Apreciado Diputado:

He oído tus últimas intervenciones en la Asamblea y he leído tus mensajes en las redes sociales. Me llama la atención tu explicable vehemencia y la fuerza de tus discursos, producto, sin duda, de tus cualidades personales y de tu formación en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, a la que he dedicado gran parte de mi vida con pasión universitaria. Seguramente nos hemos visto y hemos compartido actividades en esa querida Casa de Estudios, que nos identifica y marca como ucevistas.

Tus expresiones son duras, tajantes, sin fisuras, ni distinciones, al enjuiciar el pasado venezolano, luminoso en muchos aspectos y merecedor de severas críticas en otros.

Pero, en verdad, Rodríguez, “la virtud está en el medio”, como decían los escolásticos. Es cierto que en el pasado hubo abusos, excesos, atropellos y cabe hacer obligada referencia a violaciones a los derechos humanos en época de enfrentamientos fratricidas, intolerancia política y aventuras golpistas de derecha e izquierda como producto de las apetencias de poder, siempre proclive a la arbitrariedad y al abuso de la fuerza por encima de la razón.

Muchos de esos lamentables y condenables hechos se investigaron, siendo sancionados sus responsables y muchos también quedaron cubiertos por la impunidad, convertida ahora en el manto que arropa a más del 95% de las muertes violentas y otros delitos que ocurren en el país y que cubre también a funcionarios del actual régimen que han participado en graves hechos ilícitos.

Las cosas no son blancas o negras, apreciado Rodríguez. El “Caracazo”, ocurrido cuando tenías 8 años, no es una gesta heroica, ni una revolución popular como te han contado. Es una triste fecha en la cual confluyeron diversos factores para producir una gravísima conmoción social y de atropello a los derechos humanos y, de nuevo, la impunidad de quienes llevaron a cabo esas acciones que cobraron tantas vidas inocentes, con autores que nunca fueron identificados y, como siempre, el saldo de muertes de nuestro pueblo más humilde y chivos expiatorios sobre los cuales se pretende que caiga el garrote de la venganza, sin asomo alguno de justicia, ya que, en su momento, esta no actuó.

El periodista José V. Rangel -tal vez tu no lo sepas- escribió en aquella oportunidad en su columna de El Diario de Caracas, el 20 de marzo de 1989, entre otras cosas: “…Pero ahora debo decir algo que no quiero silenciar. Más allá de las fallas, errores e incluso abusos, la posición de las FF.AA., institucionalmente hablando, con motivo de los acontecimientos del 27 de febrero, ha sido altamente positiva. Fue el único organismo del Estado que respondió cuando imperaba el caos. Y respondió con espíritu democrático, encarnando un liderazgo responsable, reivindicando no sólo la noción de orden público sino de justicia y honradez…”

Eso de “disparar primero y averiguar después” fue una consigna contra un gobierno del pasado enfrentado a hechos violentos que ocurrían a diario y, sin duda, hubo atropellos policiales del mismo tenor que muchas muertes que hoy se reseñan como enfrentamientos con las fuerzas que se han dado en denominar de “seguridad”. En la UCV marchamos muchas veces, profesores, estudiantes, trabajadores y obreros para protestar contra acciones represivas y algunos abogados participamos en la defensa formal de perseguidos por la justicia militar, sin éxito alguno.

Pero, Rodríguez, ahora, en estos 17 años, hemos sido testigos de los más crueles atropellos a los derechos ciudadanos, con el saldo de estudiantes presos por el hecho de protestar, dirigentes políticos enjuiciados por su condición de disidentes, como antes por vagos y maleantes, a la vez que ahora, comunicadores, empresarios y “tuiteros”, son amenazados simplemente por no compartir las ideas del socialismo, todo esto bajo procedimientos que amparan prácticas oscurantistas de la Inquisición de “fuentes vivas”, “patriotas cooperantes” y hasta “testigos sin rostro”. El derecho penal profesado en las aulas de nuestra Facultad no puede justificar estas aberraciones.

