Las relaciones entre el sector político y el petrolero nunca han sido buenas. Muchos políticos consideran que los petroleros son unos prepotentes que pretenden manejar la industria de los hidrocarburos a su leal saber y entender, y que se oponen a aceptar cualquier tipo de injerencia. Por su parte, muchos petroleros consideran que esa actividad debe manejarse solo como un negocio y que el problema es que algunos políticos tratan de intervenir indebidamente. Como casi siempre que se presentan diferencias entre grupos o personas bien intencionados, no todo es blanco o negro y siempre es posible identificar coincidencias y disminuir divergencias.

Estas diferencias no son únicas. También ocurren entre políticos y militares. Los civiles consideran que los militares deben ser mudos en política, mientras que ellos se consideran los llamados a enderezar entuertos causados por los civiles y, en base a un supuesto “destino manifiesto “, a veces intervienen en la cosa pública, con razón o sin ella. Esas divergencias se derivan de diferencias culturales que es necesario conciliar.

No soy de extracción petrolera, sino un agrónomo que tuvo la oportunidad de conocer a esa industria y a su gente. El petrolero tiene una marcada orientación al logro, considera que la rendición de cuentas es algo rutinario, lo mismo que otorgar contratos por medio de licitaciones transparentes; aspiraba ascender de acuerdo a su potencial, a resultados obtenidos y a su conducta; las normas y procedimientos eran de estricto cumplimiento y su labor no estaba influida por agentes externos Las donaciones, como parte de su responsabilidad social, tenían que pasar por diferentes niveles de aprobación.

¿Hubo trabajadores prepotentes? Sí, al igual que en cualquier otro grupo ¿Hubo violaciones a las normas y actos dolosos? Sí, pero una vez identificados se aplicaban las sanciones requeridas ¿Hubo algunos que ascendieron sin suficientes méritos? Sí, pero fueron la excepción ¿Estaban en una burbuja y no les preocupaban los problemas nacionales? Sí les preocupaban, pero pensaban que su deber era ser eficientes en su trabajo. Consideraban que no eran los llamados a enderezar entuertos. Sin embargo, cuando detectaron que la empresa iba a ser confiscada por Hugo Chávez para ponerla al servicio de su proyecto político, reaccionaron, organizaron una huelga petrolera en abril del 2002 y posteriormente se sumaron al paro cívico nacional de diciembre de ese año, convocado por todos los partidos políticos, la CTV y Fedecámaras, lo que les ocasionó un alto costo personal y familiar, pero no se arrepienten y el tiempo les dio la razón.

Pdvsa y filiales están en el suelo, al igual que todo el país. Al sector político le corresponde la decisión de intentar recuperar esas empresas o privatizarlas. Hasta el presente, la línea del presidente (e) Guaidó y de la Asamblea Nacional es recuperarlas. Para ello, un grupo de los trabajadores petroleros despedidos y agrupados en Gente del Petróleo y Unapetrol, así como algunos jubilados, han elaborado recomendaciones a ser evaluadas para incluirlas en el Plan País, en estrecha interacción con los diputados de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional.

Para que el trabajo en equipo rinda frutos, los petroleros deben aceptar que al sector político le corresponde la designación en las empresas de Directores no operativos, considerando los méritos de los candidatos, el establecimiento de las políticas y la evaluación de las mismas a través de la Contraloría, del Ministerio de Petróleo y de la Asamblea Nacional. A su vez, los políticos deben considerar que no es de su competencia nombrar a los gerentes de las empresas, inmiscuirse en las operaciones o interferir en su administración.

Es ineludible mencionar que en el caso de la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos ha habido injerencia política indebida. Quienes tomen decisiones deben medir su efecto en el desempeño e imagen de cualquier empresa, así como la credibilidad de la nueva política y posibles efectos no deseados en los recursos humanos.

Cada quien debe desempeñar el rol que le corresponde. Parafraseando a Clemenceau, podemos decir que el petróleo es demasiado importante para que lo manejen solo los petroleros pero, por otra parte, es necesario que nuestros políticos comprendan los límites de su radio de acción. Caso contrario repetiremos errores y no lograremos el desarrollo sustentable requerido.

A título personal considero que el Estado no debería administrar empresas, pero si por ahora nuestros dirigentes deciden mantenerlas, hay que apoyarlos y aspirar que se manejen con criterio gerencial. Una buena señal sería que en el Plan País se especifique que serán operadas como un negocio al servicio de la nación.

Como (había) en botica:

Es aberrante que magistrados del TSJ que son o han sido profesores universitarios se presten a destruir su Alma Mater.

La legítima directiva de Copei es la que tiene apoyo de su militancia, no la que designó el TSJ usurpador.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

No es que uno se sienta culpable. Las cosas son como son y no como uno quisiera que fueran. Al pasado no lo podemos cambiar aunque nunca haya pasado. Pero igual; después lo decidí: no hay que callar más en nombre de una mala solidaridad.

Después del golpe en Chile nos juntábamos entre conocidos de la fauna política y todos estábamos de acuerdo en una: no debimos haber callado. Lo decíamos, pero en círculos cerrados. O lo escribíamos, pero no con fuerza y convicción. No fuera a ser que la gente creyera que no estábamos por la unidad. Porque de saber lo sabíamos, o por lo menos lo intuíamos.

