virtudes cívicas”.

Sandel sabe que un cambio discursivo no tendrá lugar de la noche a la mañana. En términos optimistas, podemos pensar que eso solo sucederá cuando los trabajadores surgidos en el periodo de transición que va de la sociedad industrial a la sociedad digital, alcancen un mínimo de autoconciencia social.

Los oficios que requieren cualidades programadoras, los trabajadores del servicio público y privado, los cientos de miles que laboran aislados en su home office, y no por último, los trabajadores emigrantes, deberán crear, tarde o temprano, formas colectivas de organización política y social. Pero eso solo sucederá cuando aparezcan políticos dispuestos a reivindicar la dignidad del trabajo, sea este el más sucio o el más poético. Los necesitamos a los dos. Sin ellos, somos nada. O muy poco.

Interesante: la mayoría de los críticos de Sandel lo ubican como un filósofo de izquierda. Sin embargo, las fuentes a las que recurre Sandel están muy lejos de las de cualquier izquierdista. Sus mentores teóricos son John Rawls y su Teoría de la Justicia, y Friedrich August von Hayek y su conocida diferencia entre “mérito y valor”. Y casi al final de su libro, Hegel. El abstruso (sic) G.W.F. Hegel y su teoría del reconocimiento.

Ese Hegel que rompió con la teología cristiana del mérito, la ética protestante del trabajo (en contra de las ideas originarias de Calvino y Lutero, agrega Sandel) según la cual, los que se portan bien en esta tierra (los que trabajan) serán los ganadores e irán al cielo y los que se portan mal (los que no trabajan) al infierno.

Para el Hegel de La Filosofía del Espíritu, el ser tiene dos dignidades: la que le otorga su propio ser, y la que le otorgan los demás. Pero sin la segunda, la primera no aparecerá nunca. El ser, el humano al menos, necesita ser reconocido como tal, en su trabajo y en su vida. Sin el reconocimiento del otro -justamente el no practicado por “la tiranía del mérito”- perdemos nuestra dignidad de ser en el mundo. Reconocimiento que vale para los políticos como para los no políticos. Los primeros requieren de los representados para no convertirse en mercachifles productores de eslogans atractivos, simples narcisistas, encerrados en las jaulas de un poder cada vez mas imaginario. Los segundos, los representados, requieren de sus representantes, seres ligados a ellos, ojalá salidos de sus propias filas, espejos de ellos mismos en las salas del poder.

Y si eso no sucede, el mensaje político de Sandel es muy claro: vendrán los Trump y las diversas variantes internacionales del trumpismo, sea en sus versiones de izquierda o de derecha, y asaltarán a este mundo como si este mundo fuera lo que puede llegar a ser: un inmenso Capitolio global.

13 de mayo 2021

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2021/05/fernando-mires-sobre-la-tirania...

La respuesta a la emergencia climática es difícil para todos, pero en particular para los países cuyas economías dependen de la extracción o producción de petróleo. La descarbonización es una oportunidad de iniciar una revolución industrial verde, pero conforme más y más naciones se sumen a este camino hacia la prosperidad futura, los activos, las tecnologías y las capacidades que dependen de los combustibles fósiles irán perdiendo valor, y eso pondrá en riesgo el empleo, las exportaciones y la innovación industrial en las economías dominadas por el petróleo.

Una de estas economías, Noruega (tercer mayor exportador de gas natural del mundo) hoy enfrenta un desafío singular. Su estructura industrial y de inversiones está muy ligada a los sectores y servicios basados en los hidrocarburos (que en 2019 generaron el 36% del total de exportaciones), pero la energía que consume procede casi en su totalidad de fuentes renovables (conversión de la energía hídrica). De modo que tal vez la economía noruega ya esté lista para una transición industrial verde, con la salvedad de que la caída de la demanda global de combustibles fósiles trabará su principal motor de crecimiento.

La dependencia noruega de los hidrocarburos es un síntoma de la «enfermedad holandesa»: el problema que se da cuando un sector dominante prospera en detrimento del resto. La enorme disparidad de la inversión en hidrocarburos respecto de otras industrias atrae al sector de los combustibles fósiles a los profesionales más capacitados. Al mismo tiempo, la extraordinaria rentabilidad del sector gas petrolero ha generado un crecimiento excesivo de precios y salarios en el resto de la economía, que crea dificultades para otros exportadores.

