Las instituciones venezolanas no se reconocen entre sí. Formalmente, no tenemos presidente porque hubo un acto parlamentario sin forma de ley, dictado por la Asamblea Nacional (AN), que tiene potestades exclusivas para hacerlo y en consecuencia, absolutamente apegada al texto constitucional (artículo 233 CRBV), el cual distingue entre la simple "ausencia física" del máximo representante del Ejecutivo al "abandono de las funciones" en que incurrió un sedicente presidente, el cual, además, se empeña en gobernar de facto ejecutando las leyes habilitantes que sin autorización legal, el se auto aplica; un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que omite su deber de tramitar las causas en el pendiente, entre otras la que lleva su Sala Electoral desde hace más de un año, en relación con la elección de los diputados del estado Amazonas, pero que los siete magistrados que conforman su Sala Constitucional deciden, irrespetando la propia doctrina de dicha sala, calificar de "desacato" la actuación de un órgano fundamental del poder público como lo es la AN, sin que exista norma constitucional ni legal que lo fundamente (toda vez que el famoso delito de "desacato" no existe como tipo punitivo en nuestro ordenamiento vigente); y por último, una AN que –tal como se dijo– habiéndole declarado el abandono del cargo al presidente, no ejecuta esta decisión ordenándole al Consejo Nacional Electoral, llamar en el plazo de treinta (30) días siguientes a la declaratoria de abandono, a una nueva elección presidencial.

Ante el anterior cuadro institucional, tenemos que arribar las siguientes conclusiones: primero, que tenemos un gobierno fallido que habiendo incumplido sus obligaciones ejecutivas y obrando fuera del orden constitucional, de manera forajida, burla y desobedece el acto público que lo declaró en abandono, resguardado por irregulares decisiones judiciales un TSJ no reconocido por los ciudadanos como legítimo, y por la sombra de una cúpula militar que descaradamente hace caso omiso de su deber de ser parte de una institución esencialmente profesional, sin militancia política, al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad alguna, tal como reza el art. 328 constitucional; y segundo, una AN que omite su deber de ejecutar y materializar sus actos políticos por el temor de que se los incumplan.

Frente a una fractura del orden institucional, a la sociedad civil no le queda otra opción que hacer uso de sus sagrados poderes creadores, pues constitucionalmente, "la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo", (art. 5 CRBV), y si a este pueblo, representado en casi 60% de los electores que participaron el pasado 6 de diciembre de 2015 en un acto comicial, se le ha cercenado las consecuencias del ejercicio indirecto de esa soberanía –al desconocerse "institucionalmente" la autoridad del órgano legislativo nacional que eligió, y al negársele su derecho de revocar a su gobernante– no le queda otro recurso como no sea el asumir la soberanía mediante su ejercicio directo.

Para retomar el orden constitucional que se niegan a reconocer las instituciones enfrentadas, creando un vacío que pudiera aproximarnos al vértigo de la eventual anarquía, es necesario acudir a las salidas que nuestro mayor y más sagrado pacto político nos ofrece. Habiendo transitado, hasta ahora sin éxito, por algunas de ellas, solo nos queda aquellas donde la influencia corrosiva de una praxis institucional prejuiciada por intereses políticos subalternos –sean de gobierno o de oposición– se minimice al máximo casi inexistente.

Esas salidas, que deben asumirse de manera concomitante y complementarias una de otra, son dos y se encuentran ubicadas en un mismo título y capítulo de nuestro texto constitucional (Capítulo III del Título IX), y son la asamblea nacional constituyente y el desconocimiento civil y legítimo del régimen existente. La primera nos permitirá revisar y proponer un nuevo grado de integración entre el actual modelo de Estado con su pregonado sistema democrático, hasta ahora basado en derecho y justicia. Ello permitirá que nazca un nuevo equilibrio del poder público venezolano que nos permita recomponer el orden institucional que las actuales autoridades públicas (oficiales y opositoras) se niegan a reconocer, y –lo mejor– que no podrán controlar, ni anular, ni impedir, pues está expresamente prohibido que lo haga el poder constituido afectado (primer aparte del artículo 349 constitucional). Y la segunda salida que debe plantearse aparejada con aquella, se encuentra en el tan temido “350”, norma incólume y vigente, nos permitirá desconocer, tanto al poder constituyente, como principalmente, al ciudadano, al actual régimen, por no solo haber contrariado los valores y principios democráticos vigentes, sino por haber menoscabado nuestros derechos humanos.

