Los jerarcas del régimen no están dispuestos de ninguna manera a abandonar el poder. Ni por las buenas ni por las malas. Los ciudadanos que los padecen no están dispuestos a permitir que aquéllos sigan en el poder. Hasta ahora, por las buenas. El conflicto se ha vuelto insoluble.
Maduro sin discurso y sin proyecto, sobre los rines de llantas desbaratadas y con una batería exhausta, ha diseñado la muerte del referéndum revocatorio de 2016 con la vaga promesa de uno en 2017 que tampoco se hará. Si tienen fuerzas para impedir el de este año, impedir el del año que viene sería coser y cantar. Tienen terror a contarse y no están dispuestos a salir del poder por elecciones. En ese caso llegarían a preferir la renuncia de Maduro a que lo saquen los votos.
Sin embargo, a esos planes macabros la sociedad democrática pugna por enfrentarse con asertividad. El instrumento electoral que en los años recientes ha utilizado es la MUD, con éxitos importantes, pero recientemente con un desgaste notable en la medida en que se convirtió en feudo exclusivo de 4 partidos. De esa forma, esa herramienta se agotó. Pero hay cambios significativos que suenan promisores: diálogo con los partidos excluidos y comienzo de un tímido diálogo con la sociedad civil. El acto unitario del lunes pasado y sobre todo el documento leído son muy prometedores.
En esta recomposición opositora hay signos muy favorables de cambios. El fundamental es la decisión de no aceptar ni los tiempos ni las trampas del régimen a través del CNE para impedir el RR2016. Es muy importante la determinación enunciada de no aceptar el carácter estadal de la recolección del 20% de las firmas sino asumirlas como de carácter nacional. En la práctica, las fuerzas democráticas están convirtiendo esa eventual recolección de firmas en un referéndum revocatorio 2016. Ante el intento de darle largas al asunto, la oposición podría proclamar urbi et orbi que 6, 8 o 9 millones de ciudadanos en la calle constituyen el referéndum que el régimen impide realizar este año. No es de extrañar que los rojos intenten alguna maniobra postrera para impedir también esa recolección de firmas que significaría la presencia de una avalancha popular en la calle por tres días.
Dice el documento unitario del lunes pasado: “Rechazaremos cualquier condición que viole la carta magna. Si el gobierno insiste, se encontrará en la calle con un pueblo que lo obligará a acatarla”. Sentencia que establece el dilema: RR 2016 o, camaradas, les será impuesto por los de abajo.
Mientras tanto, el vértigo.
Carlos Blanco
28/09/2016
http://www.noticierodigital.com/2016/09/aceleracion-de-vertigo/

​ NUEVO estado de excepción y de emergencia económica
“El poder sin límites, es un frenesí que arruina su propia autoridad”
François Fénelon
“No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes
y con apariencia de justicia”
Montesquieu
El Decreto N° 2.452 (G.O.E. N° 6.256 del 13 de septiembre de 2016) extiende una vez más la vigencia del estado de excepción en el país y, aunque la Asamblea Nacional lo desaprobó el 20 de septiembre, el TSJ lo declara constitucional mediante sentencia Nº 810 cuyo contenido no se conoce porque desde la mañana del 22 de septiembre, fecha en que se supo de esta decisión, solo aparece la declaratoria de constitucionalidad en la página web del TSJ sin que estén habilitados los links que permiten ver el texto de la sentencia.
Al respecto, Acceso a la Justicia tiene varias observaciones:

1. Este decreto no es otra prórroga, sino que se trata de un “nuevo instrumento normativo”.
2. Mediante esta nueva normativa, el Presidente de la República se faculta a sí mismo para tomar acciones económicas, sociales, políticas y jurídicas en el territorio nacional, sin control alguno de su poder.
3. La motivación del decreto, que es donde debería explicarse y justificarse esta medida, es genérica y ambigua, porque incluye considerandos que hablan del apoyo a los CLAP, la promoción de planes de gobierno, la defensa de la “vida digna” de los ciudadanos e incluso señala en el último considerando que el TSJ declaró “la Invalidez, Inexistencia e Ineficacia Jurídica, de todos los actos y actuaciones dictados por la Asamblea Nacional, por encontrándose este Órgano Legislativo en Desacato y en flagrante violación del Orden Público Constitucional”. En definitiva, en los 12 considerandos del decreto no se ofrecen explicaciones válidas que justifiquen la declaratoria de un “nuevo” estado de excepción según las exigencias de la Constitución.
