Nuevamente se aflojan las cuerdas que sujetan el Poder Judicial al Derecho, y lo cierto es que ya no quedan muchas. El pasado agosto fueron publicadas las Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Función Judicial, dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Como observatorio venezolano de justicia, debemos manifestar la preocupación que nos causan los errores e incongruencias de esas Normas, porque no permitirán que tengamos los jueces imparciales e independientes que necesitamos.
El 23 de agosto, y dos meses después de emitidas por la Sala Plena del TSJ, se dieron a conocer oficialmente mediante publicación en la Gaceta Oficial N° 40.972 las Normas que regirán los procedimientos necesarios para que un ciudadano pueda convertirse en juez y mantenerse en su cargo. Esto, aunado al hecho de que han transcurrido más de 10 años desde el último concurso de oposición, nos demuestra que el tema no es una prioridad y nunca ha habido prisa para resolverlo.
Ahora bien, el artículo 1 de las Normas asegura que su finalidad es cumplir lo establecido por el artículo 255 de la CRBV. Sin embargo, el artículo mencionado establece un único modo de ingreso a la carrera judicial: concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los candidatos; garantizando además, la participación ciudadana en el proceso de selección. Desgraciadamente esto está lejos de lo que prevén las nuevas Normas.
Vale la pena resaltar que ya en 2005 se habían dictado otras normas que regulaban tales concursos (Gaceta Oficial N° 38.282 del 28-09-05) pero nunca se ejecutaron. Es decir, no se ha hecho concurso alguno desde entonces. Cabe preguntarse, ¿por qué crear un nuevo procedimiento si ni siquiera se realizó el anterior? En consecuencia el que dicten las normas no es garantía alguna de que se cumpla la Constitución.
Una vez más recordemos que desde hace más de 10 años no se realizan tales concursos, lo que ha ocasionado que la mayoría de los jueces del país sean jueces provisorios (alrededor del 60%). Esto nos lleva a la preocupante realidad: la mayoría de los jueces del país han sido nombrados a dedo, de espaldas a la Constitución y en precarias condiciones. Esto implica que pueden ser removidos con un simple oficio, por lo que es imposible contar con jueces imparciales e independientes, ya que están más pendientes de no ser destituidos que de proteger los derechos de los ciudadanos.
Aunado a ello, el artículo 5 de las Normas ratifica la estabilidad que deben gozar los jueces y señala que solo pueden ser suspendidos o destituidos mediante el procedimiento establecido en el Código de Ética correspondiente. Sin embargo, Acceso a la Justicia debe recordar que en sentencias recientes el TSJ decidió que el código de ética no sería aplicable a los jueces provisorios, privándolos del derecho al debido proceso y sujetándolos a la simple recepción de un oficio de destitución de manera sumaria. Si la mayoría de jueces son provisorios y no tiene derecho al debido proceso, ¿qué queda para los ciudadanos que estamos en sus manos?
Adicionalmente, en las normas el poder de decidir las condiciones, lapsos y en general el proceso de los concursos lo tiene una Comisión Judicial, a la que también se le otorga la potestad de nombrar y destituir libremente a los jueces sin obedecer a procedimiento alguno. En ese sentido, las Normas no implican un plan para acabar con la provisionalidad sino que la perpetúan, lo que responde a la necesidad de mantener el poder de elegir a dedo cuáles funcionarios integrarán los tribunales.
Sobre lo antes dicho, Acceso a la Justicia no puede dejar pasar que las Normas se contradicen al establecer –y luego vulnerar- los principios que deben regir los concursos de oposición, señalados en el propio artículo 6 de las mismas.
En primer lugar se menciona el principio de igualdad de trato, pero la Disposición Transitoria Primera ordena un “Concurso de Oposición Público a ser convocado de inmediato para los jueces y juezas activos”. Es decir, se privilegia a los jueces provisorios actuales, nombrados a dedo y que no cumplieron requisito alguno para serlo, excluyendo a otros ciudadanos que podrían estar mejor capacitados para el ejercicio de la magistratura.
Como si no fuera suficiente, la participación popular es otro principio que debe privar según las Normas pero solo está presente en dos elementos: el primero, la integración de los jurados por un miembro del Poder Popular (entidad dirigida según la ley que la regula a la construcción del socialismo, ideología que no representa a la generalidad de la población y que es además un concepto no contenido en la Constitución); el segundo, la presentación de objeciones y observaciones a las personas que resulten ganadoras del concurso, sin que exista obligación alguna de dar respuesta a las mismas, dejando a discreción del jurado tomarlas en cuenta o no por muy graves que sean (pongamos como ejemplo el que un candidato haya sido condenado por homicidio). Estas dos situaciones ponen de manifiesto una evidente violación del derecho de participación ciudadana, pues en la primera circunstancia se atiende a una parcialidad política y en la segunda se pueden obviar las objeciones presentadas sin dar ninguna explicación.
Finalmente las Normas permiten que la Comisión Judicial (aunque se hagan los concursos) siga nombrando a dedo a los jueces, en vez de utilizar a los que figuren de primeros en los respectivos escalafones para llenar las suplencias, lo que pone de manifiesto la intención de perpetuar la elección arbitraria de jueces.
