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Opinión

Nicmer Evans

El odio inoculado por la vulgar y extemporánea aplicación del concepto de la “lucha de clases” hace que hoy todos nos veamos como enemigos por un artilugio conceptual que lo que busca es describir una condición, que entre otras cosas no es estática ni unívoca. El mismo Marx, en una carta a Joseph Weydemeyer fechada el 5 de marzo de 1852, decía:

“No me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica de estas. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar: 1) que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción…”.

Hoy estamos en una fase histórica de desarrollo de la producción distinta a la época de Marx, y aún más, distinta y distante de la época de su texto fundamental El Capital y de su proclama política en El Manifiesto Comunista. En el tiempo, de hecho, se ha comprobado que la vigencia de Marx está en su metodología y su ética, pero que difícilmente podríamos aplicar sus planteamientos como dogmas. Hoy, decir que la lucha de clases conduce a la dictadura del proletariado y que esto llevará a una “abolición de todas las clases” no solo es un buen deseo, sino incluso más utópico que lo planteado por el llamado “socialismo utópico”, que en la práctica era mucho más realista.

Sin embargo, debemos rescatar varios aspectos del planteamiento de Marx para su reinterpretación en la contemporaneidad. Por ejemplo, hoy incluso la “lucha de clases” tiene niveles de respeto y convivencia, no es fratricida ni existencial, tal como pretendieron plantearla algunos extremistas. Porque otro no sea de mi “clase social” esa condición no me faculta para despreciar, segregar, exterminar, y mucho menos se puede justificar que esto sirva como excusa para evadir el debate de las ideas, y aún más cuando la lucha cambia, porque esta gira en torno a confrontar a un enemigo común.

El avance de la democracia como modelo de consenso, sobre el cual las ideologías buscan ser gobierno a través de la persuasión de las mayorías, ha creado un poderoso muro de contención a los extremismos que solo han leído “la dictadura” de la frase planteada por Marx de “la dictadura del proletariado”. Pero aún más, la democracia al final desenmascara a aquellos que en nombre de ella se asumen “puros” e “inmaculados” y creen que “solos” y “con el pueblo” van a poder hacer política con “P” mayúscula, en especial ante un gobierno neototalitario.

Todo este desarrollo viene a tres puntos fundamentales:

• Hoy el conflicto de Venezuela no se resume en un conflicto de clases, en especial porque aquí difícilmente existe una burguesía que enfrentar. Hoy lo único que hay que enfrentar es una cúpula corrupta y neototalitaria.

• Esa cúpula neototalitaria pasó de ser un adversario político para convertirse en un enemigo de aquellos que defendemos, por distintos motivos y en distintas expresiones ideológicas a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, no solo es imperioso, sino urgente dejar el sectarismo infantil y articular tácticamente un frente antitotalitarista.

• Un frente antitotalitarista debe superar el control de otra vieja casta política expresada en la MUD, para convertirse en un espacio despolarizado que avance con un objetivo común: superar el neototalitarismo para la restauración de la vigencia de la Constitución y de la democracia.

Si esto no se logra, nos aplastarán a todos, incluso a aquellos “puros” y “sectarios”.

En lo personal, no me une nada con aquellos que fueron cómplices de un golpe de Estado contra Chávez, pero ante un golpe de Estado contra el pueblo, si debo tácticamente coincidir, me taparé la nariz y recordaré que hoy no es una lucha de clases, es una lucha de supervivencia de todo el pueblo venezolano que no puede vivir de su salario porque un gobierno ha decidido convertirnos a todos en mendigos y él en el único proveedor.

El Nacional

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/carta-abierta-izquierda-d...

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Jesús Elorza G.

Con su pinta dominguera, regresaban a su barrio los diputados comunales recién electos para la Asamblea Constituyente. ¿Cómo les fue? Preguntaban a su paso, todos los panas.

-Del carajo, el acto de juramentación lo hicieron en el Salón Epiléptico del Palacio Legislativo, respondió uno de ellos.

No seas bruto vale, le replicó uno del barrio. Se dice “Heliptico”.

Tú también estas pelao, dijo otro miliciano. Es sin “H”.

-Bueno, es la misma vaina por que la “H” es muda.

Échennos el cuento y déjense de esas correcciones ortográficas que nosotros los entendemos perfectamente.

Así es mi pana. Déjame decirte, que lo primero que ocurrió en ese acto, fue la limpieza de la zona que hizo nuestro camarada Bladimir Lugo en su condición de Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana del Palacio Legislativo. No dejo que ningún oligarca terrorista de la Asamblea Nacional se acercara a menos de 500 metros de donde estábamos nosotros. Y si se les ocurría sabotearnos el acto le íbamos a dar con todo. Bombas, plomo, palos y coñazos pa que sepan quienes mandan en este país.

