Resulta ineludible comentar la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y el impacto que puede tener sobre la situación general, especialmente política, del país. Someramente me referiré a los aspectos jurídicos y formales de la decisión −cuyos detalles considero cubiertos por un grupo importante de especialistas en la materia−, y me concentraré en algunas de sus implicaciones políticas, desde luego advirtiendo que sobre un tema que ya ha suscitado tantas opiniones y comentarios, es difícil aportar uno original o diferente. Comencemos por resumir el aspecto jurídico, con propósitos de contexto

Concluida la −para muchos− controversial visita a Venezuela del fiscal Khan, éste decidió solicitar al Tribunal que se abra una investigación preliminar sobre supuestos crímenes cometidos en Venezuela y que son competencia de ese Tribunal, que como sabemos se trata de crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad, que no son poca cosa, ni poco graves. También es bueno señalar que éste sería el primer caso contra algún funcionario de un gobierno o ex gobierno latinoamericano.

Por lo pronto, hay un hecho significativo, el fiscal Khan considera que hay en Venezuela, al menos desde el año 2017, crímenes que son competencia de la CPI −repito, por lo significativo: crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad− y corresponderá ahora al Tribunal hacer la investigación y determinar quiénes son los culpables, pues como sabemos, este Tribunal solo juzga a las personas acusadas de estos crímenes, no enjuicia países, gobiernos ni instituciones; además, por lo que se ha visto hasta el momento, no juzga en ausencia −¿o me equivoco? – y que aun pudiendo hacerlo, según algunos juristas, no ha enjuiciado todavía a ningún alto funcionario en ejercicio. Faltará ver si estaremos ante el primer caso, como sin duda es el deseo de millones de venezolanos. Por lo pronto no es poca cosa lo ocurrido y es algo que debemos resaltar…y matizar.

El primer aporte importante de la decisión del Fiscal Khan es el desmentido que hace a todos los agoreros que esperaban, y aún esperan algunos, que no hubiera decisión o que fuera una en “complicidad” con el régimen para diluir y retrasar el proceso. Denunciaron como pantomima y sainete la visita del Fiscal, por el manejo mediático que se hizo de su invitación para visitar al país, por el manejo que desde las esferas del poder se hizo de su visita y por el hecho de que se reuniera con funcionarios del régimen y que no se “reuniera y escuchara a las víctimas”; aparte de que ese no era su papel, quedó ampliamente demostrado que no era tan necesario, que la fiscalía de la CPI tiene ya los hechos y pruebas suficientes por parte de las victimas para proceder a abrir el caso. Y un elemento muy importante a resaltar, es que el Fiscal en efecto se reunió y escuchó los alegatos del gobierno, todo lo que quisieran decir y argumentar, para que después no puedan alegar que no se les escuchó, que la información con la que se está procediendo está sesgada, parcializada o politizada. Por supuesto, no espero que ninguno de esos agoreros se retracte de lo dicho, no es “costumbre venezolana” reconocer los errores, recoger palabras o pedir disculpas por la desinformación o la simple difamación. Se cuenta con nuestra proverbial falta de memoria; pero, no se cuenta con que algunos si recordamos.

El segundo elemento que tiene consecuencias importantes y que queda bien claro en el memorándum firmado por el Fiscal y Nicolás Maduro, en nombre del gobierno y del estado venezolano −con el perdón de todos los “desligitimistas”− es que la decisión del Fiscal Khan nos pone de bulto frente al hecho de que no hay justicia en Venezuela, que no hay separación de poderes, que el sistema de justicia es un brazo más del régimen y por tanto debe intervenir la CPI. Ese es un punto que no debemos pasar por alto, por el efecto que puede tener −a lo mejor no tanto internamente, donde sufrimos las consecuencias de la falta de justicia− ante la comunidad internacional. No solo por el impacto que tenga el que se constate que en Venezuela el Estado no protege los derechos humanos, sino también porque cualquier acuerdo o compromiso jurídico estará sometido a esa misma carencia de justicia, mientras esté este régimen en el control del poder.

Que impacto pueda tener esta decisión sobre algunos funcionarios “ejecutores” de las políticas del gobierno, de “impartir” su justicia parcializada, de ejecutar las medidas de represión, etc., es difícil saberlo; dependerá en mucho del manejo político e informativo que se haga de la decisión y de las actuaciones del Tribunal de ahora en adelante, pero es un elemento que está allí y no debe ser ignorado por nadie, ni por los funcionarios ni por las fuerzas opositoras al régimen.

Dicho todo lo anterior y consciente que hay muchos otros aspectos que se podrían resaltar, es bueno considerar otras caras de este poliedro que es la situación política del país. Como he dicho en oportunidades anteriores (https://bit.ly/3h40eDT), dado que tenemos la tendencia de “poner en órbita” algunas ilusiones, en nuestro afán y esperanza de que se resuelva de inmediato esta situación de oprobio en la que ya llevamos inmersos 22 largos años, es bueno recordar que, una vez abierto el caso o abierta la investigación, para ser más precisos, estamos apenas en el inicio de un proceso que puede durar mucho tiempo; hablamos de años, antes de llegar a una decisión −si es que se llega− antes de que dicha decisión se pueda ejecutar, que es algo que no está muy claro: cómo se puede llevar a cabo esa ejecución de una sentencia y sobre todo, quién la puede llevar a cabo.

Así como vimos que el Fiscal Khan no vino a resolver los problemas del país −la hiperinflación, el hambre, la pobreza extrema, los sueldos de miseria de los profesores universitarios y las pensiones de mayor miseria de los jubilados, ni la falta de servicios públicos, ni la inseguridad social ni personal, ni el inmenso rosario de problemas que nos acogotan−, tampoco esos problemas los resolverá ningún fallo de la CPI y ni siquiera se ventilarán allí, pues no son de su competencia.

Sin duda puede contribuir una sentencia de los tribunales internacionales y sobre todo que se conozca más a fondo nuestra situación, a que está mejore o se resquebraje el bloque de fuerzas que apoyan al régimen; pero, nada desde afuera resolverá nuestros problemas, si desde adentro no hacemos lo posible por enfrentar las cosas que son de nuestra estricta competencia.

No sé, si como algunos han dicho, se trata de un “hito histórico”; pero desde luego, no podemos dejar de celebrar que esta decisión del Fiscal Khan, de solicitar la investigación de los hechos denunciados en Venezuela, trae viento fresco en los anhelos de justicia y el rechazo a la impunidad que tanto afecta el ánimo de tantos y tantos venezolanos, sometidos al oprobio de este régimen y sus desmanes y arbitrariedades.

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El 21 de noviembre es una fecha importante para Venezuela, pero no porque ese día se realicen elecciones regionales y locales, que también son importantes, sino porque ese es el Día del Estudiante, en el que se conmemora el 21 de noviembre de 1957, fecha en la cual el movimiento estudiantil de la época inició una huelga, que fue un factor en el derrocamiento, meses más tarde, de la penúltima dictadura que hemos sufrido en Venezuela. La última dictadura aun la padecemos.

Los estudiantes siempre han estado presentes en momentos históricos, democráticos, importantes. Estuvieron presentes con la llamada Generación del 28, quizás no de manera inmediatamente exitosa en derrocar la dictadura de Gomez −quien murió en su cama−, pero si a lo largo de la historia posterior en la formación de partidos políticos modernos, sindicatos, asociaciones civiles, en la formación de gobiernos democráticos y muy especialmente en la consolidación de la democracia a partir de 1958, que durante 40 años, hasta que en 1998 comenzó su destrucción por el actual régimen, sirvió de base para la promoción y movilización social de millones de venezolanos.

Mas recientemente, no podemos dejar de lado el papel de los estudiantes, que en el año 2007 fueron factor decisivo en la primera derrota electoral, importante, que se le propinó al régimen chavista, al ser rechazada la pretendida reforma constitucional propuesta en ese año, aunque después, ilegal, subrepticia y alevosamente la han ido “colando” . Por eso cabe la esperanzada inquietud en cuál será la reacción del movimiento estudiantil en este momento en que la universidad esta más seriamente amenazada.

La inquietud por esta arremetida amenazadora la levantan algunos hechos recientes; por ejemplo: en la USB, el régimen nombra autoridades, más allá de su capacidad legal; la UCV es víctima de “visitas nocturnas” de las autoridades nacionales; el nombramiento de la exrectora “insigne” del CNE como máxima autoridad del régimen en materia de Educación Superior; todas esas son señales inequívocas y preocupantes de que se está tramando dar, o intentar dar, un zarpazo definitivo a todas las universidades.

Es asombroso el cinismo que exuda un video en el cual se ven varios altos personajes del régimen hablando en lo que se supone es una aula de la UCV −vaya usted a saber si no se trata de un montaje, no le creo nada a este gobierno−, afirmando que están “recuperando todo…tenían abandonada la universidad, se había destruido totalmente… así la dejaron, la hemos recuperado toda…”, haciendo obvia alusión a las autoridades universitarias actuales, como si fueran ellas las responsables y no el régimen que las ha ahogado económicamente al negarles el presupuesto, al impedirles que renueven sus autoridades, bloqueando con su dócil y adocenado TSJ, las elecciones universitarias, desde hace más de diez años, pues bien saben que nunca han podido controlar, ni sus autoridades rectorales, ni sus cuerpos profesorales, ni sus movimientos estudiantiles. Esas visitas nocturnas, con esbirros y guardaespaldas, son intentos del propio “demonio”, del causante del mal, para auto exorcizarse, en una suerte de exorcismo al revés, de falso sortilegio.