@PerkinsRocha

26 de enero de 2017

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/quiebre-institucional-momento-constituyente_77496

Con caras amarradas y sentimientos de culpa, los directivos de la maltrecha MUD, acaban de anunciarle al país que ni el pasado 6 de diciembre ni el reciente 13 de enero, hubo ningún tipo de diálogo entre gobierno y oposición. Esta aclaratoria ocurre como consecuencia del incumplimiento a los compromisos contraídos por el Gobierno, tal y como lo expresara el Monseñor Pietro Cardenal Parolin. Hasta aquí, muy sobrada razón tendrá el liderazgo opositor para semejante anuncio, pero la otra parte del cuento no lo terminan de echar, porque saben que hay un país comenzando a dudar de sus asertividades dialogantes.

Sin necesidad de hurgar las lacerantes heridas de la unidad, el “agonizante” diálogo fue víctima de los ataques certeros de la candidaturitis presidencial, que embarga a quienes sin esperar el 2018, se precipitaron a escondidas de los agobiados por la crisis, como si el mandado estaba hecho y Maduro les iba aceptar la convocatoria a sus soñadas elecciones generales. Desde Capriles hasta el vecino más popular de Ramo Verde, todos sin excepción, colocaron primero sus deseos de vivir en Miraflores, que ir a las negociaciones a defender el mal vivir de los venezolanos.

Hoy quienes se niegan asistir a la mesa de negociaciones, como si no hubiesen roto un plato, nos anuncian que el régimen no tiene palabra, y que sin garantías no tiene sentido llegar a acuerdos con quien no tiene la menor intención de cumplirlos. Eso lo sabía hasta Ender mi vecino, quien es un adeco resabiao; sin embargo, nadie les ordenó haber suspendido la marcha anunciada hacia Miraflores y el enjuiciamiento político al engañifa y burlón Nicolás. Señalar ahora que en aquella oportunidad no existían mecanismos para la verificación y garantías del cumplimiento de acuerdos, es la simple confesión, de quien alega en defensa su propia torpeza.

Hasta ahora todas las marchas convocadas por la MUD han sido inspiradas en la mera reivindicación política, incluso, la última hacia el CNE este 23 de enero, donde llevaba el piquete del ilusorio llamado a elecciones generales. No podrán con esa sapiensa que los caracteriza para el error y el enfrentamiento interno, asumir que en este país no existe posibilidad alguna de avanzar hacia una salida de la crisis, sino marchamos, eso sí, por una Venezuela sin escasez ni colas por unas canillas de pan o tan siquiera convocar a marchar hacia las Gobernaciones y Alcaldías, para exigirles a estos mandatarios locales las ofertas incumplidas.

Nadie está pidiendo borrón y cuentas nuevas, ante este gobierno que lo único que hace es cumplir los asesoramientos de Raúl Castro y su G2 cubano, pero muy bien que pudieran asumir una actitud más cónsona con la realidad que atravesamos quienes vivimos diariamente las consecuencias de este calamitoso gobierno. ¿Habrá muerto en dialogo en verdad? o feneció la vieja forma elitista de asumir el liderazgo otorgado por la mayoría, hacia quienes hoy se asumen como los cuatros fantásticos de la gran alianza opositora.

A decir verdad, el diálogo no está nada moribundo, el sigue vivito y coleando; sólo que no podemos seguir poniendo los tiempos invertidos, rodeados de sueños y aventuras palaciegas. Primero, la lucha social, segundo, exijamos las elecciones de Gobernadores y Alcaldes. Y con Maduro, a ese no los quitamos de encima cuando corresponda constitucionalmente o cuando el pueblo así lo decida desde la calle.

La situación de crisis interna impide a la mayoría de los venezolanos observar y analizar qué cosas están sucediendo en el mundo. Una rápida mirada nos permite percatarnos que el resto de los países, unos con más éxitos que otros, mejoran sostenidamente la calidad de vida de sus nacionales. Para muchos puede ser sorprendente que existan 194 países soberanos e independientes, algunos con pocos años de independencia, pero indica que la comunidad global se ha incrementado notablemente en las últimas tres décadas.