En conclusión, las Normas no resuelven el grave problema que representa la designación a dedo de los jueces, puesto que no se espera con ellas que se abandone la provisionalidad que existe hace más de 16 años, ni se busca que los concursos garanticen el ingreso de las personas más capacitadas. Dadas las circunstancias, dichas Normas representan solo un grado más de separación entre el Derecho y el Poder Judicial.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Un Poder Judicial no puede estar compuesto por jueces que teman perder sus cargos si no responden a una orden, que no tengan estabilidad o que de plano no estén capacitados para ocupar el lugar de ser garantes de la Constitución y las leyes de la República. Jueces así no pueden ser imparciales o independientes como exige la Carta Magna.
Por ello, no es que necesitemos más normas para regular los concursos de ingreso para jueces, pues lo que necesitamos es que la Constitución se cumpla para garantizar nuestro acceso a la justicia, y que esta sea imparcial y de calidad. La respuesta está en tener los jueces adecuados, y eso solo se puede lograr con un procedimiento libre y eficiente para seleccionarlos.
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La cooperación eficaz con información pertinente que suministren acusados o imputados sobre la comisión de delitos, la identificación de responsables o ubicación de lo robado al Estado, será tomada en cuenta para aliviar las condenas en casos de corrupción.
La nueva Ley contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público, un proyecto engavetado desde 2011, fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional por iniciativa de los diputados Freddy Guevara e Ismael García. La misma trae elementos novedosos como el reconocimiento al arrepentido y el aprovechamiento de la información que éste pueda aportar, sobre todo para recuperar lo robado a la nación.
La recuperación de bienes y la extinción de dominio, aspectos que se complementarán con la Ley de Recuperación de Activos que actualmente elabora y somete a consultas la Comisión de Contraloría, es un aspecto fundamental. La Ley ratifica la plena vigencia de los convenios internacionales firmados por Venezuela con respecto a los delitos de corrupción, los cuales no prescriben, tal como lo establece la Constitución. Además, fortalece la cooperación jurídica internacional al autorizar a las instituciones nacionales a solicitar de autoridades extranjeras la información necesaria para realizar investigaciones, tomar medidas preventivas, confiscar bienes y solicitar extradiciones en los casos de corrupción.
Establece de manera clara que los funcionarios no podrán involucrarse ni utilizar los recursos públicos bajo su responsabilidad en actividades proselitistas, ello de acuerdo a la Constitución. Esta disposición enfrenta la idea difundida por el actual régimen según la cual el partido es el Estado y el Estado es el partido. Igualmente, se ataca el nepotismo, una de las desviaciones que caracteriza a la actual administración.
La rendición de cuentas de los recursos públicos que administre un funcionario, así como el cumplimiento de los objetivos y metas para los cuales fueron otorgados dichos recursos, será obligatorio. Ningún funcionario por alto que sea su nivel, podrá negarse a rendir cuentas ante las instituciones competentes en especial la Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional, como viene sucediendo con el actual régimen.
Los funcionarios deberán realizar la consabida Declaración Jurada de Bienes y ahora, con la nueva legislación, también la Declaración Jurada de Intereses, es decir, deberán indicar tanto a la Contraloría General de la República como a su superior jerárquico, las actividades profesionales y económicas que desarrolla en su vida particular, lo cual pretende evitar el consabido conflicto de intereses.
Por primera vez se establecen sanciones contra la corrupción en el sector privado, tanto nacional como extranjero, relativos al otorgamiento de sobornos y se castiga a los cómplices necesarios de los funcionarios públicos.
Por otro lado, la Ley protege a la denuncia responsable como una de las principales instituciones garantes de un efectivo control social sobre quienes administran el patrimonio público.
La nueva Ley, sin embargo, presenta algunos puntos que deben ser mejorados. Entre ellos, la utilización de términos que deben ser adaptados a la legislación venezolana. Es el caso de la palabra blanqueo que debe ser sustituida por la de legitimación.
Por otro lado, siendo la utilización de empresas de maletín uno de los aspectos más comunes y nefastos de las tramas de corrupción en nuestro país, se debe reforzar la vigilancia y comprobación de la legalidad y legitimidad de las mismas, para lo cual no es suficiente que el funcionario constate el estatus en el Registro Nacional de Contratistas, el cual en este momento dista mucho de ser una fuente confiable de información.
Otra inexactitud de la nueva legislación es lo referente al uso de las cajas de seguridad bancarias, servicio que los bancos venezolanos descontinuaron hace tiempo. Sin embargo, no dice nada de las penas para los delitos relacionados con los movimientos digitales de capital ni el control sobre las negociaciones nacionales e internacionales de los títulos valores bajo custodia de la Oficina Nacional del Tesoro, el Banco Central de Venezuela o PDVSA, actividad que debe tener una vigilancia reforzada, visto lo que ha sucedido en estos últimos años.
Entre los aspectos más positivos, destaca lo relativo a la prevención. La nueva ley hace énfasis en la educación desde la familia y la escuela como herramienta fundamental para enfrentar la corrupción y la impunidad.
11 de octubre de 2016
www.carlostablante.com
@TablanteOficial

El 22 de octubre del año 1941, hace casi tres cuartos de siglo, Daniel Canónico, un dios grandote y robusto que se disfrazó de picher, derrotó a la novena cubana tres carreras por una para que, contra el vaticinio de entendidos y profanos, e inclusive de brujos y astrólogos, Venezuela ganara el Campeonato Mundial de Béisbol. El Presidente Isaías Medina Angarita declaro ese día como fiesta y el béisbol tomó, para siempre, el titulo de pasatiempo nacional. Así quedó en los libros de historia, pero sobre todo en la cultura vernácula, volviéndonos a todos religiosos de una religión laica. Desde entonces los venezolanos tenemos, en la propia cédula de identidad, registrada la afiliación hacia alguno equipo, incluso para los que no saben lo que es un pisicorre o crean que el robo de base es un evento que se sanciona con prisión y la bola ensalivada, cosa de malos modales. Así, el béisbol se convirtió en el deporte que nos abastece de palabras y frases que nos resultan imprescindibles para contarnos y explicarnos la vida, el deporte del que estamos hechos los venezolanos, de acuerdo al excelente resumen sociológico expresado hace varios años en la cuña de un refresco.
