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Opinión

La Asamblea Nacional Constituyente se ha convertido en un actor político que opera como comodín del régimen para justificar acciones que persiguen el control absoluto del Estado. Su ilegitimidad e inconstitucionalidad poco importan al régimen, pues su utilidad política como espacio para cohesionar a sus seguidores es lo que más les interesa.

En tal sentido, el PSUV encomendó a la dirigencia de su partido decir que las elecciones las había autorizado la Asamblea Nacional Constituyente, de manera que se pudiera ir posicionando la tesis de que gracias a la Constituyente es que se logró realizar esas elecciones que tenían en mora al menos 10 meses.

La intención de posicionar esa tesis es facilitar el camino para exigir como requisito que los gobernadores electos se subordinen a la Asamblea Nacional Constituyente antes de juramentarse en el cargo[1]. En el mes de agosto, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral, el Poder Judicial y el propio presidente Maduro, han visitado a la Asamblea Constituyente para expresar su reconocimiento y subordinación a sus decisiones.

El modelo federal descentralizado del Estado y el principio de separación de poderes son ignorados y desconocidos de manera expresa por esa Asamblea Nacional Constituyente, que además de inconstitucional e ilegítima, es desconocida como válida por otros gobiernos del mundo, y su existencia en la dinámica política profundiza la ruptura del orden democrático y constitucional que denunció sistemáticamente la Asamblea Nacional durante el año 2016 e inicios del 2017.

El 12 de agosto de 2017, mediante un documento al que llaman Decreto Constituyente, la ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente ordenó la reprogramación de las elecciones regionales para octubre 2017 en el marco del calendario electoral; en tal sentido, Tibisay Lucena, en su condición de presidenta del CNE, admitió que la elección regional, que originalmente iba a realizarse en diciembre, se adelantó para octubre, en virtud de la solicitud que la supuesta constituyente le hizo mediante el decreto señalado previamente.

Hay que recordar que el 11 de agosto de 2017, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), acudió a la sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para reconocer a ese poder y subordinarse a su mandato. Con esa decisión el CNE claramente aniquiló su autonomía como Poder Público.

Ahora, peligrosamente la Asamblea Nacional Constituyente pretende subordinar a los gobernadores, exigiendo mediante otro documento, llamado Decreto Constituyente de fecha 18 de octubre 2017, que los Consejos Legislativos Estadales no juramenten a gobernadores proclamados hasta tanto ellos no se hayan juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente. Se asfixia así cualquier posibilidad de reivindicar el modelo federal descentralizado de Estado.

El 12 de octubre de 2017, el presidente Nicolás Maduro ya había advertido que los nuevos gobernadores deberían pasar por la supuesta constituyente para cumplir el requisito de reconcerla y subordinarse a ella. En este sentido, hay que ser contundentes y repetitivos, informando y alertando que no existe en el ordenamiento jurídico venezolano norma válida alguna que obligue a ningún gobernador a prestar juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente para poder juramentarse conforme al marco normativo vigente.

Es absolutamente contrario a los valores, principios y garantías de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra propia tradición republicana, que el Consejo Legislativo imponga a los gobernadores la necesidad de cumplir como requisito previo para ser reconocidos y juramentados como máxima autoridad civil, la juramentación ante la supuesta Constituyente, tal y como lo anunció el 19 de octubre el Presidente del Consejo Legislativo del estado Táchira a la gobernadora electa de esa entidad federal, Lady Gómez.

En el caso de Táchira, es necesario acudir a la Constitución del Estado, que en su artículo 146 expresamente reconoce que el juramento se hace ante el Consejo Legislativo. El texto permite afirmar con certeza absoluta que no hay ningún otro requisito o condición o exigencia constitucional previa que deba hacerse a la gobernadora electa, a los fines de cumplir con el deber de recibirla para que se juramente ante el órgano legislativo estadal.

El artículo 146 de la Constitución del Táchira expresamente advierte que el juramento de la gobernadora electa debe hacerse “dentro de los cinco (5) días siguientes de la instalación del Consejo Legislativo en su primer año del período constitucional”.

Por lo tanto, un Poder Legislativo estadal, cuyo período ya está vencido y cuya renovación fue intencionalmente omitida por el Poder Electoral –por razones que hoy son claras– carece de toda legitimidad para imponer nuevas condiciones a la gobernadora electa; pero además, institucionalmente no puede obstaculizar la concreción formal del mandato popular expresado legítima y constitucionalmente a través del voto.

Lady Gómez, como gobernadora electa, debería hacer todas las gestiones para juramentarse ante el Juez Rector o un Juez Superior de la Circunscripción Judicial del Estado –para cumplir con la Constitución del Estado, si no puede juramentarse ante el Consejo Legislativo– o, en su defecto, juramentarse ante el Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado. Si no hubiera voluntad política para aceptar cumplir con el mandato constitucional, se concretaría una responsabilidad directa de estos funcionarios del Poder Judicial.

Es oportuno destacar que esa norma de la Constitución del Táchira resulta absolutamente coherente con el artículo 2 de la Ley de Regularización de los períodos constitucionales y legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, publicada el 23 de diciembre del año 2010, en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.013, en cuyo contenido expresamente ordena que los consejos legislativos y los gobernadores deben ser electos de manera conjunta.

