¡La ciudadanía está desesperada y sometida a una situación extrema! La inseguridad, muertes producto del hampa, hambre, desabastecimiento de alimentos, alto costo de la vida, enfermedades, escasez de medicamentos, son parte de la terrible realidad que exige a los políticos guiar, para lograr una salida de esta crisis brutal, por la que estamos atravesando los venezolanos. ¡La Unidad Nacional es vital!
Es un deber trabajar unidos con inclusión y amplitud, reafirmando la transparencia y la valentía, con salidas enmarcadas en la Constitución Nacional. Las recientes declaraciones de la presidenta del Poder Electoral, lejos de solventar la crisis institucional imperante en el país, pretenden profundizar el desconcierto y la frustración, en los ciudadanos que impulsamos la revocatoria del mandato del Presidente de la República, como respuesta a su incompetencia e incapacidad para generar soluciones.
Si cedemos o renunciamos a nuestros derechos, estaremos enfrentados a la historia, juez implacable cuya memoria permanece en el tiempo, aprendamos de los errores y reivindiquemos el sacrificio de tantos compatriotas. Cada una de las victorias y derrotas han sido enfrentadas con un espíritu unitario, capaz de distribuir las cargas y responsabilidades, donde sin duda el aporte de todos ha sido fundamental.
La Unidad es más que una coalición electoral de partidos políticos, se ha convertido en la aspiración ciudadana para generar las transformaciones sociales y políticas para el país.
¡La Unidad es fortaleza! Un referente ético y moral, solo cuando reconoce y valora el innegable aporte de los estudiantes, trabajadores, sindicatos, gremios, obreros, sociedad civil organizada, voluntarios, profesores, amas de casa, empresarios, empleados públicos, dirigentes políticos, militares y religiosos, en fin todo aquel ciudadano que centra sus esperanzas en el rescate de la República. ¡Unidos nada es imposible!
Hoy es irrenunciable apegarnos a la institucionalidad en la toma de decisiones, garantizándoles a todos los actores los espacios de debate y conducción política. La pluralidad es la naturaleza de toda coalición democrática, y sus principios deben promover el debate respetuoso de las diferentes posiciones tácticas para cohesionar una estrategia en común, consagrada al propósito superior: Remover democráticamente al régimen lo antes posible y articular un Gobierno sustentable de Unidad Nacional capaz de reconstruir moral, social, institucional y económicamente a nuestra Nación.
Promover reglas claras, termina siendo la mayor garantía para alcanzar rápidos entendimientos; la participación y la validación de compromisos es la verdadera Unidad. Esta nos blinda de cualquier inaceptable acción que pretenda imponer una hegemonía de pocos, sobre todo cuando luchamos contra la exclusión de un régimen corrupto y mafioso.
Enfrentamos el totalitarismo del régimen y a sus vicios, como expresión elevada de dignidad, donde amparados en la virtud y el honor, proponemos un proyecto alterno, reivindicativo y democrático dispuesto a modelar desde el ejemplo.
Los principios y derechos no pueden ser sometidos a ninguna negociación y estamos llamados a defender el mandato constituyente, expresado a través del voto en representación de la innegable mayoría de la Asamblea Nacional. Ningún diálogo es capaz de prosperar sin dos características previas: la igualdad de condiciones entre las partes y la disposición a conversar para buscar soluciones. Ambas se ven atacadas en las acciones de un régimen que mantiene como prisioneros de conciencia a compañeros estudiantes, militantes y líderes fundamentales de la Unidad.
Es oportuna la prevención que hace ante la crisis actual, la Conferencia Episcopal:
“El diálogo, del cual habla el gobierno, comienza por el reconocimiento de la gravedad de la situación en todos los órdenes y la manifestación de la voluntad mediante signos visibles, de querer cambiar positivamente o transformar la situación. El incremento del poder militar no solucionará los problemas éticos y sociales. Un diálogo político sin metas precisas, sin fases definidas y sin resultados previstos es inútil”.
Aprovechemos todo el respaldo y atención de la comunidad internacional, para una estrategia en favor del cambio democrático y oportuno, tal como lo expresó el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro:
“La democracia requiere diálogo. Para que este diálogo sea eficaz, debe ir acompañado de acciones. La democracia no tiene nacionalidad. La democracia es más que una elección, es libertad. Libertad de expresión, de asociación, de reunión. Es una ciudadanía empoderada. Una judicatura independiente. Una estructura de seguridad que tenga la confianza de la gente, del pueblo y que le rinda cuentas. Es el ejercicio legítimo del poder dentro del Estado de Derecho”.
Hoy en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay gobierno democrático, no hay respeto a la separación de poderes, no se respeta el pluralismo político, no se respetan los derechos humanos, no hay transparencia ni probidad en el manejo de los recursos públicos.
El diálogo demandado es nacional y para serlo hay que escuchar al pueblo, y el pueblo lo que pide es respeto a la Constitución, vale decir, acatamiento de su decisión de ir a un innegociable referendo revocatorio a celebrarse este año 2.016.
Por otra parte, cumplir la promesa electoral recogida en los acuerdos políticos suscritos por la Unidad, en el documento del 25 de noviembre de 2.015 es una obligación de cara al mandato recibido por millones de venezolanos.
Debemos dar prioridad al Proyecto de País, antes que al líder llamado a conducirlo, el reto consiste precisamente en promover un liderazgo colectivo fiel a este proyecto.
Por esta razón consideramos fundamental y alentamos a participar en la manifestación ciudadana del próximo 1ero de Septiembre: “Gran toma de Caracas”, no sólo para exigir fecha al CNE, además es la oportunidad de manifestar de forma no violenta, pero con irreverencia y fuerza, el derecho contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos: 5, 333, 347, 348, 349 y 350. La soberanía y el poder constituyente residen en el pueblo y es nuestro deber restituir la democracia en defensa de la República. Alertamos a los miembros de la FAN la obligación que tienen de cumplir lo establecido en el artículo 328 de la Carta Magna, igualmente, lo señalado en el artículo 68 y como venezolanos, la responsabilidad que le establece el artículo 25 de la Constitución sobre la responsabilidad civil, penal y militar, sin que puedan alegar “cumplimiento de ordenes superiores”.
La Unidad debe ser con todos, para todos, sin exclusiones y de proceder transparente, a la altura de las demandas ciudadanas y consciente de la trascendencia de nuestra misión.
Suscriben las Organizaciones Políticas integrantes de la MUD
Carlos Blanco – Alianza Bravo Pueblo
Haydee Deutsch – Fuerza Liberal
Fernando Álvarez Paz – Gente Emergente
Gustavo Mujica – Izquierda Democrática
Jorge Valverde – Moverse
Julio Albarrán – Movimiento Republicano
Luis Velásquez – Progreso Social
Dip. Deyalitza Aray – Proyecto Carabobo
Dip. Carlos Eduardo Berrizbeitia – Proyecto Venezuela
Cjal. Jesús Gutiérrez – Unidos Para Venezuela
Irma López – Unidad Noe
Iván López – Unidad Visión Venezuela
Gral. Enrique Prieto Silva – Vamos Adelante
Henry Alviárez – Vente Venezuela
Diputados por la MUD
Richard Blanco, Juan Pablo García, José Gregorio Aparicio, Edwing Luzardo, José Gregorio Hernández, Juan Vilera, Juan Carlos Bolívar, Alexis Lamazares, Elías Bessis, Freddy Castellano, María Verónica Rengifo, Nafir Morales, Lucia Castillo, Aura Hernández, Magalvi Estaba, Gina Rodríguez, María Aular, Adela Otaiza, Andrea Leger, Ana Morales, Carmen Serrada, Carlos Pinelly, Mary Ruiz, Andreina López, Edmundo Prieto, Belkis Ulacio, Cristina Minerva Ortega, Noé Mujica, Aranza Cordero, Carlos Bastardo, Omar González, Luis Barragán, Winston Flores, Franco Casella, Omar Ávila.
Caracas, 21 de agosto de 2016