Luego, con la tranquilidad del caso, al sentirnos protegidos por los camaradas de la guardia, procedimos a nuestro ingreso al Salón…¿cómo es que se dice?...Elíptico sin “H”…le sopló uno de los presentes. El espectáculo fue apoteósico. 545 diputados constituyentistas marchamos hacia el salón portando gigantescas serigrafías de El Bolívar revolucionario con su rostro mulatón y del Difunto Eterno. Una vez instalados, procedimos solemnemente a cambiar los cuadros de Tito Salas por que el Bolívar allí dibujado no representa a nuestra esencia revolucionaria afrodescendiente. Esas pinturas de Salas reflejan a un Bolívar blanquito y de rasgos españoletos.

También, procedimos a cambiar las figuras de Justicia y Libertad, elaboradas por Eloy Palacios, que estaban a la entrada, por las de Maikel Moreno y Cilia Flores.

Nuestra lucha por el cambio revolucionario era indetenible. En el Salón Rojo, sustituimos de inmediato ese libro lleno de polillas “El Acta de Declaración de Independencia” por una combinación revolucionaria de El Árbol de las Tres Raíces y una ramita del Samán de Güere” y en la cúpula oval de ese lugar, donde está representada la Bandera Nacional le colocamos a brochazo limpio la octava estrella.

En el Salón de los Símbolos, nos dejamos de vaina y le enderezamos el pescuezo al caballo del Escudo Nacional.

El camarada Diosdado, anunció ese día que su oficina iba a estar ubicada en el Salón Tríptico, por que históricamente ese sitio era el despacho del Presidente de la Republica. Nos dijo a todos los presentes, que su primera decisión será la de quemar en una hoguera revolucionaria todas las Constituciones Originales de la vida republicana de Venezuela para darle paso a la verdadera y única Constitución Revolucionaria que será la aprobada por la Asamblea Constituyente Comunal. Y que ese cuadrito de Tovar y Tovar, referido a la firma del Acta de Independencia, será sustituido por uno elaborado por Farruco Sesto, en el cual apareceremos los firmantes de la nueva constitución.

Mira pana, disculpa que te interrumpa, pero, en verdad yo creo que todos ustedes estaban era en el Salón Epiléptico…..lo que están es locos e’ bola.

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Hay motivos para estar molestos, pero no pongamos la torta ahora que esta dictadura totalitaria solo cuenta con una pequeña minoría de seguidores y tiene en contra a todos los países democráticos. Abundan los argumentos para no acudir a votar y también para votar. Por ello no es válido descalificar a quienes se inclinan por alguna de las dos opciones. Para decidir es necesario evaluar qué ganamos y qué perdemos.

Argumentos para no votar: 1- Si votamos y ganamos la mayoría de las gobernaciones es seguro que el régimen les quitará atribuciones y las estrangulará no aportándoles los recursos que les corresponden. Es decir, harán lo mismo que le aplicaron a la Alcaldía Mayor y a las gobernaciones de Miranda, Lara y Amazonas. Incluso el atropello puede ir más lejos y sus acólito de la inconstitucional y fraudulenta asamblea constituyente pueden eliminar las gobernaciones. 2- Las rectoras tracaleras del CNE ya se pusieron en evidencia ante el mundo, por lo que no dudarían en cometer otro fraude para que los rojiarcas ganen las gobernaciones más importantes. 3- Si acudimos a votar estaríamos reconociendo la legitimidad del CNE y enfriaríamos las protestas de calle. 4- Con votos no sale una dictadura.

Argumentos para votar: 1- Contar con gobernaciones en manos de los demócratas debilita al régimen y fortalece la lucha en contra del totalitarismo. 2- Aunque se justifica derrocar al régimen por intervención militar, esa opción no está en nuestras manos. Solo contamos con las valientes protestas de los jóvenes que lanzan piedras y queman alguna tanqueta, así como la presencia de ciudadanos de todas las edades en las calles. A cambio quienes protestan reciben balas y cárcel. Los generales Padrino, Reverol, Sergio Rivero, Zavarce y otros están tan embarrados que no les importa seguir ordenando los atropellos y ser alcahuetas de los paramilitares rojos. Las protestas de calle son necesarias pero no son suficientes para salir del régimen y no es fácil mantenerlas indefinidamente.

Conclusiones:

1- Los argumentos a favor y en contra de votar en las regionales tienen sustento. A los políticos les corresponde evaluar qué ganamos y qué perdemos. Para ello deben tomar en cuenta el interés nacional, el rechazo al régimen y la necesidad de salir del mismo lo antes posible para frenar el deterioro del país. La decisión debe ser de la MUD. Ramos Allup se adelantó, quizá para precipitar una decisión favorable a votar.

