No hace falta ser abogado o versado en leyes para entender, a diferencia de políticos togados, que un nuevo pacto social que toma cuerpo en una constitución solo puede ser la expresión de la manifiesta voluntad popular que, en un denominado momento, acuerda convocar a un proceso Constituyente.

Solo en un acto libérrimo y trascendente el pueblo “puede convocar una asamblea nacional constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución” (artículo 347). Otra cosa es la iniciativa para ello, que no puede confundirse con la convocatoria que, lógicamente, exige un referéndum como forma de expresión y consulta, por el voto universal, directo y secreto del pueblo, a los fines de que se lleve a cabo el llamado y se pronuncie sobre las bases que regirán la asamblea.

La fiscal general de la República, precisamente, asumiendo a plenitud sus funciones y como guardián de la legalidad, ante la nueva decisión de la inefable Sala Constitucional que avala la arbitrariedad de una convocatoria que usurpa las funciones del pueblo y desconoce su condición de depositario del poder constituyente originario, ha planteado ante la propia sala la exigencia de aclarar la necesidad de la consulta popular, vía referéndum, precedente de 1999, en línea de progresión y reivindicación de la democracia participativa y protagónica, lo que ha sido desconocido y exige que sea aclarada una decisión que, a todas luces, se coloca al margen de la carta magna.

Pero el problema no puede quedarse en un planteamiento jurídico, ni mucho menos resolverse en instancias judiciales convertidas en brazo ejecutor de un régimen colocado a espaldas de la ley.

Tenemos que reclamar por nuestros derechos como ciudadanos y además, como es lógico, preguntarnos si una constituyente contribuirá a enfrentar la gravísima crisis que vivimos.

No se puede seguir engañando a la colectividad con las consabidas, desgastadas, inútiles y falaces consignas de la guerra económica, el desacato, el diálogo y, ahora, la poción mágica de una constitución que nos traería unión, progreso, cambio, rectificación y remedio infalible para todos los males que padecemos a diario.

El hambre y la desnutrición de nuestros niños, la carencia de medicamentos, la falta de atención a la salud y la violencia impulsada por la impunidad no se resuelven con una nueva constitución, que pretende imponerse con la fuerza de los hechos, ahora en terreno abonado por la más cruda represión que persigue cercenar el derecho a la protesta ciudadana.

El país entero, incluyendo a quienes son partidarios del gobierno y no quedan cubiertos por el manto del poder que los mantiene alejados de las penurias diarias, demanda un cambio de rumbo pacífico, firme y decidido que nos devuelva el derecho de vivir en paz y en democracia.

Este cambio nada tiene que ver con la nueva consigna repetida hasta la saciedad de una “constituyente”.

El mamotreto que pretende armarse con el aval del CNE, de la Sala Constitucional y del tren oficialista es la más burda maniobra contra la Constitución y consuma la ruptura del orden republicano, mediante la “constitucionalización” del plan de la patria ya vigente mediante decretos-leyes y espurias sentencias que han subvertido los principios fundamentales de un Estado de Derecho y de Justicia.

La propuesta ilegítima debe ser rechazada por el pueblo, al que le ha sido arrebatado el poder exclusivo de convocar una asamblea nacional constituyente, expresión de su incuestionable soberanía, según mandato del texto constitucional que estamos obligados a respetar y a preservar en su efectiva vigencia.

aas@arteagasanchez.com

La regresión en la garantía de derechos civiles y humanos, la diferencia entre la iniciativa y la convocatoria, el desconocimiento al poder originario del soberano, la vuelta a una democracia representativa y el olvido de la consagración constitucional del modelo participativo y protagónico. Estos son los incumplimientos jurídicos que contempla la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del presidente Nicolás Maduro en los que coinciden la actual fiscal general, Luisa Ortega Díaz y, quien fuese el fiscal general entre 1999 y 2000, Javier Elechiguerra.

El abogado y profesor universitario, quien fuese el primero en ocupar el cargo frente al ministerio público con la actual estructura democrática que establece la Constitución Nacional, entonces aun en discusión, defiende la posición crítica de Ortega Díaz y la llama a dar el siguiente paso en su denuncia contra las actuaciones del Tribunal Supremo de Justica: un antejuicio de mérito.

“Creo que la fiscal general está obligada a explicarle al país si efectivamente la sentencia 155 y, sobretodo, la 156 establecieron una ruptura del orden constitucional, porque eso es un delito establecido en el código penal como conspiración”.

Elechiguerra establece serias críticas al poder judicial, al que califica como “el brazo ejecutor del Gobierno”, considera que la justicia internacional podría tomar el lugar de “arbitro imparcial” que el TSJ ha dejado de lado y compara el destino de Nicolás Maduro con los dictadores como Augusto Pinochet y Benito Mussolini.

“El mundo está globalizado, nos guste o no, y hoy en día no se puede pensar como antes, que si tú ocupas el Gobierno de un país, puedes hacer lo que te da la gana porque dominas los tribunales de tu país, los represores podrían estar sentándose en el futuro banquillo de los acusados”, sentencia.

“Lo único que le queda al ciudadano es rebelarse, es un mandato de la Constitución”

¿Qué implicaciones tiene la más reciente sentencia de la Sala Constitucional del TSJ mediante la cual se decide que no es necesario un refrendo convocatorio para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, “porque la soberanía popular reside indirectamente en el Presidente de la República”?