Una cosa me parece muy importante precisar: en Venezuela sí hay presos políticos y por pensar distinto al Gobierno, aunque tu te veas obligado a no reconocerlo y, por ello, es imprescindible una Ley de Amnistía y de Reconciliación Nacional que propicie el cese de los odios sembrados y borre, entre otras cosas, las consecuencias penales de hechos calificados como delitos por motivaciones manifiestamente políticas, a cuya investigación, persecución o condena injusta el Estado debe renunciar en aras de la paz nacional, comprendiendo esa amnistía hechos que perversamente ha calificado la justicia penal, arrinconada por el gobierno, como delitos comunes, bajo cuya apariencia se esconden las verdaderas sinrazones de persecución del adversario, estimado como peligroso e indeseable.

La tradición de la UCV, en la que tú te has formado, en esa escuela de convivencia, de pluralismo y del compartir como venezolanos y de la cual yo también provengo, con el respeto debido por las posiciones de los que piensan distinto, te imponen a ti, como legislador joven, en el maravilloso reto de poner por obra lo que aprendiste en la Facultad, tomar partido por la aprobación de una ley que no es para perdonar por delitos cometidos, ni es una gracia o un beneficio, sino la rectificación de una línea de persecución política que debe ceder ante la discusión abierta, respetuosa y digna de una nueva Venezuela que, a pesar de las fuerzas contrarias, se abre camino y en la que siempre podrás expresar tus ideas sin temor a ser castigado bajo el pretendido y falso alegato de normas que, como también lo estudiaste, fueron dictadas para el bien común, en interés de la sociedad y no para servir de instrumento para aniquilar al adversario político.

18 de enero de 2016

aas@arteagasanchez.com

El presidente Maduro ha dado una vuelta más de tornillo a su guerra contra la economía presentándole a la Asamblea Nacional un decreto de Emergencia Económica, argumentando lo dispuesto en los artículos 337 y 338 de nuestra Carta Magna. Se solicita: 1) disponer a discreción de los recursos presupuestarios del 2015 (saldo caja) y del 2016 para gasto social; 2) la eventual requisición del sector privado, de “…los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, y demás establecimientos, bienes inmuebles y demás mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a los venezolanos, así como otros bienes de primera necesidad”; y 3) la agilización de procedimientos administrativos referidos a contrataciones públicas, trámites cambiarios, y para importar y trasladar mercancías. Adicionalmente, insta a las empresas públicas y privadas a aumentar sus niveles de producción y abastecimiento, y anuncia posibles medidas, en coordinación con el BCV, para restringir los flujos monetarios y las transacciones, tanto de moneda nacional como de divisas. El decreto es salpicado además con alusiones al fortalecimiento de las misiones socialistas y a la participación de órganos comunales y de sectores sociales en su instrumentación. Finalmente, en el artículo 4° deja abierta la posibilidad de instrumentar medidas adicionales a conveniencia del Presidente.

En resumen, lo que se propone es un mayor control discrecional sobre recursos presupuestarios y activos del sector privado, incumplir algunos requisitos establecidos en trámites relacionados con la participación del Estado en la economía, y el combate a la inflación a través de la implantación de un “corralito” a la moneda nacional. ¡Un gobierno que ha pasado a la historia como el más incompetente de todos, se afianza en el voluntarismo para manifestar que la emergencia se supera a punta de medidas administrativas, siempre que se le dote de recursos para su libre disposición!

Como reseña la prensa, más de lo mismo, pero ahora amparado en un instrumento legal que sirve de patente de corso para aplicar controles y en cuanto al usufructo discrecional de bienes y recursos financieros. Aunque el decreto no se refiere a ella explícitamente, su presentación a la Asamblea Nacional se realiza en el marco de un discurso –la presentación de la Memoria y Cuenta de Maduro- que resaltaba a la “guerra económica” como causante de los descalabros a superar. Es decir, no hay la mínima disposición a rectificar la desastrosa conducción de los asuntos económicos.

Y uno se pregunta si la presentación de este decreto a la consideración del organismo legislativo nacional no será una especie de trampa de un Maduro desesperado para achacarle la culpa a las fuerzas democráticas de las penurias que agobian a los venezolanos. Porque nadie que tenga en mente el bienestar de la población podría aprobar, en su sano juicio, semejante insensatez.