II.
Desde hace setenta años en cada octubre se inicia nuestra temporada de béisbol, ese juego figurado por Jorge Luis Borges como un “libro raro que se escribe a la vista de los espectadores”. Esta vez, como en las anteriores más recientes, se comienza teniendo que vencer algunas trabas derivadas de la crisis económica que nos agobia, además de las que sempiternamente se originan por la dependencia del béisbol norteamericano y que generan dificultades diversas para conformar los equipos, determinando que jugadores pueden participar, por cuánto tiempo y de qué manera, todo conforme al interés del conjunto al que pertenecen en el así llamado béisbol organizado (el de Estados Unidos, se sobre entiende).
El país voltea, entonces, la mirada hacia este este juego curioso hecho de interrupciones y vacíos, en el que durante la mayor parte del tiempo los jugadores parecieran ser observadores y no protagonistas, y en el que el equipo que ataca no es el que tiene la pelota. Un juego que se rige por reglas muy complicadas y se calibra a través de sofisticadas estadísticas, conforme pauta la denominada “sabermetría”, y que no tiene límite de duración ni admite la posibilidad del empate. En suma, y como suele decirse, un deporte que se juega con una pelota redonda, pero que viene en caja cuadrada.
III.
Así, en este espectáculo que transcurre sobre un terreno dibujado como diamante, por estos días los venezolanos nos refugiamos para protegernos del país extraviado y hostil en el que, por ahora, transcurrimos. Para guarecernos a ratos, ratos que duran nueve innings, ejerciendo el derecho constitucional a la evasión, a sabiendas de que el exceso de realidad es nocivo para la salud, mucho más que el cigarro y la comida rápida o el sedentarismo. Nos cobijamos, así pues, bajo esa extraña y sabrosa sensación normalidad, la que nos deja ver que la vida venezolana también tiene escenarios amables, libres de la desazón que rige en las afueras del estadio.
IV.
En mi caso, y perdone el lector la referencia personal, cada octubre significa dedicar buena parte de mis angustias e ilusiones a Los Tiburones de La Guaira, equipo del que soy feligrés. En esta temporada que recién comienza será ir al estadio cuantas veces me lo permita el bolsillo y esperar que Osvaldo Guillén, el nuevo manager del equipo, pueda reeditar, en versión siglo XXI, la guerrilla guaireña a la que perteneció como jugador, la que nos dio nuestro último campeonato, hace tres décadas.
Harina de otro costal
Primero fue el Diputado Pedro Carreño. Luego, días después, han seguido otros líderes del Psuv y finalmente, hace poco, el propio Presidente Maduro. Palabras más, palabras menos han afirmado que no hay dinero para llevar a cabo las elecciones regionales y tampoco, según lo dejan caer, como sin querer queriendo, el referéndum revocatorio y hasta las elecciones presidenciales de 2018. Dicho en resumen, argumentan que, dada la grave situación del país, no tiene sentido pensar en tales eventos.
En estos tiempos venezolanos siempre hay lugar para nuevas sorpresas. Cierto, hasta ahora uno pensaba que la democracia no se valoraba en dinero. Ahora se entera de que la democracia puede suspenderse por falta de presupuesto. Es asunto muy grave, incluso anunciado como mera posibilidad.
El Nacional, miércoles 12 de octubre de 2016

La Alianza Nacional Constituyente, ANC, se dirige a los venezolanos y a la comunidad internacional en estos momentos de profunda crisis nacional, situación que vulnera y afecta gravemente la soberanía nacional, sus instituciones, la paz social, la gobernabilidad, la convivencia democrática y su vigencia como nación.
Nos dirigimos a todos los que anhelan vivir en un país distinto, independiente, libre, solidario, justo, participativo, desarrollado y democrático. Nos dirigimos a todos los venezolanos, pero en especial a aquellos que:
• Desean que sus estados y municipios sean verdaderamente entidades federales fuertes y descentralizadas, que constitucionalmente gocen de la autonomía y recursos suficientes, que les permitan planificar su propio desarrollo y les sean transferidas competencias, servicios y bienes que les son propias;
• A los que aspiran que la Democracia y la Libertad sean valores consagrados constitucionalmente, y no puedan ser violados por nadie y se restablezca la autonomía de los poderes, la Cámara del Senado, establecer la Doble Vuelta electoral para los principales cargos de elección popular, participación paritaria en ámbitos legislativos del sector político y sociedad civil;
• A los que quieren gozar de una Justicia y seguridad jurídica descentralizada, de personas y bienes, que respete nuestros derechos humanos, con Cortes Supremas regionales que den celeridad procesal y humanice los penales;
• A quienes aspiran la reinstitucionalización y reingeniería de las Fuerzas Armadas y que estas retomen la razón de su existencia;
• A los que aspiran una educación para el desarrollo y que todos sus niveles sean descentralizados y estén al servicio prioritariamente del desarrollo regional y nacional;
• A todos los que creen que los valores de la ética y la confianza deben ser soporte principal en los ciudadanos y en especial en la actuación de los funcionarios públicos;
• A las familias que aspiran mediante una descentralización del sector vivienda, tener mejor y fácil acceso a ella y vivir confortablemente en viviendas dignas, adecuadas y disfrutar de una mejor calidad de vida;
• A quienes creen que mediante la descentralización del servicio de salud, aportes del sector minero e hidrocarburos, dispongamos de la infraestructura, planes y programas que garanticen asistencia oportuna a todos los venezolanos;
• A los que creen que Venezuela debe redefinir su posicionamiento internacional y la defensa y resguardo de su soberanía;
• A quienes defienden el derecho al trabajo y a la propiedad privada como medio de superación personal y nacional y aspiran hoy al retorno de los compatriotas que han emigrado a otros destinos buscando mejorar su calidad de vida;
• A todos los que aspiran que el destino de Venezuela este íntimamente ligado a un nuevo Proyecto de País que garantice el desarrollo social e integral sostenible de nuestra patria, y comenzar inmediatamente a transitar por ese camino de paz y libertad con reconciliación y justicia.
