Durante los últimos años se ha producido una tendencia a la privatización de la industria petrolera de algunos países en vías de desarrollo, que tradicionalmente han mantenido este sector en manos del Estado. Es el caso de México, que inició en el año 2013 un proceso de apertura de su industria a la inversión privada. Saudi Aramco, la empresa petrolera estatal de Arabia Saudita, está realizando los trámites para cotizar en la bolsa de valores el 5% del valor de la empresa. En este contexto, la industria petrolera venezolana está atravesando por un proceso similar desde hace varios años, en la forma de asociaciones de PDVSA con empresas foráneas. Sin embargo, mientras la privatización en otros países, como México, se asume sin dobleces, dicho proceso ingresa en el discurso chavista de contrabando, pues lo que se le presenta a las bases para su movilización es un discurso anticapitalista, antiimperialista y estatizador. En la huida hacia adelante que he emprendido el chavismo oficialista desde hace varios meses, es probable que este último discurso se imponga, conduciendo a la industria petrolera a un descalabro mayor del que enfrenta actualmente.

Las empresas públicas petroleras, como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y PDVSA, se han convertido en gigantescos e ineficientes monstruos burocráticos que, en las condiciones actuales del mercado petrolero, han demostrado ser inviables. En consecuencia, han emprendido reformas que se han traducido en un proceso de privatización, el cual ha asumido diversas modalidades. En el caso de PEMEX, el gobierno mexicano aprobó una reforma energética en el año 2013 que abrió la industria petrolera a la inversión privada, lo que dio fin a 75 años de un monopolio encabezado por la empresa estatal. Esta apertura se ha llevado a cabo mediante un proceso de subasta de campos de petróleo y gas ubicados en tierra firme y en el golfo de México. El proceso de privatización no ha sido fácil pues los bajos precios del petróleo han influido, en primer lugar en el resultado económico de PEMEX, la cual en los primeros 9 meses del año 2015 obtuvo los peores resultados de su historia, acumulando pérdidas por veinte mil millones de dólares, el doble de todo el año anterior. En segundo lugar, los deprimidos precios han minado el entusiasmo de las empresas a la hora de participar en el proceso de subasta abierto por el gobierno. Sin embargo, el proceso ha venido avanzando y en las diversas subastas se han asignados campos a empresas mexicanas, estadounidenses, canadienses y holandesas.

Otra modalidad de privatización ha sido la asumida por Arabia Saudita, al privatizar una proporción del valor total de la empresa estatal mediante la emisión de acciones. Saudi Aramco, la empresa estatal, tiene un valor de mercado de dos billones de dólares y está haciendo los trámites para emitir acciones por un valor de 100.000 millones de dólares equivalente al 5% del valor de la empresa. En este momento, según el programa CNN Dinero, la compañía estatal está evaluando en qué mercado hacer las emisiones de acciones, si en el de Nueva York, Londres o el de Tokio, pues las regulaciones de cada uno de ellos es diferente. Ello implica que la compañía estatal debe iniciar un proceso de reorganización interna para ajustarse a las exigencias de los reguladores estadounidenses, que parece ser la primera opción de la compañía, por las posibilidades de acceso al financiamiento que posee dicho mercado. Esta reorganización supone que la empresa debe ser transparente, es decir, suministrar la información requerida a fin de que los potenciales accionistas tengan acceso a información confiable y actualizada sobre la situación económica de la empresa, los niveles de producción, costos, el nivel de endeudamiento, por citar algunos de los aspectos cruciales.

En el contexto enunciado, PDVSA ha estado implementando una política de abrirse a la inversión privada en los últimos años, a través de asociaciones estratégicas con empresas privadas foráneas. Este esquema de asociaciones está sustentado en el artículo 303 de la constitución del año 1999, que le confiere al Estado la explotación de la industria petrolera, pero que crea una excepción que permite la asociación de PDVSA con capitales privados. Debido al colapso de la producción llevada a cabo por PDVSA con sus recursos propios, la producción venezolana ha quedado progresivamente en manos de las empresas mixtas petroleras (EMP), las cuales aportan en la actualidad la mitad de la producción petrolera venezolana. PDVSA está prácticamente quebrada y no tiene flujo de caja (flujo de efectivo) para financiar las operaciones de mantenimiento de los taladros, mientras que las empresas privadas aportan el financiamiento requerido para la expansión de la producción aportada por las EMP.

La privatización en la forma de asociaciones con el capital extranjero entra en el discurso chavista por la trastienda, como un contrabando, de la mano de la gerencia de PDVSA presidida por Eulogio Del Pino. Paralelamente a este discurso, se desarrolla otro anticapitalista, antiimperialista y estatizador que se utiliza para movilizar a las bases. Este último es el defendido por sectores del chavismo que plantean la estatización total de la industria petrolera y presionan por revertir la política llevada a cabo por Del Pino. En la huida hacia adelante que ha emprendido el chavismo oficialista desde hace varios meses, es probable que estos sectores impongan su discurso, en la constituyente en curso, lo cual sería un suicidio para la empresa y llevaría a la industria petrolera venezolana a una situación más calamitosa que la que enfrenta actualmente.