Este artículo de la ley señalada evidencia y prueba que la convocatoria del CNE para la elección de gobernadores resulta contraria al mandato legal. Gravemente, la rectora Tibisay Lucena, con sus declaraciones, reconociendo que reprogramó su calendario electoral por solicitud de la Constituyente, actuó con parcialidad e intencionalidad, en una estrategia fraudulenta para ignorar el resultado legítimo de la voluntad popular en las elecciones del 15 de octubre 2017.

El papel que juega políticamente, fuera del marco constitucional, la supuesta Constituyente, es un ejemplo terrible que alerta con mucha claridad que la formalidad institucional se agotó y entramos en un régimen dictatorial que cuenta con una estrategia cuidadosamente definida para que el comodín político de la ruptura definitiva del orden constitucional y democrático sea la Asamblea Nacional Constituyente.

¿Qué pueden hacer los tachirenses? Si actuamos reivindicando el modelo federal descentralizado y el orden constitucional, atendiendo a los artículos 350 y 333 de la Constitución Nacional aún vigente, es importante que los tachirenses agreguen en su discurso, narrativa y motivación cívica, el artículo 246 de la Constitución del estado Táchira, pues en ese artículo se garantiza la desobediencia civil.

En consecuencia, el artículo 76 de la Constitución estadal plantea un mecanismo para reclamar y reivindicar el ejercicio del voto directo, secreto y universal del pasado 15 de octubre. Se trata del reconocimiento constitucional en la entidad federal, de asambleas consultivas comunitarias para abordar temas de interés estadal. Éste es, sin duda alguna, por su gravedad, uno de esos temas.

Tal vez es el momento de convocar esas asambleas consultivas, de manera organizada, estratégica, en distintas comunidades del estado. Se trata de ratificar, de manera aún más contundente, los resultados de la consulta del 16 de julio de 2017, rechazando la ANC –con la indignación que supone el irrespeto a la voluntad popular– y desconociendo al Consejo Legislativo como receptor del juramento, por no ser un Poder Legislativo relegitimado en los términos de nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de respaldar legitimamente a la gobernadora Lady Gómez y elevar la voz cívica de reclamo e indignación por tan grosero intento de anular el voto como herramienta política de participación.

El irrespeto a la soberanía popular ha sido ya una política del Consejo Nacional Electoral, pero ahora la existencia de la supuesta Constituyente, obliga, sin ingenuidad, a asumir creativamente acciones cívicas, políticas e institucionales, que reivindique los valores, principios y garantías que hoy son desconocidos por el régimen en esta tarea moral y ética de restituir el orden democrático y constitucional del país.

Artículo escrito para PolitikaUCAB

21 de octubre 2017

https://politikaucab.net/2017/10/20/el-comodin-del-regimen-la-anc/

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​José E. Rodríguez Rojas

Los resultados electorales de las elecciones regionales son una ficción o fabricación. Nadie, en Venezuela o en el mundo, se tragará esos resultados según Gerardo Blyde Coordinador Electoral de la MUD. Los eventos electorales, como una ficción o fabricación, se han convertidos en cotidianos. Previamente, en el evento electoral más reciente donde se eligió a la Asamblea Nacional Constituyente, se manipularon los resultados oficialistas posibilitando que los representantes gubernamentales obtuvieran 8 millones de votos, abultando los resultados por al menos un millón de votos, los cuales fueron “fabricados” en medio de una opacidad que ya es característica de este tipo de eventos.

La manipulación electoral debe haber contribuido a la derrota de la oposición, aunque no se sabe por cuánto. El cansancio de la población después de meses de marchas y protestas también. La oposición fue al proceso dividida. Los partidos pequeños se opusieron a la participación, pero los grandes se impusieron, en particular AD y Ramos Allup quienes decidieron salir adelante obligando a los demás a seguirlos. Al final no se obtuvo ni una victoria real ni moral. Hubo poco entusiasmo por participar en las elecciones, por parte de la base de los partidos de la oposición, pues la gente no logró conectar la misma con el cambio de régimen, según Félix Seijas, un estadístico de la UCV.

El régimen actuó con ventaja, haciendo todo lo posible por obstaculizar el voto opositor. Estimuló el cambio de los centros electorales que en eventos electorales previos se inclinaron por la oposición. El que escribe estas líneas votó en escasos minutos en la Unidad Educativa Simón Bolívar, en la cual había votado en eventos anteriores. A las 2 pm no había nadie haciendo cola en la mesa donde voté. Mientras que en el mismo centro, largas colas se producían en las mesas donde se habían transferido a las personas que votaban en el colegio Academus y Lucas Castillo, ubicados en zonas donde predominaba el voto opositor. La ausencia de testigos y los cortes de luz intencionados impedían el voto en estas mesas. A la misma hora, la secretaria general de AD en el estado Aragua, informaba en entrevista radial, que el evento transcurría sin mayores incidentes y que había que felicitar al pueblo venezolano por su disposición a votar. Según Carlos Ocariz, el gobierno, empleando este tipo de maniobras, logró impedir el voto opositor de un considerable número de votantes en el estado Miranda, lo que alteró el resultado final.

