En México hay unas 50 zonas metropolitanas, entre ellas, la Zona Metropolitana de Guadalajara, que según información pública está integrada por 8 municipios, a saber: Zapopan; San Pedro Tlaquepaque; Tonalá; Tlajomulco de Zúñiga; El Salto; Ixtlahuacán de los Membrillos; Juanacatlán y por último, el municipio Guadalajara[1].
La creación de la Zona Metropolitana está fundamentada en la Constitución Política del Estado de Jalisco y se concreta a través de la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco de fecha 2011, con lo cual, se percibe el reconocimiento jurídico y político de las Constituciones Estadales en México, así como también, el rol verdaderamente protagónico de los legisladores estadales en la tarea de ordenar territorialmente el Estado.
Se destaca este ejemplo, porque a diferencia de los mexicanos, en Venezuela, se ignora la existencia de las Constituciones Estadales y se obvia el rol activo de los Poderes Legislativos estadales. Si la voluntad política asumiera responsablemente el modelo Federal y Descentralizado de nuestro Estado, aplicando el artículo 164 que reconoce a los Estados la competencia sobre la organización de sus municipios, demás entidades locales y sobre su división político territorial, claramente la conformación de Distritos Metropolitanos o Áreas Metropolitanas, podrían quedar en manos de las Constituciones Estadales y Leyes Estadales.
El Distrito Metropolitano y las Áreas Metropolitanas, son reconocidos como entidades locales en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y la regulación de los Distritos Metropolitanos en esta ley, resulta más una camisa de fuerza, que un modelo para responder a realidades geográficas distintas que se unen físicamente y requieren coordinación para abordar los desafíos que se les presenta.
En el caso Venezolano el Distrito Metropolitano se asume como una entidad local territorial con personalidad jurídica. Las Áreas Metropolitanas se reconocen en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, como la relación económica, social y física entre dos o más municipios, que previamente les ha obligado a experimentar la figura de las mancomunidades, al menos por dos períodos municipales continuos.
En nuestra Ley se reconoce que el Consejo Legislativo será el responsable de crear legalmente al Distrito Metropolitano y sólo cuando se trata de municipios de dos Estados, es cuando tal función legislativa la asume la Asamblea Nacional; tal vez, en este supuesto, un convenio y la aprobación del mismo por ambos Consejos Legislativo, sería la manera más adecuada de respetar el modelo Federal y reconocer el rol de los Estados y sus instituciones en el orden territorial.
En este caso mexicano, la Ley de Coordinación Metropolitana de Jalisco, señala que el área metropolitana es el centro de población, geográficamente delimitado, asentado en el territorio de dos o más municipios, con una población de cuando menos 50 mil habitantes, declarado oficialmente con ese carácter por decreto del Congreso del Estado, por lo tanto nos identifica que su “acta de nacimiento” por así decirlo es un Decreto del Poder Legislativo estadal.
La Ley mexicana señala que la zona metropolitana debe inspirarse en los principios de respeto a la autonomía municipal; seguido por el sometimiento de los Municipios a la zona metropolitana, pero sólo en aquellas materias que son consideradas metropolitanas por las partes que integran ese espacio geográfico y por último, la búsqueda de consensos a través del diálogo entre municipios y área metropolitana.
En la búsqueda de efectividad en las funciones y servicios municipales, la Ley plantea que son materias de interés público, para efectos de coordinación y asociación metropolitana, las siguientes: a) Planeación del desarrollo sustentable metropolitano; b) Infraestructura metropolitana; c) Realización de funciones y prestación de servicios públicos municipales, en coordinación o asociación metropolitana; se podrán establecer otras materias de interés metropolitanas a través de convenios, que suponen la autorización de los Ayuntamientos.
Esta identificación de los temas metropolitanos o como los llaman en Colombia el “hecho metropolitano”, en el caso de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal e incluso en la Constitución Nacional es inexistente.
Mientras en Venezuela el diseño institucional del llamado Distrito Metropolitano se presenta como una camisa de fuerza en la Ley Orgánica señalada en el párrafo anterior, en Jalisco, la Ley Estadal, plantea el siguiente diseño institucional:
-Junta de Coordinación Metropolitana: reconocida como el órgano colegiado de coordinación política del área metropolitana, integrado por los presidentes municipales y el Gobernador del Estado. Esta Junta tiene además un Secretario Técnico que cumple funciones ejecutivas y quien además es el Director General del Instituto Metropolitano de Planificación.
Claramente es el órgano responsable de garantizar una efectiva coordinación y porque se cumplan los acuerdos metropolitanos.