4. Lo más relevante para Acceso a la Justicia son las “nuevas” medidas que ahora dictará de manera exclusiva y excluyente el Presidente de la República pues de forma insólita omite toda referencia al Consejo de Ministros, órgano colegiado que según la Constitución está encargado de refrendar las decisiones del Presidente (art. 236 CRBV).
5. El decreto permite al Presidente un uso del presupuesto público sin control alguno. Entre otras cosas, la potestad de dictar normas excepcionales para la asignación de recursos, así como los límites máximos de autorizaciones para gastar y la distribución de los egresos que regirán en el ejercicio económico financiero 2017 (artículo 2.4 del Decreto). Igualmente, está autorizado para hacer erogaciones con cargo al Tesoro Nacional (artículo 4.11). Establece también que el Ejecutivo Nacional se reserva “el derecho” de dictar normas especiales para la obtención de información de las personas que desarrollan actividades económicas en el país (artículo 2.5).
6. Además de estas medidas está facultado para contratar a través de mecanismos que el mismo Ejecutivo Nacional implemente (artículo 2.16), así como establecer rubros prioritarios para las compras del Estado y la asignación directa de divisas para su adquisición (artículo 2.13). Asimismo, está autorizado para regular a través de la banca pública y privada el financiamiento de proyectos del sector agroindustrial para el desarrollo de un“nuevo esquema productivo” (artículo 2.7).
7. El texto emanado del Ejecutivo no estipula cuáles son los derechos que están restringidos, así como cuál es el alcance de dicha restricción, a pesar de que es un requisito exigido expresamente por la Constitución en este tipo de casos.
8. La emergencia económica sólo puede ser decretada cuando es el único medio para solucionar la crisis y no hay otra manera de hacerlo por la vía del estado constitucional. Lo paradójico aquí es que no solo no es el único medio, sino que es el que está causando la crisis. Es más, la aplicación cabal de la Constitución y la vigencia del Estado de derecho resolverían la crisis.
9. Se continúa sin cumplir con la exigencia del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Venezuela en 1978, de notificar inmediatamente a la comunidad internacional de la suspensión, sus características y motivos a través del Secretario General de la ONU.

En vista de lo anterior, es evidente que el Decreto N° 2.452 (al igual que los anteriores) está alejado del marco constitucional y en él el Presidente se da a sí mismo más poderes intervencionistas sobre la vida económica, social y política del país; poderes que no tendrán el control parlamentario previsto en la Carta Fundamental.
Esto preocupa, ya que el decreto mismo dice que escapa al control parlamentario, tal como señala su último considerando bajo el pretexto del “Desacato” en que ha incurrido la Asamblea Nacional, y más alarmante aún es que el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de la negativa de la Asamblea Nacional, lo haya declarado constitucional -ignorando la prohibición expresa contenida en el título 8, capítulo 2 de la exposición de motivos de la Constitución.
No obstante lo ya dicho, es inquietante es que el máximo tribunal del país siga aprobando y avalando estas violaciones, que cada vez son más graves, y su Sala Constitucional dicte “sentencias” sin publicar su contenido, lo que indica que la sentencia no está lista y se avisa primero cuál es la decisión sin la motivación correspondiente. Esto se asemeja a las Gacetas Oficiales que aparecen con los títulos de las normas y pretenden estar vigentes desde ese día sin el contenido de la norma, incluso en materia tributaria, lo que es violatorio de la Constitución y del Estado de derecho. Es obvio que en Venezuela ninguno de los dos existe a estas alturas.
Es importante enfatizar que este nuevo decreto reproduce la suspensión de la Constitución y la legislación ordinaria que ha regido en el país en los últimos 9 meses y en los estados fronterizos desde hace más de un año; el Ejecutivo Nacional se atribuye auto poderes ilimitados sin garantías para los venezolanos, afianzando el clima de zozobra y confusión que reina en el país, y sin resolver un desabastecimiento de alimentos y medicinas tan grave que ha llevado a laONU a declarar que existe una crisis humanitaria.