Las organizaciones sociales e instituciones firmantes de este manifiesto, interpretando el sentimiento de nuestros agremiados, fijamos nuestra posición ante la grave crisis nacional.
Las políticas de este gobierno han resultado un desastre que los venezolanos se niegan a seguir soportando. Las pesadumbres han tocado la esencia de nuestro ser como compatriotas solidarios y como seres humanos civilizados que necesitamos cubrir necesidades esenciales y vivir mejor.
Venezuela no aguanta más estas condiciones de vida. Nos negamos a seguir en una eterna cola, de un abasto a otro, de una farmacia a otra, sin encontrar lo que nos hace falta. No queremos, ni para nosotros ni para nuestros hijos y familiares, un país donde se destruya el trabajo como fuente de progreso y se siga multiplicando el hambre y la delincuencia.
La profundidad de la crisis y la magnitud de los daños ocasionados en todos los ámbitos del país exigen cambios urgentes para detener la ruina y apuntalar un camino de reconstrucción hacia el bienestar y la prosperidad de los venezolanos. Es el momento de que las bases de nuestra sociedad —los ciudadanos, en quienes constitucionalmente reside el poder originario y constituyente de nuestra república— opinen y se pronuncien sobre la continuidad o el fin del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Asumimos que las reivindicaciones inmediatas que exigen los trabajadores, emprendedores, profesionales y técnicos, productores del campo y de la industria, maestros, profesores y estudiantes, empleados públicos y cualquier habitante de barriadas y urbanizaciones, no tendrán una respuesta satisfactoria ni se resolverá la exigencia de mejoría de nuestras condiciones de vida y de trabajo, mientras el actual Gobierno continúe. Hemos llegado a esta ineludible conclusión luego de hacer miles de intentos para que se oyeran nuestras voces y peticiones y se cumpliera con el “Estado de derecho y de justicia” que establecen la Constitución y las leyes.
Como el gobierno se niega a cambiar, vamos a cambiar el gobierno. Exigimos el cambio político aunque persistiremos, incluso con más ganas y más tesón, más unidad y más solidaridad, en el impulso de nuestras luchas inmediatas por reivindicaciones para paliar el difícil momento que vivimos: por aumento general de sueldos y salarios y el cese de la espiral inflacionaria y especulativa; por salvar la universidad; para que se acepte la ayuda humanitaria en alimentos y medicinas; por mejoras sustanciales en los servicios, salud y educación; por requerimientos urgentes para reactivar la producción nacional, en fin, continuaremos con nuestro esfuerzo diario por ir construyendo una Venezuela digna de vivir por las venideras generaciones.
Sabemos que sólo un cambio gubernamental no es suficiente, pero es un paso imprescindible para repensar y replantear un nuevo acuerdo social y político, y así conjugar las mejores voluntades de hombres y mujeres decentes y de buena voluntad que viven en esta tierra de gracia. A Venezuela le sobran reservas morales y éticas para salir de este atolladero, gente laboriosa, inteligente y capaz, además de ingentes recursos materiales, para responder con rapidez y prontitud a las grandes dificultades económicas y sociales que hoy nos agobian.
Si echamos a un lado las discriminaciones y las diferencias, si en la conducción de nuestra patria impera un sentimiento y un espíritu de país y de pueblo, si colocamos al frente la unidad por encima de la división, si jerarquizamos los intereses colectivos ante las ambiciones personales, estamos seguros de que no transcurrirá mucho tiempo para ver resplandecer a un pueblo capaz de edificar una mejor democracia, una economía fuerte y soberana, unas relaciones sociales basadas en la solidaridad, el apoyo y la fraternidad, y un Estado verdaderamente al servicio de la ciudadanía.
Hacemos un llamado a todos nuestros compatriotas a unir esfuerzos por una salida inmediata y urgente que haga eficaz el rotagonismo del pueblo mediante la realización del Referendo Revocatorio en este año 2016. La fuerza del pueblo puede hacer cambiar la decisión del CNE de enviar esta consulta electoral a 2017 y quitarle su eficacia política. Que nadie se desmoralice ni se amedrente por las amenazas, chantajes y represión de este régimen ineficaz e indolente. Los venezolanos somos un pueblo que no se deja pisotear ni se subordina ante imposiciones autoritarias.
Que los jóvenes y los profesionales refuercen su arraigo en nuestro país y se sumen a esta noble y titánica tarea de reconstruir la patria. Que las mujeres sigan en su insustituible actitud de valentía ante la injusticia y en defensa de la familia y de los valores. Que los partidos políticos expongan sus mejores análisis y propongan nuevas iniciativas para luchar juntos. Que los ciudadanos se organicen más y mejor para plasmar en la realidad el protagonismo social y la autonomía popular. Que los sindicatos, colegios profesionales y gremios multipliquen sus iniciativas en defensa de sus afiliados y de los trabajadores en general. No es hora de lamentos. Saquemos las mejores fuerzas de nosotros mismos para abrir los caminos del progreso, la democracia y la libertad. Sumemos nuestras voluntades y ejerzamos el derecho constitucional a cambiar de gobierno mediante el Referendo Revocatorio.
Revoquemos el hambre y la escasez
Por una vida digna y de progreso para todos
Todos a la marcha del 1º de septiembre
Revocatorio Ya