Profesor UCV

Josenri2@gmail.com

Nota: la información sobre PEMEX fue tomada de la prensa digital, en particular de un reportaje del diario El País. La referente a Saudi Aramco proviene de una edición reciente del programa CNN Dinero. La información sobre PDVSA se origina en dos entrevistas realizada al experto petrolero Francisco Monaldi que detallamos en artículo previo (ver: Rodríguez Rojas. J. E. 2017. La Constituyente, una agenda llena de incertidumbre. Dígalo Ahí Digital, n°8, julio 25, 2017) )

Los venezolanos estamos saturados de oír por parte de los cómplices del régimen, sus líderes, sus militares y por Nicolás Maduro, la expresión de que todo lo que acontece y vivimos es “parte del legado de Chávez” y que como tal, debemos defenderlo, estar complacidos y sentirnos felices y orgullosos de que ese legado sea lo que impere y suceda cada día en la vida de los venezolanos y en la rutina de nuestro país.

Es un espectáculo triste y a la vez bochornoso, oír a venezolanos de todos los estratos sociales referirse a ese legado. Sobre todo en su mediocre campaña para la despreciada e ilegal elección de la asamblea constituyente que se llevó a cabo el 30 de julio. Es triste y además digno de lastima el comportamiento y discurso de esos candidatos a constituyentistas, con un vocabulario y una forma de hablar que derrocha ignorancia y mediocridad, además de la falsedad de lo que le obligaron a decir durante la campaña. Esos son los venezolanos que van a decidir el futuro del país y los que harán de Venezuela una potencia.

Ante la abrumadora y atorrante campaña para las elecciones, un hecho que demuestra nuevamente el derroCHe de los recursos de los venezolanos, vimos y nuevamente comprobamos que al régimen y sus seguidores le importa un coño ese pueblo que tanto aman, que hoy se muere de hambre y por la falta de medicinas. Pero que importa, pues la ANC va a resolver los problemas del país, problemas creados por su ineptitud y que los líderes del régimen creen que con el bodrio de ANC, que van a aprobar con el voto de la ignorancia y el engaño y con la sucia y descarada trampa y la complicidad del CNE, va a resolver esos problemas.

Después de casi 20 años de un régimen fallido y forajido, los venezolanos hemos podido sentir los frutos de ese tan cacareado legado de Chávez, para muestra bastan unas pocas palabras:

BaCHaquero: venezolano inmoral, asesino y delincuente que vive del hambre y las necesidades del venezolano. Ser despreciable y abominable, sin escrúpulos y nacido en revolución.

BoliCHicos: venezolanos ladrones, hijos de papá, protegidos por el régimen, que hicieron negocios multimillonarios con la complicidad del régimen. Hoy libres y disfrutando en USA y Europa de lo que nos robaron.

CHabacanería: lo que vemos cada vez que personas como Pedro Carreño, Diosdado Cabello, Iris Varela, Mario Silva, etc, vomitan (pues no hablan) cada vez que se expresan ante los medios de comunicación o cuando insultan en las sesiones de la AN.

CHacales: jauría de perros asesinos que se reúnen en las puertas de la AN para agredir a los diputados de la oposición; jauría de colectivos, de GNB y PNB que disfrutan de asesinar, de robar y torturar nuestros jóvenes, periodistas, de arremeter contra los bienes de los venezolanos. Jauría de animales que satisfacen su odio y hambre de maldad con una bolsa CLAP.

CHamba: lo que muchos venezolanos no tienen. Lo que muchos venezolanos corren el riesgo de perder, según las amenazas del régimen, si no votan por la ANC.

CHambón: la mayoría de las obras, leyes, proyectos, misiones y otros inventos hechos en estos 20 años de revolución.

CHampaña: lo que los líderes del régimen, militares y enCHufados toman como agua en sus celebraciones familiares y negocios obscuros. Lo que se bebe en las reuniones oficiales del régimen y en las embajadas para celebrar sus triunfos.

CHanCHullos: lo que ha ocurrido en 20 años de gobierno y que ha permitido el enriquecimiento de los líderes del regimen, militares, políticos, empresarios y muchos seguidores del régimen. Es “el pan de cada día” y el modus operandi que marca la pauta en la revolución pulcra y bonita.

CHantaje: lo que hemos visto y oído por parte de los líderes y seguidores del régimen (llámese pueblo chavista) cada vez que amenazan a los que no van a votar diciéndoles “que se atengan a las consecuencias”, “que serán despedidos” y lo más asqueroso y criminal con ese pueblo que tanto aman, que “no recibirán más las bolsas CLAP”. Que indignación y tristeza provocan esos venezolanos.

CHamos: nuestra legión de héroes que han dado su vida y siguen en la lucha por una Venezuela mejor. Los “hijos de la patria” (como les encanta decir en sus discursos) que han sido asesinados, torturados y privados de su libertad y derechos por los esbirros civiles y militares del régimen, sin distingo de género. Los hijos que se han ido del país buscando su futuro, ante una gran incertidumbre.

CHimbo: sinónimo de Chambón. El mejor ejemplo, la revolución bonita y sus líderes; sus ministros, gobernadores y alcaldes.

CHispa: la que todavía hace falta encender en todo el país para salir de esta dictadura.

CHofer: persona irresponsable, inculta, inmoral, despiadado criminal y dictador que usurpa el cargo de presidente de Venezuela. El hijo de Chávez, impuesto por él para destruir al país. Uno de sus más grandes legados.