Acceso a la justicia quiere insistir en que cualquier acto que emane de los Poderes Públicos tiene que estar vinculado a la Constitución. En tal sentido, el decreto en cuestión no puede ser más amplio de lo que prevé el texto de la Carta Magna y, por ende, destruir la obligatoriedad de las normas constitucionales. Al no responder este acto gubernamental al mandato constitucional carece de validez y no existe deber de cumplirlo, pues al hacerlo se violentaría el artículo 333 de la Constitución que establece: “Esta constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Con el Decreto N° 2.452 el gobierno nacional busca otro ropaje jurídico para librarse de los controles que la Constitución establece. Este acto permite al Presidente de la República establecer un marco regulatorio paralelo a las normas constitucionales y legales que se encuentran temporalmente suspendidas por el propio decreto, desconociendo los venezolanos en qué medida se verán afectados nuestros derechos y sin contar con un Poder Judicial que otorgue protección y garantía, como ha demostrado hasta ahora el Tribunal Supremo de Justicia.
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Solo quien ha tenido la ingrata experiencia de ser sometido a una investigación penal sabe lo que ello significa y las consecuencias que genera para la vida personal y familiar.
Tal vez por esto, dada mi “especialidad” me resulta impedida la posibilidad de decirle a un visitante que estoy a la orden, lo que podría interpretarse como el peor de los deseos para un amigo o conocido.
Los vericuetos de la llamada “justicia penal” son absolutamente intransitables. El “proceso penal” es un laberinto, en el cual resulta extremadamente difícil encontrar la salida, la cual, apartando los turbios caminos verdes de la corrupción, se produce en el momento menos esperado y después de hacer innumerables ejercicios de paciencia o resignación, ante las explicaciones que hace un abogado que comienza hablando de lo que prevé la ley, para concluir afirmando que nada de eso se cumple, porque cada juez tiene un criterio distinto y, en definitiva, uno es el código formal y otro el código práctico en vigencia, con las características de la incertidumbre, del capricho o del humor del funcionario y de las miles de trabas que surgen en el camino minado del procedimiento penal.
Los 15 días para la audiencia preliminar pueden ser de 30 días, 1 año, 2 años, 4 años o 7 años y las medidas “provisionales” de presentación o de prohibición de salida del país o de enajenar o gravar, prácticamente se pueden extender por cualquier tiempo.
Ningún acto se celebra el día fijado, sino que se difiere una y otra vez por cualquier razón siendo la “ley del diferimiento” la única ley de inexorable cumplimiento; “no hay despacho” es un letrero normal a las puertas de un tribunal penal y puede no despacharse por meses; “no hay copias” porque no hay papel para sacarlas” o no hay impresora en buenas condiciones; y no es extraño que un expediente se pierda o que un oficio no llegue a su destino.
Las experticias se ven obstaculizadas por fallas del instrumental requerido y si de ello depende la decisión sobre un delito grave de violación, por ejemplo, el investigado quedara en libertad y más nunca se le conseguirá.
Hay que admirar a los funcionarios honestos que en locales no aptos para el trabajo, sin aire acondicionado, computadoras inservibles y con sueldos de miseria todavía cumplen con su deber.
Por supuesto, este aparato oxidado de la justicia de pronto se mueve para procesar con asombrosa celeridad a algún preso por “ordenes de arriba” que permanecerá privado de la libertad hasta que “San Juan agache el dedo”, sin que valgan enjundiosos escritos o alegatos cargados de citas doctrinarias que nadie lee y a nadie le interesan.
Y en medio de todo este panorama de irracionalidad en el campo propio de los aplicadores de la ley, siendo la norma máxima la “ausencia de ley” o la anomía, han proliferado ahora los “gestores penales” de la más diversa categoría, desde los “corredores de presos” de los fines de semana dispuestos a “socorrer a los que caen en redadas de fin de semana o en operativos hoy llamados OLP”, hasta los sofisticados “profesionales” que venden el humo de sus pretendidas influencias o la realidad de sus contactos, prácticas intolerables que son propiciadas por incautos investigados o por temerosos imputados que alimentan el tráfico de este oficio.