– La decisión nº 378 más que sorprendente, que lo es, es groseramente inconstitucional, yo la calificaría como inconstitucionalmente impúdica, porque es grosera, porque desconoce absolutamente la voluntad del Constituyente y porque es tratar de torcer, a través de una interpretación maliciosa, el sentido de las palabras que da la Constitución en esta materia. En la sentencia, los magistrados se cuidan mucho de decir que la soberanía reside en el pueblo y olvidan que según el artículo 5 la soberanía popular sí reside en el pueblo y “es intransferible”. No quiero pensar que los magistrados que firmaron en la sentencia desconocen lo que se llama intransferiblemente. Eso quiere decir que no se puede pasar, que no se puede ejercer sino directamente. Y precisamente en el diario de debate de la Constituyente del 99, cuando se discutía este artículo y cuando se hablaba de la representatividad, que se decía que se pasaba de una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica, encontramos que ese día intervino una gran cantidad de gente y todos coincidían que el gran paso que se estaba dando era que esa democracia sería directa a la voluntad del pueblo.

Ese día hablaron Elías Jaua, Isaías Rodríguez, Aristóbulo Istúriz y muchos otros que en aquel momento reivindicaron lo que significaba el voto directo. Esto lo señalo porque, después de eso, ahora viene el TSJ a decir que, a pesar de la soberanía reside en el pueblo, eso no significa que no puede ser ejercida indirectamente a través del presidente. Y eso realmente es un galimatías que no tiene ningún sentido, la sala va hacia delante y hacia atrás y termina citando una tesis de Dussel, donde Dussel dice que la democracia representativa y la participativa no son excluyentes, que se complementan. Esta Sala Constitucional ha sido tan grosera en la interpretación de la Constitución que pretende negarle al pueblo un derecho que la anterior Corte Suprema de Justicia sí le otorgó.

Luego pasan a explicar que el presidente puede tener la iniciativa para la convocatoria y, si entendemos de buena fe esta afirmación, eso está diciendo, ni más ni menos, que los magistrados tienen una confusión inexplicable entre lo que es convocatoria y lo que es iniciativa, porque si el 347 dice que es el pueblo el poder originario y que es él que puede convocar, entonces otra cosa es la iniciativa para esa convocatoria. Y si hubiese dudas hay que ver el 348, que menciona entre los que tiene iniciativa el 15 % de los electores, aceptar esto que está diciendo el TSJ en Sala Constitucional equivale a decir que solamente basta el 15 % puede convocar a una Constituyente y eso no es una tesis sostenible.

Así que esta sentencia no es más que corroborar que en Venezuela, en este momento, no hay poder judicial, con la gravedad que significa esa afirmación. Porque un poder judicial implica necesariamente que todas sus decisiones sean autónomas e independientes, y con una decisión de ese tipo uno se pregunta qué pasa.

Pero es que ya tenemos los antecedentes de las decisiones de155, 156 y 157, es decir, el poder judicial venezolano, concretamente la sala Constitucional se postró de rodillas ante el poder ejecutivo cuando en un lapso de nueve horas ilegalmente modificó la decisión en la cual ellos pretendían suplantar la voluntad del pueblo expresada a través de la Asamblea Nacional. Y es bueno recordar que esos magistrados fueron señalados por la fiscal general como las personas que rompieron el orden constitucional y atentaron contra la forma republicana, así que tienen encima ese peso ético. Pero es que también, según la ONG Acceso a la Justicia, el tiempo promedio de respuesta del TSJ a las solicitudes formuladas por los funcionarios oficialistas es de nueve días, mientras que si la solicitud la realiza un ciudadano es de 1.179 días. Si alguien le quedaba una duda, esa duda queda despejada de que el TSJ no es más que un brazo ejecutor del poder ejecutivo.

DERECHO A LA REBELIÓN

Elechiguerra asegura que en Venezuela no hay poder judicial independiente. “La Sala Constitucional se postró de rodillas ante el poder ejecutivo”

¿A dónde recurrir ante semejantes decisiones, violatorias de la Constitución vigente?

– Nuestro profesor de derecho, Jesús María Casal Montbrun, nos enseñó lo que era el artículo 250 de la Constitución del 61, que es ahora exactamente el artículo 333, que establece el derecho a la rebelión. Para evitar que la Constitución pierda vigencia lo único que le queda al ciudadano es rebelarse. Es un mandato de la Constitución que va a dirigido a todos los ciudadanos, sean o no funcionarios, de tal manera que el pueblo tiene todo el derecho de rebelarse ante una situación como esta en la que la sentencia del TSJ deroga de hecho la Constitución, y no solo ahora sino desde hace mucho tiempo porque ha sido la conducta reiterada del TSJ.

¿Y cómo se puede materializar esa rebelión que consagran los artículos 333 y 350 constitucional?

– Cualquier funcionario puede perfectamente negarse a cumplir órdenes por otros funcionarios que están incumpliendo la Constitución, eso no es ilegal, ni es ningún golpe de Estado. El golpe de Estado lo ha dado el TSJ a través de su Sala Constitucional que ha hecho lo que se podía y no se podía hacer para intentar cercar a todos los poderes que no están acorde con todo lo que impone el ejecutivo. Esto nos lleva a lo siguiente, un Estado democrático debe cumplir con dos requisitos la legitimidad de origen, que son elecciones limpias e imparciales, y la legitimidad de desempeño, una vez electo tiene que cumplir con unas normas que son la Constitución y los pactos internacionales suscritos por la República. Eso lleva a decir que la división de poderes se debe respetar, que los derechos humanos deben ser cumplidos y que no puede ser autoritario en el ejercicio del poder.

¿La conflictividad política del país en los últimos meses demuestra que ese desempeño legítimo no se cumple?