Nos dirigimos a todos los compatriotas que en medio de esta dramática situación existencial, creemos en la democracia como la mejor forma de gobierno y que en estos últimos, largos y agobiantes 17 años, hemos atendido todos los llamados hechos por los factores opositores al régimen; y que en los últimos 10 meses se inician con la jornada electoral del 6 de diciembre, apoyos masivos del 1ro. de septiembre, 21 de septiembre y fechas subsiguientes, donde encarnando el clamor por la necesidad y voluntad de cambio inmediato, hemos dado muestras contundentes y civilizadas de apoyo y respaldo a las alternativas democráticas que nos han sido presentadas como solución a la crisis que sufrimos, sin que este apoyo se haya retribuido en la solución a los graves e ingentes problemas que sufrimos.
Por el contrario, dolorosamente, se han agravado dramáticamente y la confrontación y el radicalismo han aumentado, el deterioro institucional, social y económico se ha incrementado sustancialmente y la Asamblea Nacional producto de un histórico respaldo electoral, luce lamentablemente disminuida por un TSJ al servicio del Ejecutivo Nacional empeñado inconstitucionalmente de inutilizarla.
La Alianza Nacional Constituyente, ha planteando ante el país y en reiteradas oportunidades a los sectores opositores organizados alrededor de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, que ante la necesidad de darnos una solución Constitucional, electoral, pacifica, incluyente, democrática, participativa y de reconciliación en justicia, se debe acudir a la fuente de la soberanía, que es el pueblo de Venezuela para convocar por iniciativa popular a una Asamblea Nacional Constituyente de carácter Originario, en acatamiento a los artículos 5, 70, 347, 348 y 349 constitucionales.
Ya al respecto, el 8 de marzo del presente año el Coordinador General de la MUD, Lic. Jesús Torrealba en nombre de esa organización, anunciaba al país la ruta acordada para salir de la crisis, donde señalaba la renuncia de Nicolás Maduro: aprobar una Enmienda Constitucional, iniciar el proceso de Referendo Revocatorio y por último un proceso Constituyente Originario. En este sentido indicó: “Reiteramos finalmente que, de persistir el gobierno en su práctica irresponsable de intentar bloquear los mecanismos constitucionales para la solución pacífica a la crisis, no dudaríamos en activar un proceso constituyente originario, que por su misma naturaleza estaría a salvo del saboteo de los poderes constituidos.”.
Respetuosamente exigimos a los factores de la oposición el respeto a la ruta acordada y expresada públicamente por los representantes oficiales de la oposición venezolana agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática. Nosotros lo haremos.
Esta afirmación de la MUD hace un reconocimiento tácito a la condición supra constitucional de la iniciativa constituyente de carácter originario por iniciativa popular, haciendo de ella la solución integral a la crisis, y no la simple sustitución de un Presidente por otro, en la que se insiste mediante un mecanismo saboteado por el régimen, abogando incluso por la aplicación del Artículo 350 constitucional, referida su aplicación por el Pueblo Soberano al constituyente o al poder constituido por la extralimitación o interferencia o desacato del uno u otro, al hecho constituyente y no a los procesos refrendarios; por consiguiente se expone a la población a una confrontación con consecuencias graves e impredecibles que martirizan al pueblo y beneficia al régimen que no dudaría en activar su brutal represión y encarcelamiento de más venezolanos, situación ésta que rechazamos firmemente.
En este sentido, la Alianza Nacional Constituyente propone entonces a los venezolanos que sea el Pueblo Soberano en quien intransferiblemente reside la soberanía nacional, que sufre y padece más que nadie la crisis de la República, quien decida lo que por derecho le corresponde hacer como Depositario del Poder Originario, de darse mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de carácter Originaria, por iniciativa popular, un nuevo Pacto Social, traducido en una nueva Constitución, un nuevo ordenamiento jurídico, transformando y refundando al Estado.
Pacto Social que supere la polarización, la confrontación y priorice la reconciliación en justicia, convocado por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo, realizada dentro del marco de un nuevo Proyecto País, proyecto perfectible ya a disposición y conocimiento de los más diversos sectores de la vida nacional, y que se traduzca en una nueva Constitución que recoja y traiga al presente, el futuro sentir y aspiración de los venezolanos del país que todos soñamos y aspiramos tener y disfrutar. Convocamos a todos los venezolanos miembros de Academias, Federaciones, Gremios, Universidades, Sindicatos, Militares activos y en situación de retiro, Iglesias, Organizaciones no Gubernamentales, Asociaciones Civiles, Juntas Comunales y población en general a que asumamos el deber patriótico y protagónico de convocar a un Proceso Constituyente de carácter Originario, no regulado por ninguna norma vigente ni por los Poderes Constituidos, en concordancia con los artículos 5, 70, 347, 348, 349 y 350 constitucionales.