Por eso Noruega ha sido uno de los países de la OCDE que desde fines de los noventa perdió más cuota de mercado internacional en los sectores exportadores no vinculados con la energía. Durante la última década hubo en Noruega un crecimiento sostenido del déficit comercial no petrolero, y la participación del sector fabril en la economía se redujo a la mitad respecto de los otros países nórdicos.

Para colmo de males, un informe reciente de la Oficina Central de Estadísticas de Noruega prevé que durante la próxima década, la inversión en el sector energético noruego se reducirá. Mientras que la inversión anual promedio en el sector durante la década anterior superó los 170.000 millones de coronas noruegas (unos 20 000 millones de dólares), se calcula que entre 2025 y 2034 esa cifra disminuirá unos 60 000 millones de coronas (incluso sin políticas de restricción a la producción de petróleo).

Es evidente que Noruega necesita una nueva estrategia industrial. En un informe reciente, proponemos un modo de usar los recursos técnicos y financieros del sector petrolero para convertir a Noruega en un «gigante verde». Pero la transición de la extracción de petróleo a una economía más verde no será automática: demanda una acción audaz, pero muy bien calibrada, del sector público. El gobierno no puede micro gestionar el proceso, porque asfixiaría la innovación, pero tampoco puede dejarlo enteramente en manos del mercado.

La solución es que los gobiernos muestren el rumbo con inversiones de alto riesgo en las primeras etapas, a las que luego se sumarán los actores privados, con recompensas para aquellos que estén dispuestos a invertir e innovar. En el caso de Noruega, se necesita una estrategia industrial que dirija los considerables recursos financieros del Estado hacia inversiones en la creación de una nueva base industrial centrada en la energía verde.

Noruega cuenta con el mayor fondo de pensiones soberano del mundo, pero todavía no canalizó sus recursos a inversiones en la transición verde, dentro o fuera del país. Por el contrario, el Statens Pensjonsfond Utland (SPU) noruego es uno de los principales financistas de algunos de los proyectos de combustibles fósiles más devastadores que hoy están en fase de planificación o desarrollo. Un informe reciente advierte que apenas doce de esos proyectos consumirán tres cuartas partes de lo que queda del presupuesto de carbono del mundo, lo que hará sumamente difícil limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

Según la normativa fiscal noruega actual, el SPU deposita los ingresos derivados del petróleo en un fondo destinado a la inversión en el extranjero. Todos los años Noruega transfiere a la economía nacional, en promedio, un 3% del valor del fondo, un ritmo de retiro sostenible, ya que coincide con la rentabilidad prevista del fondo.

Esta política ha resultado eficaz para limitar la presión inflacionaria derivada de la extracción de petróleo, al tiempo que proveyó una fuente de ingresos adicional al Estado. Pero hoy Noruega necesita un proceso de financiación paciente y duradero que haga posible la diversificación económica. Como la normativa fiscal actual permite mantener grandes inversiones públicas fuera del presupuesto normal del Estado, está agravando la enfermedad holandesa, al perpetuar una dependencia del pasado (o «path dependency») determinada por el petróleo.

Pero no tiene por qué ser así. Es posible convertir al SPU en un potente inversor con sentido de misión y presencia dentro y fuera del país. En vez de usar los ingresos derivados del petróleo para recapitalizar el fondo, se los puede dirigir a un nuevo banco público de inversión verde, que actúe en forma coordinada con otros fondos públicos y organismos dedicados a la transición verde.

El sistema nacional noruego de innovación se caracteriza por una importante participación estatal. En particular, el Estado noruego posee el 67% de la empresa insignia de la industria petrolera noruega, Equinor (antes llamada Statoil). Pero las empresas estatales noruegas que en otros tiempos fueron actores fundamentales para crear de la nada el ecosistema industrial petrolero, no han tenido el mismo papel en la transición verde. En vez de reinvertir sus ganancias en fuentes de energía renovables, en 2019 Equinor anunció que de aquí a 2022 gastará cinco mil millones de dólares en la recompra de acciones propias.

El shock de la COVID‑19 puso de manifiesto los riesgos que supone una dependencia excesiva de los (volátiles) mercados energéticos. Mientras que la gigante energética danesa Ørsted atravesó la pandemia sin mayores inconvenientes y no detuvo el proceso de transición a las fuentes renovables que inició una década atrás, Equinor tuvo que reducir dividendos y endeudarse para mantener sus compromisos con los accionistas en un contexto de ingresos insuficientes.