-Instituto Metropolitano de Planeación: viene a ser la instancia responsable de la elaboración de la propuesta de planeación metropolitana, elaboración de estudios y proyectos. Sus instrumentos y mecanismos están condicionados a la autorización de la Junta de Coordinación y según corresponda a las autoridades municipales integrantes del área metropolitana.
-Consejo Consultivo de Planeación Metropolitana: definido como un órgano colegiado integrado por representantes de los Gobiernos Municipales, del Gobierno del Estado; del Instituto Metropolitano de Planeación, otras dependencias y entidades del Gobierno Federal, Nacional o Internacional, reconocido en la ley como una instancia de apoyo técnico a la Coordinación Metropolitana en planificación, promoción y gestión del desarrollo metropolitano.
Cómo órgano es reconocida su responsabilidad en contribuir una adecuada coordinación intergubernamental para armonizar políticas metropolitanas.
-Consejo Ciudadano Metropolitano: reconocido como el órgano consultivo intermunicipal de participación, honorífico, integrado por ciudadanos representantes de asociaciones vecinales, organizaciones civiles, profesionales, académicas del área metropolitana, al menos dos por municipio. Su función, es realizar y participar en seguimiento, evaluación de asuntos y materias metropolitanas, así como hacer seguimiento y evaluación de asuntos, materias metropolitanas, elaborar emitir, recibir, discutir, organizar y canalizar propuesta de la sociedad civil.
Este Consejo Ciudadano, según su Reglamento interno, se organiza en Pleno, Comisiones especiales, Mesas de trabajo intersectorial o intermunicipal y aquellas otras modalidades que se acuerden según sus normas internas. En su estructura interna tendrá un Presidente electo entre sus miembros, cuya responsabilidad es coordinar las sesiones de trabajo por 6 meses, un Secretario Técnico y vocales.
Este es el espacio para que los ciudadanos se incorporen a los asuntos públicos metropolitanos, en tal sentido el reglamento señala que cada municipio que integra la zona metropolitana, será representado por 2 consejeros ciudadanos en representación de asociaciones vecinales y organizaciones civiles, colegios o asociaciones profesionales, organizaciones del sector privado empresarial e instituciones de educación superior.
Blog: Estado-Ley-Democracia
Entrada: La institucionalidad metropolitana en Mexico, específicamente en el Estado de Jalisco
Enlace: http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2016/08/la-institucionalidad-metropolitana-en.html

Después de la crisis que enfrentó el gobierno de Chávez en el año 2002, los cubanos le sugirieron que invirtiera en programas sociales y alimentarios dirigidos a los sectores de más bajos ingresos; con la finalidad de consolidar allí el piso político del proceso revolucionario que él buscaba promover. Esta estrategia permitió impulsar la base electoral del gobierno y superar los retos electorales que el régimen de Chávez se planteó de allí en adelante.
A partir de ese momento la relación con Cuba se amplió, lo que implicó la incorporación de médicos en ambulatorios ubicados en las barriadas. Funcionarios dedicados a modernizar el sistema nacional de identificación tanto en lo relacionado con la emisión de cedulas de identidad y pasaportes, y el control de estos últimos (extranjería). En algunos ministerios como salud y agricultura la presencia de los cubanos llegó a un nivel en el cual parecían tener más poder que los funcionarios venezolanos. Directivos de la Confederación de Trabajadores de Venezuela han señalado que el sector de petróleo y petroquímica fue totalmente penetrado por el servicio de inteligencia cubano. La nueva policía nacional y las fuerzas armadas adoptaron políticas inspiradas por Cuba. Funcionarios cubanos han desempeñado un rol relevante como asesores de la Academia de Policía, y la doctrina de defensa de Venezuela está basada en la doctrina de Cuba.
Un viejo anhelo de los revolucionarios cubanos desde que llegaron al poder, fue ponerle la mano al petróleo venezolano. Hicieron un intento de invadir Venezuela con la colaboración del movimiento guerrillero que se desarrolló en la década de 1960, pero tal esfuerzo fue infructuoso. En esta oportunidad lo lograron, sin disparar un tiro, gracias a la colaboración del ex presidente Chávez. El apoyo cubano a la revolución bolivariana se retribuía con una cuota de 100.000 barriles diarios, la mitad de los cuales se pagaba en efectivo y el resto a largo plazo a una tasa del 1%.
