Los resultados de la consulta popular promovida por la sociedad venezolana y convocada por la Asamblea Nacional el pasado domingo 16 de julio marcan un hito en el arduo camino de resistencia al régimen autoritario que devino del chavismo. Por segunda vez en la actual crisis se ha expresado claramente la voluntad popular. En diciembre de 2015, en las parlamentarias, con la contundente victoria opositora, esa voluntad exigió un cambio político, yo diría que negociado, entre el Ejecutivo —heredero del legado de Chávez— y el Legislativo —controlado a partir de entonces por los partidos opositores del proyecto político chavista—. Este julio de 2017 la voluntad popular, ante la sordera gubernamental, fue más severa: más de siete millones y medio de ciudadanos, corriendo con los riesgos que implica salir a ejercer sus derechos políticos en un contexto de creciente represión y anomia, lo hicieron para exigir al gobierno nacional desistir de su convocatoria a una Asamblea Constituyente. Demandó así mismo que la Asamblea Nacional (AN) y la FFAA, dos instituciones clave del Estado,cumplan con sus obligaciones. Es decir, redoblen sus esfuerzos para que la nación, la sociedad y el Estado, vuelvan al cauce constitucional.
Muchos ya han señalado el gran poder simbólico que ha significado ese evento del 16J. La rapidez con que logró organizarse, la escasez de recursos, la solidaridad de partidos, movimientos y agrupaciones de la sociedad civil, la superación de obstáculos colocados por instituciones pervertidas, la disposición de cientos de venezolanos dispersos por el mundo para organizarse con la AN y lograr que cientos de miles de compatriotas pudieran ejercer también sus derechos políticos, resulta, por decir los menos, asombroso. Un genuino ejercicio de democracia directa ejercida por una nación que, con las penurias sufridas, se ha metamorfoseado en una sociedad globalizada del siglo XXI. Sí, estamos en todas partes, pero seguimos con Venezuela en el corazón. Cinco y hasta siete horas de cola hicieron algunos para ejercer su derecho. El mensaje de firmeza, de convicción, parece irreversible. Los venezolanos no van a resignarse a un régimen sin derechos ni libertades; no van a aceptar que los desalojen de la comunidad democrática internacional a la que pertenecen.
Más allá de lo simbólico hubo también el domingo 16J un vigoroso baño de legitimidad para los actores sociales y políticos que vienen luchando por abrir el cauce de una salida pacífica y democrática para el país. La masiva participación popular debe entenderse también como un respaldo claro a la razón que asiste a las fuerzas de la sociedad que llevan más de cien días luchando en calles y en diversos otros espacios públicos. Esas fuerzas que han desarrollado dentro y fuera del país todo tipo de iniciativas con el fin de hacer visible al mundo el repudio de la nación a la deriva autoritaria, nepótica, corrupta y represiva del gobierno de Maduro. La ciudadanía el 16J reconoció ese esfuerzo y pide que se siga abriendo el camino, que estarán allí apoyándolos y harán lo necesario para asistirlos, siempre dentro del cauce pacífico y democrático.
En lo que sigue voy a tocar dos puntos de esa ratificación de legitimidad. Me voy a referir primero, a la consulta como un mecanismo de democracia directa. En el evento del 16J se pudo constatar, irónicamente, un legado del chavismo en su primera etapa, antes de ser lo que ahora es: que la participación ciudadana individual y directa es un principio que no sólo se asentó en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino en lo profundo de la concepción de democracia que anida en la sociedad. Y con esta idea como guía, en un segundo punto desarrollo unas ideas sobre cómo seguir desde aquí, cuyo objeto es servir a la discusión colectiva que debe hacerse permanente. Estamos ante un juego muy complicado de ajedrez, pero considero que la participación ciudadana se ha erguido como pieza clave, como la reina en el tablero que se juega. Necesita, por supuesto de las otras piezas, pero es clave para el jaque mate.
El 16J fue un ejercicio de democracia directa
En teoría democrática, una cosa es la democracia representativa, otra la directa o participativa. Ambas son concepciones de la democracia, pero se alimentan de corrientes filosóficas distintas.
La democracia representativa es considerada hoy por occidente, y por buena parte de la comunidad internacional, como el sistema democrático por excelencia. En ella la soberanía popular reside en el pueblo, un pueblo plural y diverso, que delega su soberanía a través del voto, a sus representantes. El pueblo gobierna, decide, a través de sus representantes, usualmente organizados en partidos políticos. Es el sistema propio de la modernidad, fue discutido en la fundación de las dos democracias paradigmáticas de occidente: la estadounidense y la francesa. En ambas se llegó a un consenso mayoritario sobre la imposibilidad de una democracia directa, y la inconveniencia de la misma, en las complejas sociedades en desarrollo. Sin embargo, quedó en el aire esa valoración de la democracia directa, como la “verdadera” democracia.