Ahora hablan de rescate y recuperación, e incluso le nombran una “protectora” a la UCV; pero esa “protectora”, especie de “comisario” estalinista −e indignante figura política que el propio presidente Maduro informó que desaparecería−, es la misma que ofreció que en 2014 nos estaríamos bañando en las cristalinas aguas del Guaire; es la misma que “protege” la alcaldía mayor y que entiende por “embellecer” una ciudad pintar de amarillo sus brocales y sembrar costosas palmeras, en vez de otras cosas más urgentes, como iluminar las calles, arreglar parques y jardines o recoger la basura y la suciedad, que tiene ahogados a todos los habitantes de la capital o limpiar las quebradas tapadas de desperdicios, que producen desgracias mortales con las lluvias. Esa es la que va a “proteger” la UCV.

Estoy hablando de la UCV, mi alma mater, pero mis lectores pueden reemplazar sus siglas por cualesquiera de las siglas de la universidades nacionales −UC, UCLA, UDO, ULA, USB, LUZ, etc.− y la situación, salvo matices, no variará mucho. Creo que no necesito describir la destrucción de las universidades del país, mucho mejor de lo que yo lo pudiera hacer lo están haciendo varios profesionales de esas universidades, cuyas opiniones trabajos y datos los pueden ver en: https://nuevauniversalia.wordpress.com/ y que están recogidos en un extraordinario documento denominado: “Ante la destrucción por diseño de la universidad” (https://bit.ly/3Cl9JYA).

Veo difícil que el régimen retroceda en este nuevo avance en su intento de avasallamiento de las universidades, a menos, claro está, que encuentre resistencia. Frente a la situación caben diversas reacciones. Algunos se podrán inhibir de actuar, excusados en el aturdimiento general que todos tenemos por la pandemia y la crisis que padecemos hace años y que impide reaccionar apropiadamente. Otros se escudarán en el humor, que siempre nos salva a los venezolanos de la desesperación. También se puede entender el sentido práctico de otros que dirán que no espantemos a los “rebullones”, que los dejemos que sigan aportando algunos recursos, que sin duda en algo mejoran la situación. Abro paréntesis, al fin y al cabo, esa es también la reacción de muchos venezolanos que aceptan las “dádivas” dispensadas por el régimen en su populismo y demagogia electoral, pero luego de todas formas votan en contra del gobierno o no van a votar, cierro el paréntesis.

No soy quién para dictar pautas en materia de política y acciones universitarias, ni a las autoridades, ni a los profesores, mucho menos al movimiento estudiantil; pero como egresado doliente y afectado y más aún, como simple ciudadano, creo necesario desarrollar la idea de que es lo que considero una respuesta apropiada. Aunque bien pudiera ser protestar, manifestar, etc.; no se trata solo de eso, porque después de todo, no está mal eso de desbrozar jardines y caminerías, pintar aulas y arreglar pupitres; me refiero a algo más contundente al hablar de la “reacción apropiada” o respuesta adecuada ante estas acciones del régimen. Para que el gobierno pague el costo político de haber destruido la educación superior −o tratado de destruir, pues aún hay resistencias−, creo que lo procedente es subir la vara, ponerla más alta.

Subir la vara significa, explicar, aclararle al país la verdadera situación de nuestras universidades y de paso decirle al gobierno que el problema no es solo desbrozar jardines y caminerías, pintar aulas y arreglar pupitres y autobuses, que esas son menudencias, casi que limosnas, burusas, como dicen los zulianos. Que si de verdad se quiere iniciar un “rescate” ¿Por qué más bien no les pagan a los profesores un sueldo decente?, que no es simplemente duplicar o triplicar los 15 dólares actuales –sueldo tope de un profesor universitario a tiempo completo y dedicación exclusiva−, sino multiplicar ese sueldo por cien o al menos igualar los ingresos de los docentes a los de los generales de las FANB. Que financie un seguro médico adecuado para los profesores, estudiantes, empleados y trabajadores; que dote a las facultades de recursos para investigación. Y así podría seguir con una interminable lista de carencias.

En otras palabras, que se les dé a las universidades un presupuesto suficiente para que puedan resolver los problemas de ingresos de profesores y empleados, las carencias de agua y luz, pagar teléfono e internet, hacer un mantenimiento adecuado de todas sus instalaciones, adquirir publicaciones, realizar inversiones, renovar equipos, mantener los comedores de manera apropiada, recursos para becar estudiantes, etc. Todo lo demás, no es más que demagogia y mentira populista, que de todas maneras sabemos que no será sostenible en el tiempo.

En síntesis, lo que hay que pedir al gobierno, mejor dicho, por lo que hay que luchar, es porque se respete la autonomía universitaria, porque las universidades puedan elegir sus autoridades y porque no se siga entorpeciendo de esa manera la evolución hacia nuevas formas de financiamiento, organización y enseñanza que demandan los tiempos que vivimos en la sociedad del conocimiento.

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A la memoria de Emilio “Millito” Nouel,

compañero de la universidad, de la vida,

de la lucha por restituir la democracia …

Descansa en Paz, hermano.

Es difícil sustraerse de comentar sobre el tema de la extradición de Alex Saab, defendido inusitadamente, fuera de todo límite y proporción, por el régimen venezolano, lo que llena de asombrosa sorpresa y levanta todas las suspicacias y sospechas.

Aunque no pienso entrar en disquisiciones jurídicas, la primera lección de este caso, podría ser la manida frase: la justicia tarda, pero llega; pero esa no es la única lección y lo que más me interesa destacar son los aspectos políticos del problema.

Con respecto a la repercusión del caso en términos políticos, que es nuestra preocupación más inmediata, es donde tenía la duda para escribir sobre el tema, pues a pesar de que soy usualmente optimista, no creo que esa repercusión vaya a ser muy alta. Como ya dije en un artículo anterior (https://bit.ly/2XtaUWZ), no creo que Saab −ni ninguno de los reos ya detenidos o en proceso de extradición− vaya a decir cosas que no sepamos y, sobre todo, que no lo sepan los norteamericanos que han ordenado su detención y que le deben tener la pista bien seguida y las cuentas bien sacadas.

Además, aunque Saab era la cabeza de todo un entramado de negocios, varios de ellos para burlar las sanciones internacionales impuestas al régimen, no creo que, para el gobierno venezolano, la “ausencia” de Saab, a estas alturas del partido, sea insustituible o muy crítica; llevaba más de un año preso en Cabo Verde y no creo que los negocios del régimen se hayan detenido por eso; y lo de “muy crítica”, dependerá de que tanto sepa Saab; pero, sobre todo, que tanto esté dispuesto a revelar. Sin embargo, caben todas las especulaciones con respecto a la repercusión de la detención y extradición de Saab, o a lo que el reo pudiera revelar en el desarrollo de su juicio y el impacto que eso pueda tener en los “negocios” del régimen.

Al respecto, surgen interrogantes y dudas que es bueno tener en cuenta para tratar de explicarnos algunas cosas que pueden suceder; por ejemplo, primero, ¿Qué tanto sabe Saab que los norteamericanos no sepan ya?; más importante: ¿Qué tanto de lo que sabe o sabía Saab sigue en pie y cuya revelación pueda representar un peligro para el régimen, después de más de un año que tiene detenido en Cabo Verde?, sin duda lo que representaba algún peligro ya debe haber sido desmantelado; y segundo, lo más especulativo, ¿Qué tanto estará dispuesto a revelar Saab?, sobre todo ahora que ya se comienza a hablar abiertamente de amenazadoras “cartas”, advertencias a familiares, etc. Si esto no es así, ¿Qué sentido tiene que la esposa de Saab tenga que aclarar las condiciones bajo las cuales está en Venezuela? Es fácil sospechar que en todos estos casos podría operar el silencio mafioso, lo que los sicilianos llaman la “omerta”.

En cualquier caso, debemos prepararnos para un juicio largo, no menos de un año, con muchos fuegos artificiales a su alrededor, probablemente con pocas revelaciones sensacionales o sensacionalistas y con un resultado condenatorio, sobre el que no tengo dudas que se producirá, pero que a lo mejor no cubre las expectativas que muchos puedan tener. Ya vemos que Alejandro Andrade, el extesorero de Venezuela, lo acaban de sentenciar a tres años y medio de prisión en los EEUU, de los cuales ya tiene buena parte cumplidos, por lo que podría salir en libertad muy pronto. Queda por ver, cosa que ignoro, el destino de los bienes que se le incautaron, si es que se le incautaron.

Pero hechas todas estas salvedades, para moderar expectativas, hay aspectos positivos que destacar en todo lo que está ocurriendo y ocurrirá. Lo primero es que hay indudables motivos de celebración, para muchos, y de pesar para otros. Todos hemos visto y leído muestras de verdadera celebración y satisfacción porque en alguna parte funcione la justicia; que un reo acusado de cometer delitos contra el pueblo venezolano, a pesar de los cuantiosos recursos económicos dilapidados para contratar abogados que retrasaran lo que hoy constatamos era inevitable, que a pesar de todas las triquiñuelas desplegadas y las amenazas y jugadas desesperadas del régimen, que a pesar de todo eso, ese reo inexorablemente se enfrentará, desde un calabozo, a un juez y un jurado.

Abro paréntesis; se puede dar por satisfecho Alex Saab, pues sin duda va a tener −frente a ese juez y jurado− muchas más oportunidades de defenderse, si es que tiene defensa, que los miles de presos comunes y cientos de presos políticos que en Venezuela no tienen esa oportunidad. Por lo pronto, será juzgado por lo que haya hecho, no por lo que haya dicho o se interprete que ha dicho, como ocurre aquí. Seguro contará Alex Saab con todas las garantías, como ha tenido hasta ahora, para defenderse; disfrutará de eso que llaman el “debido proceso”, que en otros países existe y que aquí ya no sabemos lo que es; cierro el paréntesis.