La relación que se conformó después del año 2002 fue tan estrecha que surgió la idea de fundir los dos proyectos revolucionarios en uno solo. En el año 2005, en una visita de Chávez a Cuba, Fidel Castro le dijo públicamente que los dos países “eran una sola nación”, a lo que Chávez respondió: “con una sola bandera” y su homologo añadió: “nosotros somos venecubanos”. A partir de allí, el término se popularizó y los escribidores comenzaron a denominar el proyecto conjunto de los personajes señalados como Venecuba o Cubazuela. En este contexto, Fidel Castro vio una oportunidad de reeditar en Venezuela el anacrónico modelo cubano de la década de 1960, con el beneplácito de su discípulo venezolano. Es así que siguiendo el viejo libreto de esos años se procedió al hostigamiento al sector privado, la estatización parcial de la economía e implantación de una política del terror para disuadir o destruir la oposición interna.
La colonización de Venezuela por parte del régimen cubano apareció ante los ojos de muchos analistas como algo inédito, pues normalmente es el país más rico el que coloniza al más pobre. Pero en este caso se daba la situación inversa, lo que llevó a plantearse las motivaciones que impulsaban a ambas partes de esta asimétrica sociedad.
De parte de Cuba las razones eran obvias. Desde un inicio los Castro habían transformado a una de las economías más prosperas del Caribe en una economía parasitaria e inviable, por lo que desde los primeros años de la revolución anduvieron a la caza de uno o varios mecenas que los ayudaran a viabilizar su maltrecha criatura. El apoyo externo era necesario, principalmente para aliviar el déficit energético y la carencia de divisas utilizadas para financiar las importaciones. Dichas divisas eran especialmente importantes en el área alimentaria ya que el 75% de la comida era importaba.
Las motivaciones de la parte venezolana eran menos obvias, sin embargo en su obra “El poder y el delirio”, Enrique Krauze argumenta que lo que motivaba a Chávez era su deseo de utilizar la aureola revolucionaria de Fidel y su influencia en la izquierda latinoamericana, para impulsar su proyecto revolucionario a nivel de la región y sustituirlo cuando este falleciera.
Sin embargo el destino le jugó una mala pasada al pichón de dictador pues falleció antes que el sátrapa cubano. La muerte de Chávez impulsó a los Castro a acelerar las conversaciones con su problemático vecino del norte a fin de mejorar las relaciones y el flujo de divisas implícito en el turismo estadounidense y las remesas de los cubanos exiliados. En otras palabras, se trataba de establecer de nuevo la estrecha relación económica con los Estados Unidos que la revolución cubana destruyó. Sin embargo, estas conversaciones y las reformas promovida por Raúl Castro a paso de tortuga no lograron disminuir la dependencia energética del socio venezolano. El descenso de los precios de las materias primas y la impericia de Nicolás Maduro en el manejo de la crisis venezolana produjeron un colapso de todo el tinglado que Chávez y los Castro habían montado, sostenido sobre los abundantes petrodólares venezolanos.
En Venezuela se agudizó el descalabro que ya se veía venir desde el año 2014 y que no había aflorado con toda su crudeza, debido a que los precios del petróleo se mantuvieron elevados hasta ese año. Sin embargo, después de esta fecha la inflación se desbocó y la escasez se adueño de todos los ámbitos de la economía. El descenso de la producción de PDVSA y de los precios del petróleo aunado a la crisis venezolana obligaron a restringir los envíos de crudo a Cuba en un 40 % según lo reporta la revista The Economist en uno de sus últimos números.
El descenso de los envíos de crudo y del precio de las materias primas que Cuba exporta provocaron que la inviabilidad de la economía cubana se hiciera presente de nuevo, revelándose en la forma de un nuevo “periodo especial”, término éste que el gobierno aplica a una etapa donde las carencias normales de la economía se agudizan, en otras palabras los cubanos pasan de “guatemala” a “guatepeor”.
El primer periodo especial se dio cuando la benefactora, la Unión Soviética, se hartó de mantener a Fidel Castro y su alicaída criatura. Este periodo fue particularmente crítico y los analistas discuten si el nuevo periodo especial que se vislumbra será igual de calamitoso. Lo que hace de este colapso algo particular es que el mismo involucra tanto al proyecto revolucionario de los Castro como a la llamada revolución bolivariana venezolana, que operó como mecenas en los últimos 15 años. Algunos analistas, como la internacionalista Beatriz de Majo, prevén que este es el hundimiento del proyecto revolucionario tanto cubano como latinoamericano, en el cual los Castro no pueden evadir su responsabilidad como sepultureros de ambos procesos.