– Sí, por ejemplo, el Estado venezolano actual es responsable de la violencia que hay en el país, y no solo la violencia producto de estos actos que están ocurriendo sino la violencia reiterada, porque el único que tiene la exclusividad de la represión es el Estado, a través de la policía y los tribunales, entonces, si es el único que lo tiene y hay demasiados homicidios ese es el fracaso de quien gobierna. A mí me da tristeza cuando veo a un ministro de defensa, o de interior, justica y paz, explicándole al país cómo fue que ocurrieron las muertes, no se trata de eso, ellos no son ministros para eso sino para evitar que suceda, pero vemos diariamente que eso no ocurre, entonces esas son las confesiones del fracaso de una clase dirigente de evitar la violencia. Venezuela tiene los índices de delincuencia común más altos en América Latina y a eso se le incorpora esta violencia política que estamos viendo, que la fiscal ya dijo que está justificada porque el origen es el estado, las instituciones, y los ciudadanos lo que hacen es defenderse. La violencia debe ser condenada en su totalidad pero hoy nace de la fuerza represiva y está la prueba de que cuando no hay represión no hay violencia.

¿La fiscal general de la República, como garante de la Constitución, está en capacidad de denunciar todas esas rupturas del orden constitucional por parte de la Sala Constitucional con las sentencias 115, 156 y 378?

– Yo creo que tiene la obligación. Creo que la fiscal general está obligada a explicarle al país si efectivamente la sentencia 155 y sobretodo la 156 establecieron una ruptura del orden constitucional porque eso es un delito establecido en el código penal como conspiración. Y cuando la fiscal sabe de la comisión de un delito está obligada a solicitar el antejuicio de mérito, que es un permiso para enjuiciar porque se trata de unos magistrados.

Yo creo que en cualquier momento la fiscal general solicitará el antejuicio ante la Sala Plena del TSJ, contra los siete magistrados que firmaron esas sentencias. Y, además de esa decisión, al intentar la acción solicitará la recusación de los siete magistrados, porque ellos forman parte de la sala plena y no me quiero imaginar a unos magistrados enjuiciándose a ellos mismos. Por otra parte, como miembro del Consejo Moral Republicano está obligada a solicitar a los otros dos miembros, al defensor del pueblo y al contralor, la calificación de falta grave para activar el procedimiento administrativo y llevarlos a la Asamblea para que, de conformidad con la Constitución, se sustituya a esos funcionarios.

Si la justicia venezolana no responde, el sistema penal internacional podría actuar contra el presidente Nicolás Maduro, los magistrados de la Sala Constitucional y los militares que con sus acciones violan los derechos humanos del pueblo venezolano

¿Cómo operaría un proceso de esa naturaleza si se sabe de antemano que existe un control político de ese tribunal por parte del Ejecutivo?

– Ahí también entran los mecanismos internacionales a pesar del hecho de que Venezuela se haya retirado de la OEA y haya abandonado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Hay una norma en la Constitución, en el artículo 19, que garantiza el principio de progresividad, yo comparo ese principio con un carro sin retroceso, de manera que una vez que se logra un avance no se puede regresar. Y precisamente esta Constitución debe su nacimiento a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se consagraba el derecho político a elegir. De tal manera que te queda abierta esa posibilidad y, reitero, queda activado el artículo 333 porque todo ciudadano tiene el deber de que esa Constitución esté vigente.

“VENEZUELA NO ES UN ESTADO CORPORATIVO”

¿Qué opina de las bases comiciales impuestas por el jefe de Estado para la convocatoria de la Asamblea Constituyente? ¿Es justo que a determinados sectores sociales controlados por el Gobierno tengan una representación determinante en la Constituyente?

– Se usa la ANC desde los municipios para poder lograr un determinado número de Constituyentes y a su vez para querer sembrar el estado comunal, que ya fue negado por el pueblo en la reforma del presidente Chávez. Si hacemos un examen de esto tenemos que, según la Constitución, Venezuela es un Estado federal, eso significa un gran pacto que hicieron los distintos estados que conforman la República. Cuando se intenta montar una ANC municipalizándola, te estas saltando el estado Federal porque se le quita importancia a los estados y se le da a los municipios, desde el punto de vista técnico jurídico. Pero además divides al elector y creas una diferencia con los sectores ¿por qué son ocho? ¿Por qué no pueden ser más? de hecho, el sector seguridad está pidiendo formar parte.

El sectorializar una elección nos obliga a tocar el antecedente de lo que hizo Mussolini, y que molesta tanto al presidente, por la década de 1930 cuando dividió a la sociedad italiana. Y esa es la mejor manera de hablar de un corporativismo y Venezuela no es un Estado corporativo, sino que el presidente lo diga, pero que primero convoque una ANC como debe ser y que sea una persona, un voto, y, si se lee el Registro Electoral Permanente con 16 millones de personas, deban ser 16 millones de votos. No hacer eso es violar la Constitución, violarla por dos frentes.

¿Entonces qué vendría a ser la ANC propuesta?

– Primero, los argumentos que ha manejado el presidente de la República y el presidente de esa nueva Comisión presidencial, Elías Jaua, han determinado cuidadosamente que no se trata de renegar y cambiar la Constitución del 1999, pero, si no se trata de eso, basta para que no haya Constituyente, lo que quieren será otra cosa. Pero es que también han dicho que la ANC es para remozar un poco algunos aspectos de la Constitución, después han dicho que es expresamente para reformarla y también han declarado que es realmente para que los funcionarios públicos que se salieron del carril entren por ella, tipo fiscal general y tipo Asamblea Nacional, y esa es la confesión abierta que esto se trata de una manipulación. Lo último que han dicho es que la oposición no quiere diálogo porque no se inscriben en la constituyente, pero es que la ANC no es una mesa de diálogo. La Constitución dice claramente que es para refundar la república y si se quiere hacer eso es porque esta República que tiene no sirve.

JUICIOS INTERNACIONALES

El Gobierno ha usado tribunales militares para enjuiciar a civiles que manifiestan ¿se usa esta práctica para frenar la intervención de la fiscalía en favor de los manifestantes?

