Mensaje claro y valiente de espiritualidad encarnada. Nuestros obispos vuelven a decir que esta realidad es inaceptable y graves las recientes decisiones inmorales del Ejecutivo y el Poder Judicial, combinados para eliminar la Asamblea Nacional. Se ha puesto en evidencia que vivimos en un Estado con Constitución democrática pero secuestrado y violado por un Gobierno dictatorial. La anulación de la Asamblea no se produjo el 30-3-17con las decisiones 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, pues desde el día mismo (6D) del triunfo arrollador de la oposición, el régimen buscó anularla: eliminaron sin nuevas elecciones a los diputados del Amazonas, cancelaron el Referéndum Revocatorio, suprimieron las elecciones de gobernadores de 2016, anularon toda legislación de la Asamblea con cincuenta decisiones del TSJ, aumentaron los perseguidos, exiliados y presos políticos y el anticonstitucional empeño de mantener el “Plan de la Patria” con su economía destructiva y sembradora de miseria, inflación y escasez. Todo ya era dictadura antes del 30 de marzo, pero ahora el Ejecutivo nos ha hecho el gran favor de ponerlo más en evidencia nacional e internacional.

La Fiscal rápida y claramente denunció la ruptura del orden constitucional. Las reacciones de gobiernos, ex-presidentes, organismos internacionales como Mercosur Y OEA, asustaron al gobierno y este quiso esconder el rostro dictatorial ordenando a la sumisa TSJ maquillar con “aclaratorias”, para Maduro decir que se había “superado el impasse”. Afortunadamente la Asamblea Nacional, con la valiente y acertada conducción de su presidente Julio Borges y el conjunto de dirigentes, no cayó en la trampa y la OEA tampoco: mientras no se restituyan plenamente los poderes constitucionales de la AN, hay dictadura. El país y el mundo ahora están más claros: la democracia ha sido violada con un golpe mortal contra la soberanía del pueblo cuyos votos han sido quemados en la hoguera de los usurpadores... Este grave delito tiene delincuentes que deben ser sancionados “y los funcionarios y funcionarias públicas que lo ordenan o ejecutan incurren en responsabilidad penal” (Const. Art. 25) ¿Qué espera el Defensor del Pueblo para cumplir con sus deberes constitucionales (Const. art. 281)? No hacerlo es complicidad con el golpe y una burla seguir diciendo que este es un régimen de soberanía popular cuando el régimen, con sus desacertadas y empecinadas políticas, le ha quitado al pueblo la comida, las medicinas vitales, las libertades, la seguridad y la Constitución…

La Presidencia de la Conferencia Episcopal el mismo día 31 dio a conocer su rotundo rechazo de este atropello dictatorial señalando que este poder trata de perpetuarse manipulando al pueblo y “olvidando que las necesidades reales de la gente reclaman otra visión de poder” (n.3) La autoridad es para servir al pueblo y no para oprimirlo. Los obispos rechazan estas decisiones “que desconocen e inhabilitan al órgano público (AN) que representa la soberanía popular”. “Desconocer la existencia del otro y sus derechos, sencillamente es destruir toda posibilidad de convivencia democrática y plural” (n. 5) y burlarse de todo diálogo.

No estamos ante una disputa de poderes y una diferencia interpretativa de juristas, sino ante un golpe que despoja al pueblo de su soberanía. Por eso los obispos recalcan que el golpe es contra la gente y afecta más gravemente a los más necesitados: “Más allá de las consideraciones jurídicas y constitucionales, la eliminación de la Asamblea Nacional, suplantándola por una representación de los poderes judicial y ejecutivo, es un desconocimiento absoluto de que la soberanía reside en el pueblo y de que a el le toca, en todo caso, dar su veredicto. Una nación sin parlamento es como un cuerpo sin alma. Está muerto y desaparece toda posibilidad de opinión divergente o contraria a quienes están en el poder. Se abre la puerta a la arbitrariedad, la corrupción y la persecución, un despeñadero hacia la dictadura siendo, como siempre, los más débiles y pobres de la sociedad los más perjudicados. Por estas razones, repetimos, esta distorsión es moralmente inaceptable” (n.4). La “democracia participativa y protagónica” está muerta y si el Poder Moral si calla será cómplice inmoral. Afortunadamente la AN enfrenta el golpe, así como los dirigentes políticos democráticos, las asociaciones y las mil formas de la sociedad civil, las universidades, las academias, los países.... ¿Dónde está la Fuerza Armada democrática? Es un deber de conciencia rechazar el golpe y la Constitución llama al pueblo de Venezuela a desconocer cualquier decisión que la viole (art. 350). Los obispos hacen un “urgente llamado a tomar conciencia y a actuar de manera pacífica pero contundente ante la arremetida del poder. No se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados. Tenemos que defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Es hora de preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívicas.”(n.6) Nos invitan a vivir los actos religiosos de la Semana Santa, conmemoración de la pasión y resurrección de Cristo, “con un contenido social que nos ayude a mantener la esperanza, la alegría y la solidaridad…”

http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/moralmente-inaceptable_647819

Estamos en Semana Santa, ningún otro tiempo como este -dedicado al arrepentimiento- para hablar acerca de la maldad. El término viene del latín “malitas” que alude a la calidad de malo. “Doblada es la maldad que es so celo de amistad”, reza el castizo refrán para significar que doble se torna la maldad usada en contra de una persona cuando quien la produce, finge, además, amistad. Sí doble es en contra de una persona, cuánto más no lo será cuando alguien hace mal a un pueblo entero, fingiendo amistad con él.