Las cosas, meses antes del golpe, iban de mal en peor. Los milicos ya estaban en la calle. Pero una parte de la izquierda dejaba solo al gobierno y huía hacia adelante en nombre de una revolución que nadie sabía como se iba a hacer. Muchos no estábamos de acuerdo con esa locura desatada. Sabíamos que no podíamos hacer nada en contra. Pero al menos debimos haber dicho que íbamos por el camino del infierno. Aunque nadie nos hubiera hecho caso, debimos haberlo dicho. Habríamos al menos dejado un testimonio.

Pasó tiempo antes de que me decidiera nuevamente a practicar política activa. Fue durante los años del Solidarnosc polaco cuando formé parte de uno de los tantos comités universitarios de solidaridad con Polonia. En una de las reuniones, un estimado colega, viejo profesor, dio a conocer sus reservas sobre la composición política de Solidarnosc. Aseguró, datos en mano, que algunos intelectuales que apoyaban a Walesa provenían de círculos fascistas y que parte del clero abrigaba posiciones de tipo franquista. Por cierto, había que apoyar a Solidarnosc, señalaba el profesor, pero a la vez había que denunciar la existencia de esos círculos. La mayoría de los miembros de nuestro grupo se pronunció en contra. Nuestra tarea, según ellos, debería ser solidarizar con las instituciones representativas de la resistencia polaca, no tomar partido por unas en contra de otras. “Esa es una mala solidaridad“ respondió el viejo profesor, resignado. Solo un par lo apoyamos.

Hoy Polonia está regida por políticos ultramontanos organizados en el PIS del caudillo Kaczyński Todos tributarios de las corrientes sobre los cuales alertó, a su debido tiempo, el viejo profesor. Debieron haberle hecho caso. Pero una “mala solidaridad” lo impidió.

Recordé ese episodio hace algunos meses al escribir un artículo cuyo título es “miseria de la oposición rusa” en donde alerto sobre las posiciones representadas por el líder más simbólico, el místico Alexei Navaltny. Poco tiempo después recibí una misiva vía ND de una señora de origen ruso diciéndome entre otras cosas que yo ignoraba las profundidades del alma eslava (sic). Que para ella Navalny era el símbolo de la resistencia y que criticarlo como yo lo hacía, me convertía en cómplice de Putin. Le respondí del modo más respetuoso posible que yo solidarizo con Navalny cada vez que va a parar a la cárcel, pero eso no me impide estar en desacuerdo con sus visiones religiosas, ultranacionalistas y patriarcales. Agregué que por ser lo que soy, solo puedo apoyar a los sectores liberales y democráticos, vale decir, a quienes están en condiciones de vincularse con el occidente político, sobre todo con el europeo. Y agregué finalmente una frase que me llegó desde otros tiempos: “no escribir acerca de lo que yo sé, es una mala solidaridad”.

Desde Solidarnosc hasta ahora ha pasado mucha agua debajo de los puentes. Hoy soy yo un viejo profesor que opina sobre lo que ocurre en diversos países. Y con intensidad -muchos lo saben- sobre los acontecimientos que tienen lugar bajo el régimen de Maduro. Los que me conocen saben que mi solidaridad con quienes padecen esa dictadura ha sido constante. Pero también, crítica. Demasiado, dirán algunos. Pero no podía ser de otro modo. La solidaridad para que sea “buena” debe ser crítica. La otra, la que se contenta con mencionar hechos, no sirve demasiado.

La verdad, cuando la oposición decidió abstenerse el 20-M, yo podría haber escrito que esa era la respuesta adecuada a un régimen que hacía trampas electorales. El problema es que muchos sabíamos que esa oposición, aún en las peores condiciones, podía derrotar a la dictadura. Sabíamos además que la abstención podía terminar con la existencia de la MUD, embarcando a la oposición en las aguas de la nada. ¿Cómo no decirlo si lo sabíamos?

La verdad es que cuando Guaidó, ante el entusiasmo general propuso la triada que comenzaba con el fin de la usurpación, sabíamos que esa no era una estrategia sino un objetivo frente al cual no se especificaba ninguna ruta. Y sabíamos que los objetivos sin ruta terminan por destruir a los objetivos. Sabíamos también que el plan de Maduro pasaba en primer lugar por anular la opción electoral y que colocar a esa opción en un indeterminado tercer lugar, solo podía favorecer a Maduro. ¿Cómo no decirlo si lo sabíamos?

La verdad es que la debacle del 30-A fue la consumación de la del 20-M y que entre esas dos fechas hay una línea recta. ¿Cómo pasar la página frente a lo uno y lo otro si sabíamos que ambos episodios formaban parte del mismo capítulo? Supimos que ese día fatal no fue consecuencia de un par de errores sino de un proyecto que ya había sido puesto en escena el 2014, con La Salida comandada por el mismo López del 30-A. Como lo supimos, había que decirlo.

La verdad es que la comunidad internacional no es un todo homogéneo ni mucho menos una coalición y que poner las principales decisiones en manos ajenas -nacionales o internacionales- significaba renunciar a toda iniciativa y autonomía política paralizando a la oposición, como ocurrió. Lo sabíamos y porque lo sabíamos lo dijimos.

