La agudización del colapso de la producción de PVDVSA está en proceso, en el año 2019 las exportaciones petroleras se reducirán drásticamente y con ella la capacidad de pago del país. Pdvsa perderá Citgo, los tenedores de bonos de la deuda venezolana irán tras los tanqueros de Venezuela que circulan por el mundo. Ante esta perspectiva sectores del oficialismo plantean un arreglo entre oposición y gobierno, que retome los acuerdos alcanzados en Republica Dominicana a fin de evitar el embargo.

El año próximo se agudizará el colapso de la producción petrolera lo que provocará una contracción de las exportaciones, reduciéndose sustantivamente la capacidad de pago del país. En una entrevista en un noticiero de una televisora local, el economista Luis Oliveros de la consultora Ecoanalítica, planteó que las evidencias indican que el gobierno no tiene la capacidad de pago para cumplir con los compromisos que plantea la deuda externa. El default con China y Rusia está a la vuelta de la esquina. Señaló la inminencia, el año próximo, de un embargo de los bienes de Pdvsa en el exterior Es muy probable que se pierda Citgo, a pesar de los acuerdos alcanzados por el gobierno de Maduro con algunas compañías.

Sobre la deuda externa y otros problemas económicos, como el dólar paralelo y la inflación, el gobierno carece de un plan que le permita abordar los problemas en su globalidad. Ante los reclamos de los tenedores de bonos de la deuda actúa con la filosofía de Eudomar Santos “como vaya viniendo, vamos viendo”. En consecuencia le da prioridad a las demandas que el régimen piensa constituyen un riesgo para los activos de Pdvsa y se declara en default o atraso en aquellas en las cuales no ve un riesgo. En este contexto el gobierno ha desatendido las demandas de los tenedores de bonos (bonistas). Con estos existe un atraso o default estimado en 9 mil millones de dólares que ascenderá al doble el año que viene. Al final los bonistas irán tras Citgo y/o los tanqueros de Pdvsa que rondan por el planeta.

Esa percepción del problema es compartida por un sector del oficialismo que, con otras palabras, plantea la inminencia de un “despojo”. En un artículo de reciente data, Elias Jaua señaló que “los agentes financieros del sistema capitalista global afilan sus garras para caer sobre Venezuela y sus recursos naturales…El despojo absoluto tiene fecha anunciada: el año 2019”. Este proceso de despojo cuenta, según Jaua, con la simpatía de un sector del chavismo que desde Venezuela le hace el coro a los buitres del sistema financiero global. En esta perspectiva el “despojo” formaría parte de una sostenida agresión económica y financiera desde el exterior, que se ve agravada por el latrocinio cometido por un grupo de funcionarios traidores a Chávez.

Al final de su escrito, Jaua, manifiesta su convencimiento de que, con algunas decisiones políticas y administrativas, es posible llegar a acuerdos con el capital nacional e internacional y evitar el despojo. En este contexto propone, en primer lugar, llegar a un arreglo entre oposición y gobierno en materia de deuda externa de la Republica y de Pdvsa, para lo cual es necesario resolver lo referente al funcionamiento de la Asamblea Nacional, teniendo como referencia el mecanismo de diálogo y negociación de principios de este año en República Dominicana.

El escrito de Jaua confirma que factores del oficialismo coinciden con lo afirmado por algunas consultoras que el tema de la deuda externa será uno de los aspectos conflictivos del año próximo y que es muy probable un embargo de los bienes de PVSA en el exterior. Ante esta situación la oposición debe decidir si hace causa común con el gobierno y se une a los esfuerzos para evitar lo que Jaua califica como “despojo”.

Nota: el escrito de Jaua que mencionamos puede ser ubicado en el portal Aporrea: Jaua, E. 2018. “Inversiones si, despojo no”. Aporrea, domingo 2 de diciembre.

Profesor UCV

A lo largo de las últimas décadas, académicos, comisiones gubernamentales y ONGs venezolanas diseñaron propuestas para una agricultura deseable eficiente y competitiva internacionalmente. Al final estos planteamientos se ampliaron incluyendo al sector agroalimentario en su totalidad, en una plataforma programática que se instrumentó durante la década de 1990, dando pie a un conjunto de reformas que en el sector agroalimentario lograron un relativo éxito, al incrementar las exportaciones hasta un valor cercano a los 600 millones de dólares. Los gremios agropecuarios, que durante este tiempo discreparon de este paradigma, al final, incorporados a la alianza de fuerzas que acompañaron al régimen de Chávez, torpedearon la reforma comercial en el sector agrícola y contribuyeron a su desmantelamiento.

La crisis agrícola y el fuerte incremento de las importaciones agroalimentarias que se dio durante el boom petrolero de la década de 1970, impulsó en los diversos sectores ligados al agro venezolano, una discusión sobre la agricultura deseable en el país y la necesidad de desarrollar planes orientados a incrementar el autoabastecimiento. En un artículo publicado a inicios de la década posterior, que se convertiría en un clásico en el área de la economía agrícola, Gustavo Pinto Cohen planteó la conveniencia de impulsar una agricultura eficiente y competitiva internacionalmente. Planteaba también, la conveniencia de impulsar una agricultura adaptada a las características de nuestros ecosistemas tropicales que predominan en el país, lo que llevaba a replantear el modelo de agricultura que se había realizado, que replica la agricultura llevada a cabo en los países de clima templado.

En el mismo momento que Pinto Cohen formula sus planteamientos, el gobierno socialcristiano de Luis Herrera Campíns crea una comisión para desarrollar un Plan de Desarrollo Agrícola a Largo Plazo (Planagri). Este plan coincide en líneas generales con los planteamientos de Pinto Cohen, de impulsar una agricultura adaptada a los ecosistemas tropicales y apuntalar la competitividad agrícola. A tal fin se propone potenciar los rubros con ventajas comparativas como el arroz y convertirlo en un rubro dominante en la producción de cereales.

Sin embargo las ideas de Planagri y las de Pinto Cohen no son las que llegan a implementarse en la década de 1980. Por el contrario, en la segunda mitad de esa década, con la llegada del partido AD al poder la agenda gubernamental instrumenta un plan de autoabastecimiento elaborado por sectores ligados a los gremios agropecuarios dominados por AD. En consecuencia se impulsa una política de rentabilización de la agricultura en base a fuertes incrementos de precios, que incentiva el crecimiento de una agricultura ineficiente, que dio en llamarse “el milagro agrícola”. Por otro lado, el fuerte incremento de los precios agrícolas se tradujo en una inflación de alimentos que perjudicó a los sectores urbanos de bajos ingresos e incrementó la pobreza.