Asociación de Profesores de la UCV (APUCV)
Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela
Colegio de Odontólogos de Venezuela
Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela
Colegio de Enfermeros de Caracas
Bloque Profesional, Gremial y Sindical
Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de Sanidad (SUNEP-SAS)
Federación de Centros Universitarios de la UCV (FCU UCV)
Unidad de Acción Sindical y Gremial (UASG)
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)
Unión Nacional de Trabajadores (UNETE)
Confederación General de Trabajadores (CGT)
Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA)
Frente Autónomo en Defensa del Salario y el Sindicato (FADESS)
Movimiento de Sindicatos de Base (MOSBASE)
Instituto de Altos Estudios Sindicales (INAESIN)
Movimiento Estudiantil de la Universidad Metropolitana
Dirigentes de las Federaciones Deportivas Nacionales
Gente del Deporte

En el preámbulo de la Constitución de 1999, Venezuela es definida como una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural.
De acuerdo al Artículo 62 de dicho texto: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.
La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.
Sin embargo, el gobierno venezolano está tomando en secreto decisiones de carácter estratégico que podrían estar definiendo el futuro del país por del resto del siglo, sin debate alguno en el seno de la sociedad. Mediante el decreto presidencial del Arco Minero del Orinoco, se decidió la creación de una especie de zona franca minera, bajo control militar, donde se suspenden preventivamente muchos de los derechos constitucionales entre otros, los derechos de los pueblos indígenas. Se ha anunciado que se ha llegado acuerdos con 130 o 150 empresas, sin que los venezolanos ni las venezolanas tengamos idea de cuáles son dichas empresas, y cuál es el contenido de dichos contratos.
Tendrá que haber razones de mucho peso, será que su contenido es muy perjudicial para el país, para que el gobierno se sienta obligado a mantener, no solo las negociaciones, sino los acuerdos en secreto. Dado este secreto gubernamental, no nos queda más remedio a los ciudadanos de este país que buscar fuentes de información externa.
En pasado 8 de agosto la empresa Gold Reserve, realizó un anunció público, en la ciudad de Spokane, Estado de Washington de los Estados Unidos, explicándole a sus accionistas y potenciales inversionistas el contenido del acuerdo que ha firmado con el gobierno venezolano.
Los contenidos más resaltantes de este acuerdo son los siguientes:
El gobierno Venezolano ha acordado la creación de una empresa mixta con la Gold Reserve. La Empresa Mixta tendrá derechos mineros al oro, el cobre y la plata en 18.000 hectáreas, incluyendo los depósitos de Brisas-Cristinas.
La República Bolivariana de Venezuela acuerda pagar la totalidad de la indemnización que de acuerdo al laudo arbitral solicitado por la empresa al CIADI, más los intereses acumulados hasta el 24 de febrero de este año por un total de US$ 769.681.823. Este monto será pagado en dos partes antes del 31 de diciembre de este año.
El gobierno venezolano acuerda comprar los datos técnicos de minería en Venezuela con los que cuenta la empresa por un total de 240 millones de dólares. Solo cuando se termine de cancelar este montó, los datos serán entregados por la empresa.
La Gold Reserve ha acordado una suspensión temporal de la exigencia legal de la aplicación de la indemnización del laudo arbitral hasta que el pago final de esta indemnización sea hecha por Venezuela. Tras el pago final de la indemnización, la Compañía cesará todas las actividades legales relacionadas con el reclamo de la indemnización. La Gold Reserve podrá dar por terminado el Acuerdo de solución mediante notificación escrita, sin exigir una decisión de cualquier autoridad judicial, si las dos cuotas correspondientes al pago de la indemnización no son recibidas por Gold Reserve en los plazos previstos en el Acuerdo de solución.
Venezuela va a utilizar el producto de toda financiación que se cierre después de la ejecución de este acuerdo para pagar a Gold Reserve las cantidades adeudadas en virtud de este acuerdo con preferencia a cualquier otro acreedor.
En las condiciones de profunda crisis que vive en país, donde no hay suficientes divisas para garantizar la importación de los alimentos y medicamentos básicos que requiere la población, el gobierno se compromete a entregar a la Gold Reserve, a corto plazo, más de mil millones de dólares.
Mediante este acuerdo, se establece además que los pagos del Estado Venezolano a la Gold Reserve tendrá prioridad sobre cualquier otro acreedor, aunque se trate de deudas que sea necesario cancelar como condición para poder adquirir los alimentos y medicamentos que con urgencia requiere la población venezolana.
La Empresa Mixta será propiedad en 55% de Venezuela y 45% por una subsidiaria propiedad en un cien por ciento de Gold Reserve. La duración del proyecto minero es de 40 años (20 años con dos extensiones de 10 años).
Venezuela contribuirá a la Empresa Mixta, los derechos sobre el oro, el cobre, la plata y otros minerales estratégicos contenidos dentro de 18.000 hectáreas ubicadas en el sureste del Estado Bolívar, que incluye el proyecto Brisas Cristinas. Gold Reserve, bajo un Acuerdo de Servicios Técnicos, proporcionará los servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción a la Empresa Mixta. Gold Reserve percibirá una comisión del 5% de todos los costes de la construcción y el desarrollo del proyecto. Una vez que comience la producción comercial, a la Compañía se le pagará una cuota del 5% por su asistencia técnica durante las operaciones.
Venezuela y la compañía trabajarán en conjunto para completar los recursos para financiar los US $ 2,1 millardos previstos como costos de capital para el proyecto Brisas Cristinas.
Esto es, se calcula que se necesitan más de dos mil millones de dólares de nuevo capital para llevar a cabo el proyecto. La empresa, a pesar de recibir más de mil millones de dólares del Estado venezolano no aportará capital propio, no traerá dinero fresco. Esos mil millones serán distribuidos entre los accionistas de Gold Reserve. La nueva empresa mixta tendrá que buscar esos recursos en el mercado de capitales. Para el Estado venezolano esto significa que además de los más de mil millones de dólares que debe pagar a corto plazo a la Gold Reserve, tiene que endeudarse por 1.155 millones de dólares adicionales para poder hacer su aporte al capital requerido por la nueva empresa mixta. ¿De dónde saldrán estos 2164 millones de dólares? ¿Es esa la prioridad que hoy tiene la población venezolana?
Decretos Presidenciales han sido o serán emitidos dentro del marco legal del Arco Minero del Orinoco, con los siguientes incentivos impositivos y fiscales para las empresas mixtas que operan en esa zona:
Aquí es importante hacer notar que la empresa afirma que, además de los extraordinarios beneficios impositivos y fiscales ya acordados a las empresas transnacionales, el gobierno les ha garantizado nuevos beneficios por la vía de nuevos decretos que serían emitidos a futuro.
Exención de pago del impuesto sobre el valor agregado, impuesto de timbres fiscales, impuestos municipales y los impuestos que surjan como contribución de bienes tangibles e intangibles, de existir estos, a las empresas mixtas de las partes.
Las Empresas Mixtas incurrirán en el mismo costo de la electricidad, diésel y gasolina como los efectuados por el Gobierno o entidades relacionadas.
Venezuela y Gold Reserve participarán en las ganancias netas de la empresa mixta, de acuerdo con una fórmula acordada resultando en porcentajes especificados basados en el precio de venta de oro por onza.
La Empresa Mixta pagará una regalía (net smelter return royalty) a Venezuela sobre la venta de oro, cobre, plata y otros minerales estratégicos de 5% durante los primeros diez años de la producción comercial, 6% durante los siguientes diez años y el 7% en los años siguientes.
La Empresa Mixta estará autorizada para mantener fondos asociados con los futuros costos de financiamiento en dólares estadounidenses.
La Empresa Mixta estará autorizada para exportar y vender su concentrado y barras doré que contengan oro, cobre, plata y otros minerales estratégicos fuera de Venezuela y mantener los ingresos de tales ventas en una cuenta offshore en dólares norteamericanos.
Esto entra en clara contradicción con lo establecido el Decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos, de diciembre del año pasado, que establece en su artículo 31 que:
El oro y demás minerales estratégicos que se obtengan como consecuencia de cualquier actividad minera en el territorio nacional, serán de obligatoria venta y entrega al Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela podrá autorizar, la venta y/o entrega de cada mineral a una entidad distinta, en los términos que a tales efectos se establezca.
Si Venezuela entra en un acuerdo con un tercero para la incorporación de una empresa mixta para llevar a cabo actividades similares en términos y condiciones que sean más favorables que los incentivos impositivos y fiscales señalados arriba, Venezuela se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para otorgar a la Sociedad Mixta términos similares que se aplicarán al proyecto Brisas Cristinas.
Como si fueran poco favorables para la empresa las condiciones de este acuerdo, cualquier beneficio adicional acordado a otra empresa, sería igualmente extendido a la Gold Reserve.
Particularmente alarmante es el siguiente punto del acuerdo:
Venezuela indemnizará a Gold Reserve y afiliados contra cualquier futura acción legal asociada con el proyecto Brisas Cristinas.
Esto está definido en términos tan amplios que el Estado venezolano asume los costos de cualquier acción legal asociada con el proyecto Brisas Cristinas, estén estos relacionados con el carácter inconstitucional e ilegal de las operaciones mineras del Arco Minero del Orinoco, como de cualquier impacto socioambientales o laborales que se deriven de las operaciones de la empresa mixta. Es este el ideal máximo de una empresa, un capitalismo sin riesgo, y sin incentivo alguno para cumplir con las normas legales del país donde operan. El Estado se compromete a asumir y pagar todas las consecuencias.
Como parte de su interés complacer a sus accionistas y atraer nuevos inversionistas, la empresa afirma que:
El proyecto combinado Brisas Cristinas, un depósito de oro y cobre ubicado en distrito minero kilómetro 88 del estado Bolívar en el sureste de Venezuela, cuando se construya, se prevé que sea la mayor mina de oro en América del Sur y una de las más grandes del mundo.
El boletín de la Gold Reserve concluye con una declaración de Doug Belanger, presidente de la empresa que dice lo siguiente: _En nombre de los accionistas y las partes interesadas están muy contentos de resolver nuestra disputa con Venezuela. Este acuerdo permite que procedamos con la tremenda oportunidad para la Compañía y para Venezuela de desarrollar en forma conjunta el depósito de oro y cobre Brisas Cristinas, a la vez que proporciona a Venezuela una gran oportunidad para atraer nuevas inversiones extranjeras directas debido al conjunto de políticas y reglamentos aprobados por el gobierno para la industria minera. Esto se transformará en sólido crecimiento económico de Venezuela y en la expansión de una nueva industria complementaria a la existente industria petrolera de la República. Después de la recepción de la indemnización y liquidación de la totalidad de las obligaciones financieras de la empresa, una mayoría sustancial de los ingresos netos relacionados con la indemnización y la venta de datos técnicos de minería está previsto que sean distribuidos a nuestros accionistas.
De esta declaración es importante destacar lo siguiente: proporciona a Venezuela una gran oportunidad para atraer nuevas inversiones extranjeras directas debido al conjunto de políticas y reglamentos aprobados por el gobierno para la industria minera.
Aquí está claramente por lo menos parte de la explicación de por qué el gobierno venezolano ha decidido entrar en un convenio tan leonino y tan perjudicial para la nación como el firmado con esta empresa. El conjunto de políticas y reglamentos aprobados por el gobierno para la industria minera (esto es el control militar y la suspensión preventiva de garantías constitucionales en el territorio minero, así como la clara violación del derecho a la consulta previa e informada a los pueblos indígenas), por un lado y fiel cumplimiento con las exigencias del CIADI fueron consideradas por el gobierno como condiciones sin las cuales no podría aspirar a generar la requerida confianza entre los inversionistas extranjeros, condición necesaria para atraer las ansiadas inversiones de las corporaciones mineras transnacionales.
En un ambiente de tan generalizada corrupción ¿existirán algunos incentivos adicionales para que los altos funcionaros de este gobierno auto-denominado como revolucionarios considerasen conveniente la firma de este convenio?
¿Qué pasó con la soberanía? ¿Con el anti-imperialismo?
La Gold Reserve es una pequeña empresa de exploración que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto como empresa de capital de riesgo, registrada bajo la denominación de Aventure capital@. Como otras empresas de su tipo, su fuente principal de ganancias no está en la actividad productiva sino en la especulación.
Nosotros, integrantes de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, no tenemos por los momentos forma de saber hasta que punto el comunicado público de la Gold Reserve es fiel al contenido del acuerdo al cual se llegó con el gobierno venezolano. Si el gobierno llegase a considerar como incorrecta esta información, en lugar de desmentir su contenido, tiene la obligación de difundir ampliamente los documentos de los acuerdos suscritos.
Caracas 15 de agosto 2016