La verdad es que siempre hemos sabido que nunca han estado todas las opciones puestas sobre la mesa y que solo había una, nada más que una, la de rectificar el rumbo y volver a la exitosa línea de las cuatro estaciones: la democrática, la pacífica, la constitucional y la electoral. Había que decirlo. Lo sabíamos y lo dijimos.

La verdad es que la complicidad de diversos partidos con la anti-política impuesta en la oposición durante el liderazgo de Guaidó ha bordeado los límites de la irresponsabilidad. De nada vale decir (estimado Trino Márquez) que los partidos han sido víctimas de la maldad de Maduro. La tarea de un dictador es atacar a la oposición. La tarea de la oposición es defenderse para atacar al dictador. Maduro ha hecho lo que a él corresponde. La oposición, en cambio, ha hecho todo lo que no hay que hacer. Y como lo sabemos, lo decimos.

Podríamos seguir numerando. Sabemos y hemos dicho muchas otras cosas. Nunca serán del gusto de todos. Como escribió Javier Marías en su punzante artículo dominical: “Hay una fortísima tendencia a negar lo desagradable, lo turbador, lo peligroso, y a hacer caso omiso de los avisos. Muchos políticos han detectado rápidamente esta propensión, y están dedicados a fomentarla y a aprovecharse de ella. Prometen cosas imposibles o absurdas sin anunciar nunca cómo las van a realizar.

La solidaridad no se hace con frases piadosas. Callar sobre lo que uno sabe en nombre de una buena solidaridad es hacer “mala solidaridad”, dijo el viejo profesor durante los tiempos de Solidarnosc. Hoy repito esa frase como si me estuviera mirando en un espejo.

1 de septiembre 2019

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2019/09/fernando-mires-la-mala-solidari...

Hoy es costumbre culpar a la economía o a los economistas por muchos de los males del mundo. Los críticos sostienen que las teorías económicas son responsables de la creciente desigualdad, de la escasez de buenos empleos, de la fragilidad financiera y del bajo crecimiento, entre otras cosas. Pero si bien las críticas pueden impulsar a los economistas a mayores esfuerzos, la arremetida contra la profesión ha desviado involuntariamente la atención de una disciplina que debería asumir una porción mayor de la culpa: la política pública.

La economía y la política pública están estrechamente relacionadas, pero no son lo mismo, y no deberían ser vistas como si lo fueran. La economía es a la política pública lo que la física es a la ingeniería, o la biología a la medicina. Si bien la física es fundamental para el diseño de cohetes que pueden usar energía para desafiar la gravedad, Isaac Newton no fue responsable del desastre de la nave espacial Challenger. Tampoco hay que culpar a la bioquímica por la muerte de Michael Jackson.

La física, la biología y la economía, en tanto ciencias, dan respuesta a preguntas sobre la naturaleza del mundo en el que vivimos, generando lo que el historiador económico Joel Mokyr de la Northwestern University llama conocimiento proposicional. La ingeniería, la medicina y la política pública, por otro lado, responden interrogantes sobre cómo cambiar el mundo de maneras específicas, lo que conduce a lo que Mokyr califica como conocimiento prescriptivo.

Si bien las facultades de ingeniería enseñan física y las facultades de medicina enseñan biología, estas disciplinas profesionales se han desarrollado de forma bastante independiente del desenvolvimiento de sus ciencias básicas. De hecho, al desarrollar sus propios criterios de excelencia, planes de estudio, revistas académicas y carreras profesionales, la ingeniería y la medicina se han convertido en especies distintas.

Las escuelas de política pública, por el contrario, no han sufrido una transformación equivalente. Muchas de ellas ni siquiera contratan a su propio personal docente, sino que utilizan a profesores de ciencias fundacionales como la economía, la psicología, la sociología o la ciencia política. La escuela de política pública de mi propia universidad, Harvard, sí cuenta con un amplio cuerpo docente propio –pero esencialmente contrata doctores recién graduados en las ciencias fundacionales y los promueve sobre la base de sus publicaciones en las principales revistas especializadas de esas ciencias, no en política pública.

A los profesores jóvenes se les desaconseja adquirir experiencia práctica en políticas públicas antes de que alcancen la titularidad (tenure) y no es frecuente que la adquieran. Y hasta los profesores titulares tienen una interacción sorprendentemente limitada con el mundo exterior, debido a las prácticas de contratación prevalecientes y al miedo de que un compromiso externo pueda implicar riesgos para la reputación de la universidad. Para compensar esta carencia, las facultades de política pública contratan a los llamados “profesores de la práctica”, como es mi caso, que han adquirido previamente una experiencia en políticas públicas en otra parte.

Desde el punto de vista de la enseñanza, uno podría pensar que las escuelas de política pública adoptarían una estrategia similar a las facultades de medicina. Después de todo, tanto los médicos como los especialistas en política pública son llamados a resolver problemas y necesitan diagnosticar las causas respectivas. También necesitan entender el conjunto de posibles soluciones y descifrar los pros y los contras de cada una de ellas. Finalmente, tienen que saber cómo implementar la solución que proponen y evaluar si funciona o no.

Sin embargo, las escuelas de política pública ofrecen sólo programas de maestría de uno o dos años, y tienen un pequeño programa de doctorado con una estructura típicamente similar a la que se aplica en las ciencias. Eso se compara desfavorablemente con la manera en que las facultades de medicina capacitan a los médicos e impulsan su disciplina.