El régimen usó diversos mecanismos para concretar el voto oficialista. Utilizó mensajes de textos para informar a los empleados públicos donde votar y por quien. Al menos en un estado, Vargas, se repartieron bolsas de comidas a las puertas de los centros electorales. Al final el oficialismo logró obtener el 54% de los votos, lo cual contrasta con el bajo apoyo que obtiene en las encuestas de opinión, donde el gobierno logra un respaldo inferior al 30%. La elevada votación obtenida por el oficialismo es improbable de lograr sin que exista una manipulación de los votos electorales según Félix Seijas.

La oposición luce confundida y dividida. Al conocerse los resultados electorales su reacción fue el silencio ante un resultado que no esperaban. Luego se reunieron y debatieron más de una hora y señalaron que no reconocerían los resultados. Según David Smilde del centro de análisis “Washington office on Latin America”, la reacción de los dirigentes de la oposición es sorprendente, pues no se plantearon otros escenarios distintos al triunfo arrollador y mucho menos un plan alternativo, en el caso de que ese triunfo arrollador no se concretara. Pensaban que su sola participación impediría el fraude, lo cual no ocurrió. Después de ello la división de la oposición se ha profundizado, pues algunos como Carlos Ocariz señalan que hubo fraude y que acudirá a las instancias internacionales para presentar las pruebas, otros como Henry Falcón opinan que perdieron las elecciones y que es necesario aceptar los resultados aunque sean adversos. Henry Ramos Allup reaccionó con indignación a las acusaciones de fraude del secretario general la OEA Luis Almagro, en las cuales creyó ver una acusación contra los partidos que como AD, habían decidido participar en las elecciones.

Los resultados obtenidos podrían entusiasmar al gobierno a realizar las elecciones presidenciales el año que viene, aunque tienen que buscar un candidato. Héctor Rodríguez, el candidato ganador en Miranda, podría ser una alternativa. La oposición ante esta eventualidad no las tiene todas consigo. Un representante de la MUD señaló que no participarían en un evento electoral más sin contar con un órgano electoral independiente. Además, entre sus potenciales candidatos hay uno preso (Leopoldo López) y el otro está inhabilitado (Capriles). Adicionalmente a ello la población luce cansada de la política, la clase media ha emigrado y los que permanecen en el país tienen pocas esperanzas de que la situación cambie.

Mientras tanto, la Unión Europea que calificó los resultados de sorprendentes afina las sanciones que impondrá a Venezuela. El secretario general de la OEA señala que en las elecciones regionales hubo fraude. Se cimienta la idea de que una oposición fragmentada y confundida no contribuirá en modo alguno a que salgamos de este atolladero. En una eventual salida electoral el próximo año, las sanciones internacionales lucen como la única opción a fin de presionar al gobierno por unas elecciones trasparentes con acompañamiento internacional y un órgano electoral independiente.

Profesor UCV

josenri@gmail.com

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La decisión de AD o quizás sería más justo decir, de su “dirigencia”, nos sorprende cuando creíamos que habrían pocas cosas en la política nacional capaces de hacerlo.

Juramentar, ante la asamblea constituyente que hemos declarado espuria la mayoría de los venezolanos y el mundo democrático, a unos gobernadores que fueron electos como producto de un esfuerzo unitario, es confirmar que para algunos, en esta caso para Ramos y su séquito, la unidad es un instrumento utilitario que puede dejarse de lado tan pronto alcanzan el objetivo deseado.

Los principios, las declaraciones previas, las consignas que vocearon e hicieron vocear a otros, son dejadas de lado tan pronto aparecen oportunidades de acceder a las migajas que desde el gobierno nacional de seguro les dejarán caer, que suponemos no deben ser pequeñas y ya cobradas por los que tomaron la decisión.

No puedo hablar por otros, pero al calor de lo que ha ocurrido hoy, debemos ratificar la necesidad de replantearnos el ejercicio de la política, recuperando la dignidad que ella implica y diferenciándola del lodazal en que la han convertido tanto los oficialistas, como los “opositores” que lo único que adversan es no estar ellos haciendo lo que le “critican” al gobierno.

A partir de este momento se reivindica lo que hemos dicho muchas veces, “no volverán, porque nunca se fueron” o digan sí, salvando las magnitudes, algunas vez dejó de estar presente la corrupción en sus expresiones: negocios ilícitos con los dineros del Estado, contrabando en dos sentidos, explotación minera, manejo del estamento militar, manipulación de la justicia, clientelismo, apropiación de todos los espacios de actuación social y adicionalmente por si faltaran, las que cualquier venezolano puede añadir a partir de experiencias vividas.

Este es otro de esos momento que se presentan en la vida de las sociedades y de los que somos parte de ellas. Las indefiniciones no caben, el tomar posición es ineludible y el rechazo a la traición es obligante.

Tenemos años votando por un cambio y cada vez que avanzamos, las actuaciones colectivas de nuestros elegidos nos hacen retroceder y perder posiciones difíciles de recuperar.