– Si faltaba algo tenemos los tribunales militares y es bueno recordarles a todos esos militares que están haciendo juicios contra los civiles que están cometiendo delitos contra los derechos humanos que son imprescriptibles. Yo siempre recuerdo en estos casos a Pinochet ¿quién podía pensar que Pinochet podía ser enjuiciado cuando estaba en la cúspide del poder y cometiendo todas las tropelías y asesinatos que cometió su régimen? Y, sin embargo, Pinochet fue enjuiciado por la justicia internacional.

De tal manera, que les decimos a los jueces militares y policiales que con su actuación no están haciendo más que colocándose en el futuro banquillo de los acusados. Tarde o temprano los va a alcanzar el brazo de la justicia, porque el mundo está globalizado, nos guste o no, y hoy en día no se puede pensar como antes que si tú ocupas el gobierno de un país, puedes hacer lo que te da la gana porque dominas los tribunales de tu país.

¿Se puede repetir esa detención ocurrida contra el dictador Augusto Pincochet en Londres, dadas las denuncias en contra de Nicolás Maduro en varios tribunales del exterior?

– Claro, y contra todas las personas que violan los derechos: el defensor del pueblo que tiene un deber que cumplir, el poder judicial que no ha sido capaz de ponerle orden a las cosas, el CNE que ha cerrado la vía electoral, porque solo sirve para impedir elecciones y ahora vemos una sospechosa celeridad y resulta que la deuda originaria que era la elección de gobernadores no se dijo nada hasta que no apareció el presidente.

¿Cómo evalúa la actuación de la fiscalía tras estos 60 días de protestas y conflictividad política?

– Cualquier funcionario cuando lo nombran en el cargo se juramenta para cumplir con la Constitución y con la ley, a partir de ese momento, se tiene esa responsabilidad y se debe honrar ese juramento, cada funcionario verá cómo lo ha cumplido y si lo ha hecho. Pero en este momento la fiscal está cumpliendo con su deber, primero porque fue valiente al denunciar la ruptura de ese orden constitucional y sobre todo dijo además que la violencia de la calle era respondiendo a la violencia que nace del estado.

Y últimamente cuando uno ve como la acusan de traidora, vamos a ser claros, pareciera que si tú me preguntasen qué significa hoy que a una persona la acusen de todo eso, es que está cumpliendo con su deber. Pero resulta que la Constitución se caracteriza porque los cinco poderes deben ser autónomos e independientes, pero aquí cuando un poder se vuelve independiente se vuelve incómodo, y eso es la negación de la democracia.

¿Estos casos que ha denunciado la fiscalía, como el uso de los tribunales militares, la violencia con que ha actuado la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y los llamados “colectivos” contra los manifestantes, podrían ser tema para la justicia penal internacional, concretamente de la Corte Penal Internacional de La Haya?

– Sí, porque si hay algo que es aceptado pacíficamente por todos los tribunales internacionales es que los civiles no podemos ser enjuiciados por los tribunales militares, ni siquiera cometiendo delitos militares. Nuestra Constitución lo dice en el artículo 261, lo que quiere decir que cada vez que esos militares enjuician a un civil están incurriendo en violación a derechos humanos y por lo tanto son candidatos a ser enjuiciados. Pero claro, como ya la fiscalía se volvió incomoda y el ejecutivo no se confía de la fiscalía, tenemos ahora ese panorama.

¿Y cómo debe operar el sistema penal internacional contra los involucrados en delitos de lesa humanidad?

– Cuando se habla de delitos de lesa humanidad es cuando hay una conducta reiterada de violación reiterada contra un grupo y es la Corte Penal Internacional la que tiene un fiscal, se presenta la denuncia y se inicia el procedimiento. Podemos recordar que hasta cierta época gozaban de inmunidad los presidentes de la república pero ya hay antecedentes y siendo incluso presidentes pueden ser enjuiciados por la Corte Penal.

Y en el ámbito interno venezolano, ¿podría la fiscal general proceder, vía antejuicio de mérito, contra el presidente de la República por el caso Odebrecht que está investigando ese despacho?

– Ante cualquier situación que la fiscalía detecte o se le informe en la cual pueda aparecer vinculado cualquier funcionario público, la obligación del fiscal si es un alto funcionario que goza de la protección procesal del antejuicio, es acudir ante los organismos competentes, que en este caso es la Sala Plena del TSJ, solicitando el antejuicio de quien resulte como implicado o que eventualmente pueda parecer responsable de un delito. Esa es la responsabilidad del cargo.

¿Debe el caso Odebrecht tener entonces la celeridad que se le ha dado en otros países de Latinoamérica por el escándalo de corrupción que representa?

– Yo me he enterado que la fiscalía está trabajando el caso y lo dividió, porque Odebrecht está vinculada a muchos expedientes. Me informaban que hay casos en los cuales a una cooperativa le otorgaron millones de dólares y resulta que el dinero que le dieron no aparece. También está el caso de los bolichicos que tienen que ver con la seguridad energética, casos es lo que sobra y la fiscalía tiene que manifestarse en ese sentido porque como titular de la acción penal tiene esa responsabilidad. Esperemos que en un determinado momento se destapen todos esos casos.

EL ANTEJUICIO A MIQUILENA

¿A 18 años del antejuicio de mérito promovido por usted como fiscal general de la República contra el expresidente de la Asamblea Constituyente de 1999, Luis Miquilena, qué valoración retrospectiva hace de ese evento, el único ocurrido en nuestra historia reciente? ¿Eran condiciones tan adversas para la Fiscalía, como las actuales, en cuanto al control de alto tribunal por parte del Ejecutivo?