Las facultades de medicina (al menos en Estados Unidos) admiten a los alumnos después de que hayan terminado una carrera universitaria de cuatro años en la que hayan tomado un conjunto mínimo de cursos relevantes. Los estudiantes de medicina luego participan en un programa de dos años de enseñanza principalmente en aulas, seguido por dos años en los que rotan por diferentes departamentos en los llamados hospitales escuela, donde aprenden cómo se hacen las cosas en la práctica al acompañar al médico principal y a sus equipos.

Al final de los cuatro años, los médicos jóvenes reciben un diploma. Pero entonces deben empezar una residencia de tres a nueve años (dependiendo de la especialidad) en un hospital escuela, donde acompañan a médicos principales, pero donde se les asignan cada vez más responsabilidades. Después de siete a trece años de estudios de posgrado, finalmente se les permite ejercer la práctica como médicos sin supervisión, aunque algunos hacen pasantías adicionales supervisadas en áreas especializadas.

Por el contrario, las escuelas de política pública esencialmente dejan de enseñarles a los alumnos después de sus dos primeros años de una educación esencialmente en las aulas y (aparte de los programas de doctorado) no ofrecen los muchos años adicionales de formación que brindan las facultades de medicina. Sin embargo, el modelo de hospital escuela podría ser efectivo en política pública también.

Consideremos, por ejemplo, el Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard, que fundé en 2006 después de dos experiencias en políticas públicas sumamente enriquecedores en El Salvador y Sudáfrica. Desde entonces, hemos trabajado en más de tres docenas de países y regiones. En algunos sentidos, el Laboratorio se asemeja un poco a un hospital escuela y de investigación. Se centra tanto en la investigación como en el trabajo clínico de atender “pacientes”, o gobiernos en nuestro caso. Es más, reclutamos PhDs recién graduados (equivalente a los profesionales médicos recién recibidos) y graduados de programas de maestría (como los estudiantes de medicina después de sus dos primeros años de universidad). También contratamos graduados de licenciaturas como asistentes de investigación, o “enfermeros”.

Al abordar los problemas de nuestros “pacientes”, el Laboratorio desarrolla nuevas herramientas de diagnóstico para identificar tanto la naturaleza de las restricciones que enfrentan los países como los métodos terapéuticos para superarlas. Y trabajamos junto con los gobiernos para implementar los cambios propuestos. En verdad, es allí donde más aprendemos. De esa manera, garantizamos que la teoría enriquezca a la práctica, y que los conocimientos obtenidos en la práctica enriquezcan nuestra investigación futura.

Los gobiernos tienden a confiar en el Laboratorio, porque no tenemos un ánimo de lucro, sino más bien el simple deseo de aprender con ellos al ayudarlos a resolver sus problemas. Nuestros “residentes” permanecen con nosotros durante tres a nueve años, como en una facultad de medicina, y suelen asumir puestos de relevancia en los gobiernos de sus propios países cuando nos dejan. En lugar de utilizar nuestra experiencia adquirida para crear “propiedad intelectual”, la hacemos ampliamente disponible a través de publicaciones, herramientas online y cursos. Nuestra recompensa es que otros adopten nuestros métodos.

Esta estructura no fue planeada: simplemente emergió. No fue promovida desde arriba, sino que sencillamente se la dejó evolucionar. Sin embargo, si se abrazara la idea de estos “hospitales escuela”, podría cambiar radicalmente la manera en que la política pública se desarrolla y se enseña, y se la pone al servicio del mundo. Si esto llegara a ocurrir, quizá la gente deje de culpar a los economistas por cosas que nunca debieron haber estado bajo su responsabilidad.

1 de septiembre 2019

Prodavinci

https://prodavinci.com/no-culpen-a-la-economia-culpen-a-la-politica-publica

En negociación, y tengo alguna experiencia teórica y práctica, es necesario que los objetivos definidos sean compartidos. La paz social, estabilidad institucional y regreso a la democracia republicana son metas generales que pudieran convenirse. ¡Quiero decir en teoría! Sin embargo, eso dependerá del contenido de esos postulados. Por ahora, para la oposición esas premisas deberán contener el cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Además, Maduro no estaría en un gobierno de transición y no participaría en las elecciones. Nuevo CNE independiente y justo. En otras palabras, jaque mate al rey. La pregunta es, ¿hay probabilidad de que el gobierno las acepte? Definitivamente no. Por el lado del gobierno, insiste en que la oposición impugne las medidas y sanciones de EEUU y de la Unión Europea. Acepte lo que establece la Constitución en cuanto a elecciones: parlamentarias, gobernadores y Presidente de la República. Dejar el mismo CNE. Los objetivos son contrapuestos. ¡Obedecen a estrategias contrapuestas!