El pesar, que mencioné, no lo sentimos los que nos oponemos a este régimen de oprobio; el pesar lo sienten el régimen y sus acólitos. Sin duda tiene un efecto demoledor, interno e internacional, esas imágenes de Saab, con pelo largo, ojos enrojecidos, vestido de naranja y esposado en una celda, imágenes que todos vimos en un humillante vídeo que se hizo viral, como era de esperarse. No creo que sea una imagen que favorezca al régimen y sí debe dar mucho que pensar a algunos de sus acólitos, los que hacen negocios con ellos, o se han enriquecido con el régimen; es una advertencia que puede tener sus efectos y producir fisuras.

Esa es la segunda lección de este caso: El miedo no solo es libre, es también democrático. El miedo es ese frio que se siente correr en los huesos al constatar que −perdonen el lugar común− el brazo de la justicia es largo y puede llegar en cualquier momento: En un aeropuerto, de paso hacia otro destino; en un viaje de vacaciones o de disfrute de bienes mal habidos; en una inocente tarde de compras en algún centro comercial de un país democrático; en una visita a algún hijo o familiar que esté estudiando o viviendo en el exterior; en un viaje de “negocios”; en fin, en cualquier parte.

En lo más inmediato, tras la sacudida inicial y el teatro montado de “dignidad ofendida”, creo que el régimen regresará a la mesa de negociación en México; tiene todo el tiempo por delante, poco que perder allí y mucho que ganar −dadas sus expectativas, creo que infundadas, de liberarse de las sanciones− y sabe que siempre se puede levantar de la mesa, más adelante, con cualquier pretexto, como ya hemos visto en dos ocasiones, con el mismo tema de fondo: la extradición de Saab.

De las fisuras que se logren abrir y ensanchar en el bloque de poder del régimen, que hoy luce sólido y compacto, lo hemos dicho antes, dependerá que se pueda avanzar en una negociación exitosa en México; dependerá de la fuerza interna e internacional que logre articular y congregar la oposición. ¿Qué tanto pueda impactar, ayudar, el caso Saab y el de otros extraditables, en ampliar esas fisuras y debilitar al régimen?, es algo que aún está por verse.

Por lo pronto la única acusación que enfrenta Alex Saab es por lavado de dinero, 350 millones de dólares y conspiración para lavado de dinero, cuya pena máxima son 20 años, pena que se puede reducir si se declara culpable; aunque pudiera ocurrir que durante el proceso se le formulen más cargos pues son muchos más los delitos de los que se pudiera acusar a este personaje, como bien sabemos gracias a los valientes reportajes del periodista Roberto Deniz, perseguido, exilado y acosada su familia por el régimen; al mencionarlo para concluir este comentario vaya para él todo el apoyo y agradecimiento, en nombre de la verdad y de todos los venezolanos.

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Josep Borrell −el Alto Representante de la Unión Europea (UE), que algunos llaman Canciller− en un desayuno para un medio televisivo español hace unos días, declaró:

"Uno tiene a veces que tomar decisiones sopesando ventajas e inconvenientes, y si toda la oposición se presenta a esas elecciones, e incluso los partidos del señor Guaidó se presentan en las elecciones, creo que tenemos que acompañarles porque es una mayor garantía para ellos que estemos presentes auditando el sistema“ ... ¿Esto legitima al gobierno de Venezuela, legitima a Maduro? No. Lo que legitimará o deslegitimará será el informe de la Misión, lo que diga después de haber ido sobre el terreno y observado lo que pasaba”

Por supuesto la declaración de Josep Borrell ha levantado una gruesa polvareda y varias lamentaciones, tanto entre opositores al régimen −sobre todo los contrarios a la participación electoral− como en los representantes del régimen, incluido el CNE. Tras escuchar sus declaraciones y conocer el informe de la Misión de Expertos que envió a Venezuela para evaluar la posibilidad de una MOE, y que fue dado a conocer estos días, no me cabe la menor duda que esta fue una decisión política. En ese sentido, se puede por tanto, decir muchas cosas acerca de estas declaraciones de Josep Borrell o de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la UE y, sobre todo, se puede especular libre e impunemente al respecto.

Por ejemplo, se puede decir, como piensan algunos, que en efecto lo que persigue la MOE de Borrell es “legitimar” a la dictadura. Pero, también se puede pensar que no es más que la conclusión coherente del convenimiento de la UE con los EEUU y otros países occidentales: que la solución para Venezuela es política y más específicamente electoral, por lo tanto, hay que estimular la participación electoral. Siendo más suspicaz o más maquiavélico −injustamente dicho con respecto a Maquiavelo− se podría decir que todo esto de las declaraciones de Borrell y la virulenta respuesta del régimen venezolano no es más que parte de un sainete: ¡Legitímame tu, hablando mal, que luego te legitimo yo, diciendo que todo estuvo bien! La imaginación política es fértil.

Especulaciones y divertimientos aparte, me parece que las declaraciones de Borrell, como ya dije, son las declaraciones de un político, más que las de un diplomático de la UE −quizás ese sea el error− en el contexto de diferenciarse de los EEUU −manía y complejo que siempre tiene la UE− y probablemente para darle una respuesta a los opositores venezolanos que criticaron esta decisión. Entre quienes han criticado las declaraciones de Borrell están algunos conspicuos lideres opositores que dan la impresión que, después de tomada la decisión, les avergüenza que sus partidos decidieran participar en las elecciones y tratan de recoger velas, ante una posible tormenta; o para decirle en criollo, “le tuvieron miedo al cuero, después de matar al tigre”.

Francamente, en todo caso, no veo donde está el error “grave” de las declaraciones de Josep Borrell; no me parecen tan malas o equivocadas, ¿Algo inoportunas?, tal vez; ¿Qué servirán de excusa a quien no quiere votar el 21N?, quien no quiere votar encontrará cualquier excusa; ¿Qué el gobierno le sacará partido para desestabilizar la negociación en México y desmotivar a los opositores para que no voten?, cualquier cosa les sirve para eso.

Pero hablemos claro. La preocupación de muchos sobre esa observación de la UE, es la misma que tienen sobre las elecciones del 21N y las negociaciones en México: la “legitimidad” que eso le puede conferir al régimen. Y lo de la “legitimidad”, tampoco es un tema aislado; lo que en el fondo preocupa es lo que eso pudiera implicar con respecto a la permanencia de este régimen y más precisamente la permanencia de Nicolas Maduro hasta el 2024, cuando supuestamente −y constitucionalmente− se deben realizar unas nuevas elecciones presidenciales.

Al rechazar la perspectiva de permanencia del régimen hasta el 2024, obviamente se asume que hay algún supuesto “final”, inminente, que nadie ha logrado precisar y que tenemos varios años esperando. Y se asume, además, que cualquier contacto con el régimen es una forma de “legitimarlo”, de darle aire, de permitirle respirar.

Lo de la negociación en México parece que ya está más aceptado, pues se ha entendido que hay un “reconocimiento” mutuo; en todos los casos, sentarse a negociar implica reconocer a la otra parte; si no es así, no hay manera de sentarse a negociar ni siquiera para tomar un café. Pero lo de la participación electoral el 21N, es otra historia pues ese −el de conferirle “legitimidad” al régimen− es uno de los argumentos en contra más recurrentes y manidos.

Pero, que los procesos electorales confieran más o menos “legitimidad”, o que un determinado país reconozca y haga negocios con el régimen venezolano, no tiene tampoco nada que ver con su permanencia en el poder. Eso está claro desde la elección presidencial de 2018 y la de AN del 2020, que fueron procesos que no reconocieron la mayoría de los países occidentales importantes, de América y Europa, y sin embargo esa falta de reconocimiento y de “legitimidad” no afectó la permanencia del régimen en el poder. Eso es algo que debió estar claro desde antes, desde el año 2005, cuando la falta de participación en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN), la alta abstención y la supuesta “deslegitimación” que eso debió acarrear, no produjo ningún efecto práctico y más bien el régimen aprovechó su dominio absoluto sobre la AN para modificar a su libre arbitrio y sin resistencia alguna, gran parte del ordenamiento jurídico del país, que todavía hoy nos afecta y cada vez más.

Pero no aprendimos esa lección entonces. Y no la aprendimos en el 2017, que al abstenernos masivamente solo ganamos 6 gobernaciones, nos robaron una y regalamos otra, Zulia, y al final nos quedamos con cuatro y avergonzados al respecto; ni en el 2018, cuando le obsequiamos la presidencia a Maduro −aunque es de reconocer que ese gesto al menos nos sirvió un año más tarde para que varios países importantes reconocieran al Gobierno Interino de Juan Guaidó−; ni en el 2020, cuando nos abstuvimos de participar en la elección de AN, dejándoles el campo libre nuevamente al régimen, para legislar a su absoluta conveniencia.

De manera que, si la falta de reconocimiento y la falta de “legitimidad” no afecta la permanencia del régimen en el poder, mucho menos la afecta el que la UE venga a observar unas elecciones, o el Centro Carter, o la ONU, o cualquier otro; al menos servirán de compensación a los que él régimen va a traer para que “observen”.

En otras palabras, y para decirlo claramente, la permanencia de Nicolás Maduro hasta el 2024, no tiene nada que ver con que la UE venga a observar, ni con la “legitimidad”, ni con el reconocimiento de la UE o de cualquier país hacia el régimen imperante en Venezuela. La permanencia de este régimen en el poder, hoy en día, tiene que ver, estrictamente, con su capacidad para ejercer la fuerza y someter a la población y al país.