2- Si no votamos perdemos la oportunidad de ganar algo. Si votamos y nos quitan el triunfo o le quitan competencias a las gobernaciones no perdemos nada que ya no hayamos perdido. Quienes pueden ser afectados son los candidatos electos, los cuales pueden ir a la cárcel por cualquier excusa. No es cierto que las tracaleras del CNE se pueden salir siempre con las suyas. Está demostrado que cuando se es mayoría abrumadora y se cuenta con testigos eficientes, no pueden hacer trampas. Las parlamentarias las ganamos por esfuerzo propio y no porque la Fuerza Armada nos apoyó. Sin embargo, hay que estar conscientes de que en una próxima elección las tramposas rectoras estarán todavía más dispuestas a seguir enlodándose.

3- Los países democráticos seguramente entienden que votar es nuestro punto fuerte. El que sea con un CNE tracalero no significa que se reconozca su legitimidad., al igual que cuando nos vemos obligados a pagar un rescate no significa que avalamos la acción de los delincuentes. En el 2005 nos abstuvimos pensando en deslegitimar al CNE y porque la dirigencia estaba convencida de que no podíamos obtener sino una docena de diputados. Hoy somos abrumadora mayoría y muchos estamos consciente de que nada logramos con la abstención. Criticar a los dirigentes que no han apoyado la creación de un gobierno paralelo, es no entender que eso sería rechazado por los gobiernos que hoy nos apoyan. Nuestra fortaleza es aferrarnos a la Constitución. Un gobierno de transición es posible y deseable, pero solo es viable por acuerdo entre las partes. Sería positivo que la MUD proponga un candidato de consenso como abanderado de esta lucha.

4- La espuria constituyente le dará más poder al régimen, terminará de anular a la Asamblea Nacional e intentará que no haya elección presidencial, por eso decidieron que estará activa durante dos años. Solo con las protestas de calle no cae ninguna dictadura, a menos que las mismas sean masivas y no pacíficas y que la fuerza armada decida no reprimirlas. La lucha por la democracia puede prolongarse, aunque no es descartable un hecho inédito. Requerimos votar, seguir con las protestas y tender puentes con quienes hasta hace poco han apoyado al régimen. No pongamos la torta ahora que la civilización se está imponiendo sobre la barbarie.

Como (había) en botica:

Nuestra solidaridad con los Magistrados del TSJ electos por la Asamblea Nacional, entre ellos la doctora Elenis Rodríguez, con los alcaldes Gustavo Marcano y Alfredo Ramos, y con la Fiscal General. La luchadora Rocio San Miguel se precipitó al twittear que lo de la Brigada 41 era un falso positivo, pero ello no es motivo para descalificarla ¡No más prisioneros políticos, ni exiliado!

eddiearamirez@hotmail.com

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Sirlene Araujo. Vidaagro

“Lo que se vislumbra es más decepción y fracaso, menos producción, menos justicia agraria”, sostuvo el ingeniero agrónomo, experto en Economía Agrícola y Derecho Internacional Económico, quien reconoció no ser “nada optimista” sobre lo que le depara al agro venezolano, tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 5 de agosto.

“Si la orientación de la Asamblea Nacional Constituyente es a la colectivización de las tierras productivas, arrastrará consecuencias indeseables (…) Ojalá me equivoque, porque en este caso sería una equivocación que aceptaría con gusto por el bien de nuestra Nación”, enfatizó el doctorando en Derecho.

-Profesor, ¿cuál es su análisis de lo que le espera al sector agroalimentario venezolano tras la aprobación de la Constituyente que planea entre otras acciones ir a la Propiedad Social o Comunal?

-No soy nada optimista al respecto ya que tanto el proponente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuya convocatoria por cierto fue hecha al margen de lo estipulado en la propia Constitución, como quienes salieron elegidos, ni conocen el tema, ni tienen una trayectoria de logros en el sector agroalimentario, sino todo lo contrario. Si algún fracaso histórico tiene en su haber la propiedad comunal, tomando el ejemplo de la pregunta, es en relación con la agricultura. La propiedad comunal donde quiera que se ha probado, en la Rusia de Stalin, en la China de Mao, en la Cuba de Castro o en México, para utilizar una evidencia de un país no comunista, fracasó rotundamente.La revolución mexicana, agraria en su origen, impuso la propiedad ejidal de tipo comunal en la Constitución de Querétaro en 1917. Dado el evidente fracaso, luego de 75 años, el gobierno mexicano modificó en 1992 la estipulación constitucional y así abrir las posibilidades productivas a las iniciativas particulares y asociativas, de tipo privado.