El impacto de las políticas del “milagro agrícola” sobre los consumidores urbanos de bajos ingresos, dio lugar a una etapa signada por el rechazo o resistencia de diversos sectores del Sector Agroalimentario Venezolano (SAV) a las demandas y propuestas de los gremios agropecuarios. En este contexto surgió una nueva propuesta de políticas agroalimentarias impulsadas por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), más cercana a la posición del sector agroindustrial; los cuales eran partidarios de un proceso de apertura comercial, en el contexto del cual era necesario incrementar la competitividad del SAV y de la agricultura en particular. El tema de una agricultura competitiva, planteado por Pinto Cohen, es retomado de nuevo. El planteamiento del ILDIS es, sin embargo, diferente de las ideas de Pinto Cohen, en el sentido que acepta la existencia de los sectores agroalimentarios importadores como el avícola, como un elemento estructural del SAV. En este sentido no insiste en la necesidad de incrementar el autoabastecimiento y reducir las importaciones, que son en buena medida insumos para los sectores agroindustriales importadores como el avícola. El énfasis se centra en reducir el desequilibrio de la balanza comercial agroalimentaria mediante el incentivo a las exportaciones, tarea en la que el sector avícola puede desempeñar un importante rol. Otro aspecto que se enfatiza es la necesidad de incrementar la ingesta calórica recurriendo a los subsidios al consumo de rubros como el arroz. En esta propuesta, el trigo conjuntamente con el maíz serían el soporte del consumo de cereales, sin dejar de enfatizar la necesidad de incentivar el consumo de arroz.

La propuesta del ILDIS se desarrolla como una plataforma programática que se presentaría al nuevo gobierno que se elegiría a finales de la década de 1980. El nuevo gobierno es encabezado por Carlos Andrés Pérez en una alianza de fuerzas que deja a un lado a los gremios agropecuarios. El nuevo ministro de agricultura proviene de la agroindustria, por lo que es proclive a la visión desarrollada por el ILDIS. La nueva política económica se orienta al replanteo del modelo rentístico petrolero y a implementar un proceso de reforma y apertura comercial, como herramienta para incrementar la competitividad de la economía. Se desmanteló la política de protección y subsidios al sector agrícola. Los gremios agropecuarios quedaron fuera del proceso de negociación de los precios lo cual se planteó como el resultado de negociaciones directas entre compradores y vendedores de las cosechas nacionales. Todo ello tuvo un impacto negativo sobre la producción agrícola relacionada con el “milagro agrícola”. Sin embargo logró incrementar la producción de los sectores potencialmente competitivos como cacao, café, arroz y frutas tropicales. La reforma comercial en el sector agroalimentario se mantuvo con altibajos durante toda la década de 1990; en una visión de largo plazo las medidas instrumentadas tuvieron un relativo éxito al aumentar las exportaciones agroalimentarias hasta un monto cercano a los 600 millones de dólares, al final de la década. Sin embargo esto no satisfizo las aspiraciones de los gremios agropecuarios, que se inscribieron en el rechazo que diversos sectores plantearon al gobierno de CAP y continuaron posteriormente en su labor de torpedeo de la reforma comercial incrementando la conflictividad al interior del sistema agroalimentario venezolano.

Ante la cercanía de un nuevo evento electoral, a finales de la década de 1990, los gremios agropecuarios se organizaron políticamente a fin de realizar una nueva apuesta, apoyando a Hugo Chávez en sus aspiraciones presidenciales. Una vez elegido Chávez las presiones de los gremios agropecuarios lograron desmantelar la reforma comercial en el sector agrícola y la política de precios concebida en la Agenda Venezuela. Ésta última fue sustituida por una política manipulable por los gremios, los cuales logran insertar en la agenda gubernamental una política favorable a los cereales que logra incentivar la producción de maíz hasta el año 2007, propiciando un desarrollo agrícola vulnerable, en base a rubros para los cuales el país no tiene condiciones para su producción óptima y competitiva. Se restauraron de nuevo los aumentos indiscriminados de precios, como los del “milagro agrícola”, sin considerar el impacto de estos aumentos sobre los consumidores de bajos ingresos. Ello fue posible gracias a que los elevados precios del petróleo permitieron la implementación de programas de asistencia alimentaria que amortizaron el impacto de los incrementos de precios sobre los sectores de más bajos ingreso. Sin embargo la alianza del régimen chavista y de los gremios agropecuarios era contra natura ya que el régimen era proclive a los intereses de los grupos de bajos ingresos, que eran su base electoral. Al final esta incompatibilidad de intereses aflora, la influencia de los gremios agropecuarios se desvanece y el control de precios se radicaliza, lo que unido a la inflación dio al traste con los beneficios de los productores, hundiendo a la producción de cereales en una profunda crisis del año 2008 en adelante.

Nota: un mayor detalle de esta análisis, así como los respaldos documentales y estadísticos de este escrito pueden encontrarse en: Rodríguez R., José E. 2018. Buscadores de renta y seguridad alimentaria en Venezuela, 1973-2012. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura. Vol. XXIV, n°1., pp. 13-35 (Disponible en internet en el repositorio “saber ucv”)

Profesor UCV

Venezuela va en camino a convertirse en un productor marginal de petróleo. Se estima que el año que viene las exportaciones petroleras descenderán a un nivel cercano a los 500.000 barriles diarios, lo cual es insuficiente para cubrir los requerimientos de divisas que plantean las importaciones públicas y los pagos de deuda. En consecuencia, es previsible que las dificultades para importar se agudicen, con sus implicaciones en la industria petrolera o en los programas alimentarios del gobierno o se produzca un default con China, aumentando las tensiones del régimen con su aliado.

Como consecuencia de un conjunto de factores, la producción petrolera venezolana ha venido descendiendo desde hace varios años lo que se ha reflejado en una caída de las exportaciones. Como se puede ver en el cuadro 1, las exportaciones descendieron de casi dos millones de barriles diarios en el 2017 a un poco más de 1 millón de barriles en el año 2018. Uno de los elementos que ha incidido en esta debacle es la designación del General Manuel Quevedo como presidente de PDVSA. Esta designación se ha producido como parte del reparto de poder en el régimen y como premio a la lealtad de Quevedo. La calificación para el cargo no pesó en la decisión, pues el militar en cuestión no tiene experticia gerencial ni experiencia en el negocio petrolero, lo cual se ha reflejado en su pésima gestión al frente de la petrolera. Otro factor que ha incidido en la declinación de la producción es la concepción de PDVSA como corporación de desarrollo, heredada de Chávez, lo cual ha provocado que la empresa realice con negligencia su tarea medular como empresa petrolera. Un tercer elemento ha sido la fuga de talentos y recursos humanos calificados debido a los bajos salarios que paga PDVSA, lo cual está afectando a todas las empresas y la petrolera estatal no ha sido la excepción. También otros factores como la corrupción y los conflictos internos por las luchas intestinas del régimen por cuotas de poder, están incidiendo en la debacle de la empresa.