Toca construir una verdadera unidad, ante el gobierno y ante aquellos que lo aspiran para seguir haciendo lo mismo. De ella no está excluido nadie, y hoy hay que decirlo con claridad, mucho menos los militantes de AD que sueñan con ver su partido de siempre apegarse a las ideas que le dieron origen.

Los dirigentes políticos tienen que actuar, los militantes partidistas recuperar su papel deliberante y no simplemente obediente, y los que no militamos pasar a actuar activamente en la política, aunque sea por un tiempo, antes de que ella sea totalmente expropiada por los mercaderes de cargos y contratos.

Es la hora de una nueva expresión política que nos agrupe en este intento de construir una Venezuela distinta. Lo ocurrido no es un problema que afecta solo a los adecos, que de seguro los afecta; es un problema de todos que nos toca enfrentar entre todos y en este todos también están aquellos que ayer creyeron en un cambio que se volvió más de lo mismo

Podrán quitarnos todo menos el derecho a soñar que es posible una Venezuela distinta. Consecuente con ello, hoy nos hacemos parte de la indignación de los demócratas pero también del compromiso de seguir persiguiendo el cambio deseado y en ello estamos seguros de que pertenecemos a una inmensa mayoría.

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En una reunión de abogados, en el análisis de algunos casos jurídicos, una joven colega, acuciosa y perspicaz, frente al contraste entre la dura y cruel realidad de la justicia penal venezolana, que nada tiene que ver con lo establecido en la ley, comentaba con toda sinceridad que no tenía otro remedio, ante los absurdos que vivimos a diario en los tribunales, que “declararse bruta”.

En otras palabras, si los criterios y la práctica jurídica han tomado derroteros disparatados no queda otro camino que confesarse “ignorante”, ya que la interpretación de las leyes tiene una lógica que surge de su letra y voluntad, lo cual contrasta con la arbitrariedad y el capricho de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de la aplicación de las normas en los casos concretos.

No hay manera de explicarle a un cliente o a un ciudadano común que si bien la Constitución consagra el debido proceso, el principio de legalidad, el derecho a la defensa y la libertad como regla, en Venezuela es posible que sin acreditar la existencia de un delito, sin elementos de convicción que comprometan la responsabilidad de una persona y sin peligro de fuga o de obstaculización de una investigación, puede privarse de su libertad a un ciudadano, someterlo sine die a una medida humillante de presentación, a la prohibición de salida del país e, inclusive, siendo la “suprema concesión” a un procesado, quedar preso en su casa, bajo el imperio de la ley inexorable del “diferimiento” que impedirá llegar a una audiencia cuyo nombre de “preliminar” o de antesala, previa al juicio, filtro de lo que amerita ser debatido o ser descartado por ausencia de todo elemento serio de incriminación.

Entre nosotros, el Derecho Penal, cuya normativa prevé los hechos más graves que afectan la convivencia social y establece los límites de la potestad punitiva del Estado, simplemente se ha convertido en el arma más eficaz para aterrorizar al enemigo político, para ejecutar venganzas privadas o para satisfacer caprichos personales.

No hacen falta largos discursos para exponer la absurda aplicación de nuestras leyes penales en contra de principios elementales del Derecho.

El pensamiento no delinque. Ejercer un derecho no puede dar lugar a castigo; la responsabilidad penal es personal; la prisión preventiva no puede ser la pena; toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario; y la pena, cuando se impone, no puede convertirse en un trato cruel, infamante o lesivo a la dignidad humana.

Ante los disparates y atrocidades que se cometen a diario en los tribunales, en incidencias procesales, en decisiones definitivas y firmes, e inclusive, en sentencias con carácter vinculante, desconociendo los principios fundamentales del Derecho Penal, en contra de la lógica, el sentido común y la sana interpretación, solo cabe declararse “ignorante o bruto en Derecho venezolano”, afanado por esconder el título de abogado producto de la enseñanza de los grandes maestros nuestros, quienes, sin duda, se revolverán en sus tumbas.

Sin embargo, este desolador panorama que produce escepticismo y desaliento debe constituirse en impulso y motor para seguir luchando, con la fuerza de la ley y la razón, por el imperio de la justicia, que deberá encarnarse en hombres y mujeres que, llamados como están a preservar la legalidad y erradicar la arbitrariedad, solo deben ser fieles a su conciencia y al derecho.

aas@arteagasanchez.com

@ArteagaSanchez

23 de octubre de 2017

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Los resultados de las recientes elecciones de gobernadores deberían llamar la atención a la dirección política de la oposición. Desde luego, que esta es una afirmación obvia. Se pudiera calificar como una verdad de Perogrullo. Debemos suponer, entonces, que sus técnicos y analistas deberían estar abocados al analice de esos resultados. A intentar producir explicaciones que den cuenta o expongan con un cierto grado de certeza lo acontecido el día 15 de Octubre.

Sobre el tema han surgido diversas hipótesis. Una de la más generalizada es la que asume que se cometió un fraude de naturaleza electrónica. A esta explicación habría que añadir la que plantea los desplazamientos y reubicaciones. Y, para completar el cuadro, se añade el número de abstencionistas. Para estos analistas, la combinación de estas variables arroja luz para desentrañar las causas que darían cuenta de los resultados electorales del 15Oct.