Por supuesto, en este imperio de lo kafkiano y rabulesco hay jueces honestos, fiscales honestos, abogados honestos y no pocos esforzados empleados al verdadero servicio de la justicia que a duras penas tratan de abrirse camino y dan muestras de las aspiraciones a una Venezuela mejor.
Abogado y Profesor de Derecho Penal
aas@arteagasanchez.com
El Nacional, 26 de septiembre 2016

Algunos opinadores políticos parecen ser masoquistas al atribuir a la oposición el que los rojos sigan en el poder. Unos culpan a los partidos políticos tildándolos de ¨colaboracionistas¨. Otros responsabilizan a la ¨antipolítica¨ y a las acciones de resistencia realizadas antes del 2006. Es extraño que estos dos grupos, poco objetivos, no consideren que ¨los rusos también juegan¨ y que el dinero de que dispuso el difunto, las misiones y su verbo populista lograron cautivar a una mayoría de venezolanos. La falta de escrúpulos, la represión y el control del poder judicial hicieron el resto de la tarea. Desde luego que del lado opositor se cometieron algunos errores, pero no fueron determinantes. El presidente de facto está de capa caída porque no tiene el carisma del teniente coronel y la economía sufre la consecuencia de un sistema fracasado. Por ello y por la tarea realizada por la dirigencia opositora y por la determinación de los ciudadanos de a pie, saldrá de Miraflores.
Gente del Petróleo ha puesto su grano de arena. Desde el 2002 ha apoyado todas las acciones acordadas por los partidos políticos y ha hecho suya la bandera de la unidad en contra del totalitarismo. En abril de 2002 directivos y gerentes de Pdvsa y de sus filiales, respaldados por cientos de trabajadores petroleros, tomamos la iniciativa de un paro y logramos el apoyo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y de Fedecámaras y el visto bueno tácito de los partidos políticos. En diciembre de ese año, a título personal, cientos de trabajadores respaldaron el paro cívico convocado por la Coordinadora Democrática, en la cual estaban representados todos los partidos políticos democráticos, la CTV y Fedecámaras. Como represalia fuimos despedidos casi 23.000 trabajadores, de ellos 5.659 operadores, artesanos y mantenedores, e inclusive muchos que estaban de vacaciones, en reposo médico o que no pudieron ingresar a las instalaciones militarizadas.
El mayor atropello fue en contra de quienes habitaban en los campos petroleros. El más bochornoso fue el cometido por los guardias nacionales del Destacamento 44 en horas de la madrugada en contra de los residentes de Los Semerucos, del que se cumplieron 13 años el domingo pasado. Los oficiales responsables directos de ese acto de barbarie fueron el general Jesús Villegas Solarte, entonces comandante general de la Guardia Nacional y los oficiales Gumersindo Piña, Lenín González Trompiz, Manuel Graterol, Giovanni Bianco, Raúl Millán, Montilla y Dionisio Durán.
A pesar de este y muchos otros atropellos que obligaron a exiliarse a ocho compañeros, entre ellos Horacio Medina, Juan Fernández y Edgar Paredes, así como el tener que enfrentar demandas preparadas ilegalmente por la Auditoría Fiscal de Pdvsa en contra de un centenar de trabajadores, la Gente del Petróleo ha seguido en la lucha. Apoyamos todas las iniciativas acordadas por los partidos políticos hoy representados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), aunque a veces no hemos coincidido en puntos de vista. Atendimos el llamado de abstención en las parlamentarias del 2005 decidido por los partidos políticos y también las convocatorias a colaborar y a votar en las restantes elecciones, así como a marchar o a concentrarnos en protesta por las violaciones a la Constitución y en defensa de los prisioneros políticos y exiliados.
Evaluando las opciones de hoy, lo procedente es que bajo protesta procedamos a recoger el 20% requerido para convocar el referendo revocatorio, aunque estamos conscientes de las dificultades. Una vez obtenido ese porcentaje tendremos que presionar por todos los medios para lograr lo que establece la Constitución.
Gente del Petróleo considera que la MUD no debe aceptar la condición inconstitucional de que la recolección de firmas del 20% sea en cada estado; exigir mayor número de máquinas de votación y ubicación acorde con número de inscritos en el registro electoral; al menos debe haber un día no laborable de los tres acordados para la recolección de firmas; exigir seguridad para los firmantes; aceptar apoyo logístico de miembros de la sociedad civil y continuar con las acciones de calle para presionar al régimen. En relación al diálogo, el mismo debe comenzar cuando se anuncie la liberación de los presos políticos, la aceptación de ayuda humanitaria, ampliar la mediación internacional y el respeto a la Asamblea Nacional.