La permanencia del régimen en el poder y la de Maduro en la presidencia, tienen más que ver con que la oposición democrática −y la no democrática− no tiene fuerza real para impedir que eso ocurra; y si la tienen o la han tenido, no tienen manera de expresarla, para evitarlo; ni tampoco hay ningún país, ni fuerza externa dispuesta a impedir que esto ocurra o emprender acciones más allá de unas sanciones, que no todos los países aplican, ni cumplen. Eso es lo que no queremos admitir.

Pero, además, ahora hay un hecho indiscutible, si la observación de la UE confiere “legitimidad” al régimen, también confiere “legitimidad" a la oposición y pone más difícil cualquier maniobra posterior que intente el régimen para desconocer los resultados que obtenga la oposición. (Consté que dije “más difícil”, no que no lo va a hacer o intentar)

Para concluir, si para la “leyenda negra” opositora y algunos conspicuos representantes de la oposición democrática, la misión de observación de la UE “legitima al régimen” y para el régimen la misión de observación es una “injerencia en los asuntos internos”, ¿Qué se puede decir al final de todo esto?, pues lo que se diría en un español castizo: ¡Va Ud. bien, Sr. Borrell, va Ud. bien! No se supone que una MOE complazca a tirios o troyanos… o a troyanos y tirios.

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Ante el ambiente que vivimos con acusaciones de corrupción en la oposición, la incertidumbre por los resultados de la jornada electoral del 21 de noviembre y las negociaciones en México −eventos que se entrecruzan e impactan mutuamente− y otros temas, según pasan los días es imposible no contagiarse de esa angustia, de esa redonda sombra, que se va apoderando de todos los que nos oponemos a este régimen de oprobio y se hace preciso evaluar como impactan a la oposición democrática.

Concentrándome en el caso de Monómeros, el más delicado y agudo de todos, no voy a hacer un juicio de valor, ni desconocer la importancia y la gravedad de las denuncias ocurridas en las dos últimas semanas, con el documento de Primero Justicia (PJ), la respuesta del Gobierno Interino y las entrevistas a algunos de los voceros de la oposición, en torno al tema del documento de PJ y el caso de Monómeros. Tampoco lo voy a magnificar, más allá de tratarlo aquí.

Tenemos −como dice un amigo− varios “autogoles” en la cancha, imposibles de ocultar, de desconocer o de ignorar, que no es el caso, por supuesto. De lo que sí se trata es también de comprenderlos, ponerlos en su exacta dimensión, sin menospreciarlos, pero sin magnificarlos, para sacar alguna enseñanza, moraleja o lección de lo ocurrido.

Tras leer la catajarria de documentos y artículos con opiniones, a cuál más radical o dura −también varias excesivamente complacientes− y escuchar, varias veces, entrevistas recientes y pasadas sobre el tema, me pregunto: ¿Qué hemos sacado en claro de todo este buen embrollo?

Al menos yo −confieso− todavía no sé cuál es la exacta situación de la empresa Monómeros; sí está o no está quebrada, cuál es el alcance de la intervención del gobierno colombiano −al parecer la importancia estratégica de Monómeros allá es muy superior a la que aparentemente tiene para nosotros aquí−; pero todavía no sé cuáles son las irregularidades que se cometieron, si hay o no algún delito; y sobre todo ¿Quiénes son los delincuentes?, ¿Cuánto dinero se perdió?, ¿Quién se lo apropió?, si es el caso, o ¿En qué consisten las irregularidades que allí se cometieron, los malos manejos, los abusos?, ¿Quiénes se beneficiaron con lo ocurrido?, etc.

Destaca también que los únicos nombres que han aparecido son los que ha mencionado el ex embajador en Colombia, Dr. Calderón Berti, que son los mismos que dijo hace ya más de un año, los que mencionó en diciembre de 2019 cuando el episodio de su “destitución”, pues él siempre negó que fuera una renuncia.

Esos nombres que hoy aparecen −los mismos que aparecieron en esa oportunidad− son: Manuel Rosales, hoy candidato a gobernador de la MUD en el Estado Zulia; Tomás Guanipa, que ya no está en Colombia (no sé sí sigue como negociador en México), candidato a alcalde en el Municipio Libertador, también por la MUD; Julio Borges, exilado en Colombia, aun Canciller del Gobierno Interino y a quien se menciona, pero no conectado con el caso de Monómeros; algunos diputados cuyos nombres se me escapan, o no los recuerdo, pero que en todo caso cualquiera los puede escuchar en alguna de las múltiples entrevistas que le han hecho al ex embajador, en aquel momento y ahora.

Pero, aparte de reunirse, alguna vez, una vez, o varias veces, con la junta directiva de la empresa −que no es algo que debió ocurrir, indudablemente, pues no tiene ningún sentido gerencial, administrativo o comercial−, ¿Cómo están implicados esos personajes en todo esto? ¿De qué manera influyeron en alguna decisión equivocada? ¿De qué se les está acusando? Y si no es así, ¿Por qué mencionarlos?

En todo lo ocurrido, también se ha mencionado −conjuntamente con el caso de Monómeros y los activos venezolanos en el exterior− el manejo de la ayuda humanitaria, durante el evento aquel en Cúcuta, en febrero de 2019, que al parecer en su momento se denunció ante autoridades colombianas y que por lo visto fue desechado por la fiscalía de ese país; también se ha hablado de lo ocurrido en el frustrado evento o golpe de La Carlota del 30 de abril de 2019, y de varias cosas más. En todo eso, según denunció el Dr. Calderón Berti, el responsable sería Leopoldo López, en su opinión, porque tampoco es que se hayan aportado muchos datos o pruebas al respecto.

Entonces, vuelvo a mi pregunta inicial, realmente, ¿Qué hemos sacado en claro de todo este asunto?, porque quien sí le ha sacado provecho a la situación es, evidentemente, el régimen. Ya Nicolás Maduro está diciendo que Monómeros cuando estaba en manos de su gobierno producía y ahora está quebrada, ¡Nada menos!

Por supuesto, a toda esta diatriba opositora también le sacan provecho los eternos defensores de “la leyenda negra” de la oposición. Pero de todo este embrollo, siempre es posible aprender; por ejemplo, quién antepone su ambición de poder y sus intereses personales a los de todo el país; y para quién es más importante que hacer propuestas factibles, magnificar los errores de la oposición democrática, tratando de diferenciarse y pescar en rio revuelto. A lo mejor llegó la hora de dar discusiones más francas y de deslindarse abiertamente, ¿será?

Mi padre, usualmente callado y muy sabio, de quien aprendí la filosofía −para él extrema− de que el vaso siempre está medio lleno, al observar lo que ocurre, diría que sí, que éste es el mejor momento y “… que estamos bien, porque peor no podemos estar”.

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Hablemos de cine. Pero, no se trata de una pausa en la política, todo lo contario, pues me voy a referir al último filme de Carlos Oteyza: Rómulo Resiste, que nos lleva al centro mismo de la política y que se estrenará el 11 de octubre, en función a beneficio de Fe y Alegría.

Se trata de un largometraje documental, obviamente sobre Rómulo Betancourt, cuyo aniversario de 40 años de fallecimiento se conmemoro hace pocos días, el 28 de septiembre. No teman a que les vaya a arruinar la expectativa, contando algo sobre la película, pues no he tenido el privilegio de verla. Lo que sí he tenido es el privilegio de entrevistar a su realizador y director, Carlos Oteyza, para el programa radial de Venezolanos Siempre.

Las preguntas que le formulé a Oteyza, son las mismas que les narro en este escrito, pero tampoco diré nada acerca de sus interesantes respuestas, para que escuchen el programa, que se transmitirá el próximo martes por www.radiocomunidad.com a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche; después también lo podrán escuchar, en cualquier momento, en la página: https://venezolanossiempre.org/.

Según la promoción de la película, esta se centra en el llamado segundo gobierno de Rómulo Betancourt −el primero fue entre 1945 y 1947−; el gobierno entre 1959 y 1964 es probablemente uno de los más interesantes e importantes periodos políticos de la historia republicana de Venezuela; y me atrevería a decir que lo es también de la historia democrática de América Latina.

Se que es una osadía escribir sobre una película que no he visto, pero de la conversación con su director pude deducir que la película no se adentra en la biografía de Betancourt; en sus inicios en la política con la llamada “Generación del 28”, ni a sus años de exilio y periodo de formación política. Apenas menciona su participación en el golpe de estado contra Medina Angarita del 18 octubre de 1945 y su participación como Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que asumió el poder tras ese golpe de estado y que se conoce como el Trienio Adeco, 1945 a 1948, en la historia política de Venezuela.

De todo ese periodo solo destaca su papel en la formación del Pacto de Punto Fijo, que fue el gran frente democrático que se consolidó tras la caída de la dictadura perezjimenista, que enorme falta nos está haciendo para enfrentar la actual.

Con todos esos antecedentes de vida y actividad política, la película, como dije, se centra entonces en el periodo de gobierno que discurre entre 1959 y 1964. Y al entrevistar a Carlos Oteyza tuvimos que confesarle que nos maravillábamos acerca de cómo había hecho para reunir en un filme de unas dos horas, toda la riqueza política y de acontecimientos que se sucedieron en el país en esos cinco años.

Ya he mencionado el Pacto de Punto Fijo, que fue la base del gobierno de coalición presidido por Betancourt, integrado por AD, Copei y URD, este último, hasta 1962; también hay que mencionar como evento político de ese periodo la aprobación y promulgación, por el Congreso Nacional instalado en 1959, de la Constitución de 1961, que es la constitución que más ha durado en Venezuela de todas las que hemos tenido desde la primera, aprobada en 1811. Los antecedentes de esa constitución habría que buscarlos en la Asamblea Constituyente de 1945 −presidida por Andrés Eloy Blanco, otro gran líder político venezolano− que promulgó una Constitución en 1947, fundamento, como dije, de la de 1961.