En un cierto sentido y, de cara al futuro, el sector democrático se debate en torno a dos opciones políticas. Por un lado, se encuentran (a mi entender esta fracción constituyen la mayoría opositora) los que plantean no rendirse e insisten en la búsqueda de una salida electoral y política. En el otro extremo, se ubican quienes piensan en abandonar la participación electoral en su totalidad. Vale decir, abstenerse en las venideras elecciones municipales e, incluso, las presidenciales.

En fin como podemos observar no existe un acuerdo en relación a las causas que explique esta derrota electoral. Desde luego, las variables apuntadas en el párrafo anterior añaden ciertos “contenidos de verdad” en relación a lo acontecido en las pasadas elecciones parlamentarias. Sin embargo, pienso que estas razones son insuficientes y no dan cuenta, en forma satisfactoria, por la derrota electoral que sufrió el campo democrático en los comicios pasados.

Parece apropiado, entonces, formular algunas interrogantes y, desde luego, intentar responderlas. Por ejemplo, una de naturaleza teórica ¿la economía es suficiente para inducir la construcción de identidades políticas estables en el tiempo? En otras palabras, ¿cómo en una situación de escasez extrema; inflación que superará el 1200% y padeciendo la contracción económica más severa en nuestra historia los candidatos del PSUV lograron obtener una victoria tan aplastante? En otras palabras, ¿las “razones objetivas” son suficientes para obtener un triunfo electoral?

Entiendo que son interrogantes complejas. Un intento de esbozo de respuestas a las incógnitas anteriores, por ejemplo, pudiera ubicarse en la presencia de un “marco cognitivo” en el liderazgo opositor que le impidió comprender apropiadamente el papel que juega la subjetividad en la construcción de opciones políticas.

Los demócratas, a diferencia de los chavistas, apelaron a explicaciones de naturaleza racional. En otros términos, en la construcción de sus relatos políticos el destinatario del mismo no fue el sujeto primordial.

Voy a detenerme y hacer referencia brevemente a un conjunto de investigaciones y autores que abordan el papel de las emociones y de las percepciones en el lenguaje político y su repercusión política y electoral. Frank Luntz, autor del libro “Palabras que funcionan: No es lo que tú dices, es lo que la gente escucha”. Drew Westen “El cerebro político: El papel de la emoción en la decisión del destino de la nación” y George Lakoff “No pienses en un elefante”, entre otros. Todos ellos enfatizan un principio básico de la comunicación política. Proponen la necesidad de conocer y comprender bien la percepción final del elector respecto a la propuesta política. Esto último es tan importante, o quizá más importante, que el contenido de la oferta discursiva. En otras palabras, lo novedoso y que rompe con cierto racionalismo programático, es el concepto que postula, a mi juicio acertadamente, que el acento debe colocarse en la recepción y no en la emisión del mensaje. Una premisa de esta naturaleza implica, desde luego, una renovación en la construcción relato y en la forma de aproximarse el hecho electoral.

En fin, los demócratas están en la obligación de analizar estos nuevos desarrollos y colocarlos al servicio del diseño de sus estrategias comunicacionales. El chavismo, en las elecciones de gobernadores, dio muestra de un “aggornamiento” de su tecnología clientelar, distribucionista y populista. Desde luego, acompañado de un relato altamente emotivo y patriotero.

No son sencillas las tareas que deberá asumir la oposición de cara al futuro. Entre otras, tiene la imperiosa necesidad de reformularse y asumir las nuevas tecnologías que se derivan del avance de la neuropolítica. Adicionalmente sería apropiado elaborar un nuevo relato que interpele emocionalmente a toda la población.

Unidad y una nueva narrativa son las claves del éxito a futuro.

La política tiene que ser así.

Descentralización y Autonomías Políticas

http://autonomiaspoliticas.blogspot.com/

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Si leemos noticias acerca de otras elecciones en las cuales la oposición venezolana ha obtenido derrotas –no son pocas- veremos que en general se parecen demasiado a las que hoy inundan las redes comunicacionales. Amenazas, conversión de las misiones en centros de reclutamiento electoral, desfalcos en centros electorales, ocultamiento de cuadernos, dakazos (hoy formalizados en bolsitas claps), votos asistidos, irregularidades en el conteo, acarreo forzado de votantes, cambio de centros de votación y mucho más. Nadie va a descubrir recién hoy que la CNE es una institución mercenaria y tramposa.Nadie tampoco va a pensar que alguna vez el chavo-madurismo va a actuar de modo limpio. Ni nadie puede pasar por alto el hecho de que estamos frente a uno de los sistemas clientelistas más sofisticados de los que se tiene noticia, uno al mismo nivel del ruso o del iraní. Nunca, en ninguna elección venezolana, la dictadura ha dado garantías ni nunca, en ningún país del mundo, una dictadura que no se encuentre al borde de su caída, las dará. Y, así y todo, la oposición venezolana ha logrado, en no pocas ocasiones, derrotar local y nacionalmente a la dictadura en las lides electorales.

Hay que aprender de las derrotas, no cabe duda; y todo el mundo lo repite. Pero también hay que aprender de las victorias, y eso no se ha hecho casi nunca.