El referendo debe ser este año. Gente del Petróleo sigue presente y comprometida y es signataria, junto con 31 organizaciones de la Sociedad civil, de un comunicado dirigido al país fijando posición sobre el revocatorio.
Como (había) en botica:
El régimen cometió otro atropello con la detención arbitraria del joven Andrés Moreno Febres ¿Hasta cuándo vulneran los derechos de Coromoto Rodríguez, preso ilegalmente por acusaciones infundadas y con problemas de salud? Las declaraciones de Jaqueline Farías, la ¨novia del Guaire¨, son como el contenido del rio que ofreció sanear.
No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com

Vanguardia Popular (VP) rechaza la decisión tomada por el Directorio del CNE para normar la recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad que deben dar paso a la convocatoria del referéndum revocatorio del mandato del Presidente Nicolás Maduro. Consideramos que la misma constituye un fraude a la Constitución, una burla inaceptable al reclamo de cambio convertido en clamor nacional frente a la gravedad de la crisis y una grosera provocación que pretende desafiar el talante democrático y la vocación pacífica de nuestro pueblo.
Es necesario reiterar que a través de este referéndum la inmensa mayoría de nuestros compatriotas aspira: 1) Ponerle fin al desastroso gobierno del actual Presidente, que es la causa principal de la profunda crisis general que padece la nación y, al mismo tiempo, el principal obstáculo para su superación. 2) Convocar elecciones en lapso perentorio a fin de escoger un nuevo Presidente que culmine el actual período constitucional de gobierno. 3) Constituir un Gobierno de Unidad Nacional, dotado de un Programa de Cambio de Rumbo, fruto del más amplio consenso entre todos los sectores sociales y políticos, a fin de atender los más graves y urgentes problemas del país. Es este el sentido, el espíritu y propósito que anima el esfuerzo hecho al solicitar la convocatoria del referéndum revocatorio en el presente año de 2016. Es este el camino escogido por los sectores democráticos para buscar una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral a la profunda crisis que padece la sociedad venezolana y que cada día deteriora más y más las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Es este el camino al que millones de compatriotas dieron su respaldo el 1º de septiembre, en la manifestación popular más importante y contundente, producida en Caracas y en las principales ciudades del país.
Marchando a contravía de este propósito, que es voluntad expresa de la inmensa mayoría nacional, el CNE ha tomado una resolución de carácter inconstitucional, ilegal y fraudulenta que, entre otras cosas, impone: 1) Al reducir a 1356 el número de centros de votación y a 5.392 el número de mesas electorales habilitadas, el CNE está privando, de hecho, a cerca del 80% de los más de 19 millones de compatriotas inscritos en el registro electoral, del derecho constitucional a solicitar el referéndum. 2) Excluye expresamente a los venezolanos radicados en el exterior que están debidamente inscritos en el registro electoral. 3) Impone la obligación de recoger el 20% de las firmas en cada una de las 24 entidades federales del país, desconociendo expresamente que el Presidente de la república se elige en una única circunscripción de carácter nacional. 4) Omite deliberadamente informar acerca de la ubicación de los centros y mesas electorales que serán habilitados, por lo que se desconoce si dicha ubicación guarda proporción con la disposición geográfica de la población electoral. 5) Arbitrariamente, sin ninguna justificación técnica o logística, anuncia un cronograma que remite para finales de noviembre la validación del acto de recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad que se llevará a cabo un mes antes y posterga para el primer trimestre del año 2017 la eventual realización del referéndum revocatorio.
Todas estas medidas, vistas de conjunto, constituyen un fraude constitucional orientado a escamotear el derecho consagrado en el artículo 72 de nuestra carta magna y desconoce el artículo 5º de la misma, el cual establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Tal maniobra desenmascara a una cúpula de ineptos y corruptos que ya no tiene razones morales ni políticas para seguir gobernando al país, que ha perdido el respaldo del pueblo, que solo se sostiene en la represión, la mentira y el control que ejerce sobre el TSJ, el CNE y demás órganos del Poder Público y que intenta a cualquier costo eludir toda consulta electoral, incluidas las elecciones de gobernadores y Consejos Legislativos Estadales, las sindicales y de los Consejos Comunales.