Venezuela: problema internacional

Puestas así las cosas, se podría deducir que es poco probable un acuerdo entre las partes dentro del esfuerzo Noruega. Lo cual lamento seriamente, por el efecto que tendría una negociación política entre el gobierno y la oposición. Pero, a mi entender no hay condiciones ni objetivas ni subjetivas que la apuntalen. Son dos modelos de país, Estado, gobierno y ciudadanos que combaten por la aceptación de la gente y la toma del poder. Veo oscuro el camino, lleno de trochas, atajos y carriles. Disfrutado en los inicios, el medio y en los extremos. Además, no hay que olvidar que juegan y juegan fuerte las naciones que forman la geopolítica mundial. Los dos frentes en batalla. EEUU, la Comunidad Europea, la mayoría de América Latina, por un lado y Rusia, China, Cuba, Norcorea e Irán, por el otro. Lo cual indica que Venezuela es hoy por hoy un problema mundial. La internacionalización del conflicto venezolano es una variable determinante en cualquier desenlace. Difícil la situación, compleja e indefinida en su resultado.

Fortaleza del gobierno es la división opositora

Por los vientos fríos y calientes que soplan en la atmósfera política se terminarán de imponer las elecciones en base a lo que establece la Constitución. Esto es lo que insistentemente y desde el comienzo ha estado pregonando el oficialismo. Mi percepción es que el gobierno no dará un milímetro de chance a la oposición. Va a imponer la norma constitucional sobre los periodos de elecciones y para ellos la elección de Maduro, en mayo del 2018, no entra en discusión. No veo perspectivas de cambios en estos dos aspectos. En los diálogos en Barbados, da la impresión, que el gobierno guaralea a la oposición. Lo trata como al papagallo o cometa, le suelta hilo y luego lo recoge. Se reúne en paralelo con elementos y factores opositores y estimula su división. Intriga, cabildea y conspira. Sabe que la fuerza del gobierno descansa en la terrible fractura que padece la oposición. Consciente, que la gran mayoría de la nación repudia al gobierno de Maduro.

Unidad y crecimiento de la esperanza

La oposición no ganará ninguna elección mientras continúe dividida. Y lo peor, no vemos ningún esfuerzo serio para unificarla. Todos quieren capitalizar el descontento… La rivalidad debería ser utilizada contra el gobierno. El archipiélago opositor carece de canales de comunicación, estables y sistemáticos. Los diálogos son insustanciales e improvisados. Cada quien va por su lado. Haciendo malabarismos teóricos y de la coyuntura. Pescando en río revuelto. En una dinámica enrevesada. Embarazosa. Pocos sueltan prenda. Se engañan unos con otros. Lo más serio que se conoce es el frente que lideriza Guaidó. PJ-VP-AD-UNT. Es el reconocido internacionalmente y especialmente por EEUU. Dirige en la práctica a la oposición. Por lo menos a la mayoría. A la más activa, aquella que asiste a las marchas y concentraciones. Las protestas son cada vez menos numerosas. Tengo la impresión que el principal esfuerzo lo están poniendo en lo internacional, en establecer un gobierno paralelo y en mantener caliente la calle. La gente masivamente no se moverá hasta que no tenga clara la salida. La solución de la crisis. Por ahora, observa, medita y espera. Hay que subir la esperanza, hoy disminuida por los errores, el bombardeo manipulador y la falta de ruta cierta.

fcordero@eluniversal.com

efecepe2010@gmail.com

@efecepe2010

Se habla mucho de estrategia, término de uso habitual en el lenguaje político, y como ocurre con vocablos muy meneados, toma variadas significaciones con diferentes validez y utilidad de acuerdo con las bocas. Con frecuencia se confunden objetivos o meros deseos que uno acaricia, con estrategia, es decir, el procedimiento para conseguirlos eficientemente. Oí una activista decir en 2017 que “la estrategia no era ir a la elección de gobernadores sino tomar el gobierno”, una vaciedad error génica, como se vio.
Ganar sólidamente gobernaciones, alcaldías, legislaturas, A.N y concejos municipales, ponían en jaque mate al gobierno en las presidenciales. Eso era una estrategia. En 2005 el quijotismo iluso creía que su objetivo táctico de llamar a la abstención, materializaría la estrategia de licuar las bases del sistema que se vendría abajo. Antes había sido la movilización masiva de calle durante el paro petrolero lo que produciría la implosión, sin que uno entendiera cómo se produciría el prodigio y por qué.

Von Clausewitz sistematiza académicamente este lenguaje en el campo militar, y en la política lo hacen los marxistas por una razón evidente: estaban fuera de las instituciones y querían derrocarlas. En el siglo XIX los socialistas, comunistas y anarquistas confundidos juegan “en todos los tableros”, elecciones, insurrecciones caóticas, sangrientas y aplastadas, hasta la horrorosa Comuna de París en 1871, tan criminal y delirante que en Montmartre se edificó la Basílica de Sacre Coeur para pedir perdón por los desmanes.

Lenin define en las Tesis de abril de 1917 la estrategia insurreccional, porque la Guerra Mundial había dejado deshecho al ejército, casi único sustento de poder y participaría a favor del derrocamiento, o se inhibiría. Desde allí esa fue por mucho tiempo la línea revolucionaria en todo el mundo: insurrección urbana o rural. Pero desde la socialdemocracia alemana, Eduard Berstein propone la incorporación a las instituciones del Estado para mejorarlas, no para destruirlas.

