Desde hace meses la sociedad civil organizada de Maracay, reunida en comunidad, parroquia por parroquia, logró articular hasta 6 protestas pacíficas en diferentes sectores de la ciudad en un sólo día. Asambleas, pancartazos, plantón y visitas casa por casa en barrios y urbanizaciones.

Se creó una fuerza política civil que poco a poco lograría imponerse en las calles; pero anoche, el saqueo y el robo destruyó la ciudad y hoy las calles amanecen tomadas por la GNB, la policía y el miedo. Los vecinos no quieren salir de sus casas a las reuniones y a las acciones de calle pautadas para hoy.

Ahora es como si tuviéramos que comenzar de cero.

La desobediencia civil no es saqueo ni robo, la desobediencia civil es espíritu y razón en la lucha, comunidad, encuentro, civilidad; la desobediencia civil, debemos aprenderlo de una vez por todas, es un acto de conciencia frente a la delincuencia y el autoritarismo que hoy nos "gobierna", nos somete, nos humilla. Lo que ocurrió ayer, en este momento, en esta coyuntura, a menos de un mes de que se lleve a cabo el fraude electoral constituyente y se imponga el Estado comunal y la colectivización de nuestras vidas, sólo beneficia al "gobierno" y su proyecto totalitario.

También debemos decir que la empresa privada es una de las pocas instituciones civiles que nos van quedando, que el venezolano respeta y ahora más que nunca necesita. El saqueo y el robo no hacen más que contribuir a su desaparición y con ella a la desaparición del comercio y la sociedad.

Debemos impedir la desaparición del comercio que constituye parte fundamental de nuestra vida civil. Si el saqueo se impone acabará con los negocios y será más fácil imponer el trueque y el Estado comunal de los comisarios perseguidores.

El propósito de los ciudadanos es refundar un Estado, una ciudad y un país donde la violencia no exista; esto no lo lograremos practicando la violencia.

Nuestras únicas armas deben ser la presencia en las calles, la civilidad, el espíritu y el valor, frente al saqueo, el robo, la muerte y la destrucción. Volvamos a encontrarnos en las calles pacíficamente. La presencia pacífica de los ciudadanos en las calles es el acto más violento frente al poder de la tiranía.

Profesor Facultad de Agronomía. UCV.

@vuelapalabra

Nuestra Acta de Independencia comienza invocando “el libre uso” de nuestra soberanía” para enfrentar “una nueva dinastía constituida sin nuestro consentimiento”, en un primer trazo formal y fundacional del derecho a la rebelión frente a las autoridades ilegítimas.

Y recogiendo la mejor tradición republicana y las formulaciones del derecho a la rebelión de los pueblos desde la Carta Magna de 1215 de los ingleses y las enseñanzas de Tomás de Aquino, así como los iluminadores aportes de la deslumbrante filosofía política del s. XVIII, en el artículo 191 de la Constitución de 1811, con manifiesta impronta de Juan Germán Roscio, consagra que “El mejor de todos los Gobiernos será el que fuere más propio para producir la mayor suma de bien y de felicidad”. Para luego consagrar que “...cuantas veces se reconociere que un gobierno es incapaz de llenar estos objetivos o que fuere contrario a ellos, la mayoría de la nación, tiene indubitablemente el derecho inajenable, e imprescriptible de abolirlo, cambiarlo o reformarlo de modo que juzgue más propio para procurar el bien público”

Ciento ochenta y ochos años después, la Constitución de 1999, siguiendo la línea trazada en nuestra Acta de Independencia, consagra en su artículo 350 lo siguiente: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

Un artículo que actualiza y sintetiza, con impecable técnica constitucional, para el siglo XXI, el derecho a la rebelión de los pueblos, ya consagrado en el 191 de nuestra Constitución de 1811.

¿Qué NO dice el 350?

1. No expresa que el desconocimiento del régimen debe ser violento, en principio. El desconocimiento debe respetar los valores democráticos y los que inspiran los derechos humanos, cuya violación le da sustento a la rebelión. La aceptación del otro (del otro diferente, sobre todo) y el respeto a la dignidad humana, entre otros valores fundamentales, debe guiar este desconocimiento o lucha por la libertad.

2. No autoriza a generar caos y daños contra la propiedad pública o privada, pues de lo contrario se estarían violando los valores que busca restablecer.

3. No autoriza a dañar la vida de quienes se adversa, pues la rebelión ciudadana no se basa en la lógica del amigo-enemigo, propia de la guerra fratricida. Hay excepción de la legítima defensa, para lo cual los principios constitucionales autorizan el uso proporcionado de la fuerza.

4. No autoriza a desconocer las normas constitucionales y legales, básicas para la convivencia y respeto mutuo entre iguales. El desconocimiento es la ruptura del vínculo jurídico con el régimen, autoridad o legislación que contraríe la democracia y los derechos humanos, no con las normas y autoridades que la protejan.

5. No suspende la vigencia de la Constitución, tratados internacionales y la legislación acorde con la democracia y respeto de los derechos humanos.

¿Qué contiene y dice el 350?