Si la orientación que llevará la ANC es la profundización de la estatización o de la colectivización de las tierras productivas, no me cabe la menor duda que se afianzará la tendencia de los últimos años, en la que ha disminuido sostenidamente la producción interna y se depende más de las importaciones. Todo ello arrastrará a su vez, consecuencias indeseables, como la migración del campo a las ciudades, desempleo rural, debilitamiento de las regiones y así, consecuentemente. Ojalá me equivoque, porque en este caso sería una equivocación que aceptaría con gusto por el bien de nuestra Nación.

-¿Usted ve una nueva oleada de expropiaciones e incluso una reforma agraria?

Prefiero no adivinar. En caso de un escenario como el que me plantea y dado los antecedentes muy negativos que ha traído para el sector rural y productivo la mala aplicación de las expropiaciones, hechas al margen de los principios constitucionales, agrarios y de la propia Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública y Social, con un sentido de venganza y no de justicia, con sentido político partidista y no del derecho, lo que se vislumbra es más decepción y fracaso, menos producción, menos justicia agraria. Lo mismo le diría de las nacionalizaciones o estatización de empresas, que siendo privadas y estando funcionando, generando empleos, producción y pagando impuestos, al caer bajo gestión estatal, han fracasado. Es importante señalar, que la institución de la expropiación es garantía de la propiedad privada y no un ataque a esta garantía constitucional. Las expropiaciones son necesarias solo cuando hay una verdadera causa de utilidad pública y deben ser indemnizadas las propiedades expropiadas tal como establece la constitución y la ley, respetando al expropiado, el debido proceso judicial.

-¿Vamos a una cubanización de la agricultura?

-Vuelvo a responder que prefiero no adivinar porque no es propio de ninguna ciencia y menos de las ciencias sociales adivinar, sino trabajar con escenarios o simular con modelos. De darse tal escenario y suponiendo que “cubanizar la agricultura” se refiera a colectivizar el campo y planificarlo dirigidamente desde el Estado, eso, además de antihistórico, sería un gran fracaso, sin duda. Es justo señalar, también, que la República de Cuba, viene de regreso de su colectivismo extremo en el campo, con cierta apertura hacia formas pequeñas de propiedad privada y cooperativismo que, como era de esperarse, les ha dado mejor resultado que la estatización de tipo comunista que ha hecho de Cuba, un país que, a pesar de los recursos naturales que tiene, vive de la ayuda internacional subsidiada, pero sobre todo de las remesas que los nacionales migrados al Estado de la Florida y sus descendientes, en EUA, envían a sus compatriotas de la isla. Esa es la principal fuente de ingreso de Cuba, puede usted creerlo; y también el turismo extranjero de tipo capitalista.

-¿Usted cree que la sentencia del agro venezolano fue la Ley de Tierras promulgada por Hugo Chávez en el año 2001? ¿O cuál hito considera usted que marcó el agro criollo?

-Más que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario promulgada en 2001, en el marco de poderes habilitantes, reformada parcialmente para peor en 2005 y 2010, ha sido una filosofía agraria equivocada, trasnochada, absolutamente a contracorriente del mundo moderno, lo que hizo el peor daño al agro. El finado presidente Chávez pensó que la Venezuela del siglo XX e inicios del siglo XXI era la del siglo XIX, con oligarquías terratenientes. Partió de un falso supuesto, pensando que el latifundio era el gran problema de la tierra en 2001, y ciertamente, sin dejar de reconocer que este ha podido ser un factor a reformar, nada más alejado de la verdad. El problema agrario hoy en Venezuela y desde hace un tiempo ya, es por una parte, la baja productividad de la tierra, en el marco de una economía rentista, la incapacidad de conformar una agricultura moderna y competitiva e insertarla en la economía con influencia fuertemente petrolera. Por otra parte, se ha debido regularizar la tenencia de la tierra, hay mucha precariedad de la titularidad aún hoy y más en la actualidad.

Esto incluye tanto a los campesinos y campesinas, como a los pequeños, medianos y grandes productores. Además la Constitución de 1999 en su artículo 307, marcó una línea que no fue seguida ni por el expresidente Chávez ni por los legisladores…los productores agropecuarios tienen derecho a la propiedad de la tierra. Se privilegiaron otros asuntos y se descuidó el principal. Para agravar las cosas, la política de fijación de precios, mantenida como respuesta estructural y no coyuntural, marcó la debacle de los sistemas productivos, al hacerlos poco o nada rentables, junto a otras leyes anti producción como la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, sin que se lograra aumentar la oferta agrícola ni la inversión para mejorar la productividad. Las leyes son perfectibles, pero peor que leyes malas, es la aplicación de malas leyes, sin que la administración sea capaz de reconocer errores y de rectificar, a pesar de la evidencia en este sentido.