Una lectura diferente podría señalar, empero, lo positivo que el Presidente de la República esté pidiendo, por primera vez, apoyo para salir de un atolladero que está acabando con su gestión y de la cual no tiene idea cómo superar. En este caso la trampa la representa la incapacidad de Maduro de romper con el cepo impuesto a sí mismo de no desviarse del legado del “comandante eterno” y de rendirle pleitesía al discurso comunistoide para conservar la poca legitimidad que tiene entre los suyos. No tiene idea de por qué se engendró la crisis, ni mucho menos cómo salir de ella.

Lo anterior se refleja en el diagnóstico del que parte el decreto cuando señala, en su artículo primero, que su propósito es “…atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana…” ¿Qué tiene de “coyuntural” una crisis engendrada por la implantación deliberada de un proyecto que pretende pasarle por encima a las leyes que rigen el comportamiento económico? ¿Cómo no entender que el esquema de controles y de regulaciones, de financiamiento monetario de los déficits de la gestión pública, de la ausencia de rendición de cuentas y de la discrecionalidad en el usufructo de los recursos del Estado, del negocio de reventa de bienes regulados, dólares obtenidos a tasas preferenciales y –sobre todo- gasolina (en otros países), representan una verdadera mina para hacer fortunas de la noche a la mañana, la fuente primal de la corrupción y de la degradación moral que está carcomiendo al país? ¿Cómo pedirle al sector productivo que incremente sus niveles de producción, como pretender “…estimular la inversión extranjera en beneficio y desarrollo del aparato productivo nacional, así como las exportaciones de rubros no tradicionales como mecanismos para la renovación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos”, cuando el verdadero negocio está en la extorsión, las empresas de maletín, el tráfico de estupefacientes, el lavado de divisas mal habidas, el arbitraje entre el precio oficial de la divisa y su cotización en el mercado paralelo, y el “bachaqueo” especulativo, todo ello resultado de la impunidad, la destrucción del Estado de Derecho, la ausencia de controlaría a la gestión pública y la toma discrecional de decisiones centradas en la Presidencia? ¿No estará aquí la razón del Decreto?

Y ello pauta el desafío de la oposición democrática para no caer en la trampa representada por el Decreto de Emergencia Económica. Insistir en que si no se levantan los controles, se endereza el gasto público, se elimina el financiamiento “inorgánico” del BCV al gobierno, se unifica el tipo de cambio y se negocia inteligentemente la consecución de financiamiento internacional para romper la asfixia del sector externo, no hay manera de superar el “Estado de Emergencia”. Y ello no requiere de ningún estado de excepción sino voluntad política y un equipo capaz y coherente, menos cuando ello significa poner en manos de un individuo tan torpe y de mente enfermiza como Nicolás Maduro la suerte económica del país -sin las garantías constitucionales del caso-, durante 60 días, prorrogables dos meses más. La naturaleza estructural – ¡no “coyuntural”! - del desastre ungido por la aplicación de un proyecto retrógrado, rígido, despilfarrador y destructivo, requiere de un ajuste omnicomprensivo y profundo que este gobierno no es capaz de realizar.

El desafío de las fuerzas democráticas en la Asamblea Nacional es, al respecto, de naturaleza educativa, comunicacional, de saber explicar las verdaderas razones del descalabro económico que está acabando con los medios de vida del venezolano, como razón para negar el decreto. Y quien quita que ello no abra espacios para que factores ligados al gobierno rompan la trampa en que ellos adrede se han metido por su incapacidad de pensar con cabeza propia. La transición hacia un gobierno distinto, que rescate un futuro mejor para los venezolanos, pasa por ahí.

Economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com

No solo en el diseño de políticas públicas, también en su aplicación hay dos grandes argumentos que sirven de apalancamiento para avanzar, dos empujes claves y poderosos que nos hacen adelantar acciones y crecer en la búsqueda de una mejor calidad de vida, esas dos razones a las que me refiero son, en primer lugar, “la fuerza de los principios y valores” que blindan una actuación y nos hace ser constantes en el esfuerzo aunque sepamos de ante mano que la lucha es difícil dado que los cambios necesarios podrían encontrarse con una pared administrativa y humana que prefiere que todo continúe igual o que se apliquen pañitos calientes a los grandes problemas.