Razón por la que ante cualquier intento de desconocer o interferir la voluntad del pueblo acudiríamos sin dilación a las disposiciones contenidas en el Artículo 350 constitucional para desconocer a un régimen, legislación o autoridad que contraríe el derecho humano y político que nos asiste de darnos un nuevo Pacto Social.
En la certeza que nos asiste la razón, esta iniciativa superara ampliamente el 15% mínimo de manifestaciones de voluntad exigidas constitucionalmente para su convocatoria. Por eso hacemos un llamado respetuoso y patriótico a los venezolanos que por disposición del pueblo son los custodios de las armas de la república para la defensa de nuestra integridad territorial, la soberanía y protección del pueblo soberano, la Fuerza Armada Nacional, para que hagan respetar una vez activada, esta iniciativa soberana eminentemente constitucional, de unidad nacional, democrática, justa y participativa.
Dios y la Patria se los demandarán.
Caracas, 14 de Octubre de 2016
Coordinación Nacional de la Alianza Nacional Constituyente⁠⁠⁠⁠

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ACUERDO SOBRE EL RESCATE DE LA DEMOCRACIA
Y LA CONSTITUCIÓN

CONSIDERANDO
Que no hay democracia sin la vigencia efectiva de un texto constitucional que ordene de acuerdo a la justicia, el ejercicio de los poderes públicos, así como las relaciones del poder público con los ciudadanos.
CONSIDERANDO
Que no hay democracia sin respeto de los derechos humanos, que el ejercicio de los derechos humanos es irrenunciable y que los órganos del Poder Público están obligados a velar por su efectiva vigencia.
CONSIDERANDO
Que no hay democracia sin voto y que el ejercicio del voto es el cauce democrático para exigir a las autoridades del Poder Público el cumplimiento de sus funciones en beneficio de los ciudadanos, así como el medio para garantizar la paz y que los cambios políticos anhelados por la ciudadanía se alcancen pacífica y cívicamente.
CONSIDERANDO
Que la Asamblea Nacional, en cuanto bastión republicano de la soberanía popular, tiene el deber de convocar a todos los factores de la sociedad venezolana a un movimiento nacional de defensa de la Constitución, de la democracia y del voto.
CONSIDERANDO
Que el Gobierno de Nicolás Maduro pretende ignorar la voluntad de cambio del electorado venezolano, despreciando y obstaculizando el ejercicio legítimo del voto y de los demás mecanismos de participación previstos en la Constitución, para la elección de cargos públicos regionales y referendo revocatorio de mandato del Presidente de la República, violando con ello los derechos fundamentales y haciendo frágil la paz.
CONSIDERANDO
Que ante las manifestaciones autoritarias, de concentración de poder y atropello de los derechos fundamentales, esta Asamblea Nacional debe acompañar al electorado venezolano a asumir institucionalmente la defensa de la Constitución, de la democracia y de sus derechos.
CONSIDERANDO
Que el principio de representatividad del electorado tiene su máxima expresión en esta Asamblea Nacional, pilar fundamental de la democracia, por ser la manifestación de Poder Público más plural, que garantiza la mayor participación, legitimidad y fidelidad de la voluntad general.
CONSIDERANDO
Que la democracia venezolana enfrenta su más grave crisis, determinada por el desconocimiento de la autoridad de la Asamblea Nacional, por parte del Poder Ejecutivo y del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas sentencias han pretendido anular sistemáticamente los actos parlamentarios, al punto de haber declarado, incluso sus actos futuros, “manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica” (Sentencias de la Sala Constitucional Nro. 808 y 810 del 2 y 21 de septiembre de 2016). Que desconocer la autoridad de la Asamblea Nacional implica anular la voluntad del electorado que la eligió el 6 de diciembre de 2015 y negar la soberanía popular, así como la vigencia de la democracia y del Estado de Derecho.
CONSIDERANDO
Que la Sala Constitucional, en un nuevo intento de anular las atribuciones constitucionales de esta Asamblea Nacional, declaró en sentencia N° 814, de fecha 11 de octubre de 2016 que sería ante esa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que el Presidente de la República deberá presentar el presupuesto nacional, para que sea esa instancia jurisdiccional, quien ejerza el control de ese acto del Poder Ejecutivo Nacional, lo cual implica una atroz usurpación de las funciones de este cuerpo parlamentario.
CONSIDERANDO
Que los dislates de la Sala Constitucional han llegado al punto de declarar en esa última sentencia del 11 de octubre que no procede la reconducción presupuestaria y que la Asamblea Nacional no podrá alterar en ningún momento las partidas presupuestarias, ni pretender obstruir ni incidir en la integridad de las disposiciones establecidas en el correspondiente decreto de presupuesto nacional, dispositivo excede totalmente el ámbito de sus competencias y que carece totalmente de fundamento jurídico.
CONSIDERANDO
Que el Tribunal Supremo de Justicia ha traicionado su razón de ser, abandonando su rol de garante de los derechos fundamentales y de la supremacía constitucional, porque sus decisiones denotan falta de independencia y objetividad.