Pero también constantemente surgen nuevos inventos y descubrimientos que a su vez conducen a otros más y a nuevas formas de ver la vida, enfrentarla y asumirla. Las tecnologías de la información y las comunicaciones plantean retos tan sencillos para las personas, tales cómo, aprovechar en su totalidad las capacidades de estos ingenios. Así observamos que constantemente surgen nuevas tecnologías para mejorar las comunicaciones y redes sociales, el mercadeo global, los países se unen en bloques para crear mercados comunes y complementarios que mejoren sus economías, la OPEP recientemente se tuvo que aliar con países petroleros independientes para defender los precios del crudo y sus mercados ante el surgimiento de nuevas formas de energías limpias y alternativas al petróleo que pudiera tener sus días contados.

La sociedad del conocimiento pasó a ser complementaria de la sociedad informatizada de estos tiempos planteando nuevos retos a las metodologías educativas existentes, por lo que los países deben revisar constantemente sus sistemas educativos para no quedarse atrás.

Sin irnos muy lejos, a excepción de Haití y el nuestro, todos los países latinoamericanos van para dos décadas con sostenimientos económicos positivos, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y haciendo esfuerzos continuados para volverse competitivos en la medida de sus posibilidades dentro de todos los retos que plantea el siglo XXI. También, la mayoría de ellos, buscan mejorar los derechos humanos, las libertades civiles y el estado de derecho.

Nosotros estamos en los últimos lugares en todos los indicadores mundiales de las agencias internacionales que se dedican a estas mediciones. El actual modelo político aplicado en los últimos 17 años, lo único que ha logrado es devolvernos a la década de los 30 del siglo pasado, agravado con una crisis moral y de principios dentro de la sociedad venezolana que nunca se había observado en épocas anteriores.

Salir del gobierno actual es fundamental para comenzar a superar la crisis que quedará como legado de lo que ya algunos califican de narco estado. Pero esto no debe ser la discusión final. La discusión final se debe centrar en como insertarnos con éxito a los múltiples retos que presenta el mundo globalizado del siglo XXI. Y es por eso que el proceso constituyente cobra especial importancia en este momento, los retos del presente siglo exigen a los venezolanos replantearse el país y el Estado que necesitamos para hacerlo, y esto solo se puede lograr con una nueva constitución que posibilite y abra los caminos para afrontar estos retos.

Convocar un proceso constituyente para salir del régimen, aunque esto sea una de sus consecuencias, es colocar el debate en el plano equivocado. Refundar la República y prepararla para el futuro con una Constitución apropiada y de avanzada es el plano apropiado para ir creando la tan ansiada “unidad superior” a la que estamos aspirando muchos venezolanos.

La mayoría de los detractores del proceso constituyente argumentan que el problema no es la constitución bolivariana, sino que los encargados de hacerla cumplir no lo hacen y son los que más la violan, la realidad así lo confirma. Esta argumentación puede ser correcta para los momentos actuales cuando se ha perdido el estado de derecho y estamos frente a una dictadura, entonces, es imperativo volver a la observancia de la constitución cualquiera que esta sea. El problema es que, si se sale del régimen y se retoma el hilo constitucional, la constitución bolivariana está lejos de servirnos para afrontar los retos del siglo XXI, ya que la misma tiene fallas de origen que es imperioso eliminar.

Para nadie es un secreto que el promotor de la actual constitución buscó la forma de hacerla a la medida de sus ambiciones y visión particular, muy lejanas, por cierto, de hacerla para afrontar con éxito los retos de siglo que se iniciaba. Así, las características conceptuales o las premisas en la que se basa el texto constitucional son la siguientes:

1. Engrandecer y fortalecer al Estado por encima de la nación o los ciudadanos: “El estado garantiza los derechos ciudadanos” pero siempre con la coletilla de “la ley regulará estos derechos”. Es así como los derechos a la libre expresión, a la información, al trabajo, a la libre empresa, al libre tránsito, a la propiedad, etc., han terminados condicionados a las leyes y reglamentos fijados por Estado;
2. La intención manifiesta de perpetuarse en el poder. De allí los periodos presidenciales de 6 años con reelección inmediata inicialmente y luego, mediante un referéndum amañado indefinidamente. Esto afecta el principio básico de la democracia como es la alternancia en el poder y atornilla, como la realidad lo demuestra, a una oligarquía en el mismo;
3. La premisa económica de que la renta petrolera (y la minera) alcanzará indefinidamente para sostener al Estado (esto es cierto) y mejorar la calidad de vida de los más pobres mediante el reparto indiscriminado del dinero, lo que además de utópico, ha sido la fuente de corrupción más grande de la historia republicana;
4. La economía debe atender a un modelo centralizado y regulado por el Estado. Como se mencionó en el primer parágrafo, aunque se “garantiza” el libre ejercicio de la actividad económica, siempre aparece la coletilla de que “la ley regulará” la actividad.
5. La intención manifiesta de convertir las fuerzas armadas en un partido político a la orden del presidente en ejercicio, de allí que no contempla que las misma estén supervisadas y reguladas por la Asamblea Nacional y prácticamente por nadie.