CHulos: el grupo de países que Chávez compró y chantajeó con el discurso de la integridad latinoamericana y que hoy viven de nuestro petróleo. Léase CARICOM, CUBA, NICARAGUA, REPUBLICA DOMINICANA, etc, etc.

CHusma: sinónimo de Pedro Carreño, Iris Varela, Mario Silva, colectivos, bachaqueros, etc, etc.

CHapucería: el acabado final o indicador de calidad de la mayoría de las obras de infraestructura del gobierno. Lo que define el desempeño de los médicos integrales egresados de las universidades bolivarianas y de muchos de los médicos piratas cubanos.

CHina: país invasor al igual que Cuba, al que Chávez empeño el futuro de nuestros hijos y de todos los venezolanos y al que le debemos hasta la forma de caminar. Los venezolanos no sabemos dónde están los resultados de esos préstamos multimillonarios. Lo que sí sabemos es que nuestro petróleo y nuestro futuro está empeñado.

CHiquero: en lo que se han convertido nuestros hospitales, escuelas, las calles de las ciudades, nuestros parques, etc. Venezuela es un gran chiquero, gracias a la revolución bonita.

CHoro: personeros y líderes del régimen, militares, ministros, gobernadores, alcaldes, diputados del PSUV y cualquier otro venezolano, sin distingo de clases sociales y género, que están haciendo de las suyas con los dineros de los venezolanos ante la más descarada impunidad. La CHorocracia es el régimen instaurado en Venezuela y el modus vivendi para unos cuantos venezolanos, de muchas tendencias políticas.

CHoCHera: etapa de la vida la cual nos gustaría llegar y ver otra Venezuela, si es que el régimen lo permite y no pelamos bola por falta de medicinas o atención médica o simplemente por desnutrición.

DerroCHe: lo que hace el régimen con los dineros del venezolano, comprando armamento para reprimir y no para satisfacer las necesidades en alimentos, medicinas, mejora de los servicios públicos. Es la vida que llevan los grandes líderes del régimen, pseudosocialistas que dan la vida por vivir en EEUU, el imperio que tanto repudian (solo en los discursos). Es el estilo de vida que llevan fuera de Venezuela los hijos y familiares de los líderes del régimen, de militares, de enCHufados, etc.

EnCHufados: legión de venezolanos inmorales que han desangrado al país y cercenado el futuro de nuestros hijos y nietos con negocios fraudulentos en sociedad con líderes del régimen y que disfrutan de la mayor impunidad. Muchos en el país, pero la gran mayoría fuera junto a sus familiares. Sinónimo de CHoro de cuello blanco. Nuevo estrato de la sociedad venezolano, fiel copia de la cuarta república.

LeCHe: otrora alimento de nuestros niños. Hoy inalcanzable para muchos hogares venezolanos por su alto precio y por su escasez. Veremos en el futuro los resultados de su no consumo por nuestros niños.

LuCHa: la que debe continuar para salir de la dictadura. Elemento perturbador que ha hecho de los venezolanos su cotidianidad, su rutina diaria y que le ha impedido dedicarse a otras cosas más productivas. Palabra no conocida para muchos venezolanos indiferentes y cómodos.

30-07-2017

Los venezolanos demócratas deben estar orgullosos porque en estas duras jornadas triunfó el pundonor sobre la ruindad. Nunca en nuestra historia del siglo XX y lo que va del presente, tantos ciudadanos se habían comprometido en una lucha desigual en contra de una dictadura apoyada por los más viles de una sociedad.

Las dictaduras de Juan Vicente Gómez y de Pérez Jiménez fueron enfrentadas por un grupo relativamente pequeño de valientes, algunos de los cuales fueron asesinados, torturados, encarcelados o exiliados. Con excepción de unos pocos independientes, la mayoría eran militantes de alguna ideología política.

En esta oportunidad, participan masivamente ciudadanos que en su mayoría nunca se habían interesado por la política. Reconocemos la valentía de los jóvenes y de los ciudadanos en general que perdieron la vida, que han sido torturados, heridos o encarcelados. De los comunicadores sociales que se arriesgan para cubrir las noticias y por ello son agredidos. De los médicos que atienden a los heridos y también salen a protestar. De los agricultores, obreros y empleados que abandonan sus actividades para cerrar vías y enfrentar la tiranía. De las amas de casa que dejan por momentos sus quehaceres domésticos para expresar su descontento. De los comerciantes y empresarios que ponen en riesgo el fruto de su trabajo por sumarse a un paro o por salir a las calles a rechazar los abusos. De los militares que han rechazado al régimen. Honor y justicia para los caídos y para quienes no se doblegan.

Cierto que en nuestra sociedad también tenemos gente ruin en todos los estratos. Desde profesoras eméritas y políticos, hasta profesionales de las armas. Así mismo, asesinos y torturadores que no tienen piedad con el indefenso. Funcionarios que roban desde unos cuantos millones de bolívares hasta la voluntad popular expresada en elecciones o que impúdicamente obligan a sus subalternos a asistir a actos políticos en contra de su voluntad. Igualmente contamos con compatriotas que aplican la viveza para lograr sus fines. Castigo legal y moral para estas lacras.

