A la memoria de Américo Martín, político, demócrata y amigo. Descansa en paz, Américo.

El camino hacia las elecciones del 2024, pedregoso, presenta al menos tres dificultades graves. La selección de un candidato único, por un mecanismo aceptado por todos; la unidad de los partidos, previa revisión, legitimación o reorganización de los mismos y sus líderes; y una oferta electoral, propuesta o programa, que entusiasme al país.

Sobre la selección del candidato no hemos tenido nunca mayores dificultades, porque al final, no importa si los partidos se ponen de acuerdo o no para presentar un candidato, o si aparece alguno, que se lanza “porque sí”, porque la polarización y que la gente “juega a ganador”, lo ponen en su sitio y terminamos teniendo un solo candidato opositor, con relativo chance. Otra cosa es la segunda parte de la afirmación: Que ese candidato sea seleccionado “por un mecanismo aceptado por todos”, pues en eso no hemos sido tan asertivos y probablemente ello ha influido −entre otras razones, quizás de mayor peso− para que ese candidato no sea tan exitoso. Pero no voy a repetir lo que ya dije en mi artículo de hace dos semanas.

También dejo para una futura ocasión el tema, nada fácil, de la “oferta electoral, propuesta o programa, que entusiasme al país”, que si bien no nos han faltado propuestas, es evidente que no han cumplido la condición de “entusiasmar al país”, porque si hubiera sido así, estaríamos hablando de otra historia. Por lo tanto, me voy a concentrar ahora en el tema peliagudo de “la unidad de los partidos, previa revisión, legitimación o reorganización de los mismos”.

El tema de la “unidad” no es para mí el centro del problema, pues de nuevo, como la gente “juega a ganador”, el que se sale del guion lo paga caro. Además, vamos a hablar claro, nadie en sus cabales va a oponerse a la unidad; quien lo haga no tiene futuro político; otra cosa es que no sea nada fácil lograr ese “cemento mágico” que una a la mayor cantidad de gente posible; pero al menos, la “unidad”, básica, superficial, de forma, la electoral, ha estado siempre más o menos garantizada; al menos para una elección presidencial, que es la que se nos viene en el 2024; otra cosa es que se logre para otros procesos: regionales, locales o parlamentarias, −aunque para estas últimas en 2010 y 2015 no lo hicimos nada mal−, lo complicado es la unidad en una propuesta para reconstruir el país.

El tema de la reorganización de los partidos, su renovación y la de los líderes, es la otra cosa realmente complicada. En los últimos días, varios líderes han hablado acerca del “envejecido” liderazgo político y varios partidos han anunciado que están en ese proceso de “reorganización interna”, de “elecciones por la base” o proponiendo “rutas de salida”; pero el problema es que lo que está totalmente “enrarecido” es el ambiente político, el del país como un todo, con relación a los partidos, los líderes políticos y la política, e incluyo allí a los seguidores del régimen, que tampoco las tiene todas consigo, según admiten varios de sus “connotados” y conspicuos voceros. ¿Serán suficientes esas reorganizaciones en camino? ¿Servirán, ahora sí, para llenar la fosa que hay entre partidos y sus lideres, con el pueblo venezolano? ¿Se atreverán a romper con los esquemas de partidos de masas y de cuadros, propios de finales del siglo XIX y principios del XX? ¿Darán una respuesta a los miles de militantes de la sociedad civil, que han preferido refugiarse en sus pequeñas organizaciones −limitadas y dispersas como los partidos− para tratar de hacer política? Hay recelo en que éste sea el momento para eso, pero qué duda cabe que sí hay que iniciarlo en algún momento.

Tenemos más de cuarenta años, desde finales de los 70 del siglo pasado, en este proceso de escabechina de líderes y partidos; y francamente, yo no creo que hayamos llegado todavía a un compromiso serio para el proceso de renovación de partidos y líderes −que nadie discute su necesidad− porque si existiera ese compromiso serio por cambiar el medio político o el ambiente político venezolano, muchos de los que los critican hace tiempo que se habrían metido a hacerlo: Militando en organizaciones políticas, creando nuevas organizaciones, actualizando permanentemente las que existen, etc.

El problema es que una de las terribles características de los venezolanos que tenemos algo de instrucción −y no hay nada peor que tener solo “algo” instrucción− es que tenemos la peculiar costumbre de saber que deben hacer los demás, para nosotros hacer lo mínimo o no hacer nada. Siempre ha sido más cómodo dedicarse a los negocios, a la actividad profesional, a la docencia, a militar en organizaciones de la sociedad civil − dispersas y atomizadas, pero manejables− o a disparar desde la cintura cada vez que nos provoque.

Además, quedamos muy bien, porque eso de criticar a los políticos y los partidos siempre ha estado de “moda” y es muy seguro; no hay que probar nada, pues “todo el mundo sabe que eso es así” y además nadie te va a responder ni a desmentir; y si alguien lo hace, no importa, porque en este país a nadie se le ocurre rectificar o pedir disculpas por dar falsa información o difamar.

La desadaptación de los partidos, sus líderes y su inocultable problema de desarraigo con respecto a la población venezolana y sus problemas, es un tema viejo, que se remonta a finales de los años 70 del pasado siglo y tuvo su eclosión en 1993, cuando resultó electo para un segundo periodo presidencial, Rafael Caldera, quien llegó al poder con el 30% de los votos, prescindiendo del partido social cristiano, que él mismo fundara, y a través de una alianza de mini partidos, varios de izquierda, que se autodenominaban el “chiripero”.

Durante su periodo presidencial, 1993-1998, se profundizó la decepción con los partidos tradicionales y surgió una nueva fuerza en el país: el chavismo, que se presentó y triunfó en las elecciones de 1998, en medio de un país totalmente polarizado y dividido en tres frentes bastante simétricos: el chavismo, que obtuvo 3,6 millones de votos, la oposición con 2,8 millones; y sorpresivamente la abstención, como fuerza mayoritaria pues más de 4 millones de venezolanos dejaron de ir a las urnas.

La opción triunfadora, el chavismo, era en ese momento amorfa de contenido ideológico; tras un líder, Hugo Chávez Frías, con una oferta política, mezcla de demagogia y populismo, que un día se presentaba como un Savonarola de la política, que amenazaba a los “corruptos” con freír sus cabezas en aceita; otro día aparecía aliándose con partidos de izquierda; y otro, invocando una especie de “tercera vía”, al estilo Tony Blair; pero, siempre cruzando el rio, bien montado sobre el caballo de la antipolítica.

A ese “fenómeno” los partidos tradicionales, en su momento y aún hoy, no han sabido salirle al paso, tratando de combatirlo electoramente con alianzas tradicionales poco exitosas, que han dejado en el camino muy maltrechos a los partidos tradicionales y a sus líderes. No repetiré lo ya dicho; pero, como quiera que es un tema en el que hay mucha tela que cortar, en la penosa situación de silencio que lo rodea, concentrémonos en un pequeño trozo de esa tela: La “fórmula” para renovar el liderazgo opositor.

En noviembre de 2021 surgió una propuesta para acometer esta renovación de la dirigencia opositora, cuya abanderada fue M.C. Machado: Proceder a una Elección Popular, sin CNE, −obviamente−, para elegir por la base la nueva dirigencia opositora, la que se pondría al frente de una única tarea: Salir de este régimen de oprobio.

Según dicen algunos, aunque confieso no haberlo visto, la propuesta Machado tuvo “gran aceptación”; al menos, debo decir que, salvo contadas excepciones, nadie se pronunció públicamente en contra y las críticas a los términos de la misma han sido bastante tibias; a lo mejor es porque no hay “términos”, que hayan sido expuestos de manera concisa y clara; porque si bien se habló de una “Elección Popular”’, después se ha “matizado” señalando que no se trata de unas “elecciones primarias”, sino de un “proceso popular”, sobre el cual no se han ofrecido mayores detalles: ¿Cómo?; ¿Cuándo?; ¿Características?, ¿Quién lo organiza?; y sobre todo, ¿Quiénes participan?; ¿Podrán participar en el proceso también los partidarios del régimen? Y si eso es así, ¿Cómo evitar que ellos −que obviamente tienen una mejor y demostrada capacidad para organizarse−, no sean los que decidan quienes serán los dirigentes y lideres de la oposición? Obviamente, estoy consciente que mis interrogantes pueden ser triviales, pero no descabelladas y sé que soy “vocero”, sin que nadie me lo haya pedido, de muchas personas en el país, preocupadas por el devenir político opositor.

Lo cierto es que nadie −o muy pocos− se han atrevido a criticar la “propuesta Machado”; probablemente por tres razones; primero, porque creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario una renovación total de la dirigencia opositora, pendiente desde hace muchos años; es obvio que la actual no ha sido exitosa en su desempeño político principal: Sumar voluntades para lograr una salida política a la crisis en la que estamos sumidos; segundo, vamos a ser sinceros, porque nadie se enfrenta a MCM; y tercero, porque en mi opinión no se ha predicado con el ejemplo; el primer partido en renovarse de esta forma debió haber sido el partido que fundó, organizó y en el cual milita la proponente; y eso, que yo sepa, no ha ocurrido.

Los proponentes, aunque no mucho, sí han dicho algo: Que eso hay que construirlo entre todos −que es otra forma de decir, que nadie se hace responsable− y que eso no es por casualidad, sino por diseño; que, deliberadamente, la propuesta fue concebida y planteada de esa manera, para que algún grupo, equipo humano o dirección colegiada de gerencia lo asumiera, aunque no sabemos bajo que directriz o inspiración, porque de eso sí es verdad que no se ha hablado. Pero, los que son el objeto de la propuesta, los partidos y los líderes, tampoco han dicho nada. Quizás en el discurrir de los días, asomen algunas propuestas o se aclare más la original.

Mientras tanto, la tan deseada renovación de la dirigencia partidista y la estirpe del liderazgo opositor −como nos recordó García Márquez− parecen condenadas a pasar sus cien años de soledad, de los cuales ya llevamos más de 40; siendo los 23 últimos, los más penosos.

Politólogo

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El tema de las elecciones presidenciales de 2024 es motivo de burla por parte del régimen, que parece decir: “…Yo soy tan poderoso, que me doy el lujo de poner en duda cuando habrá un nuevo proceso electoral’, provocación cínica que nos recuerda la letra del tango, “Mano a Mano”: “Como juega el gato maula con el mísero ratón…”.

En todo caso, flota en el ambiente el tema; incluso se asoman ya algunos candidatos opositores−rápidamente desmentidos por los interesados o sus allegados− y es motivo de angustia, desesperación y los consabidos argumentos en contra por parte de los sempiternos partidarios de la no participación, los negacionistas de la vía electoral.

La participación en las elecciones del 2024 implica examinar, por lo menos, tres temas: La selección de un candidato único por un mecanismo aceptado por todos; la unidad de los partidos, previa revisión, legitimación o reorganización de los mismos y sus líderes; y una oferta electoral, propuesta o programa, que entusiasme al país. Imposible por lo complejo y extenso de cada uno de estos temas, tratarlos en conjunto, los abordaré en partes, con la seguridad de que aun así quedarán muchos aspectos por fuera.

Comencemos por el de la unidad y el candidato unitario

La necesidad de la unidad para enfrentar el régimen es algo que muy poca gente discute; por eso sorprendió a algunos mi afirmación −en el artículo de la semana pasada, Camino al 2024, al calificar como mito la falta de unidad, sobre todo en lo que a un candidato único se refiere. En efecto así lo creo. La falta de unidad nos ha perjudicado para ganar referendos, curules en elecciones parlamentarias, o algunos cargos de alcaldes y gobernadores, pero nunca hemos tenido ese problema en lo que a un candidato presidencial se refiere.

Porque en las elecciones presidenciales, bien sea por acuerdo opositor o por polarización política del país, siempre hemos tenido un candidato único, con opción, al menos. Y aunque han surgido algunos que han pretendido disputar esa condición de candidato opositor al candidato “oficial”, por llamarlo de alguna manera, siempre que eso ha ocurrido, el propio pueblo se ha encargado de ponerlos en su sitio, dejándolos con una escasa votación.

Ni siquiera en la muy reñida votación del año 2013 (Maduro-Capriles), la aparición de candidatos distintos al oficialista y al candidato “oficial” de la oposición, privó a este último del triunfo; sumando todos los votos distintos a los del candidato oficial al candidato Capriles, solo se reducía la brecha en 0,24%, que aún no era suficiente para derrotar al candidato del régimen −aun haciendo abstracción que ese haya sido el resultado correcto, que es lo que creo, aunque algunos lo dudan−. Así, en el tema del candidato único, posiblemente hay que evaluar que impacto tiene, en su falta de penetración y profundidad en el pueblo, el tema de la forma en que se ha seleccionado.

En las elecciones presidenciales, desde 1998, se han enfrentado tres fuerzas, bastante simétricas: el oficialismo, que siempre ha salido victorioso; un sector mayoritario de la oposición democrática, que ha logrado oponerse con una cierta fuerza, apoyando a un candidato único; y un sector abstencionista, indiferente, engrosado a veces porque la oposición democrática decide jugarse esa alternativa. Aunque siempre ha sido un solo candidato opositor, con opción, no siempre eso ha ocurrido por decisión política de los partidos opositores, sino como efecto de la presión externa y la polarización. Veamos los casos.

– Para la elección presidencial del 6 de diciembre de 1998, el candidato único de la oposición, por efecto de la “polarización” fue Henrique Salas Römer; su designación como candidato único se logró gracias a un consenso, agónico, in articulo mortis, de los principales partidos políticos democráticos de la época, ante la amenaza del triunfo de Hugo Chávez Frías, que retiraron sus candidatos y apoyaron a Salas Römer. De esta forma obtuvo el 39,9% de los votos, un 16% por debajo de Hugo Chávez Frías. La abstención en ese proceso electoral fue del 36,5%.

– La elección presidencial del 30 de julio del año 2000 fue en realidad una prolongación de la elección presidencial de 1998, del “quino” de la constituyente de 1999 y de la aprobación de la novísima Constitución bolivariana el 15 de diciembre de ese mismo año. La oposición no tuvo un candidato “oficial” para esa elección, pero el electorado opositor se decantó o polarizó en favor de Arias Cárdenas, que logro el 37,5%, 22 puntos por debajo de Chávez Frías, nuevamente candidato oficial, quien obtuvo en esa oportunidad el 59,7% de los votos, su mejor resultado en todos los procesos en los que participó. La abstención fue del 43,6%, una de las más altas de la historia electoral del país, superada solamente en la elección de 2018, que fue del 53,9%, según cifras oficiales.