La nota de prensa semanal
Para el 1 de septiembre de este año las fuerzas democráticas venezolanas han convocado a lo que han denominado la Toma de Caracas, calificativo que demuestra el grado de penetración belicista que ha sufrido nuestro lenguaje, y que en realidad en su intención merece algo más acorde con el propósito y las posibilidades reales; algo así como ¡Nos vemos en Caracas! o ¡En Caracas es la cosa!, parafraseando parcialmente un anuncio propagandístico que algunos recordamos.
Y he aquí el centro de la cuestión; vamos a Caracas sin ningún otro propósito que el de ratificar, abierta y sin dejar ninguna duda, que queremos el cambio constitucional del gobierno actual y que en ese camino, habiendo cumplido ampliamente requisitos y sorteado con esfuerzo dificultades “sobrevenidamente planificadas”, tenemos el derecho legal a solicitar se nos señale, claramente y sin subterfugios lingüísticos, la fecha en la que se nos llamará a ejercer el derecho a solicitar formalmente el Referendo Revocatorio Presidencial, recogiendo al menos el 20 % de las firmas de los incluidos en el registro electoral vigente, así como el cronograma completo de dicho proceso revocatorio, de manera de que explícitamente quede establecido en el mismo, el día en el que seremos convocados a decidir, mediante sufragio directo y secreto, la separación del actual presidente de su cargo y la convocatoria, en 30 días, a la elección constitucional de su sucesor.
Son tantas y tan obvias las razones para revocar al presidente y por ende a su entorno, que una inmensa mayoría de los venezolanos de distintas creencias políticas, según todos los estudios de opinión, considera que él y su incapacidad para fijar políticas coherentes, han conducido al país a su peor momento social, económico y político, siendo la única causa para ello la imposición de criterios basados en “como a nosotros nos parece” sobre recomendaciones técnicas provenientes de todos los sectores, inclusive de algunos que alguna vez los acompañaron.
La escasez de alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad, la inflación acelerada generada por la misma escasez y la emisión de moneda sin respaldo, la violencia que campea sin restricciones y de la que no se salva nadie, y la falta de oportunidades de trabajo productivo formal son las características más resaltantes de un sistema que se derrumba día a día, con el lastre que le aporta la corrupción y la impunidad.
Cómo llegar a Caracas depende de las posibilidades de cada quién; unos lo harán por medios propios y otros recurrirán al transporte ofrecido por terceros, debiendo estar preparados para todo tipo de interferencias y ante ellas, tener respuestas inteligentes y pacíficas. Pensar en requisas, trancas, desvíos o vehículos “accidentados” promovidos por los oficialistas es fundado, pero aceptar que los paisajes hasta Caracas desde los diferentes rincones del país, merecen ser observados con detalle y alegría es un aliciente no descartable y si nos vemos obligados a parar nuestra marcha, desde ese sitio aprovecharemos la oportunidad de apreciar nuestra diversidad natural, siendo recomendable tener para acompañar estos momentos, agua u otras cosas que podamos conseguir o pagar con nuestros “verdaderamente escuálidos” sueldos o pensiones.
Por lo dicho y por lo que adicionalmente pudiésemos añadir cada uno de nosotros, el llamado a encontrarnos en Caracas no tiene equívocos, ni es parte de una agenda oculta. Queremos utilizar la opción constitucional de revocar a un mal presidente, queremos hacerlo lo más pronto posible y para ello nos asiste la ley suprema de la república.
Aragua en Red se mantiene en la Ruta Democrática 2016, demandando el Revocatorio Presidencial y las elecciones de gobernadores y legisladores estadales que estipula la constitución nacional. Por ello vamos, e invitamos a ir a Caracas el 1 de septiembre como expresión pacífica de nuestro sentir ciudadano.