Sería mezquino no reconocer el trabajo de nuestros dirigentes, quienes en su mayoría asumen más riesgos que el común de la gente. A veces hemos señalado algunas de sus actuaciones que en nuestro criterio, bueno o malo, consideramos errores. Sin embargo, con muy pocas excepciones, nunca hemos pensado que son colaboracionistas. Frecuentemente se hacen señalamientos irresponsables de que están negociando sus propios intereses. Entendamos que conversar, dialogar o negociar con la caterva de malandros que están en el poder no es un delito y las más de las veces es necesario. Lo importante es que en esos encuentros no se ceda en los principios que rigen una sociedad civilizada.

Particular reconocimiento a esa comunidad internacional que ha condenado a la dictadura. A los valientes pronunciamientos de Almagro, del grupo de ex presidentes, del Parlamento Europeo y de varios gobiernos democráticos. Esta solidaridad internacional no solo es un apoyo moral, sino que contribuye al debilitamiento del régimen.

Nadie debe desanimarse por este nuevo fraude ordenado por Maduro y llevado a cabo por los magistrados sinvergüenzas e ilegítimos del TSJ, así como por las harpías del CNE que depositaron al menos unos seis millones de votos quiméricos. La lucha es hasta recuperar la democracia y lograr un mejor país. Triunfó el pundonor, perdió la ruindad y se impondrán los principios y valores de la democracia.

Como en botica: El descaro de la Lucena la llevó a declarar que "ganó la paz" y el Padrino alcahueta a decir que "todo el país estuvo en completa calma", cuando hubo más e una docena de asesinatos políticos. El presidente de facto amenaza con "tomar medidas en contra de opositores, medios de comunicación y con levantar la inmunidad a los parlamentarios". Antes había dicho que "no tenían votos, pero sí armas". Pobre diablo ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados! ¡Abajo la dictadura!

eddiearamírez@ hotmail.com

A veces cuesta levantarse y no es porque se siga con sueño; este 31 de julio de 2017 ha sido otro de ellos.

En Aragua, los que tuvimos la curiosidad de constatar personalmente el desarrollo de las votaciones para la constituyente, convocada por el presidente de manera inconstitucional, pudimos comprobar que las mismas se desarrollaron en un ambiente de normalidad, dado que los que decidieron responder al llamado, pudieron hacerlo sin ningún tipo de presiones físicas violentas de parte de los que no compartían su decisión.

El oficialismo utilizó como estrategia y por disposición complaciente de su órgano electoral, concentrar los esfuerzos de acarreo en unos pocos centros, dejando a la voluntad del votante no presionable el utilizar cualquier de los otros ubicados en su municipio.

Los seleccionados para la nucleación, oficiales o de hecho, presentaron a lo largo del día una presencia de electores visible pero nunca similar a la observada en eventos previos, acompañada de puntos por los que debían pasar los asistentes después de votar, de manera que personal destinado para tal fin, incluyera los datos de su llamado “carnet de la patria” en listas destinadas al control de asistencia. Llamó la atención la presencia contundente de personas de la tercera edad y que en algunos de estos centros el punto de control fue ubicado dentro de ellos, mientras que la mayoría se colocaron en la acera de enfrente, sin respeto al supuesto perímetro de “seguridad”.

En el resto de los centros la ausencia de electores fue notable, llegándose al caso de que algunos estaban cerrados y el potencial elector tenía que tocar la puerta para ser atendido.

Lo reseñado se repitió a lo largo del estado y desde distintos municipios se recibieron informes similares, situación que fue repetida en muchos otros estados del país y que llevó al anuncio de la Unidad Democrática de que se había producido una asistencia nacional alrededor del 12 % del registro electoral.

No obstante y para sorpresa de nadie, el órgano gubernamental electoral informó de la asistencia de más de 8 millones de votantes y la elección de constituyentes por circuito, estando en proceso la definición de los “sectoriales”. Esta información no ha podido ser confirmada dado que su página web oficial no está operativa.

Volviendo a las ganas de quedarnos acostados, tenemos que aceptar que las mismas no tienen ninguna justificación, salvo la noble flojera.

Es que acaso creímos que los resultados del proceso iban a ser reseñados verídicamente. Si hemos mantenido que enfrentamos una dictadura y que la misma controla sin tapujos a los poderes electoral y judicial, como podemos esperar comportamientos distintos. ¿Y el sector militar? Bien y gracias de parte del gobierno, porque de la gente cada vez reciben menos muestras de aprecio.

¿Qué queda? Seguir y esperar que en algún momento seamos oídos. La salida definitiva tiene que ser pacífica y democrática, y para llegar a ella la vía es electoral, teniendo como requisito un sistema y un órgano rector distinto, así como la indispensable ampliación de la unidad nacional si es que aspiramos lograr un cambio real.

Los eventuales integrantes de esa unidad están a la vista de todos, siendo fundamental lograr su encuentro. La oposición, por acción u omisión, a la fraudulenta convocatoria de la hoy indudablemente fraudulenta constituyente demostró que es posible.