Tradicionalmente se distinguen tres tipos de males: el mal físico, que incluye el sufrimiento, la enfermedad o las catástrofes naturales; el mal moral, que es el que un sujeto causa a otro y el mal metafísico o imperfección de las cosas eternas. Nuestro gobierno es malo en todas las posibilidades y acepciones del término: es malo metafísicamente porque su maldad es infinita. Es malo moralmente: hace daño premeditada y alevosamente. Abusa de la ignorancia de la gente para inducirla a practicar el mal como si fuese el bien y -como si lo dicho fuese poco- es causante directo del mal físico del pueblo, del sufrimiento que le produce con las múltiples formas que ha diseñado para torturarle. Le hace sufrir con el uso desproporcionado de la fuerza en contra de gente desarmada, con la corrupción e incapacidad que ha dejado la salud de los venezolanos en la peor calamidad que se conozca en este siglo. Este gobierno produce el sufrimiento del hambre, el de la inseguridad. Este gobierno ha colocado a una nación en los límites de la supervivencia. Este gobierno es malo no solo en términos de la manera como practica la maldad, sino además en el sentido en que lo malo es sinónimo de incapacidad, es decir, en términos de ignorancia, incompetencia, ineficacia, ineptitud, inutilidad, nulidad y torpeza. Nuestro gobierno es una catástrofe elegida por nosotros, por nuestro voto debe salir.

El sentimiento que mueve al mal -contrariamente al amor que es el que mueve al bien- es el odio. Este es un régimen que surge de la animadversión, del resentimiento de quienes llegaron al poder no para gobernar y edificar, sino para estimular la hostilidad y la aversión, sentimiento que por su naturaleza básica y primitiva, se siembra con facilidad y rapidez en el corazón de la gente, pero se requiere mucho tiempo y paciencia curar las heridas que produce. Quítele usted a este régimen las limosnas repartidas caídas del festín petrolero del que se embriagaron y encontrará a la Venezuela que nos legan: una nación empobrecida, destruido su aparato productivo, su sistema educativo y sanitario. Venezuela es hoy país más peligroso e inseguro del globo terráqueo, porque la delincuencia ha sido la aliada de gran destructor en la aniquilación de los venezolanos. Y lo peor: una nación con sus fundamentos morales en ruinas.

A Venezuela le llegó la hora de sacudirse la maldad. Por eso hay que ser particularmente asertivos en este tiempo, porque no hay otro y tener claro el rumbo tanto como el destino. Descendimos a los infiernos y menester es resucitar. No está de más convertir en lema de este tiempo esta frase Nietzsche: “Quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti”.

Tiempo de exorcismo es, pues, esta Semana Santa.

En país donde el poder nos ha sitiado durante tanto tiempo con su patológico desdén por la regla, su vocación por suprimir el saber del adversario, el afán por subvertir las claves de la normalidad y tachar todo límite entre bien y mal, toda distancia entre lo público y lo íntimo, a la oposición le pasó un poco como a ciertos personajes de la literatura y el cine: esos que al convertirse en amenazas para el sistema son de pronto tildados de locos, internados en celdas, tratados como conspiradores perturbados… ¿y cómo creerles, si están “mal de la cabeza”? Confinada a esa “casa de lunáticos” donde mandan los respingos de quienes fingían sanidad política ante el mundo, esa parte del país negada a la sujeción, a dejarse abatir por la aplanadora del autoritarismo, fue desacreditada nacional e internacionalmente por la estructura hegemónica de un régimen dispuesto a eternizarse en el poder. Con camisas de fuerza, amarrados al diván que para el caso dispuso el psiquiatra, los opositores fueron diagnósticos ad nauseam como “disociados”, seres llevados por “conductas alejadas de la realidad”, empeñados en “creer y avalar sólo las elecciones que ganan”; eso, aunque lo factual una y otra vez llevase a sospechar que la verdadera disociación vivía entre los administradores del manicomio.