-¿Qué deben hacer los actores del campo para protegerse, qué amparo tienen, cómo se pueden defender en el caso que les quiten sus tierras?

-Están las leyes y los tribunales agrarios. Pero aquí la pregunta es ¿existe estado de derecho y de justicia, para que un productor que se sienta injustamente afectado por un procedimiento irregular del Instituto Nacional de Tierras (Inti), que los ha habido y muchos, pueda demandar la nulidad de ese acto irregular y que le sea admitido y decidido a su favor? Lamento concluir, luego de todos estos años de estudio, análisis e inclusive participación en juicios agrarios, que la respuesta es que no hay tal estado de Derecho. Pero de todas formas, hay que poner a prueba a los operadores de justicia, dejarlos en evidencia, porque la evidencia, que debería ser un factor clave en la decisión de un juez y que muchas veces no lo ha sido, créame que a nivel científico, si que sigue siendo el factor fundamental para el avance de la ciencia. Hay muchos estudios que muestran y demuestran, como los tribunales agrarios han actuado alejados de los principios del derecho y de la justicia agraria. Para muestra el estado del medio rural de nuestro país.

-Desde el punto de vista del Derecho Agrario, ¿qué se ha irrespetado, incumplido?

-Solo por poner un ejemplo concreto. El artículo 22 de la Ley de Tierras vigente señala los principios que deben regir las actuaciones tanto de los tribunales agrarios como de los entes administrativos como el INTI. Allí aparece, por ejemplo, el principio de la seguridad alimentaria. Hoy día luego de 16 años de la promulgación de esta Ley, el país sufre de inseguridad alimentaria. Desabastecimiento, inflación alimentaria, escasez, dependencia de las importaciones. En ese artículo se habla también, aunque parezca insólito, del respeto a la propiedad privada. El INTI tiene una larga lista de intervenciones alejadas de este principio. Otro, el principio de la promoción y protección de la producción nacional, también se ha irrespetado. Hoy día importamos la mayoría de los productos que consumimos, tanto alimentos como materias primas para elaborarlos. Somos menos seguros y menos soberanos como país, desde el punto de vista agroalimentario, puesto que se han irrespetado todos aquellos principios que son garantes de la promoción de una agricultura sustentable, de un desarrollo rural integral y de la seguridad agroalimentaria de la población.

-Nos puede hacer un balance de la agricultura venezolana en los 18 años del chavismo…

-Te doy datos y no opiniones. Venezuela es de lejos, en la actualidad, el país con la inflación alimentaria más alta del mundo. El nivel de escasez de productos básicos alimentarios ha llegado al orden de entre 60%-80 % en algunos rubros, según datos del Banco Central de Venezuela, para 2016. Por cierto, el ente emisor cambió el nombre de esta variable por el de Índice de Percepción de Acaparamiento, una especie de eufemismo estadístico que a los efectos prácticos es lo mismo, escasez de rubros alimenticios por causa de un desabastecimiento crónico. La disponibilidad de insumos, repuestos, maquinarias, agroquímicos, semillas, ha estado severamente comprometida.

La producción cae hasta 50 % en algunos años para ciertos cultivos e importamos rubros que antes exportábamos, como el café. En los términos del artículo 305 constitucional, la seguridad alimentaria está en riesgo severo, puesto que la disponibilidad de alimentos no es ni suficiente, ni estable y el acceso a los mismos, ni es oportuno ni permanente. Los venezolanos tenemos que hacer colas para adquirir la comida, que la venden eventualmente, por cuotas y con marcaje de control por medio de sistemas biométricos. Los estudios nutricionales despiertan señales de alerta. El campo se ha vuelto un sitio muy inseguro, con muchos robos de equipos, secuestros de productores, pago de coimas a funcionarios para comprar protección o de “vacunas” a grupos irregulares para lo mismo, etc. Con estos datos, ahora si puedo dar una opinión: Desafortunadamente, el balance sectorial es muy negativo, ciertamente muy negativo, a pesar de grandes inversiones hechas desde el Estado, que se han perdido la mayor parte de ellas o no han dado los resultados esperados

– ¿Qué opciones hay para salvar la agricultura venezolana?

-Aunque suene a un lugar común, hay que lograr de verdad un acuerdo, sincero, entre el sector productivo, tanto primario como agroindustrial, con el Estado, vale decir aquí con el gobierno y con el sector científico agrario como son las universidades y centros de investigación agrícolas. La producción de alimentos es un hecho social, pero también se rige por leyes científicas y, ciertamente, debe ser un negocio rentable para quien lo lleva adelante. Cuanto más atractivo sea producir, mayor oferta habrá disponible y el problema será más bien regular precios para que no caigan tanto por sí mismos, y no pongan en riesgo la rentabilidad del sector. Pero este problema, el de los excedentes, es más sencillo de resolver. No existe Estado productor eficiente, no la ha habido y seguramente no lo habrá. Mucho menos de tipo comunal, esto es engañar a la población con falsas expectativas. O nos ponemos de acuerdo todos los eslabones de la cadena productiva o seguiremos siendo un país dependiente tanto tecnológicamente como productivamente.