De manera que ya está bueno de cama y no queda otra que levantarnos recordando a todos los que han caído asesinados en esta lucha

La asechanza de los marrulleros acecha desde las garitas bajo la mirada cómplice y complacida de quienes piensan en los peces y desean tirar la nasa en el río aprovechando lo revuelto de las aguas. Con artero cálculo frotan sus manos y se relamen los labios escudados en pertrechos bajo el manto de la injusticia y de la ignominia. Ya están montados en el parapetado tinglado con payasos y maromeros entre saltimbanquis y morisquetas en espera de que el dueño del circo sin pan les baje el dedo para que, al son de fanfarrias, risas y vítores, claven la puntilla en el corazón de la democracia y de la libertad, en el alma del pueblo.

Recientes investigaciones científicas han demostrado que los gorilas no son tan fieros como nos los han pintado desde su descubrimiento y hasta la aparición de King Kong: sin embargo, su imagen y aspecto sirvió para describir a los tiranos y dictadores latinoamericanos, sobre todo a los que mancillan uniformes que por siempre simbolizaron libertad e independencia.

En un país donde hasta las nieblas andinas, avileñas o costeras han desaparecido, desde la sierra los gorilas se preparan para atacar a quienes desprevenidos, quizás, han decidido tomar la ruta del matadero creyendo que las villas y castillos que les ofrecen se convertirán en realidad cuando ya no hay nada qué dar distinto a las peinillas y las bombas lacrimógenas que en verdad lo que hacen es cubrir de humo el amargo llanto que día a día vertimos sobre nosotros mismos, abierta o encubiertamente, ante la cruda y amarga vida que llevamos con este régimen farsante.

Pero creemos que no todo está perdido. Los venezolanos somos del tamaño del compromiso que se nos presente; los grandes momentos nos han llegado por deseos y por lucha o por la mano de Dios, siempre han llegado: tarde, como ahora, o temprano, como otras veces, pero siempre llegan y esta vez no tiene por qué ser distinto.

Debe imponerse la sensatez y las grandes mayorías del pueblo, el manoseado y baboseado soberano, deben abstenerse de prestarse a la comparsa para no ponerse la soga al cuello; es hora de que la dignidad se imponga y les demostremos al régimen y sus secuaces que no es con dádivas ni canonjías para los pobres, como tampoco con prerrogativas ni privilegios para los sátrapas, con que se construye una nación, sino mediante el trabajo y el estudio en un clima de democracia y de libertades para que con nuestro esfuerzo logremos nuestro propio sustento y desarrollo… ¡NO a los gorilas en la sierra!

Es previsible que un número considerable de países de la región y la Unión Europea no reconozcan el resultado de las elecciones impuestas por Nicolás Maduro para elegir una fraudulenta Asamblea Constituyente. De hecho, así lo han anunciado ya los gobiernos de Colombia y Panamá. Este hecho tendrá importantes consecuencias en el plano internacional, las cuales formarán parte de la creciente presión para que gobierno y oposición busquen una salida negociada que sea pacífica y, por encima de todo, realmente democrática.

¿Qué dijeron los gobiernos de Colombia y Panamá?

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó que la Constituyente “tiene un origen espurio y, por consiguiente, sus resultados tampoco podremos reconocerlos”. Por su parte, un comunicado oficial del gobierno Panamá se refirió a las elecciones, concluyendo que “no reconocerá sus resultados, sobre la base de los vicios que ya se identifican en dicho proceso”.

Dos precedentes similares

No es la primera vez que distintos países de la comunidad internacional desconocen los resultados de un proceso electoral que consideran irregular e ilegítimo.

Crimea: Cien países, en 2014, desconocieron el referéndum sobre el estatus político de Crimea, una península ubicada en el territorio de Ucrania. En una votación en la Asamblea General de la ONU, este amplio grupo de países recalcaron que el referendo, al no tener validez, no podía servir de base para modificar el estatus de la península. En consecuencia, desconocieron la decisión de adhesión a Rusia. Apenas once países votaron en contra (Armenia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Rusia, Sudán, Siria, Venezuela y Zimbabue), mientras que 58 países se abstuvieron y 24 estuvieron ausentes.

A pesar del amplio desconocimiento internacional al referéndum y la subsecuente adhesión de Crimea a Rusia, esta ha permanecido bajo el control y administración del gobierno ruso. Sin embargo, esto le ha valido al gobierno de Vladimir Putin la imposición de un amplio paquete de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como Australia, ocasionando una importante crisis económica en Rusia.

Honduras: Otro caso reciente y más cercano fue el de las elecciones presidenciales de Honduras en noviembre de 2009. Luego de la detención y expulsión del poder del presidente Manuel Zelaya por parte de las fuerzas armadas en junio de ese mismo año, Honduras fue suspendida de la OEA. Para el mes de septiembre, Estados Unidos y la Unión Europea habían eliminado los programas de asistencia a ese país, advirtiendo que no podían reconocer el resultado de las elecciones previstas para noviembre por el origen ilegítimo del gobierno de turno.

Esa presión internacional ayudó para que Zelaya y Roberto Micheletti, el jefe del Congreso que asumió la presidencia luego de la expulsión de Zelaya, acordaran ir a un proceso de negociación para “la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia”. El resultado de las conversaciones fue el Acuerdo Tegucigalpa-San José, firmado el 30 de octubre de 2009. Allí acordaron la conformación de un gobierno de unidad nacional, la renuncia a llamar a una Asamblea Nacional Constituyente y que las elecciones del mes de noviembre fueran elecciones generales. El texto del acuerdo también solicitó “la inmediata revocatoria de aquellas medidas o sanciones adoptadas a nivel bilateral o multilateral, que de alguna manera afectan la reinserción y participación plena de la República de Honduras en la comunidad internacional”.