En el periodo reseñado en la película, una de las dificultades políticas que enfrentó a Betancourt con sus socios del Pacto de Punto Fijo fue la salida de URD del gobierno en 1962; que se produjo como consecuencia de las diferencias por la posición en materia de política exterior de URD con el gobierno de Betancourt, especialmente por la llamada Doctrina Betancourt y la posición de expulsión de Cuba de la OEA. La llamada Doctrina Betancourt, guio la política exterior de Venezuela durante muchos años y llevó al gobierno de Betancourt a romper relaciones con gobiernos dictatoriales, no surgidos de elecciones libres o que no respetaban la vía democrática, entre ellos: España, Cuba, Republica Dominicana, Argentina, Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras y Haití.

Pero esas no fueron las únicas dificultades políticas que tuvo Betancourt en esos tumultuosos años. Enfrentó igualmente divisiones en Acción Democrática −la que dio origen al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR y la del llamado Grupo-ARS, que originó AD-Oposición para las elecciones de 1963 y luego se constituiría en el Partido Revolucionario de Integración Nacional, PRIN−; igualmente enfrentó la ilegalización del MIR y del Partido Comunista, por su vinculación con las llamadas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FALN, que condujeron la lucha armada y la sublevación guerrillera en su contra durante varios años. De igual manera, confrontó tres intentos de golpe de estado −El Carupanazo, El Porteñazo y el Barcelonazo− y un intento de magnicidio, planificado, según las denuncias, por uno de sus enemigos políticos caribeños, el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

Pero no solo fueron sinsabores políticos los que le tocaron durante su gobierno, pues también recibió la primera visita a Venezuela de un presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, quien, con su esposa, visitó el país a mediados de diciembre de 1961, firmó con Betancourt un acuerdo en el marco de la denominada Alianza para el Progreso y lo acompañó en actos políticos, como la entrega de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo a campesinos venezolanos, en el proceso de Reforma Agraria iniciada por el gobierno.

En materia económica son muchos las cosas y los logros que se pueden mencionar en este periodo de gobierno de Rómulo Betancourt. Ya he dicho lo del inicio de la Reforma Agraria; otro de los hechos significativos fue la participación de Venezuela en la fundación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP; a lo que hay que agregar el impulso a la política de sustitución de importaciones, la creación de la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, la creación de la Corporación Venezolana del Petróleo, CVP, el inicio de la construcción de la Represa del Guri, la conclusión del Puente Rafael Urdaneta, sobre el Lago de Maracaibo y el inicio de la construcción del primer puente sobre el Orinoco. Además, durante su gobierno se construyeron más de 4 mil 500 Km de carreteras, se construyeron también más de 3 mil escuelas y más 200 liceos, por todo el país, que duplicaron la matrícula escolar al pasar de 800 mil a más de 1 millón 600 mil estudiantes. Al finalizar su periodo había en Venezuela más población escolar que los votos que saco Betancourt en su elección en 1958 (1.284.092, el 49% del registro electoral).

Y a pesar de que tuvo que enfrentar decisiones económicas complicadas y duras, como establecer un control de cambios, devaluar el bolívar y enfrentar una disminución del 10% de los sueldos a los empleados públicos, el crecimiento de la economía se situó entre el 4 y el 5% durante su periodo de gobierno.

Muchas de estas cosas estarán presentes en la película: Rómulo Resiste, otras apenas se mencionarán, precisamente esa fue una de las preguntas que hicimos a Carlos Oteyza, ¿Cuál fue su criterio para desechar algunos hechos e incluir otros?; pero, dejo a todos la incógnita y la tarea de descubrirla viendo la película y escuchando la entrevista a Carlos Oteyza el próximo martes, 5 de octubre, en el programa radial de Venezolanos Siempre, ya mencionado.

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En los regímenes como el que padecemos, permítanme obviar las definiciones complicadas, no es fácil determinar qué cosas son peores que otras −es decir, todo es peor−; pero, sin duda, una de las peores cosas es su afán por cambiar lo que somos. No solo nuestras instituciones, nuestros símbolos y nuestra democracia, sino ese intento descarado de transformar nuestra historia, nuestra cultura y nuestro “habla”.

Es un vasto tema, el que podemos definir como “cultural”, pero lo acotaré, refiriéndome solo al tema del lenguaje −más precisamente la “neolengua” del régimen− y esa manía de clasificar y encasillarnos a todos.

El término “neolengua”, lo tomamos en el sentido en que lo hacía Orwell en su novela: “1984”; lo que él llamaba el “viejo lenguaje” (Oldspeak) y lo transformaba por uno nuevo, mucho más simplificado, con la finalidad de dominar el pensamiento de los habitantes, de la población, de los hombres del partido, para hacerlos pensar de una manera determinada. Vaciaba de contenido algunos conceptos −por ejemplo, libertad y otros− y les daba el contenido que el sistema quería. Eso es ni más ni menos lo que empezó a hacer Hugo Chávez desde su campaña electoral y desde luego lo intensificó cuando fue presidente y dirigía aquellos largos programas dominicales y pronunciaba en cadena de medios aquellos largos discursos, en donde contaba sus anécdotas, escatológicas, absurdas, inventaba términos, insultaba, reinterpretaba la historia, denigrando de unos próceres y ensalzando a otros, como a Zamora, por ejemplo, figura de por sí polémica y no muy bien considerado por muchos cronistas e historiadores.

De ahí viene también todo ese lenguaje, esa neolengua, del desdoblamiento innecesario de “venezolanos y venezolanas, “ciudadanos y ciudadanas”, etc. que plaga −nunca esta palabra pudo ser mejor empleada− nuestra Constitución, leyes, documentos oficiales, discursos y hasta los malos chistes de los dirigentes del gobierno. Ese lenguaje ha ido pasando a la población y hoy muchos opositores lo imitan y lo utilizan con la misma carga de veneno y odio que Hugo Chávez le imprimió. Por ejemplo, ese reemplazar la lucha política por “guerra”, el rival político, el contendor político, por el “enemigo” al que hay que acabar, aniquilar.

Todas esas expresiones como: guerra, enemigo, milicia, unidades de combate, batalla, rodilla en tierra, guerra de tercera generación, guerra híbrida, etc.; algunos las han ido adoptando, sin darse cuenta o conscientemente, y utilizan esa neolengua, esa jerga militarista, para el análisis político, para el análisis de la realidad, sin percatarse que resultan en una simplificación del lenguaje y una sobre simplificación de la realidad que se pretende analizar.

Y así está también esa manía de “clasificar” en bueno, regular y malo, teniendo por bueno, por supuesto, lo que está de acuerdo con lo que yo pienso y la estrategia que yo defino; regular, aquellas ideas “imperfectas” y “equivocadas”, solo medianamente toleradas por ser conceptos ingenuos; y malo, por supuesto, las que se contraponen a las mías.

Esa manía no es nueva, hay que decirlo, se remonta a la “prehistoria” del chavismo, cuando teníamos aquellos frondosos y enjundiosos comunicados firmados por intelectuales, periodistas, políticos, artistas, etc. para llamar la atención sobre un determinado tema o para fijar posición pública sobre determinados acontecimientos que afectaban al país. Eso derivó, en épocas más cercanas al surgimiento del “chavismo”, en aquellos “notables”, para algunos de ingrata recordación, que asocian con el origen del desmadre que nos condujo a esta ignominia; pero eso es otra historia.

A esa manía de “clasificación” obviamente le sigue la elaboración de “listas”, que han alcanzado su perfección en este régimen, siendo la más famosa aquella llamada “Lista de Tascón”, que deriva su nombre de un diputado homónimo, elaborada con el listado de los que firmamos solicitando un referendo revocatorio a Hugo Chávez en 2002 y 2003, que vino a realizarse, como todos sabemos, en 2004, después de todos los intentos por suprimirlo, por parte del impugnado. Esa “Lista de Tascón” fue utilizada por tres o cuatro años por el régimen, hasta que el propio Hugo Chávez tuvo que intervenir, sin mucho ánimo, por cierto, para que fuera eliminada, después de que empezó a utilizarse para tomar todo tipo de decisiones en la administración pública, en la industria petrolera, en las empresas del Estado y hasta en las empresas privadas que contrataban con el Estado. El régimen perfeccionó esa lista original y la convirtió en “listas”: de los que reciben dólares preferenciales, contratos del Estado sin licitación, los que reciben cajas CLAP, “bonos” de cualquier tipo, votantes a los que hay que acarrear para votar, listas para “echar” gasolina o diésel, y un sinfín más, de todo tipo de cosas, pues en esta materia la imaginación de los capitostes del régimen es muy prolífica.

Como no podía faltar, de nuestro lado de la acera, también tenemos “listas”, empíricas, de opositores: la lista de los buenos, la de los regulares y la de los malos. En la de los “buenos” están todos los que piensan exactamente igual que él que elabora, o los que elaboran, las “listas”. A los “regulares” se los señala, eventualmente humilla y presiona, para que rectifiquen, renieguen de sus ideas y se pasen a la lista de los “buenos”; de no hacerlo y persistir en sus defectos e imperfecciones, serán considerados como parte de los “malos”. En la de los “malos”, por supuesto, están esos que hay que “derrotar”, exterminar sin apelación, con los que no se dialoga, ni negocia, pues son hampones, narcotraficantes y malvados.