Gradualismo vs. revolución

En Italia, Antonio Gramsci, el más importante de los pensadores políticos marxistas del siglo XX desarrolla su teoría coincidente con Berstein, con gran profundidad y extensión filosófica. El orden social se basaba en la hegemonía que ejercían las instituciones políticas, culturales, económicas en conjunto, el consenso a su alrededor, y la estrategia revolucionaria consistía en penetrarlas progresivamente, a las que llama “casamatas ideológicas”, para desplazar el consenso hacia nuevas fuerzas.

Al final de su obra, Gramsci había dejado de ser comunista para tornarse artífice de la conversión de la izquierda en gradualista y no revolucionaria. En Venezuela se tuvo una estrategia bersteniana o gramsciana entre 2006 y 2015 que llevó a la oposición a la antesala del poder. A partir de ahí renació una mezcla de leninismo espontáneo, golpismo e inocencia, que llevó a aplastantes derrotas hasta 2019, cuando aparece más claramente expresado, en su dolorosa candidez.

La estrategia consiste en que mientras peor, más bajo y siniestro sea el nivel de vida, más gente coma de los basureros en la calle por efecto del socialismo y las sanciones, más cerca estaremos del cambio, particularmente de la “fractura militar” o, en última instancia, de una intervención extranjera. Es la cubanización como esperanza. Van al diálogo sin mucha convicción, entre otras cosas porque no deciden en él.

Confunden la estrategia con el mantra, tres pasos que según se piensa, garantizarían que el poder pase a un grupo predeterminado. Afirmar que no concurrirán a elecciones parlamentarias porque “estabilizan al gobierno” es expresarse en leninista, como Monsieur Jourdain que hablaba en prosa y no lo sabía. Otra parte de la oposición considera que hay que volver a la política electoral, a la organización de partidos, y tejer acuerdos de gobernabilidad con el chavismo para frenar graves riesgos de desintegración del país.

Gramsci y Berstein los iluminen

Según múltiples ejemplos históricos, aspiran una vía sin persecuciones, violencia y con garantía de concordia que permita gobernar y prevenga la inestabilidad. Esa sería la porción gramsciana o bersteniana. Frente a esa dualidad hay partidos y grupos que se mantienen expectantes y parecen esperar la evolución de los acontecimientos para tomar una decisión. En este cuadro habrá elecciones parlamentarias en 2020 y si el gobierno no mete el casco, se pueden favorecer evoluciones positivas para un cambio.

El gobierno no debería usar el ministerio de triquiñuelas llamado constituyente y sí apoyar la renovación del CNE, de la ley electoral y legalizar los partidos, lo que haría difícil llamar racionalmente a la abstención. El país está a la espera de acontecimientos trascendentes, como la eventual incorporación del PSUV a la AN, institución universalmente reconocida como legítima.

Esto desencadenaría desarrollos políticos complejos que requerirían mucha habilidad por parte de los opositores, pero que auspiciarían otros cambios con el apoyo de la UE y los encuentros de Oslo. Desgraciadamente el mantra tiene paralizada la construcción de salidas, al exigir sine qua non que se vaya Maduro previamente, aun cuando éste sería el candidato que más convendría para el triunfo electoral de la oposición. Ojalá Gramsci y Berstein los iluminen.