1. Reconoce el derecho a la rebelión del pueblo venezolano, un derecho que forma parte del elenco de los derechos humanos, es decir, una conquista de la civilización, que debe ser ejercido para conquistar más civilización. El concepto de pueblo contenido en este artículo, está referido al cuerpo electoral o político, es decir, a la mayoría de quienes son titulares del derecho a participar en los asuntos públicos. Formalmente, en Venezuela, el pueblo está conformado por 19 millones 260 mil 775 electores inscritos en el Registro Electoral (2015).

2. Invoca la tradición republicana del pueblo venezolano, que es su fundamentación filosófica, política e histórica. La tradición republicana, como idea, nace en las discusiones que se dieron en los albores de la Universidad de Caracas, fundada en 1725, es decir, la tradición republicana es anterior al nacimiento de la idea de Venezuela, que tiene su inicio en 1777 con la creación de la Capitanía General de Venezuela. Imposible dejar de mencionar los esfuerzos hechos por el fraile Baltasar de los Reyes Marrero, quien en su cátedra de filosofía, enfrentándose a la corriente escolástica, comenzó a enseñar las ideas de John Locke, Leibniz, Newton y otros modernizadores, que incidieron en la formación de republicanos y emancipadores como Francisco de Miranda y Juan Germán Roscio, y demás integrantes de la generación de ilustrados de la preindependencia.

3. La tradición republicana implica el respeto del imperio de la ley y la igualdad ante la ley, pilares fundamentales de este sistema político, acogido entre nosotros desde la Constitución de 1811 y consolidado desde 1830. La separación de poderes, la participación activa de los ciudadanos en la vida pública y la garantía de los derechos civiles, son esenciales en esta tradición histórica, que luego se une y se complementa con la tradición democrática, que tiene su origen ya en el siglo XX, principalmente, al influjo de la Generación del 28’.

4. El 350 consagra la facultad del pueblo (mayoría del cuerpo electoral) a desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad. Observemos que este derecho implica una acción negativa, es decir, no conocer, no brindarle reconocimiento a una autoridad. Esta facultad implica negarse a acatar las órdenes o conductas que ordena el régimen, legislación o autoridad, como conducta omisiva, pero también abarca conductas positivas, acciones que implican el desconocimiento. El límite de este desconocimiento lo constituyen la creatividad de los pueblos y los valores democráticos y los que inspiran los derechos humanos. Una desobediencia tributaria masiva, puede ser un buen ejemplo de un desconocimiento de una autoridad, y un acto típicamente republicano.

5. Para que este derecho se ejecute de manera eficiente y legítima, implica organización y una actuación responsable de los ciudadanos. La responsabilidad individual también es un principio republicano. Quien se sume al desconocimiento, es decir, a la rebelión, debe estar consciente de que asumirá la responsabilidad individual de sus actos.

¿Cómo se activa el 350?

El 350 consagra un derecho que se ejerce de manera colectiva (el pueblo) y se activa cuando, precisamente, se ejercita. No se requieren formalidades especiales para su activación, es un momento más político, ciudadano, republicano, que propiamente jurídico.

Ahora bien, de acuerdo con nuestras circunstancias históricas y políticas, el 350 podría activarse formalmente con una acuerdo de la Asamblea Nacional, que podría estar apoyado por una declaración del Ministerio Público, que son los órganos que gozan actualmente de legitimidad, es decir, están actuando en protección de la democracia y los derechos humanos. Esta particularidad genera la enorme oportunidad de desplegar el derecho a la rebelión de manera organizada y controlada. Ya la Asamblea Nacional ha dado ejemplos claros de desconocimiento, en relación con las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que le han violentado y menoscabado sus potestades constitucionales. Otro tanto ha hecho con los decretos de estados de excepción que ha dictado el Poder Ejecutivo.

El acuerdo político más importante en ejecución del artículo 350, lo constituye el documento hecho público por el presidente de la Asamblea Nacional, en nombre de la Unidad Democrática, el día lunes 19 de junio de 2017.

La invocación del 350 por la Unidad Democrática

1. Declara inconstitucional al régimen de gobierno, se entiende al Poder Ejecutivo, Tribunal Supremo, Poder Electoral y parte del Poder Ciudadano, y manifiesta que no pueden ser reconocidos ni obedecidos por nadie. Ya tenemos a quién desconocer.

2. Plantea como objetivo de la rebelión la sustitución del régimen dictatorial y la restitución del orden constitucional.

3. Llama a desconocer activamente al fraude constituyente y sugiere una acción concreta: impedir el uso de las escuelas como centros electorales, para lo cual debemos constituirnos en asamblea permanente.

4. Continuar con la protesta no violenta hasta conseguir las elecciones generales.

5. Anuncian un gran acuerdo nacional que debe darle mayor contenido a la rebelión.

6. Piden el respaldo a la conformación de nuevos poderes públicos, lo cual implica una acción y muy probablemente la conformación de poderes públicos paralelos, y quizás, un Estado paralelo. Desconocer un régimen por inconstitucional, debe traer como consecuencia la designación de otro, legítimo, transitorio, hasta tanto existan las condiciones de unas elecciones libres y democráticas.

7. Llamado a la Fuerza Armada para que se incorpore al restablecimiento del orden constitucional.

Resumimos aquí los diez puntos del documento de la Unidad Democrática, que debe formalizarse en un acuerdo parlamentario, para darle mayor fuerza a los instrumentos políticos y jurídicos de la rebelión.