Profesor UCV

Apreciación de la situación política # 73
En la lucha del poder, especialmente en situaciones límites donde hay que hilar fino, la estrategia a utilizar debe tener cierto grado secretismo que dificulte al contrario tomar las acciones correspondientes para enfrentarla. Esta semana diferentes voceros de la MUD nacional dieron declaraciones que pueden ser contraproducentes, aunque en una primera impresión, parecieran ser adecuadas para el momento político que se vive.
En una primera declaración se dice que para la recolección del 20% de las firmas, para que sea posible el RR, la meta no son los cuatro millones necesarios, sino ocho, diez y hasta once millones manifestaron algunos voceros. ¿Y cuál es el problema? En realidad no debería haber ninguno, pero si nos colocamos en el lado del régimen bien podrían pensar qué pasaría si se obtienen más de las 7.600.000 que se necesitan para revocar al mandamás ¿Sería necesario realizar el RR oficialmente, a sabiendas que en la práctica ya está revocado? El régimen debe entender que ese escenario no se puede presentar al momento de la recolección del 20% de las firmas necesarias para oficializar el RR, en consecuencia, ya debe haber girado instrucciones a las señoras del ente electoral para que ese escenario no se produzca, empezando que solo deben asignar las máquinas necesarias que permitan, con mucho trabajo y dificultades para los electores y los partidos, obtener los cuatro millones necesarios. Ahora, para el régimen, el problema no es el RR que saben que lo tiene perdido, sino como evitar la revocación anticipada en el evento de la recolección del 20%.
Poco tiempo después, el secretario general de la MUD, anuncia una megamarcha o la toma de Caracas de forma “masiva” para exigirles a las rectoras que anuncien, finalmente, cuando será la fecha de la recolección del 20% de las firmas. Sin entrar a discutir la eficacia política que pueda tener esta convocatoria en la conciencia ética de las señoras del CNE, la MUD deberá diseñar y organizar un muy buen operativo de seguridad para que no se produzcan acciones violentas en esa manifestación que pueden ser inducidas por infiltrados del régimen dentro de la marcha. Deben recordar, en la MUD, que la rectora principal, en varias ocasiones, ha amenazado con suspender la solicitud del RR si se producen acciones violentas en el país o contra el CNE en particular. No provocar esta situación es responsabilidad de la oposición.
En otra declaración, el presidente de la AN anuncia que estaría dispuesto a medirse en primarias para unas elecciones presidenciales que aún no están previstas ¿No sería más pertinente exigirle al ente electoral que se pronuncie por las elecciones de gobernadores y diputados regionales que si están prevista para este año, sin olvidar el proceso de primarias para estas elecciones?
Algunas veces es difícil, muy difícil, deducir que están pensando los dirigentes de la oposición ¿o es que ellos saben algo que los otros no sabemos?

El comentario de la semana
Dicen que cuando alguien tiene que negociar, que no dialogar, para hacerlo desde una posición de fuerza o al menos para tratar de que el adversario la vea así, expresa sus posiciones de una manera arrogante y si puede, acompañándolas de acciones altisonantes, que le dé “prensa” y que si no consigue el efecto deseado, al menos su imagen ante los que lo apoyan no luce tan maltrecha.
Muchas han sido las oportunidades en las que terrorista a punto de abandonar sus aborrecibles prácticas intentan el gran golpe que les permita solicitar concesiones o las de actos de guerra convencional que representan el último esfuerzo de unas menguadas fuerzas para pactar el armisticio, y por supuesto el discurso que mantiene una posición indoblegable cuando en la práctica hace ya tiempo que la misma se quebró ante la que por muy dura que parezca, no es otra cosa que la cruda realidad.
Esta semana en Venezuela hemos sido testigos, y por supuesto víctimas, de medidas que no pueden entenderse de otra manera que como muestras de un régimen que se derrumba e intenta minimizar los daños.
Tratando de mantener sus menguados afectos, decidieron “asumir” un cargo internacional que sus pares no le conceden, destituyeron al ministro al que le habían encargado tomar solapadamente las medidas indispensables que por años han evitado, nombraron como ministro, y no cualquier ministro, a una persona que ha sido señalada pública e internacionalmente por estar supuestamente enfrentando cargos por delitos comunes y permiten, y permitirán cada vez más, la “importación” de los alimentos y otros bienes faltantes, mediante “nuevos tratados comerciales” con países vecinos.
Acompañando lo anterior, sus otros poderes y sin ningún rubor, obstaculizan cualquier medida que permita alcanzar una solución constitucional a la grave crisis que crearon y de la cual pretenden ni siquiera “pagar” los costos políticos.