– En aquel momento cuando yo solicité el antejuicio, que era mi obligación como fiscal general, todo el mundo decía que el fiscal iba a ser incapaz de intentar ese antejuicio porque fue nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, a mí me juramentó Luis Miquilena, pero yo me juramenté para cumplir con la Constitución y con la ley no para hacerle caso a nadie. En aquel momento hubo cuatro magistrados que salvaron el voto de acuerdo con lo que decía la sala plena, ellos fueron los magistrados José Rafael Tinoco, Jorge Rosell Senhenn, Carlos Escarrá Malavé y Héctor Peña, y esos cuatro magistrados fueron cuatro de los no ratificados, no creo que haya sido casualidad.

En ese entonces se intentó la acción y a mí me acusaron de traidor y vende patria. Retrospectivamente yo creo que se perdió una gran oportunidad de ponerle un freno a todo esto, porque un antejuicio no es más que tocar la puerta a un tribunal para que se permita investigar a un funcionario, y, sin embargo, el comportamiento de aquel TSJ hizo que ese mismo criterio usado con Miquilena les impidiera después condenar el golpe de Estado en el 2002 en Sala Plena. Pero aquellos polvos trajeron estos lodos, y si no se le pone orden pasa lo que estamos viviendo. Venezuela nunca ha tenido un poder judicial autónomo e independiente, y si no se tiene un árbitro imparcial que ante una falta en el área chica no canta penalti, y que ha sido reiterado como pasa aquí, las gradas se molestan y normalmente terminan quemando el estadio. Ojalá y eso no pase, porque si no hay una reflexión profunda en lo que está sucediendo, todos lo vamos a sufrir, aunque los grandes responsables al final intenten irse. Se necesita una gran humildad y pensar en el país, es un momento de reflexión importante.

¿El gobierno está a tiempo de hacer esa reflexión y rectificación?

– Yo creo que siempre se está a tiempo, pero en la medida en que tú abandones esa postura te va a llevar por un camino inexplorado que no se sabe dónde va a llegar. Mientras más te tardes en rectificar los costos van a ser mayores, pero hay un momento también de no retorno y hay que seguir y aterrizar de la peor manera, aunque a veces aterrizas y estrellas el avión. Se debe recoger esa convocatoria a Asamblea Constituyente o, si se quiere cambiar la Constitución, que se haga plenamente con un elector y un voto. Porque tengo la información que esas UBCH se les están rebelando en al menos 11 estados, pudiésemos tener entonces el escenario de que esa ANC una vez instalada se rebele y una vez rebelada no se sabe que pueda pasar.

Es antigua la manía de llamar traidor a cualquiera que no convalide actos inaceptables, como por ejemplo, las violaciones a la constitución, la sustitución de una dirección política de un partido por un grupo cerrado que toma decisiones sin consultar, sin discutir, o lo que es peor, por un jefe político elevado a la condición de dios.
Ese calificativo sirve para escurrir el bulto, eludir el debate sobre el fondo de los asuntos de la política y de la vida. Y sobre todo sirve para que los verdaderos traidores acusen a otros, como el carterista que grita ¡al ladrón, al ladrón! Pero además, pone de relieve la paranoia de quienes, sabiendo que cometen errores, que se saltan las reglas de juego, que desvían el camino de proyectos originales, temen que cada vez crezca el número de individuos que dejan de acompañarlos.
Por estos días de truculenta Constituyente es muy frecuente escuchar nuevamente en boca de dirigentes del oficialismo la palabra traidor. Ante la falta de voluntad pares discutir abierta y ampliamente su enrevesada Iniciativa vuelven a insistir con sustituir argumentos por descalificaciones .Y entonces surge otro calificativo , el de saltador de talanquera . Ese da para un tratado completo .
En lo personal creo que el parámetro perfecto para determinar si alguien ha traicionado o no un proyecto es el documento base que le sirve de sustento . En el caso de Venezuela, tenemos una Carta Magna nacida de un amplio proceso de consultas y debates . Y de paso es la primera en haber sido sometida al veredicto del pueblo, que la aprobó en referendo el 15 de diciembre de 1999.
Esa Constitución de 1999 unifica la inmensa mayoría de las voluntades en Venezuela..Opositores, chavistas, no alineados, independientes, políticos, no políticos, dicen defenderla. Y si vamos a los liderazgos de gobierno y de la Mesa de la Unidad Democrática, ambos dicen actuar en su nombre, apegados a su contenido. Es decir, se trata de una Carta Magna legitimada, luego de que en 2002 el breve gobierno de facto de Pedro Carmona la defenestrara, y en 2007, el propio Hugo Chávez y su partido intentaran modificarla sustancialmente, cosa que fue rechazada en referendo popular .
Ahora de nuevo el liderazgo psuvista, con Nicolás Maduro a la cabeza, quiere cambiar la Constitución. No conforme con venir actuando al margen de ella convocan una Asamblea Nacional Constituyente de espaldas al espíritu de participación protagónica que caracterizó la experiencia de 1999, cuando se realizó un amplio debate nacional sobre la nueva Carta Magna, luego de que se le preguntara al soberano si quería o no una Constituyente y si aceptaba las bases propuestas.
No quieren, o mejor dicho, temen preguntarle al soberano si desean o no una Asamblea Constituyente. Ignoran el principio constitucional del voto universal, directo y secreto, y de paso municipalizan la elección de los candidatos con el propósito de igualar en nùmero de constituyentes a las grandes ciudades del país con pequeñas poblaciones. Por ejemplo, municipios del Estado Amazonas con poblaciones que no pasan de 3 mil habitantes, tendrán igual o más representantes que Caracas, Maracaibo, Valencia o Barqusimeto. Toda una ingeniería destinada a lograr que una fuerza con un porcentaje entre el 20 y el 25 por ciento de apoyo se asegure una amplia mayoría.
Desde el Presidente Maduro hasta voceros medios psuvistas han negado la posibilidad de consultar al soberano. Algunos hasta llegaron a afirmar que no es obligatorio someter a referendo el resultado del trabajo de esa Constituyente pret a porter. Ya en los últimos días, ante la evidencia de que está en marcha la usurpación de una competencia exclusiva del soberano, el propio Jefe de Estado anunció que la Asamblea Constituyente sì someterá a consulta sus decisiones. Pero, vaya detalle, eso aun no aparece en las llamadas bases comiciales. Días antes, había dicho que " la Constituyente puede hacer lo que le dé la gana " ... Y si escuchamos todo lo que ha dicho Diosdado Cabello, el panorama que le espera a los derechos conquistados por nuestro pueblo es sencillamente aterrador. Hasta el amigo Isaías Rodríguez habla de aniquilar a la oposición...
Entonces, volviendo al tema de la traición, si nos remitimos a los hechos, quienes quieren cambiar la Constitución a lo "Juan Charrasqueado" están acusando de traidor a todo aquel que, desde las filas del chavismo,,o desde la disidencia interna, reaccione contra ese despropósito y alce la voz contra la represión y las políticas del gobierno madurista. Aquí cachicamo le está diciendo "conchùo" a quien no lo es. La traición, entonces, está por los lados de quienes ahora le temen al pueblo y pretenden modificar la Constitución apelando a todo tipo de estratagemas para no someterse a su voluntad. Los traidores a la Carta Magna se sienten traicionados por quienes no quieren acompañarlos en su aventura . La Constitución, hoy casi moribunda, es la verdadera talanquera . Ellos son quienes la saltan. Y al colocar la palabra traición en su boca quedan en evidencia, como el cachicamo frente al espejo.