“El mundo no es sino un gran Bedlam, donde aquellos que están más locos encierran a quienes no lo están tanto”, decía Thomas Tryon en 1689 (aludía al Bethlem Royal Hospital, célebre mad-house fundada en Londinium en 1247; suerte de vista secular del infierno, decir “bedlam” se volvió sinónimo de caos, locura). Así, como perdidos en nuestro propio Bedlam, los venezolanos hemos visto cómo equilibrio y chifladura se alternan de manera tan consistente, tenaz y amplificada, que hasta hace poco ese transtorno fue la única verdad que reconocieron los ojos extranjeros. Pero la inocultable crisis, atizada recientemente por la temeraria inhabilitación de la Asamblea Nacional urdida desde el TSJ, contra toda razón democrática -algo que incluso la misma Fiscal General Luisa Ortega Díaz calificó como “ruptura del hilo constitucional”- ha disparado todas las alarmas. Luego de haber tenido que sufrir reportes como los del periodista Mark Weisbrot –quien tras visitarnos en 2014 concluía en The Guardian que acá sólo había una “revuelta de acomodados”, pues “no hay señales de que Venezuela esté atrapada por una “crisis” que requiera la intervención de la OEA, sin importar lo que John Kerry diga”- finalmente esa amplia mayoría que se reveló tras el triunfo electoral de 2015 no sólo puede ofrecer su versión de los hechos, sino contar con la escucha empática de otras naciones.

(La oposición está “envalentonada”, dispara la canciller Delcy Rodríguez… ¿será?)

Admitamos que recobrar la credibilidad usurpada por los amos del asylum, ser reconocidos tras una larga noche de silencio e invisibilidad a juro, no es poca cosa. “Existo en un sentido vital y humano sólo en relación (…) a mi mundo de otros “yo”, nos recuerda Josiah Royce. Nuestro ser “significa” a partir del reconocimiento del otro, uno que a su vez se arma a partir de nosotros. Una psiquis castigada por la anulación que aplica ese “gran Otro”, por ende, es barrida en su identidad, expropiada en su sentido. Es lo que ha pretendido el chavismo: despojarnos de autoestima, destruir ese espejo interno que permite encontrar referentes externos avalando la legitimidad de nuestras necesidades, deseos y acciones; empujarnos fuera de nuestros límites, llevarnos a creer que aunque hablemos, nadie mirará, nadie escuchará el canto solitario del orate.

Se trata, pues, de sepultarnos bajo la lógica del “mundo al revés”, la tiranía de lo anómalo, un laberinto regido por leyes que omiten cualquier mandato de la realidad. La gesta, sin duda, ha cosechado cierto éxito -el apego por la autodestrucción no deja de arrear malamente a nuestras huestes- pero toca reconocer que la sana vocación democrática del pueblo venezolano parece más terca que la locura inoculada. Sí: esa larga tradición de resistencia frente a la mascarada obliga a reorganizarse para “aprovechar el día”, ahora que la mirada del mundo se alinea con la nuestra, ahora que nos ampara un nuevo “Ardid de la razón”. Carpe díem.

“En Venezuela no hay normalidad”, advertía Julio Borges desde la Asamblea Nacional. No son normales los desafueros por parte de cuerpos de seguridad del Estado al reprimir opositores, ni la deriva dictatorial, ni la imagen del feroz tajo en la frente del diputado Juan Requesens, agredido cuando manifestaba –vaya sangrante ironía- frente a la Defensoría del Pueblo. La obsesión por vender un país donde, de acuerdo a Samuel Moncada, “las calles están tranquilas”, hoy sólo remite a una “apariencia de verdad”, una burbuja distorsionada, esa oscura posverdad según la cual los manifestantes desarmados atacan a la Guardia Nacional y los sabuesos son destazados por las liebres. Mundo al revés, manicomio regentado por el desvarío, cuyo absurdo y toxicidad no sólo los venezolanos estamos percibiendo como intolerables.

@Mibelis

A finales de la semana pasada el presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisterio Occidental del Congreso de Estados Unidos solicitó al Ejecutivo Nacional de ese país prestarle atención particular a los contratos recientemente celebrados entre Petróleos de Venezuela y la empresa rusa Rosneft. La razón era una sola: una transacción de endeudamiento entre Pdvsa y esta empresa rusa mayoritariamente estatal, que involucra una garantía prendaria sobre importantes activos petroleros ubicados en Estados Unidos pudiera “atentar severamente contra la seguridad nacional de Estados Unidos y su independencia energética”.

Puesto en palabras pedestres, lo que lo anterior significa es que una entidad estatal del norte denominada CFIUS se ocupará en las semanas por venir de determinar la vulnerabilidad de Estados Unidos y el establecimiento de sanciones y de acciones legales pertinentes frente al hecho de que el gobierno de Venezuela, motivado por la debilidad económica de nuestra estatal petrolera, y el destrozo del país como un todo, ha tomado la decisión de endeudarse mil millonariamente entregando en prenda importantísimos activos de la empresa Citgo, establecida en suelo estadounidense.

Algunas consideraciones ilustran sobre la importancia de lo que está ocurriendo en este terreno, todo ello vertido explícitamente en el citado documento:

1.- La industria energética es estratégica para los americanos.

2.- Rusia es objeto a esta fecha de sanciones económicas por hechos geopolíticos que no es el caso discutir en este momento.

3.- El gobierno revolucionario venezolano cubano –a través de Petróleos de Venezuela y su filial Citgo– es hoy “el mayor propietario extranjero de capacidad refinadora doméstica y de una red de oleoductos y terminales ubicados en 24 estados” del territorio de Estados Unidos.