Aunque luego Zelaya dio por fracasado el acuerdo, la gran mayoría de la comunidad internacional (salvo Bolivia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela) consideró suficiente la realización de elecciones generales para reconocer los resultados y la elección de Porfirio Lobo como presidente.

Las implicaciones del desconocimiento internacional de la Constituyente

El desconocimiento de las elecciones de la fraudulenta Asamblea Constituyente traerá como consecuencia el no reconocimiento de esos países ante la eventual instalación de dicha asamblea y las decisiones que esta tome. Por consiguiente, aún en el caso de que la Asamblea Nacional electa por casi 14 millones de votos fuese disuelta por la Constituyente y la Fiscal General destituida, dichos países continuarían reconociendo a ambas instituciones como representantes y autoridades legítimas del Estado venezolano.

La instalación de la fraudulenta Asamblea Constituyente también podría traer como consecuencia medidas como el retiro de embajadores o el cese de relaciones diplomáticas, más aún si esta decidiera cambiar el Gobierno presidido por Nicolás Maduro, al cual la comunidad internacional le reconoce legitimidad de origen luego de las elecciones de abril de 2013. El posible efecto práctico de este tipo de decisiones podría ser también la prohibición de sostener relaciones comerciales con las autoridades designadas por la fraudulenta Asamblea Constituyente para ciudadanos, empresas y gobiernos de los países que así lo decidan, imposibilitando la firma de contratos o cualquier otra forma de relación comercial, financiera, etc.

Las eventuales medidas ya descritas no significarían que los países que decidan tomar esa posición reconocerían a la oposición venezolana o a la Asamblea Nacional como el Gobierno de Venezuela. A los ojos de la comunidad internacional, el Gobierno –independientemente de que no sea legítimo– será aquel que esté ejerciendo control efectivo sobre el territorio, lo que es y será relevante para establecer la responsabilidad de sus funcionarios y del Estado ante las constantes violaciones de los derechos humanos que están sucediendo en el país. En pocas palabras, muchos países podrían tildar al Gobierno como de facto –suspendiendo las relaciones diplomáticas y comerciales– pero Gobierno al fin, con todas las obligaciones que ello conlleva.

Al igual que en el caso de la adhesión de Crimea a Rusia, las medidas diplomáticas muy probablemente vendrían acompañadas de sanciones a funcionarios del Gobierno, de la fraudulenta Asamblea Constituyente y las autoridades que esta designe. De hecho, medidas de este tipo ya han sido impuestas por Estados Unidos e inéditamente han sido ratificadas por países como México, Colombia y Panamá. Tampoco se puede descartar la imposición de sanciones económicas, incluso por la Unión Europea, quien ya ha adelantado que evaluaría esa posibilidad.

En definitiva, constituiría un escenario de creciente e inédita presión internacional. Al igual que en el caso de Honduras, el objetivo es influir para que en Venezuela pueda concretarse una salida negociada entre gobierno y oposición, la cual garantice el respeto a la separación de poderes, la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario y la fijación de un calendario electoral.

http://prodavinci.com/2017/07/30/actualidad/que-implicaciones-tiene-el-d...

Para muchos, la fecha está marcada en el calendario con cierto aire fatídico. Desde que el gobierno anunció que el 30 de julio se realizaría la elección de la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, los venezolanos —y la comunidad internacional— han estado atentos a lo que podría pasar a partir de ese día.

Al día de hoy lo más probable es que el 30 de julio se realice la elección de la ilegítima constituyente. A partir de ese día, surgen distintas preguntas sobre lo que podría pasar en el país.

En tal sentido, he resumido las catorce principales preguntas que me han venido haciendo sobre este punto, y he tratado de exponer las respuestas de manera clara y sincera.

1. ¿Cuál es el verdadero motivo de la constituyente?

Lo que pasará a partir del 30 de julio, depende en buena medida de cuál sea el objetivo de la fraudulenta constituyente. Más allá de las formas, es claro que el objetivo no es dictar una nueva Constitución, que es para lo único que sirve una constituyente. Al día de hoy, poco o nada se ha dicho sobre el contenido de la “nueva” Constitución, y más bien se ha señalado, contradictoriamente, que no se pretende modificar el fondo de la Constitución de 1999.

El objetivo probable de esta ilegítima constituyente, por ello, es preservar y consolidar el poder absoluto para una minoría que no se atreve a contarse. Por eso se trata de un fraude: se acudió a la figura de la Asamblea Nacional Constituyente no para dictar una nueva Constitución (que nadie necesita), sino para consolidar el poder absoluto.

Queda, en todo caso, una importante pregunta: ¿quién consolidará ese poder absoluto? La respuesta evidente (el poder absoluto lo consolidará el Gobierno) es altamente insatisfactoria, pues hay bastantes evidencias para sostener que no hay una sola posición dentro del Gobierno en este sentido (y probablemente en muchos otros), con lo cual, esta fraudulenta e ilegítima asamblea constituyente se nos presenta como una especie de evento interno que pretende dilucidar qué grupo dentro del Gobierno intentará consolidar el poder absoluto.