En consideración de todo lo anterior, Vanguardia Popular (VP) plantea:
1) Denunciar ante la comunidad nacional e internacional el contenido y alcances de la resolución del CNE a que nos hemos referido, señalando que la misma no solo representa un fraude a la Constitución y una burla a la demanda de cambios reiteradamente puesta de manifiesto por la inmensa mayoría nacional, sino también una irresponsable insensatez política que ignora la gravedad y urgencias que comporta la profunda crisis que afecta a la nación, el enorme descontento popular y la creciente conflictividad social aparejados a ésta, y las peligrosas tensiones sociales acumuladas que a cada instante amenazan con desbordarse.
2) Perseverar con serenidad y firmeza en el camino del revocatorio, aun en las circunstancias más adversas y en las condiciones más desventajosas, como parte del compromiso por brindarle al país una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral a la crisis actual. Como parte de este compromiso es necesario denunciar que estamos en presencia de una clara provocación por parte de los jerarcas del régimen, cuyo objetivo es forzar a los sectores que respaldamos el revocatorio a abandonar el cauce constitucional y democrático, y empujarnos por el despeñadero de la violencia.
3) Profundizar y radicalizar la lucha por mejorar las condiciones de realización de la recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad, en los términos siguientes: A) Restablecer la circunscripción nacional única a los fines de la recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad. B) Ampliación sustancial del número de centros y mesas electorales, en resguardo del derecho que asiste a los 19 millones de electores a participar de este proceso. C) Incorporar a los venezolanos residenciados en el exterior que estén debidamente inscritos en el registro electoral. D) Modificar las fechas y horarios para la celebración del acto de recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad. Concretamente, proponemos los días viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de octubre, en los horarios comprendidos entre las 8am y las 6pm de cada día o hasta que no haya electores en cola, como corresponde a la tradición electoral del país. E) Demandar la validación de este proceso en forma simultánea a su realización, a fin de que se conozcan sus resultados en las horas inmediatamente posteriores, tal como ocurre en cualquier proceso electoral ordinario. F) Insistir en la exigencia de la realización del referéndum revocatorio para el presente año de 2016, lo cual es, desde todo punto de vista, absolutamente factible.
4) Conquistar estas condiciones supone convocar a la movilización del pueblo, confiar en su conciencia política, en su talante democrático y su firme determinación de cambio; en la firmeza valentía y sensatez demostradas el pasado 1º de septiembre, cuando fue capaz de tomar las calles de Caracas y de las principales ciudades del país desafiando la represión y la campaña de terrorismo de Estado sistemáticamente desarrollada por el gobierno nacional, al mismo tiempo que ignoraba los cantos de sirena de aventureros e irresponsables, que inútilmente intentaron sacarlo del cauce constitucional y democrático.
5) Demandamos la conformación de un Comando Nacional por el Revocatorio que encarne genuinamente la Unidad Nacional que todos pregonamos, que incorpore efectivamente a todos los sectores que respaldamos esta lucha, incluida la disidencia chavista que se ha pronunciado en tal sentido. La unidad es hoy un imperativo de las circunstancias y un reclamo popular necesario de atender. Es momento de deponer posiciones sectarias e intereses subalternos, para dar paso a la más amplia unidad: plural y diversa como es el país, al tiempo de sólida, disciplinada y eficaz. Unidad a los fines de organizar y movilizar al pueblo: contra el hambre, el empobrecimiento y la inseguridad; contra la crisis humanitaria en el sector de la salud y agroalimentario; contra el deterioro y encarecimiento de todos los servicios públicos; en fin, por sus derechos y reivindicaciones más sentidas y por el revocatorio como síntesis de todas estas demandas y como camino para producir los cambios urgentes que el país reclama.