4.- Petróleos de Venezuela obtuvo de Rosneft un préstamo de 1.500 millones de dólares con garantía prendaria de 49% de las acciones de Citgo.

5.- La falta de solvencia y los faltantes de liquidez de Petróleos de Venezuela han sido motivo de alarma de todos los analistas financieros que siguen sus papeles.

6.-Rusia, en su relación con Estados Unidos, tendría mucho que ganar si tal transferencia de activos se produjera por una incapacidad de pagos de Venezuela y ello iría en franco “detrimento de intereses norteamericanos con serias implicaciones para la seguridad nacional”.

El caso es que Venezuela le tocará hacer frente en un futuro próximo a acciones aun indeterminadas de parte de Estados Unidos que involucran materias para ellos muy trascendentes.

Mientras tanto, la situación en nuestro país es que el Tribunal Supremo de Justicia mantiene entre sus manos, aun hoy, la capacidad decisoria en materia de endeudamientos externos y grandes contrataciones estatales, a pesar de la revocatoria de la decisión parcial que sustrajo las facultades de la Asamblea Nacional.

Lo que todo ello implica es que tanto por el lado de Venezuela y por el lado de Estados Unidos por igual, estos temas se han convertido en estratégicos y, por definición, en temas de interés nacional.

Solo que las razones no son coincidentes, sino que más bien van en camino de una franca colisión…

La supremacía constitucional no cede ante el autoritarismo del Poder Ejecutivo, ni ante la tergiversada interpretación de sus normas por parte de la Sala Constitucional. Esta afirmación corresponde a la Asamblea Nacional y está contenida en el Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución que fue aprobado el 13 de octubre de 2016.

Unos días después, el 23 de octubre de 2016, la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo para la Restitución del Orden Constitucional, y allí declaró expresamente la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe continuado cometido por el régimen de Nicolás Maduro. Ese Acuerdo fue motivado principalmente por la decisión del Consejo Nacional Electoral de arrebatar el derecho a revocar al pueblo venezolano.

Es oportuno recordar que para el 10 de mayo de 2016, prácticamente hace un año, la Asamblea Nacional alertó sobre la grave crisis institucional y denunció de manera expresa la ruptura del orden constitucional, que para entonces se materializó en las actuaciones contrarias a los principios constitucionales del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, sin el rechazo expreso y público del Presidente de la República.

Esta alerta la hizo la Asamblea Nacional a través del Acuerdo exhortando al cumplimiento de la constitución y sobre la responsabilidad del poder ejecutivo nacional, del tribunal supremo de Justicia y del Consejo Nacional electoral para la preservación del paz y ante el cambio democrático en Venezuela

En ese Acuerdo, de mayo 2016, el Parlamento exhortó al Ejecutivo Nacional, desde su propio espacio institucional, demostrando su autoridad y autonomía, a remover los obstáculos que impedían el diálogo y a derogar el Decreto 2.309 de 2 de mayo de 2016, mediante el cual se restringían y diferían las mociones de censura a los ministros, mientras estuviera vigente el Estado de Emergencia Económica.

En ese mismo Acuerdo, también se exhortó a activar los mecanismos de liberación de los presos políticos; aceptar la ayuda humanitaria en materia de alimentos y medicinas; abandonar el discurso de ofensa y de odio; a construir una agenda común con todos los sectores del país; a respetar el mandato de cambio democrático y constitucional expresado el 6 de diciembre de 2015 y por último a no obstaculizar las acciones que la Asamblea Nacional impulsaba para resolver la crisis económica y solucionar los problemas de gobernabilidad.

En ese momento la Asamblea Nacional, de manera expresa, exigió a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a no incurrir en abusos en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y que asumieran la responsabilidad de velar por la independencia del Poder Judicial.

A casi un año de aquella exhortación el Acuerdo en Rechazo a la Ruptura del Orden Constitucional y a la Permanencia de la Situación de Golpe de Estado en Venezuela, aprobado por la Asamblea Nacional el 5 de abril de 2017, reitera, lo que se advirtió y reclamó en el Acuerdo del 10 de mayo 2016, sobre la conducta del Presidente Maduro de mantener un discurso de conflictividad institucional, promover y desarrollar acciones de persecución política contra los diputados a la Asamblea Nacional y dirigentes de oposición, amenazando con acciones judiciales al calificar de traición a la patria la legitima denuncia ante la comunidad internacional de las violaciones de los principios fundamentales del estado de derecho y de la democracia en nuestro país.

Es importante reiterar, defender y respaldar, la afirmación que hizo la Asamblea Nacional en su Acuerdo del 13 de octubre –señalado al inicio de este texto- mediante el cual nos recuerda que no hay democracia sin la vigencia efectiva de un texto constitucional que ordene de acuerdo a la justicia, el ejercicio de los poderes públicos, así como las relaciones del poder público con los ciudadanos.