Igual que su homóloga danesa, Equinor debe convertirse en una gigante de la energía con sentido de misión. Eso demanda liberar a sus directivos de la presión por la distribución de dividendos, devolviéndole la condición de empresa totalmente estatal centrada en el futuro económico del país.

10 de mayo 2021

Traducción: Esteban Flamini

Project Sybdicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/use-norway-sovereign-wealth...

Una estafa es un delito que consiste en obtener una ganancia mediante el engaño. Es decir, generar riqueza haciendo abuso de la confianza de alguien o mintiendo. Moisés Naim escribió un artículo cuyo llamativo título es ¿Cuál es mayor estafa del mundo? La educación (https//www.eluniversal.commx/opinión/moises-naim/cual-es-la-mayor-estafa-del-mundo-la-educacion).

En el mismo describe la asimetría que existe en los resultados educativos entre los países ricos y los pobres. En estos últimos ha aumentado la escolaridad, pero los resultados son deficientes y las causas, admitimos con Naim, son complejas y posiblemente distintas, de acuerdo a cada país. Aquellos que hemos estado vinculados por muchos años en la educación universitaria, conocemos las carencias con las que ingresan a la universidad los más pobres, que es una fracción pequeña, porque la mayoría no llega a la educación superior Así, cuando grupos de opinión como Nueva Universalia trata de contribuir a mejorar las universidades, están conscientes que el tema de la educación es mucho más complejo que el correspondiente a la cúspide del mismo.

De lo que no estoy muy seguro, en lo que corresponde a la educación en el sector público, es que la estafa sea el único delito que se comete o el que explique que un niño vaya a la escuela a aprender y salga de ella sin los conocimientos ofrecidos. Es posible que en el fracaso educativo nacional existan otros delitos, entre ellos prevaricación, cohecho y malversación.

Cuando un funcionario aprueba y ubica en el cargo de maestro o director de una escuela a una persona a sabiendas que es incompetente, es sin duda prevaricador y si además recibe algún favor, monetario, partidista o sexual, está practicando el cohecho. ¿Cuál es el delito que comete un gobernante cuando aprueba un presupuesto insuficiente para pagar salarios que garanticen la existencia de maestros competentes o la construcción de instalaciones educativas adecuadas? Sin ser abogado ni docto en materia legal, pareciera que comienza por una oferta engañosa, la tiñe con prevaricación, tolera el cohecho y obliga a la malversación.

Con respecto a éste último delito, que en nuestra legislación consiste en utilizar recursos aprobados para un concepto en otro diferente, recuerdo un dilema interesante: un funcionario que quería desarrollar la biblioteca hizo una solicitud de crédito adicional. La misma tenía dos componentes, los libros y los estantes. En su ignorancia o en un acto de prevaricación, los congresistas aprueban los estantes y no los recursos para los libros. El funcionario decide adquirir los libros con los recursos asignados a los estantes y comete el delito de malversación, pero nadie lo acusa por no querer pasar por idiota. Pero otro funcionario, obediente, compra los estantes que eventualmente se convertirán en refugio para arañas o cucarachas, porque tampoco se contemplaron en el presupuesto artículos de limpieza.

Tampoco es extraño que se apruebe un plan de alimentación escolar, pero que en la escuela no exista cocina, cocinera, gas, platos, cubiertos o agua corriente para que los niños se laven las manos o se limpien los artículos empleados en la alimentación, si es que estos existen.

También me pregunto: ¿Cuál es la designación formal para el delito de construir escuelas lamentables en diseño, ubicación, estructura y servicios, cuando la población objetivo es muy pobre? Recuerdo un párrafo en una reflexión sobre el genocidio que reza así: “La no-evitabilidad de lo que pasa es debido a la no-voluntad y la no disponibilidad a cambiar comportamientos sociales y económicos que apuntan a mantener los privilegios y los intereses de unas minorías que se atribuyen el poder no juzgable de decidir cuáles son las vidas que tienen el derecho a ser vividas y defendidas indefinidamente, declarando así explícitamente que existen grupos humanos inferiores, no-humanos, no sujetos al derecho fundamental a la vida y a la dignidad.”*

En el mejor de los casos se trata de gobiernos pauperofóbicos, odian a los pobres ya que los hacen preservar su condición.