Pero las clasificaciones tienen un problema, sobre todo cuando se sobre simplifica la realidad o cuando de pronto las conductas o lo que hace la gente no se ajusta al concepto que se define como bueno, regular o malo. Y las “listas”, en consecuencia, tienen también su dificultad; siendo la primera la de los nombres que aparecen allí, que suelen ser −como todas ellas− imperfectas e incompletas y en algunos casos, pocos en verdad, sin haber estado de acuerdo con que su nombre apareciera allí, en esa “lista”; pero, obviamente, la dificultad más importante son los que no aparecen en ninguna. ¿Qué pasa con los que no aparecen? ¿Forman un grupo aparte? ¿Se les excluye del juego? ¿Se les rechaza?, esos detalles no entran en la mentalidad de los clasificadores y los neo lingüistas.

Y así llegamos a otro punto medular. ¿Quién o quiénes deciden quiénes son los buenos, quiénes los regulares y quiénes los malos? ¿Quiénes elaboran las “listas”? ¿Quiénes son los sacrosantos jueces, esos soberbios semidioses, savonarolas de nuevo cuño, que definen qué es “bueno”, qué es “regular” y qué es “malo” y en consecuencia: quiénes son los buenos, quiénes los regulares y quiénes los malos? Lo dejo hasta aquí, pues abundar más sería caer en la tentación de dar nombres, de hacer “listas”, que no es el caso.

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Al decidir la oposición mayoritaria participar en las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre (21N), el problema pasa a ser cómo derrotar a los candidatos del régimen; pero, este no es el único problema que tiene la oposición democrática; otros obstáculos se presentan, nada fáciles y sin ninguna garantía de que se puedan evitar satisfactoriamente: la abstención y los problemas internos.

¿Posible triunfo?

Por algunos indicios podemos pensar que derrotar al régimen y sus candidatos es posible. El primer indicio de que esto es posible, es la actitud del propio gobierno y sus esfuerzos por incrementar la abstención. Paradójicamente, el régimen se presenta “celebrando” la decisión de la oposición democrática de participar, porque sabe bien que cualquier alabanza o celebración suya al respecto produce el efecto contrario: hace que la gente se cierre más y rechace la convocatoria. De allí las intervenciones del propio Nicolás Maduro “festejando” que la oposición democrática participe.

El segundo indicio, naturalmente, lo proporcionan las encuestas, si las damos como válidas, pues muestran un elevado nivel de rechazo al régimen actual, dada la intensificación, por la pandemia, de la aguda crisis económica y social que asola a la población del país. En algún momento el pueblo decidirá “pasar factura”, bien sea absteniéndose de votar o dejando de votar por el que considera el culpable de esto, o bien votando por la opción contraria

El tercer indicio es el hecho objetivo que en elecciones regionales y locales no está en juego el núcleo del poder, por lo que el régimen no se empleará a fondo en ganarlas, además que sus conflictos internos han salido a flote en su proceso de primarias y porque no cuenta con los recursos económicos para hacer sus campañas demagógicas, de compra de conciencias y votos.

La abstención, estrategia del régimen, al final podría jugar en su contra, pues, como veremos más adelante, al reducirse la abstención en un pequeño porcentaje se incrementa el número de gobernadores y alcaldes que puede obtener la oposición, sobre todo si contamos con que, en elecciones regionales y locales, una pequeña cantidad de votos puede hacer la diferencia.

Vistos los resultados obtenidos en las dos últimas elecciones de gobernadores −2012 y 2017− y la falta de participación en los procesos de 2018 y 2020, cualquier resultado que se obtenga, será ganancia; siempre y cuando en esta elección no vayamos en la actitud triunfalista, que suele nublar y entorpecer el análisis objetivo. En el lado positivo, debemos anotar que pareciera que está vez esté no será el caso, lo cual es una ventaja, pues nos permite concentrarnos en el objetivo fundamental, que es retornar la vía de la participación electoral y romper con el inmovilismo paralizante de los últimos años.

Pero además, tras lo ocurrido recientemente en el escenario internacional, alcanzar mayores niveles de participación y organización popular es importante, pues ya estamos viendo que no hay ninguna nación democrática que esté dispuesta a salir en rescate −sobre todo por la fuerza− y resolver las “inequidades”, las diferencias, de otra nación o sociedad, ni siquiera en nombre de la democracia o en preservación y protección de los derechos humanos; cada país, internamente, tiene que resolver su situación y solo así podrá contar con cierto apoyo y respaldo externo.

Pero, acercarse a ese “triunfo” supone superar los obstáculos ya mencionados: la abstención y los problemas internos de la oposición

La Abstención.

Continuar discutiendo las ventajas o desventajas de participar o abstenerse no tiene ya sentido, pues la decisión de participar está tomada; el problema ahora es como remontar la abstención, que se ha instalado como una endemia en el 35% desde 1998; un peso muerto y ni siquiera podemos decir que quien se abstiene lo hace conscientemente; simplemente para ese grupo lo político, lo electoral, no existe; no es que no le afecte, que lo hace y mucho, simplemente no está en su “radar” de vida. A esa cifra hay que agregar un porcentaje variable, que puede pasar del 15%, de los que se abstienen por razones “políticas”, aunque no hagan nada más por manifestar su insatisfacción.

Es una de las barreras a vencer, pues cada vez que la abstención ha bajado de ese 35%, la oposición obtiene triunfos importantes; para citar un solo ejemplo, la abstención en las elecciones parlamentarias de 2015, bajo al 26% y ya conocemos los resultados.

Otro problema es que las elecciones de gobernadores tienen los niveles más bajos de participación; el promedio de abstención en este tipo de elección es del 43% desde el año 1989 y aun cuando no ha sido el más bajo, el último, el de 2017, fue del 42%. Si analizamos las cifras de estos procesos −ver el cuadro incluido− desde que se instauró este régimen, vemos como cada vez que ha bajado la abstención recuperamos gobernaciones; en 2008, que bajo al 34%, obtuvimos 5 gobernaciones: Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Táchira y Zulia y pudimos haber ganado otras cuatro –Bolívar, Cojedes, Falcón y Mérida– de no ser por los elevados porcentajes de abstención en esos estados. En 2017, que la abstención bajo cinco puntos con relación a 2012, obtuvimos en las urnas 6 gobernaciones, una nos fue arrebatada −Bolívar− y en la otra −Zulia−, no se juramentó el candidato elegido.

Siempre ocurre que los eventos políticos recientes −derrotas presidenciales o de referendos− impactan muy negativamente el ánimo de los electores; a los factores anteriores se suma el hecho que en los dos procesos electorales recientes −presidencial 2018 y parlamentarias 2020− la oposición llamó a la abstención. Y hay otros dos factores que tampoco debemos subestimar, uno es la estimulación de la abstención y la desacreditación del voto, por parte del régimen y el otro, la merma de votos producto de la llamada “diáspora” y la sub inscripción en el Registro Electoral (RE).

Según los últimos datos del CNE, el RE para el proceso del 21N es de 21.159.846 votantes, que incluye 229.859 extranjeros con derecho a voto en comicios locales y regionales, por tener más de diez años de residencia en el país; si redondeamos esa cifra a 21 millones −para efectos prácticos de cálculo y análisis− de los 21 millones un 35%, como ya dijimos, es un peso muerto, que no participa, por apatía e indiferencia; unos 2.5 millones, de los 6 millones de venezolanos que están en el exterior, no votaran el 21N; se calcula en 10% la subestimación del RE, es decir, unos 2 millones más; a eso hay que restar 20%, entre los que votan por el régimen y los que votan por su “oposición oficialista”, por llamarla de alguna manera; por lo tanto, a la oposición democrática le quedan “limpios” menos de 7.4 millones de votos, que hay que recuperarlos todos −evitando que se vayan a la abstención− y recabar o “rescatar” lo más que se pueda entre los abstencionistas endémicos y votantes que lo hicieron por el régimen y por la “oposición oficialista”. No es tarea fácil, pero no imposible, sobre todo considerando que en 2017 en muchas de las gobernaciones se perdieron por estrecho margen de diferencia con los ganadores del régimen y en estado con alto porcentaje de abstención.

Los problemas internos.

Por tales problemas no me referiré a las diferencias con los llamados radicales, en cuanto a la discusión sobre si negociar o no hacerlo, sí participar o abstenerse, pues creo que quienes rechazan las opciones de negociar y participar son grupos que, aunque ruidosos y activos en redes sociales, son poco numerosos y quienes se encierran en posiciones abstencionistas terminan languideciendo y desapareciendo, pues −con muy contadas excepciones− nunca logran concretar una opción alternativa. Me referiré a otros tres temas, mas importantes.

Primero, constatemos que buena parte de la indiferencia por la política y el rechazo por parte de la población obedece al sentimiento −presente también en muchas partes del mundo− que el sistema democrático no ha respondido cabalmente a las necesidades de gran parte de la población; nuestros partidos democráticos no escapan a ese sentimiento y a la falta de una renovación profunda en sus estructuras y liderazgo que permitan enfrentar esa situación. Adicionalmente, por circunstancias bien conocidas desde hace 22 años, nos encontramos con partidos políticos acosados, perseguidos, diezmados, sin recursos y hoy con buena parte de sus líderes en el exilio, en semi clandestinidad, que les ha dificultado mejorar su credibilidad por parte de la población y la formación ideológica y política de sus militantes y dirigentes.

Adicionalmente, creo que hay tres factores muy importantes, comunes a todos los partidos en muchas partes del mundo, que afectan su desempeño y el de sus lideres; uno es que no han sabido explicar que, además de su naturaleza política como partido, que es disputar el poder, también necesitan resolver sus necesidades económicas, reales, legitimas, que pueden limitar y comprometer su actuación pública y que los llevan a participar en procesos electorales por cargos, en los que pueden tener acceso a recursos. Dos, la falla en separar los intereses personales, de los del partido, del gobierno y de la gestión pública, que una vez en el poder y cuando les toca ejercer esa gestión pública, puede ensombrecer su accionar.