Cuadro 1. Composición de las exportaciones petroleras, 2017-2019 (barriles diarios).

El descalabro de PDVSA se agudizará el año que viene, confirmando las predicciones de Luis Giusti, ex presidente de la empresa, quien afirmó que Venezuela va en camino a convertirse en un productor marginal (Ver: Rodríguez R., José E. Venezuela, un productor petrolero marginal. Dígalo Ahí, junio 8, 2018). La consultora Ecoanalítica estima que el año que viene las exportaciones petroleras se reducirán a un poco más de 500.000 barriles diarios, lo que representa una tercera parte de las exportaciones del año 2017 (Ver cuadro 1). Ello será insuficiente para pagar los compromisos que tiene el gobierno en divisas. Con el monto de las exportaciones que generan flujo de caja (efectivo) se pagan las importaciones públicas, consistentes en insumos para la industria petrolera y alimentos para las bolsas CLAP. Adicionalmente a ello se financian los pagos de deuda, en especial la deuda con China, la cual se paga con exportaciones de crudo. Los 500.000 barriles de exportación del año que viene no son suficientes para cubrir todos estos compromisos. Como vemos en el cuadro 1 si el gobierno decide asignar 300.000 barriles para pagar sus compromisos con China, habrá una drástica reducción en el monto de las exportaciones que generan flujo de caja (efectivo) para financiar las importaciones para la industria petrolera y los alimentos para las cajas CLAP. A fin de no agudizar los conflictos internos y mantener el apoyo de sus bases, un escenario probable es que el gobierno decida caer en default con China, lo cual agudizará las tensiones con su tradicional aliado.

El descenso de los ingresos en divisas provenientes de las exportaciones petroleras, ha obligado al gobierno a buscar otras opciones como la exportación de oro. Se estima que en el año 2018 logró obtener 3.000 millones de dólares por este concepto. Sin embargo, las recientes sanciones del gobierno de los Estados Unidos al sector aurífero dificultarán las gestiones que el régimen realice para colocar la misma cantidad en los mercados internacionales, por lo que este ingreso de divisas se verá mermado en el 2019. La otra estrategia que ha utilizado el gobierno para compensar la debacle del ingreso petrolero ha sido retrasarse en el pago de sus compromisos de deuda o declararse en default en aquellos compromisos que ellos estiman no les ocasionarán mayores complicaciones. Actualmente hay cerca de 13 mil millones de dólares en pagos de deuda atrasados o en default.

Otro elemento que complicará el escenario futuro de las exportaciones petroleras venezolanas es la perdida de CITGO. Algunas de las empresas expropiadas por el régimen chavista han acudido a los tribunales estadounidenses a fin de que se les autorice a confiscar las acciones de CITGO en compensación por sus pérdidas. Las empresas demandantes han tenido éxito y es cuestión de tiempo que PDVSA pierda su filial en Estados Unidos, lo cual es otro factor que complicará la colocación de petróleo en los Estados Unidos. El petróleo vendido en el mercado estadounidense es clave pues representa 90% del flujo de caja (efectivo) de la empresa petrolera venezolana.

Nota: La mayoría de la información y estimaciones que utilizamos en este escrito provienen de una entrevista reciente, en un canal de TV privado, al economista Asdrubal Oliveros director de la empresa consultora Ecoanalitica. Los datos del cuadro 1 son estimaciones del autor de este escrito en base a un gráfico presentado por Oliveros en la entrevista. Es probable que haya ligeras discrepancias con la data original de la consultora.

Profesor UCV

El modelo de sociedad que nuestras elites intelectuales y políticas han tomado como referencia para la definición de política económica se ha ido degradando con el paso del tiempo, hasta tener a la miserable economía cubana como patrón de referencia. En este proceso hemos caído en una situación peor a la de Nigeria, un país petrolero africano, calificado años atrás como un Estado fallido.

Algunos de los jóvenes pertenecientes a las familias adineradas de Venezuela, como los Machado, como consecuencia de su oposición al régimen de Gómez, fueron enviados a un exilio dorado en Francia. Una vez en la ciudad luz fueron impresionados por las ideas de los intelectuales franceses quienes ponderaban las virtudes del régimen soviético, que la propaganda de Stalin presentaba como el paraíso de los trabajadores. Uno de ellos, Eduardo Machado, llegó al extremo de desempeñarse como funcionario de la Internacional Socialista que era el brazo internacional del régimen policiaco de Stalin. En condición de tal viajó a diversos países a realizar actividades propagandísticas y fundar partidos comunistas, concebidos éstos como organizaciones propagandísticas del régimen de Stalin o como perros de presas del mismo orientados a liquidar a sus enemigos, como se evidenció en el caso de Trotsky. A su regreso a Venezuela los Machado continuaron con esta labor, contribuyendo a sentar las bases del Partido Comunista de Venezuela, alrededor del cual se nuclearon connotados escritores, músicos y poetas. El marxismo y el régimen estalinista soviético se convirtieron así en el modelo a seguir por los intelectuales de la izquierda venezolana.

Rómulo Betancourt inició un camino similar en términos doctrinarios al de los Machado y otros adinerados caraqueños, pero rápidamente se dio cuenta de que el marxismo y los planteamientos del partido comunista no se aplicaban a América Latina. En consecuencia, decidió alinearse con las ideas de la socialdemocracia europea que derivarían a la larga en la fundación de un partido policlasista, partidario de un modelo de economía mixta como el imperante en las democracias occidentales del mundo. Mucho antes que Teodoro Petkoff , el fundador de AD vio con claridad la estafa que significaba el régimen estalinista soviético y las ideas que propugnaba.

A partir de los años sesenta del siglo pasado la izquierda intelectual latinoamericana quedó deslumbrada por la revolución cubana. Neruda, García Márquez, Vargas Llosa, al igual que buena parte de la intelectualidad venezolana se decantó por Cuba y la revolución castrista como el modelo de sociedad a imitar en América Latina. Estimulada por el ejemplo cubano buena parte de la izquierda venezolana tomó las armas, sin embargo sufrió una estrepitosa derrota. Después de esta derrota el proyecto de una sociedad democrática y una economía mixta, concebido por Betancourt, se fortalece convirtiendo a Venezuela en un oasis de tolerancia a donde acuden migrantes de otros países en busca de refugio.