http://www.notiminuto.com/noticia/traidores-traicionados/

El fin del régimen de Maduro está muy cerca y hay algo que hace el hecho mucho más esperanzador; a muy pocos les dolerá, ni mucho menos lo extrañarán.

Este convencimiento no viene acompañado de la misma seguridad en cuanto al que será nuestro porvenir inmediato. Si aprendimos como sociedad que en lo ocurrido no hubo nada fortuito, que nuestros males, y sus causas, comenzaron hace muchos años y sobre todo, que ante ellos fuimos cuando menos indiferentes, tendremos de seguro la oportunidad de sentar las bases para una Venezuela con futuro para todos.

Cuando las cosas cambien, que de seguro van a cambiar, es indispensable recuperar la institucionalidad y la dignidad de las funciones ciudadanas, públicas y privadas. Será ineludible reconocer la deuda inmensa que en cuanto a la educación, salud y seguridad personal se ha venido incrementando para con todos nosotros y especialmente, la impostergable necesidad de recupera el estado de derecho que debe regirnos en el día a día.

Reconvertirnos en un país eficiente en lo productivo es indispensable, pero nunca menos lo será el que también ese país sea mandatoriamente justo en cuanto a las oportunidades reales de desarrollo personal y grupal a las que tengamos acceso los venezolanos.

Lograrlo demanda un esfuerzo de nuestra dirigencia política y el compromiso de todos en torno a la obligación de encontrar juntos formas de convivencia que permitan reconocernos en la diversidad, valorándola como una de nuestras mayores virtudes. Para ello es indispensable oirnos.

De seguro que los que han perdido familiares y amigos, no solo en la protesta, sino también como producto de las estrecheces vitales a las que hemos estado sometidos, no podrán, ni deben, olvidar por lo que hemos pasado. Tenerlos presentes es inevitable y necesario, reclamar justicia y procurarla es una obligación, pero lo que no podemos permitirnos como sociedad es la venganza traducida en la persecución del otro por sus ideas, raza, religión o preferencias de cualquier otro tipo.

Los delincuentes tendrán que afrontar sus fechorías y no somos la gente común los obligados a juzgarlos legalmente; eso sí, ojalá que no vuelvan a repetirse esos vacíos de memoria colectiva que ha permitido en nuestra historia su regreso a la escena pública, inclusive con pretensiones de dictar cátedra. Todos nos conocemos y somos capaces de decidir quiénes merecen nuestra consideración.

Los demócratas reclamamos respeto a los derechos de todos, por lo que sería negarnos nosotros mismos si repetimos conductas que decimos rechazar. Lo que es malo para nosotros es malo para todos y tolerar las diferencias en un ambiente de convivencia es lo que debe signar nuestro comportamiento futuro.

Queremos algo distinto y tenemos que demostrarlo, permitiendo que una democracia verdadera sea la que rija los destinos de la nación. Si nos lo proponemos, seguro que lo logramos.

Venezuela, país amigo, cordial, generoso, forjador de libertad, refugio del perseguido político, esplendido anfitrión del emigrante, rico, solidario ante la catástrofe sufrida, es hoy un país perdido y a la deriva, asediado en su difícil transitar. Todo en él está en crisis, la devastación es inmensa, huérfano doloroso de la solidaridad efectiva de quienes tanto ayudo, su gente famélica sin encontrar alimentos ni medicina, o víctimas de la brutal represión asesina de la tiranía, cae y fallece en ese deambular incierto y heroico por calles y avenidas buscando afanosas su salvación. Y es que fue asaltada y secuestrada por propios y extraños confabulados para traicionarla y oprimirla, robar sus riquezas, reprimir, humillar, asesinar y secuestrar a su gente y ser refugio y guarida del crimen, el narco terrorismo y hampa organizada.