En síntesis, aunque en una primera lectura, la constitución bolivariana es pródiga en derechos y libertades, los mismos están regulados y condicionados por leyes y reglamentos que siempre favorecen al Estado y a quien ejerce su jefatura, tal como la realidad actual lo demuestra.

La promoción (y logro) de un proceso constituyente que nos lleve a redactar una Constitución que verdaderamente sirva a los intereses de la sociedad, o la nación, regulando las competencias del Estado, siempre a favor de los ciudadanos y no al contrario, como es el caso actual, es una visión lo suficientemente superior, para promocionar y lograr la tan ansiada unidad superior que estamos buscando.

A partir de esta visión superior es que la sociedad civil debe salir a buscar las alianzas necesarias con otros sectores y la calle, para lograr poner en práctica el proceso constituyente originario, tal como lo contempla el artículo 347 de la actual Constitución.

Lester L López O

@lesterllopezo

29/01/17

Muchas son las medidas adoptadas por el propio gobierno que han creado la cultura de dolarización

El colapso de los precios del petróleo y la caída de las reservas internacionales a su nivel más bajo en la última década agravan los problemas que el gobierno viene confrontando para garantizar la liquidación de divisas a los sectores productivos. Sin embargo, les exige que sigan operando para mantener el empleo que allí se genera. Por eso se debate entre mantener un rígido control de cambios o flexibilizar los mecanismos para tener acceso a las divisas y quitarse de encima la enorme presión que ejercen todos los sectores económicos y sociales que reclaman la asignación oportuna, suficiente y transparente de divisas.

Muchas y variadas son las medidas adoptadas por el propio gobierno que han contribuido a crear una cultura de la dolarización. Desde la emisión de bonos de Pdvsa denominados en dólares que se compraban en bolívares, hasta el Convenio Cambiario N° 33 que dictó las normas para las operaciones en divisas en el sistema financiero nacional, pasando por el Sistema de Transacciones en Moneda Extranjera (Sitme) y el Convenio Cambiario Nº 20 que autorizó la apertura de cuentas en divisas, el gobierno ha venido flexibilizando las condiciones que permiten realizar un creciente número de transacciones financieras y comerciales en dólares. Quienes tienen cuentas en divisas en la banca nacional pueden realizar transferencias electrónicas desde y hacia el exterior, lo cual facilita las operaciones de compra-venta en dólares. En el caso de las empresas, éstas pueden mantener fondos en divisas destinados a la adquisición y pago de bienes y servicios relacionados con los proyectos de inversión que ejecutan en el país.

Más no resulta fácil terminar de oficializar la decisión de dolarizar la economía para un gobierno que tiene como bandera la igualdad y la inclusión social, toda vez que semejante medida representa una discriminación en contra de la mayoría que no tiene acceso a las divisas. Solo los privilegiados que lograron capturar una tajada de los dólares de Cadivi/Cencoex/Sicad podrán adquirir esos bienes en dólares. Pero los trabajadores que viven de un ingreso fijo en bolívares tendrían que convertirlo en dólares a la tasa de cambio más cara, lo cual vuelve sal y agua sus salarios y les cierra todo acceso a los bienes cuyos precios estén dolarizados.

Por si fuera poco, el artículo 318 de la CRBV plantea que “La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar”. Sin embargo, a la creciente venta de viviendas y boletos aéreos en dólares, se suma ahora la venta de vehículos, lo cual sentencia también la dolarización de los créditos para adquirir vehículos, las pólizas de seguros y las reparaciones que impliquen la sustitución de piezas y repuestos.

¿Por qué se dolariza la economía?

Al igual que toda moneda, el bolívar tiene como funciones básicas las de servir de unidad de cuenta, de medio de cambio y de depósito de valor. Cuando esas funciones comienzan a deteriorarse, la dinámica económica tiende de manera espontánea y natural a utilizar otra moneda que pueda cumplir de mejor manera tales funciones.

Pero la contracción del aparato productivo, las desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo para financiar el déficit fiscal y la caída de las reservas internacionales se han juntado para pulverizar el poder de compra del bolívar e implantar la creciente tendencia a la dolarización de la economía nacional.