2. ¿Cuándo se instala la Asamblea Nacional Constituyente?

Electa la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, ésta deberá instalarse dentro de las 72 horas siguientes a la proclamación de sus miembros. Asumiendo que el lunes el CNE proclame a los constituyentes, la instalación podría realizarse a partir del martes 1° de agosto.

¿Dónde se va a instalar? Según el artículo 10 del Decreto N° 2.878, la fraudulenta constituyente “tendrá como sede el Salón Elíptico del Palacio Federal”. En realidad, hay allí algo que no cuadra: la asamblea tendrá 545 miembros, que difícilmente caben dentro del Salón Elíptico.

Más allá de ese detalle, ya esta instalación anuncia un primer conflicto, pues el Palacio Federal Legislativo es un inmueble que únicamente puede emplearse como sede del Poder Legislativo. A la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus atribuciones, le corresponde custodiar ese inmueble, aun cuando físicamente esa custodia esté bajo la Unidad Especial de la Guardia Nacional Bolivariana, que en el pasado reciente ha fallado en sus labores de custodia de esas instalaciones.

3. ¿Cuáles son las reglas de funcionamiento
de la Asamblea Nacional Constituyente?

Luego de su instalación, la fraudulenta constituyente deberá dictar sus estatutos, o sea, sus reglas internas de gobierno, lo que pasa por designar a los miembros de su Junta Directiva, incluyendo a su Presidente.

Y aquí vendrá el segundo conflicto, pues los diversos grupos presentes en esta fraudulenta constituyente intentarán asumir su control a través de su junta directiva. Para ello, al menos, bastará con tener el voto de 273 constituyentes para decidir.

4. ¿La Asamblea Constituyente será originaria?

Instalada la fraudulenta asamblea y dictadas sus reglas de funcionamiento, con toda seguridad, declarará mediante “Acuerdo” su carácter originario, lo que en la práctica significa que tal asamblea asumirá el control absoluto de todos los Poderes Públicos, colocándose —de hecho— por encima de la propia Constitución de 1999.

Ni siquiera de haber sido electa democráticamente la constituyente podría adoptar esa decisión, pues hay un solo poder constituyente originario, y éste reside exclusivamente en la soberanía popular.

Sin embargo, como expliqué, tal carácter “originario” es la verdadera finalidad tras esta Asamblea Nacional Constituyente, pues su verdadero propósito, razonablemente, es legitimar su poder supremo y absoluto invocando su carácter “originario”.

5. ¿Puede la Asamblea Nacional Constituyente
cambiar al Gobierno?

De acuerdo con la Constitución de 1999, la fraudulenta Asamblea Constituyente no puede adoptar ninguna decisión con relevancia jurídica, pues ella es resultado de un golpe de Estado. Y en caso de haber sido electa democráticamente, es asamblea solo hubiese podido dictar una nueva Constitución, con lo cual, en el deber ser, la asamblea no puede cambiar al Gobierno.

Pero en la práctica, como expliqué, la fraudulenta constituyente asumirá un poder absoluto, y en tal virtud, podría cambiar al Gobierno. Hace algunas semanas se anunció que Maduro pondría su cargo a la disposición de la constituyente. Así sucedió en 1999, con la importante diferencia que el entonces Presidente Chávez tenía control político sobre aquella constituyente. La incertidumbre es tal que, sin embargo, Maduro podría poner su cargo a la disposición de la fraudulenta constituyente y ésta podría, entonces, designar a un nuevo Presidente.

Esto sería, paradójicamente, un golpe de Estado dentro del golpe de Estado. Maduro, quien promovió la constituyente para ejercer poder absoluto, sería “devorado” por su propia constituyente.

6. ¿Puede la Asamblea Nacional Constituyente
cambiar a los otros titulares de los Poderes Públicos?

Apartando el “deber ser”, como dije, la fraudulenta constituyente, invocando su falso carácter originario, podrá remover a cualquiera de los titulares de los Poderes Públicos. Una alta probabilidad es que la constituyente remueva a la Fiscal General de la República, cuya remoción —por alguna razón— no avanzó en el Tribunal. Pero también podría la constituyente, dependiendo del sector que la controle, remover y designar al Defensor del Pueblo, al Contralor y a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

7. ¿Puede la Asamblea Nacional Constituyente
disolver a la Asamblea Nacional?

Por la vía de los hechos, es probable que la fraudulenta constituyente acuerde la disolución formal de la Asamblea Nacional, lo que entre otras cosas implicaría dejar sin efecto la inmunidad parlamentaria de los diputados. Para ello le bastará con invocar, falsamente, su carácter originario.

8. ¿Y las elecciones?

La fraudulenta asamblea, si lo desea, puede suspender o diferir cualquier elección, algo probable si recordamos que la convocatoria e instalación de tal asamblea no fue resultado de procesos electorales legítimos. Esto además, sería coherente con la intención de implementar el Plan de la Patria. De acuerdo con ese Plan, la democracia no puede ser representativa sino “participativa”, pero a través de las instancias asamblearias del Estado Comunal controladas por la fraudulenta constituyente.

9. ¿Qué otras decisiones puede adoptar la constituyente?