La segunda razón es quizás más importante y se refiere a “la verdad”, es hablar y actuar conforme a la verdad, aun cuando ella siempre es discutible. Y ese es el comienzo, la verdad implica actuar con la humildad necesaria como para darse cuenta que a veces tu verdad y la misma vehemencia con la que la defiendes, puede ser utilizada por otros en la defensa de lo que creen es su verdad.

Lo importante y lo útil es asimilar “la verdad” como la fuerza básica para sembrar esperanza cierta de que es posible vivir mejor y que además nos merecemos como ciudadanos una mejor calidad de vida. No se trata entonces de regalos o de mejoramientos de la vida ciudadana venidos de un salvador, no es mercadear una lavadora por tu voto, no es mal poner el ejercicio de la política haciendo uso y abuso de las necesidades diarias de la gente. En fin, la verdad adquiere fuerza cuando es acompañada de principios y valores en el sostén del bien común, en el respeto al ciudadano.

De qué nos sirven los principios y valores acompañando a una verdad, si-no existe la esperanza compartida de que es posible reconstruir nuestro país y vivir mejor y decentemente. La esperanza nos debe mover aunque sepamos lo difícil que es el camino que nos toca recorrer. Es decir, la invitación que hacemos es a cruzar el túnel no porque al final esta la luz, NO. Lo vamos a cruzar porque es nuestro DEBER, aunque no tengamos esa luz esperándonos. Y avanzaremos si entendemos que el esfuerzo para recuperar al país debe ser social y económico pero por encima de todo, MORAL y ETICO, no le tengamos miedo a defender principios y valores ciudadanos y a decir una verdad gigante: hay que montar el desarrollo y el avance social y económico en las estructuras morales y cívicas. Así pasa con Venezuela y permítanme destacarlo, así pasa con Aragua. No se trata entonces de sembrar una esperanza para que las mayorías crean que es posible un cambio y al final no se hagan o se hagan a medias.

Se trata de enterrar la costumbre de no cumplir la promesa, de la burla, del amiguismo, del vivo, del que se colea o del que se copia en el examen porque ese que hoy se copia, mañana cuando sea concejal, alcalde o gobernador, se robará los reales del pueblo. Esa terrible costumbre es la que ayer y hoy juega con las necesidades de la gente prometiendo lo que de ante mano se sabe imposible de realizar, es populismo y se practica en todos los niveles de la administración pública pero también, en casi todas las campañas electorales.

Para combatir esa práctica que tanto daño nos ha hecho, pudiéramos comenzar por ejercer nuestro deber ciudadano al exigir a los candidatos, cualquiera que estos sean, calidad en los contenidos de sus propuestas, ofertas reales y factibles de cumplir, ideas claras para solucionar los problemas de la gente, basta de tener candidatos que ni siquiera se han leído el programa de soluciones que le ofrecen a los electores. Es así como comenzamos a preocuparnos por el desarrollo colectivo y a ocuparnos de que los candidatos no mientan y una vez que lleguen a sus cargos estén preparados para ejercerlos.

En esta oportunidad referiremos la apreciación al estado Aragua pero que en su mayor parte puede observarse para los demás estados regionales de nuestro país.

Es indudable que el rotundo triunfo obtenido por los candidatos de la oposición democrática a la Asamblea Nacional el pasado 06 de Diciembre excedió, en mucho, las predicciones más optimistas de diferentes analistas electorales y hasta de la propia MUD regional. En efecto, haber obtenido 8 de los 9 diputados en disputa en Aragua, cuna de la revolución chavista e ícono del régimen, es un logro de profunda significación política que debe leerse lo más objetivamente posible para poder situarse en la dimensión apropiada y cumplir con las expectativas del electorado.

El esfuerzo de cada candidato y su comando de campaña para alcanzar el triunfo, debe reconocerse sin ningún tipo de mezquindad política. La presencia de ellos en las comunidades, especialmente en las que la simpatía chavista prevalecen, permitió una conexión que ya habían perdido los oficialistas y antiguos candidatos de la oposición democrática. Sin duda esta posibilidad y estrategia asumida por los candidatos de la unidad, incluyendo a los suplentes, fue decisiva para obtener la importante victoria.