La democracia directa, se nutre del ideal griego. En ella, la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente sin mediaciones, sin partidos políticos y sin representantes. La soberanía es indivisible y se expresa en asambleas, plebiscitos, referendos, y otros mecanismos donde la mayoría expresa directamente la voluntad general de la nación. En democracia directa no hay partidos ni representantes, ni se reconocen derechos de minorías.
Los siglos de evolución de estas dos concepciones de democracia han mostrado sus virtudes y flaquezas. La democracia representativa ha producido una importante igualdad ante la ley y estabilidad sociopolítica. Pero, tiende a que la política sea un asunto de profesionales o elites y, en este sentido, se aleja de las mayorías, se oligarquiza, privilegiando intereses de minorías pudientes. En ella se mantienen importantes desigualdades económicas y sociales de los ciudadanos.
Los regímenes de democracia directa, por el contrario, tienden a desconocer la pluralidad de intereses y aspiraciones que anidan en la sociedad. Los mecanismos plebiscitarios o las asambleas tienden a fortalecer las posiciones de las mayorías, contribuyendo a la igualdad social. Sin embargo, su desprecio hacia las minorías los hace propensos a tiranías, intolerancia, autoritarismo y, eventualmente, son sostén de regímenes totalitarios. Los ejemplos del nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano y el estalinismo soviético, vacunaron en el siglo XX a las naciones occidentales contra este tipo de regímenes.
Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX se fue haciendo evidente, que el principio participativo y los mecanismos de democracia directa, temidos por la democracia representativa, son fundamentales para la salud y buen desenvolvimiento de la democracia. En América Latina, particularmente, el principio participativo ha sido muy popular en el pensamiento de la Iglesia Católica, considerándolo un instrumento al servicio de la inclusión y empoderamiento de los pobres, de la liberación del pueblo.
Esta disquisición viene a propósito de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que, en un esfuerzo por mejorar la calidad democrática del sistema político construido a partir de 1958, combinó las dos formas de democracia. La nuestra es un régimen de democracia representativa con una amplia gama de mecanismos de democracia directa. El chavismo en el primer gobierno de Chávez, socializó fuertemente el valor de la participación popular creando mecanismos para tomar decisiones, que apelan directamente a la soberanía popular sin intermediarios partidistas, como lo son las asambleas, y referendos. Nuestra Constitución los considera idóneos para producir el cambio social y político y, sobre todo, para asegurar el empoderamiento de la ciudadanía.
Así, aunque Tibisay Lucena declare que la consulta popular este 16J carece de valor “legal”, lo cierto es que el mecanismo directo de la consulta o plebiscito, o referendo, de acuerdo a nuestra Constitución, es legal y, sobre todo, es de incuestionable legitimidad. Porque como mecanismo de democracia directa, está en el corazón de la concepción del régimen participativo y protagónico. Maduro, Lucena y compañía han confesado, al restarle importancia, su divorcio con el legado original de Chávez y han enterrado definitivamente el proyecto popular que alguna vez tuvieron.
Esta consulta popular ha buscado, en mi criterio, resolver de acuerdo a nuestra Constitución y leyes el impasse que autoridades del poder público —me refiero a la Presidencia, el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral— mantienen con el Legislativo y la Fiscalía General de la Nación. En la consulta del 16J la voluntad general de la nación se expresó sin intermediarios y de manera diáfana. Esa voz de la soberanía popular rechaza la Constituyente propugnada por la Presidencia y los poderes a él sometidos y exige a la Asamblea Nacional y a la FFAA cumplir con el Estado de derecho e ir a un Gobierno de Unidad Nacional como recurso de salida a una transición democrática. La voz soberana es el sostén del orden político, y no puede estabilizarse ningún gobierno sin ella. La fuerza bruta, personificada en los cuerpos de seguridad del Estado y los paramilitares que atemorizan y reprimen al pueblo, sólo prolongan la crisis y agonía del gobierno de Maduro, pero no pueden estabilizarlo.
¿Qué sigue?
El juego político que se desarrolla ante nuestros ojos es muy complejo. Si bien la voluntad general se ha expresado con claridad, en el tablero existen diversas piezas que ahora deberán moverse a partir de esta jugada. Por el momento, las posibilidades de una resolución pacífica y democrática se han fortalecido.
En primer término, el Ejecutivo Nacional recibe el mandato de retirar su llamado a Constituyente en los términos en que lo ha hecho. Si desea continuarla debe ajustarse al requisito constitucional de consultar previamente al depositario de la soberanía popular: al pueblo.