Las Asociaciones Civiles que abajo suscribimos este documento, se dirigen a usted, muy respetuosamente, como Secretario General de la Unión de Naciones de Suramérica, Unasur, en ocasión de haber transcurrido más de dos meses y medio (2 ½) desde que le entregó al Presidente Nicolás Maduro un conjunto de propuestas para que el país pudiera salir de la grave crisis económica que actualmente agobia a la población venezolana, por la cual hoy millones de venezolanos pasan hambre, no consiguen los medicamentos para sus enfermedades agudas y crónicas, y sufren penurias de todo tipo.
En rueda de prensa el 10 de junio del año en curso, usted informó que UNASUR conformó una “comisión de expertos y técnicos” quienes hicieron previamente un “diagnóstico”, y elaboraron un conjunto de políticas públicas en economía que pusieron a la orden del gobierno nacional, trabajo coordinado por el Sr. Leonel Fernández, ex-Presidente de la República Dominicana. Ante los periodistas, ambos señalaron lo siguiente: “Hay un sistema múltiple de tasas de cambio en Venezuela, la idea es que pueda haber una sincerización cambiaria, (…) pueda sustituirse por un sistema único flotante de tasas de cambio.”; (…) “No se está hablando de una devaluación (…) “Hemos discutido con el Gobierno algunas vías de cómo rápidamente lograr reabastecer los anaqueles de los establecimientos comerciales con alimentos y medicamentos (…)”.
Sobre los contenidos de esa rueda de prensa, realizada en presencia del Vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, le expresamos los siguientes criterios:
1.- Después de más de setenta y cinco días (75), y en medio de una profunda crisis económica, sin precedentes, el Gobierno del Sr. Nicolás Maduro, destinatario de la propuesta de Unasur, no ha dicho absolutamente nada sobre las ideas sugeridas. Esto demuestra, una vez más, la irresponsabilidad de quien lleva la primera magistratura del país, y de su gobierno, y de la importancia que le atribuye a lo propuesto.
2.- La política económica que adelanta el Gobierno Nacional se caracteriza por contradecir todo lo propuesto por Unasur, con cambios frecuentes de Ministros de Economía, tres (03) en lo que va de año, con marchas y contramarchas continuas, siendo el resultado: la persistencia del sistema de cambio múltiple; un brutal proceso de devaluación, el más grande de la historia del país; la mayor inflación del mundo, generando un proceso galopante de empobrecimiento de la población, indetenible e inocultable. Además, la distribución de los alimentos, responsabilidad del sector privado en todas partes del mundo moderno, corre por cuenta de los “Comités Locales de Abastecimiento y producción”, CLAP, organizaciones integradas por dirigentes del partido y del gobierno. "En los Clap no puede haber escuálidos”, afirmó una dirigente fundamental del oficialismo.
3.- Lo cierto, es que tras el discurso reiterativo del “socialismo del siglo XXI”, el sector privado tiene un rol muy secundario, siendo las “empresas de producción social”, no privadas y dependientes del gobierno, las que tienen papel fundamental en la economía. Esto se pu ede constatar en el denominado “plan de la patria”, visión de mundo del oficialismo. Por tal concepción, han expropiado numerosas empresas productivas del campo y la ciudad, muchas veces sin compensación alguna, cambiando o violando continuamente las normas vigentes en ese campo, estableciendo un draconiano control de precios que impide cubrir adecuadamente los costos de producir, distribuir y comercializar bienes y servicios. Además, han colonizado al Banco Central, y ocultado información relevante. Medidas que no tienen nada que ver con el socialismo moderno, por cierto.
4.- Nos han parecido muy interesantes y pertinentes las propuestas económicas entregadas por usted al Presidente Maduro, a nombre de Unasur. Ideas similares han sido esbozadas en diversos momentos, desde hace muchos años, por integrantes de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, especialistas de las universidades, representantes del empresariado, del mundo sindical, individualidades de la Economía, líderes de la oposición, y más recientemente por la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, con las variantes y los matices del caso. Pero las respuestas del gobierno han oscilado entre el silencio y la indiferencia, o la descalificación de todo tipo, en muchas ocasiones, cargadas de expresiones totalmente ofensivas.
5.- La falta de voluntad del Gobierno por cambiar el rumbo que tanto daño le ha hecho al país, se evidencia, además, al mantener el “Decreto de Emergencia Económica”, con los mismos lineamientos equivocados que son génesis del infierno que padecen los venezolanos. Tamaña irresponsabilidad resulta incomprensible.
Para finalizar, agradecemos el esfuerzo realizado por Unasur y lamentamos que la experticia del Foro Sudamericano no haya sido debidamente tomada en cuenta. Hubiera sido de mucho provecho que hubiéramos tenido un intercambio de ideas con usted y sus expertos económicos, mucho mejor aún si el dialogo se hubiera producido con los actores institucionales de la Economía señalados con anterioridad.
Sin más que agregar, quedamos de usted, atentamente:
En Caracas, a los 24 días del mes de agosto de 2.016