Tomemos como referencia las elecciones del 6-D y comparémoslas con las del 15-O. Naturalmente, la observación inmediata es que el 15-O el fraude fue colosal. Aceptado. Pero también hay que agregar que la derrota fue aún más colosal que el fraude. No aceptar esta última afirmación es esconder las cartas debajo de la manga. El fraude fue colosal pero no todo se explica por el fraude. Hay que indagar pues acerca de las razones endógenas que llevaron a la mega-derrota de la oposición.

Volvamos entonces nuevamente al 6-D del 2015. ¿Por qué el 6-D la oposición, a pesar de todas las trampas obtuvo un triunfo abrumador? Esa pregunta es clave y la respuesta no es difícil. Esas elecciones apuntaban a un objetivo muy definido: conquistar una parte del Estado para, desde ahí, crear un doble poder en contra de la otra parte, representada por el ejecutivo. Una AN en manos de la oposición democrática parecía anunciar el comienzo del fin de la dictadura. El pueblo democrático captando esa posibilidad, se volcó entero, con fuerza y entusiasmo, a obtener la victoria.

Dicho en breve: las elecciones del 6-D tenían un objetivo preciso y claramente definido. Por eso mismo fueron impulsadas con fuerza y decisión. Ese, lamentablemente, no fue el caso que se dio en las elecciones regionales del 15-O. En estas, el sentimiento general era que, después de las elecciones, aun si hubieran sido ganadas por la oposición, nada podía cambiar. El 6-D la gente concurrió a las urnas para ganar. El 15-D, en cambio, concurrió solo para no perder. Y así, no se puede ganar.

La AN fue concebida como un medio para poner fin, vía constitucional, a la dictadura. Fue esa la razón por la cual –muy hábilmente, hay que reconocerlo– la dictadura inventó un TSJ destinado a blindar al ejecutivo de todo cuestionamiento que viniera de la asamblea. Se produjo así una contradicción fundamental: Asamblea o gobierno. A fin de dirimir esa contradicción, la oposición, como es sabido, barajó diversas alternativas constitucionales a favor de la destitución de Maduro, imponiéndose finalmente la del Revocatorio.

Las jornadas por el RR 16 revivieron momentos grandiosos de la lucha opositora. Sin embargo –visto en retrospectiva, había que esperarlo– la CNE cerró con candado la puerta revocatoria. Más aún, el gobierno procedió a clausurar la vía electoral posponiendo hacia fecha indeterminada las elecciones regionales pautadas para fines del 2016 y procediendo a eliminar a la AN sustituyéndola por el TSJ (función después traspasada a la fraudulenta constituyente de 2017.) En otras palabras, el régimen apeló a todos los recursos, incluyendo a los más ilegales, para enfrentar a la AN.

Justamente en defensa de la AN surgieron las grandes movilizaciones de masas en contra del gobierno, exigiendo la rehabilitación de la potestad parlamentaria, la libertad de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario y, no por último, un cronograma electoral claramente definido. Así, presionado desde las calles, el ejecutivo decidió oponer al movimiento de masas, la fuerza militar. O lo que es lo mismo, intentó otorgar un carácter militar al enfrentamiento político. Y en gran medida, lo logró.

Las demostraciones ciudadanas, en sus orígenes festivas, plenas de imaginación y alegría, fueron transformadas por Maduro y Padrino López en campos de batallas en los cuales un ejército armado hasta los dientes disparaba a matar en contra de jóvenes indefensos.

En el curso de la radicalización no faltaron quienes abrigaban la esperanza de que, con el aumento de la presión callejera, las FANB terminarían dividiéndose, así como había ocurrido en regiones remotas como Ucrania o Egipto. Vanas esperanzas. Las jornadas iniciadas en abril demostraron que el ejército no solo es un brazo militar de la dictadura; es la dictadura. La dictadura es militar y el mismo Maduro no es más que una parte de su fachada civil. No de otra manera se explica por qué la imposición de la asamblea constituyente, una de las farsas más grotescas de la historia política, fue aceptada de inmediato por el Alto Mando como legítima y constitucional.

Vista desde esa perspectiva, la derrota electoral del 15-O no fue sino la continuación de la derrota militar experimentada por la oposición en las calles. ¿Militar? Sí; para la dictadura lo fue. El movimiento de masas venezolano, uno de los más persistentes en la historia de las luchas políticas latinoamericanas, fue militarmente destrozado. El plebiscito opositor del 16-J fue su último gran acto. Testimonial y simbólico a la vez. Al final no quedaban sino pequeños grupos de muchachos dispuestos a inmolarse en las calles. Pero ese no podía ser el objetivo de la oposición. De este modo las calles comenzaron a enfriarse lentamente. No obstante, de pronto apareció un nuevo enemigo con el cual la dictadura no contaba: una creciente oposición internacional.

Fue la oposición internacional, formada por todos los países democráticos de América Latina, representados en la OEA bajo la conducción de Luis Almagro (sí, Almagro) la fuerza que obligó a Maduro a reabrir la brecha electoral. Las elecciones del 15-D no fueron, en consecuencia, ninguna concesión, ninguna dádiva del régimen. Fueron, si se quiere, una conquista del movimiento democrático, nacional e internacional. El hecho de que no haya sido vista así por gran parte de la oposición debe ser agregado a sus déficits políticos, entre ellos, el no haber sabido evaluar los logros por ella misma alcanzados.