@CarlosRaulHer

La situación económica del país afecta a toda la estructura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aunque un pequeño grupo reciba privilegios, no son más que eso, apenas un número reducido de quienes tienen acceso por razones de cargo, más que de rango, a los beneficios que de su ubicación laboral o de comando tengan.
Lo que alguna vez significó un gran atractivo para entrar a la institución armada, se ha perdido con el tiempo y la crisis. Es por ello que una de las razones más fuertes para desertar, son los bajos salarios. No importa cuántos aumentos se hayan dado en los últimos años, porque la brutal inflación se come el salario. No hay manera que con lo que gana un militar pueda cubrir la canasta básica.
Revisando el tabulador del salario de un General de División, observamos que llega a 177.774 bolívares (10 dólares), que con los descuentos le queda en 145 mil (8 dólares). Si le suma lo depositado por la Caja de Ahorro pues termina recibiendo poco más de 154 mil bolívares, más los bonos. En el caso del general de Brigada su salario es de Bs. 161 mil (USD 9), que con los descuentos se reduce a Bs. 135 mil.
Un coronel gana aproximadamente Bs. 160 mil (USD 9), más un bono compensatorio de unos 55 mil y 25 mil por bono de alimentación. Con los descuentos le queda en cerca de 221 mil.
En el caso de un Primer Teniente, con ocho años de antigüedad, su salario es de 150 mil bolívares (USD 8,5). Un Sargento Mayor de Segunda con 12 años de servicio recibe 120 mil bolívares. Un Sargento Segundo llega a 110 mil bolívares (USD 6,2).
Los salarios tienen pequeñas diferencias de acuerdo a los bonos que les asignan por el cargo que ocupe. Hay que resaltar que en el último día de julio depositaron el llamado bono de lealtad al que llamaron Bono Defensivo Territorial más una Retribución Especial que llegó a ser de unos 57.300 bolívares. A los militares activos les dieron un bono de casi Bs. 200 mil, que no se lo dieron a los oficiales retirados.
Los ingresos varían un poquito en el caso de los militares que reciben primas, por ejemplo aquellos ubicados en frontera.
A los generales que están en Caracas, además de las cajas de CLAP, que reciben todos los militares, les dan una caja de alimentos aparte y más resuelta en cuanto a cantidad y calidad, que la del CLAP.
Un número importante del generalato y almirantazgo, a excepto de aquellos que están comandando, depende de las dádivas de sus subalternos o de amigos que los financian para sobrevivir.
Anteriormente, cuando un miembro del generalato o almirantazgo se iba de la Fuerza Armada, ya cumplido su tiempo de servicio activo, le daban un vehículo Toyota cero kilómetro. El oficial pasaba a disfrutar de su retiro. Algunos montaban empresas, se iban a sus fincas o sencillamente se dedicaban a disfrutar de sus familias.
El alto oficial ahora no sale ni con una patineta en mano, tampoco con un sueldo que le permita vivir ni mantener a su familia. La única certeza que tiene es que debe dedicarse a trabajar en cualquier cosa si quiere sobrevivir.
La seguridad social
El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y los hospitales militares, especialmente el "Dr. Carlos Arvelo" de Caracas, significaban para los militares la garantía de su seguridad social y atención médica segura.
En los lugares donde hay hospitales militares en diversos sitios del país, se caracterizaban por su excelente atención, equipos médicos y servicios necesarios. Eso ha cambiado hoy sustancialmente.
Antes de la llegada de la revolución al poder, esos centros asistenciales eran esencialmente para la atención del militar. Pero a Hugo Chávez se le ocurrió un día abrirle la puerta para la atención de civiles y militares, con la excusa que Fuerza Armada y pueblo se compenetrarían. Hoy en día no sirven los hospitales públicos y tampoco los militares.
En el hospital militar de San Cristóbal "Cap (Av) Guillermo Hernández Jacobsen" ya casi no hay médicos, aún cuando tiene un significado muy importante por estar ubicado en zona de frontera y por ello es constante la atención que deberían prestarle a militares que resulten heridos por los enfrentamientos y actividades propias de la zona fronteriza.
El Hospital Militar Universitario de Caracas Dr. Carlos Arvelo era de tal importancia que muchos médicos militares de otros países venían a entrenarse en él y a hacer posgrados. Hoy a duras penas presta los servicios, con graves deficiencias, a los militares venezolanos.
En cuanto al IPSFA hoy no es ni remotamente lo que alguna vez fue. Hasta hace un par de años, los militares y sus familiares tenían cubierta la hospitalización, cirugías, maternidad, las medicinas, incluso las de enfermedades graves. Hace ya varios años que, ante la escasez de medicamentos, la red de farmacias que los suministraba no puede cumplir los convenios. Así fue como los militares y sus familias empezaron a recorrer las farmacias, a buscar entre amigos, a colocar avisos en las redes sociales y en los medios de comunicación para conseguir el medicamento que requerían.
El seguro médico de la Fuerza Armada es Horizontes que ya no cubre ni las cirugías cuando los pacientes militares lo requieren. Casi ninguna clínica del país lo acepta.
Por razones desconocidas Nicolás Maduro le dio la misión principal al Ipsfa de repartir vehículos, viviendas y otros beneficios que cumplían con un perfil más propagandístico que de seguridad médico asistencia ni social.
Fue un grave error porque se convirtió en un instrumento que dio paso a la corrupción, cuando varios oficiales lograron monopolizar el acceso a los vehículos, a cambio de fuertes sumas de dinero. Y así cada día el IPSFA ha ido perdiendo su más fuerte razón de ser.
Aunque en la Fuerza Armada hacen esfuerzos por satisfacer las necesidades de la tropa o militares de bajo rango, cada día es más difícil evitar que abandonen la institución, por lo que las deserciones son alarmantes y ha llevado a que Nicolás Maduro ordene llenar los espacios vacíos con personal de la Milicia Bolivariana.
La crisis en la institución militar conduce, además, a que haya gran cantidad de militares delinquiendo, bien sea en atracos, extorsiones, robo de armas, narcotráfico, etcétera. Es progresivo y parece inevitable el deterioro de la institución castrense.
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Durante cuatro décadas, la doctrina predominante en Estados Unidos fue que las corporaciones deben maximizar el shareholder value: el valor para los accionistas (es decir, las utilidades y los precios de las acciones) aquí y ahora, a como dé lugar, sin importar las consecuencias para los trabajadores, los clientes, los proveedores y las comunidades. Así que la declaración de apoyo a un capitalismo de “partes interesadas” (stakeholders), firmada a principios de este mes por casi todos los miembros de la organización empresarial estadounidense Business Roundtable, causó bastante revuelo. Al fin y al cabo, son los directores ejecutivos de las corporaciones más poderosas de Estados Unidos, y están diciendo a los estadounidenses y al mundo que una empresa no se reduce a sus resultados financieros. Es un giro bastante radical. ¿Será verdad?

El ideólogo del libre mercado y premio Nobel de Economía Milton Friedman tuvo un papel influyente no sólo en la difusión de la doctrina de la primacía de los accionistas, sino también en conseguir que se incorporara a la legislación en los Estados Unidos. Llegó a decir que hay una “única responsabilidad social de las empresas: usar sus recursos para participar en actividades diseñadas para incrementar sus beneficios”.