De hecho, en la economía venezolana hay una inmensa cantidad de productos cuyo precio se define primero en dólares y luego se traduce en bolívares a la tasa de cambio más alta. Y aunque el bolívar se utilice como medio de cambio o pago, en realidad es el dólar el que se ha usado como unidad de cuenta para acordar el precio y cada vez son mayores las operaciones de compra y venta que no solo se contabilizan en dólares, sino que también se concretan en esa divisa, aunque finalmente se legalicen en bolívares en la notaría o registro mercantil.

Adicionalmente, como el bolívar se vuelve sal y agua debido a la inflación, la gente busca ahorrar en dólares. Con inflaciones de 56 y 68 % en los últimos dos años y la amenaza de una inflación mayor a 100 % en 2015, el bolívar ya no sirve para preservar la capacidad de compra de los ahorros. Todos quieren deshacerse tan rápido como puedan de los bolívares comprando dólares. Pero a medida que los dólares son más escasos su precio sube, y en vista de que no hay mayores opciones para invertir, el dólar termina siendo la mejor reserva de valor para preservar los recursos familiares o empresariales.

En conclusión, aunque no sea una decisión oficial que lleve a sustituir la circulación del bolívar por el dólar, la dolarización de la economía venezolana se está convirtiendo en un fenómeno espontáneo a través del cual las personas buscan protegerse de la erosión que sufre el poder de compra de la moneda nacional. Así, un número creciente de mercados se va cotizando y transando en dólares, sobre todo cuando se trata de productos con un alto componente importado, tales como vehículos, electrodomésticos, computadoras, teléfonos móviles, etc. Como no resulta rentable comercializarlos en bolívares que luego no alcanzan para reponer unas divisas que no se consiguen y son cada vez más caras, se va imponiendo la práctica de fijar el precio y hacer la transacción en dólares.

http://www.elmundo.com.ve/Firmas/Victor-Alvarez/-Por-que-se-dolariza-la-economia-venezolana-.aspx#ixzz4X6RkFSdX

En Venezuela todo está en dólares menos los sueldos. Los precios de carros, apartamentos, alquileres, computadoras, electrodomésticos, medicinas y pasajes aéreos, entre tantos otros bienes y servicios, están ya directamente en dólares o en bolívares pero a la cotización del dólar paralelo. La deuda venezolana también está en dólares, al igual que las importaciones y las exportaciones. ¿Alguien ha escuchado tan solo una vez el precio del barril de petróleo en bolívares?

Lo único que está realmente en bolívares son los sueldos de los venezolanos, especialmente los salarios de los más pobres. La variable de ajuste económico de Venezuela ha sido trágicamente el ingreso de los trabajadores, es decir, la reducción del ingreso de los venezolanos. El salario siempre aumenta en bolívares, pero en dólares siempre disminuye.

Desde la implementación del actual control de cambio en el año 2003 para supuestamente preservar la estabilidad y el valor de la moneda, el bolívar no se ha reforzado ni estabilizado, por el contrario, el bolívar se ha desplomado y sumergido en el deterioro y en los vicios de los controles.

Mover el dinero
Cada vez que los gobernantes imprimen dinero sin respaldo en oro, plata, dólares u otras divisas, la población se empobrece abruptamente. La gente no es tonta y para defenderse trata de mover su dinero de bolívares a dólares. En vez de morir empobrecidos con bolívares que no valen nada, los venezolanos tratan de cambiar su dinero en dólares para mantener su poder adquisitivo.

Como dicen los millonarios: ¡No hay nada más miedoso que un millón de dólares! En realidad, los venezolanos empobrecidos tratan de conservar el poco dinero que todavía tienen, aunque no sean millones... ni siquiera ya de bolívares moribundos. Es por eso que la “dolarización” es la medida más soberana que puede tomar el pueblo soberano antes que el gobierno acabe con una hiperinflación. La decisión es muy simple: ¿vivir con dólares o morir con bolívares?

www.cordeiro.org

28/01/17

El tema del Foro Económico Mundial de Davos de este año es "Liderazgo responsable y receptivo". Sin embargo, una posible interpretación del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses es que hoy en día a los electores les importa menos la responsabilidad que la "autenticidad". Los votantes acogieron con beneplácito los comentarios temerarios de Trump sobre cuestiones delicadas porque estaba diciendo lo que pensaba y estaba siendo fiel a sí mismo. Los políticos comunes y corrientes, al decir siempre lo "correcto" parecen artificiales e insinceros.