– En el año 2006, el 3 de diciembre, el candidato opositor fue Manuel Rosales, seleccionado por consenso después que varios otros se retiraran de la contienda, en favor de su candidatura unitaria; Manuel Rosales obtuvo el 36,9% de los votos, la diferencia a favor del régimen fue de 25 puntos, pero se consideró una notable recuperación de la oposición democrática, que salía además de varios años de inútil y dañina abstención electoral y del fracaso del referendo revocatorio de 2004. La abstención en esa oportunidad fue del 25,3%.

– En 2012, en las elecciones presidenciales del 7 de octubre, el candidato opositor fue Henrique Capriles, seleccionado en un proceso de primarias a la que llegaron al final cinco candidatos (Leopoldo López se retiró y declinó su candidatura a favor de Capriles). En esa elección de 2012, con un Chávez explotando la enfermedad que lo llevaría a la tumba, la diferencia con Capriles se redujo a menos de 11 puntos; Chávez Frías obtuvo el 55% de los votos, mientras que Capriles obtuvo el 44,3%. nos comenzamos a recuperar, pues habíamos tenido un buen resultado en las elecciones de la Asamblea Nacional de 2010, en donde la oposición, en realidad, tuvo una votación más alta que la del régimen −más de millón y medio de votos por encima− pero nos arrebataron muchos diputados, por la manipulación de los circuitos electorales.

– En la elección del 14 de abril de 2013, el candidato opositor fue Henrique Capriles, quien se enfrentó a Nicolás Maduro; la selección de Capriles se dio por consenso y por su aceptación del reto de enfrentar la maquinaria del régimen, con apenas un mes de preparación, tras el fallecimiento del Presidente en funciones, Hugo Chávez Frías, quien lo había derrotado seis meses antes; en esa elección, como dije más arriba, la diferencia fue de apenas el 1,49% de los votos. (Todavía hay gente hoy que no acepta ese resultado, empezando por el propio Capriles, quien ahora duda, pero en ese momento no dio el paso de retar a fondo ese resultado).

– El 20 de mayo de 2018, tras la debacle de 2017 −recolección de firmas con las que no se hizo nada, protestas con casi 100 muertos, etc. − la oposición democrática no participó en esa elección, ni en la de Asamblea Nacional de 2020.

Los hechos son claros, inútil negarlos. Hemos tenido un candidato único en todos esos procesos, no nos ha faltado la unidad, pero creo que la abstención nos ha privado de haber obtenido un mejor resultado. ¿Qué hubiera pasado si esos números de la abstención se hubieran sumado al candidato opositor y éste hubiera ganado? ¿Se hubiera respetado ese triunfo? No lo sé. Esa es precisamente la gran incógnita que nunca podremos resolver, al menos no, mirando por el espejo retrovisor. No insistiré nuevamente en el tema, baste recordar que la abstención siempre ha estado por encima del 20%, y ha sido un factor decisivo. Pero no el único.

Eso nos lleva, a la necesidad de evaluar otros factores. Por ejemplo, ¿Por qué en la definición de una política frente al tema electoral no se ha logrado la misma unidad que para definir un candidato? ¿Por qué no hemos dado con un mensaje −propuestas y planes hemos tenido− que haya logrado, por una parte, romper con la coraza de indiferencia de quienes se abstienen y por la otra, convencer de su error a aquellos que tras 23 años de fracasos y miseria continúan votando por el régimen?

En la falta de “penetración” del candidato han jugado seguramente un papel importante los partidos políticos y sus líderes, como “equipo” que acompaña a ese candidato, que tampoco han demostrado tener la penetración y aceptación popular suficiente. De allí que el tema, que muchos claman, de la necesaria reorganización y actualización de partidos y líderes, sea un tema primordial a ser analizado.

Politólogo

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

El motor de la política no se detiene, aunque nosotros no le hagamos caso. Eliminado otro derecho político a los venezolanos, tras abortar el referéndum revocatorio, el régimen de Nicolás Maduro se prepara para su nuevo reto electoral: las elecciones presidenciales de 2024.

Para lograr su reelección en 2024, Nicolás Maduro irá eliminando obstáculos que se le interponen en su propio entorno; irá aumentando la intimidación hacía sus oponentes y comprando apoyo de sus socios de negocios, seguidores y cómplices. Con simuladas negociaciones internacionales, con falsas aperturas, con cierta flexibilización −siempre que no pongan en peligro su dominio y control− tratará de incrementar su credibilidad internacional, en esa afanosa búsqueda de recuperar legitimidad, que es su obsesión.

Intentará engañar al país, al pueblo, vistiendo la realidad de una falsa “normalidad”, con “bodegones” y productos importados libremente, que terminarán de destruir a la industria nacional; buscará apoderarse de una parte de esos dólares que están entrando al país producto de los ahorros de los venezolanos y de quiénes desde el exterior tratan de liberar de penurias a familiares y amigos en Venezuela. Pero no cabe duda que de alguna forma, menos libre o más simulada, el gobierno organizará unas elecciones presidenciales en 2024.

De aquí a allá, la oposición democrática tendrá que decidir qué es lo que va a hacer; esperemos que no sea continuar la absurda política de la abstención; pero, también esperemos no llegar a esa elección de la misma forma, un tanto efímera, con que hemos llegado a otros procesos electorales. Es mucho lo que tenemos que ajustar en estos dos años y medio que faltan para llegar a ese proceso y tener alguna oportunidad, que hoy luce difícil e improbable.
Sabemos que en todas las elecciones desde 1999 hubo abusos, utilización de recursos del estado en favor del candidato o las opciones del régimen, trampas, saqueo de las arcas públicas, ventajismo, etc. pero nada de eso cambia los resultados y lo que sabemos de las estrategias de ambos sectores, en materia electoral. Vistos los resultados, la discusión siempre llega al punto de si vale o no la pena continuar con la estrategia de participar en los procesos electorales; y siempre la repregunta es: Y si no es así, ¿cuál es la otra alternativa o alternativas, a nuestro alcance y que estemos dispuestos a implementar?

En lo que a mí respecta creo que la estrategia de participar en los procesos electorales es la que le ha rendido mejores beneficios a la oposición y más daño le ha hecho al régimen, de allí su empeño en controlar esos procesos y estimular la indiferencia de los votantes y el desmembramiento y división de la oposición.

Además sabemos, pues lo vivimos desde el paro del 2002 y 2003, lo vivimos en 2014, 2017 y en 2019, que no tiene ningún impacto en el “ánimo” del gobierno, ni le afecta en su desempeño que salgan a manifestar en su contra cientos de personas, miles de personas o millones; eso no los arredra, ni atemoriza, simplemente lo desconocen y siempre dirán que no es cierto, que es una fabricación “mediática”, que ellos pueden movilizar más; en otras palabras, la estrategia de enfrentamiento de calle no da resultado con un gobierno que controla la FFAA, la policía y el sistema de justicia, y no le importa reprimir, hasta el extremo que sea necesario, para mantenerse en el poder; es una pelea totalmente desigual y lo que produce en nuestro lado es muerte, frustración y deserción, de la que es difícil recuperarse.

Lo que no sabemos, pues nunca ha ocurrido, es qué pasaría si al régimen se le derrota en una elección importante, en una elección en la que esté en juego el poder. ¿Qué pasaría? Primero, ¿Saldrá el pueblo a defender ese triunfo? ¿Lo habremos preparado para eso? Segundo, ¿Saldrá la FFAA a jugársela y a reprimir el pueblo por defender al régimen? Estas son las interrogantes que yo me hago, ¿Cuáles son las que se hace usted?

Por lo tanto, la hora ha llegado de discutir una estrategia por parte de la oposición que nos saque del profundo hueco en el que parece que estamos.

Para eso debemos considerar algunos aspectos, −no solo el de la actuación abusiva, la demagogia y el populismo del régimen y las trampas, que bien sabemos que aplican− sino también las causas por las que la oposición democrática no ha tenido la profundidad y “penetración” suficiente y haya salido derrotada, salvo en muy contadas ocasiones y en procesos en los que no está en juego el poder.

Para este análisis tenemos que comenzar por descartar algunos mitos; por ejemplo, el de la falta de unidad. La falta de unidad nos ha perjudicado y quitado oportunidades para ganar referendos, en elecciones parlamentarias, regionales o locales; pero, al menos, el problema nunca ha sido la falta de unidad para las elecciones presidenciales. Si bien no siempre hemos tenido un candidato unitario, sólido, producto de un proceso de selección aceptado por todos, dificultando así la incorporación de algunos dirigentes y partidos en la campaña de difusión del mensaje, afortunadamente, la polarización del país entre chavismo y anti chavismo, ha corregido esa falla y el pueblo con su preferencia ha hecho que siempre hayamos tenido un “candidato único”, mayoritario, que se opuso al candidato oficial y por el cual se votó masivamente. Las pocas e insustanciales disidencias que se han presentado, la propia población se ha encargado de “liquidarlas” al no votar por esos candidatos.

Partidos y líderes han demostrado ser muy hábiles para “acordar” una figura que represente, por lo menos a ellos y sus intereses, en los procesos electorales; pero, a juzgar por los resultados, al parecer esa figura no representó lo suficientemente la aspiración de la mayoría de los venezolanos. Si bien, como mencioné, la forma en que hemos llegado a ese “candidato único” tiene mucho que ver con la polarización del país, la manera de designarlo más o menos tortuosa, los resultados han sido más o menos importantes, pero ineficaces. Ese es un punto a corregir.

Pero la forma de designar al candidato, que probablemente es una de las causas que explica esa falta de “penetración”, no es la única. Tampoco creo, como algunos dicen, que se deba a la ausencia de un “plan”, “programa”, “propuesta”.

De eso y de diagnósticos, hemos tenido bastantes, que nuestros candidatos, unos más que otros, han difundido en sus recorridos por el país, durante las campañas electorales; lo que debemos descifrar −en mi opinión− es ¿por qué no hemos dado con ese “mensaje” con el que el pueblo se pueda identificar y en el que se sienta representado?; ha faltado el mensaje de un proyecto que permita “perforar” el escudo antipolítico de los abstencionistas e indiferentes y la barrera que la demagogia y el populismo han creado en los sectores populares que aún se inclinan por el régimen, a pesar de la profunda crisis humanitaria en que han sumido al país.

Pero esto es un trípode y la tercera pata de ese trípode es la falta de identificación y la desconfianza del pueblo venezolano con los líderes y los partidos democráticos y tradicionales −y en general con todos los partidos−.

Los resultados electorales, las encuestas, periodistas, analistas políticos, y toda la pléyade que habla sobre política en el país, repiten hasta el cansancio lo del agotamiento del liderazgo opositor, el rechazo que parece suscitar en el ánimo popular y que impide superar las barreras para que ese proyecto opositor, ese plan, ese mensaje, por parte de candidatos y partidos opositores tenga calado suficiente para emocionar al país y sacarlo del marasmo en el que se encuentra. Este tema, que algunos identifican como “antipolítica”, se exacerbó en los 23 años de este régimen, pero su origen esta más atrás y está pendiente de revisar desde hace ya más de cincuenta años y que ya se hace ineludible que lo hagamos.

Con votos, simplemente, no se va a resolver esta situación, eso está claro. Un candidato único, con un “programa”, son importantes, pero no suficientes para derrotar este régimen; lo importante es todo lo que está detrás de esos votos, la organización política de los más de 100 mil activistas y militantes repartidos en más de 30 mil mesas, dispuestos a cuidar ese proceso y defender el resultado; y eso no es posible desarrollarlo sin una renovación, reorganización, legitimación −o como lo queramos llamar− a fondo, del liderazgo opositor, su organización y sus partidos es imprescindible; candidato, mensaje y partidos, son un trio virtuoso sin el cual no lograremos superar la crisis.

Eso supone un profundo e impostergable proceso de discusión, para la reconstrucción del tejido político, opositor, del país, que todos reclamamos como necesario, aunque sea una tela larga y difícil de cortar. Tema espinoso, éste de la legitimación y selección del liderazgo opositor, que abordaremos próximamente.

Politólog

En 2016, ante la decisión del CNE de la época que el 20% de las firmas para el referendo revocatorio debían ser recogidas en cada Estado, aunque la circunscripción del funcionario que se buscaba revocar, el Presidente de la República, era una circunscripción nacional, publiqué un artículo que denominé: La Constitución de Plastilina (https://bit.ly/3FW6JmG), refiriéndome a que todo se podía esperar de los secuaces del régimen.

Al poco tiempo, tamaña barbaridad jurídica fue ratificada por otra barbaridad mayor, una sentencia del inefable TSJ, también de la época −tan inefable como el de ahora−, publicada el 17 de octubre de 2016 (contenida en el expediente AA70-E-2016-000074, para los que tengan la curiosidad y el mal gusto de buscarla). En dicha sentencia meridianamente expresado aparece lo que hoy recoge el CNE de turno, al definir las condiciones para la recolección de firmas, para activar un referendo revocatorio (RR); en efecto la sentencia de octubre de 2016 dice:

“La convocatoria del referendo revocatorio requiere reunir el veinte por ciento (20%) de manifestaciones de voluntad del cuerpo electoral en todos y cada uno de los estados y del Distrito Capital de la República. La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados o del Distrito Capital, haría nugatoria la válida convocatoria del referendo revocatorio presidencial.”