CONSIDERANDO
Que los magistrados de la Sala Electoral y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no representan la autoridad de la justicia, ni de la Constitución, porque no la aplican. Que usurpan la autoridad de la justicia, por los vicios que afectan su designación y por el evidente activismo político que se desprende del contenido de cada una de sus sentencias, en particular las adoptadas a partir de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, circunstancia que ha agudizado al extremo la crisis democrática, económica y social en nuestro país.
CONSIDERANDO
Que ante esa grosera violación de los derecho fundamentales, de los principios y valores consagrados en la Constitución, los órganos del Poder Ciudadano y del Poder Electoral mantienen una actitud servil a los intereses del Ejecutivo Nacional, desatendiendo el ejercicio de sus funciones y de su deber fundamental de velar por la vigencia efectiva de la Constitución, de los derechos fundamentales y de promover la democracia.
CONSIDERANDO
Que la supremacía constitucional no cede ante el autoritarismo del Poder Ejecutivo, ni ante la tergiversada interpretación de sus normas por parte de la Sala Constitucional, siendo un deber esencial de todo ciudadano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución, restablecer su plena y efectiva vigencia; y que ese deber corresponde con mayor responsabilidad a la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre de 2015, cuerpo representativo del electorado, investido de autoridad por el voto popular.

ACUERDA

PRIMERO: Desconocer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 333 de la Constitución, la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que contraríen los valores, principios y garantías democráticos y lesionen los derechos fundamentales.
SEGUNDO: Encomendar a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional liderar un proceso de consulta y organización de la sociedad venezolana para favorecer un gran movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el voto.
TERCERO: Exigir al Consejo Nacional Electoral proceder como Poder autónomo e independiente a disponer las condiciones favorables al ejercicio de los derechos políticos, garantizando su plena vigencia y efectividad. En concreto, se emplaza al CNE a que fije de manera definitiva el cronograma para la realización del Referéndum Revocatorio al mandato del Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, y para la elección de los gobernadores, todo en el año calendario 2016.
CUARTO: Exhortar a la Fuerza Armada Nacional a exigirle al Presidente de la República y al Consejo Nacional Electoral que garanticen el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos y el respeto de la voluntad del electorado, especialmente del referéndum revocatorio y de las elecciones regionales.
QUINTO: Instar a la Fuerza Armada Nacional a coadyuvar en el restablecimiento del Estado de Derecho, de la vigencia de los derechos fundamentales y de los principios democráticos. A tal efecto, deberá acompañar a los venezolanos en las exigencias tendientes a hacer efectivo el ejercicio de sus derechos políticos y velar por el sometimiento de los representantes del Poder Público a la Constitución, así como desconocer los actos del Ejecutivo Nacional y del TSJ que lesionen la Constitución.
SEXTO: Emplazar a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que, honrando la democracia representativa, permita de una vez por todas la incorporación de los diputados electos por el Estado Amazonas el 6 de diciembre de 2015, o que se repitan los comicios parlamentarios en esa entidad electoral.
SÉPTIMO: Conformar el Comité de Postulaciones Judiciales para proceder a designar a los Magistrados del TSJ en sustitución de los Magistrados designados de manera inconstitucional el 23 de diciembre de 2015, y cuyo acto de designación está viciado de nulidad y ha sido declarado inexistente por esta Asamblea Nacional.
OCTAVO: Crear una Comisión especial para el estudio y análisis de la designación de Rectores del CNE que hiciera el Tribunal Supremo de Justicia de la Asamblea Nacional para conocer los vicios de inconstitucionalidad y de ilegalidad de dicho proceso.
NOVENO: Instar a las organizaciones internacionales, a través del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos; al Secretario General y al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que en ejercicio de sus competencias emitan pronunciamiento y adopten las medidas que corresponda, tendientes a garantizar la vigencia de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.
DÉCIMO: Instar a las organizaciones internacionales y parlamentos latinoamericanos, a las autoridades del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) a estar vigilantes y coadyuvar al restablecimiento de las instituciones democráticas en Venezuela y a exigir al Ejecutivo Nacional el respeto de los principios, valores y libertades esenciales a la democracia.
DÉCIMO PRIMERO: Dar publicidad al presente Acuerdo mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y a través de los medios de difusión de la Asamblea Nacional.
DÉCIMO SEGUNDO: Notificar del presente acuerdo a los demás Poderes Públicos, al cuerpo diplomático, al Nuncio de Su Santidad el Papa Francisco, a la Conferencia Episcopal Venezolana, a las universidades nacionales, a las academias nacionales, a los colegios profesionales, a las centrales sindicales y a las federaciones empresariales e industriales.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 13 días del mes de octubre de dos mil dieciséis.
Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

HENRY RAMOS ALLUP
Presidente de la Asamblea Nacional
ENRIQUE MÁRQUEZ PÉREZ JOSÉ SIMÓN CALZADILLA
Primer Vicepresidente Segundo Vicepresidente
ROBERTO EUGENIO MARRERO BORJAS JOSÉ LUIS CARTAYA
Secretario Subsecretario

El pasado martes 11 del mes en curso, durante la visita que realizaron al Estado Aragua Lilian Tintori, María Corina Machado y Patricia de Ceballos, acudieron al Hospital Central de Maracay con la finalidad de donar medicinas e insumos médico-quirúrgicos, como parte del programa que la esposa de Leopoldo López ha llamado “Rescate Venezuela”. Jóvenes de sus organizaciones políticas llevaron las cajas contentivas del donativo que entregaron a las madres de los niños hospitalizados en la emergencia pediátrica. Estas últimas, acostumbradas a comprar todos lo necesario para la atención de sus hijos, agradecieron la donación a las conocidas luchadoras.