– ¿Usted cree que con este Gobierno se puede lograr de verdad un acuerdo como el que usted señala, visto ya estos 18 años? ¿O solo se logrará este acuerdo con un cambio de Gobierno?

-A juzgar por todo este tiempo y la ideología de esta fallida revolución, la única forma de que se logre un acuerdo es que este gobierno vea de verdad muy en riesgo su permanencia en el poder. Y aun así, sería un acuerdo con pies de barro, porque lo procuraría el gobierno por su propio interés y no del país. El totalitarismo implica que solo vale el que está gobernando. Los demás o se someten o luchan. Yo en lo personal creo que un verdadero acuerdo que saque al agro de su crisis se logrará con el cambio de este gobierno.

7 Agosto, 2017

http://www.vidaagro.com.ve/juan-fernando-marrero-lo-que-se-vislumbra-es-...

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Comenzaron arreguindados de las barandas, se atrevieron incluso a incursionar con morteros, palos y pistolas en mano, agrediendo y revolcando a patadas al diputado Américo De Grazia y han terminado, para asombro de la comunidad internacional, tomando por asalto, mediante un fraude electoral gigantesco, el Salón Elíptico y todas las adyacencias del Palacio Federal Legislativo. Quieren dárselas de herederos del heroico ejercito independentista y no llegan a nivel de montoneras. Son una especie de nuevos corsarios, piratas y filibusteros, quienes para desgracia de nuestra patria y con el apoyo de una élite militar, corrupta y ligada al narcotráfico, están actuando como la propia padilla con sus pranes, carros y sicarios.

La Pandilla Constituyente, después de robarse hasta el último voto de los venezolanos, quienes valientemente se negaron a validarle su fraude, ya se instalaron y en su primer desafuero asaltaron la sede del Ministerio Público, destituyeron a la Fiscal Luisa Ortega Díaz y nombraron en su cargo a este señorito acostumbrado a comportarse como un verdugo contra los jóvenes que protestan con sus escudos de cartón, pero ante las huestes asesinas de la guardia nacional, es todo una flor partida cubierta de botox y músculos sinuosos. También en su primer decreto resuelven dominar por dos años apunta de chuzos y metrallas leguleyas como si Venezuela fuesen las colonias móviles del Dorado.

La Pandilla Constituyente, deshonrando la memoria de los fundadores del Primer Congreso Constituyente del país, como Roscio, Tovar, Ustáriz y Mendoza van camino a disolver la soberana Asamblea Nacional, verdadero epicentro del pluralismo político y de lo que va quedando del régimen democrático destruido por Maduro y sus pandilleros. Desde la primera Constitución de Venezuela, y también de Hispanoamérica, aprobada en 1811 en el transcurrir de nuestra historia se han elaborado veintiséis Constituciones y, en ninguno de sus procesos constituyente hubo tanto desmanes y atropellos a la paz de la república como la producida por estos vándalos que pretenden hacer de cada venezolano su rehén.

La Pandilla Constituyente, comandada por Diosdado, Escarra y Delcy Rodríguez resolvieron como buenos malandrines y bajo la asesoría de la reina de los pranes, robarse y desaparecer todos los expedientes sobre corrupción y violación que hasta el sábado pasado se encontraban en resguardo de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz. Tareck William Saad conocido en los bajos fondos como “Musculin” esta semana con sus carros y luceros se encargará de pisotear la memoria de Fiscales como Cesar Naranjo Osty, José Ramón Medina y la del propio Ramón Escobar Salom, quien tuvo el coraje de mandar a la cárcel a un presidente, por haber sido sujeto de averiguación en delitos contra la cosa pública.

La Pandilla Constituyente, tienen los días contados, pero como reincidentes en los delitos por los cuales se les acusa, están actuando en situación de rehenes; tienen secuestrado al país, no se van a rendir así nomás, porque saben que no tienen escapatoria fácil. Con más de treinta millones de venezolanos secuestrados, el botín saqueado, de nuestras arcas nacionales, en estos 19 años y las burusas que le han quedado de sus negocillos con el narcotráfico, a estos pandilleros les llegará el momento en que entrarán en pánico y comenzarán de verdad a negociar su salida. A la Justicia internacional y al pueblo de Venezuela, les está llegando la hora de saldar cuentas con esta Pandilla Constituyente. Habrá justicia y muy pronto.