Caracas, 26 de septiembre de 2016
Comité Político Nacional de Vanguardia Popular (VP)

Las borduras del pie de monte del Parque Nacional Henry Pittier en las proximidades de Maracay fue poco a poco colonizada, atraídos los inspirados pobladores por el encanto de un paisaje maravilloso, de fuentes de aguas naturales y de la posibilidad de construir un proyecto de vida en armonía con ese mundo natural que sirve de albergue a muchas especies de vegetación y animales propios de la selva nublada y de refugio temporal a cientos de especies de aves que migran y pasan allí algunos días . Rancho Grande, ha sido un espacio donde se dan cita científicos muy reconocidos de la botánica y la zoología. Por El Limón se transita hasta allí, pero también hacia unas playas que forman parte del mar de la historia de la Patria.
Hasta aquí vale la poesía, los cantos, los amaneceres, y la ganas de vivir cerca del pulmón de la ciudad de Maracay.En pocos años EL Limón y el Municipio Mario Briceño Iragorry mutó de un pulmón oxigenante a una cloaca pútrida.Su acceso principal, la avenida Universidad es un asco, al igual que otras calles, está tapizada de basura maloliente.
Es el símbolo de una urbe en decadencia con contrasta contra todo los encantos que se le han asignado a este pie de monte. Las calles internas son un una cara de luna, llena de huecos pero no causados por meteoritos, sino por la desidia en las gestiones de los alcaldes y alcaldesas.
Nadie, ni el Tribunal Supremo de Justicia, ni el gobierno nacional o regional, los electores, ni los partidos políticos, ni los movimientos organizacionales emergentes han podido poner orden a esta desfachatez. Da pena ajena.
Recientemente le di un corto paseo a un Vice-Ministro para que viera el desastre, y dijo ¡Que desgracia! También intencionalmente le di una vuelta a unos conferencistas y participantes a un foro sobre cambio climático y casi al unísono dijeron: ¡Qué desastre!
Este amanecer hablé con mi esposa, le expuse que el nivel de estrés que me nace de esta desgracia ambiental y que tendrá sin duda repercusiones en la salud de los habitantes de este municipio y su entorno próximo me está devorando el alma. Es insoportable vivir entre toallas sanitarias usadas y papel higiénico con las huellas humanas íntimas.
Las aves del Parque han comenzado a bajar a comer inmundicias, pero lo mayor son las alimañas que allí se crían y que luego avanzan sobre los patios de las viviendas. La basura ha derrotado a todo un Pueblo que siempre ha aspirado a vivir en un ambiente sano y que incluso tuvo como proyecto un municipio ecológico.
Para aumentar mi desgracia, acabo de bajarme de un autobús que tomé desde el centro de Maracay, me senté y traté de no mirar a los lados, era una buena oportunidad que el bus venía lleno para no ver la abominable acumulación de basura. De repente, un ciudadano de piel morena, pelón más que yo, dijo: ¡Qué desgracia! Y cometí la pifia de volver a mirar por una rendija el estercolero en que han convertido el municipio Mario Briceño Iragorry.
Ya sabemos que el Alcalde opositor al gobierno nacional está preso, también sabemos que ganó las elecciones después de una pésima gestión de un equipo afín a nuestro gobierno nacional, pero él lo hizo peor al extremo que les he contado. Y la gente de la MUD sabe que aquí tienen una muestra de su incapacidad y la ocultan irresponsablemente.
Si está preso por conspirador, esa es la diversión más común de la política. Pero si le ponen preso por delitos ambientales y se interviene la Alcaldía para bien, para restaurar la dignidad ambiental, sin que exista esta posibilidad en la Constitución, aspiraría que le dieran cadena perpetua.
¡Qué desgracia!
http://www.entornointeligente.com/articulo/8988739/%7C%7C-LuisOberto-Ans...

Ante las implicaciones que tiene para la escuela venezolana los "Lineamientos curriculares 2015” del MPPE, trataremos la pertinencia de las disciplinas escolares. La crítica a las disciplinas contenidas en el mencionado documento no está fundamentada en estudios científicos, académicos o pedagógicos. La necesidad de cambiar el curriculum, amparado en la Ley Plan de la Patria, resulta una imposición del Estado Docente a la sociedad civil.
Vapulear las disciplinas escolares se ha convertido en un modo de vida ideológico. Justifican sus cavilaciones educativas cuestionando su existencia total o parcial en los planes de estudio. Vamos a intentar dar algunos alcances puntuales en torno a este tema.