En otras palabras, la oposición no acudió a las elecciones con las banderas en alto, continuando la ruta constitucional por ella misma trazada desde sus propios orígenes. Fue más bien como pidiendo disculpas, reiterando que se trataba de un tablero en una lucha con muchos tableros, sin decir que las elecciones eran y son su único tablero, entre otras cosas porque las elecciones son parte de la Constitución e ir a las elecciones significaba ni más ni menos defender a esa Constitución frente a una asamblea constituyente radicalmente anti-constitucional.

Ir a las elecciones presupone para toda fuerza política, atravesar tres momentos. El primero, como ha sido dicho, es el de otorgar una direccionalidad a la ciudadanía; en el caso venezolano, decir claramente cuales son los objetivos a alcanzar, cono se hizo el 6-D y no se hizo el 15-O. El segundo tiene lugar el día de las elecciones, cuando es necesario implementar la logística electoral acumulada. El tercer momento es el de defender los votos, con actas electorales en la mano. De esos tres momentos, el primero es fundamental. Si no es llevado a cabo con mística y entusiasmo, los dos siguientes casi no cuentan. ¿Por qué falló la oposición en ese momento tan clave? En gran parte, por las aplastantes acciones del gobierno. Pero tampoco hay que olvidar que ese gobierno recibió, como regalo del cielo (o del infierno) un aliado inesperado: el abstencionismo opositor.

Hay que precisar: abstención no es abstencionismo. En toda elección hay abstención. El abstencionismo, en cambio, es la abstención políticamente organizada, dirigida específicamente en contra de partidos políticos que acuden a una elección. Ese abstencionismo militante ha existido siempre en Venezuela. Antes aún de Chávez. Pero nunca llegó a alcanzar el grado de organización y agresividad que lo caracterizó durante las semanas preliminares al 15-O.

Hay quienes argumentan que el abstencionismo proviene solo de una exigua minoría. Por cierto, así es. Pero su fuerza cualitativa es inmensamente superior a su fuerza cuantitativa. Sus activistas poseen medios, dineros, influencias. Hicieron del “no votar” una campaña en contra de toda la MUD, la que quedó encerrada entre dos fuegos: el del gobierno y el del abstencionismo. Crearon resentimientos, obligaron a los líderes y candidatos a concentrarse en discusiones inútiles y, sobre todo, desconcertaron e incluso desmovilizaron a muchos electores.

Una parte de los decididos a no votar, es cierto, optó por dar su voto pocos días antes de las elecciones. Pero eran electores apáticos, sin energía y sin capacidad comunicacional, tan decisiva cuando se trata de ganar a los amigos, a los vecinos, a los familiares. El daño que hicieron los abstencionistas a la oposición fue muy grande. No tienen perdón.

Hubo un mega-fraude y hubo una mega-derrota. Pero sobre todo hubo un gran retroceso histórico. ¿Cómo podrá salir la oposición de ahí? Ese es el problema que deberán afrontar sus dirigentes. En todo caso no lo podrán hacer con formulaciones como “hay que comenzar de nuevo” o “hay que reinventar a la MUD” y otras tonterías parecidas. Mucho menos pidiendo las cabezas de dirigentes comprometidos con el proceso electoral. No faltarán seguramente quienes darán por finiquitada la vía electoral (como si las vías se eligieran en un bazar) y podrán como condición que la dictadura disuelva a la CNE, imaginando que tienen regimientos detrás de sí para imponerlo. El problema es que toda alternativa que no pasa por la vía electoral no pasa por la Constitución, así como todo camino que no sea constitucional y electoral a la vez, pasa por un enfrentamiento con las FANB.

El régimen, entusiasmado, intentará adelantar las elecciones comunales y propinar a la oposición otra fuerte derrota, ya sea con votos, ya sea por abstención. Todo indica -aunque siempre hay que pensar que la historia es una caja de sorpresas – que lo conseguirá. Luego viene el fin de año. Y ya hacia el 2018, asoman en el horizonte las elecciones presidenciales. Poco tiempo falta.

Muy poco tiempo para que la oposición decida si en el futuro va a ser una mera oposición testimonial o una verdadera oposición política. Los abstencionistas, ya se sabe, optarán por la primera opción. El reto es asumir la segunda, aunque sea al precio de sufrir rupturas y divisiones. Pues en la política, como escribió una vez Michael Walzer, hay que dominar dos artes: el arte de separar y el arte de unir. Pero, como solo es posible unir lo que está separado –se agrega aquí- esa oposición estará obligada a trazar una línea entre los que están a su favor y los que están en su contra. No hay otra alternativa. El despelote del 15-O no puede ni debe volver a repetirse.