Hoy Venezuela es un país incierto. Por decisión de la Asamblea Nacional, aparto de la presidencia a Maduro por abandono del poder, por lo que no tenemos presidente legal, además declaro ilegitimo al Tribunal Supremo de Justicia, por estar integrado por “Magistrados” que no cumplen los requisitos establecidos por la ley, hasta el punto que lo preside un ex recluso con graves antecedentes penales, pero igual el CNE, está integrado en su mayoría por rectores que tienen vencido su periodo, afectos sumisos a la tiranía, violando su principal condición de imparcialidad. Ah... pero tampoco tenemos Asamblea Nacional, porque el TSJ, la declaro en desacato y como tal no le acatan sus disposiciones o leyes, aparte le fueron desincorporados tres diputados dejando a la fecha sin representación a Amazonas y para completar los gobernadores y alcaldes y concejales tienen vencidos su periodos al frente de sus entidades. De manera que estamos acéfalos de conducción institucional y en completa inviabilidad como país, esto sin señalar las dramáticas cifras que indican la quiebra económica, la crisis humanitaria, ubicándonos últimos en muchos renglones. Y lamentable es, que teniendo inmensas riquezas, vivimos igual o peor a países subdesarrollados que no las tienen.

En estas circunstancias a la dirigencia política se le agotaron las vías constitucionales a que acudieron (menos a la constituyente), por lógica conducta de la tiranía de negar toda opción que pueda apartarlos del poder; circunstancia advertida por amplios sectores del país, conocido el talante tiránico del régimen al que aún le siguen pidiendo elecciones, petición ya negada, incluso para el mismo 2018. Y la Constituyente Originaria convocada por iniciativa popular, fue obstinadamente rechazada, siendo la solución adecuada y con millones de venezolanos que la apoyarían ansiosos de un gran cambio y solución democrática y constitucional a la crisis.

La tiranía por su parte ante el fuerte rechazo popular (85%), que le imposibilita ir a un fracaso electoral, el acoso internacional, y más por la imperiosa necesidad vital de mantenerse en el poder, opta convocar sin consulta popular una constituyente espuria que les permita cambiar las reglas de juego, suprimir las instituciones que obstruyen su accionar tiránico entreguista de nuestra soberanía y recursos, eliminar la democracia como sistema de gobierno e implantar un régimen militar y comunista eternizante.

Y en este sentido, no es exagerado decirlo, pero a partir del mes de Agosto, si lo permitimos, instalada la espuria Asamblea Nacional Constituyente, harán efectivo lo que Maduro aspira, que no es otra cosa, “por ahora” que gobernar adicional al TSJ, desde esa sumisa y espuria asamblea, órgano supraconstitucional y representativo del poder originario y soberano del pueblo, según los artículos 5: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo” y 347: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario”.., artículos desvirtuados su significados y esencia según sentencia amañada, inconstitucional y regresiva, N°378 del TSJ, y entonces bajo la excusa de acato al artículo 349 de la constitución, que señala: “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”.. procederán al desmantelamiento definitivo de lo que queda del sistema democrático, incluida la Asamblea Nacional, la Fiscalía, elecciones, Alcaldías, expropiación de bienes, empresas, banca, etc. en fin, de todo aquello que sea necesario desmontar o liquidar antes de promulgar la constitución que al tirano le convenga, después de 2 o más años de insípidas sesiones, para elaborar una constitución a la cubana, mientras gana tiempo para garantizar su fortalecimiento opresivo del poder y aprobarla en consulta popular, como el tirano lo declaro, pero ya bajo condiciones igualmente fraudulentas, como lo hicieron para convocarla. Estamos así, en situación por demás crítica y peligrosa; la tiranía de lograr su propósito tendrá dentro y fuera del país como justificar, bajo el manto constitucional, y una población en total indefensión, todo lo que le convenga ejecutar, reprimir o establecer alianzas que por su talante tiránico comprometan la existencia de la república en aventuras guerreristas, narcoterroristas, genocidas y de intromisión, en su propósito eternizanté.

Pero aún estamos a tiempo de evitarlo, en nosotros todavía reside la soberanía popular y no en Maduro, que es nuestro empleado, somos todavía depositarios del poder originario constituyente y solo nosotros podemos todavía convocar a una constituyente y no Maduro, y esa soberanía y poder originario esta en todos los venezolanos y en más de 13 millones de electores que aun votamos, amantes de la libertad. Ejerzamos pues ese poder: restituyamos la Asamblea Nacional, con los diputados desincorporados y con esa mayoría de 2/3 tomar ya las decisiones que fortalezcan y posibiliten la opción opositora (liberación de presos, retorno de exilados, nombramiento de un gobierno de transición etc.), canalice y garantice el respaldo de la comunidad internacional en el tránsito hacia el rescate definitivo de la democracia y las instituciones, concitar el apoyo de la Fuerza Armada art. 328. y la impostergable solución de convocar masiva y contundentemente a la auténtica y legal constituyente originaria, libertaria que nos dé una constitución, celosa y firme defensora de los derechos humanos, la libertad, la democracia y sus instituciones, privilegie el poder originario y soberano del pueblo, rescate la ética valores y principios y consagre un nuevo Proyecto de País constitucionalmente descentralizado con autonomía y fortaleza regional y municipal. Constitución que nos permita estar entre los países desarrollados y prósperos del mundo, y en la que todo venezolano se sientan interpretado en sus legítimas aspiraciones, decidido a defenderla, cumplir, hacerla cumplir y respetar.