Amos Comenio en 1636 aprox, realizó un esfuerzo extraordinario en un tratado pedagógico al que llamó “Didáctica Magna”. En esa obra sentó orientaciones que aun hoy guían la pedagogía moderna: llamó la atención sobre la importancia de las disciplinas escolares y la determinante necesidad de hacerse de un método particular para su enseñanza. De esta forma se abrieron las ventanas para que entraran los torrentes renovadores de oxigeno a la pedagogía que durante mil años la Escolástica había dominado férreamente en los campos de la escolaridad. La Didáctica se impulsaba desde el Renacimiento a la Modernidad.
Por otra parte, con la Revolución francesa, Condorcet al tratar la Instrucción pública, agregó a la escuela dos dimensiones que transformarían la escolaridad: los sistemas escolares y las ciencias. Hasta ese momento dos corrientes marchaban paralelas: la didáctica y sus implicaciones para la escolaridad y, la otra corriente del pensamiento que se va a convertir en ejemplo a seguir, los lineamientos para constituir los sistemas escolares en las Naciones consustanciados en las ciencias. En estas circunstancias se llega al S XIX: Naciones, sistema escolar, disciplinas escolares y ciencia tecnología.
En la Venezuela colonial es posible definir los contenidos escolares los cuales se organizaban en los tres niveles de escolaridad que se dibujaban escasamente en el periodo. En tres siglos la escolaridad se conformó en tutorías, para quienes podían pagar tutores, la escuela de primeras letras (aparecen en el periodo tardío de la Colonia), y los colegios, los cuales se llegan a transformar en universidad, proceso que se consolida en la temporada tardía de la Colonia. Con el advenimiento de la República las disciplinas escolares tomaran butaca en los balcones de los estudios universitarios (química, botánica, teología, lógica, estética, zoología), y se siente la presencia en las escuelas de primeras letras con la aritmética, geometría, lectura, básicamente. De allí en adelante, en los siglos XIX y XX, la historia de la escolaridad en nuestra Patria es diversa, geométrica, modernizante e imparable.
En el siglo XIX el auge de la creación de las ciencias nuevas es impresionante. Si comparamos el saber humano que se conocía hasta 1780 con la labor de presentación que hizo la Enciclopedia. El movimiento Enciclopédico realizó un balance del panorama del conocimiento humano hasta su época. Si nos damos a la tarea de compararlo con lo que existe producto de 150 años, desde 1850 hasta el 2000, concluyentemente habríamos de aceptar que es exponencial el crecimiento del conocimiento universal que ha alcanzado la humanidad en estos dos siglos. La comprensión del mundo físico mecánico dio paso al atómico, y este, al cuántico.
La especialización del saber viene acompañando al ser humano desde que dejamos los dogmas "no científicos" para hacernos de la racionalidad científica para conocer el mundo natural, social, político, astronómico, y todo cuanto esté al alcance de la humanidad. Y cada día los adelantos en ciencia y tecnología son abrumadores. Vivimos pues con el Ideal científico tecnológico de la Civilización Occidental. El anterior fue el religioso que imperó más de 1500 años.
Pues bien, las ciencias, las tecnologías, los valores humanos, las artes, la música y la identidad nacional se incorporan al currículo escolar manteniendo un apasionado cortejo que requiere actualización periódica y permanente. Las disciplinas escolares son el privilegiado vínculo de los planes de estudio (currículo), con ese mundo de saberes que hemos construido en el mundo civilizado. La escolarización es una instancia social mediadora que vehiculiza la formación de la niñez, la adolescencia, la juventud y la madurez de los humanos (educación permanente), con el desafiante mundo de la civilización y el progreso sostenido. De actualizaciones y reformas curriculares del sistema escolar deberíamos vivir en revisión y evaluación de resultados.
Pero cuando se trata de desdibujar las disciplinas escolares mezclando saber científico con estrategias de dudosa procedencia ideológica e inclinadas a cazar talentos invocando el saber único, no queda más que alarmarse ante una arremetida que claramente muestra indicios de ir contra la libertad, la igualdad, la democracia, y en fin, se muestra a contracorriente del progreso humano sustentable.
Profesor UCV
@eithellg
27-09-2016
http://www.talcualdigital.com/Nota/133150/las-disciplinas-escolares