Un sector de la izquierda reconoció que haber optado por las armas fue un error e inició un camino democrático. Sin embargo, a la larga se evidenciará que la mayoría de la izquierda, incluso la que confesaba su talante democrático, seguía admirando al régimen castrista probablemente por su posición desafiante frente a los Estados Unidos. A inicios de la década de 1990 cerca de mil intelectuales venezolanos firmaron una vergonzosa carta ponderando las virtudes de Fidel Castro y del régimen revolucionario cubano. Entre los firmantes aparecían connotados dirigentes del MAS, numerosos profesores universitarios, en particular de la UCV, gente del mundo de la cultura aglutinados en organismos icónicos como el Ateneo de Caracas. Escribidores de diverso pelaje. La comunicación mencionada reveló que en el mundo de la izquierda no se había producido un deslinde real con el estalinismo cubano. Luego, Hugo Chávez haría suya la idea y nos presentaría a Cuba como “el mar de la felicidad” y nuestra referencia más conveniente en materia de política económica, idea que nos conduciría con el paso del tiempo a un desastre económico similar al que impera en la isla caribeña.

En el año 2007, Michael Reid (director para América de la Revista The Economist) postuló en su libro “Forgotten Continent. The battle for Latin America’s soul” que la desastrosa política económica de Hugo Chávez conduciría ineluctablemente a Venezuela a una situación similar a la de Nigeria, un Estado fallido petrolero ubicado en África. Si bien la predicción de Reid fue acertada se quedó corta, pues nuestra situación económica en los actuales momentos es peor que la de Nigeria. Mientras nosotros estamos en un proceso de involución económica que nos ha llevado a ser la séptima economía de América Latina detrás de Colombia, Chile y Perú; en los últimos años Nigeria ha impulsado su crecimiento económico desplazando a Sudáfrica como la mayor economía de África.

Como lo hemos evidenciado nuestro patrón de referencia se ha ido degradando hasta tener a la miserable economía cubana como modelo a imitar. En este proceso hemos caído en una situación peor a la de un país petrolero africano que ha sido descrito como un Estado fallido. Sin embargo en los últimos años ha hecho progresos que lo han enrumbado a constituirse en la mayor economía de África. Sería conveniente, en nuestra deplorable situación, estudiar el caso de Nigeria a fin de analizar cómo logró mantener un elevado nivel de producción petrolera, negociar la deuda externa, controlar la inflación y diversificar la economía. Seremos afortunados si en un futuro logramos alcanzar los logros de Nigeria en esta materia.

Profesor UCV

josenri2@gmail.com

La hiperinflación pulverizó la capacidad de compra del docente universitario a finales del año 2017. En consecuencia, al inicio del presente año el salario de un profesor con categoría de Agregado descendió hasta representar un 7% de la canasta básica. En los meses posteriores la capacidad de compra del salario no ha podido superar los niveles de inicio de año. El crecimiento explosivo de la canasta básica (CB), impulsado por la hiperinflación, ha anulado los logros de la última convención colectiva y de los asociados a los aumentos de salario mínimo.

En el año 2001 el salario de un profesor universitario era superior a la canasta básica, a partir de allí la capacidad de compra de los profesores ha venido cayendo. A finales del año 2017 la inflación tomó nuevos bríos transformándose en hiperinflación, ello se tradujo en una caída adicional de la capacidad de compra de los docentes, el ingreso mensual de un profesor con categoría de Agregado descendió hasta representar 7% de la canasta básica del Cendas (un organismo ligado a la Federación Venezolana de Maestros). El profesor se vio obligado a buscar ingresos complementarios que le permitieran sufragar el 93% de su gasto de vida. La hiperinflación había pulverizado la capacidad de compra del salario del docente universitario (Ver: Rodríguez Rojas, José E. Hiperinflación y salario universitario. Dígalo Ahí, 5 de enero del 2018).

En el contexto descrito un grupo de sindicatos oficialistas iniciaron conversaciones con el Ministerio de Educación Universitaria llegando a acuerdos que derivaron en un nuevo contrato colectivo, en el primer semestre de este año. Gracias a éste el ingreso mensual de un profesor Agregado, en el mes de julio, ascendió al equivalente a 416 bolívares soberanos lo que representó el 3,6% del valor de la canasta básica. Este porcentaje se reduce al 2% en el mes de agosto, debido al incremento del valor de la canasta básica (ver cuadro 1). Como es evidente el crecimiento de la hiperinflación anuló los logros que se obtuvieron en la convención colectiva. El nuevo salario continuaba siendo abiertamente insuficiente para cubrir las necesidades del profesor y de su familia, obligando al docente a buscar otros ingresos para malvivir.

Cuadro 1. Evolución de la capacidad de compra de un profesor agregado entre los mese de julio y septiembre del 2018.

En el mes de agosto el gobierno decidió, en el marco de las nuevas medidas económicas, aprobar un nuevo tabulador salarial para los trabajadores de la administración pública. El nuevo tabulador implicaba un achatamiento de la tabla salarial que viola las convenciones colectivas vigentes. El tabulador y la idea del achatamiento de las tabla salarial se hizo extensiva a las universidades echando por tierra los acuerdos alcanzados en la última convención colectiva, desmejorando sensiblemente la remuneración de los profesores y otros miembros de la comunidad universitaria; si los comparamos con los salarios calculados según los criterios aprobados en la citada convención. En el nuevo tabulador un profesor con categoría de Agregado devenga un ingreso mensual de 3.002 bolívares soberanos. En el cuadro 1 proyectamos el crecimiento de la canasta básica para el mes de septiembre, como podemos observar el nuevo salario devengado por un profesor con categoría de agregado representa un 7,2% de la canasta básica estimada. En consecuencia el profesor ha regresado a la situación del mes de enero de este año, cuando debía buscar ocupaciones alternativas para financiar más del 90% de su gasto de vida.

En consecuencia el salario universitario continuará siendo un ingreso abiertamente insuficiente forzando al docente a buscar otras opciones que le permitan cubrir los gastos de vida de él y su familia, convirtiéndose en un ingreso complementario al generado por las otras actividades. El ausentismo laboral que ha caracterizado la vida universitaria en el periodo reciente continuará, así como las renuncias de profesores que se ven obligados a buscar en otras latitudes una mejor remuneración a su trabajo, dejando cátedras y laboratorios al garete.