Reflexión final

Es imposible un análisis completo de nuestra realidad. Una realidad que cambia y se nos llena de sangre y de maldad, todos los días. Debemos apostar por mecanismos de lucha que conjure toda muerte, cualquier muerte. Rechacemos la invocación a la sangre y muerte en la lucha que estamos viviendo. La belleza tiene que apoderarse de nuestra rebelión. La protesta creativa, artística, tiene que tener mayor relevancia e incidencia. La protesta con propósito, con sensibilidad por los más necesitados. Hagamos de cada protesta, de cada manifestación pública, una oportunidad para solucionar problemas concretos. La rebelión debe ser constructiva, pues no estamos luchando por cualquier cambio, estamos luchando por el restablecimiento de la democracia y de la vigencia plena de los derechos humanos, propósitos mayores, más grandes, en esta vida republicana que nos toca vivir.

Universitas Fundación

Plaza Lara, Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela,

Día del abogado, 25 de junio de 2017

Cuando trataron de enseñarme a escribir para precisar lo que pienso, cosa que no estoy seguro hayan logrado, me indicaron que lo más recomendable es hacerlo de manera impersonal o en todo caso, utilizar el plural para contrarrestar cualquier interpretación de imposición personal que interfiriese con la intención del mensaje. Este problema no lo tiene el Papa, puesto que los católicos romanos saben quién habla cuando él utiliza el nos.

No siendo este el caso, debemos ratificar que creemos que la política es un ejercicio de búsqueda de acuerdos que permitan la coexistencia entre los seres humanos, sin que ello signifique adjurar de lo que se piensa y mucho menos negar lo que se ha sostenido como forma de vida.

Creemos en la democracia como forma de conducción política de la sociedad, que su ejercicio pleno implica que todos tengamos el mismo peso a la hora de decidir lo que nos afecta a todos, sentimos que el mundo no ha sido conducido con equidad y que todavía queda mucho por recorrer en esa búsqueda de la justicia que merece todo ser humano que actúa con responsabilidad ante la vida. En ella y como nos gustaría creer que inclusive después de ella, todos tenemos derechos y obligaciones, por lo que reclamar los unos y cumplir con las otras es regla fundamental del juego social.

Concretando y para lo que pueda servir, creemos que el gobierno de Maduro es una dictadura apoyada militarmente y estamos convencidos de que si existen adjetivos que la califican complementariamente los usamos al decir que es inepta para resolver los problemas y corrupta a unos niveles que nunca imaginamos.

Nuestro país no mejorará mientras que régimen permanezca en el poder, carece de credibilidad interna y externa, y sobre todo no tiene con que comprarla, por lo que cuanto más rápido deje de ser la causa de los problemas, más pronto podremos dedicarnos a resolverlos.

¿Cómo hacerlo? Con calle, si, por supuesto, pero teniendo claro que al invocarla le estamos pidiendo a la gente y en particular a cientos de jóvenes venezolanos que enfrenten una represión difícil de comparar en la historia, desproporcionada e incontrolada en el uso de la fuerza, que se agota (y agota), por lo que no tiene escrúpulos en reforzarse cada día más recurriendo a fuerzas parapoliciales de comprobada maldad.

¿Qué hacer a la par de la calle? El liderazgo partidista tiene la obligación de practicar su oficio y encontrar la forma de sentarse entre contrarios para, en bien de todos, concertar un camino que retorne el país a la práctica democrática, mediante la cual la convivencia en la diversidad se haga realidad.

¿Cuál es el papel del ciudadano común? Creemos indispensable seguir solicitando el cese del gobierno de Maduro lo más inmediatamente posible y contribuir a ella de la forma como cada quién pueda; no hay vía desechable y su uso dependerá de la ocasión y de las circunstancias personales. Si se presenta la oportunidad de gritarlo tenemos que hacerlo, si toca susurrarlo al amigo, vecino o compañero de trabajo así se hará. No hay esfuerzo pequeño y cuando llegue el momento, entre todos daremos el empujón final.

¿Y después qué? Reconstruiremos este país para nosotros y para los que nos siguen, no olvidaremos estos tiempos, solicitaremos y apoyaremos que se haga justicia, pero lo que definitivamente no haremos será darle cabida a la venganza, ni mucho menos a la persecución basada en diferencias de opinión. Si de algo han de servir los años vividos es para ratificar que TODOS somos Venezuela y que TODOS queremos libertad.

Ismae Pérez Vigil

Finalmente, lo que tanto clamaron muchos, llegó. El pasado martes 20 de junio, la MUD, por boca de uno de los voceros más calificados de la oposición, el Presidente de la Asamblea Nacional, nos convocó a todos los venezolanos a “…lograr la sustitución del régimen dictatorial y la restitución del orden constitucional… a enfrentar y desconocer activamente el fraude constituyente en todo el territorio nacional… (y) al desconocimiento a la convocatoria de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente”, invocando los artículos 333 y 350 de la Constitución.