Polis: Política y Cultura

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Javier Marías

En etapas turbulentas, cuando los acontecimientos cambian en cuestión de horas, es aún mayor fastidio escribir sabiendo que lo escrito llegará a los lectores dos semanas más tarde. Pero en el asunto catalán hay algo que no se habrá alterado ni se alterará jamás, y es el desaforado y ofensivo vaciamiento, o abaratamiento, de las palabras. Los políticos independentistas catalanes, y no sólo ellos (también los dirigentes de Omnium y la ANC, antes Casals y Forcadell, ahora Cuixart y Sànchez, a los que nadie ha elegido y que sin embargo se han proclamado representantes máximos de su país), llevan muchos años ofendiendo a mansalva. Pero no me voy a referir a los incontables agravios a los demás españoles, con predilección por extremeños, andaluces e inicuos madrileños. Dejemos eso de lado, no demos importancia a lo que carece de ella.

La gran ofensa es contra quienes sí están o han estado de verdad oprimidos y privados de libertad, contra quienes no han disfrutado de un átomo de democracia en sus vidas y jamás han votado

No, las ofensas mayores han sido contra el mundo, tanto el del presente como el del pasado, y se han producido a través de la banalización constante de palabras de peso, serias, que no se pueden utilizar a la ligera sin cometer una afrenta. Un país con un autogobierno mayor que el de ningún equivalente europeo o americano (mayor que el de los länder alemanes o los estados de los Estados Unidos), que lleva votando libremente en diferentes elecciones desde hace casi cuatro décadas, a cuya lengua se protege y no se pone la menor cortapisa; que es o era uno de los más prósperos del continente, en el que hay y ha habido plena libertad de expresión y de defensa de cualesquiera ideas, en el que se vive o vivía en paz y con comodidad; elogiado y admirado con justicia por el resto del planeta, con ciudades y pueblos extraordinarios y una tradición cultural deslumbrante…; bueno, sus gobernantes y sus fanáticos llevan un lustro vociferando quejosamente “Visca Catalunya lliure!” y desplegando pancartas con el lema “Freedom for Catalonia”. Sostienen que viven “oprimidos”, “ocupados” y “humillados”, y apelan sin cesar a la “democracia” mientras se la saltan a la torera y desean acabar con ella en su “república” sin disidentes, con jueces nombrados y controlados por los políticos, con la libertad de prensa mermada si es que no suprimida, con el señalamiento y la delación de los “desafectos” y los “tibios” (son los términos que en su día utilizó el franquismo en sus siempre insaciables depuraciones). Se permiten llamar “fascistas” a Joan Manuel Serrat y a Isabel Coixet y a más de media Cataluña, o “traidor” y “renegado” a Juan Marsé. Ninguno debería amargarse ni sentirse abatido por ello: es como si los llamaran “fascistas” las huestes de Mussolini. Imaginen el valor de ese insulto en los labios que hoy lo pronuncian.

La gran ofensa es contra quienes sí están o han estado de verdad oprimidos y privados de libertad, contra quienes no han disfrutado de un átomo de democracia en sus vidas y jamás han votado. Para empezar, contra todos los españoles que vivimos y padecimos el franquismo, bajo el cual no había partidos políticos ni libertad de expresión alguna, y un estudiante se podía pasar dos años en la cárcel por arrojar octavillas; un sindicalista, no digamos. No sólo los catalanes lo sufrieron, ni los que más, y fueron muchos sus conciudadanos que lo abrazaron y fortalecieron. Es una ofensa contra las poblaciones de Irak y Siria que están o han estado bajo el dominio del Daesh, eso sí es opresión y humillación sin cuento. Contra las mujeres saudíes y de otros países musulmanes, en los que carecen de derechos y viven convertidas en menores de edad o en esclavas conyugales. Contra los cubanos, que no han podido votar nada desde hace seis decenios; contra los chilenos y argentinos de sus respectivas dictaduras militares, cuando a la gente “se la desaparecía” y torturaba. Hablar de los “métodos de tortura” de la policía el 1-O, como ha hecho Anna Gabriel desfachatadamente y con mentira confesa, es un inconmensurable agravio a cuantos sufren y han sufrido torturas verdaderas en el universo. En cuanto a la “represión salvaje” de ese día, no sé qué adjetivo podrían encontrar entonces para las cargas de los grises en la dictadura, que muchos todavía hemos conocido. En ellas, y en otras incontables a lo ancho del globo, sí que se hacía y se hace daño, en Venezuela hoy sin ir más lejos. La policía y la Guardia Civil se deberían haber abstenido de emplear una sola porra, pero calificar su actuación de “brutal” y “salvaje” es desconocer la brutalidad y el salvajismo. Por fortuna. Y ojalá que las generaciones actuales los sigan desconociendo.

La de las palabras manoseadas y profanadas es la mayor ofensa y la mayor falta de respeto. Más incluso que la tergiversación de los números, practicada cuando en las últimas elecciones catalanas un 47% o 48% quedó convertido por los caciques y los cazabrujas (no por todos los independentistas, claro) en “una mayoría nítida” y “un claro mandato” del pueblo entero. Ese fue ya el aviso de que nos encontramos, en efecto, ante émulos de Mussolini que extrañamente se dicen oprimidos, sin libertad y humillados, y que cometen la infamia de llamar “fascistas” a sus venideras víctimas.

El País

Domingo 20 de octubre, 2017

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