Como se ha hecho evidente, ni las negociaciones colectivas ni los aumentos de salario por decreto son la solución para la recuperación de la capacidad de compra de los profesores a los niveles del año 2001. Es necesario detener la escalada de precios que significa la hiperinflación, mediante la implementación de un plan de estabilización macroeconómica cuyo propósito central sea el control de este flagelo. Así la han planteado economistas de diversas tendencias políticas que incluyen a personeros del chavismo, como Rodrigo Cabezas ex ministro de finanzas de Hugo Chávez, que enfatizó este planteamiento en entrevistas recientes.

Referencias

El Universal. 2018. Cendas: en Bs. 20.817 se ubicó canasta en agosto. El Universal, 20 de septiembre.

Finanzas Digital. 2018. Cendas, canasta básica familiar de julio 2018 fue de Bs. 1.157.252.851,26. Aumentó 503.038.177,23 bolívares. 21 de agosto (disponible en: www.finazasdigital.com)

Profesor UCV

josenri2@gmail.com

El viaje de Maduro a China fue una treta para mostrar que el gobierno está obteniendo un nuevo financiamiento para su programa económico, cuando en realidad se trata de un viejo préstamo aprobado en el gobierno de Hugo Chávez. Estos recursos serán entregados a las empresa chinas que laboran en Venezuela, para ser utilizados en la recuperación de la producción petrolera, que era su propósito inicial.

La relación entre Venezuela y China ha evolucionado hacia una relación financiera compleja y muy accidentada. En el marco de esta relación se inició la construcción de una refinería la cual no se culminó. De igual modo se firmaron cartas de intención para la realización de otros proyectos que al final no se concretaron. En este contexto se aprobó un préstamo de 5.000 millones de dólares, en el último año de gobierno de Hugo Chávez, los cuales serian utilizados para la recuperación de pozos petroleros y detener así la caída de la producción. Cada año, entre el 2014 y el 2017, se anunció con bombos y platillos que dichos recursos se utilizarían, pero al final no se concretó nada, continuando una pauta donde la ejecución está muy atrasada en relación a las cartas de intención.

Ahora estamos ante un nuevo anuncio de acuerdo al cual los recursos mencionados, al fin se utilizarán, pero esta vez la decisión se da en un contexto muy particular. Una de las críticas más sensatas al programa económico de Maduro, es que no ha podido conseguir financiamiento externo para aliviar el déficit de divisas que impide reducir el peso de la deuda y reactivar la importación de materias primas necesarias para la recuperación del aparato productivo, además de estabilizar la relación entre el bolívar y el dólar. Ante esta crítica, Maduro emprende un viaje a China para presentar el viejo préstamo de 5.000 millones como resultado de su gestión para conseguir financiamiento externo, lo que le permitiría repotenciar su programa económico.

Como hemos tratado de hacer evidente se trata de una treta, ya que el préstamo en cuestión no es nuevo. En segundo lugar hay que acotar que el préstamo no es para apoyar el programa económico del gobierno o refinanciar la deuda externa. Desde el inicio de su aprobación el préstamo tiene un propósito específico, será destinado a la recuperación de pozos petroleros para intentar detener la caída de la producción. De tal manera que estos recursos no se entregarán al gobierno o a PDVSA sino a las empresas petroleras chinas para que éstas lo utilicen con el propósito anunciado.

En la relación entre Venezuela y China se ha ido acumulando una enorme deuda que en los momentos actuales se estima en un poco más de 20.000 millones de dólares. Esta deuda se ha estado pagando con crudo. Hasta hace poco se estaban enviando 500.000 barriles diarios, pero debido a la caída de la producción esta cantidad se ha reducido a la mitad. En consecuencia los chinos están razonablemente preocupados porque, de continuar la caída de la producción, Venezuela podría declararse en default, al no poder enviarle ni siquiera la menguada cuota que le ha estado remitiendo. Debido a ello es comprensible que los chinos hayan estado dispuestos a entregar una pequeña cantidad de recursos, que el Ministro Simón Zerpa estima en unos 250 millones de dólares, para detener la caída de la producción. Sin embargo el daño a la industria petrolera es muy grande y las necesidades de inversión para detener la caída de la producción son gigantescas, por lo que el monto señalado por Zerpa es muy pequeño e insuficiente, en consecuencia existe una alta probabilidad de que ello no funcione y la producción continúe descendiendo.

A la insuficiente magnitud del monto del préstamo se añade que la gestión del General Quevedo al frente de PDVSA refleja su impericia y desconocimiento del negocio petrolero, lo cual contribuye al escepticismo de los especialistas sobre las posibilidades de recuperación de la producción. El desanimo del gobierno y de PDVSA sobre las posibilidades de recuperación de la producción es tal, que acordaron realizar una misa para rogarle al altísimo un milagro, porque es obvio que debido a la pésima gestión del General Quevedo es muy poco probable que tal recuperación se dé, sin una gestión del todopoderoso.

Nota: el grueso de este escrito se fundamenta en los planteamientos del economista Orlando Ochoa, en una entrevista reciente en el programa CNN Dinero.

En el marco de las medidas económicas anunciadas recientemente se aprobó un nuevo tabulador salarial para la Administración Pública, que implicó un achatamiento de la tabla salarial que viola las convenciones colectivas vigentes. El tabulador y la idea del achatamiento de la tabla salarial se hizo extensiva a las universidades, echando por tierra acuerdos alcanzados en la última convención colectiva, desmejorando sensiblemente las remuneraciones a percibir por los miembros de la comunidad universitaria. El achatamiento de la tabla salarial busca igualarnos por debajo, sumergirnos en un estado de precariedad donde sea necesario acudir a los beneficios del carnet de la patria con la subordinación que ello implica a las directrices gubernamentales.

El salario mínimo había descendido en julio pasado hasta un valor equivalente al de un dólar del mercado paralelo. Ciertamente era necesario incrementar su valor como un acto de justicia social. Entre las medidas que se decretaron en el contexto del programa de recuperación económica decretado por Nicolás Maduro se produjo un fuerte incremento del salario mínimo de 3.000 por ciento.

En las contrataciones colectivas vigentes el salario mínimo opera como un piso, en consecuencia era de esperar que los salarios de la Administración Pública, que se encontraban rezagados frente a los del sector privado, se incrementaran en una magnitud similar a la del salario mínimo. Sin embargo a inicios del mes de septiembre el Ministro de Comunicaciones del régimen lanzo un balde de agua fría sobre las expectativas de los trabajadores del Estado, anunciando que ninguna remuneración percibida por ellos superaría la del salario mínimo. De acuerdo a las palabras del todopoderoso ministro el salario mínimo no actuaría como un piso, sino como techo de las remuneraciones de los empleados del Estado.