Pues precisamente la inexistencia de un artículo o norma que en el orden constitucional faculte al Consejo de Defensa Nacional, como órgano de consulta a solicitar a través de un comunicado la revisión de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y más aún, la inexistencia de norma alguna que reconozca que ese órgano de consulta de Seguridad de la Nación sea jerárquicamente superior a los Poderes Públicos Nacionales, pone en evidencia el desconocimiento de la supremacía constitucional y reitera la ruptura del orden constitucional.

La estabilidad institucional y el equilibrio de poderes, utilizados como argumentos para exhortar al TSJ a revisar sus propias sentencias 155 y 156[1], también es útil en la práctica para preguntar a ese Consejo de Defensa Nacional, ¿por qué no han actuado con la misma diligencia, exhortando al propio TSJ no a corregir, sino a exigir respuesta a los Tribunales respectivos sobre el caso de los diputados de Amazonas?; pues en manos del Poder Judicial y particularmente en ese caso, está la clave para recuperar esa estabilidad y ese equilibrio a que hace mención el comunicado oficial del Consejo de Defensa Nacional.

En octubre de 2016, una nota de prensa de Telesur destaca la convocatoria al Consejo de Defensa Nacional y en tal sentido indica que “el presidente venezolano indicó al secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, Alexis López Ramírez, realizar un documento con las recomendaciones para el encuentro que servirá como espacio constitucional auxiliar del jefe de Estado para que tome decisiones para encauzar las últimas aventuras de esos sectores que pretenden desestabilizar a Venezuela.[2]”

Según la nota de prensa, esa convocatoria de octubre estaba destinada a convocar a un diálogo nacional para evaluar el golpe parlamentario de la Asamblea Nacional y el “plan de diálogo para la paz”.

Por lo tanto, es insostenible el criterio del Presidente Maduro, cuando pretende vender la idea del Consejo de Defensa Nacional, como un “mecanismo de consulta democrático, de Estado, que establece el equilibrio de poderes”[3].

Cinco meses después de declarar en sesión permanente al Consejo de Defensa Nacional, aparecen las sentencias 155 y 156, nuevamente se reúne este órgano de consulta, y como punto dos de sus decisiones con la palabra “exhortar” influye en el Tribunal Supremo de Justicia que con una extraordinaria rapidez acató la exhortación, revisando y corrigiendo parcialmente esas sentencias.

Las sentencias 155 y 156 existen, fueron corregidas, el TSJ quedó al desnudo, que sin mediar explicación, de manera rápida y expedita, no dudaron en cumplir con la exhortación de un órgano de consulta de Seguridad Nacional, poniendo en grave duda el principio de autonomía y separación de poderes públicos.

Es importante destacar que el Presidente del TSJ, aprovechó el Comunicado del Máximo Tribunal, para amenazar a los factores nacionales e internacionales que se alzan con voz tendenciosa y desconocedora de la soberanía, frente a quienes afirmó no demostrará pasividad[4].

Todo ese episodio, es otra demostración del irrespeto permanente del Régimen a la inteligencia del venezolano y a la institucionalidad constitucionalmente diseñada, y legalmente aprobada en un referendo en el año 1999. Al menos en este caso no repitieron aquél episodio de aquella renuncia que “aceptó” y que luego no existió.

Esta manipulación de las instituciones y del poder político, ha llevado a MERCOSUR[5] reconocer que en Venezuela hay una ruptura del orden democrático y a la OEA[6] que hay una alteración inconstitucional del orden democrático, mientras tanto y en la práctica, el ciudadano común, que aspira satisfacer sus necesidades básicas, sólo experimenta una grave e inexcusable inexistencia del Estado, cuya responsabilidad política no cabe la menor duda, es del Presidente Nicolás Maduro, quien ha permitido el desconocimiento a las reglas del juego democrático e institucional venezolano.

¿Qué queda entonces del Estado venezolano con una Asamblea Nacional no reconocida; un Poder Judicial desnudo y sin credibilidad; un Poder Electoral y Ciudadano que actúan como agentes del Ejecutivo? Los artículos 333 y 350 de la ignorada Constitución de 1999, reeditada en el 2000, para complementarse en la tarea cívica, pacífica y noble de rescatar el orden constitucional y la democracia.

[1]Vicepresidencia.gob.ve. Comunicado del Consejo de Defensa de la Nación, leído por el vicepresidente Tareck El Aissami. 01 de abril 2017. Online en: http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2017/04/01/comunicado-del-consejo-de-defensa-de-la-nacion-leido-por-el-vicepresidente-tareck-el-aissami/

[2] Consejo de Defensa de Venezuela evaluará intento de golpe. 25 de octubre de 2016. Online en: http://www.telesurtv.net/news/Consejo-de-Seguridad-de-Venezuela-evaluara-intento-de-golpe-20161025-0046.html

[3]El Impulso. Nicolás Maduro: Consejo de Defensa de la Nación se declaró en sesión permanente. 27 de octubre 2016. Online en: http://www.elimpulso.com/correos-diarios/a-esta-hora/nicolas-maduro-consejo-de-defensa-de-la-nacion-se-declaro-en-sesion-permanente