Pero también debe considerarse, y mantener permanentemente en cuenta, que la crisis económica generada por el propio gobierno y su evidente incapacidad para resolverla, convenció a la población, incluyendo a los simpatizantes chavistas, de la necesidad de buscar soluciones viables ante los reiterados intentos del régimen de buscar respuestas políticas a problemas económicos, por lo que el “cambio”, como oferta electoral de la unidad nacional, impulsó el triunfo opositor que ahora está obligada a satisfacer estas expectativas si se quiere en un tiempo perentorio.

Así mismo, la “Unidad”, como factor electoral y político, también tuvo su peso específico decisivo en la victoria decembrina al monopolizar en una sola tarjeta, y en un solo discurso, el voto de la sociedad civil mayoritariamente opositora que no compró las ofertas de las “terceras vías” patrocinadas por el propio régimen para restar votos a la unidad nacional.

Contacto directo con las comunidades, ineficiencia gubernamental, mensaje de cambio y Unidad nacional fueron, a nuestro entender, los factores decisivos para la victoria, en una magnitud no esperada, que obliga a administrar eficiente y eficazmente ese resultado.

Por estas razones es que una vez instalada la Asamblea Nacional, juramentados los diputados y asignados a sus respectivas comisiones de trabajo, escuchada la memoria y cuenta del presidente, es imprescindible que los mismos recuerden de quienes son representantes y quienes y para que fueron electos, olvidarse de estos compromisos sería continuar con el viejo vicio político de olvidarse de los electores una vez alcanzado el triunfo electoral.

A fin de evitar estas situaciones, conviene a los diputados electos y a los propios partidos integrantes de la MUD regional tomar algunas acciones pertinentes:

1. Mantener el contacto permanente, logrado con las comunidades locales durante la campaña electoral, para informar de las acciones y actividades desarrolladas en la Asamblea Nacional, destacando aquellas que afectan o benefician al estado Aragua, a sus municipios y el quehacer diario de la gente; para esto es necesario abrir y mantener al menos cuatro oficinas parlamentarias (una por cada circuito electoral) que les permitan a los diputados mantenerse en contacto con la gente o con las comunidades al menos una vez a la semana;
2. Efectuar una vez a la semana ruedas de prensa exponiendo las ineficiencias del gobierno, especialmente aquellas que tengan que ver con la crisis económica, el desabastecimiento, la inflación y las colas, y qué se está haciendo desde la AN para resolver estos problemas, así mismo, el tema de la inseguridad ciudadana debe abordarse con igual intensidad;
3. Informar periódicamente de la posibilidad de cambiar al gobierno mediante un método constitucional, democrático, pacífico y electoral, como lo informó el presidente de la AN en sus palabras de inicio de las sesiones parlamentarias, con la idea de ir familiarizando a la población en este tema;
4. En su momento, Aragua en Red entregó a los entonces candidatos, un documento denominado “La Aragua que queremos, de todos y para todos” donde se incluyen algunas iniciativas parlamentarias que afectan a nuestra región. Dentro de ellas destaca el proyecto de “Ley orgánica para la recuperación y desarrollo sustentable de la cuenca hidrográfica del lago de Valencia” que es de capital importancia para el futuro de Aragua y Carabobo, ya que ambas entidades se ven afectadas por esta problemática. Ese proyecto podría aprovecharse para conformar un bloque parlamentario de 16 diputados de los dos estados que permita impulsar no solamente el proyecto de ley mencionado, sino otras iniciativas que serían de beneficio para las poblaciones de ambas entidades.

Finalmente, este año están previstas las elecciones para gobernadores y Consejos Legislativos, si la situación política, económica y social del país lo permite. Esta actividad electoral debe abordarse en el momento adecuado para evitar salirse de los temas que afectan a diario a la población y en todo caso el factor Unidad, y dentro de ella la realización de primarias para la selección de los candidatos, deben primar en función del acuerdo firmado en un documento de la MUD nacional el pasado año.