Cuando se publicó la tabla salarial de los empleados públicos en la gaceta oficial se pudo concretar los alcances de las palabras del ministro. En dicha tabla se puede observar que en efecto el salario base de los trabajadores del Estado es el salario mínimo, pero al mismo tiempo se hace evidente que el mayor salario al que puede aspirar un profesional universitario en la Administración Pública es de 1,5 salarios mínimos. Se ha producido en el tabulador salarial lo que la economista Tamara Herrera llama un achatamiento del tabulador salarial, donde el salario mínimo opera como ancla halando hacia abajo los salarios de las diversas categorías.

Según los sindicatos esto viola las convenciones colectivas firmadas por todos los sectores organizados que laboran para el Estado Venezolano. Según estas organizaciones y los especialistas en cuestiones laborales que los asesoran, no se pueden eliminar derechos adquiridos en las contrataciones colectivas, pues ello va en contra de la idea de progresividad de estos derechos, contemplados en la constitución nacional y en las convenciones internacionales que Venezuela ha suscrito.

El tabulador salarial de los empleados públicos y la idea subyacente en el mismo de achatamiento de la tabla salarial, se ha trasladado a las universidades. El tabulador salarial de las universidades ya fue aprobado y se nos pagará en septiembre de acuerdo a éste. En la tabla salarial universitaria aprobada, el salario mínimo opera como un punto de partida del tabulador, mientras en la tabla de la última convención colectiva el menor salario a devengar por un obrero era de 4,75 salarios mínimos. Además de alterar esta parte de la convención colectiva también se redujeron las interescalas, es decir el margen salarial que existe entre las diversas categorías. Al igual que en la tabla salarial de la Administración pública, se ha producido un achatamiento del tabulador donde el salario mínimo opera como un ancla arrastrando los salarios de las diversas categoría hacia abajo. Llama la atención que el gobierno ya no respeta ni siquiera los acuerdos firmados con su propia gente. Como todos sabemos, la última convención colectiva fue firmada con un sindicato afín al gobierno, dejando por fuera al resto de las organizaciones sindicales universitarias.

En consecuencia cuando comparamos las remuneraciones de las diversas categorías de los profesores universitarios encontramos que, producto del achatamiento de la tabla, las remuneraciones vigentes equivalen a un poco más de un diez por ciento de la que nos corresponderían de aplicarse las normas de la última convención colectiva (ver cuadro 1). Un profesor con categoría de Instructor, por ejemplo, devengará un salario básico de 2.510 bolívares soberanos, mientras, de aplicarse las normas de la última convención colectiva, el salario debería ascender a 19.685 bolívares soberanos. Esto sin considerar las primas, ya que este es otro asunto que no está claro si ha sido modificado también.

Cuadro 1. Sueldos de profesores universitarios. Última Convención Colectiva vs aprobados.

El achatamiento de la tabla salarial tiende a igualarnos a todos por debajo, en una zona cercana al salario mínimo donde nuestra capacidad de compra linde con la precariedad; debiendo acudir necesariamente a los beneficios que brinda el carnet de la patria, con la subordinación a las directrices gubernamentales que ello implica.

Profesor UCV

josenri2@gmail.com

En el marco de las medidas económicas anunciadas recientemente se aprobó un nuevo tabulador salarial para la Administración Pública, que implicó un achatamiento de la tabla salarial, que viola las convenciones colectivas vigentes. El tabulador y la idea del achatamiento de la tabla salarial se hizo extensiva a las universidades, echando por tierra acuerdos alcanzados en la última convención colectiva, desmejorando sensiblemente las remuneraciones a percibir por los miembros de la comunidad universitaria. El achatamiento de la tabla salarial busca igualarnos por debajo, sumergirnos en un estado de precariedad donde sea necesario acudir a los beneficios del carnet de la patria con la subordinación que ello implica a las directrices gubernamentales.

El salario mínimo había descendido en julio pasado hasta un valor equivalente al de un dólar del mercado paralelo. Ciertamente era necesario incrementar su valor como un acto de justicia social. Entre las medidas que se decretaron en el contexto del programa de recuperación económica decretado por Nicolás Maduro se produjo un fuerte incremento del salario mínimo de 3.000 por ciento.

En las contrataciones colectivas vigentes el salario mínimo opera como un piso, en consecuencia era de esperar que los salarios de la Administración Pública, que se encontraban rezagados frente a los del sector privado, se incrementaran en una magnitud similar a la del salario mínimo. Sin embargo a inicios del mes de septiembre el Ministro de Comunicaciones del régimen lanzo un balde de agua fría sobre las expectativas de los trabajadores del Estado, anunciando que ninguna remuneración percibida por ellos superaría la del salario mínimo. De acuerdo a las palabras del todopoderoso ministro el salario mínimo no actuaría como un piso, sino como techo de las remuneraciones de los empleados del Estado.

Cuando se publicó la tabla salarial de los empleados públicos en la gaceta oficial se pudo concretar los alcances de las palabras del ministro. En dicha tabla se puede observar que en efecto el salario base de los trabajadores del Estado es el salario mínimo, pero al mismo tiempo se hace evidente que el mayor salario al que puede aspirar un profesional universitario en la Administración Pública es de 1,5 salarios mínimos. Se ha producido en el tabulador salarial lo que la economista Tamara Herrera llama un achatamiento del tabulador salarial, donde el salario mínimo opera como ancla halando hacia abajo los salarios de las diversas categorías.

Según los sindicatos esto viola las convenciones colectivas firmadas por todos los sectores organizados que laboran para el Estado Venezolano. Según estas organizaciones y los especialistas en cuestiones laborales que los asesoran, no se pueden eliminar derechos adquiridos en las contrataciones colectivas, pues ello va en contra de la idea de progresividad de estos derechos, contemplados en la constitución nacional y en las convenciones internacionales que Venezuela ha suscrito.

El tabulador salarial de los empleados públicos y la idea subyacente en el mismo de achatamiento de la tabla salarial, se ha trasladado a las universidades. El tabulador salarial de las universidades ya fue aprobado y se nos pagará en septiembre de acuerdo a éste. En la tabla salarial universitaria aprobada, el salario mínimo opera como un punto de partida del tabulador, mientras en la tabla de la última convención colectiva el menor salario a devengar por un obrero era de 4,75 salarios mínimos. Además de alterar esta parte de la convención colectiva también se redujeron las interescalas, es decir el margen salarial que existe entre las diversas categorías. Al igual que en la tabla salarial de la Administración pública, se ha producido un achatamiento del tabulador donde el salario mínimo opera como un ancla arrastrando los salarios de las diversas categoría hacia abajo. Llama la atención que el gobierno ya no respeta ni siquiera los acuerdos firmados con su propia gente. Como todos sabemos, la última convención colectiva fue firmada con un sindicato afín al gobierno, dejando por fuera al resto de las organizaciones sindicales universitarias.