El análisis jurídico de los artículos constitucionales y todos sus vericuetos legales –que son varios, incluida una sentencia del TSJ del año 2003– lo dejo a los juristas expertos en la materia. Yo prefiero reflexionar el tema desde un punto de vista más político y sobre todo del significado de esa invocación del 333 y el 350 desde un punto de vista práctico.

La convocatoria de la MUD es a defender el orden constitucional, la Constitución de 1999. Y aquí nos encontramos con una primera paradoja: defender algo a lo que muchos nos opusimos en 1999. En efecto, en 1999, un millón trescientos mil venezolanos, votamos NO, por la actual Constitución, tres millones trescientos mil votaron SI, y seis millones de venezolanos se abstuvieron.

Pero allí no terminó la historia, porque en el año 2007, cuando Hugo Chávez Frías quiso reformar “la mejor Constitución del mundo” –lo que hoy muchos chavistas no “maduristas” consideran su “legado”– entonces cuatro millones y medio de venezolanos, entre los que seguramente estábamos los que nos opusimos en 1999, votamos porque NO se reformara esa Constitución y ganamos el referendo; mientras que casi cuatro millones cuatrocientos mil votaron a favor de que SI se reformara y siete millones cuatrocientos mil se abstuvieron, el 46% de los electores.

A estas alturas muchos se preguntarán porque este rodeo por cifras y resultados de votaciones. Muy simple, porque al final de todo este proceso, y como bien fue dicho por Borges, el vocero de la MUD, llegaremos “…a nuestro fin más importante: tener elecciones para restituir el orden constitucional”. Por eso quiero resaltar que estamos defendiendo una Constitución que le es indiferente, en promedio, al 30% de los electores del país, y en consecuencia al 30% del país. Ese es el “peso muerto” que arrastramos en casi todos los procesos electorales. Una población indiferente, que no la ha movido nadie, ni el “chavismo” en su mejor época, mucho menos el “madurismo”, y tampoco la oposición. Y ese “peso muerto”, junto con los que ahora quieren una nueva Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que deben ser, siendo magnánimos con el “madurismo”, un máximo del 15% de los electores, suman casi un 45%. Un peso en contra a ser tomado en cuenta para todas las acciones y movilizaciones que se vayan a realizar.

Entrando ya en el 333 y el 350, para algunos pareciera ser una palabra mágica, que al haber sido invocada, confían en que producirá un efecto inmediato y masivo de movilización que arrastrará al pueblo a la calle y a los soldados a salir de sus cuarteles a defender la Constitución, como se los ordena el artículo 328. No creo que eso sea así y espero que los dirigentes de la oposición así lo crean también, porque entenderlo de otra manera conduciría a peligrosos errores de estrategia.

Sin caer en el manido e irónico interrogante de ¿Con qué se come eso?, es necesario responder de manera seria, ¿Qué significa invocar el 350 y el 333, desde un punto de vista práctico?, porque decir que se trata de un derecho a rebelarse, a la desobediencia civil, puede significar mucho o nada. De lo que se trata es de su sentido de eficacia. Razones para protestar –y eso es “desobedecer” en un país donde ninguna protesta es autorizada– sobran en el país: violación de derechos constitucionales, políticos, sociales y la masiva corrupción pública son el motivo para algunos; la falta de comida y medicinas, de gas para cocinar, los continuos cortes de luz y de agua, la falta de seguridad personal, los pésimos servicios públicos, y paremos ya de contar, son los motivos para otros.

Protestas hay todos los días desde hace tiempo, según nos lo reportan algunos organizaciones especializadas en la materia, el problema es su sentido de eficacia política. Cómo convertir esas protestas en motor de cambio. Cómo extender la conciencia a nuestros compatriotas de que solo con un cambio de régimen político se podrá comenzar a poner remedio de todos esos males.

Según las encuestas, al 85% del país no le agrada el Gobierno de Nicolás Maduro; y el 92% piensa que la solución no está en una ANC. Pero cómo hacer para que la parte de la población, que fue simpatizante del chavismo y hoy se opone a Nicolás Maduro, se decida a respaldar a la oposición, al país que se opone a que se instale la constituyente.

Por eso, más allá de proclamar el derecho a rebelión invocando artículos de la Constitución, la verdadera tarea es organizar a la población para que la resistencia, la rebelión, la desobediencia civil, o como lo queramos llamar, sea una actividad eficaz, que nos conduzca a ese fin de “…tener elecciones para restituir el orden constitucional.” y llegado ese momento que esté dispuesta a apoyar electoralmente a un candidato de la oposición.

Creo que ya no basta solo con convocar a manifestaciones de calle, ya no basta ampliar geográficamente la protesta, hay que extenderla también masivamente y para eso debe insistirse en un mensaje que cale mucho más en otros sectores sociales de la población, cuyo interés inmediato no es solamente la lucha por la libertad, por los derechos civiles, políticos y humanos violados, sino probablemente los derechos sociales y económicos, que son los problemas reales a los que se enfrentan cada día. Ya no basta con convocar “trancazos”, de la noche a la mañana confiando en las redes sociales, es preciso organizarlos y planificarlos por todas las ciudades para que sean mucho más eficientes y paralicen mucho más al país.