[4] Globovision.com Mikel Moreno: TSJ no ha disuelto y no ha despojado al Parlamento de sus funciones. 01 de abril 2017. Online en: http://globovision.com/article/tsj-se-pronunciara-sobre-sentencias-contra-la-an

[5]Prodavinci.com. Comunicado de Mercosur sobre la situación institucional en Venezuela. 01 de abril de 2017. Online en: http://prodavinci.com/2017/04/01/actualidad/lea-aqui-el-comunicado-del-mercosur-sobre-la-situacion-institucional-en-venezuela/

[6]OEA. Comunicado de Prensa. 3 de abril de 2017. Online en: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-022/17

“La voz del pueblo es la voz de Dios”…
Dedicado a los caídos del 11 de Abril de 2002

No cometo ninguna indiscreción al contar que una vez el Dr. Enrique Tejera París me dijo en una reunión, en tono de fuerte reclamo: “¡Jovencito! ¡Yo he estado en tres golpes, dos buenos y uno malo, y en todos la constituyente se hizo después que estás en el gobierno!”. Y digo que no la cometo porque el mismo Dr. Tejera declaró su participación en esos tres golpes a la prensa ucevista (ver Homenaje a Enrique Tejera París, en http://univnoticias.com/wp/index.php/20 … era-paris/ ). Con mucho respeto le contesté, “será entonces esta la primera vez”, poniéndome a contravía en esa oportunidad de lo que todo el mundo pensaba y todavía piensa del curso histórico que debe llevar ese proceso.

Y no era la altanería de un “jovencito”, que por lo demás yo era –y todavía soy- en comparación con el recorrido histórico de ese bastión de la historia contemporánea de Venezuela que fue el Dr. Tejera París, sino del razonamiento que en esa ocasión le di, y todavía le doy, a aquellos que piensan que esa es una suerte de designio histórico inevitable, que se debe repetir como un mantra una y otra vez en Venezuela, sugiriendo que la historia debe volver a repetirse para la desgracia de todos los venezolanos.

Venezuela está pasando por un proceso de destrucción nunca antes visto, semejante al de una guerra, con muertos incluidos. No tenemos en nuestros anales históricos alguna referencia con la que comparar esta plaga que ha descendido sobre nosotros. Podemos efectivamente analizar todas las causas por la cuales caímos en esta desgracia pero de ninguna manera la historia pasada nos sirve como orientación para estudiar qué es lo que debemos hacer para salir de ella. ¡Debemos innovar! “O inventamos o erramos” decía el Maestro del Libertador, Don Simón Rodríguez…

La solución que indicaba el Dr. Tejera París y aun sugieren tercamente algunos lideres políticos opositores, a los que se suman connotados formadores de opinión pública, es que debe ocurrir primero la “caída del régimen”, y que de la mano de un “gobierno de transición cívico-militar” se convoque posteriormente a un proceso Constituyente. Esa es, de acuerdo con ellos, la receta histórica que debe aplicarse en Venezuela. O mejor, debo decir, la aplicación de la manida foto amarillenta de la historia de los cambios bruscos de gobierno en Venezuela.

Pero esa foto amarillenta debe ahora actualizarse a una película digital de alta resolución y trasladarse a las condiciones del presente, tomando en consideración ahora a unas Fuerzas Armadas completamente desmanteladas y secuestradas por el narcotráfico, prácticamente dueñas del negocio de la comida en el país, un sistema de inteligencia del régimen, entrenado por quienes fueron formados en la Stazi de la Alemania comunista, que conoce quien, cuando y donde se mueve algún componente militar a cualquier hora, una oposición oficial completamente desarticulada y ansiosa de poder y dinero, sin ningún plan coordinado adonde conducir el país. Ese panorama lamentable hace extremadamente difícil que se repita la receta histórica del golpe “bueno” que algunos aspiran que se produzca en Venezuela.

Tengo la teoría de que la situación trágica de Venezuela se ha alargado innecesariamente porque precisamente mucha gente de la oposición formal, conjunta o separadamente, se han dedicado a esperar que esa foto amarillenta se repita; y en el medio de esa desesperación, que es también la de todos, están perdiendo el control, y cualquiera que diga “¡calle!” puede ocasionar un descalabro trágico, esperando que el gobierno caiga debido a la violencia generalizada. Eso puede, como puede no pasar. Y dependerá de hasta donde decida el régimen aplicar la represión. Cuba ya lleva más de 50 años en eso, llevando la represión a extremos inimaginables, como ya estamos empezando a experimentar aquí, al ver el ejemplo de la Guardia Nacional y la PNB disparar sobre los manifestantes, dejando caer bombas lacrimógenas desde helicópteros sobre la multitud, disparando gas toxico dentro de los centros comerciales y de salud, persiguiendo venezolanos.