16 de enero de 2016

El jefe de protocolo del Ministerio de la Defensa, revisaba escrupulosamente la lista de oficiales activos o retirados que acompañarían al ministro en su declaración al país, referida al retiro de los cuadros del Bolívar Zambo y el Difunto Comandante Eterno de la Asamblea Nacional.

Esta lista es demasiado grande. Son más de 1.600 compañeros de armas que han pasado o están enchufados en diferentes cargos de gobierno. Representan el 31% de los ministerios y el 48% de las gobernaciones. Además, tiene posiciones en embajadas, directores de universidades, un canal de televisión militar, banco de las fuerzas armadas, empresas de construcción, organismos encargados de aplicar rebajas forzadas de precios….y pare usted de contar. Si los nombro a cada uno con sus rangos y apellidos el acto se haría interminable. Tendré que hacer uso de la coletilla de los “etc” para poder agilizar el evento y darle la palabra al ministro.

- Con música marcial de fondo y voz de ultratumba, se escucharon las palabras del funcionario: Venezolanos, venezolanas en este glorioso día (¿?) nos encontramos en la sede del Ministerio de la Defensa para escuchar el pronunciamiento del organismo frente al acto fascista de la oposición oligárquica en la Asamblea Nacional al retirar los cuadros de nuestros Padres de la Patria.

Presentes, se encuentran oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Bolivarianas y procedió a leer la lista protocolar: Carmen Meléndez, González López, Marcos Torres, García Plaza, Rodríguez Torres, Arias Cárdenas, Vielma Mora, Rangel Gómez, Rodríguez Chacín, Rangel Silva, Castro Soteldo, Acosta Carlez, Lucas Rincón, Yánez Rangel….cansado de tanto nombre, se limitó a los apellidos…..Motta, Salazar, Quevedo, Reyes Reyes, Barroso, Michelangeli, Rotondaro, Cabello…….en este punto, el ministro le hizo una seña a sus edecán para que cortara la intervención del maestro de ceremonia, quien se limitó a repetir etc, etc, etc, etc, etc, etc,…..por más de 1.592 veces para así cubrir a la larga lista de invitados.

Muy circunspecto, y con todas las medallas y condecoraciones colocadas en su uniforme, hizo su aparición el Ministro y en el fondo se escuchó la orden militar…atenciónnn firmessss y los tacones sonaron al mejor estilo nazi

-Quiero ser puntual en mi intervención. Las FANB rechazan el acto vandálico de las huestes opositoras al ensañarse contra las figuras de nuestros Padres de la Patria al retirar sus cuadros del recinto de la Asamblea Nacional. Esos diputados han mancillado el honor de nuestras fuerzas armadas y por eso quiero ratificarle al país que ¡¡¡las fuerzas armadas venezolanas son y serán por siempre chavistas!!!

Los 1.614 invitados, al unísono gritaron ¡¡¡Somos chavistas!!!, sacando cada uno de ellos pendones con la cara del Difunto Eterno.

En los cuarteles, ante aquel show mediático, soldados y comandantes, al escuchar que todos en las fuerzas armadas son chavistas, burlonamente expresaron entre sí “serán argunos” como dicen en oriente. No todos están enchufados como ellos. Son chavistas porque le gustan “Los chavos” dijo un oficial para expresar su sentimiento de protesta.

No dejó de tener razón el oficial, cuando el país escuchó a los 1.614 enchufados gritar frente a las cámaras de televisión “Chavos o muerte”.

El 13 de enero de 2016, la nueva Asamblea Nacional, aprobó el ACUERDO SOBRE LA CRISIS GENERADA POR EL ACTUAL CIERRE DE FRONTERA Y LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN VEINTICUATRO MUNICIPIOS DE LA REPUBLICA SOMETIDOS A ESTADO DE EXCEPCIÓN, cuyo texto exhorta al Presidente Maduro para que restituya de manera inmediata el Estado de Derecho respecto al Libre Tránsito y demás Garantías en aquellas zonas que aún están bajo el régimen del Estado de Excepción y por otro lado, extiende esa exhortación al Ministro de Defensa para que ordene de manera inmediata abrir la Frontera Colombo-Venezolana.