Quienes estaban en el recinto hospitalario fueron sorprendidas por una turba de hombres armados, que comenzaron a quitarles las cajas de medicinas a la fuerza, robar es una expresión más precisa, llegando a golpear a algunas de ellas, quienes hicieron resistencia protegiendo lo que ya era de sus hijos. Al ver esta irregular situación, médicos y estudiantes de medicina, la mayoría de sexo femenino, apoyaron a las madres que estaban siendo agredidas. Al final los hombres se salieron con la suya.
Una segunda sorpresa lo constituyó el que las autoridades del hospital y de CorpoSalud se apersonaron apoyando la acción de los violentos, acusando a médicos y estudiantes de ser cómplices de facilitar el ingreso de la donación, amenazándolos con botarlos del postgrado, amenaza que persiste, y a los estudiantes con sacarlos del hospital. Al retirarse estos últimos de la emergencia, fueron amenazados un buen rato por los violentos motorizados. La tercera sorpresa la constituye el teewt “@LuisLopezPSUV: Grupos violentos de la oposición ingresaron al Hospital Central de Maracay golpeando a trabajadores”.
De lo anterior queremos hacer unos comentarios:

1. Quienes tienen la responsabilidad de dotar a los establecimientos hospitalarios no cumplen con sus obligaciones, razón por la que los trabajadores de la salud no pueden cumplir con su deber, lo que se ha denunciado repetidamente. Es parte de la llamada “crisis humanitaria de la salud”.
2. Por esta falta de insumos, los pacientes y sus familiares tienen que hacer gastos muy elevados, empobreciéndose, lo que parece no preocupa a las autoridades legalmente responsables.
3. Por la necesidad de apoyar a los más necesitados, abandonados por los mandamases de la salud, ha surgido la idea de donar los suministros que requieren los pacientes.
4. Resulta paradójico que se considere como un acto “violento” una donación de insumos a gente necesitada, olvidada por los que detentan el poder, mientras que sacar armas y agredir a esa gente en el recinto hospitalario es la manera “pacífica” de evitar la violencia. Extraña absurdo.
5. Peor aún es tratar de quitar a la fuerza y robar tales insumos. Ese acto no fue contra las que hicieron la donación, sino contra mujeres humildes con hijos enfermos. Por eso ni lavan ni prestan la batea y demuestran que carecen de sensibilidad humana.
6. Concluimos que su interés real es que el pueblo no sepa la terrible situación que atraviesa la atención a la salud y que intentan distorsionar con la falsa propaganda oficialista, queriendo imponer el terror para esconder una “verdad” que solo existe en su imaginación.
7. Pretender sancionar o despedir médicos por el incidente mencionado es un despropósito. Como las autoridades no son del Estado Aragua, no conocen su historia, por lo que es bueno que sepan que todos los gobiernos han sido criticados por los profesionales de la salud cuando había algo que señalar, mucho más ahora que estamos en un momento oscuro de la historia sanitaria del país.
8. Para finalizar y no por eso deja de ser muy grave, resulta muy llamativo el que las autoridades sanitarias se preocupen y movilicen para impedir que unas mujeres entren al hospital, pero no los vemos tomando las medidas necesarias para impedir una amenaza potencial real, como es el que llegue la epidemia de Difteria a nuestro estado. Tareas como esas son en las que deben centrarse.

Vocero:
Dr. Edgar Capriles Briceño
ExPresidente de CorpoSalud
Miembro de la JD de Aragua en Red
Coordinador de Aragua Sin Miedo
Rueda de prensa ofrecida el 14 de octubre de 2016 de forma conjunta por

El país se nos está yendo por los rincones. Noticias, experiencias cotidianas, anécdotas y vivencias sorprendentes, llenan de ejemplos esto que los venezolanos dan en llamar “tiempos que nunca habíamos vivido, o cosas que nunca nos habían pasado”.
Ante la magnitud del deslave social, del derrumbe de la economía, del autoritarismo ramplón y cínico con el cual el gobierno responde a una realidad que se le ha vuelto adversaria, todos necesitamos respuestas, urgentes salidas. Por ello, cuando no las escuchamos, o nos parecen que no son suficientes para dar al traste con todo esto, algunos se lanzan a la desesperanza, insultan por las redes sociales o por donde puedan expresarse, y se quejan como el pasivo de la pareja que espera que el otro resuelva.
En materia de alternativas o respuestas ante la crisis, el gobierno, obviamente, no las tiene. Su discurso divorciado del país es cada vez más para sus audiencias internas. Es un diálogo de sobreviviente, de una cúpula a la que le importa un rábano lo que puedan estar pensado de ellos el resto del país. Solo están pendientes de los poderes fácticos, esos de los que dependen, a los que están aferrados para no tener que pasar por el doble trámite de rendirle cuentas al país y pagar políticamente por ellas. Ellos llegaron a un punto de no retorno, por lo tanto el futuro está en nuestras manos.
Cuando se escriba con sosiego la historia de esta tragedia, seguramente asistamos a un ejemplo fascinante del clásico de la teoría del caos. Movimientos imperceptibles, casi irrelevantes, van acumulando consecuencias que nadie logró prever. ¿Recuerdan el aleteo de la mariposa? Resultado, una intrincada madeja que cada actor percibe desde un ángulo tan distinto que es incapaz de coordinarse con su aliado actual, o antiguo, haciendo del gobierno esa Torre de Babel que primero paraliza sus acciones y después se precipita al suelo.