En otras palabras, la estrategia que percibimos de la oposición oficial es salir del régimen a como de lugar, con toda la gente que se pueda reunir en la calle, sin importar quien salga herido, muerto o desaparecido, sin un horizonte claro de quien o que vendrá luego, después que hipotéticamente el gobierno caiga por crisis, para ver después lo que hacemos. Esa es la versión clásica del “como vaya viniendo vamos viendo” de Eudomar Santos. Al menos cuando teníamos la fotografía vieja y amarillenta, “alguien” sabía lo que vendría y estaba en control. ¿Es ese el mismo caso de ahora? Viendo en retrospectiva a los actuales personajes opositores, lo dudo mucho. Entonces, algunos de ellos están apostando que de ese caos salga la libertad. Mala apuesta porque eso, mis queridos amigos, no existe.

Y de paso algunos indican que del gobierno que salga de ese caos, alguien se “comprometerá” a garantizarnos a los venezolanos un proceso constituyente limpio para reconstruir institucionalmente al país. Después que me cuenten una de vaqueros. Es eso precisamente lo que han hecho los gobernantes desde hace más de 180 años en Venezuela después de acceder al gobierno por la vía rápida: acomodar la constitución como un traje a la medida para su permanencia en el poder. De ocurrir eso prefiero defender la maltrecha Constitución de 1999 y seguir en la lucha por el cambio político de la mano del Poder Originario.

Me preguntarán ¿y cuál es tu planteamiento entonces? Innovar. Desde la ANC le planteamos al país un procedimiento inédito, constitucional, pacifico y electoral, pero sobre todo controlado para solucionar la crisis, que recorre un camino difícil pero posible, sobre la base del ejercicio del derecho ciudadano de los venezolanos a la participación política; y que de acuerdo al Artículo 347, al ser depositarios del Poder Constituyente Originario, podemos convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo llamamos “Bases Constituyentes, Propuesta de los Ciudadanos para la Reconciliación y el Cambio” (verlo en http://ancoficial.blogspot.com/p/docume … tales.html ). En ese procedimiento se ejecutan todos los artículos del Titulo IX, De la Reforma Constitucional, Capítulo III, De la Asamblea Nacional Constituyente, de la Constitución, haciendo efectivos los Artículos 347, 348, 349 y 350, concretando así el desconocimiento a la autoridad constituida a favor de los ciudadanos.

De esta manera seguimos una ruta apegada estrictamente a la Constitución comenzando por la organización ciudadana para recoger las manifestaciones de voluntad necesarias, establecidas en el Artículo 348 (15% del Registro Civil y Electoral) para convocar al Poder Constituyente Originario y elegir a una Asamblea Nacional Constituyente, sin intervención de los Poderes Constituidos (Presidente de la República, TSJ, CNE, AN, y Poder Moral). Es allí donde contestamos “como se come” el desconocimiento establecido en el Artículo 350, dándole curso a lo he hemos llamado una Insurrección Civil Constitucional (ver http://ticsddhh.blogspot.com/2017/02/in … ional.html ), canalizada de una manera ordenada y organizada.

Una vez reunidas esas voluntades, acto seguido, una entidad establecida por el mismo pueblo al firmar la convocatoria, el Consejo Nacional Constituyente, tomará el control de la administración del proceso constituyente hasta la elección final de los Constituyentes. A partir de su instalación, la Asamblea Nacional Constituyente tiene la potestad de hacerse cargo de la remoción de los Poderes Públicos que considere convenientes, y proceder a la designación de un gobierno de transición hasta la aprobación de una nueva Constitución, con la subsecuente elección de los nuevos Poderes Públicos. De acuerdo al Artículo 349, “los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”.

El Consejo Nacional Constituyente no gobernará al país, ni le dará un golpe de Estado al gobierno. Su misión es conducir el proceso constituyente originario hasta la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno deberá permanecer en su lugar hasta que la Asamblea sea electa y decida su destino. Aquí no hay “golpe de Estado”.

Y algunos me dirán, ¿y ustedes creen que el gobierno lo va a aceptar? No, no lo creemos. Sin embargo, está en la obligación de hacerlo y quien lo debe garantizar es la Fuerza Armada Nacional, a tenor de lo siguiente: Artículo 5: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo…Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”; Articulo 7: “La constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta constitución”; Articulo 347: “El pueblo de Venezuela es el depositario del Poder Constituyente Originario…”; Artículo 328: “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y la soberanía de la Nación…”.

Entonces, la Fuerza Armada Nacional estará en la obligación de garantizar y hacer cumplir la voluntad del pueblo de Venezuela expresada en sus manifestaciones de voluntad, al alcanzarse el mínimo requerido del 15% establecido en el Registro Civil y Electoral, de acuerdo al Artículo 348 de la Constitución.

Pero, ¿será eso posible en el estado ya descrito de las Fuerzas Armadas? Pienso que no les quedará otro camino como un todo institucional si no desean, como estamos seguros que no desean, salir a matar gente en las calles. De hecho creo que esperan una solución como esta. Sería la puerta franca, abierta y civilizada que les estaría brindando el pueblo venezolano para canalizar constitucionalmente la crisis y re institucionalizar al país. Sería la presión correcta, precisa e institucional que no implicaría el ya manoseado “golpe cívico-militar” salido de las componendas por el poder, marcado por intereses inconfesables, sino la subordinación a las que se deben como militares a un gobierno de civiles, en el acatamiento de la decisión del Soberano.