El Acuerdo destaca que el Estado de Excepción generó graves violaciones de derechos humanos, normas constitucionales y tratados internacionales, debidamente suscritos y ratificados por la República, en materia de derecho al libre tránsito; libertad de expresión; debido proceso migratorio y deportaciones forzosas; derecho a la propiedad privada; principio de Unidad Familiar y una clara violación al principio de Integración Latinoamericana.

Así mismo, denuncia que ese régimen extraordinario al cual se sometió a las poblaciones fronterizas de Venezuela, generó gravísimos daños en política tributaria para el Estado Venezolano, particularmente a los municipios fronterizos, debido al bloqueo industrial, comercial y aduanero que generó el cierre de frontera.

La Asamblea Nacional, además de solicitar mediante este Acuerdo la restitución de las garantías constitucionales en las zonas de frontera, advierte que como institución, no permitirá que se sustituya la economía formal aduanera por la economía informal de utilidad individual que utiliza caminos verdes, conocidos como trochas y que generan oportunidades de corrupción que son públicos, notorios y comunicacionales.

En el marco del Acuerdo, se aprobó la creación de la Comisión Especial de Frontera, a los fines de investigar la situación en los municipios de frontera, procesar las denuncias a que hubiere lugar por violación a los derechos humanos y además, analizar y evaluar el alcance de la Ley Orgánica de Fronteras, aprobada vía habilitante el 30 de diciembre 2015. Esa Comisión quedó integrada por los diputados Leidy Gómez, Juan Requesens, Gaby Arellano y Julio Montoya.

El Acuerdo se convierte en un documento oficial oportuno para que particularmente en el Táchira, las autoridades electas y los ciudadanos puedan abordar el impacto de la Ley Orgánica de Frontera en la realidad económica, social y política de esa zona fronteriza que perdió aquél dinamismo comercial y de movilidad que siempre la caracterizó.

Es oportuno señalar que han surgido en los últimos días algunas iniciativas que buscan en el Estado Táchira, fijar posición sobre el contenido de la Ley Orgánica de Fronteras y la política de cierre fronterizo. Una de esas iniciativas es la convocatoria a una Asamblea entre autoridades electas y actores de la sociedad civil organizada en la Plaza Bolívar del Municipio Pedro María Ureña anunciada para el próximo día 15 de enero de 2016.

Miguel Reyes, del Consejo Legislativo del Estado Táchira, explicó recientemente que ese encuentro propuesto en Ureña busca analizar el contenido y alcance de la Ley Orgánica de Fronteras, y abordar el cierre de la frontera con la finalidad de aprobar un Manifiesto de la Frontera, que pueda elevarse ante el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional, en cuyo contenido se registren observaciones a la ley orgánica y propuestas e inquietudes sobre los problemas que impactan actualmente a los habitantes de la frontera [1].

Según el legislador tachirense, a esa reunión asistirán diputados nacionales, legisladores estadales, integrantes de los Consejos Municipales de los 4 municipios afectados por el estado de excepción y representantes del sector empresarial e industrial de la zona.

Pero otra declaración, en este caso del Alcalde del Municipio Pedro María Ureña, Alejandro García, pone en duda la claridad el objetivo de esa convocatoria y reduce la Asamblea en la Plaza Bolívar a un punto único que es el reclamo colectivo para exigir la apertura de la Frontera.[2]

Por su parte, el Consejo Legislativo del Estado Táchira, tal vez, movidos por la Feria de San Sebastián, acordó crear una Comisión integrada por legisladores del PSUV y de la Unidad, a fin de promover un debate que lleve a construir los consensos necesarios para abrir gradualmente la frontera[3].

El diputado Manuel Peñaloza, del PSUV, afirmó que el Consejo Legislativo del Estado Táchira, está en la disposición de crear un marco normativo que permita facilitar una frontera de paz, en beneficio de la población y que permita lograr acuerdos económicos entre Venezuela y Colombia. Pretender crear un marco normativo desde el Consejo Legislativo Estadal representa una gran oportunidad para evaluar el efecto negativo de esa Ley Orgánica de Frontera en el papel institucional del Poder Legislativo Estadal sobre el desarrollo integral y normativo de la realidad fronteriza.