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José Rosario Delgado

Dijeron Gardel y Le Pera que 20 años no es nada… Depende, porque los 20 años de este odioso y baboso régimen parece veinte siglos de cansancio y hastío, con un discurso fastidioso, aburrido y monótono, diciendo y repitiendo siempre lo mismo, ha llegado hasta el hartazgo de la más sensata audiencia, aunque algunos se regodean viendo y oyendo la prédica de las más insustanciales sandeces con su inmensa dosis de mentiras y promesas incumplidas e incumplibles.

Desde el inicio mismo de esta una malhadada revolución comenzó el sistemático ataque a la cubana contra Estados Unidos, el imperio yanqui, como responsable de todos los males que teníamos y, lo que es peor, de las tragedias que vendrían por el nefasto desempeño que improvisados y mesiánicos aprendices endosaron a otros la supina irresponsabilidad en ciernes, haciéndoles creer a los incautos que serían los capitalistas e imperialistas yanquis los causantes y culpables de nuestra asomada ruina.

En ninguna cabeza medianamente juiciosa cabía que un país con Pdvsa, quizá la más exitosa y boyante de las empresas del negocio petrolero americano, con gerentes y técnicos digna y decentemente aptos, estaría hoy día destartalado, quebrado y saqueado por una caterva de incapaces que se embolsillaron todos los reales, dieron y repartieron a manos llenas lo que no les pertenece para promover un liderato ramplón y populista que nos convirtió en el hazmerreír del planeta,

Por supuesto, los herederos del legajo de desgracias que vivimos continuaron y repotenciaron el festín sangriento a través de la tortura física y anímica, el hambre y las necesidades para someter a un pueblo que se ha calado todo esto gracias a su nobleza, a su natural y espiritual paciencia, mientras en la calle brega para conseguir, a duras penas, el bocadito de comida y lucha de manera sostenida y pacífica para salir de este gobierno malandro en un Estado forajido.

El gobierno estadounidense nunca le paró ni media bola a las babiecadas que decían o hacían sus marruñecos pares venezolanos, pero todo gobierno de país serio rechaza el colosal fraude prostituyente cometido por el régimen dictatorial contra de la institucionalidad democrática, contra la libertad, contra la Constitución, contra el pueblo venezolano y contra el sistema electoral; claro está, el gobierno norteamericano no podía pelar esta bonita oportunidad de presentarse como defensor de la democracia y acusar a los bandoleros de burlarse de la ciudadanía con esa parodia de asamblea constituyente; o sea, EE UU, como todo el mundo, el Vaticano incluido, sabe que la tiranía cometió una soberana trácala contra la decencia y contra la trácala también está Donald Trump, quien no es ningún angelito y hasta sabe “play trick”…

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El 26 de agosto de 1999, El Universal, informó sobre la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, de un Decreto mediante el cual se suspendieron las sesiones del Congreso de la República de Venezuela y las actividades de casi todas sus comisiones parlamentarias. Esa nota de prensa, firmada por Taynen Hernández y Ernesto Villegas, se tituló: ANC se enfrentó y reguló al Legislativo.

En esa nota se cita al Dr. Allan Brewer Carías cuando, en su condición de constituyente, reclamó que tal medida violentaba las bases comiciales y los propios tratados internacionales vigentes. En ese mismo sentido, Virgilio Ávila Vivas, advirtió que tal medida lo que claramente buscaba era reducir a “cero” al entonces Congreso de la República de Venezuela.

Para Aristóbulo Istúriz, el Congreso de la República, como foro político del país, peligrosamente se convertía en una trinchera para enfrentar las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente y en tal sentido eso no se podía permitir.

El clima de conflictividad aumentó y ello llevó a una reforma de ese Decreto mediante el cual se permitió que la misma Asamblea Nacional Constituyente asumiera todas las funciones del Congreso Nacional, cuando éste, en el marco de sus funciones reguladas, se negare, retardare o intentare incumplir con su tarea. El Universal, en una nota de prensa firmada por Yolanda Valery el 30 de septiembre de 1999, informó de esta reforma bajo el siguiente titular: ANC asumirá toda la función legislativa.

En ese momento, cuando de manera definitiva se concretaba el cierre técnico del Congreso Nacional, éste no había logrado sesionar fuera de la sede parlamentaria, impedido por la formalidad legal y la imposibilidad de acceder a las instalaciones físicas a los fines de autorizar la realización de sesiones fuera de la sede del parlamento.

Para Daniel Córdoba Zerpa, en una crónica publicada en El Universal y fechada el 30 de septiembre, la ciudadanía demostró en ese debate intenso y complejo una gran indiferencia frente a esa situación.