En segundo término, los actores políticos, que hacen vida en la Asamblea Nacional, los partidos de la MUD, los diversos actores de la sociedad civil, e incluso sectores de la disidencia chavista, que en cierto modo están representados en la institución de la Fiscalía y en algunos diputados que se han alejado del bloque chavista, quedan de alguna manera legitimados para continuar abriendo el camino institucional para una vuelta al Estado de derecho. En lo inmediato, debe leerse el resultado como un fuerte espaldarazo para que desde la Asamblea Nacional se continúen los procesos de remoción de autoridades de los otros poderes públicos, que fueron designados en los últimos dos años sin ajustarse a la Constitución y las leyes,y se nombren, ajustado a derecho las autoridades que los reemplacen. Que se continúen las labores propias de la casa de la soberanía popular. En mi criterio, también es un respaldo a la labor que con gran valentía ha venido adelantando la Fiscalía y un mandato para que continúe. La Asamblea Nacional recibe el encargo de promover los pasos conducentes a unas elecciones y buscar un gobierno de unidad nacional. A la FFAA se le exige ponerse a derecho, cumplir sus funciones.
¿Obedecerá el gobierno y los poderes que controla? ¿Se ajustará a las leyes la FFAA? ¿Cómo llegar a unas elecciones sabiendo ahora con toda la evidencia del caso, que el chavismo va a perder estrepitosamente?
Los costos políticos de desobedecer el mandato popular para los actores atrincherados en el poder se van a hacer cada vez más altos. Ya en la comunidad internacional, el gobierno de Maduro es un actor incómodo, aislado, criticado. Las presiones continúan para que deje de reprimir a civiles desarmados, garantice los derechos humanos de la población y para que convoque a elecciones. Los gobiernos vecinos, así como las instituciones interamericanas e internacionales, cada vez les es más difícil mirar hacia otro lado sobre lo que pasa en Venezuela. La diáspora venezolana acarrea todo tipo de problemas a los vecinos, que ven colapsar servicios públicos y escasear empleos en sus fronteras. Esas piezas del tablero, después de la consulta, se moverán fortaleciendo a la reina, la voz popular.
Pero, otros actores, otras piezas, se mueven en otra dirección. En la comunidad internacional están los aliados del chavismo, los gobiernos de China, Rusia y Cuba, con intereses importantes en la sobrevivencia de Maduro o del chavismo a futuro. Tienen mucho dinero invertido aquí, negocios que están en riesgo, deudas que no han sido cobradas, expectativas de influencia geopolítica. En las semanas recientes se han reseñado “conversaciones exploratorias” de estos actores entre sí y con el gobierno. Se trata, en este caso de piezas del ajedrez, que podrían moverse no tanto para que se respete el Estado de Derecho, sino más bien para favorecer una salida negociada, que les asegure la permanencia de sus negocios e intereses en nuestro país. Sobre esto es importante que la ciudadanía tome conciencia de que habrá que hacer concesiones para llegar a la transición democrática. Y que los actores que se sientan a la mesa para representar nuestras aspiraciones deben estar preparados y alertas sobre qué puede concederse y qué no.
La FFAA, otra pieza importante de este ajedrez, sigue respaldando el régimen. Circulan rumores de tensiones, fragmentaciones y conflictos, hay algunos oficiales detenidos, pero en lo concreto, siguen los militares sin reaccionar, sin entender que debe cambiar su comportamiento. Esta institución,aunque desprestigiada, sigue detentando las armas, siguen muchos oficiales con intereses materiales, muchos provenientes de hechos ilícitos, con privilegios, que no van a deponer sin pelear. Por ello, es necesario buscar una salida negociada. También aquí la ciudadanía debe tomar conciencia que, en un proceso de negociación, habrá que quizás ofrecer concesiones onerosas, exilios dorados o impunidad de ciertos delitos, a cambio de que podamos abrirnos a elecciones y a una paz duradera.
En resumen, las posibilidades de llegar al umbral de una transición democrática han mejorado en las semanas recientes. Pero aún no está garantizada. En este juego de un gobierno degradado y corrupto, pero aún controlando poder, dinero y armas, la ciudadanía y las instituciones que respaldan la paz y la democracia deben permanecer más alertas que nunca y más unidas. Pero eso no basta, esta es una lucha de una Goliat, una fuerza bruta, contra un David, una vuelta a la civilidad. Es la habilidad, la inteligencia, apelando a mecanismos de democracia directa cuando se requiera, lo que, junto a la paciencia, permitirá seguir avanzando y ver una luz al final del túnel.