Organización

Nombre

Aragua En Red

Lester López

Aragua Sin Miedo

Edgar Capriles

Ciudadanía Activa

Valentina Sánchez

Foro Cambio Democrático

Rafael Curvelo

La agricultura es la cenicienta de nuestra economía. Hasta 1925 las exportaciones agrícolas, básicamente café y cacao, fueron nuestra principal fuente de divisas. Antes de esa fecha, la información técnica sobre prácticas agronómicas era escasa. Por ello la producción por unidad de superficie era muy baja. Ya bien entrado el siglo XX, gracias a la investigación se produjeron grandes avances a nivel mundial, pero nuestra agricultura sigue siendo la cenicienta en busca de políticas agrícolas de largo plazo que permitan aumentar la producción, la productividad y mejorar la calidad de vida en el medio rural.
Hemos tenido buenos agricultores y ganaderos y excelentes profesionales del agro. Nuestros centros de enseñanza e investigación han generado valiosa información. Ocasionalmente se han logrado importantes avances de la producción y de la productividad, pero con fluctuaciones que han impedido un desarrollo sustentable. Algunos atribuyen al petróleo la causa de que la agricultura no progrese o lo haga con altibajos. Ello no es cierto y las estadísticas al respecto son claras. Sin embargo, es notorio que la sobrevaluación de nuestra moneda, a causa del ingreso petrolero, favorece las importaciones.
El problema básicamente radica en que el hombre de la ciudad no entiende la complejidad y los riesgos del negocio agrícola y ello se refleja en la falta de apoyo sostenido al sector. Algunos alegarán que la agricultura ha tenido subsidios al crédito, a insumos como los fertilizantes, políticas de contingentar mediante las cuales solo se permitía importar rubros cuando estaba garantizada la colocación de la cosecha nacional, y precios por encima de los vigentes en el mercado mundial. Ello es cierto, pero en forma indiscriminada, esporádica, a veces contraproducente, a destiempo y sin un plan coherente.
Desde que están los rojos en el poder, con la excepción del ministro J.J. Montilla, la cartera de Agricultura ha sido ocupada por ineptos. Invasión de fincas en producción, inseguridad jurídica y personal, escasez de insumos, infraestructura rural deteriorada, fijación de precios por debajo del costo de producción, debilitamiento de la enseñanza y la investigación por falta de presupuesto adecuado, desaparición de la asistencia técnica inciden en el deterioro del sector, con avances en solo unos pocos rubros y gracias al esfuerzo de los agricultores.
Al respecto recomendamos la lectura del libro del distinguido colega Pedro Raúl Solórzano, titulado ¨Recuperación de la agricultura venezolana post socialismo del siglo XXI¨, disponible en Amazon. Con la autoridad de su gran experiencia, Solórzano plantea no solo los problemas, sino que realiza valiosos aportes para la recuperación de nuestra agricultura vegetal.
Este autor narra la problemática actual y posibles soluciones en cuanto a inseguridad, disponibilidad de suelos y aguas, infraestructura rural, maquinarias y equipos, insumos para la producción, educación, investigación, extensión y asistencia técnica. Además aborda la producción de arroz, maíz, sorgo, girasol, soya y caña de azúcar.
Es importante mencionar que en el pasado el sector privado realizó importantes aportes al desarrollo de algunos rubros. En el caso del sorgo, Solórzano destaca los logros de Protinal en la investigación de híbridos.
De mi parte añado que los estados llaneros están en deuda con don Eugenio Mendoza, ya que gracias a ese cultivo la ganadería pasó de trashumante a sedentaria. En soya hay que tener presente el impulso dado por la Fundación Polar, ahora Fundación Danac del mismo grupo. En maíz por Foremaíz y en cítricos y uva por las asociaciones de productores. En cuanto a investigación aplicada a nivel de finca y asistencia técnica, me permito recordar al Servicio Shell Para el Agricultor, devenido en Fusagri, que dio un aporte fundamental a la producción de hortalizas y control de malezas, plagas y enfermedades. Palmaven, filial de Pdvsa, también realizó aportes al agro conjuntamente con el sector privado.
Felicitamos a Pedro Raúl e instamos al sector político a leer su libro, del cual pueden extraer información para el Plan que deben elaborar para recuperar nuestra economía.
Como (había) en botica:
Con gran pesadumbre recibí la noticia del fallecimiento del ingeniero agrónomo JJ. Cabrera Malo. Profesional de primera y gran venezolano que logró la titánica tarea de poblar de pinos las sabanas de Uverito en Monagas, que constituyen la siembra forestal más extensa del mundo, unas 500.000 hectáreas, de las cuales los rojos han permitido que se queme un 10%, según información recogida por Bocaranda. Además, el Dr, Cabrera era un caballero a carta cabal y llegó a ser ministro del Ambiente. La Sala Inconstitucional actuó como de costumbre. Repudiamos la agresión de un efectivo de la Guardia Nacional a Antonieta Mendoza de López. A Yulimar Rojas, medalla de plata, se sumaron con bronce Stefany Hernández en BMX y Yoel Finol en boxeo. Felicitaciones a los tres. ¡A marchar este 1 de setiembre para exigir revocatorio y elecciones regionales este año! ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com