De paso, hay que comentar que esta sentencia del TSJ de hace seis años, contradecía una anterior: la sentencia 1139 del 5 de junio de 2002, que en ponencia del magistrado Antonio J. García García, establecía que:

“…la solicitud de convocatoria a referéndum revocatorio, se encuentra sometido a las reglas previstas en el artículo 72 de la Constitución, sin que deje ningún margen de discrecionalidad que autorice al Consejo Nacional Electoral a emitir pronunciamiento alguno sobre el mérito o conveniencia de la solicitud formulada, ni a establecer -en las normativas de carácter sub legal que dicte-, nuevas condiciones para la procedencia de la revocación del mandato, no contempladas en el marco constitucional vigente…(y) … una vez que el Consejo Nacional Electoral verifica el cumplimiento irrestricto de las condiciones mencionadas ut supra … y que un número no inferior del veinte por ciento (20%) de los electores inscritos en el Registro Electoral en la correspondiente circunscripción así lo pidiesen-, y por ende, declare que las mismas se encuentran satisfechas, correspondería a dicho órgano comicial convocar al referéndum revocatorio solicitado, fijando la oportunidad de su celebración, y organizando, dirigiendo y supervisando los comicios correspondientes.” (Subrayado mío)

De manera, que si al TSJ de 2016, no se le aguó el ojo para contradecir una sentencia del TSJ de 2002, ambos de “inspiración” revolucionaria y chavista, la actual decisión del CNE, que le da muerte al RR, no tiene ningún elemento que nos pueda extrañar.

Sabemos bien que en 2016, ni la decisión del CNE ni la sentencia del TSJ pudieron evitar que continuara el proceso y ante la inminencia de la recolección del 20% de las firmas, en todos y cada uno de los Estados, el régimen decidió sacar otra de sus armas, e hizo uso de su sistema de “justicia”, para que un grupo de jueces penales, civiles o de tránsito, sin facultades para ello, dieran por finalizada la recolección de firmas en algunos Estados, decisión que rápidamente fue acogida por el CNE de turno para suspender el proceso de recolección, a nivel nacional.

El régimen quiso curarse en salud en 2022; ya la velocidad con que el CNE aceptó la solicitud del revocatorio y eliminó el requisito de presentar el 1% de firmas necesarias para introducir la solicitud, era sospechosa; pero las condiciones finalmente definidas, desafiaron todo lo imaginable. El CNE del régimen definió unas reglas lo suficientemente leoninas para que no sea necesario recurrir a otras artimañas −aunque nadie tenía dudas de que lo hubiera hecho, de ser necesario− para parar el proceso, o más bien para abortarlo.

Las condiciones definidas por el CNE, que ya son bien conocidas, para efectos didácticos se pueden resumir así: La recolección de las firmas necesarias, 4.185.997, debía realizarse el pasado miércoles 26 de enero, solo cinco días después del anuncio de las condiciones, con un software sin auditar, sin tiempo de nombrar los testigos de las partes para velar por la “pulcritud” del proceso, debía llevarse a cabo en 1200 puntos, durante 12 horas, a razón de 5 por minuto, en cada uno de los puntos de recolección, según calculó el Rector Picón.

Ya no viene al caso evaluar otros aspectos, pero por mera curiosidad y puro divertimento no puedo dejar de hacerlo con respecto a los 1.200 puntos de recolección, que se dieron a conocer el sábado 22; por ejemplo, en algunas zonas, claramente opositoras de Caracas, no hubo centros de recolección (El Cafetal, Santa Mónica, los Chaguaramos, Colinas de Bello Monte, Altamira, La Castellana); en todo el Municipio Sucre, que tiene más de medio millón de electores, no hubo un solo centro de recolección; solo había dos en Chacao, uno en el Hatillo, otro en San Antonio, cinco en Baruta, dos de ellos en las Minas de Baruta y uno en Carrizal. Por supuesto no hubo uno solo en el exterior, con lo cual se privó de ese derecho a más de cuatro millones de venezolanos, con derecho a voto, que hoy viven fuera de Venezuela.

Es obvio que el régimen se quería asegurar de la imposibilidad de recoger las firmas, pero por si acaso y dada la manía de las instituciones del régimen de usurparse unas a otras, el CNE actual, usurpando las funciones de la Sala Constitucional del TSJ de interpretar la norma constitucional, nos advierte de otra disposición en la que afirma e interpreta que en el caso de que no se pudieran recolectar las firmas con sus leoninas condiciones:

“… dará por finalizado el proceso, con lo cual se activará la previsión constitucional que establece que solo podrá hacerse una solicitud de revocación durante el período para el cual fue elegido el funcionario”.

Por cierto, esa disposición de no repetir un referendo para una misma materia, en un mismo periodo constitucional, no se aplicó en 2009, cuando Hugo Chávez Frías solicitó la enmienda constitucional para la reelección indefinida, a pesar de que eso ya se había negado en el referendo constitucional del 2007. Más descaro imposible; pero, que nadie diga que no sabíamos que iban a hacer cualquier marramuncia o triquiñuela. Lo de la amenaza implícita de que pedirán al CNE la lista de nombres que solicitasen el revocatorio, no es más que un “colorido” recuerdo de aquella infausta “Lista Tascón” con la que el régimen persiguió y acosó a miles de venezolanos, tras el referendo de 2004. No agregó nada nuevo, solo ratificó el carácter fascista de este régimen de oprobio. De allí que los que se acercaron el día 26 a firmar la solicitud del revocatorio se les intimidará, rodeándolos de soldados y milicianos, y se les pidiese, además del número de la cedula de identidad, el teléfono y la dirección; inequívoca señal de discriminación política, preludio de la persecución que el régimen pudiera desplegar.

Por otra parte, el CNE del régimen nos recuerda que una de las características, no intrínsecas, sino circunstanciales, de la Constitución Bolivariana es que es como la plastilina: “flexible”, moldeable, adaptable. Concebida por el régimen de Chávez Frías para reemplazar a la que él llamó la “moribunda” de 1961, sobre la cual juró, la de 1999 −la “mejor del mundo”, según los capitostes mismos del régimen− se suponía que iba a dar sostén al “proceso”; pero, son notables y muy significativas las violaciones que ha sufrido en su ya no tan corta vida como Constitución.

A pesar de lo que dice la Constitución bolivariana, los venezolanos no tenemos derecho a elegir, pues el régimen manipula a su antojo los procesos electorales, los adelanta, los retrasa, cambia las circunscripciones, los separa, los junta, etc.; tampoco tenemos derecho de asociación, pues los partidos políticos son perseguidos y secuestrados; ni derecho a libertad de expresión, pues el régimen persigue a quienes se expresen libremente, como atestiguan los medios de comunicación cerrados, los periodistas perseguidos y los cientos de presos políticos; ni derecho a una identidad, pues no emiten pasaportes ni documentos de identidad de manera oportuna y suficiente; y así pudiéramos seguir mencionando derechos conculcados. Hoy es también patente que tampoco tenemos derecho a revocar el mandato de los funcionarios elegidos, a pesar de lo que establece el artículo 72 de la Constitución Bolivariana.

Haciendo memoria y recordando eventos, la venezolana tiene el poco envidiable registro de ser la única Constitución, que yo sepa al menos, que ha sido violada “intrauterinamente”, pues no había nacido aun, es decir, no había entrado en vigencia, cuando aquella Comisión Legislativa de infausta recordación, llamada también “Congresillo”, que sustituyó a la Constituyente, comenzó a violarla, designando cargos de Fiscal, Contralor, Defensor del Pueblo y otros, a “dedo”, sin cumplir con los pasos, procedimientos y requisitos que ya demandaba la novísima Constitución. Tras esos actos contra natura, según el cual el padre viola a su hija aun no nacida, ¿Cómo habría de sorprendernos que hoy esté desbocada la cadena de violaciones de derechos políticos y humanos?

Sin embargo, ante el hecho cumplido de la muerte del RR2022, además de denunciar firmemente la violación de un derecho constitucional más, de reclamar por los solicitantes la nulidad ante el TSJ de las normas inconstitucionales del CNE −sin esperanza, simplemente para que quede el registro de la violación del derecho− debemos considerar cómo sacar provecho de este nuevo error del régimen, el segundo en poco tiempo; el primero fue repetir las elecciones en Barinas, que le permitió al pueblo barinés librarse de la nefasta hegemonía de la dinastía Chávez, que los sojuzgo por 22 años y de paso dar importantes lecciones al país sobre la importancia y efectividad de la unidad, el valor del voto y de la movilización popular.

Corresponde ahora, sin esperar, prepararnos para contiendas pendientes, la negociación en México y las elecciones presidenciales de 2024, que será inevitable que se convoquen. Desde luego, ese no será un acto simplemente electoral −ninguno lo es y haberlo olvidado es un error que estamos pagando−; para enfrentarlo, de manera diferente a como lo hemos hecho hasta ahora, a juzgar por los magros resultados, debemos acometer la reorganización de nuestros partidos, rescatar los que tienen secuestrados y a los presos políticos; renovar nuestra dirigencia opositora; concretar una unidad política, como ya se ha hecho en el pasado −en 2015 y en Barinas, por ejemplo−; organizar a la gente para la resistencia y para que obtenga reivindicaciones que mejoren su nivel de vida, mientras logramos que desaparezca este régimen de oprobio.

Hay suficientes cosas que hacer, sin tener que lamentarnos por el RR, después de todo su fin estaba cantado. Vamos a denunciarlo, como una violación más a nuestros derechos, como un nuevo ejemplo de nuestra Constitución de plastilina, pero vamos a ahorrarnos discusiones y disputas sobre él, que solo nos iban a conducir a mayores divisiones y frustraciones y concentrémonos en organizar a la oposición para las jornadas políticas que nos vienen, con una unidad sólida, con candidatos con el mayor consenso posible o producto de elecciones primarias y con un plan compartido para el rescate del país.

28 de enero 2022

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El resultado de las elecciones en Barinas disparó muchas elucubraciones e inquietudes. Es mezquino desconocer el esfuerzo del pueblo barinés, sus militantes y activistas opositores, afirmando que el triunfo se debió a un descuido o a la magnanimidad del régimen que permitió que ganara la oposición; pero es también un error tratar de extrapolar ese resultado, o el de cualquier otro Estado, más allá de las fronteras del mismo.

En ese microcosmos que es Barinas, el pueblo barinés demostró que, bajo unidad política, el voto puede ser eficaz para tomar revancha cuando le hacen trampa y para sacudirse de una tiranía familiar, feudal, que asoló los recursos del Estado durante 22 años. Barinas es un buen ejemplo del papel de la unidad, del voto, de hacer campaña política “casa por casa” y “cara a cara”, pero hasta allí, dar un salto para proyectar la cifra al país, es un buen deseo, una esperanza que todos tenemos, pero nada más.

Y sin embargo…, el “viento barinés” levantó otras polvaredas; dejó en carne viva algunos temas que son considerados tabú en la política venezolana; tabú no en el sentido de que son temas prohibidos, sino que no se enfrentan, de los que no se habla pública y abiertamente, sino en corrillos y de manera disimulada, pues nadie se quiere “rayar”. Por eso los llamo temas tabúes y son muchos: la unidad, la renovación de partidos y dirigentes, las negociaciones con el régimen y un largo etcétera; pero solo me referiré a dos: el referendo revocatorio y la elección presidencial de 2024.

Para algunos es natural pasar de las lecciones de Barinas −la unidad y el voto como instrumentos políticos eficaces− a la posibilidad de embarcarse en solicitar la revocatoria del mandato de Nicolás Maduro, posibilidad perfectamente constitucional y que se abrió justamente un día después de las elecciones de Barinas, el 10 de enero de 2022. Para mí, ese paso, tan natural para algunos después de Barinas, no es tan sencillo.

Y no me refiero a los argumentos jurídicos a favor (la falta de legitimidad de las elecciones presidenciales de 2018, el basamento constitucional, lo insoportable e injusto de mantener esta situación de miseria en el país, etc.) o los argumentos en contra (cómo revocar a quien no es presidente legítimo, lo ajustado del tiempo, la aún escasa unidad política, etc.), me refiero a la eficacia política de esa opción, la cual analicé en mi artículo de la semana pasada: ¿Barinas significa Referendo Revocatorio? (https://bit.ly/3rjNCO1) y que se puede resumir de la siguiente manera:

• La resistencia que pondrá el régimen, que ve una amenaza real y posible de ser revocado
• A menos que se modifiquen las normas actuales, se presentan dificultades para reunir el 20% de las firmas en algunos Estados, en los cuales las opciones no oficialistas no alcanzaron esa cifra en las elecciones del 21N
• Las dificultades para garantizar que el 25% (aproximadamente 5 millones 290 mil) concurra a expresarse en el proceso y de reunir más de 6 millones 400 mil votos para revocar, habida cuenta además que hay unos 4 millones de votos en el exterior, de los cuales, hoy, solamente tienen derecho a votar menos de 109 mil venezolanos, que además difícilmente podrán votar en un proceso que no debe pasar de diciembre de 2022.

En favor de esta opción hay sólidos argumentos y voces muy autorizadas −entre ellas la del Padre Ugalde− que dicen que no es posible, por justicia, no hacer cualquier esfuerzo por librar al pueblo venezolano de la ignominia y miseria de este régimen. De mamera que, no me pronuncio ni rechazo el esfuerzo que algunos quieren desplegar para revocar el mandato de Nicolás Maduro, todo lo contrario, alabo ese y cualquier otro esfuerzo por salir de este régimen, simplemente señalo dificultades que no son menores y que se deben considerar en pro de la eficacia política −ya tenemos la experiencia que la oposición democrática no siempre la toma en cuenta− y para evitar un nuevo proceso de frustración de la población opositora que nos retroceda más en la desesperanza, que es lo que siempre busca este régimen.

Frente a ésta algunos le contraponen otra opción, sin que sea válido hacerlo, pues perfectamente pueden darse las dos, pero que es un tema igualmente tabú, cerrado a la discusión abierta: la elección presidencial de 2024.

Buena parte del tabú de esta otra opción, el que no se discuta franca y abiertamente, viene dado porque nadie se atreve a insinuar a vastos sectores de la oposición −sobre todo a los más radicales y las “doñas de El Cafetal” − que es necesario esperar hasta 2024, aguantar casi tres años más, para hacer cualquier intento por sacudirse de este oprobioso gobierno. Nadie, ningún político, analista, periodista, empresario, dirigente, se atreve a afirmar eso, pues quien lo haga es automáticamente execrado, tildado de traidor, colaboracionista, vendido, −o lo que es peor, pro régimen− y sin embargo esa es la alternativa que luce más plausible y probable.

Cuando alguien lo insinúa, tras los ceños fruncidos e insultos ahogados −o abiertos−, quien logra hacer de tripas corazón y disimular que la razón de fondo es que no soporta este régimen ni un día más −algo que es perfectamente comprensible− salta con el argumento o racionalización de que no es posible plantearse ir a una elección presidencial en 2024, pues implica “legitimar”, reconocer como válida la elección de Nicolás Maduro en 2018.