Si ya no basta solo con convocar manifestaciones, tampoco es suficiente con invocar artículos de una ley, o dar ejemplos de las cosas que resultaron o no en otros países y de medidas o acciones que se podrían tomar; es preciso organizar a la gente, no asumir que sabemos hacerlo; enseñar a la gente como se llevan adelante medidas concretas de desobediencia civil, que sean eficaces, sustentables en el tiempo y con mínimos riesgos para la población, porque no todas lo son o nos sirven para la causa inmediata.

Claro que un artículo no es el medio para hacer descripciones de las actividades que se deben realizar o poner ejemplos de las mismas; pero si para exponer y discutir algunas ideas.

Desobediencia civil es –siguiendo a San Agustín, Luther King y Gandhi– desobedecer leyes injustas o medidas injustas. Por ejemplo, tenemos un problema inmediato, en el que se debe concentrar el esfuerzo de desobediencia civil: evitar que se lleve a cabo el proceso electoral de la ANC, y si el Gobierno se empeña en llevar adelante un proceso espurio al que concurran menos del 10% de los electores, estar preparados para desenmascarar ese proceso y resistirse a que la ANC se instale y funcione. Eso es desobedecer un decreto presidencial, el decreto que convoca a una ANC y establece sus bases comiciales, que ha sido avalado por el CNE, violando todas sus leyes, lapsos y procedimientos; que ha sido “bendecido” de manera ilegal e inconstitucional por las Salas Constitucional y Electoral del TSJ. Actuar contra la ANC, por todos los medios posibles, los que estén al alcance de cada quien, es un acto de desobediencia civil.

Se ha dicho también, y es una buena idea, que el pueblo se debe reunir en Asambleas de Ciudadanos, que es un medio de participación política, y allí rechazar la ANC; de igual manera los alcaldes pueden reunir a sus ciudadanos en cabildos abiertos, que son también medios de participación política, para igualmente rechazar la ANC; ambos, asambleas y cabildos, están contemplados en el artículo 70 de la Constitución como medios de participación política y sus decisiones son de carácter vinculante. Estas y otras ideas que se han asomado son ejemplos concretos de actos de rebelión y desobediencia civil.

Pero el problema insisto, es que no basta con mencionarlos, esos y cientos más y esperar a que la gente de manera espontánea se organice, es allí donde deben intervenir los partidos políticos, sus dirigentes, los diputados de la Asamblea Nacional, para organizar a los ciudadanos, en sus propios ámbitos de actividad, en los sitios donde viven, donde trabajan, donde estudian, en las tareas de resistencia y desobediencia civil que pueden llevar adelante.

@Ismael_Perez

http://redobservacionelectoral.info/333-y-350/

¿Existe el madurismo? La pregunta puede parecer académica pero no lo es. Por lo menos no lo es en sus consecuencias. Y no lo es porque determina –sí, determina- la política de alianzas de la oposición en momentos cuando esa oposición a través de su órgano de representación institucional, la Asamblea Nacional, y en conformidad con los artículos 333 y 350, ha decidido desconocer la legitimidad del gobierno Maduro al haber este traicionado a la Constitución de todos.

En Venezuela existe una dualidad de poder. Un gobierno anti-constitucional por un lado y otro representado por una oposición constitucional. Como se dijo en un artículo anterior, en Venezuela hay muchos partidos, pero solo hay dos campos: el de la anti-Constitución y el de la Constitución. Este último campo, absolutamente mayoritario, incluye de modo creciente a sectores divergentes del régimen a los que hemos llamado “chavismo constitucional”. Su figura emblemática es actualmente la fiscal Luisa Ortega Díaz. En contra de ella está apuntando toda la artillería del gobierno inconstitucional.

De este modo, desde una perspectiva objetiva, si no existe una alianza entre el chavismo constitucional y la oposición, existe por lo menos un punto objetivo de convergencia: la defensa irrestricta de la Constitución del 99. Ese punto es –o debería ser- el origen de una alianza política de dimensiones nacionales.

Una alianza tiene lugar entre por lo menos dos entidades las que al reconocer un enemigo común deciden sumar fuerzas para derrotarlo. Para que una alianza tenga lugar se requiere por lo tanto de las diferencias. Por lo mismo, las diferencias, lejos de ser un obstáculo, son la condición de una alianza.

Entre dos fuerzas similares no se requieren alianzas precisamente porque son similares. La aceptación de las diferencias es el requisito esencial de una política de alianzas, y esta última a la vez, es condición esencial de la política como tal. La política es, entre otras cosas, el arte de sumar y multiplicar y no de restar y dividir. Eso es lo que no logran entender algunos sectores anti-políticos de la oposición cuyo poder de difusión es afortunadamente menor a su poder político real. Los hay en dos matices: a un lado los puristas, al otro los aperturistas.

Los puristas son aquellos que bajo ninguna condición aceptan acuerdos con el chavismo constitucional. Para ellos chavismo es chavismo, el madurismo no es diferente al chavismo y pactar con grupos disidentes es traición. De más está decir que con esos opositores –en verdad, opositores a la oposición- no hay ninguna posibilidad de comunicación política.