Una ideología es una representación simplificada del mundo, cuya visión es sesgada en función de favorecer o promover el usufructo del poder de determinado grupo o grupos social(es). Se nutre de percepciones, creencias y valores relevantes para la población, que pueden dar pie a mitos fundacionales acerca de la verdadera identidad de un pueblo, esbozada en unos orígenes épicos que forjaron sus virtudes y fortalezas. Ello suele sintetizarse en símbolos maniqueos que sirven de referentes para interpretar el acontecer social y político. Vale señalar que toda ideología asume de manera explícita o encubierta un posicionamiento moralista ante los dilemas o escogencias que enfrentan los individuos o colectivos, que sirve de guía para distinguir opciones correctas de aquellas consideradas equivocadas, lo bueno de lo malo. Este forjamiento ideológico reemplaza percepciones (más o menos) objetivas del entorno social con una falsa realidad que augura seguridad en un futuro providencial para aquellos que lo asumen. En general, las ideologías suelen filtrar los hechos, con lo que se interponen a un discernimiento más realista de los fenómenos sociales y políticos.
Una ideología no es un cuerpo de ideas propenso a ser validado mediante su contrastación empírica, pero suele ser considerada por sus partidarios como una representación verídica del mundo. El ejemplo más notorio es el del comunismo, que alega fundamentarse en una teoría pretendidamente científica del cambio social desarrollada por Carlos Marx. En otros casos las ideologías se basan en verdades reveladas que son tomadas como dadas y, por tanto, no están sujetas a cuestionamiento. En el caso de las religiones, se trata simplemente de profesar fe en verdades atribuidas a divinidades o a las acciones de éstas, plasmadas en alguna liturgia o texto sagrado. Si bien la separación de Iglesia y Estado en el mundo occidental ha descargado en gran medida su influencia sobre la conducción del poder, ello es algo recién.
El régimen bolivariano
La ideología ha sido decisiva para la entronización de la llamada “revolución bolivariana”. Un ideario ultra nacionalista, que elevó el culto a Bolívar -tan presente en el país- a una bandera de lucha contra quienes supuestamente traicionaron sus postulados, contribuyó a enterrar la legitimidad de los partidos que se habían alternado en el poder desde 1959. Se nutrió del resentimiento generado por la incapacidad de éstos de cumplir, luego de la década de los ’70, con sus propias promesas de justicia social. La refundación de la Patria bajo el imaginario “Bolivariano” insufló la ilusión de muchos de que alcanzarían anhelos largamente postergados con el desalojo de adecos y copeyanos del poder, rescatando así el legado del héroe. Hugo Chávez se erigió en el “profeta” de tal mandato.
Pero destruidas las bases políticas del contrato social inspiradas en la “siembra del petróleo”, había que construir uno nuevo. En ello fue de gran utilidad la asimilación de categorías discursivas comunistoides que proveyeron una simbología maniquea a la medida de las expectativas populistas prevalecientes en el país. Los culpables de la pobreza serían ahora los capitalistas, sus protectores imperialistas y sus agentes políticos, tildados todos como de “ultraderecha” y opuestos, por ende, al “progreso de los pueblos”. La razón o supremacía moral descansaría por antonomasia en la “izquierda socialista”, campeona del pueblo. Armado de esta mitología, Chávez procedió a destruir la institucionalidad asociada a la democracia representativa, pero cuidándose de profundizar el tutelaje del Estado sobre las actividades económicas que heredó de sus antecesores.
El comunismo, como proyecto de sociedad inspirada en el marxismo, es una quimera que dio lugar a los totalitarismos más crueles. Pero su asociación con el historial de luchas de las clases trabajadoras por conquistar derechos laborales y sociales le ha revestido con una aureola justiciera que aun genera réditos para propuestas como las del “socialismo del siglo XXI”. No importa que éste no tuviese nada que ver con la visión productivista con que Marx quiso fundamentar la superación del capitalismo, lo importante para el chavismo fue apertrecharse de categorías con las cuales culpabilizar a quienes se interponían al reparto discrecional de la renta petrolera, verdadero cimiento del proyecto chavista[1]. Con la prédica “socialista” se desmanteló el marco institucional con que la economía de mercado arbitraba transacciones entre privados, de éstos con el Estado y para asignar recursos, para reemplazarlo con decisiones del líder indiscutido, tomadas a discreción.
Una nueva oligarquía
Los criterios de asignación descansarían ahora en la lealtad para con los preceptos “revolucionarios” pero, sobre todo, con quienes pretendidamente encarnaban éstos. La fijación de precios y el cúmulo de regulaciones y controles manejados por funcionarios públicos, así como la “custodia” del cumplimiento de esta normativa asignada a la Guardia Nacional, abrieron oportunidades inauditas para el lucro a través de la extorsión, el desvío de recursos, contrataciones fantasmas, comisiones, ventas al extranjero y sobreprecios, que fueron aprovechadas ante el marginamiento del mercado. El abundante ingreso petrolero cobijó el costo de tales extravíos, no obstante su impacto destructivo sobre la producción nacional. La prédica “socialista” fue un artificio invalorable para la centralización del poder en manos de Chávez y de sus acólitos. Sirvió para legitimar un sistema de usufructo de la riqueza social que ha dado lugar a una dinámica de acumulación estrechamente vinculada a la estructura de ese poder, al margen de lo pautado en nuestra Carta Magna, y de la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Ungido de consignas anticapitalistas, el designio “socialista” encubrió la entronización de verdaderas mafias delictivas en los organismos públicos o en negociados con éstos. Con la disolución del Estado de Derecho se instaló un Estado Patrimonialista que privatizó en manos de los autoproclamados “revolucionarios” el patrimonio público. Entre muchísimos ejemplos, está la afrenta que representó para los venezolanos que padecen severamente la ausencia de divisas, el regalo “personal” de Maduro a Fidel, llevándole una comitiva de 80 personas para celebrar sus 90 años a un costo de unos $400.000 que, claro está, no son suyos. Pero la ideología trastoca afrentas como ésta en apologías al socialismo y loas a sus esfuerzos por evitar que el pueblo sucumba ante los embates de una supuesta “guerra económica” librada contra él. Así, con el mayor desparpajo, el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, afirmó hace poco que, si no fuera por la Agenda Económica Bolivariana, la pobreza sería del 88% (¡!).
El problema para los oligarcas que controlan actualmente el poder, es que el proyecto chavista ha perdido su atractivo para la población. Ésta percibe de manera cada vez más diáfana la impostura de quienes pregonan ser “socialistas” mientras abusan del poder para expoliar la riqueza social, generando gran penuria para el resto de los venezolanos. Pero aunque el liderazgo chavista se sabe desenmascarado, no abandona sus poses. Desprovistos de apoyo social y político, busca recomponer rápidamente sus bases de sustento para no ser desplazado del poder. Y para esto sigue siendo de gran utilidad la ideología, pues su prédica extrema y reiterada genera fanatismos.
Las posturas destempladas de Maduro, Cabello y otros, a pesar de enajenar la voluntad mayoritaria, acentúan los resortes de lealtad y de “compromiso revolucionario” de la reducida secta que todavía comulga con esas ideas. Y son las instituciones del Estado, pobladas por el chavo-madurismo de fanáticos, el único apoyo que les queda. La obnubilación que resulta de asumir posturas ideológicas radicales permite escamotear la realidad y sustituirla por ficciones compartidas que “relativizan” los desafueros que se cometen, tranquilizando conciencias en nombre de la “revolución”. De ahí la liberalidad con que Maduro y los suyos cometen toda suerte de delitos contra la cosa pública y contra el ordenamiento jurídico formal, porque cuentan con la anuencia (complicidad) del tsj y de otras instancias de poder. Apropian créditos adicionales y subastan recursos mineros sin la aprobación de la Asamblea Nacional, violan el mandato popular al pretender invalidar los diputados de Amazonas, atentan contra la democracia y la Constitución obstaculizando con artimañas la realización del Referendo Revocatorio, amparan a quienes son señalados de narcotráfico y de otros crímenes. Su preocupación no es convencer al país –que ya saben en su contra-, sino blindarse entre ellos asegurando que los fanáticos cierren filas dócilmente en torno a las fechorías cometidas.
La prédica “socialista” terminó abrigando un estado de creciente anomia, sin seguridades, normas ni derechos humanos, para abrigar prácticas depredadoras contra la cosa pública. El Estado de Derecho fue sustituido por el ejercicio arbitrario de la fuerza contra quienes amenazan los privilegios de la oligarquía militar civil, como lo revela la condena de Leopoldo López y otros inocentes. Ésta se refugia en una retórica radical con la pretensión de activar solidaridades automáticas entre la secta que, en diversas instancias, maneja los resortes del poder. De ahí la campaña desaforada de Cabello, cual inquisidor del siglo XXI, para botar a quien no sea “revolucionario” –incondicional- de los organismos públicos y resguardar así los atropellos del poder contra toda vacilación. La amenaza contra la fortaleza asediada de la “revolución” es un argumento predilecto del fasciocomunismo. Están obligados a creer en sus disparates porque de lo contrario se les desmorona el poder. En el centro del precario sustento de Maduro está la disposición de sectores militares encumbrados a convalidar sus atropellos, a quienes procura amarrar con una argamasa de complicidades y una retórica “revolucionaria” que incita a la lealtad con el legado de Chávez. La ideología no ha sido poca cosa en la instalación de la tragedia venezolana, pero agota hoy sus potestades embaucadoras.
Economista, profesor de la UCV
humgarl@gmail.com
[1] “Este es un socialismo petrolero. No se puede concebir el modelo económico que queremos construir en Venezuela si no incluimos la gota petrolera. (…) Con el petróleo haremos la revolución socialista”, declaraciones del presidente Chávez recogidas por el diario, El Nacional, Pág. 4 Nación, 30 07 07.