Este argumento de la falta de “legitimidad”, para negar la elección presidencial en 2024, me parece un argumento de retórica baladí, de supuestos principios, con que arroparse para no hacer nada o evadir una situación real. Igual argumento aplicaría para quienes proponen el referendo revocatorio este año: Si ir a las elecciones del 2024 es legitimar las del 2018, de igual manera, ¿Cómo se revoca a quien no es presidente?; si pagar impuestos e IVA o aceptar un pasaporte de una autoridad a quien se considera ilegítima no espanta a nadie, ¿por qué habría que rasgarse las vestiduras por participar en un proceso electoral contra una autoridad que se considera ilegítima o reconocer que gobierna de hecho y por la fuerza y se busca revocarlo?

A riesgo de ser calificado como “colaboracionista”, debo destacar lo que no podemos cambiar, por carecer de la fuerza para ello, al menos por el momento, es que Nicolás Maduro gobierna de hecho al país; y no se trata simplemente de que responda el teléfono desde Miraflores, sino que es reconocido por varios países muy activos en la geopolítica mundial, es apoyado por la fuerza armada y controla todas las instituciones y poderes del Estado; en consecuencia, y tal como ya ha ocurrido en el pasado, en 2024 habrá una elección presidencial −salvo que algo inesperado ocurra− con participación de la “oposición ad hoc” del oficialismo, sea que la oposición democrática participe o no. Por mucho que no nos guste y nos pese, éste es un escenario que no podemos obviar ni evitar, aunque nos rasguemos las vestiduras con algunos “principios” abstractos. Toca decidir si se participa o no y cómo −en un evento que se va a dar de todas, todas− a diferencia de un proceso revocatorio, que es algo que hay que promover y lograr.

Sin embargo, el revocatorio y la elección presidencial en 2024, no son los únicos temas difíciles que la oposición democrática tiene que enfrentar. Hay otros temas igualmente espinosos, de los cuales debemos ir hablando, como por ejemplo: la necesaria renovación de la dirigencia y de los partidos políticos; la necesidad de luchar por rescatar a los partidos que fueron secuestrados por el régimen y entregados por el TSJ a quienes no son sus legítimos representantes; la unidad y relación entre las distintas fuerzas opositoras −la democrática, la exchavista y la “alacrana”− para enfrentarse al régimen y lograr una ruta política común; la posibilidad de organizar un proceso de primarias para elegir un candidato a la presidencia, sea que se llegue a una elección por revocatorio, negociación o esperando al 2024; la necesidad de organizar la resistencia del pueblo al régimen para lograr algunas reivindicaciones inmediatas que mejoren la calidad de vida; la necesidad de luchar por libertades fundamentales, como la de expresión, la de asociación y la libertad de los presos políticos; y dejemos hasta aquí esta lista que se llena con muchos temas más, todos urgentes e importantes que han sido sistemáticamente evadidos por nuestra dirigencia política; esperamos que haya sido por estar ocupados en otros más urgentes, pero se va acortando el tiempo que obliga a confrontarlos.

En todo caso, “revocatorio ya”, o “esperar la elección presidencial en 2024”, esa dupla de temas, forman el tabú más grande que confronta actualmente la política venezolana. Lo importante es que se abra sin prejuicios la discusión de los dos temas inmediatos, el revocatorio presidencial y las elecciones presidenciales de 2024. Y lo más importante, cualquiera que sea la decisión que se adopte, ahora sí, no se puede olvidar las lecciones de Barinas: debe ser una decisión unitaria; debe procurar la movilización popular y la más amplia participación electoral; debe tener −además del objetivo común o la unidad de propósito− un candidato único, listo para después del revocatorio −que de lograrse la revocatoria del mandato, en un mes será convocada la elección− o listo para competir en la elección presidencial de 2024.

Por último, lo ocurrido en Barinas dejó sobre la mesa otra importante lección, poco comentada −apenas vi un artículo de Julio Castillo al respecto (La lección de Barinas que no se nombra, https://bit.ly/3nuI4PC) − que, además la fuerza que da la unidad y el valor del voto, se refiere al “arte de la política”, al “hacer política”, el rescate del trabajo político, que entre otras cosas, es trajinar casa por casa, cara a cara, de lo cual hablaré en una próxima entrega.

P.S. Al momento de publicar esta nota ya se conocen las “condiciones” fijadas por el CNE para el proceso de recolección de firmas del RR, que como ya dijimos presentaban enormes dificultades para hacerlo; con las normas establecidas, el proceso del RR fue definitivamente abortado; hasta puede ser un favor el que nos hicieron, ahora nos podemos olvidar del RR y concentrarnos en el otro tema tabú: la elección presidencial del 2024 y emprender tarea de reconstruir los partidos políticos, la dirigencia opositora y la resistencia ciudadana al régimen de oprobio.

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A la memoria de José Ignacio Rey, S.J., fallecido el 14 de enero de 2022, para quien: “Ser cristiano es renunciar al egoísmo y morir a sí mismo, por amor a los demás”. Descansa en paz, amigo y maestro.

Las lecciones a aprender de lo ocurrido en Barinas son bastante obvias y han sido resaltadas por una buena cantidad de analistas políticos y periodistas. Resumiendo las más importantes, y no aspiro a ser original en esto, es que el pueblo barines demostró sobradamente tres cosas: una, que es posible la vía electoral para obtener victorias que ayuden a recuperar poder y debilitar al régimen; dos, que la abstención a quién beneficia es al régimen, sobre todo, esa “abstención boba”, que nadie organiza ni le da contenido político; y tres, lo más importante, que la unidad es esencial para lograr los objetivos políticos en contra de este régimen de oprobio. Las victorias más importantes contra este régimen siempre han sido por la vía electoral, cuando se participa masivamente y de manera unida.

Quizás lo que valga la pena es resaltar algunas de las reacciones de los analistas políticos y comentaristas, sobre el tema, y sobre todo los riesgos y los peligros que podrían estar implícitos en lo ocurrido.

Lo lamentable de algunas posiciones radicales −y otras menos extremas, pero también radicales− que minimizan la importancia de lo ocurrido en Barinas y su significado, es que −además de la mezquindad− en el fondo son posiciones elitistas, que muestran un profundo menosprecio, desprecio, en la capacidad del pueblo para entender lo que ocurre políticamente en el país y cuál es su mejor opción para superar las crisis. El pueblo no es infalible, se equivoca en sus decisiones políticas −23 años de chavismo y lo que observamos en otros países de América Latina, así lo demuestran−; pero, de allí a pensar que cualquier gesto por librarse de ese error y amenaza es ignorancia o ingenuidad, es −como dije− un profundo prejuicio y menosprecio acerca de la capacidad popular por encontrar la salida a una situación que nos afecta a todos. Pero dejemos hasta aquí este tema, lamentable, y veamos algunos de los peligros que enfrentamos en la oposición, tras el triunfo electoral en Barinas.

El peligro fundamental, que ya hemos confrontado en pasadas ocasiones es el triunfalismo y lo que los especialistas en “mercadotecnia”, denominan la “extensión de la línea”, que llevándolo a la política es esa tendencia de querer extrapolar éxitos, indudables, pero parciales −en este caso locales− a otras áreas e instancias del país. De esta manera, ante la perspectiva que luce insoportable −y lo es− de aguantar hasta que se cumpla el cuestionado periodo presidencial, en 2024, no hay ninguna duda de la necesidad de buscar una vía para una salida a esta profunda crisis en la que nos consumimos, a este proceso de destrucción del país.

Surgen, de lo ocurrido el 21N en el país y el 9E en Barinas, dos posibilidades, una ineludible y otra inmediata. La ineludible es la necesidad de renovar la dirigencia política, los partidos y construir una organización popular vigorosa para resistir a la tiranía que nos agobia. La inmediata, que puede contribuir a la primera, es la opción del Referendo Revocatorio; opción que se abrió a partir del 10 de enero de este año, válida, a la mano e inobjetablemente constitucional, prevista en el artículo 72 de la Constitución. Además, es una opción que permite unificar a todo el país opositor, en un propósito único y compartido, sin disputas de liderazgo o de poder, pues no hay −al menos en lo inmediato− ningún cargo en juego.

Además, de que, bajo las propias reglas de la Constitución promovida por el régimen, se abre la posibilidad de revocarlo, qué duda cabe que la legitimidad del proceso electoral del año 2018 está en entredicho y que Nicolás Maduro ejerce la presidencia de hecho, con el apoyo de la fuerza armada y de las instituciones que controla. Asentados esos hechos básicos, hay que reconocer que la discusión de este tema es compleja y aun no se ha dado a fondo y porque el tema escapa a los aspectos meramente formales y jurídicos y se hunde en los políticos y estratégicos.

No basta que el RR sea una opción “constitucional” o suponer que será exitosa porque las encuestas muestran que el gobierno ha perdido una buena parte del apoyo popular; es necesario analizar el tema desde el punto de vista de la eficacia política. Y allí es donde hay que afinar el análisis de riesgos y dificultades. Como preludio de lo que será esta discusión, hay que decir que lograr un referendo revocatorio no es una tarea sencilla, libre de dificultades; el régimen pondrá todo tipo de obstáculos para impedir que se realice, pues de llevarse a acabo no está en juego una alcaldía o una gobernación, sino el núcleo mismo del poder.

Bien sabemos por las dos experiencias anteriores, que el gobierno se empleará a fondo para impedirlo o retrasarlo lo suficiente para que sus efectos sean nulos. En 2004 lo retrasaron un año, mientras el populismo demagógico de las llamadas “Misiones” le permitió a Chávez Frías recuperarse de la baja popularidad que el fracaso de su gestión comenzaba a mostrar. En 2016, el régimen de Nicolás Maduro, a través del TSJ y el CNE, organismos que controlaba y controla hoy, puso todo tipo de obstáculos y requisitos absurdos −contra la propia Constitución que ellos promovieron− para impedir que tan siquiera se pudieran recoger las firmas para activarlo y una vez que se dieron cuenta que nada impediría que se recogieran esas firmas, apelaron en varios Estados a jueces penales, incompetentes en la materia electoral, sin atribuciones para ello, para que detuvieran el proceso, en complicidad con el CNE; nada augura que ahora será distinto, sobre todo, porque el régimen está consciente de su falta de popularidad, del agotamiento de su “modelo económico” y que está frente a un peligro real de ser revocado por vía popular.

Además de los impedimentos, triquiñuelas y trampas que interpondrá el régimen, veamos algunos obstáculos reales, organizativos, a los que nos enfrentamos para activar un RR. Lo primero es que para activarlo es necesario reunir 4 millones 300 mil firmas, que son el 20% del actual registro electoral. Teóricamente es posible, pues en el último proceso electoral, el del 21N, que fue el más participativo desde el del año 2015, los votos por candidatos no oficialistas −que teóricamente serian votos a favor de un referendo revocatorio− fueron unos 4 millones 800 mil. Habría un margen de unas 500 mil firmas.

Pero hay una dificultad adicional, y es que −si no hay cambio en la legislación en la materia, cosa que no se prevé− ese 20% de firmas se debe recoger por Estado, y según las cifras del último proceso electoral, hay ocho Estados (Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, La Guaira y Miranda) en donde el número de votos obtenidos por la opción no oficialista, fue inferior a ese 20%. Un solo ejemplo, en el Estado Barinas, con un proceso electoral reciente y exitoso, en donde participó más del 55% de los electores, es necesario recoger 121.528 firmas, lo que significa que el 70% de los que votaron por la oposición tendrían que firmar la solicitud del referendo. En esos ocho Estados donde la votación no oficialista no supera el 20% necesario para convocar el RR, ¿Estarían dispuestos los “chavistas” a firmar para lograrlo?, es de dudar.

Si no es fácil la tarea de recoger firmas para activar el revocatorio, después, lograr los votos suficientes para revocar el mandato, es también una tarea ciclópea. Si se logran superar todos los obstáculos que pondrán y reunir las firmas para activar el referendo, para que quede revocado el mandato implica reunir el día de la votación un voto más de los 6.245.862 que, según el CNE, obtuvo Nicolás Maduro en 2018 en su cuestionado proceso electoral.

Teóricamente, a favor de intentar el proceso está la alta votación opositora, en su evento más significativo, el de la elección de la AN de 2015, que superó los 7 millones de votos, por lo que se supone que habría votos suficientes para revocar el mandato presidencial; además porque el registro electoral, desde esa época hasta hoy, se ha incrementado en un 45%, y sabemos que esa cifra está subestimada, pues el proceso de inscripción solo se ha abierto en contadas y efímeras ocasiones; sin embargo, también desde esa época hemos tenido varios procesos electorales en donde la apatía electoral y la abstención han sido altas −en 2017, 2018, 2020 y 2021− y además tenemos una alta migración o éxodo hacia el exterior de venezolanos con derecho a voto, que algunos aseguran que pasa de los 4 millones, la mayoría opositores; en este momento quienes teóricamente podrían votar en el exterior, por estar inscritos, serían solo unos 107 mil electores. Lograr que se abra el registro en el exterior y que se habiliten centros de votación donde ejercer ese derecho, no será tarea sencilla y encontrará toda la resistencia del régimen, que es quien controla los recursos para hacerlo y que puede modificar la ley y el reglamento electoral para que sea posible.

Estamos frente a un verdadero dilema. Pedir a la población que espere al 2024 para sacar del poder al régimen de oprobio y seguir sufriendo las penurias actuales, es frustrante y desmoralizante; pero emprender la difícil vía del revocatorio, que de no lograr activarlo o de no conseguir la revocatoria del mandato, puede ser un revés político más frustrante y demoledor, sin especular acerca de la significación que pudiera tener sobre la “legitimación o deslegitimación” de Nicolas Maduro, el fracaso en un evento que pretendió revocarlo. De tomar la decisión de buscar la revocatoria del mandato, será necesario estar preparados para evitar frustraciones y decepciones en la población.

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No es fácil seleccionar los hechos políticos más importantes de 2021; por lo tanto me limitaré a hacer un resumen de los mismos y referirme a aquel que me llamó más la atención y me pareció más relevante.