Una vez visité un pueblo que tenía por escuela un horrendo galpón con techo de zinc cuya temperatura interior, que medí con un buen termómetro, era de 48,5 centígrados a las 11 de la mañana. El local era tan malo que hacía imposible generar en los niños la percepción de un horizonte distinto y mejor, ya que jugar a la sombra de algún árbol frondoso, parecía y era más saludable.

Pero además, en el caserío no vivía ningún maestro y el abnegado titular del cargo recorría en motocicleta 35 kilómetros para acudir a su trabajo. Obviamente no iba todos los días, los martes atendía un negocio familiar para redondear su miserable salario y a veces faltaba una semana ya que su ingreso no le permitía adquirir un neumático o reparar alguna pieza de su vehículo y cuando eso ocurría, debía esperar que alguna madre hiciera una colecta entre las restantes, todas muy pobres, para adquirir el repuesto requerido.

Cuando un gobierno destina el 4 o 5% de su presupuesto a la educación a sabiendas que una proporción elevada no se traducirá en conocimientos básicos ¿comete una estafa o desencadena una cadena compleja de otros delitos? En mi opinión, muchos más ya que, entre otras cosas, está condenando a la miseria de por vida a niños que nada aprenden y estimulando un componente de la violencia y el crimen, que es el desempleo crónico.

Este párrafo es un ejercicio ilustrativo de ficción. En el mundo se destinan 1.450.000.000.000 de US$ (2,2% del PIB) al mantenimiento de ejércitos (Wikipedia, 2021 y Banco Mundial), mientras invierte el 4,5% del PIB en educación (Banco Mundial, 2021). Con el 10% del gasto militar 145.000.000.000 se podría generar una revolución educativa mundial al destinar 1.450 US$ por niño y año para atender a 1.000.000.000 de niños, eso sí, siempre que la inversión tenga objetivos nítidos y ejecución responsable y honesta.

Para dar una idea de la inversión por niño señalaremos que oscila entre 280 y más de 6.000 US$ de acuerdo con el país. En Venezuela el ingreso de un maestro, salario + bonos, no llega a US$10 mensuales, en Finlandia supera los 5.000. Pero, no es gratis, hay que ser muy competente para ingresar al sistema y someterse cada tres años a una rigurosa evaluación.

Existen delitos subyacentes en la relación de muchos gobiernos con gremios, promociones y en la prevaricación de contratar maestros con sueldos miserables con la certeza que, por mal preparados o por tratar de sobrevivir con empleos complementarios, no se ocuparán, como es su obligación, de dar buena educación a sus alumnos.

Pero al final, coincido con Naim cuando usa la palabra estafa, ya que cuando los ciudadanos pagan un impuesto, el gobierno los engaña señalando que esa porción de su riqueza será empleada en la formación de personas competentes y no desviada hacia destinos inconfesables. Ahora la pandemia profundiza las diferencias ya que la educación a distancia tiene un costo que no todos pueden pagar o la misma es imposible por carencias o fallas recurrentes de servicios como electricidad o Internet.

*Tognoni, G., 2021: ¿Las muertes y enfermedades como expresión moderna del genocidio? (https://www.vocesenelfenix.com/content/%C2%BFlas-muertes-y-enfermedades-como-expresi%C3%B3n-moderna-del-genocidio)

"La globalización implica la emergencia de nuevos poderes que trascienden las estructuras estatales".

Ignacio Ramonet

Antes de profundizar en el análisis del tema, es necesario aclarar que la globalización no es un fenómeno de reciente aparición. Aunque no hay un evento particular que inicie el proceso de globalización, si se pueden diferenciar sucesos que le fueron dando impulso, favoreciendo su desarrollo.

Entre esos sucesos destacan, a manera de importantes ejemplos, entre otros, la expansión del antiguo imperio romano y la llamada “Era de los Descubrimientos”, centrada en tierras de África y Asia, y que permitió, para el mundo europeo, el descubrimiento del continente americano. Todos estos casos implican las conquistas territoriales con fines de dominación, de explotación de recursos y comercialización.

Las potencias dominantes pudieron también obtener relevantes ventajas, en cuanto a conocimientos se refiere, como el acceso al concepto numérico del cero y el proceso de fabricación de la pólvora, que permitió la invención de las armas de fuego; así como de los pueblos dominados a las ventajas que representan las grandes culturas, como los conocimientos para la producción y comercialización de productos y bienes de consumo, entre otros. Aunque no necesariamente se compensa el sometimiento a los intereses de los países más desarrollados.