El tercer factor u obstáculo que afecta al interior de la oposición, particularmente en Venezuela, se refiere al personalismo y a la falta de compromiso con el valor de la unidad. Me explico. Lo de contar con candidaturas unitarias, apoyadas por todos, es un desiderátum, es lo ideal; pero, eso realmente no ocurre o no ha ocurrido, porque en realidad lo de la “unidad” parece no ser un principio que tenga el mismo valor para todos nuestros políticos, dirigentes e incluso lideres de la sociedad civil. Es algo así como un principio secundario o “retórico”, que cuando conviene se utiliza, pero que fácilmente se deja de lado, supeditado a intereses grupales o personales. Creo que nunca ha habido un compromiso real en nuestro estamento político con eso de la unidad y es algo fácil de comprobar que cuando hay candidatos que se deciden por elecciones primarias, por consenso o por encuestas, los perdedores, cuando no rechazan los resultados bajo cualquier pretexto y los aceptan, hacen “mutis por el foro”, jamás se suman realmente a la campaña del candidato ganador; permanecen “por allí”, en lo que algunos denominan “la reserva”, agazapados esperando su nueva oportunidad.

En resumen, la abstención, los intereses particulares, el personalismo, la falta de un debate abierto, el no hablarnos directamente sino a través de prensa, TV y ahora por redes sociales y la falta de firmeza en ciertos valores y puntos que no deberían estar sujetos a cambios, son factores que nos hacen tanto daño, como los candidatos del régimen y son igualmente difíciles de derrotar; pero esa es la tarea.

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La oposición democrática, mayoritaria, o la que representa la mayor suma de “grupúsculos”, como a algunas personas les gusta denominarla, finalmente se pronunció con relación a la participación en las elecciones regionales previstas para el 21 de noviembre. Desde luego este pronunciamiento merece un análisis, algunos comentarios y reflexiones.

En la filosofía, simple para algunos, profunda para otros, del “vaso de agua”, lo importante es determinar la cantidad de agua que tiene el vaso y por qué; el tema de cómo se comunica la información hallada, es otra cosa; algunos dirán que el vaso está medio vacío, otros diremos que nos parece que está medio lleno.

El Pronunciamiento Unitario.

Bajo ese supuesto, lo primero que quiero destacar y dejar asentado es que celebro y apoyo esta decisión de la Plataforma Unitaria. Es la decisión correcta. Y muchas veces he escrito sobre el tema, argumentando positivamente y apostando por ella. Se abre nuevamente un camino, que solo bajo determinadas y muy particulares circunstancias, que las hemos tenido, se debe abandonar. Argumentos a favor son variados, complejos y los hemos esgrimido muchas veces, solo repetiremos y destacaremos que es una importante oportunidad de recorrer el país, de movilizar gente de manera algo más segura que lo habitual, de contactar cara a cara a ese venezolano castigado duramente por este régimen de oprobio, para decirle que hay una esperanza y una alternativa.

No solo la decisión de participar en la vía electoral es importante, más importante aún es resaltar que fue una decisión unitaria; unidad como valor a preservar, pues una dictadura no se combate con una oposición fraccionada y dividida y esta decisión nos coloca en el camino de reforzar esa unidad. Hay que destacar también que de las 40 organizaciones políticas que el 21 de abril firmaron el manifiesto “Unión por el Futuro, la Democracia y el Bienestar de Nuestra Nación” −en concordancia con el firmado el 7 de abril por 10 partidos políticos para reconfigurar “la alianza unitaria y construcción de una coalición más amplia” −, solamente dos, Encuentro Ciudadano y Causa Radical, se han manifestado contrarios a la participación electoral el 21 de noviembre. Lo que representa sin duda una lección de unidad.

Sin embargo, este entusiasmo se debe matizar, pues es inocultable y de lamentar que la demora innecesaria en adoptar la decisión, contribuyó a sembrar desesperanzas, dudas y ansiedad. De haberla adoptado dos o tres meses antes, que perfectamente se pudo hacer −y todos lo sabemos− aunque las reacciones contrarias hubieran sido las mismas, al menos, ya tendríamos adelantado terreno para su asimilación. En política las decisiones tardías, no son sinónimo de mayor reflexión, de mayor consulta, sino de falta de decisión y carácter, lo cual no habla bien de los lideres.

Toca ahora recuperar el tiempo perdido, pues la falta de una rápida decisión sobre la participación electoral, ha permitido, al menos, dos cosas: una, que en el común de la población opositora se incremente el número de “indecisos” y escépticos acerca del valor del voto y los procesos electorales y se abracen a la idea de no participar, justificándola en la supuesta falta de interés y responsabilidad de la dirigencia opositora, al no encarar rápidamente el tema. Y dos, que eso ha permitido que los muy variados enemigos del voto y los procesos electorales mencionados, tanto en el régimen, como en algunos de sus críticos, afinen sus argumentos y abonen el terreno de la no participación.

La Estrategia del Régimen.

Ese retraso favoreció la estrategia del régimen; estrategia bien conocida −por lo que no hace falta hacer una descripción muy exhaustiva− que ha venido desplegándose desde hace meses. Cuando el régimen se ha ido sintiendo seguro de que su estrategia funciona para desalentar el voto opositor y sumarlo a la abstención, se ha permitido “gestos”, como tolerar una “apertura” en el CNE, conservando la mayoría; hacer anuncios de eliminar “protectores” reactivándolos a conveniencia, como hemos visto en estos días en el caso de las inundaciones en Mérida; devolver la tarjeta de la MUD, sabiendo que eso podía ser motivo de discordias, divisiones y disputas. Ahora, tras el anuncio de la participación opositora, el propio Nicolás Maduro, cabeza del régimen, se ha encargado de “alabar” la decisión y a los lideres opositores, pues sabe bien que cualquier alabanza que él hace, que en realidad es una provocación, irrita al común de los opositores y es un descrédito más al proceso electoral, tratando de incrementar la abstención opositora.

Estrategia lamentablemente estimulada, apoyada, por los “viudos de la abstención”, quienes ya antes de tomarse la decisión, en su omnisciencia “sabían” cual sería y comenzaron a criticarla, apareciendo a granel, tomando por asalto las redes sociales y artículos de opinión −su único y natural escenario−, manifestándose en contra, con consabidos calificativos y ofensas. Todos esos críticos tienen el elemento común −el mismo de siempre− de no proponer ninguna alternativa, ni siquiera acerca de cómo organizar a esa gran masa de abstencionistas que esperan y que seguramente ocurrirá.

Insistencia Electoral.

En efecto, a pesar de que, según las encuestas, hay un 80 o 90% del país que quiere un cambio político o una salida del régimen, probablemente la inmensa mayoría no se manifieste participando y votando el 21N. La estrategia del régimen, la participación electoral de la “oposición a la medida”, el apoyo de los denominados “radicales” a la no participación, la tardía decisión de la oposición democrática mayoritaria, la ausencia física de varios millones de votos que se fueron con la llamada “diáspora” o no se han inscrito en el Registro Electoral y la alta abstención e indiferencia que se anticipa, vaticinan un magro resultado para la oposición democrática, probablemente similar a los resultados de la elección de gobernadores y alcaldes de 2017.

Aunque hemos tenido algunas victorias importantes, la electoral no luce, al menos hoy, como la vía que nos sacará de este problema y mucho menos en unas elecciones regionales y locales, donde el núcleo del poder no está en disputa. Por supuesto también sé que, en este momento, estamos en muy precarias condiciones para revertir esta situación. Pero la vía electoral, repetiré, entre otras cosas, es lo que nos ha traído hasta aquí, lo que ha impedido que este régimen de oprobio triunfe definitivamente, que gracias a ella hemos logrado reconocimiento internacional y gracias a todo eso, a pesar de la debilidad y fracturación notoria de nuestra fuerza, hemos logrado que el régimen tenga que aceptar una negociación en México, con una agenda importante para la causa democrática y en presencia de la comunidad internacional. Esos son hechos imposibles de negar. Desde luego, no me pregunten si la negociación actual será exitosa y cuando lograremos triunfar de manera definitiva, porque eso no lo sé.

Conclusión con la Pregunta Inicial.

Pero lo que sé es lo que voy a hacer el 21N: iré a votar por los candidatos que me correspondan en la “tarjeta de la manito”, aunque sé que las probabilidades de que los candidatos opositores ganen son escasas, sobre todo en algunos estados, y aunque ganen, esos candidatos lo van a tener muy difícil para ejercer su cargo, por todas las trampas pre y post electorales que hará el régimen, por todo lo ya dicho, en este artículo y muchos otros, que no viene al caso repetir. Pero no le regalaremos esos votos al régimen, ni desperdiciaremos la oportunidad de manifestarnos una vez más.

Por eso, para cerrar, permítanme tener la pretensión de que este es un medio masivo y que me están leyendo todos los venezolanos y vuelvo entonces al título de este artículo: ¿Y Ud. que va a hacer? ¿Qué ha aprendido de todas las veces que, por una razón u otra, no ha ido a votar? ¿Se va a quedar esperando una solución mágica o que alguien nos venga a rescatar? ¿Se va a volver a quedar en su casa lamentándose del gobierno y la oposición que tenemos? ¿O va a tomar una posición un tanto más pro activa?

Los partidos finalmente tomaron una decisión. Criticable para algunos, tardía, ya lo hemos dicho; pero, ahora, podemos seguir lamentándonos, recriminándonos mutuamente o admitir el error, reconocer que esa demora tiene un costo que tendremos que pagar y empezar a recuperarnos; porque tampoco es un secreto, que gracias a lo que Ud. ha hecho en muchas oportunidades −saliendo a marchar, a protestar, a votar− la oposición venezolana sigue viva y con ella la esperanza del rescate de la democracia y el estado de derecho.