En el manojo y diversidad de acontecimientos políticos que ocurrieron en 2021, destaco los siguientes:

• Juan Guaidó es ratificado como Presidente de la Asamblea Nacional (AN), y por consiguiente como Presidente del Gobierno Interino.
• El Gobierno de los EEUU −del recién juramentado Joe Biden−así como el de Canadá, Gran Bretaña y otros Estados, así como el Congreso de los EEUU, reconocen al Gobierno Interino de Juan Guaidó; de igual manera la UE y el gobierno de los EEUU reconocen como legítima a la AN de 2015 y ambos, durante el año, ratificaron y establecieron nuevas sanciones contra funcionarios del régimen venezolano.
• El Parlamento Europeo, reconoce también la continuidad de la AN 2015 e indican como única solución para Venezuela la de efectuar: “elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y locales que sean creíbles, inclusivas, libres, justas y transparentes…”.
• No obstante, también se producen algunas desafecciones hacia el Gobierno de Juan Guaidó, como por ejemplo las de los gobiernos de Rep. Dominicana, Panamá, Perú y se va notando la desintegración del Grupo de Lima, que en años anteriores había brindado gran respaldo al Gobierno Interino.
• Surge una nueva alianza en la oposición democrática, más amplia y con características más incluyentes: la Plataforma Unitaria, integrada por más de 40 partidos, grupos de la Sociedad Civil y los diputados electos en 2015.
• La AN oficialista electa en 2020, instaló un nuevo CNE, con dos rectores provenientes de las filas opositoras: Enrique Márquez y Roberto Picón Hernández, pero conservando el régimen la mayoría en el organismo.
• Se inician nuevas conversaciones o acuerdos de diálogo en Ciudad de México entre la Plataforma Unitaria, incluido el gobierno interino de Juan Guaidó, y el gobierno de Nicolás Maduro; tras la firma de un "memorándum de entendimiento" se realizan tres sesiones de diálogo, hasta que el régimen de Nicolás Maduro suspende su participación en octubre, en protesta por la extradición a los EEUU de Alex Saab.
• Como mencioné en el punto anterior, es extraditado a los EEUU Alex Saab y permanecen detenidos en España Hugo Carvajal, ex jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Hugo Chávez y Claudia Diaz Guillén, ex enfermera y ex Tesorera de Hugo Chávez, a la espera de ser también extraditados a los EEUU.
• Dos importantes informes sobre la situación de derechos humanos en Venezuela fueron presentados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU; uno de ellos por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que destacó la situación de los presos políticos, la continuación de la criminalización y judicialización en contra de los defensores de los DDHH, la continuación de las detenciones preventivas y el agravamiento de la crisis humanitaria, por efecto de la pandemia COVID19; el otro, fue el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que resaltó que el régimen de Nicolás Maduro: “no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos”.
• Karim Khan, nuevo Fiscal de la Corte Penal Internacional, tras su visita a Venezuela, informa su decisión de investigar formalmente, por crímenes de lesa humanidad, a funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro
• El 21 de noviembre (21N) se realizan elecciones regionales y locales, en donde participa con la tarjeta de la MUD la alianza opositora que representa a la Oposición Democrática.

De todos estos acontecimientos políticos, sin duda las elecciones del 21N y sus resultados marcan, para tirios y troyanos, un antes y un después. Por mi parte, de raigambre optimista y que siempre veo el vaso medio lleno, los resultados de esa elección, sin ser como para lanzar cohetes, no me parecieron del todo malos para la oposición. Por ejemplo, los que dicen que el régimen tiene todo controlado y solo hace “concesiones” a la oposición, no sé cómo explicarán que “permitió” que se le escaparan de sus garras la friolera de 123 alcaldías y que más de la mitad, 63, quedaran en manos de la MUD, de la oposición democrática, que antes tenía menos de 25. Las cifras permiten todo tipo de acomodos y explicaciones, cada quien las amolda y adapta a sus intereses políticos, a su interpretación de los hechos, pero me parece que pasar de 25 a 63 alcaldías, y que el gobierno deje de controlar un total de 123, tiene algún significado, aun en un contexto de baja participación electoral.

Ese resultado del 21N fue para mí el hecho más resaltante de la política en este año, por todo lo que implica: Primero, la decisión opositora de participar en el proceso electoral y ojalá signifique que se deja atrás la suicida y perniciosa política de abstención, que solo beneficia al régimen, porque está en mejor capacidad de movilizar a sus seguidores a votar, con halagos o bajo amenaza; segundo, a pesar de la distorsión que produce la abstención, yo veo una recuperación en penetración popular de la oposición democrática, con estas alcaldías y concejos municipales que se le arrebataron al régimen; y tercero −lo más importante−, que para nadie es un secreto que la dirigencia opositora, centralista, se vio presionada a participar en el proceso electoral, por el empuje y la exigencia de las dirigencias locales y regionales de los partidos, que en conjunción con la sociedad civil, se embarcaron en una dura y desigual campaña y lograron recuperar esas alcaldías para el pueblo democrático.

Nadie espera que los alcaldes resuelvan el tema de la hiperinflación, el desempleo, la falta de producción nacional, el hambre y otros agudos problemas que acogotan a la población. No será a nivel local que se resuelva la crisis del país; pero, los alcaldes sí pueden contribuir a resolver muchos problemas cotidianos, dadas sus competencias, tal como las establece el artículo 178 de la Constitución, que invito a leer, pues no las voy a enumerar aquí. Para destacar la importancia de este resultado electoral, me basta con recordar que el alcalde y el concejal son los primeros funcionarios públicos, electos, que están en contacto con la gente y sus problemas cotidianos; además, que los gobiernos locales tienen ingresos propios, que no dependen del gobierno central.

Pero la tarea de la sociedad civil y los partidos políticos locales no concluye con estos resultados; de modo que no los pasemos rápidamente a la trastienda, pues bien sabemos que, dada la dificultad del gobierno central para controlar los ingresos y recursos de los municipios, emprendió en el pasado la persecución, destitución y encarcelamiento de los alcaldes. Toca ahora organizarse para evitar que eso pase nuevamente y también, no lo olvidemos, para contrarrestar la amenaza de una “ley de comunas” que ronda por allí, con la que se pretende, según su articulado, restar funciones y recursos a alcaldías y concejos municipales. Estas son dos de las tareas, políticas, que tiene la oposición para 2022.

Parte de los temas mencionados arrastrarán su influencia hasta el 2022 y varios muy importantes arrancarán en los primeros días del año; pero, entre todos ellos y los temas posibles que poblarán el próximo año, hay uno que quiero comentar, pues se debe estar decidiendo a finales de este año y principios de 2022 y mi próximo artículo saldrá el 8 de enero.

Y es que, tan pronto como comience el año, el 5 de enero, vence el llamado Estatuto de Transición, aprobado el 26 de diciembre de 2020 por la AN de 2015, y que dio origen al Gobierno Interino, presidido por Juan Guaidó. La discusión sobre este punto ya se está dando en este momento y seguramente se profundizará en los próximos días.

Paralelo a este tema está la discusión acerca de los aciertos y pifias del Gobierno Interino y la Presidencia de Juan Guaidó; discusión que se viene desarrollando informalmente y de manera muy dañina por prensa y redes sociales y que está lejos de resolverse. Es una discusión que entre sus aristas toca la de la estrategia opositora para enfrentar a este oprobioso gobierno; toca también el tema de la indispensable renovación de los partidos políticos y su anquilosada dirigencia, rechazada inocultablemente por muchos venezolanos; toca también la necesidad de rendir cuentas, dadas las alegaciones y discusión acerca del manejo de fondos y activos; en fin, es un tema pendiente y como sabemos, para cada una de estas cosas hay posiciones y propuestas, enfrentadas algunas y no en los mejores términos. No es el caso de reproducir ahora los argumentos de cada una.

Pero la disolución del Gobierno Interino y la presidencia de Juan Guaidó, en mi opinión, no son temas que se despachan fácilmente, dadas sus repercusiones internacionales y la posición de nuestros aliados −como los EEUU, la Unión Europea, Canadá, Brasil, Colombia y otros−, para quienes la AN legítima es la de 2015 y otros solo reconocen a Juan Guaidó, unos como Presidente Interino, otros como Presidente de la AN 2015 −única que consideran legítima−, y todos como líder de la oposición democrática. No creo que sea estratégicamente inteligente desplazar la estructura del Gobierno Interino de Juan Guaidó, sin tener claramente definida y con consenso, una estructura y una figura que los reemplace.

“Con esta entrega concluyo mis actividades por este año, que reanudaré el 8 de enero, deseando a todos unas muy Felices Pascuas y los mejores deseos por un venturoso 2022, en el que demos pasos decisivos para la liberación del país. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo a todos!”

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Con respecto a lo ocurrido el 21N caben todas las interpretaciones, pues cada quien se come como puede la sardina que arrimó desde su brasa. Aún no se ha cerrado la ventana desde donde solo se ven las culpas ajenas de lo ocurrido. Pero, pasado el sacudón de Barinas −el del TSJ y el de los candidatos−, esperando que haya cogido el rumbo para que el 9 de enero se le propine otra derrota al régimen, cabe ahora sacar algunas lecciones de lo que evidenciaron los resultados electorales.

Son muchos los temas y las lecciones que se pueden sacar de lo ocurrido el 21N, algunos ya los he tratado extensamente, como por ejemplo el fracaso de la abstención como política, aun cuando no se puede negar que fue alta; otros expresamente los pospondré para una próxima ocasión, como el de la crisis del liderazgo opositor y de la oposición democrática en general.

Este último tema, complejo, corresponderá tratarlo en breve, en las proximidades del 5 de enero de 2022, para algunos fatídica fecha, cuando vence la vigencia del Estatuto de Transición que dio origen al Gobierno Interino y la Presidencia de Juan Guaidó, que a no pocos líderes, aspirantes a serlo y sus asesores, trae por la calle de la amargura. Me concentraré en otros, de los cuales he hecho una selección

Primera lección: El régimen como minoría

La primera lección es la conciencia de la condición de minoría del régimen chavista. Siempre lo fue. Ya en el año 2004, cuando analizábamos las posibilidades de derrotar al naciente régimen −en aquel revocatorio de infausta recordación, de agosto de ese año− afirmé en un artículo publicado en Analítica que “… el llamado “chavismo” nunca pasó del 32% del electorado y de un escaso 15% del total de la población del país”. Ahora esto se confirma, no solo por encuestas, sino también en las urnas, pues el gobierno pierde millones de votos en cada elección, que se refleja en una caída porcentual cercana al 10%, en promedio, en los cuatro últimos procesos electorales.

En esta última elección −a pesar de que la prensa pro oficialista afirma que “el gobierno arrasó” ganando 20 de 23 gobernaciones−, el oficialismo estuvo por debajo de la votación del no-oficialismo, en casi un millón de votos. Además, si evaluamos cuánto representan los resultados de la votación, con respecto al total de la población y los comparamos con el año 2012 −el proceso electoral más exitoso del chavismo− tenemos que pasó de representar el 27,9% del total de la población ese año, a representar solo el 18,8% en 2021. Con estas cifras se derrumba un mito y se constata una realidad: el mito que se cae es que el chavismo tiene apoyo mayoritario en el país, pues vemos que nunca llegó a representar el 28%, ni siquiera un tercio de la población; y ahora constatamos, que pierde rápidamente apoyo popular, pues en 2021, representa menos del 19%. Con menos del 20% del país, constatado ahora en votos, domina al 80% restante, Obviamente eso solo es posible con demagogia e intimidación, a sangre y fuego.

Segunda lección: La recuperación de la oposición

La segunda lección es la recuperación de la oposición. A pesar de todas las críticas, válidas, de falta de unidad que hizo perder oportunidades; de la forma general y específica en que se escogieron los candidatos, sin elecciones primarias, sin tomar en cuenta liderazgos locales y regionales; de no haber sin presentado una propuesta claramente diferenciadora al país, para salir de la crisis y un largo y doloroso etcétera, hay que apuntar varios elementos significativos de esa recuperación de la oposición. Uno de carácter cualitativo: El abandono de las políticas abstencionistas, negadoras del voto como instrumento de recuperación de la democracia; y otras dos de carácter cuantitativo. La primera es la recuperación de fuerza electoral en lo que antes era un bastión indiscutible del régimen: Los Llanos; llegando incluso a ganar en Cojedes, estando aún pendiente Barinas, y recuperando votación en Portuguesa y Guárico; en la región llanera el descalabro del régimen fue considerable, si comparamos su votación con la votación del no-oficialismo. Pero la recuperación más notable de la oposición es que, cuando se disipe el humo de los votos y las abstenciones, en términos absolutos, quedará como resultado concreto, que se logró arrebatar al oficialismo 123 alcaldías, de las cuales la oposición democrática obtuvo 63.

Tercera lección: La solidez del sistema de votación electrónico

De niño intentaba explicarle a mi abuela, una recia inmigrante asturiana, cómo funcionaba el teléfono, al que miraba con asombro; aquel aparato negro, con una ruedita y números, que uno discaba y se comunicaba con el mundo. Hasta que un día me dijo: “No pierdas más tiempo, me basta con que funcione”. Esa misma perplejidad de mi abuela frente al teléfono la tienen muchos ahora con la “caja negra”: las computadoras y todos los artilugios electrónicos que hoy pueblan y facilitan nuestras vidas, pero que siempre han estado rodeados de mitos. Las máquinas de votación no escapan a este fenómeno y sobre ellas se han tejido toda clase de leyendas y fantasías: Que si uno marca un candidato, pero la maquina lo cambia por otro; que si la captahuella está conectada con la máquina de votación y así el régimen −porque todos estos trucos siempre favorecen al régimen− sabe por quién votas y anulan ese voto; que si cada equis votos en favor de un candidato opositor, el programa de votación otorga unos cuantos al candidato del gobierno; que si cuando se transmiten los datos, antes de llegar al CNE pasan por Cuba, Rusia o un barco que navega en el atlántico y allí los cambian para que lleguen otros resultados, etc. Es inútil explicar que todo eso es imposible tras después de las auditorías de software y de máquinas que se hacen, en las que participa calificado personal de partidos de oposición y personal de las universidades, porque cada quien sigue creyendo lo que le interesa creer.