Problemático es también el sector de los aperturistas. Los hay también en dos versiones. Una versión dura y otra suave. Unos sustentan la tesis de que hay que aceptar al sector chavista disidente, pero solo bajo determinadas condiciones, entre ellas que reconozcan sus pecados originales, que realicen una autocrítica y no pretendan en ningún caso imponer condiciones cuando llegue el momento de actuar juntos. El sector más suave en cambio, afirma que hay que recibir a los chavistas disidentes con los brazos abiertos, algo así como al hijo pródigo regresado al hogar después de haber errado su camino. Ambas posiciones parten, sin embargo, de un supuesto falso.

Ese supuesto falso está sustentado sobre la premisa de que el chavismo constitucional intenta sumarse a la oposición constituida y por lo tanto de lo que se trata es de recibirlos o de no recibirlos. El problema es que hasta el momento no se conoce a nadie dentro del chavismo constitucional que haya hecho una solicitud de ingreso a la MUD, o algo parecido. Todo lo contrario. En sus declaraciones los chavistas antimaduristas intentan diferenciarse de la MUD. Después de haber roto con lo que ellos llaman, desde su perspectiva, el madurismo, se entienden a sí mismos como una fuerza equidistante entre la MUD y el madurismo, algo así como la tercera fuerza de la política venezolana.

En otras palabras, los chavistas constitucionales no son saltadores de talanquera. Son chavistas. Pero a la vez son, o intentan ser, fundadores de un tercerismo político que busca un espacio de acción dentro del espectro político venezolano. El dilema, por lo tanto, no es aceptarlos o no. Se trata solamente de reconocerlos en lo que son –o de lo que desean ser- y por medio del diálogo buscar con ellos algunos puntos de convergencia que puedan llevar a una alianza táctica en función del objetivo de los objetivos: restaurar en Venezuela a la Constitución del 99. Más sería demasiado.

Stalin no pidió a Churchill que se hiciera comunista ni Churchill exigió a Stalin que se convirtiera en un demócrata. Ambos concertaron una alianza frente al enemigo principal, Hitler, y gracias a esa alianza lograron derrotarlo. Eso es una alianza política: la unidad circunstancial de dos o más posiciones diferentes.

La historia del chavismo constitucional es muy distinta a la historia de la MUD. Por esa misma razón ambas entidades mantienen un relato diferente con respecto a la misma historia. Los chavistas constitucionales, a diferencias de la oposición, han realizado una ruptura epistemológica que ha terminado siendo, como suele suceder, una ruptura política. No así la oposición la que, por supuesto, no ha necesitado de ninguna ruptura para oponerse primero a Chávez y después a Maduro.

Una ruptura epistemológica, en el sentido acordado por Gastón Bachelard al término (en su texto clásico “Filosofía de las Ciencias”) tiene lugar cuando en una narración es introducido un concepto que interrumpe y altera la continuidad discursiva. Ese nuevo concepto interruptor se llama, para el chavismo constitucional, “madurismo”.

De acuerdo al relato histórico del chavismo constitucional, el concepto de madurismo, entendido en discontinuidad con el de chavismo es producto de una ruptura epistemológica que antecedió a la ruptura política que hoy está teniendo lugar. O dicho así: lo que desde la perspectiva de la oposición constituida es percibido como continuidad, desde la perspectiva del chavismo constitucional es percibido como ruptura.

Por lo demás, la lógica de los chavistas constitucionales posee cierta coherencia. El chavismo del madurismo, se quiera o no, terminó siendo diferente- y en algunos casos, opuesto- al chavismo de Chávez. Las diferencias entre el chavismo y el madurismo son, para los disidentes chavistas, fundamentalmente cuatro.

La primera diferencia dice que, mientras el de Chávez era un gobierno que contaba con la mayoría absoluta de la ciudadanía, el de Maduro es un gobierno radicalmente minoritario.

La segunda dice que, mientras el de Chávez era un gobierno político-militar, el de Maduro se constituyó como un gobierno militar-político para llegar a ser después lo que ahora es, una dictadura puramente militar.

La tercera dice que mientras la fuente del poder de Chávez era electoral, la de Maduro es anti-electoral.

La cuarta dice que, pese a que Chávez faltaba a la Constitución, nunca renunció a ella como ha ocurrido con Maduro.

Que chavismo y madurismo son dos formas de un mismo régimen –como sostiene la oposición- es cierto. Pero también es cierto que mientras el primero correspondía a una forma ascendente, el segundo corresponde a una forma descendente. Si Chávez habría hecho lo mismo que hoy hace Maduro, o que Maduro es un Chávez sin plata, también puede ser cierto. Pero no es comprobable. Afirmaciones de ese tipo no tienen más valor que el que se deduce de simples conjeturas. Mucho más cierto es que Maduro está vivo y Chávez está muerto; y esa diferencia es muy comprobable.

Tanto en la vida profesional como en la pública debemos realizar alianzas, incluso con personas e instituciones que no nos gustan. Las hay a largo, a mediano y a cortísimo plazo. Puede ser que la que se pueda gestar entre el chavismo constitucional y la unidad opositora corresponda solo a la tercera categoría.

Tal vez ni siquiera sea una alianza sino un simple acuerdo puntual. No por eso menos necesario. En cualquiera de los casos, lo importante para que actúen fuerzas convergentes es reconocer, aceptar y respetar las diferencias que las separan. Exigir como condición para una acción común la renuncia a esas diferencias es condenarse a sí mismo a la más absoluta soledad. Dicha premisa vale tanto para la oposición como para el chavismo constitucional.