Lo irónico es que poco después de que Friedman promulgó estas ideas, y allá por el tiempo en que se popularizaron e incorporaron a las leyes sobre gobernanza corporativa (como si se basaran en una teoría económica sólida), Sandy Grossman y yo, en una serie de artículos de fines de los setenta, mostramos que el capitalismo de los accionistas no maximiza el bienestar social.

Esto es evidentemente cierto cuando hay externalidades importantes como el cambio climático o cuando las corporaciones envenenan el aire que respiramos o el agua que bebemos. Y es evidentemente cierto cuando promueven el consumo de productos nocivos para la salud, por ejemplo bebidas azucaradas que contribuyen a la obesidad infantil o analgésicos que desatan una crisis de opioides, o cuando explotan a personas incautas y vulnerables, como la Universidad Trump y muchas otras instituciones estadounidenses de educación superior con fines de lucro. Y es cierto cuando se aprovechan del poder de mercado, como hacen muchos bancos y empresas tecnológicas.

Pero es cierto también en un sentido más general: el mercado puede impulsar a las empresas a ser imprevisoras y no invertir lo suficiente en los trabajadores y en las comunidades. Así que es un alivio que dirigentes corporativos, presuntamente dotados de una comprensión profunda del funcionamiento de la economía, finalmente hayan visto la luz y se hayan puesto al día con la economía moderna, aunque les haya llevado unos cuarenta años.

Ahora bien: ¿creen realmente estos dirigentes corporativos en lo que dicen, o es su declaración un mero gesto retórico frente a la reacción popular contra numerosos abusos? Hay motivos para pensar que no están siendo muy sinceros.

La primera responsabilidad de las corporaciones es pagar sus impuestos; pero entre las que suscribieron la nueva visión corporativa hay algunas de las empresas estadounidenses que más eluden impuestos, por ejemplo Apple, que a todas luces sigue usando paraísos fiscales como la isla de Jersey. Otras apoyaron el paquete impositivo promulgado en 2017 por el presidente estadounidense Donald Trump, que mientras reduce impuestos a corporaciones y milmillonarios, los aumentará para la mayoría de los hogares de clase media y dejará a varios millones de personas más sin seguro médico cuando se complete su implementación. (Esto, en un país con el mayor nivel de desigualdad, los peores indicadores sanitarios y la menor expectativa de vida entre las grandes economías desarrolladas.) Y aunque estos dirigentes empresariales defendieron la tesis de que la rebaja de impuestos generaría inversiones y aumentos salariales, los trabajadores recibieron migajas. La mayor parte del dinero no se usó para la inversión, sino para la recompra de acciones, que sólo sirvió para forrarles los bolsillos a accionistas y ejecutivos con planes de incentivos basados en acciones.

Un auténtico sentido de responsabilidad más amplia llevaría a la dirigencia corporativa a apoyar una normativa más rigurosa que proteja el medioambiente y la salud y seguridad de sus empleados. Unas pocas empresas automotrices (Honda, Ford, BMW y Volkswagen) lo hicieron, y apoyan normas que son incluso más estrictas que las que quiere el gobierno del presidente Trump (que está ocupado en deshacer el legado medioambiental del expresidente Barack Obama). Hasta hay ejecutivos de empresas de gaseosas que al parecer se sienten mal por su contribución a la obesidad infantil, que como saben, suele provocar diabetes.

Pero aunque muchos ejecutivos quieran hacer lo correcto (o tienen familiares o amigos que quieren hacerlo), saben que no todos sus competidores harán lo mismo. Hay que emparejar el terreno de juego para que las empresas con conciencia no queden en desventaja frente a las irresponsables. Por eso muchas corporaciones quieren normas contra el soborno y reglas que protejan el medioambiente y la salud y seguridad de los trabajadores.

Por desgracia, esto no incluye a muchos de los grandes bancos, cuya conducta irresponsable produjo la crisis financiera global de 2008. Apenas aprobada la Ley Dodd‑Frank (2010) de reforma financiera, que fijó normas más estrictas para reducir la probabilidad de repetición de la crisis, los bancos ya estaban trabajando para lograr la derogación de sus disposiciones clave. Uno de esos bancos fue el JPMorgan Chase, cuyo director ejecutivo es Jamie Dimon, presidente actual de Business Roundtable. Previsiblemente, dada la influencia del dinero en la política estadounidense, los bancos tuvieron bastante éxito. Y un decenio después de la crisis, algunos todavía pelean en los tribunales contra las demandas planteadas por víctimas de su conducta irresponsable y fraudulenta: esperan que su capacidad económica les permita aguantar más que los demandantes.

Por supuesto que la nueva postura de los directores ejecutivos más poderosos de Estados Unidos es bienvenida. Pero habrá que esperar hasta saber si es otro truco publicitario o si realmente creen en lo que dicen. Mientras tanto, necesitamos una reforma legislativa. Las ideas de Friedman no sólo dieron a ejecutivos codiciosos una excusa perfecta para hacer lo que siempre habían querido hacer, sino que también produjeron leyes de gobernanza corporativa que incorporaron el capitalismo de accionistas al marco legal de Estados Unidos y de muchos otros países. Eso debe cambiar, para que las corporaciones no tengan sólo la opción, sino también la obligación real, de pensar en los efectos de su conducta sobre otras partes interesadas.

Traducción: Esteban Flamini

Agosto 27, 2019

Project Syndicate

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