Pero, ¿es necesario que la autenticidad implique temeridad? Por otra parte, ¿es posible que la conducta políticamente correcta constituya una forma de irresponsabilidad, en la medida en que evade cuestiones difíciles y no se enfoca en lo correcto sino en lo que es fácil de justificar? ¿Requiere la autenticidad enfrentar la ansiedad y la angustia que Jean-Paul Sartre consideraba eran las compañeras inevitables de la libertad y la responsabilidad?

Estas son preguntas importantes para los responsables de formular políticas económicas y también para todos los demás. Las autoridades enfrentan su labor de dos maneras fundamentalmente diferentes. Un paradigma considera las políticas económicas como el conjunto de las mejores prácticas universales. Mientras más se adopten, más inversores vendrán.

El otro paradigma considera las políticas como soluciones a problemas específicos. Puesto que cada sociedad tiene su propio conjunto de características, limitaciones y metas, las políticas necesariamente son idiosincráticas: se hace camino al andar. Esto no significa que se debería ignorar lo que se puede aprender de los demás; pero la imitación sin adaptación es receta para la ineficacia, o algo aún peor. Fácilmente puede conducir a que se importen soluciones a problemas que el país no tiene, permitiendo que se los problemas reales se agraven.

Colombia y Panamá ilustran el contraste entre estos dos enfoques. Durante buena parte del pasado reciente, la formulación de políticas económicas en Colombia ha estado impulsada por dos metas: celebrar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos (en vigencia desde 2012) e integrarse a la OCDE (en negociaciones desde 2013). (En realidad, otras iniciativas importantes han sido el proceso de paz y la expansión de la red vial, si bien, estrictamente hablando, estas no son políticas económicas).

Mientras tanto, no se ha abordado el principal obstáculo al crecimiento que enfrenta Colombia, presumiblemente la falta de dinamismo en las exportaciones, dada la caída del precio del petróleo. A pesar del acuerdo de libre comercio –y una depreciación del 38% del peso desde 2014– las exportaciones a Estados Unidos no han ido a ninguna parte: en general, se han estancado, han caído en relación al total de exportaciones, y se han concentrado aún más en productos tradicionales, como petróleo, café, oro y flores.

Esto se encuentra en marcado contraste con el impacto que tuvo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sobre las exportaciones de México: entre su entrada en vigor, en 1994, y 2000, las exportaciones de México a Estados Unidos se triplicaron, pasando de US$ 50 mil millones a US$ 150 mil millones. En la década siguiente, en Vietnam se generó un boom de exportaciones incluso mayor, sin ningún tratado de libre comercio. Es evidente que el NAFTA fue crucial para México, pero sea lo que sea que impide que Colombia se transforme en un exportador más exitoso, no es algo que pueda solucionar un tratado de libre comercio.

Pero es altamente improbable que estas cuestiones se aborden a través de la integración a la OCDE, la cual exige una panoplia de reformas relativas a gobierno corporativo, mercado privado de seguros, política de competencia, estadísticas, salud, tecnología, agricultura y otros ámbitos de regulación. El que alguna de estas reformas engendre una nueva gama de industrias de exportación que pueda impulsar el avance de Colombia, es jugar a la lotería, para decirlo sin rodeos.

Ahora consideremos a Panamá, por mucho la economía latinoamericana que más creció durante el auge de los precios de los productos básicos, de 2004 a 2014. El aumento anual del PIB de Panamá alcanzó un promedio de 8,2%, pese a que este país no se benefició directamente de la bonanza de las materias primas que favoreció a Colombia y gran parte de América del Sur. Ahora que el auge ha terminado, Panamá continúa creciendo a un ritmo de 5%, mientras que Colombia se encuentra al borde de una recesión.

¿Cómo lo logró Panamá? Luego de que el control del Canal de Panamá pasara a la nación, en 1999, sus autoridades comenzaron a pensar sobre la forma de maximizar los potenciales impactos económicos del Canal. Decidieron convertir las bases militares estadounidenses en zonas económicas especiales. Otorgaron concesiones para construir nuevos puertos con el fin de facilitar las actividades de logística alrededor del Canal. Desarrollaron el aeropuerto para apoyar a COPA, la aerolínea privada local, a medida que ella se transformaba en líder regional. Invirtieron el 7% del PIB en la expansión del Canal, proyecto que finalizó en 2016. Crearon un régimen tributario y migratorio especial, destinado a atraer sedes regionales de empresas multinacionales. Autorizaron la construcción de un oleoducto para el transporte de petróleo a través del istmo, con un puerto en cada extremo.