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Cada vez que se quiere criticar a la oposición mayoritaria −G4, Gobierno Interino, Gobierno de Guaidó−, a alguna de sus decisiones y en particular ahora al proceso de negociación iniciado en México, entre los calificativos destaca el término: “cohabitación”.

El concepto

Según el diccionario de la RAE el término tiene tres acepciones: 1. Habitar juntamente con otra u otras personas; 2. Hacer vida marital; y 3. Dicho especialmente de partidos políticos, o miembros de ellos: Coexistir en el poder. Cualquiera de las tres describe lo que se quiere decir e insinuar, especialmente la última, pues claramente lo que se quiere decir es que esa oposición: Coexiste en el poder con el régimen y −según algunos dicen− no desde ahora, sino desde siempre: Todo lo que esa “oposición” hace −dicen estos críticos− lo hace en función de esa coexistencia, de esa “vida marital” y es, por tanto, cómplice del régimen en todos los delitos y desafueros que se han cometido desde 1999.

Al calificar así a la oposición, no se busca caracterizarla o clasificarla en alguna de las mencionadas acepciones de la palabra; mucho menos redimirla, lo que se persigue es diferenciarse de ella; pero, por sobre todo, “calificarla”, mejor dicho: descalificarla.

Pero, aunque esta es una práctica de algunas personalidades y grupos muy minoritarios, esta manera de “diferenciarse” cierra puertas al diálogo, la convivencia, el entendimiento. ¿Quién puede querer dialogar, entenderse, con quien “cohabita” y es “cómplice” de un régimen, al que acto seguido se le acusa de delincuente, criminal, tirano, torturador o narcotraficante? Por supuesto él así calificado, tampoco está dispuesto para un diálogo. Aunque siempre es posible el “arrepentimiento” −dirán los críticos−, pero previa humillación y que bajen la cabeza ante quien se considera “puro o pura”, aquí vale usar el masculino y el femenino.

Pero el término, aparte de su propósito de descalificar, humillar, insultar, ser ofensivo, es poco feliz, para describir la situación que se quiere criticar, porque en Venezuela, con un estado y sector público tan poderoso, históricamente hablando, que controla todos los poderes y gran parte de la economía −cada vez más y la que no controla, la destruye− todos cohabitamos con el régimen.

Quiénes cohabitamos

Aparte de los empleados públicos −nacionales, estadales o municipales−, que reciben un salario del estado y claramente dependen de él; o los que contratan con el estado o alguna de sus empresas, sería interminable enumerar todas las actividades en las que interactuamos −o cohabitamos, como les gusta decir a algunos− con el régimen; por lo tanto, solo daré algunos ejemplos de carácter general, para aclarar el punto.

Por ejemplo, todo estamos sometidos al sistema de leyes y justicia del país, desde lo más simple, como respetar una señal de tráfico, hasta lo más complejo como pudiera ser introducir una demanda o apelación ante el TSJ, que es el que administra el “sistema de justicia”; es decir, todos estamos sometidos a un sistema de leyes administrado por este régimen −aunque lo consideremos ilegítimo y el TSJ haya sido designado entre gallos y maitines, por la moribunda Asamblea Nacional del 2010− y quien no se someta, o quien no “cohabite”, es sometido por la fuerza, que además el régimen ha demostrado no tener reparos en utilizar.

Pero no solo quien hace negocios con el estado, o sus empresas, cohabita con él; también lo hacen los que deben obtener una autorización, por ejemplo, una “guía”, para mover mercancías de una parte a otra del país. O los que deben obtener algún tipo de permiso, de lo que sea, para vender mercancías o para exportarlas, o para expender medicinas, e incluso licores. Cohabita también todo aquel que arrienda un inmueble y va a una notaría pública a legalizar o autenticar ese contrato; o quien vende o compra una propiedad −un vehículo, una casa o apartamento, un terreno o una empresa−, y pasa por un registro público a asentar esa operación y, encima, le paga al estado una tasa y un impuesto por hacerla.

Cohabita todo aquel que obtiene −o acepta− un título de educación media, universitaria, de pre o post grado, que es emitido por el Ministerio de Educación o una universidad pública o aunque sea privada, pues igual tiene que “registrarlo”, bien sea para ejercer la profesión o para legalizarlo o “apostillarlo” para usarlo fuera del país.

Cohabitamos todos los venezolanos a quienes una oficina pública de tránsito −controlada por el régimen− nos expide una licencia de conducir; y naturalmente, todos los venezolanos o extranjeros que portamos un documento de identidad, que hoy día emite el SAIME, con el que circulamos por el país o vamos a un banco o a un registro a realizar alguna operación; ni que decir de los que buscamos un pasaporte nuevo o una prórroga del mismo, para viajar al exterior. Cohabitación, además de la de “apostillar” documentos, de la que no se libran ni siquiera los que ya no viven en el país, que además lo hacen en condiciones mucho más precarias y onerosas.

Y termino mis ejemplos con el más álgido, que algunos prefieren olvidar; es el caso de todo aquel que le entregue dinero al estado pagando el IVA y no se declare en “rebeldía” al respecto; o el que paga el impuesto sobre la renta, si aún es contribuyente o le presente una declaración al estado, aun cuando no tenga nada que pagar. O los que pagan derechos y tasas aduanales por importar mercancías o por usar los puertos nacionales. También lo hace el jubilado que recibe una pensión, aun mereciéndola por haber trabajado y ser su esfuerzo y ahorro de toda una vida, pues en este momento se la paga el estado.

En fin, creo que no necesito continuar; me parece que el razonamiento ya está claro, que ya todos me han entendido y no me hace falta abundar, porque la lista de las cosas en las que todos “cohabitamos” con el régimen es interminable; máxime en un país, como el nuestro en el cual muchas y muy variadas actividades están reguladas por el estado −desde siempre, pero exacerbadas con el socialismo del siglo XXI− en las que nos vemos obligados a “cohabitar”. De manera que, aquí, todos “cohabitamos”, con gusto o a regañadientes, incluso esos seres inmaculados y puros, que acusan de cohabitación a los demás.

Hay opciones y no excusas.

Algunos dirán que no queda alternativa, pues el estado está en capacidad de ejercer la fuerza para imponer sus condiciones a quien no lo haga; y ese es justamente el punto que olvidan los que hablan de la “cohabitación” de los demás, como si se tratara de un delito. Pero también olvidan que eso no es inevitable, pues la “cohabitación” finaliza cuando −de acuerdo a los ejemplos que empleé− se deja de pagar impuestos, u obtener y registrar documentos o de obedecer algunas de las leyes del estado y de aceptar el papel del régimen en alguna de las muchas actividades, las que he mencionado y las que no. Cuando así se haga, podremos hablar del fin de la “cohabitación” o de que esas personas, que así actúen, no lo hacen. Pero eso, no está exento de consecuencias.

Por eso cualquier análisis sería incompleto si no se describe o propone alguna vía que permita superar la “cohabitación”; por ejemplo, la desobediencia civil y ciudadana; sin embargo, agregaré que eso es algo que no me corresponde y hay varios y poderosos motivos para no hacerlo. Primero, por una razón obvia de seguridad, pero sobre todo porque no voy pedirle a alguien que se enfrente a un régimen que no tiene escrúpulos en reprimir, como bien lo ha demostrado. No se puede pedir a nadie que tenga un alma noble y grande como Gandhi, que se tejía sus propias telas para no usar las inglesas o que, siendo abogado, se negaba a defenderse en los juicios que se le incoaban e iba a prisión después de decirle al juez que lo condenara y lo enviara a la cárcel, sentencia que él aceptaba únicamente porque obviamente el otro era el que tenía la fuerza, pero a quién él no reconocía su derecho ni su autoridad para aplicarla. Y segundo, porque no quiero facilitar las bravatas de quienes hacen llamados a la “rebelión” desde la seguridad de un teclado; algunos aseguran su disposición de participar en ella, incluso ofreciéndose a regresar al país para incorporarse a esa tarea, cosa que nunca ocurre, pues siempre habrá la excusa de que “yo me incorporo, cuando alguien lo organice… que no seré yo”

No, a nadie se le pide esta entrega y ascetismo gandhiano; o tomar una iniciativa de “rebeldía” como la que han tenido en muchos países los que se declaran en desobediencia civil contra dictaduras y gobiernos tiranos. Todos sabemos que hay sobradas formas de hacerlo; desde los casos recientes en países exsocialistas, o recordar lo que hicieron, por ejemplo, en muchos países en los años cuarenta, cincuenta y hasta sesenta, del siglo pasado, cuando obtuvieron la independencia de quienes los colonizaron durante siglos. Como parte de esa lucha por acabar con regímenes coloniales crearon “un estado dentro del estado” y la población se rebelaba contra el gobierno colonial y se sometía a las leyes, al sistema de justicia, al sistema escolar e incluso se casaban civil y religiosamente bajo el régimen y autoridades de los diferentes “Frentes de Liberación Nacional”, rechazando la autoridad y régimen del colonizador. (A los aficionados al cine les recomiendo ver “La batalla de Argel”, 1966, de Giulio Pontecorvo y música de Ennio Morricone, en donde esta lucha se ilustra magistralmente. Lo recuerdo solo a título de ejemplo)

Pero mientras nada de eso ocurra, usar el término “cohabitación” para calificar las acciones de los demás, no deja de ser un mero recurso retórico, efectista, de naturaleza politiquera, algo demagógico, con el que se persigue ofender o humillar, pero nada más.

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