No hay que argumentar mucho al respecto; el resultado de la votación es el que es y no se puede alterar impunemente, porque deja “rastro”, fácil de seguir y verificar, no como en el caso de las votaciones manuales, donde es fácil reemplazar actas y papeletas. Eso lo demuestran contundentemente dos acontecimientos: Uno, lo ocurrido en el estado Bolívar en 2017, cuando le arrebataron a Andrés Velásquez la gobernación, pues para hacerlo tuvieron que desconocer los resultados de las máquinas de votación e inventar los resultados de unas supuestas mesas en las que se votó manualmente y le dieron el triunfo al candidato oficialista, que fue el que reconoció el CNE y sobre el cual el TSJ −tan diligente y rápido para algunas cosas− nunca se ha pronunciado. El segundo acontecimiento que prueba la seguridad del voto electrónico es lo ocurrido en esta elección en el estado Barinas. Los resultados de la votación electrónica daban una diferencia en favor del candidato opositor, Freddy Superlano, que hasta el TSJ admitió en su sentencia y, por tanto, los “amos del poder” apelaron a impedir la recepción de tres actas de algunas zonas remotas del estado y luego, mediante su dócil TSJ, detuvieron la totalización, adjudicación y proclamación del resultado y convocaron a nuevas elecciones, tras inhabilitar al candidato ganador. Lo ocurrido después, con la inhabilitación de posibles candidatos opositores, ya es bien conocido y superada esa dificultad por los partidos opositores, como ya sabemos, solo resta esperar la respuesta del pueblo barinés, que esperamos sea contundente.

Es fácil realizar cada quien su propia comprobación en cada proceso electoral en los que se participe; una vez que el CNE publica en su página web los resultados, revise los de la mesa en la que ha votado y compruebe si coinciden los que están allí, con los del acta que usted puede pedir después de finalizado el escrutinio y la trasmisión de datos de su mesa. Desde luego no pretendo que esto sea tomado como una auditoría válida y concluyente, pero invito a todos los que dudan a hacerlo, incluso a que se tomen el trabajo de ir a alguna área más remota o dudosa y comprobar los resultados.

Cuarta lección: Posibilidad de la necesaria unidad

La cuarta lección es que en cuanto “unidad”, como objetivo político y estratégico indispensable para recuperar la democracia, no se avanzó mucho. Ciertamente el chavismo perdió el voto popular, pues obtuvo menos votos que todo lo que no es chavismo. No cabe duda que si agrupamos las cifras y si se hubiera unido la oposición democrática, representada en la MUD, con la llamada Alianza Democrática, se hubieran ganado 12 gobernaciones (Anzoátegui, Apure, Barinas, Carabobo. Cojedes, Falcon, Guárico, Lara, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia) y si a eso se le suman los votos de otros partidos diferentes al oficialismo, se hubieran agregado siete estados más (Bolívar, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo y Yaracuy). Pero, aparte de que eso ya es una lamentación y ejercicio inútil, ¿Es factible pensar que todo lo que no es chavismo, se puede unir en una sola opción? Eso es lo que no resulta fácil de lograr. Hoy por hoy es difícil pensar que se puedan unir en un solo saco, en una misma causa, todos esos partidos. Lo estamos viendo en Barinas, aunque algo se ha avanzado y esperamos que sirva de lección para el futuro.

Entre las “varias oposiciones”, como dicen algunos −aceptando que el término “oposición” define e identifica, de manera clara y sobre todo inequívoca a cada una o a todas ellas−, hay dificultades y diferencias profundas para lograr esa idílica unidad. Por ejemplo, con la Alianza Democrática −denominados por ellos mismos y otros como “alacranes” −, el obstáculo fundamental es que no es fácil considerar opositores a un sector conformado en su mayoría por los que aceptaron que los partidos que la integran fueron los confiscados por el régimen, despojados de sus dirigentes naturales, de sus símbolos, colores y recursos y entregados a disidentes de los mismos y que algunos postularon candidatos que habían sido incluso expulsados, por corruptos, de sus partidos originales. Ese sector conformó alianzas que accedieron a participar en procesos electorales −2018 y 2020− contra la posición mayoritaria, que había decidido abstenerse. No es fácil pensar que algunas de las diferencias y roces que surgieron en este proceso puedan ser dejadas de lado para conformar una unidad que enfrente al régimen. Es lamentable, pero es así.

La unidad no es un fetiche al que se adora y al que se rinde culto, es algo vivo y no significa uniformidad; la oposición tampoco debe unirse simplemente para satisfacer los gustos, la incomprensión o la ignorancia de lo que sin duda es muy importante, pero que no deja de ser una entelequia, la llamada “comunidad internacional”; o por seguir la recomendación y buen deseo conceptual y teórico de muchos asesores y consultores políticos.

Quinta lección: Victoriosa estrategia del régimen

La quinta lección es que, aunque no cabe duda que el régimen ha perdido un considerable caudal electoral y apoyo popular y electoralmente ha descendido por debajo del sector no chavista −como pudimos ver−, su estrategia de incrementar la desconfianza en el voto y de dividir a la oposición, ha sido exitosa. No lo podemos desconocer y negar. Y ese proceso continúa, pues el régimen teme, y con razón, que tras los resultados del 21N, con la avalancha de votos perdidos, que la reacción de la oposición sea unificarse en torno a la idea de promover un referendo revocatorio presidencial el próximo año. Porque eso si afecta el corazón del poder político.

Acciones como el traspaso de bienes y fuentes de ingreso de las gobernaciones a manos del ejecutivo y acciones como la ilegal y abusiva intervención del TSJ ante los resultados de Barinas, la inhabilitación de posibles candidatos opositores en esa entidad, son acciones que van en la dirección de desconocer el voto, propiciar la abstención y dividir más a la oposición, promoviendo que opositores radicales e indiferentes, se pronuncien con el consabido “te lo dije”. Y ese es uno de los temas en los que la oposición democrática debe trabajar, políticamente, con información y educación política a los ciudadanos.

Sexta lección: La utilidad del voto

Creo que la utilidad del voto para ofrecer resistencia al régimen está demostrada; no solo por los resultados numéricos, sino también por lo que hemos visto en Barinas, con el desconocimiento del ganador y después la inhabilitación de los posibles candidatos opositores.

Pero hay otra hipótesis o reflexión que quiero adelantar. Hasta ahora sabemos lo que pasa cuando se infringe al régimen una derrota electoral en procesos en los que no está en juego el poder; por ejemplo: una Reforma de la Constitución (2007), la elección de una Asamblea Nacional (2015) o una elección de gobernadores o alcaldes (2021); en estos casos el régimen reacciona utilizando y abusando del poder que tiene para intimidar, desmoralizar, desmotivar, para que no se produzca el hecho; o bien, para revertir o desconocer esa derrota. Hasta ahora también sabemos que se valen de todos los subterfugios para “modelar” resultados: retrasan o adelantan procesos, cambian circunscripciones, mueven votantes de un sitio a otro, cierran y abren centros, dificultan el registro, intimidan votantes, inhabilitan candidatos, y el largo etcétera que conocemos. También hemos visto como usan todos los recursos, económicos y represivos que les da el ejercicio del poder, para retrasar o impedir que se lleven a cabo algunos eventos, que pueden alterar el ejercicio del poder nacional, como lo que ocurrió en 2004 con el referendo revocatorio, que lo retrasaron más de un año mientras las llamadas “Misiones” hacían su tarea populista de recuperar popularidad deteriorada por la ineficacia al gobernar; o con lo ocurrido con el intento de convocar el referendo revocatorio en 2016, que lo cancelaron por vía judicial cuando se dieron cuenta que era inminente que la oposición recogiera las firmas necesarias para convocarlo.

Todo esto ocurre por el abuso del poder que tienen, cuando ese poder no está en juego, en elecciones locales, regionales, referendos o de Asamblea Nacional. Lo que no sabemos, porque no ha ocurrido de manera comprobada −fehacientemente, no en el deseo de algunos− es: ¿Qué pasaría si la derrota se la infringimos en un proceso electoral revocatorio o presidencial, cuando sí está en juego el poder? ¿Cómo reaccionaría el pueblo, despojado de ese resultado? ¿Cómo reaccionaría la fuerza armada, en caso de protestas y disturbios? ¿Cómo reaccionaría el propio régimen? Sabemos también cómo reacciona la comunidad internacional (CI) cuando se trata de procesos en los que no está en juego el poder: Lamentando lo ocurrido, con alguna declaración y solidarizándose con la oposición; pero, ¿cómo reaccionaría esa CI ante un desconocimiento −obviamente por la fuerza− del resultado de un proceso electoral en el que resultase perdedor el régimen venezolano? Y lo más importante, ya dicho, ¿Cómo reaccionarían la dirigencia opositora despojada y el pueblo venezolano? Sin necesidad de más argumentos, ese es uno contundente para insistir en la vía electoral.

Conclusión breve

Como advertí al principio, hay muchos temas que se quedan en el tintero; entre ellos el tema de la “crisis de la oposición” y del “liderazgo” opositor; crisis que no se desprende como tal de lo ocurrido el 21N, sino que lo ocurrido en éste es una consecuencia de esos dos problemas, que no acaban de ser enfrentados. Pero ese tema, ineludiblemente tendrá que confrontarse antes o en las cercanías del 5 de enero, que como dije más arriba, vence la vigencia del Estatuto de Transición y deberá tomar la Asamblea Nacional de 2015, alguna decisión política sobre el Gobierno Interino y la presidencia de Juan Guaidó.

Algunos solo aciertan a ver el mapa de Venezuela pintado de rojo, la perdida de oportunidades por la falta de unidad opositora o el éxito de la estrategia del régimen en intimidar y dividir; todo lo demás que he descrito, en particular la recuperación de la oposición y la caída de la votación del régimen que lo deja en minoría, para algunos es irrelevante o no lo creen; pero, para el gobierno estos temas sí son relevantes, si cree esas cifras y sí son motivo de preocupación; y de allí el esfuerzo que está desarrollando en Barinas para evitar que se profundice su caída y su debacle y la campaña que ya comienzan a desplegar para impedir la posibilidad de un referendo revocatorio en 2022.

En resumen, se puede hablar de un resultado, que sin ser bueno u optimo, tampoco fue malo para la oposición y refleja el descalabro del régimen. Pero esta es una conclusión incompleta si no reflexionamos acerca de: ¿Cómo crecemos si no participamos? ¿Cómo salimos de esto sin tener la fuerza y sin tratar de organizarnos y si nadie está dispuesto a venir de afuera a salvarnos? ¿El último que salga que apague la luz? Eso es lo que ellos quieren y que nos resistiremos a que pase.

Politólogo

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Desde que José Saramago, el escritor portugués, premio Nobel de Literatura de 1998, estuvo por nuestras tierras en 2005 −invitado y festejado con gran boato por el gobierno de Hugo Chávez, al que vino a dar un espaldarazo−, parece que no se despega de nuestras tierras, ni siquiera después de su fallecimiento en 2010. Al ver lo ocurrido en Barinas, me viene a la mente una de sus novelas, Ensayo sobre la Lucidez (2004), sobre la que ya he escrito algo en pasadas ocasiones.

La acción de la novela, de la que revelaré algunos detalles de su trama y desenlace −lo advierto para quien no la haya leído y tenga pensado hacerlo− transcurre en una ciudad durante unas elecciones, en las que, sin ninguna razón aparente, sin ningún estímulo externo, tras la lluvia y tormenta la gente salió a votar. Pero no votaron por los partidos tradicionales, ni votaron nulo, votaron masivamente en blanco. En la novela nadie se atribuyó el triunfo, ni celebró aquella masiva victoria, ocurrió el fenómeno y nada más.

Hasta aquí, poco se parece lo ocurrido en la novela, con lo ocurrido en Barinas, pues allí la votación no fue masiva, voto algo más del 45%, pero ganó quien menos se esperaba; sobre todo, quien menos esperaba el régimen y por lo visto y ocurrido, tampoco sus aliados “opositores”, pues fue uno de ellos quien demandó los resultados ante el TSJ.

Pero en la ciudad de la novela −y esto ya se parece más a lo ocurrido en Barinas− los amos del poder, alarmados por los resultados y amparados en cualquier subterfugio, que siempre encuentran los que ejercen el poder, repiten las elecciones una semana más tarde, con idéntico resultado: La gente acude a votar otra vez, masivamente, sin que nadie los convoque y vuelven a votar en blanco y nuevamente, sin celebración de triunfo. La novela transcurre a partir de allí narrando todas las peripecias del Gobierno, del poder dictatorial, para tratar de descubrir la conspiración que suponían está por detrás de este acontecimiento. ¿Quién ha urdido toda esta conspiración? Porque sin duda es una conspiración, se decían. Había que descubrir algún enemigo a quien hacer culpable.

En Barinas el subterfugio lo pone el TSJ −que siempre encuentra uno o lo inventa− y ordena la repetición de las elecciones, no en una semana, sino dentro de cinco, pues hay que dar chance a que los amos del poder se recuperen tras la inesperada debacle por la derrota sufrida. Pero la “ayuda” del TSJ no se limita a desconocer el triunfo del ganador, el candidato de la MUD, sino que, de paso, lo inhabilita, no vaya a ser cosa que, como en la novela de Saramago, que se repita el resultado. El omnímodo poder del régimen le permite hacer estas cosas, inhabilitar a un candidato ya electo, algo más original que el estilo “ortegiano”, el dictador de Nicaragua, que recurre a métodos más expeditos y menos sofisticados: mete presos a sus posibles contrincantes.

Pero en la ciudad ficticia de Saramago, el gobierno tiránico va más allá −como todo Gobierno tiránico− y busca conexiones y por supuesto acaba “encontrándolas”, por todas partes y entre lo que sea y se construye unos culpables, los acusa por la prensa, publica sus fotos −hemos vivido esa historia− e inicia una feroz persecución que, como también la hemos vivido, la tenemos que advertir y prevenir. Pero, pasa también en la novela que alguien decide contar la historia verdadera y logra, a pesar del estado de sitio y la censura de prensa, que ésta se publique, se difunda y se conozca; y ocurre entonces −lo que para mí es el meollo de la novela− que a pesar de que el Gobierno recoge la edición del periódico en el que se publicó, la historia verdadera comienza a circular, profusamente, en todas partes y en palabras de Saramago: “Resulta que no todo está perdido, la ciudad ha tomado el asunto en sus manos, ha puesto en marcha cientos de máquinas fotocopiadoras, y ahora son grupos animados de chicas y chicos los que van metiendo los papeles en los buzones de las casas o los entregan en las puertas, alguien pregunta si es publicidad y ellos responden que sí señor, y de la mejor que hay.” Y esa es la enseñanza clave de esta obra de Saramago, al menos una de ellas: La ciudad que toma el asunto en sus manos. Que el pueblo, la gente, solo resuelve las cosas cuando las toma en sus manos.