Sin alianzas no hay política.

https://polisfmires.blogspot.com/2017/06/fernando-mires-la-oposicion-el....

Esas palabras corresponden al Presidente de la Diputación de Huelva, España, Ignacio Caraballo, en el marco de las palabras de bienvenida a los más de 20 países que asistieron al XXII Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales celebrado en esa población española en abril de 2017.

El XXII Encuentro tuvo por tema el Desarrollo productivo e identidad cultural como motores de la competitividad territorial, la agenda de trabajo abordó los siguientes aspectos: Cooperación y Agenda 230 de Desarrollo Sostenible; Alternativas para el Desarrollo Agrícola; Marca y Competitividad Empresarial y Territorial, por último el Desarrollo Económico y Territorial.

Francisco Alburquerque, asesor internacional en Desarrollo Económico Local, en una conferencia magistral en ese XXII Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales, afirmó que “en un momento de crisis social, institucional y climática, los gobiernos locales deben fortalecerse y ejercer más plenamente su actividad política, de forma conjunta con la participación de la ciudadanía”.[2]

En este momento de crisis social e institucional, Venezuela no puede asumir la descentralización, el fortalecimiento municipal y la participación comunitaria como herramientas para el desarrollo integral porque simplemente son ignorados y desconocidos por el régimen de Nicolás Maduro.

El Plan de la Patria 2013-2019, hoja de ruta política del gobierno, omite cualquier mención a la descentralización, al municipio, a las autoridades locales y condiciona la participación a los órganos del poder popular.

Para el régimen de Nicolás Maduro, la construcción del socialismo Bolivariano del Siglo XXI exige la consolidación y expansión del poder popular y de la democracia socialista, para lo cual planteó la necesidad de impulsar la transferencia de competencia en torno a la gestión y administración de lo público desde las distintas instancias del Estado hacia las comunidades organizadas (Objetivo 2.3.3 Plan de la Patria 2013-2019).

La transferencia de competencias desde el Poder Público a las comunas, comunidades organizadas y demás organizaciones del Poder Popular se asume en la hoja de ruta del gobierno para el periodo 2013-2019, a través del Consejo Federal de Gobierno, mediante una la planificación adecuada del desarrollo territorial, a través de la cual el régimen aspira alcanzar el objetivo nacional 2.5 que propone la irrupción definitiva del Nuevo Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.

Esa política nacional de transferencia se concreta con la aplicación del Decreto Rango, Valor y Fuerza de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Transferencia al Poder Popular de la Gestión y Administración de Servicios, Bienes y Otras atribuciones (2014).

Para que las transferencias de servicios, bienes y competencias, puedan desmantelar el modelo de Estado Federal descentralizado, claramente el régimen necesita de esa supuesta Asamblea Nacional Constituyente que se ha convocado, a los fines de constitucionalizar definitivamente el modelo de Estado Comunal. A tal fin, como lo indica la propia Convocatoria del 1 de mayo de 2017, en la agenda programática de esa Constituyente está prevista la constitucionalización de nuevas formas de democracia participativa y protagónica, a partir del reconocimiento de los nuevos sujetos del Poder Popular, tales como las Comunas y Consejos Comunales, Consejos de Trabajadores, entre otras formas de organización de base territorial y social de la población.

En este sentido, una Asamblea Constituyente lo único que haría es constitucionalizar el modelo comunal de Estado, para así justificar su definitiva implantación en un eventual, dudoso y supuesto marco constitucional más favorable.

El llamado que hizo la Unidad el pasado 20 de junio del 2017 a asumir la defensa de la democracia y de la constitución a través de los artículos 350 y 333 de la Constitución, encuentra en la descentralización, en los principios constitucionales de la libertad para participar y asociarse, así como también, en el reconocimiento del municipio como única forma de organización del territorio nacional, tres importantes razones, para desconocer a un régimen que de manera evidente actúa no sólo fuera del marco constitucional, sino también, ajeno al respeto a los valores, principios y garantías previstos en la propia Constitución.

Restituir la vigencia de la Constitución significa reivindicar la descentralización como política nacional, y orientarla hacia la profundización de la democracia, el acercamiento del poder a la población y la promoción de mejores condiciones para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales, tal y como está expresamente señalado en el artículo 158 de la Constitución.

Descentralización, participación ciudadana y municipios reconocidos como actores del desarrollo efectivo, son ingredientes básicos en una receta que permita a la democracia y al desarrollo local encontrar espacio en las agendas políticas de nuestras autoridades municipales.

En este sentido, resulta oportuno señalar que el 7 de julio de 2016, la Asamblea Nacional, aprobó un Acuerdo en Rescate a la Descentralización, en el cual asumió formalmente el compromiso por darle vigencia a la Constitución de 1999, especialmente en lo que se refiere al artículo 4, 6, 157 y 158 a los fines de procurar la construcción de un verdadero Estado Federal Descentralizado.