En consecuencia cuando comparamos las remuneraciones de las diversas categorías de los profesores universitarios encontramos que, producto del achatamiento de la tabla, las remuneraciones vigentes equivalen a un poco más de un diez por ciento de la que nos corresponderían de aplicarse las normas de la última convención colectiva (ver cuadro 1). Un profesor con categoría de Instructor, por ejemplo, devengará un salario básico de 2510 bolívares soberanos, mientras, de aplicarse las normas de la última convención colectiva, el salario debería ascender a 19.685 bolívares soberanos. Esto sin considerar las primas, ya que este es otro asunto que no está claro si ha sido modificado también.

Cuadro 1. Sueldos de profesores universitarios. Última Convención Colectiva vs aprobados.

Categorías

Instructor

Asistente

Agregado

Asociado

Titular

Convención Colectiva

19.685

22.244

25.136

28.403

32.096

Aprobados

2.510

2.661

2.822

2.992

3.171

Fuente: APUCV-Maracay

El achatamiento de la tabla salarial tiende a igualarnos a todos por debajo, en una zona cercana al salario mínimo donde nuestra capacidad de compra linde con la precariedad; debiendo acudir necesariamente a los beneficios que brinda el carnet de la patria, con la subordinación a las directrices gubernamentales que ello implica.

Profesor UCV

Josenri2@gmail.com

.La vicepresidente del gobierno Delcy Rodríguez, en una alocución reciente, ha tratado de enmascarar la magnitud de la oleada migratoria venezolana. Ella y otros miembros del gobierno de Maduro, han presentado las imágenes de los venezolanos huyendo del infierno bolivariano, como una campaña mediática del “Imperio” y de sus lacayos (los países del llamado “Grupo de Lima”) contra la revolución bolivariana.

La revista The Economist publicó recientemente un artículo (ver síntesis al final de este texto) sobre la crisis migratoria, utilizando cifras de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas. El artículo revela que es el más grande movimiento humano que se ha producido en la historia reciente de América Latina y ha involucrado a 2,3 millones de personas. Rivaliza en su magnitud con los movimientos migratorios impulsados por la guerra en Afganistán y el sur de Sudan. El fenómeno se ha incrementado en la medida que la crisis económica de Venezuela se ha agravado. Si bien algunos países han impuesto restricciones a los venezolanos, la mayoría han mantenido una política de fronteras abiertas. Nuestro hermano país Colombia ha sido el principal obstáculo a la imposición de restricciones y ha mantenido una política de regularización de la situación de cientos de miles de inmigrantes que han llegado a su frontera. En ese sentido ha correspondido a la generosidad que mostró Venezuela en otros tiempos, duros para nuestros vecinos, cuando cientos de miles de colombianos se desplazaron a Venezuela huyendo de la guerra. Sin embargo en algunos casos como en la frontera con Brasil se han presentado casos de xenofobia contra los venezolanos. Ésta se ha institucionalizado, debido a razones electorales, un reflejo de ello es que el gobernador del estado ha solicitado el cierre de la frontera. Pero esto no detendrá a los venezolanos, pues como dice un sacerdote español que ayuda a los inmigrantes “aquí es el purgatorio, pero allá es el infierno”.

Síntesis del artículo publicado en la revista The Economist: “La ola bolivariana. Una ruda recepción espera a muchos venezolanos que abandonan su país” *.

El éxodo venezolano es el más grande movimiento de personas en la historia reciente de América Latina. Desde que la economía venezolana comenzó a contraerse en el año 2014 bajo el gobierno de Nicolás Maduro, alrededor de 2.3 millones de venezolanos han buscado refugio en los países vecinos. El éxodo rivaliza en su magnitud con los movimientos migratorios impulsados por la guerra en Afganistán y el sur de Sudan.

A diferencia de muchos países ricos que han cerrados sus puertas a los inmigrantes provenientes del norte de África y el medio oriente, los gobiernos latinoamericanos en su mayoría han mantenido sus fronteras abiertas a los venezolanos. Los gobiernos de izquierda como el de Bachelet en Chile relajaron sus leyes de inmigración, dice Luisa Feline Freier de la Universidad del Pacifico de Lima, Perú. Los gobiernos de derecha y de centro que les sucedieron en varios de los países han mantenido esas políticas como una censura al régimen de Maduro.

En la medida que la crisis económica de Venezuela se ha agudizado el número de personas que abandona el país se ha incrementado. A diferencia de las oleadas migratorias iniciales, los nuevos emigrantes tienden a ser pobres. El éxodo ha presionado a algunos países a tomar medidas para imponer restricciones en sus fronteras. La señora Freier teme que los países latinoamericanos llegaran pronto a estar tan cansados de los inmigrantes como los países europeos.

Algunos países como Ecuador y Perú han impuesto requerimientos de pasaporte para poder entrar a su país. Muchos de los inmigrantes carecen del documento debido a la crasis de papel en Venezuela y otras carencias; el trámite burocrático toma dos años, se puede agilizar el mismo por los caminos verdes pagando 1000 dólares, que la gran mayoría no tiene. Sin embargo la mayoría de los países hacia donde se han dirigido los venezolanos han mantenido una política más flexible, como ha sido el caso de Chile, que se ha convertido en un imán para los inmigrantes debido a la fortaleza de su economía. El número de extranjeros registrados allí se ha elevado cinco veces en una década, hasta alcanzar la cifra de 750.000 personas en el último año (alrededor de 4,5 % de la población). Quizá 300.000 o más están viviendo ilegalmente en Chile. El último año el número de venezolanos en Chile creció en 100.000 personas. Más de 100.000 personas vienen también de Haití. Una encuesta el último año encontró que 2/3 de los chilenos desean que se restrinja la migración. El recién electo presidente Sebastián Piñera ha impuesto restricciones a los haitianos, pero en el caso de los venezolanos se ha mantenido un tratamiento más generoso, concediéndoles una visa de “responsabilidad democrática” que les permitiría trabajar.