En la novela, al igual que con la votación, nadie asumió tampoco la gloria de reproducir la historia verdadera y comenzar a repartirla, simplemente ocurrió. Allí, con fotocopiadoras y panfletos, pues en la época en la que se escribió y transcurre la historia de Saramago, no existían las redes sociales; aquí, que las tenemos, además del chismorreo y la circulación de banalidades, también sirven para informar y facilitan enormemente la difusión de información, al igual que el cara a cara, que en un estado como Barinas, es probablemente la vía política más eficaz para informar.

En el caso de Barinas tomar “el asunto en sus manos” es aceptar el reto; explicarle al pueblo barinés lo ocurrido y ayudar a difundirlo al mundo; denunciar la inhabilitación de Freddy Superlano, que habiendo sido aceptado como candidato por el CNE, tras haber sido indultado en agosto de 2020, es ahora, después de las elecciones, rechazado por el TSJ; denunciar la maniobra de los supuestos “opositores” que se prestaron al juego y la trampa del régimen y que −tras ayudar al despojo− ahora piden “unidad”; participar en el proceso electoral convocado, con un nuevo candidato de ser necesario; arreciar la campaña en las cinco semanas que quedan antes de la elección en enero de 2022 y volver a derrotar al régimen. Obligarlos a hacer una nueva trampa, si es preciso, como en la novela de Saramago.

Lo ocurrido en Barinas nos muestra que los dueños del poder, entre sus diferentes tendencias −ya inocultables− no lograron ponerse de acuerdo y como ninguno pudo prevalecer sobre el otro, surgió una solución de “compromiso”, al viejo estilo de “ni tú, ni yo”: Unos inhabilitan a Superlano −algunos dicen que por su vinculación partidista, VP, resultaba incómodo para algunos sectores castrenses que apoyan al gobierno− y otros acceden a eliminar al actual y derrotado gobernador y candidato, incómodo también para algún sector del régimen.

La tarea de resolver el entuerto −y la sorpresa de haber perdido el estado, “patria chica”, del líder supremo− se encomienda al TSJ, esa “mano negra” del régimen, con la que el poder ejecutivo siempre cuenta para remendarse el capote y sacar las pezuñas del barro. Así como en 2015 el TSJ desconoció la voluntad popular en Amazonas y dejó sin representación a ese estado en la Asamblea Nacional durante cinco años, en esta ocasión con una decisión, más insólita y cínica, conminado de emergencia a “encontrar una salida”, tiene la desfachatez de reconocer el triunfo de Superlano −con un escaso margen, pero margen al fin, del 0,39%, algo así como 300 votos− pero lo elimina de la contienda, apelando a una desconocida decisión del Contralor General de la República, que ni el propio CNE sabia de su existencia, y ordena al ente electoral la convocatoria de un nuevo proceso.

Pero la barbaridad jurídica es de tal magnitud en esta ocasión, que no solo queda demostrado otra vez ante el país, y el mundo, la falta de independencia de los poderes en Venezuela, sino que una vez más el TSJ le pasa por encima a las atribuciones de otro poder del Estado, al asumir tareas y decisiones del CNE −eliminando un candidato aceptado por éste y ordenando convocar a un nuevo proceso electoral−, sino que de paso desconoce un indulto del propio Presidente de la República, dictado en agosto de 2020, que eliminaba la inhabilitación que pesaba sobre varios candidatos, entre ellos Superlano, que igualmente concurrieron al proceso electoral, pero cuyos casos, según el TSJ, aparentemente no ameritan la convocatoria de nuevos procesos electorales. Probablemente −o seguramente− porque ninguno le ganó las elecciones a un candidato oficialista.

Corolario y consecuencia también de esta nueva arbitrariedad, es que una vez más −aunque esto es lo que menos les importa− el TSJ y el CNE desconocen la voluntad del electorado, en este caso del barinés, expresada en las urnas el 21N.

Por su parte el CNE, obró con la misma pusilanimidad que en 2017, cuando aceptó eliminar actas electrónicas y reemplazarlas por actas de votaciones manuales, para desconocer el triunfo de la oposición en el Estado Bolívar; y ahora, presuroso, en tiempo récord, procedió a publicar el cronograma electoral para una elección convocada a instancias del TSJ, sin cuestionar siquiera que el organismo judicial menoscabara su “poder electoral”.

Pero, con lo ocurrido es imposible negar que se abrió una brecha en el bloque del régimen, un intersticio por el que es posible pasar; una oportunidad que, en el caso de Barinas, sería un grave error político desaprovechar, pues hay buenas condiciones para lograr que baje la abstención −que en ese estado llanero fue del 54%, 4 puntos por debajo del promedio nacional− y lo hemos dicho muchas veces, que cuando la abstención baja del promedio, la oposición logra triunfos.

La evidente caída electoral del régimen, que desde 2012 ha perdido 4,5 millones de votos, y que ahora tengamos unas 60 alcaldías (no cuento como nuestras las que ganaron otros supuestos opositores, hasta que demuestren, con hechos, que son de verdad oposición) ponen en evidencia la merma de su apoyo popular y es también una oportunidad para movilizar a la gente ante la inminencia de una victoria importante, que sirva de efecto demostración para continuar rescatando el valor del voto, menoscabado durante dos décadas por la tiranía, de cara a lo que pueda ocurrir en 2022, fecha en la que se abre la posibilidad de un referendo revocatorio, justamente un día después de la fecha convocada para la nueva elección en Barinas.

Es también una oportunidad, al nivel del pacto originario −ese que es necesario reestablecer entre ciudadanos y políticos−, para que “la gente tome la solución en sus manos”, de la que nos habla Saramago en su novela, y se involucre en ella.

No se trata de alentar o emprender demagógicamente aventuras populistas; pero, sí de recordar que ya van dos veces, recientes, que se sorprende a la tiranía y se le gana una elección; la primera en 2015, cuando millones salimos a votar y le arrebatamos la Asamblea Nacional al régimen; la otra ocurrió el 21N, que sorpresivamente, en el patio emblemático del chavismo perdieron la gobernación de Barinas y se vieron obligados a abrir su saco de trucos para arrebatarle la victoria al pueblo.

Si bien no es una respuesta completa, pues se trata solo de un poder local, las tareas simbólicas y aleccionadoras están allí. Al igual que en la novela de Saramago, si la gente se sacude en la esperanza, toma las cosas en sus manos, si se organiza como puede hacerlo y ya lo ha demostrado, la solución donde más importa, estará más cerca.

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Nadie puede estar sorprendido por los resultados del 21N; sucedió lo previsto y que mucha gente anticipó, es decir: que habría una baja participación; que los resultados favorecerían al gobierno; que la oposición mantendría, si acaso numéricamente, las gobernaciones que había ganado en 2017, debido a la dispersión del voto opositor, etc. El mapa del país obviamente se pintó de rojo y las fallas en el proceso que se han venido señalando por años, se repitieron, con la única diferencia −a nuestro favor− que ahora hay un testigo adicional, la Unión Europea y para algo puede servir.

El régimen, desde que se dio cuenta −hace ya casi una década− que viene perdiendo el apoyo popular, está siendo exitoso en su estrategia de mantener el poder por la fuerza y ganar elecciones, ya no con los votos de sus seguidores, sino persiguiendo y dividiendo a la oposición y restándole valor y significación al voto, estimulando la abstención; y ha contado para eso con una buena cantidad de grupos y “personalidades” opositoras, algunos que solo quieren pescar en rio revuelto, sin hacer el trabajo político correspondiente.

A pesar de algunos dirigentes políticos −cuyos videos circularon profusamente− y sus asesores, yo me voy a dedicar, después de analizar los resultados del 21N y algunas reacciones frente a estos resultados, a analizar los demonizados y satanizados temas de la “dispersión del voto” y la “falta de participación”, por decir más elegantemente que analizaré la abstención y la falta de unidad y sus consecuencias para el futuro de la oposición democrática.

Por lo complejo del tema y porque no tiene sentido de oportunidad dividirlo en dos partes, para facilitar su lectura lo he dividido en puntos que, teniendo un mismo hilo conductor, pueden ser considerados independientemente.

1. Reacciones a los resultados.

Lo más sorprendente no es que el mapa del país se pintara de rojo, ni que resaltaran una vez más las fallas en el proceso que se han venido señalando por años, ni que se arremetiera contra los partidos de oposición por participar y por los resultados; lo sorpresivo han sido algunas reacciones frente a esos resultados de la jornada del 21N.

En primer lugar, destaco extrañado la inusitada importancia que se le ha dado a un proceso, local y regional, en el que no estaba en juego el poder del país y en donde la oposición democrática venía de casi cinco años llamando a la abstención. Significa que, digan lo que digan los más agoreros, un proceso electoral es un acontecimiento político relevante y por eso vemos que hoy, tirios y troyanos, los que llamábamos a votar —e insólitamente, los que no— hablamos de un antes y después del 21N.

Otra reacción insólita son los que quieren soportar su análisis del proceso inflando cifras, dándole a algunas de ellas más importancia de la que tienen o haciendo sumas disparatadas, sumando hoy lo que no sumaron ayer y que más bien restaron. A esto me referiré más tarde, en profundidad.

Pero, los más insólitos son los que quieren “ganar” con la abstención y lanzan cifras de la misma, que van desde el 70 al 87%, sin ninguna base o dato que compruebe su afirmación; y lo más curioso es que su base de cálculo es: adivinar lo que no se vio; no vieron gente en las colas, no vieron gente en los centros, es decir, lo que “vieron” es lo que no estaba allí: “vieron abstención”, “vieron gente que no fue a votar”, vieron lo que no existe y su única base, “empírica”, de confirmación ,es que desconocen o no creen en las cifras del CNE, “que todos sabemos que miente”, dicen, pero sin aportar ninguna otra fuente de datos.

Otro hecho significativo, que llama la atención, es el cambio en el sentido de la “polarización” política. La política venezolana ya no solamente se divide en chavistas y antichavistas, régimen autoritario o dictatorial y opositores a ese régimen; sino que ahora se divide también entre opositores “negacionistas del voto” y sus enconados enemigos, la “falsa oposición”. Y está soterrada −o abierta− pelea es tanto más cruenta que la otra, pues todos sabemos que no hay peor cuña que la del mismo palo. Pero dejemos hasta aquí esta larga introducción y este tema, al que inevitablemente volveremos en alguna próxima ocasión.

2. Los resultados y algunas cifras.

Aclaro de una vez que las cifras que utilizaré son las del “diabólico” CNE, extraídas por mí de su página Web, no porque no crea que no es “diabólico” o porque les tenga mucha fe, sino porque no hay otras y los que las rechazan no han podido mostrar ninguna otra fuente, confiable o no.

Por supuesto no voy a marear a nadie con cifras −entre otras cosas porque no han sido publicadas todas− pero es necesario citar algunas, para ejemplificar y mostrar las cosas que llaman la atención. Las cifras que utilizo son las publicadas en la página Web hasta el día miércoles 24/11, que no representan el 100%, que faltan algunas, como por ejemplo las de gobernadores del estado Barinas, por lo que utilice para completar el total en ese estado, las cifras de “voto lista” por Asamblea Legislativa, que estimo muy similares a las de gobernadores.

Dicho lo anterior, lo ocurrido no me parece un mal resultado para la oposición democrática −y cuando hablo de oposición democrática me refiero a la representada por la MUD, con la cual me identifico− pues conservó el mismo número de gobernaciones; entre ellas se mantuvo Nueva Esparta y aunque se perdió en Táchira y Mérida, recuperamos Zulia y se le quitó Cojedes al chavismo; y de confirmarse las tendencias, se le arrebatará también Barinas. Pero, tal cual ocurrió en 2017, cuando nos robaron el estado Bolívar, tal parece que ese fue ahora el caso del estado Apure.

Además de esos primeros datos generales, tampoco se pueden dejar de ver algunos signos y hechos significativos; por ejemplo:

1) ¿Cómo ignorar que el chavismo sigue perdiendo apoyo popular, expresado también en votos?; en esta jornada, lo significativo no es que perdiera más de un millón de votos, con respecto a la elección de gobernadores de 2017, lo significativo es que en 2017 esos votos representaban el 32% del padrón electoral y en 2021 solo representan el 18,8%. Y con respecto a otras elecciones recientes, también hay una caída en la votación, aunque algo más leve, de 12 puntos con respecto a 2018 y 2 puntos con respecto a 2020, hace menos de un año.

2) ¿Cómo negar que en algunos de sus estados emblemáticos al chavismo le fue muy mal?; no solo perdió Zulia, Cojedes y Barinas −y Apure, aunque lo arrebaten−, sino que ganó, pero por la división de la oposición o la ayuda de la presencia de candidatos de la Alianza Democrática en Anzoátegui, Bolívar, Lara, Mérida, Miranda y Táchira; y aunque ganó cómodo en el Distrito Capital, Carabobo y Aragua, no logró arrastrar a su gente a votar, pues la abstención en esos estados estuvo rondando el 72%, en promedio;

3) Y aunque algunos se empeñen en desconocerlo, ¿Cómo negar que 59 es mayor —y en este caso, mejor— que 27?; sin duda que es mejor que la oposición, representada en la MUD, haya pasado de 27 alcaldías en 2017 a 59, en esta elección. (Lástima que no recuperamos la del Municipio Sucre, de Miranda, con Andrés “Chola” Schloeter, pero allí quedó “sembrado”).

Destaco este último punto, de las alcaldías y concejos municipales, pues eso habla muy bien de la vitalidad de algunos grupos ciudadanos y partidos en el interior del país (que no en Caracas, pues en los municipios de Caracas, incluido Libertador, la abstención, como ya dije, paso del 72%; lo que pasa es que en esos municipios al chavismo también le fue mal o peor).