El pueblo venezolano tiene el legítimo derecho de echarse a las calles a protestar por una situación que ya es intolerable, pero la dirigencia política tiene concomitantemente la altísima responsabilidad de conducir esa protesta de una manera clara y efectiva que la conduzca al éxito de sus reivindicaciones. De otra manera, seguiremos viendo a un pueblo frustrado y hambriento muriendo en las calles a manos de una dictadura genocida.

La Constituyente Originaria no está reñida con la protesta cívica, todo lo contrario. Será producto de ella si entendemos que debemos ganarnos ese derecho en la calle si se canaliza correctamente la energía popular en esa dirección, por parte de una dirigencia responsable. ¿Será posible que la sindéresis y la racionalidad de la dirigencia política venezolana priven sobre ese designio histórico que me martillaba el Dr. Enrique Tejera París, como curso inevitable de la situación política de Venezuela? No lo creo, pero les doy el beneficio de la duda. Al menos no será por falta de propuestas y voluntad de cambio de la gente. Al final la decisión será siempre del Soberano pueblo de Venezuela: Vox populi, vox Dei…

Caracas, 11 de Abril de 2017

PD. Hoy se cumplen 15 años de los trágicos sucesos del 11 de Abril del año 2002. Un homenaje a los caídos en la histórica marcha y una oración por el descanso eterno de sus almas. Sus vidas no se habrán perdido en vano si los que quedamos vivos seguimos luchando por hacerles justicia, recuperando la libertad por la que ellos murieron…LMA

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Sin sentencia definitiva y violando de nuevo la Constitución, el Contralor general por decisión administrativa inhabilita a Henrique Capriles por quince años usando el mismo recurso ilegal con el que trataron de liquidar políticamente a Leopoldo López – y no pudieron – y que la Corte interamericana de derechos humanos rechazó en la sentencia del 1 de septiembre de 2011.

Estamos viviendo horas decisivas.

La dictadura de la corrupción, encabezada por el autócrata Maduro, está arrinconada por el rechazo de las mayorías que no aguantan mas la escasez de alimentos y medicinas, la inseguridad y la violencia. Igualmente, aumenta la presión internacional que exige el restablecimiento del orden constitucional y la convocatoria a elecciones generales de manera urgente para que Venezuela salga de la profunda crisis que cuesta vidas humanas todos los días.

El reciente comentario de Maduro sobre las elecciones regionales es, sin duda, un avance producto de la lucha porque la dictadura del hambre se había negado rotundamente a cumplir el cronograma electoral previsto en las leyes. Ya el margen para las trampas y las mentiras del régimen se agotó. El auto golpe judicial del TSJ fue grotesco. El contundente rechazo obligó al régimen a matizar la medida que fue calificada hasta por la propia Fiscal General como una ruptura del hilo constitucional. Los magistrados responsables deben ser destituidos y sancionados con todo el peso de la Ley.

A los que consideran que la calle es la única respuesta les decimos que se trata de la más importante de las múltiples formas de lucha que debemos mantener para lograr el desenlace electoral que con votos evite una escalada de la violencia que pueda ocasionar una tragedia mayor a la que ya estamos padeciendo.

Solo será posible llegar a una negociación para acordar una salida pacífica y electoral si aumentamos la presión contra Maduro y su casta corrupta.

Si la calle no es el final sino un medio, qué más debemos hacer?

Ante todo, mantener la Unidad con una conducción articulada, con un liderazgo convertido en vanguardia valiente y combativa, como estamos viendo de nuevo en estos duros días. Lograr la destitución de los magistrados del TSJ responsables del auto golpe. Abrir el canal humanitario para atender la grave crisis de alimentos y medicinas. Perseverar hasta lograr las elecciones generales con un nuevo CNE, sin presos políticos, ni exiliados ni perseguidos.

Para todo esto es indispensable descentralizar la organización opositora hasta el municipio más apartado del país y diversificar la protesta por temas. Por ejemplo, la marcha de la justicia y por la vida encabezada por los abogados y los médicos. La marcha contra la dictadura del hambre encabezada por educadores, gremios y sindicatos. Y así con todos los sectores sociales que se puedan movilizar por propia iniciativa, cada quien en lo suyo pero juntos en el objetivo político de lograr el cambio urgente que reclama el país.

Sería importante convertir el próximo 19 de abril en un acto unitario, masivo y representativo en las principales ciudades donde se dé lectura a un manifiesto general que con la fuerza de la Unidad nacional ratifique el compromiso de todos por la plena vigencia de la Constitución y el restablecimiento del Estado de Derecho.

Quienes aspiren a ser los líderes deben ganárselo con inteligencia, valor y compromiso en la lucha planteada por la libertad, la democracia y una mejor Venezuela.

@TablanteOficial