En esa sesión ordinaria del Consejo Legislativo del Estado Táchira, según información pública, hubo representación de las Cámaras de Comercio de La Fría, San Antonio, Ureña, transportistas de carga pesada internacional, carboneros, manufactureros, entre otros, quienes en sus participaciones abogaron por el diálogo y el debate.

Precisamente, el diálogo y el debate sobre la nueva Ley Orgánica de Fronteras es uno de los más urgentes e inmediatos desafíos que tiene la sociedad tachirense, pues ese nuevo marco normativo, debilita la participación de las instituciones políticas estadales y municipales en el desarrollo integral de la zona fronteriza y excluye de esa tarea, la pluralidad en la participación ciudadana.

[1] La Nación. No queremos una ley de fronteras chucuta y llamamos al pueblo a debatir en asamblea. 12 de enero 2016. Online en: http://lanacionweb.com/politica/no-queremos-una-ley-de-fronteras-chucuta...

[2] La Nación. Asamblea de Ciudadanos en Ureña el viernes para exigir reapertura de la frontera. 12 de enero de 2016. Online en: http://lanacionweb.com/regional/asamblea-de-ciudadanos-en-urena-el-viern...

[3]La Nación. Crean Comisión Parlamentaria especial para la reapertura paulatina de la frontera. 13 de enero de 2016. Online: http://lanacionweb.com/politica/crean-comision-parlamentaria-especial-pa...

La semana pasada Henry Ramos Allup, Presidente de la Asamblea Nacional, ordeno quitar de las paredes del Parlamento la foto del Presidente Chávez (también el retrato de Bolívar, pero ese es tema distinto). La decisión pareciera lógica, aunque quien sabe si fue oportuna en un país que arde en crisis por los cuatro costados.

Fue lógica, digo, por dos razones. La primera, de mero sentido común, porque no tiene justificación que en la Asamblea Nacional se exponga la imagen un líder político que representa a una parcialidad política y no se haga lo mismo con la de otros que encarnan otras ideas y representan otros afectos políticos.

La segunda razón es porque su retrato puesto en la Asamblea Nacional, constituye una manifestación que reitera el culto a la personalidad del Presidente Chávez. Es evidente que la veneración incondicional a un líder es la negación misma de la política y de la esencia del Parlamento como institución diseñada en función de la pluralidad de opiniones y sobre la que descansa, en buena medida, el sentido de la democracia.

II.

Sin embargo, Ramos Allup no pudo tomar la decisión de peor manera. Lo hizo con el peor tono, las peores frases y los peores gestos, suficientes para diluir los argumentos que la justificaban y convertirla en malcriadez política. En un antojo al parecer personal. En una muestra del sectarismo que se critica en el otro bando. En el irrespeto a millones de venezolanos vinculados ideológica y políticamente al Presidente Chávez. En fin, olvidó que los modos importan, que son parte intrínseca del mensaje.

Bien estuvo que la MUD, a través de Chúo Torrealba, pidiera excusas por la manera como se hicieron las cosas. Pero, aún así, ¿podrá extrañar que luego de estas y otras actuaciones, muchos se sientan despistados por la oposición y no sientan que haya hecho de la brega por el diálogo su primera obligación moral y política?

Ante la decisión de Ramos Allup, Aristóbulo Istúriz anunció, como cabía esperar, que se llenarían de afiches del Presidente Chávez todas las dependencias públicas e incluso las plazas del país. Que se emprendería algo así como la cruzada del desagravio. Fue declarada, así pues, la batalla de los símbolos.

III.

En fin, el liderazgo político venezolano, hablo de tirios y troyanos, por supuesto, pareciera que no se ha puesto los anteojos a fin de leer con claridad la situación nacional ni la señal enviada por los electores a principios del mes pasado. Tal vez sea prematuro para alarmarse por lo que viene ocurriendo, pero lo que sí es seguro es que no está de más ponerse en situación de alerta. No es bueno olvidar que el precio del petróleo repta como culebra, mientras la latica de atún vuela por encima de los mil bolívares y no hace mucho lincharon a otro ciudadano en un barrio caraqueño, señal de que gana terreno la administración de justicia según le parezca a cada quien.

El Nacional, miércoles 12 del año 2016