Desde luego, cabe la pregunta: ¿La oposición ganó alcaldías o el gobierno las perdió?; pero no creo que sea tan importante la respuesta, pues como he insistido en oportunidades anteriores, lo de las alcaldías y concejos municipales es muy importante, no solo por lo dicho en el párrafo anterior, sino también porque:

1) el mapa de Venezuela se podría, ahora que está de moda hacerlo, pintar de otro color si lo hacemos con el resultado de las alcaldías y concejos municipales,

2) los alcaldes y los concejales son el funcionario electo más próximo al elector y a su cotidianidad y problemas; y

3) las alcaldías presupuestariamente son menos vulnerables que las gobernaciones: no dependen del situado pues tienen ingresos propios por impuestos municipales, que no pasan por la Unidad del Tesoro; son más difíciles de controlar por el gobierno central; por eso el régimen a los alcaldes los acosa, los mete presos, los obliga a exiliarse, los destituyen improbando sus memorias y cuentas; de allí la importancia de disputar y ganar también los Concejos Municipales, que además, con pocos votos se logra.

3. ¿Ganó la Abstención?

La abstención promedio en procesos de elección de gobernadores, que son las cifras que yo he analizado en varias ocasiones (la más reciente la pueden ver en https://bit.ly/2Z6hq6P), es del 46%; la de este proceso fue el 58%, es decir, 12 puntos más alta. De manera que esta abstención, aunque no ha sido la más alta de la historia, pues la de la Asamblea Nacional del 2020 fue del 69,5%, sí ha sido la más alta para procesos de elección de gobernadores y eso no se puede desconocer. Pero antes de precipitarse a responder afirmativamente a la pregunta, hagamos una reflexión un tanto más profunda, a partir de algunas cifras.

Si a los emigrantes de la llamada “diáspora” (que son más del 17% del Registro Electoral), les sumamos los “desplazados”, es decir, los que se mudaron o movilizaron hacia Caracas o hacia grandes ciudades del país −que algunos dicen que son más de millón y medio− abandonando su lugar de origen, en busca de trabajo o calidad en servicios básicos, y que no hicieron cambio de domicilio en el registro electoral y menos regresaron a votar, por problemas de movilidad, gasolina, etc. y a esa cifra le agregamos el tema pandemia, comunicaciones, etc., que desmotivó a muchos de ir a votar, nos vamos a encontrar con que esos 12 puntos de incremento de la abstención se diluyen por completo y regresamos a que el nivel real de abstención de este proceso se asemeja más al “endémico” o “histórico” de procesos electorales en el país que es del 36%, en promedio. Se entiende que para quienes apoyaron la opción de la abstención sea muy importante demostrar su éxito, pero no luce que haya sido un gran “triunfo”.

Pero, eso no es lo más significativo de la “abstención”; la verdadera discusión, la importante, es: ¿Quién va a “reclamar” ese triunfo?, ¿Los indiferentes que nunca votan?; ¿Los llamados “radicales”, que no organizaron nada al respecto?; ¿Los decepcionados del “votar para qué, si eso está arreglado” ?; ¿Los indignados de: “dictadura no sale con votos” ?; ¿Los decepcionados, viudas y huérfanos del chavismo? Ese “triunfo”, verdaderamente pírrico, probablemente tiene muchos padres, pero ninguno lo va a reclamar seriamente. Lo cual no le resta impacto y gravedad, como veremos.

4. La Unidad.

Entremos en el espinoso tema. Pasando de la tentación de responsabilizar a la MUD por todos los males del país −o de exculparla de todos− me parece importante insistir en lo que todos sabemos: Sí, se ve muy mal la situación de la oposición democrática y no dimos un buen espectáculo en materia de unidad, de selección de candidatos, de tomar decisiones a tiempo, etc.

La abstención fue alta para ambas partes, pero los abstencionistas del chavismo no votan por la oposición, se abstienen; luego, fueron los abstencionistas de la oposición los que dejaron de votar por ella y los números son claros. Aunque a algunos no les guste hacer estas mezclas de división/abstención, en varios casos fueron determinantes. Veamos algunos ejemplos:

1) En el estado Táchira, Laidy Gómez perdió por menos de 4 mil votos y el hecho objetivo es que la dispersión del voto opositor jugó un papel. Sin entrar en la discusión de asignar culpas y responsabilidades en este caso, dado que Laidy Gómez fue electa en 2017 con la tarjeta de la MUD, la considero opositora y sumados sus votos con los del candidato de la MUD, esa cifra supera con creces la del candidato oficialista, por más del 15%; y está el también hecho objetivo que la abstención fue del 61%.

2) Otro caso interesante es el del estado Bolívar; aunque la abstención allí también jugó un papel, pues fue del 63%, lo cierto es que tuvimos además tres candidatos que podemos considerar opositores: uno, el de la MUD, otro (De Grazia) por varios partidos más y un tercero (Hernández) por otros partidos considerados también opositores; con los votos de estos tres en un solo candidato se hubiera ganado un estado emblemático, no solo por el oro, los minerales, las derruidas empresas básicas; sino también porque −no lo olvidemos− en 2017 allí se le robó el triunfo a Andrés Velásquez, quien −paradójicamente− en esta ocasión, junto a su partido, la CausaR, llamó a la abstención.

3) En donde la abstención bajó del 60% y se presentó un único candidato, sólido, sin disputas internas significativas, como en Zulia, la oposición ganó; y el caso más significativo fue Cojedes, con la abstención más baja del país, 46%, la oposición ganó con una sólida diferencia de más del 10%, y con un candidato “veterano”. Por cierto, tres de los candidatos ganadores −Galíndez, Rodríguez y Rosales− son “veteranos”, ¿Tiene esto algún significado para los que denigran de los líderes y de los partidos? Tema para reflexionar.

Pero también hay que decir que, como contrapartida a eso, no cualquier análisis es aceptable. Por ejemplo, por allí andan rodando cifras y mapas pintarrajeados de diversos colores, con base en la suma −un tanto disparatada, en mi criterio− de algunas cifras, en donde se agrupan como si fueran lo mismo, todos los votos que no obtuvo el chavismo.

Creo que esos cálculos no son acertados y, además, es válido lo que algunos critican, de haberse realizado con posterioridad al proceso, ¿Por qué no los hicieron antes?, se preguntan. Pero, además, no es realista plantearse esa “unidad”. No dudo de la buena intención de muchos al hacerlo, pero hay otros casos en los que se nota una agenda política −todos la tenemos− por detrás de esa aritmética y más bien creo que, en el fondo, para muchos, es una nueva forma −y ni tan nueva− de atacar a la MUD, FAVL, Plataforma Unitaria o como se quiera llamar. Me explico.

¿Alguien puede creer que era realista plantearse, por ejemplo, en Anzoátegui, un candidato único opositor con la denominada Alianza Democrática, cuyo candidato era José Brito, olvidando todo lo que éste dijo y se dijo de él, tras su expulsión de Primero Justicia?

Sí, probablemente es válido, como ejercicio, sumar, por un lado, todos los votos del Gran Polo Patriótico y por el otro, todos los votos de la MUD con todos los demás, pero solo para ver el tamaño potencial del electorado a unificar y conquistar. Como ejercicio, está bien y como excusa para criticar a la dirigencia opositora de la MUD, también; pero, no es realista rasgarse las vestiduras con un “qué hubiera pasado si…” como algunos pretenden.

5. La MUD y el 21N.

Ciertamente los resultados del 21N reflejan una situación crítica, muy grave, e inocultable, de la dirigencia política opositora y los partidos que forman la MUD, el FAVL y la Plataforma Unitaria, sin excepción, que ameritarían un “relevo” de la dirigencia política en estas organizaciones y en el país.

Se habla de nuevas fuerzas políticas que habrían surgido de este proceso, con base en las cuales se podría dar este “relevo” y comparan los datos de este proceso entre la MUD y, por ejemplo, la llamada “Alianza Democrática” (Alianza, en adelante), conformada por los partidos que fueron confiscados por el régimen a la oposición y entregados por el TSJ a algunos disidentes y expulsados de esos partidos.

Me temo que estamos subestimando a la MUD o sobre estimando a la Alianza y otros grupos, como por ejemplo Fuerza Vecinal (FV), el partido que apoyó a David Uzcategui en Miranda, que hoy es partido nacional. Veamos estos datos:

La Alianza en efecto superó a la MUD en nueve estados: Anzoátegui, Aragua, Delta Amacuro, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta y Táchira; pero, quizás deberíamos excluir a Miranda, por las razones conocidas de la renuncia de Carlos Ocariz y su no sustitución por David Uzcategui en la tarjeta de la MUD, porque si tomamos los votos para Asamblea Legislativa en Miranda, que nos permiten analizar la fuerza específica de cada organización política, la MUD supera a la Alianza, pero es superada por Fuerza Vecinal (Uzcategui); a mí eso me hace sospechar que los “votantes MUD”, votaron entubados por Uzcategui en Miranda, tras el retiro de Carlos Ocariz como candidato de la MUD y la fuerte campaña de FV por “entubar” el voto en ese estado; pero esto es solo una especulación, no tengo manera de probarlo.

Por otra parte, la supuesta fortaleza de FV en Miranda queda algo en entredicho con la altísima abstención en los municipios caraqueños, 72% en promedio; de manera que Uzcategui con FV −y a pesar de los evidentes y cuantiosos recursos invertidos en la campaña− no logró arrastrar muchos votos en lo que se supone era su bastión principal. Y a nivel nacional el grupo de Uzcategui obtuvo 386 mil votos, por casi 2 millones de la MUD.

Otro ejemplo; en Nueva Esparta, el mayor contingente de votos a Morel Rodríguez, el gobernador electo, lo aportaron las tarjetas de FV y la de AD (Bernabé); entre ambos partidos, repartidos a partes casi iguales, está el 63% de los votos de Rodríguez. Por otro lado, la tarjeta de la MUD le aportó a Alfredo Díaz, una cantidad superior de votos que los aportados, por separado, por FV y AD (Bernabé) a Morel Rodríguez. De manera que, también en Nueva Esparta, a pesar del triunfo de Morel Rodríguez en una tarjeta diferente, el balance como fuerza partidista principal se inclina también hacia la MUD.

Por otra parte, a nivel nacional, si evaluamos la distribución partidista del total de los votos por gobernadores, notaremos que la inmensa mayoría votó en la tarjeta de la MUD, incluso en el Zulia; allí de los 593 mil votos de Rosales, 511 mil estaban en la tarjeta de la MUD, 28 mil en la tarjeta de El Lapiz y 24 mil en la de Un Nuevo Tiempo, el partido de Rosales; por lo tanto, creo que podemos tomar como votos MUD el 85-90% de los votos depositados por los gobernadores.

A nivel global, la MUD supera en más de 500 mil votos a la Alianza y en más de 1.5 millones de votos a cualquier otro grupo, que para el nivel de participación en este proceso son muchos votos. De manera que, aunque hay un manifiesto interés político de algunos grupos o personas por subestimar o desacreditar a la MUD −al G4, al Frente Amplio, a la Plataforma Unitaria, incluso al gobierno interino−, de acuerdo con los electores que concurrieron al proceso el 21N, creo que la MUD sigue siendo la primera fuerza política de la oposición. Claro, nos podemos dar topetazos con las cifras, pero están allí.

6. Cierre y Conclusiones.

Es cierto que en buena medida el régimen tiene una alta responsabilidad en los resultados de este proceso, por su campaña constante, durante varios años, por descalificar el voto y por dividir a la oposición. Pero la dirigencia opositora tiene también su responsabilidad por sus decisiones tardías y errores y sobre todo, por no haber tenido la capacidad de movilizar masivamente al país para que apoyara el proceso electoral, sus candidatos y propuestas.

No se trata de responsabilizar o exculpar a la MUD por lo ocurrido y mucho menos de culpar al pueblo por su falta de participación o por dispersar el voto. Pero tampoco podemos recurrir al sentimental y demagógico argumento que “al pueblo, pobrecito, lo tratan de culpar por lo ocurrido”. El pueblo sí se equivoca, y mucho. El pueblo latinoamericano tiene muchos años apoyando al populismo que lo ha arruinado y específicamente, el pueblo venezolano tiene 22 años equivocándose al apoyar a este régimen de oprobio que ha destruido al país. De lo que se trata, sin culpar o excusar, es de encontrar una ruta y una propuesta que movilice al pueblo para corregir ese error.

De todas maneras, es innegable que hay un cuestionamiento a la dirigencia política −al cual me sumo− que no puede ser ignorado y algunos asoman, no solo un declive, sino la necesidad de una renovación total de esa dirigencia y la forma de tomar las decisiones, incluso la manera de organizarse y de participar en los procesos electorales o de diálogo.

Además de que se cosecha lo que se siembra, los errores se pagan; y un error muy importante es haber tomado muy tarde −a regañadientes algunos y abiertamente negados otros− la decisión de participar en este proceso electoral. Y ni hablar los que cometieron el error de no retirarse a tiempo y dejar para última hora las decisiones, como fue el bochornoso caso del estado Miranda, el cual solo menciono y no voy a entrar a analizar.

Hay muchas cosas que están quedando fuera y habrá que irlas abordando poco a poco, pero voy concluyendo este análisis. Desde luego también algunos seguirán diciendo que la oposición solo obtuvo “lo que el gobierno le dejó” y que “no vale la pena perder tiempo participando en procesos electorales amañados”; con los que dicen esto, ni siquiera vale la pena discutir, no hay nada que hacer; pero, ya sabemos que nadie va a venir de afuera a liberarnos, a sacarnos las patas del barro, o hacemos nosotros lo que podamos por quebrar este régimen y hacer que los que lo apoyan, dejen de apoyarlo, o el último en salir que apague la luz.

Mientras, el deslinde tiene que seguirse profundizando. Siendo sinceros, veo pocas posibilidades de acuerdo entre los “negacionistas del voto” y los que defienden la vía electoral; o entre quienes solo plantean una salida de fuerza, interna o internacional, y los que creen en la vía institucional, mientras los primeros, sigan considerando a los segundos como traidores, vendidos, tarifados o cohabitantes con el régimen. Hay mensajes que inevitablemente dividen.

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