Junto con la Zona de Libre Comercio de Colón y el Centro Financiero Internacional, que ya existían, el todo terminó siendo mucho más que la suma de sus partes. Las sinergias entre el aeropuerto, los nuevos puertos, las instalaciones de logística, los bancos y las sedes regionales, generaron un boom en la exportación e inversión en servicios, bases de su rápido crecimiento económico. Y con esta prosperidad vino la gastronomía, el arte y el turismo.

El auge en la construcción no residencial creado por este crecimiento ha contribuido no solo a absorber la fuerza laboral que estaba abandonando las zonas rurales, sino también a lograr una notable reducción de la desigualdad. En esta estrategia liderada por la exportación de servicios, la fuerza de trabajo altamente calificada no se transformó en una restricción importante al crecimiento gracias a una política de inmigración relativamente abierta, la cual permitió al país emplear a los talentos que Colombia, entre otros países, fue incapaz de retener.

La comparación entre estos dos enfoques es clara. Las autoridades colombianas han puesto esperanzas en que si adoptan marcos legislativos y regulatorios basados en las mejores prácticas, alguien habrá de llegar. Y de no ser así, de todos modos pueden disfrutar de los elogios que reciben de parte de organizaciones internacionales.

Panamá, en contraste, corrió el riesgo de imaginar algunas inversiones estratégicas clave orientadas a las exportaciones, y luego se enfocó en la creación de las condiciones necesarias para hacerlas realidad. En muchos casos, el sector privado tomó la iniciativa. Pero las autoridades no rehuyeron la responsabilidad de hacer grandes inversiones estratégicas públicas cuando fueron necesarias, como en el caso de la expansión del Canal y del aeropuerto. Es posible que el régimen tributario especial y otras de las políticas que adoptaron, no sean del gusto de la OCDE. Pero, probablemente, estas medidas contribuyeron a crear el ecosistema que hace que Panamá sea tan atractivo para tantas empresas del Fortune 500.

El liderazgo auténtico exige un compromiso con metas reales. Sin embargo, para alcanzarlas, no existen soluciones prefabricadas. El diseño de políticas que aborden problemas específicos, sin ignorar las lecciones provenientes del pasado o de otros lugares, conlleva riesgos, y todo líder responsable necesariamente sentirá la ansiedad que esto crea.

En el fondo, la autenticidad no requiere una temeridad a lo Trump. Pero renunciar a las metas económicas propias e imitar los medios utilizados por otros para alcanzar las suyas, no solamente es inauténtico: también es profundamente irresponsable.

Traducción del inglés de Ana María Velasco

https://www.project-syndicate.org/commentary/authentic-leadership-tailor...

Durante el desarrollo de la asamblea, convocada por la Asociación de Profesores, todos los docentes allí presentes manifestaban a viva voz su arrechera y preocupación por los continuos ataques del régimen contra las universidades. Resaltaban, en las intervenciones las acciones unilaterales que las autoridades gubernamentales aplicaban a los trabajadores del sector universitario: cerco presupuestario, colapso de los servicios de transporte, biblioteca y comedor, no aplicación de las Normas de Homologación, impedimento de realizar los procesos electorales, creación de Federaciones Sindicales paralelas y serviles, Convenciones Colectivas de Trabajo que excluyen a las genuinas representaciones gremiales y la pretensión manifiesta de eliminar a los Institutos de Previsión del Profesorado IPP al quitarles la administración de los seguros médicos para trasladarla de manera arbitraria e ilegal a la Empresa Horizonte.

El Presidente del gremio, en su intervención titulada por él mismo como “Horizonte de Problemas”, hizo un análisis general de la situación señalando que: la crisis del sistema universitario venezolano tiene diversas aristas, y va más allá de ser un mero problema presupuestario, económico o gremial. El marco legal regulatorio de la Universidad venezolana ha sido desnaturalizado, y en particular la autonomía universitaria ha sido negada por el gobierno nacional. El artículo 109 de la Constitución y la Ley de Universidades que establece la autonomía como principio y jerarquía para permitir a la comunidad universitaria la búsqueda de la verdad y el conocimiento para beneficio espiritual y material de la Nación, simplemente no se aplican. Además la Ley Orgánica de Educación establece el concepto del Estado Docente como herramienta de intromisión y violación de la autonomía universitaria, y sus normas se aplican en la medida en que no permita el libre desenvolvimiento de la Universidad en cuanto a sus procesos electorales. De tal manera, el Consejo Nacional de Universidades ha dejado de lado su papel rector de las políticas universitarias y se ha instaurado como un órgano de ejecución de las directrices políticas del ejecutivo nacional.