La principal resistencia contra una tendencia hacia un tratamiento más duro a los migrantes venezolanos es Colombia, el principal destino de los venezolanos. Alrededor de 900.000 se ha desplazado allí, un tercio de estos este año solamente. Juan Manuel Santos firmó un decreto que regularizó la situación de 442.000 venezolanos indocumentados antes de abandonar la presidencia. Ello les permitiría en los próximos dos años trabajar, obtener seguro medico y estudiar. El nuevo presidente Duque ha mantenido la política de Santos. El Director de Inmigración de Colombia criticó las restricciones en Perú y Ecuador y reafirmó el compromiso de Colombia en ayudar a los venezolanos. En parte la generosidad de Colombia es una forma de agradecer a Venezuela, país que recibió a más de 700.000 colombianos durante el largo conflicto con las narcoguerrillas de las FARC. La guerra terminó en el año 2016. Cerca de 250.000 colombianos han regresado de Venezuela lo que ha incrementado la carga que ha impuesto la migración venezolana.

Activistas y algunos políticos están tratando de mantener la frontera de los países abiertas. En Ecuador la Defensora del Pueblo criticó abiertamente la exigencia de pasaporte y planteó un recurso a la Corte Suprema, lo que obligó al gobierno a revisar la medida. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señaló que los venezolanos califican como refugiados de acuerdo a la ley internacional y pide a los países afectados que emitan vidas humanitarias y permisos de trabajo. La ayuda de los países ricos como los Estados Unidos pudiera aliviar la situación y facilitar la apertura de las fronteras. Ecuador ha convocado a una reunión de los países afectados a fin de discutir una respuesta común a la crisis.

Sin embargo puede que la diplomacia no sea suficiente para aliviar los problemas de xenofobia y rechazo que se han presentado en algunos lugares como en el estado de Roraima, en la frontera con Brasil, donde el gobierno ha militarizado la asistencia a los venezolanos. En el caso de Brasil la cercanía de las elecciones ha viabilizado la institucionalización de la xenofobia, el 19 de agosto el gobernador del estado renovó una petición a la suprema corte para cerrar las fronteras. Ello no tendrá efecto alguno. Como lo señala un sacerdote español, que ayuda a los inmigrantes, los venezolanos no tienen alternativa “Aquí es el purgatorio, pero allá es el infierno”.

Profesor UCV

josenri2@gmail.com

*Referencia: The Bolivarian wave. A rude reception awaits many venezuelans fleeing their country. The Economist, 26 de agosto, 2018.

El plan de recuperación económica de Nicolás Maduro fracasará. Puede funcionar con algunas modificaciones y añadidos, como un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y una reestructuración de la deuda externa para obtener financiamiento, pero esto requiere de un acuerdo entre el gobierno, la oposición y la comunidad internacional. Pero ello es difícil que suceda con Maduro en la presidencia, se requiere un presidente competente para ello. Este es el planteamiento de la Revista The Economist en un artículo reciente. Esta revista es muy prestigiosa y tiene mucha influencia, en particular en el liderazgo europeo. Debido a ello insertamos a continuación una traducción libre que hicimos del artículo en cuestión.

“El realismo mágico de Nicolás Maduro”

Nicolás Maduro lo llamó una impresionante fórmula mágica. Su paquetazo rojo consistió en una nueva moneda que le quitó cinco ceros al depreciado bolívar, un fuerte incremento de las gasolina y un incremento del 3.000% en el salario mínimo. Olvidemos la magia. La fórmula del presidente, aun con algunas dosis de realismo, fracasará en su propósito de rescatar a los venezolanos de la agonía económica. Venezuela tiene el peor comportamiento de una economía en países que no atraviesan por un conflicto bélico. El PIB cayó más de un tercio entre el 2013 y el 2017. La inflación podría sobrepasar el millón por ciento este año de acuerdo al FMI. El país con las más grandes reservas de petróleo no puede importar suficientes alimentos y medicinas. Los cortes de agua y luz agobian a las ciudades. Más de 2 millones de venezolanos han abandonado el país, perturbando a los países vecinos.

Maduro dice que ello es culpa del “Imperio” que ha desatado una guerra económica sobre Venezuela. De hecho la catástrofe es causada por el alocado modelo socialista introducido por Hugo Chávez y continuado por Maduro, después de la muerte de Chávez en 2013. Las expropiaciones y el control de precios han debilitado a las empresas privadas y deprimido la producción. La corrupción ha subvertido al Estado. La caótica administración de PDVSA, la compañía estatal de petróleo, ha ocasionado la caída de la producción de petróleo a la mitad desde el 2014. Así como el régimen ha asfixiado la democracia, manipulando las elecciones y gobernando sin tomar en cuenta a la Asamblea Nacional controlada por la oposición, de igual forma ha estrangulado la economía.

Tardíamente, Maduro ha reconocido la necesidad de un cambio de rumbo. Ha admitido por primera vez que la hiperinflación es causada por la desenfrenada creación de dinero para financiar el déficit público, el cual excede el 30% del PIB este año, de acuerdo al FMI. Su paquetazo devaluó la moneda de 250.000 bolívares viejos por dólar, disponible para unos pocos privilegiados, a la tasa dominante en el mercado paralelo de 6 millones. Pero Maduro ha establecido las bases para el fracaso de su plan. El nuevo bolívar soberano está supuestamente anclado al petro, una nueva unidad de cuenta que está ostensiblemente respaldada por las reservas de petróleo. Pero en la medida que nadie conoce cómo trabajará el petro y nada enlaza la nueva moneda al mismo, esta ancla inspira poca confianza. En la práctica el régimen continuará imprimiendo tanto dinero como desee. El compromiso de eliminar el déficit fiscal pierde credibilidad por la excepción impositiva concedida a PDVSA y la elevación del salario mínimo. Esto catapultará el gasto salarial gubernamental, incentivará aun más la inflación y contribuirá al quiebre de empresas. Existen rumores de que se acentuará el control de precios lo cual desestimulará aun más la producción.

Con alguna otra persona en el cargo Venezuela podría tener algún chance. Un presidente competente podría mantener parte de la terapia de Maduro, como la devaluación y añadir algún otro remedio. Levantar el control de precios y conceder mayor seguridad jurídica a las empresas. Darle mayor autonomía al Banco Central para fortalecer el bolívar o dolarizar la economía. Venezuela ganaría credibilidad externa y soporte financiero negociando un programa de ajuste con el FMI, lo cual podría establecer las bases para iniciar una negociación seria para reestructurar la deuda externa. Todo esto necesitará la cooperación de la oposición y de la comunidad internacional. Esto es difícil que suceda con Maduro en la presidencia. Venezuela necesita una reforma real, no magia.

Referencia: The Economist. 2018. Nicolás Maduro magical thinking. 23 de agosto, 2018.

Profesor UCV

josenri2@gmail.com