La globalización se caracteriza por la influencia de los países desarrollados más poderos, políticamente más influyentes, y la ventajosa posición de las grandes empresas que tienden a dominar los mercados internacionales, en defensa de sus intereses particulares; que también suelen hacer inversiones en los países menos desarrollados, para acrecentar su eficiencia operativa.

A partir de la Revolución Industrial, iniciada a mediados de la segunda mitad del siglo XVIII, la mecanización de los procesos productivos y el avance en las técnicas de comercialización y mercadeo produjeron importantes transformaciones en el orden de las relaciones económicas, las mayores ocurridas hasta ese entonces, lo que provocó grandes cambios y causó un desmesurado impulso y profundización del proceso general de la globalización y de la importancia de las grandes compañías internacionales.

La globalización no solo se manifiesta directamente en los aspectos tecnológicos, de comercialización y manejo gerencial de la economía; su influencia también permea los aspectos culturales, las interrelaciones sociales y, particularmente, la actividad política.

En los últimos tiempos, cuatro factores han afianzado y potenciado el proceso de globalización generalizada:

1. La apertura de mercados nacionales al libre comercio.

2. La eliminación de regularizaciones locales que ponen trabas al libre intercambio comercial a nivel internacional.

3. La formación y consolidación de grandes, empresas multinacionales.

4. Los grandes avances en los sistemas de comunicación terrestres y aéreos, así como en la telefonía y tecnología satelital.

Lo realmente feo y preocupante de la globalización es que lo que puede estar por venir podría ser peor que lo que ya hemos sufrido con sus aspectos negativos. En la universidad, nuestro profesor de Economía Agrícola, en su primera clase, nos recalcó: “El que tiene el poder político suele aspirar al poder económico, y el que tiene grandes intereses económicos busca el poder político para proteger sus inversiones”. Esta visión de las relaciones del poder económico y el político parece confirmarse en el planteamiento de la búsqueda de lo que se conoce como el “Nuevo Orden Mundial”.

Desde hace décadas se han incrementado los planteamientos y discusión sobre una supuesta conspiración de factores políticos y económicos interesados en el establecimiento d un Nuevo Orden Mundial, destinado a lograr un gobierno universal unificado; por supuesto, controlado por destacados poderes políticos y económicos, entre los que destacarían grandes consorcios comerciales internacionales, políticos de gran relevancia mundial y poderosas naciones con aspiraciones hegemónicas; también reconocidos e influyentes multimillonarios partidarios de este tipo de causa política, a la que suelen destinar cantidades elevadas de dinero. Se suele señalar al neoliberalismo como sustento y eje de este planteamiento de dominio político económico. Se cree que, de alguna manera, incluso podrían estar involucradas organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Sería éste un régimen de poder dominado por un número muy reducido de individuos y organizaciones con capacidad de acumular mucho poder y disponer de abundante capital, con pocas posibilidades de interferencia por persona u organización alguna.

No se han presentado pruebas definitivas de la existencia real y alcances de esta teoría de la conspiración de poderes; pero si hay indicios importantes y concordantes que no nos permiten desechar su existencia, al menos hasta un cierto nivel de amplitud y posibilidades.

Profesor UCV

Hace pocos días fue nombrada una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo el paraguas de un acuerdo, que, si bien no fue integral, si conto con la participación de algunas organizaciones políticas y de la sociedad civil, así como de algunas instancias a nivel internacional. Un acuerdo, digo, que ciertamente no fue lo variopinto que debiera, pero que resulta un hecho nada menor en un país que apartó esa palabra de su diccionario político, aún en estos tiempos de pandemia que obligan al consenso y a la solidaridad.

Aguacero en la oposición

El nuevo CNE no es, desde luego, aquel cuya imparcialidad queda establecida claramente en nuestras normas. Sin embargo, en medio de las circunstancias tan hostiles que pautan la política venezolana, atrapada por al autoritarismo gubernamental y la debilidad opositora, insólitamente destejida, es, seguramente, el mejor CNE posible. El ex Rector Vicente Díaz, quien sabe de estos asuntos, opinó que esta directiva es la más imparcial que ha tenido el organismo durante los últimos veinte años.

Obviamente, lo anterior generó una tormenta en la oposición. Una parte importante de ella desconoce su designación y estima que con ese árbitro no se puede llevar acabo un proceso eleccionario. Alega, en particular, que se han incumplido las leyes y por supuesto no reconoce como de su lado, a los rectores escogidos como opositores. La nuez del asunto es, entonces que, dado el perfil no democrático del gobierno, las elecciones significan un salto al vacío.