Otro profesor interviene para decir que los recursos financieros asignados a las universidades han mermado durante los últimos años como resultado de una política de reconducción del presupuesto universitario, y por lo tanto de reducción de los recursos de las universidades públicas. En 2010, la Asamblea Nacional modificó la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación para así reducir dramáticamente las contribuciones privadas al financiamiento de proyectos universitarios. Los bajos sueldos y el escaso financiamiento de proyectos de investigación siguen afectando a quienes quieren llevar adelante una decente y digna carrera docente y de investigadores. Se desconocen las Normas de Homologación de las remuneraciones del personal docente y se trata de debilitar los paros profesorales con la tentación de mejoras por vía de convenciones colectivas, pero sin que legítimamente se represente a los profesores universitarios.

Un jefe de Departamento, interviene para denunciar que se ha desmantelado la planta de profesores. Hay una emigración masiva de personal docente e investigación por la falta de equiparación de sus sueldos con el de sus pares latinoamericanos. Se ha implementado un cambio de pautas y criterios de ingreso a las universidades públicas para así conformar un sistema único de ingreso, sin importar calificaciones o habilidades del estudiante, a su vez obviando si existen o no las instalaciones y recursos necesarios para recibir a los estudiantes.

El Secretario de Reivindicaciones, interviene para exponer que se aprobó de forma inconstitucional el segundo contrato colectivo universitario único, con unos montos que no son reales y bajo premisas que atentan contra la autonomía universitaria, violando la reserva legal, ya que pretende introducir una reforma universitaria a través de un documento de rango sub-legal. Sigue vivo el problema no resuelto de la liquidación de los pasivos laborales de los profesores. Se ha regulado ilegalmente el aumento de matrícula de las universidades privadas a través de su estructura de costos, aplicando indebidamente de la legislación de control de precios, equiparando a la universidad a una empresa de tipo económica de prestación de servicios y sin considerarla una institución académica con fines docentes, investigativos y de extensión.

Una de las intervenciones más esperadas era la del asesor jurídico del gremio, quien manifestó que el desconocimiento del Gobierno de las Normas de Homologación no es un hecho aislado. Es parte de una estrategia global de ataque contra las universidades que se manifiesta en la violencia, el cerco presupuestario y la ofensiva jurídica

En la Gaceta Oficial No. 32.539 del 17 de agosto de 1.982 se encuentran plasmadas las “Normas de Homologación” (NH), las cuales rigen desde entonces (y aún vigentes) los ajustes de sueldo y beneficios adicionales de los miembros del personal docente y de investigación de las universidades nacionales. Recalcando que esta estructura normativa habilita un instrumento legal para indexar o ajustar la remuneración mensual, no solamente de los profesores, sino de la misma forma a los otros sectores laborales universitarios (administrativos y obreros), de acuerdo al cambio del índice de inflación de cada dos años.

Una tras otra, se fueron dando las intervenciones de los profesores presentes en la asamblea para denunciar la problemática del Seguro HCM. Los profesores tenemos 2 planes de seguro, el Plan Complementario que pagamos nosotros la prima completa, y el plan básico, que los recursos están aprobados en la Ley de Presupuesto como siempre, en este caso en el 2017” añadió, e inmediatamente ratificó que siempre ha sido autonómico que estos recursos que se les asigna a las universidades, estas lo pasan a los institutos de previsión social.

“El 28 de diciembre 2016, recibimos una comunicación por parte del gobierno, indicando que el plan básico lo iba a manejar el gobierno nacional a través de Seguros Horizonte” argumentaron los docentes. Ahora, no tenemos el básico, nos mandan para Horizonte, allí no estamos registrados y no podemos acceder al complementario porque no hemos utilizado el básico……o sea estamos jodidos….este régimen acabó con la protección social de los trabajadores universitarios.

Un egresado de la especialidad de Castellano y Literatura, al escuchar todo aquello, se limitó a decir poéticamente: “Vemos el mismo sol / pero no el mismo horizonte. Si depositas/ todas tus expectativas/ solo en horizonte/ corres el riesgo de que tu vida sea efímera”

Al final, la propuesta de declarar el conflicto universitario fue aprobada por unanimidad.