En ese Acuerdo, la Asamblea Nacional reconoce que la descentralización podría facilitar que las gobernaciones, alcaldías y las mismas comunidades organizadas puedan de manera mucho más efectiva combatir la pobreza que es uno de los problemas fundamentales del país, por lo tanto, así como lo expresó la Conferencia Episcopal en la carta a Elías Jaua expresando su rechazo a la Constituyente, si el Gobierno aplicara la Constitución, los problemas que hoy nos agobian como sociedad podrían ser solucionados con mayor rapidez y efectividad.

En ese Acuerdo se estableció, entre otros aspectos, la necesidad de sancionar una Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, aprobada en primera discusión; así como también, la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la del Consejo Federal de Gobierno, entre otras leyes que claramente reivindicarían además el rol del municipio en el desarrollo integral y garantizaría rescatar la participación ciudadana como principio efectivo para la cohesión social.

Esas reformas legales mencionadas, podrían a través de su desarrollo normativo, reordenar el diseño institucional de nuestro Estado Federal Descentralizado y de manera efectiva resolver el paralelismo que supone el estado comunal y que se ha pretendido implementar a lo largo de estos años, fuera del marco constitucional. Todo ello, sin necesidad de nuevas leyes y menos aún de una reforma constitucional.

[1]20minutos.es Inaugurado XXII Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales en pleno 525 aniversario. 25 de abril 2017. Online en: http://www.20minutos.es/noticia/3021236/0/inaugurado-xxii-encuentro-iber...

[2]Huelvared.com Destacan la fortaleza de los gobiernos locales en el Encuentro Iberoamericano que se celebra en Huelva. 26 de abril de 2017. Online en: http://huelvared.com/2017/04/26/destacan-la-fortaleza-de-los-gobiernos-locales-en-el-encuentro-iberoamericano-que-se-celebra-en-huelva/

PolitiKa UCAB, junio 23, 2017

https://politikaucab.net/2017/06/23/la-descentralizacion-en-la-defensa-d...

Un revolucionario socialista y bolivariano me confiesa que ya no le es posible continuar la situación que vive en carne propia después de apoyar al régimen dictatorial que impera hoy en Venezuela, ya que sus amigos, vecinos, colegas y familiares no lo soportan por ser responsable directo e indirecto de que todos estemos muriéndonos de hambre y de necesidades ante la escasez, la carestía y la barbarie que se observa en las calles y carreteras del país sin que se vislumbre una salida que permita no sólo salir de este gobierno forajido, malandro, sino emprender la reconstrucción del país sin los mismos o peores traumas que sufrimos.

Me cuenta que cuando llegó el comandante del apocalipsis se entusiasmó por “la cachucha”, pensando que la historia liberadora, la tradición democrática y la formación institucional de los militares permitirían enrumbar al país por el camino de la participación y el protagonismo popular en un ámbito de paz y tranquilidad, lejos del despilfarro y de la corrupción.

Dice que en los años ’90 tenía su buena quinta, una cabañita en la playa y otra en el campo, un “tremendo” carro, una 4x4, su jugosa cuenta en el banco, sus muchachos en colegios privados, servicio doméstico para aliviar la carga casera de la mujer, departía y compartía semanalmente con amigos y familiares en ambiente festivo de parrilladas y exquisito whisky no mayor de edad, pero sí de buena familia.

Quincenalmente iba de mercado y cada mes de compras para la renovación del teléfono inteligente de última generación, del ropero y de los utensilios de la casa, electrodomésticos incluidos, y una que otra vez invitando o aceptando invitaciones a los elegantes restaurantes de Las Delicias o San Agustín o cogiendo carretera para degustar deliciosos sancochos en leña, ricas cachapas con queso ‘e mano y chicharrón o un sencillo sándwich de pernil en La Encrucijada.

También sellaba su dominical cuadrito del 5 y 6, jugaba Kino y Triple Gordo o terminal, amén de ir al Bingo eventualmente para pasar una divertida y prometedora tarde/noche tomando en cuenta que ya no es un muchacho y quería acomodarse en la antesala de la tercera edad, cerca como tenía La Pensión del Seguro Social y, quizá, su ministerial jubilación.

Religiosamente pagaba e iba a pagar los servicios de telefonía, electricidad, agua, cabletv, Directv, gas directo, etcétera, para no sufrir los inconvenientes propios del corte por mora ni por las impertinencias de empleados o funcionarios a la hora de la limpieza, cuando la “matraca” es una solución a los problemas de ellos y una conmoción para los usuarios.

Pero todo eso y mucho más se derrumbó, se derrumbó, se derrumbó dentro de él; de humo fue la revolución y de papel, y de papel, porque lo que no ha vendido o perdido le tiene empeñado y a su familia empacando para irse a otro país que, como le dicen, les permita aunque sea comer y comer con tranquilidad, degustar el bocado en paz.

Con su magdalénico llanto mi amigo fue contándome todas y cada una de las tragedias que empezó a vivir desde 1999, con el agravante de que cada trauma que sufre la familia se le achaca a él por ser responsable directo e indirecto de todo lo que les pasa y él cree que es así, pues tiene hambre de democracia, sed de justicia, deseos de libertad, ganas de comer y sin nada qué llevarse a la boca…

• Delicuescencia: Decadencia o descomposición social y personal como resultado de la transgresión en las reglas morales o pérdida de los valores y principios.