Pero, mientras el gobierno se ocupa de su irresoluble acertijo, el país continúa cuesta abajo y sin freno. Difícil no prever algún tipo de choque o colapso. Acto extracotidiano donde parecerse o no a lo que dicen los especialistas (estallido, revuelta, golpe, etc.) es un detalle que solo conoceremos cuando ocurra. ¿Qué hacer mientras tanto?
Ante semejante incertidumbre quizás lo mejor sea comenzar definiendo lo que no se debe hacer, como primer paso para saber lo que habrá de hacerse. Para orientar los “no es” digamos que hay que evitar aquello que está esperando el gobierno, lo que les conviene de nuestras acciones, lo que los fortalece. Teniendo ellos la fuerza, pues todo lo que sea confrontación y enfrentamiento puro y simple, violencia o su amenaza, para ser exactos, es lo que les conviene. Adicionalmente, a la oposición le perjudica aquello que mella sus activos, es decir, el favor del pueblo.
Dicho así, en este momento, porque todo en política como en la vida puede cambiar, las salidas que apuesten por la fuerza, la insubordinación, la rebeldía en cualquiera de sus formas prácticas parece inconveniente para la oposición y por una sola razón: ellos tienen el poder de la violencia y obviarlo o desconocerlo es simplemente suicida.
Por su parte, lo único que tiene la alternativa democrática, la oposición, es la voluntad del pueblo, su apoyo. Cuidar el activo que se tiene es la pieza más importante del rompecabezas.
Lo segundo que el gobierno no tiene son ideas, o peor aún, no tiene forma de tomar las decisiones que hacen falta. Las ideas, como algunas otras cosas, se pueden comprar. Los brutos pueden gobernar y hacer un buen gobierno, si tienen tino para escoger las ideas de otros. Pero esta más que visto que este gobierno está inhabilitado para hacer lo que corresponde, lo mínimo que dice el manual. Y aunque el país entero le adjudica a la idiotez la ausencia de respuestas del gobierno, no hay que perder de vista la parálisis de la que son víctimas, por culpa de los intereses que lo atraviesan de arriba abajo (en el sentido de estatus) y de izquierda a derecha (en el sentido ideológico).
El gobierno está atrapado y no va a soltarse, no va a enmendar justo después de tres largos años en los que no pudo hacer lo que pudo haber hecho si el gobernante hubiese tenido valor de explicarles a sus partidarios, a los poderes que lo rodean y a todos en general que el legado ya no servía, que eso medio funcionó para alimentar una ilusión mientras el barril de petróleo estaba por la estratosfera, pero que en el mundo que a él le tocaba administrar, el legado del “comandante” no servía para nada. Pero está visto, el dicho siempre se cumple ¿con qué se sienta la cucaracha, si no tiene?
Imposibilitado de levantar la más mínima esperanza, el desastre y su fin están a la vuelta de la esquina. Pero, para que ello sea cierto, la oposición tiene que ser una opción, no solo porque sabe cómo solucionar el inmenso problema en el que estamos metidos, sino que debe ser una posibilidad política para los que adversamos al régimen y, lo más importante (que nunca van a entender nuestros radicalosos), también tiene que serlo para los de la acera de enfrente.
Igual como el chavismo cavó la tumba de su inviabilidad tratando de desconocer a 30% o 40% de venezolanos atorrantes y contrarios a sus fantasías del siglo XXI, hoy tampoco será posible lograr una transición, un cambio de gobierno y un desenlace de nuestros problemas económicos y sociales, si el 30% que aún es chavista, o que “odia a la oposición” no puede ver un futuro donde ellos sobreviven y caben en el país, pensando tal y como piensan.
¿Qué significa eso? ¿Sentarnos en la acera hasta ver pasar el cadáver del gobierno? No. ¿Salir a la calle a protestar y generar un caos, hasta que alguien (que suponemos no está en la calle) le dice al gobierno que se vaya? Tampoco.
Hace falta un poco de todo, un sabaneado, un paso atrás y dos adelante, mantenerse en la senda de que las cosas cambien por el diálogo y la convocatoria a elecciones, para entonces definir el juego. Aquí nadie tiene la fuerza para imponérsele al otro. Si es cierto la terrible conseja que el señor Norberto Ceresole le metió en la cabeza al gobierno en su momento y que constituía la dupla indivisible para la gobernabilidad sin instituciones (pueblo y Fuerza Armada), pues hoy unos tienen una parte y otros la restante.
Se espera que en las próximas horas el Tribunal Supremo de Justicia dicte una sentencia que puede hacer que el juego se redefina. Puede que incluso para cuando se lean estas líneas haya tenido lugar lo que los radicales de allá creen que será su salvación. Si se les ocurre inhabilitar el referéndum revocatorio, darle un palo a la lámpara, solo se acelerarán las cosas, el gobierno habrá cometido su principal error, pero cruzando los dedos y ligando que nosotros lo emulemos, que también le demos una patada al tablero y dejemos entonces de ser la esperanza y la opción para reconstruir el país.
Vienen tiempos aún más difíciles que los que hemos vivido. Si la cordura y la sensatez democrática se mantienen de nuestro lado, como hasta ahora, ténganlo por seguro, llegaremos a buen puerto.
Fuente: http://www.el-nacional.com/luis_pedro_espana/patea-primero-tablero_0_938...