Como sea que la fraudulenta constituyente asumirá su carácter originario, podrá —en los hechos— adoptar cualquier decisión. De eso se trata, precisamente, el poder absoluto e ilimitado que la fraudulenta constituyente podrá ejercer.

Lo que probablemente sucederá es que Venezuela pase por una suerte de “espejo de Alicia”, conforme al cual, todo lo que hoy es constitucional será inconstitucional, y todo lo que hoy es inconstitucional será constitucional.

Limitándonos a las decisiones más probables, es factible que la fraudulenta constituyente asuma el ejercicio de la función legislativa para dictar nuevas Leyes, como por ejemplo, Leyes de control de precio, como se anunció. Asimismo, es probable que se generalicen los juicios militares, pudiendo la constituyente suprimir formalmente las garantías que, hoy día, son sistemáticamente violadas. El derecho a la protesta sería igualmente regulado para hacerlo desaparecer en la práctica, otorgándole reconocimiento a las prácticas que, hoy día, constituyen técnicas de represión. La libertad de expresión, con toda probabilidad, sería sometida al arbitrio de la constituyente.

10. ¿Y qué podría hacer la constituyente con la economía?

Desde su carácter originario, la fraudulenta constituyente podría adoptar cualquier decisión sobre la economía. Vistos los anuncios y los propios antecedentes, es probable que la constituyente avance en el “sistema económico comunal”, esto es, el modelo basado en el control centralizado de la economía, bajo el cual se reconoce prioritariamente la “propiedad social” sobre activos empresariales, esto es, la propiedad pública.

Asimismo, la fraudulenta constituyente podría asumir también la función de control sobre la gestión presupuestaria y las operaciones de crédito público. Esto contribuirá a elevar más el riesgo país, reduciendo las posibilidades de éste de acceder a los mercados nacionales internacionales en condiciones económicas racionales.

11. ¿Y tendríamos dos Constituciones?

Algunos me han preguntado si luego de la instalación de la fraudulenta constituyente tendríamos dos Constitución en vigor.

En realidad, lo que va a pasar es que no vamos a tener ninguna Constitución. La Constitución de 1999, por la fuerza de los hechos, terminará de ser derogada por la “originaria” constituyente. Y la nueva Constitución, por su parte, solo sería dictada luego de que el grupo que controle la constituyente logre consolidar su poder absoluto. Algo que, como se ha asomado, podría tardar meses, e incluso, años.

12. ¿Y la nueva Constitución sería sometida a referendo?

Es irrelevante analizar si la nueva Constitución sería sometida a referendo, pues al ser todo el proceso producto de un fraude constitucional, la nueva Constitución sería ilegítima, incluso, pasando por ese referendo aprobatorio.

Pero, en cualquier caso, lo más probable es que la nueva Constitución no sea sometida a referendo. Como mucho, sería sometida a fraudulentas “consultas”, en especial, invocando la “transformación” de la democracia, que quedaría reducida a los mecanismos de participación asamblearios del estado comunal.

13. ¿Quién gobernaría en Venezuela?

No debemos preguntarnos solo quién gobernará en Venezuela, pues además, debemos preguntarnos qué se gobernará y cómo se gobernará.

En cuanto a lo primero, como dije, gobernará (o intentará gobernar) el grupo que logre controlar la mayoría de miembros de la fraudulenta constituyente. Además, se gobernará con métodos claramente represivos, con el “barniz de legitimidad” que, en vano intento, pretenderá derivarse de esta fraudulenta asamblea.

Más difícil es responder a la última pregunta. Pues la instalación de esta fraudulenta constituyente debilitará todavía más la gobernabilidad en Venezuela, en un contexto en el que se incrementará no solo la conflictividad política, sino además, la conflictividad económica y social. En este contexto, muy poco quedaría por gobernar.

14. ¿Y qué hacer a partir del 30 de julio?

El panorama a partir del 30 de julio, en el probable evento de que se lleve a cabo la elección de esta fraudulenta constituyente, hará todavía más compleja la precaria situación institucional en Venezuela. Para no perderse en esta maraña, creo importante repetir tres reglas, que son válidas hoy y lo serán todavía más a partir del 30.

Primera regla. Todo el proceso constituyente, incluyendo la elección de la asamblea y su instalación, responden a un intento por derogar la Constitución de 1999 por mecanismos no previstos en ella, con lo cual, todos esos actos deben tenerse como inexistentes. La fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente no tendrá autoridad para imponer órdenes de obligatorio cumplimiento.

Segunda regla. La Constitución formalmente vigente es y será la de 1999. Todos tendremos la obligación de hacerla cumplir, tal y como ordena su artículo 333. Ello incluye en especial a los funcionarios e integrantes de la Fuerza Armada, tal y como se asentó en la consulta popular del 16 de julio.

Tercera regla. La Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015 es el legítimo y exclusivo representante del pueblo. La fraudulenta constituyente podrá intentar disolver o afectar el funcionamiento de la Asamblea, pero jurídicamente, insisto, todos esos actos deberán tenerse por inexistentes. Los ciudadanos solo debemos obediencia a la Constitución de 1999 y los actos que, en ejecución de ésta, sean dictados por los legítimos Poderes Públicos, principalmente, por la Asamblea Nacional.