Que falta? falta conformar una autentica y efectiva unidad, liderada con el único, absoluto y solo propósito de liberarnos a riesgo de todo de la tiranía. Convoquémonos en ese definitivo propósito por Venezuela. Luego de liberados, abran otra vez sus agendas particulares; hoy la agenda es: Venezuela libre, no hay otra. El pueblo soberano ya está en la calle, viene haciendo ejercicio heroico y doloroso del art. 350 y está pendiente y vigilante de lo que sucede y por millones una vez más acudirá decidido a librar esta definitiva y segunda batalla de Carabobo, no está dispuesto a aceptar que un 15% máximo de la población, se imponga al 85% restante, ni a aceptar ser negociada su libertad a sus espaldas, solo falta empezar a ejecutar acciones efectivas y adecuadas acordadas organizadamente para liberarse de este cáncer que aqueja y ha convertido al país en un estado fallido, inviable y tiranizado por un violador de todo el ordenamiento jurídico. País, invadido y tomado por militares y funcionarios extranjeros ejerciendo funciones reservadas a venezolanos y llevando el control de registros propios de la nación. País con pérdida de la soberanía territorial y alimentaria. País sin seguridad de bienes y personas. País con presencia activa de irregulares guerrilleros, narco traficantes, sicariato, vandalismo “colectivos” amparados unos y pagados otros por la dictadura. En fin, impunidad total, suficiente como para exclamar: basta ya!. Prohibido perder la república... Urgente es ganar...

Cuenta la historia reciente que el paso previo al proceso constituyente de 1999, promovido por Hugo Chávez, fue un referendo consultivo. Y que en 1999 se interrogó al soberano sobre reformar el Estado y aprobar las bases comiciales del Ejecutivo. El texto resultante también se aprobó previa consulta. En su artículo 5 se dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. En sus artículos 341 y 345, que las enmiendas y reformas constitucionales deben someterse a referendo popular. Y, por si no bastara con lo anterior, en el artículo 347 indica que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario.

Adicionalmente, el sentido común democrático indica que para suscribir el contrato social que rige la vida colectiva de un país - eso es la Carta Magna, ¿no?-, debe preguntarse la opinión a todos los ciudadanos y no sólo a un grupito de escogidos de acuerdo a su pedigrí político, mediante un proceso arbitrario ideado para corroborar en un simulacro electoral todo lo que previamente fue decidido por una cúpula, cuyo fin único es mantener el poder. Un proceso llevado contra viento y marea. Es decir, contra el parecer de los más diversos sectores de nuestra sociedad, incluyendo a sectores del propio chavismo, de la casi totalidad de la comunidad internacional y no digamos de las encuestas, las cuales registran la opinión contraria del ochenta por ciento de los venezolanos.

Más claro el agua, piensa cualquiera, pero no cualquiera es magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Así, según su última decisión, haciendo malabares jurídicos dictaminó que el Presidente Maduro puede sustituir al pueblo en la convocatoria de una constituyente. Demuestra, pues, que la democracia es, entre nosotros, cuestión de mera interpretación. Y corrobora la impresión de que el país es cada vez más la metáfora de una caimanera de fútbol: no se siente la presencia del árbitro, las reglas las define el más fuerte o el dueño del balón, son dúctiles como el chicle y se cambian según las circunstancias y los intereses.

El Nacional, viernes 2 de junio de 2017

Cuando esta desgracia llamada revolución llegó al país, de inmediato comenzó a confiscar la esperanza del pueblo que confió en el líder antes, durante y después de las elecciones, a la vez que reafirmó las dudas de quienes jamás creímos en sus fanfarronerías de prestidigitador pedante de lenguaje altanero y soez con devoción provisional en su discurso seductor de pendejos, resentidos, oportunistas y aprovechadores de todo nivel, ávidos de adulación y de aduladores en una Venezuela que esperaba más de sus hijos en el preciso momento en que las instituciones reiniciaban el camino de la perfectibilidad de la democracia.

Paralelamente al secuestro de la fe empezó la confiscación de la propiedad y de las ganas del sector empresarial en jornadas avivadas y aplaudidas por una alucinada clase trabajadora cegada por la emoción efímera de payasos y magos de circo bien pagados por domadores engordadores de cuentas bancarias que se frotaban las manos en espera de lo que, sabían, en su momento les vendría.

En el 2000, apenas a un año de la tragedia anunciada, un joven empresario maracayero, Eduardo Elías Larrazábal (Q.E.P.D.), lamentable y prematuramente fallecido, convocó a una reunión de las Cámaras de Industriales de los estado Aragua, Carabobo y Lara para expresarle al estrenado gobierno, en presencia de su entonces ministro de Hacienda, José Alejandro Rojas, que si así comenzaban las cosas, así terminarían de mal, ya que en Aragua fueron cerradas, en tan breve lapso, más de 600 empresas.

Y no había que dudarlo, pues la primera medida revolucionaria del gobierno socialista y bolivariano fue eliminar, de un solo plumazo y en el más sepulcral silencio del soberano y sus representantes, la Corporación para el Desarrollo de la Artesanía Pequeña y Mediana Industria (Corpoindustria), que tenía en Maracay y en Aragua el epicentro de la actividad promotora, emprendedora y financiera de quienes querían invertir y trabajar en el desarrollo industrial del país y de su gente, de la república y sus republicanos. Pero todo aquello acabó, todo quedó en el olvido, como dice la gitana canción “Dos Cruces”, porque aquellas promesas de amor en el aire ya se habían perdido.

Hoy vemos cómo la Zona Industrial de San Vicente, que fue la más emblemática de los centros de producción del país, hoy no sólo es un cementerio de galpones, sino un campo de tiro regentado por el hampa común y uniformada las 24 horas del día, con una comunidad secuestrada sin atención médica ni asistencia social ni alimentaria, aunque con algunos valientes que, pese a las dificultades, se mantienen “vacunados” para no perder la esperanza ni lo poco que va quedándoles.

Con esto tenemos suficientes razones y motivos para seguir luchando, para seguir marchando, para seguir en la calle, para seguir mostrando, hablando y escribiendo lo que tenemos que decir, lo que debemos decir y, es más, lo que estamos obligados a decir so pena de caer en la complicidad y la alcahuetería en la cual se encuentran muchos y de la que algunos están saliendo, como la señora fiscal Luisa Ortega Díaz…