El humor político del país.

De un buen tiempo para acá, las encuestas más fiables, al igual que la percepción de cualquiera que vaya por la calle, recogen el mal humor político de los venezolanos. Una mayoría determinante de ellos, en torno al 80%, no oculta su malestar, por calificarlo de manera suave, con un gobierno arbitrario, con poco respeto por la institucionalidad, copia, dicho sea de paso, de un populismo que, bien sea de derecha o de izquierda, abarca a una gran porción del planeta, forzando a repensar la democracia, a la luz de las complejidades de la época actual.

Autoritario, dije, pero a la par muy desatinado, sin brújula, al momento de encarar las dificultades nacionales, dejando en muchos la sensación de que efectivamente estamos mal, pero y (ojalá que no), vamos peor, según habría dicho el recordado Teodoro Petkoff. En fin, lo cierto es que los indicadores que trazan nuestra situación son lamentables y han hecho de la vida de los ciudadanos una cuestión que bordea la sobrevivencia, no en balde más de cinco millones de ellos han preferido irse a otra parte.

Los datos dejan ver, así mismo, un enorme desinterés respecto a la política, al igual que por sus dirigentes y partidos más importantes, sea cual sea su inclinación. En ambos casos el desgano se manifiesta en cifras de respaldo muy bajas, de apenas un solo digito. La única figura que sobresale es la de Hugo Chávez, presente en la memoria colectiva, endulzado por la nostalgia que, como se sabe es mentirosa y en este caso pasa por alto que a su gestión se le empezaron a ver las costuras, al bajar los precios del petróleo. Por otro lado, casi nadie ve, ni lejanamente, una réplica de él en el liderazgo del chavismo-madurismo.

Aprovechar la rendija

Si se me permite una afirmación general, que puede ser injusta en algunos casos, el agobio del venezolano no es un tema que encuentre presente en la agenda de nuestra dirigencia política. Para su tragedia no hay una propuesta que despeje el horizonte. Huelga advertir que en tal escenario, las elecciones lucen casi una extravagancia y el voto se mire como un acto inútil.

Sin embargo, el nuevo CNE es una noticia positiva. Representa un respaldo, no suficiente, pero tampoco desdeñable, a la institucionalidad electoral. Es una buena señal y habrá que cuidar que la misma sea respetada en el resto del camino que queda por transitar. En lo que concierne a lo específicamente electoral, esta pendiente la tarea de fijar un cronograma para los comicios, reestablecer el derecho de los partidos políticos a utilizar sus símbolos, la habilitación de los líderes opositores, la observación electoral (nacional e internacional), las auditorías técnicas y la actualización del Registro Electoral, prestando cuidado especial al voto de los venezolanos que se hallan en el exterior.

Pienso que la oposición debe presentarse unida (y organizada) a la cita electoral, consciente de que hay, reitero, un arbitraje más equilibrado (más potable preferirían decir algunos), pero reconociendo que lo decisivo es entender y convencer a una colectividad que aspira a un cambio y no la identifica como opción. Seria pasar de ingenuos creyendo que el gobierno se la va a poner fácil, pero como se aprende en el deporte, el rival no se escoge. Y con una participación masiva no hay referí capaz de alterar los resultados y anular la victoria del que triunfe.

Según Perogrullo, quien suele tener razón, la clave es que se presente unida en las urnas, mostrando en los hechos que vale la pena votar.

¿Qué diría Einstein?

Con el debido respeto a Guaidó, desde su juramento como Presidente son muy pocas las cosas que se han modificado. La ruta escogida, mantenida con algunas variantes por varios años ha puesto en evidencia que por esa vía no es. Han faltado nuevas ideas y la abstención y la falta de unidad han permitido que se realicen procesos electorales con un juez totalmente parcializado y prácticamente sin que el gobierno tenga rival.

Se debe provechar esta grieta electoral, es una ventana de oportunidad. Obvio que este itinerario no es el único ingrediente del menú político, pero en este momento es el que se encuentra en la carta y cabe apostar que a ciencia cierta ira mostrando la posibilidad de que se den otras iniciativas. Hay, así pues, que recuperar la política a partir de la realidad, no de un discurso que no la evade.

En suma, palabras más, palabras menos, Einstein recomendaría no hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados.

El Nacional, miércoles 12 de mayo de 2021