Casi 20 años después, el Poder Legislativo venezolano, ahora con una Asamblea Nacional unicameral, vuelve a estar enfrentado a una Asamblea Nacional Constituyente a la cual ya desconoció formalmente a través de un Acuerdo político aprobado el 1 de agosto de 2017.

Claramente volveremos a reeditar el conflicto político de 1999, brevemente reseñado en las líneas previas, más aún cuando Diosdado Cabello, en declaración registrada por El Nacional y publicada el 12 de julio de 2017, anunció que la Constituyente tendría poderes plenipotenciarios y que ello le permitiría sustituir y asumir las funciones de la Asamblea Nacional, argumentando como excusa que la misma está en desacato.

Hoy no podemos, como sociedad civil, responder ante esa amenaza cierta a que hace mención Diosdado Cabello con la misma indiferencia que se evidenció ante el cierre técnico del Congreso de la República de Venezuela en el año 1999; en especial, porque a diferencia de aquélla experiencia constituyente, ésta no cuenta con la legitimidad suficiente y, menos aún, con respaldo constitucional que valide su existencia y actuación.

El gran desafío de la sociedad civil en estos momentos es cómo asumir de manera concreta y pacífica la defensa activa de la Asamblea Nacional, y cómo acompañar en esa labor cívica a sus representantes políticos. Ellos no pueden quedarse solos, pero también deben asumir que en estos momentos son indispensables en la defensa de la institucionalidad política del país.

Si no somos capaces de defender la institucionalidad política, inspirándonos en los valores, principios y garantías constitucionales, no vamos a poder asumir con éxito cualquier otro reto que se imponga en el campo electoral.

Pero como sociedad no podemos asumir de manera efectiva la defensa activa de la Asamblea Nacional, si no valoramos con objetividad y de manera justa la labor que este Parlamento ha cumplido desde su instalación, en enero 2016, pese a los obstáculos que el régimen desde un inicio le ha impuesto para su efectivo funcionamiento a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Es el momento de valorar que desde enero 2016 la Asamblea Nacional ha debatido políticamente y de manera abierta una cantidad de proyectos de ley que supera a la labor legislativa de los anteriores parlamentos desde el año 2000.

Así mismo, es importante destacar que la Asamblea Nacional ha respetado el orden constitucional y ha logrado sancionar varios de esos proyectos de ley, encontrándose en esa etapa con el obstáculo que el régimen le ha impuesto a través de la Sala Constitucional a los fines de evitar la obligación del Ejecutivo de hacer observaciones o simplemente promulgar la ley sancionada.

Desde el punto de vista político, el régimen inventó el desacato para arrebatarle a la Asamblea Nacional su función de control sobre el presupuesto público y la gestión de gobierno; pero ello no ha impedido que desde el 10 de mayo de 2016, a través de múltiples y diversos Acuerdos, el Parlamento haya asumido su función de representación política a través del rechazo y la denuncia sistemática de la ruptura del orden constitucional y democrático venezolano por parte del Ejecutivo Nacional, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Nacional Electoral.

No hay que perder de vista en la reflexión, que no hay desde el año 2000 una Asamblea Nacional que haya cumplido su función parlamentaria al servicio del país como ésta. El logro de las elecciones parlamentarias del 2015, fue precisamente recuperar al Poder Legislativo, para ponerlo al servicio del país como foro político natural de los asuntos nacionales.

Precisamente como ha sucedido con el intento de solicitar el referendo revocatorio y con la misma elección de gobernadores y legisladores estadales, cada vez que el régimen de Maduro, se enfrenta a la voluntad de un pueblo que responde con su participación efectiva, constitucional y legítima, éste reacciona desconociendo e ignorando la voluntad del pueblo.

Hoy no podemos ser indiferentes ante una realidad que pretende ignorar el voto popular y simplemente anular a través de una ilegítima e inconstitucional Constituyente al único poder político con suficiente legitimidad para enfrentar el desafío que supone el rescate del orden constitucional y democrático en Venezuela.

Frente a esta realidad, es oportuno no olvidar el Acuerdo de la Asamblea Nacional del 25 de octubre de 2016, mediante el cual se declararon en sesión permanente de consulta popular, bien en la sede del propio Parlamento, a través de sus comisiones permanentes o incluso en las comunidades, con la finalidad de impulsar asambleas de ciudadanos, movilizaciones y otras formas de deliberaciones y manifestaciones públicas, que permita junta al pueblo evaluar decisiones que deben ser asumidas ante la ruptura definitiva del orden constitucional concretada con la fraudulenta constituyente.

Pareciera que es el momento para que esas sesiones se efectúen a los fines de articular el esfuerzo necesario en defensa de la institucionalidad y legitimidad de la Asamblea Nacional, y de los principios, valores y garantías constitucionales.

4 de agosto de 2017

PolitiKa UCAB

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