Ante este panorama, ¿qué nos queda a los venezolanos, más allá de aguantar? Seguir exigiendo el respeto a nuestros derechos, particularmente al de decidir sobre quienes queremos que estén en el gobierno y este se concreta con la realización del Referendo Revocatorio Presidencial en este año 2016, sin olvidar que los gobernadores y legisladores estadales deberán ser electos antes de finalizar el mismo, ya que sus períodos se vencen el próximo mes de enero.
Que esto sea impedido por el régimen es entendible; los autoritarios se apegan ilegalmente al poder cuando saben que perdieron el favor de las mayorías. Lo no entendible y si criticable, es que los designados para representarnos no lo hagan de forma monolíticamente unitaria que trascienda los necesarios pero insuficientes límites partidistas e incorporen al resto de las organizaciones sociales, reconociéndolas al menos como importantes para superar esta crisis gubernamental que aunque terminal, se prolonga asistida por las incoherencias de nuestra parte.
Los venezolanos necesitamos que se nos reafirme que estamos luchando no solo por cambiar al gobierno, que se lo ha ganado sobradamente por ineficaz y corrupto. Es indispensable que se nos reafirme que luchamos por un país distinto en el que se rescate del pasado aquello que se lo merece, pero sobre todo que supere la dependencia de la renta, nos convirtamos en una sociedad productiva en la que se valoren los aportes individuales, pero también se garanticen los derechos de todos los ciudadanos a una vida justa basada en el acceso real a las oportunidades de educación, salud, vivienda y esparcimiento, sin olvidar la reconocida necesidad de erradicar la corrupción a todos sus niveles.
El tiempo pasa y no es recuperable, por lo que cada día será mayor el esfuerzo requerido para alcanzar lo que todos queremos.

Comunicado
Vanguardia Popular celebra junto al pueblo la importante victoria que significa el anuncio hecho ayer por el Consejo Nacional Electoral, en el que se valida el 1% de las firmas para activar el referéndum revocatorio presidencial. Digan lo que digan y hagan lo que hagan los voceros oficialistas, incluidas las rectoras del CNE, el hecho más importante a destacar es que se ha superado un nuevo escollo en este largo camino sembrado de obstáculos y que al ente electoral no le queda otra opción que fijar la fecha y establecer las condiciones para recolectar el 20% de las firmas requeridas para su convocatoria definitiva. Es responsabilidad de quienes respaldamos el revocatorio incrementar la presión para que tal opción se materialice a la brevedad posible, para enfrentar y derrotar las tácticas dilatorias que seguirán adelantando los representantes del gobierno y para imponer condiciones que hagan factible la concurrencia de los millones de compatriotas que exigimos con urgencia un Cambio de Rumbo en la conducción de los destinos de la nación.
Ciertamente, esta decisión no esclarece el camino para la activación del referéndum ni despeja la incertidumbre que envuelve a la inmensa mayoría frente a una crisis que tiene las dimensiones de una tragedia nacional. Forzada como estaba a tener que aprobar la validación del 1% de las manifestaciones de voluntad, el anuncio hecho por Tibisay Lucena deja abiertas las puertas para nuevas acciones obstruccionistas por parte del oficialismo. De hecho, anuncia al mismo tiempo que ahora las maniobras vendrán acompañadas por nuevas actuaciones de parte de la Fiscalía y los tribunales del país contra el legítimo derecho que tenemos los venezolanos de encontrar una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral a este caos que arruina la salud física y mental de todos nuestros compatriotas. Y como sabemos, también la Fiscalía y los tribunales responden a los dictados del régimen corrupto, hambreador y represivo encabezado por Nicolás Maduro.
La lucha por el revocatorio enfrentará nuevas amenazas y maniobras por parte del gobierno, en un contexto en el que la crisis económica y social hace estragos entre nuestros conciudadanos, mientras la crisis política e institucional se agrava como consecuencia de las decisiones tomadas recientemente por el TSJ contra las actuaciones de la Asamblea Nacional. Tales amenazas solo podrán ser derrotadas con la más amplia unidad de todos los sectores que apostamos a una salida política en paz y en democracia, con la firmeza y la madurez de una dirección política cohesionada y esclarecida y con la más audaz movilización popular. En consecuencia, Vanguardia Popular demanda de la MUD la conformación de un Comité Nacional por el Revocatorio que sea la expresión de la unidad nacional que se pregona, que prefigure el Gobierno de Unidad Nacional que por imperativo de las circunstancias reclama con urgencia la nación venezolana. Más allá de los partidos y de la MUD, existe un amplio abanico de sectores sociales y políticos conformado por el movimiento obrero y sindical del país, los gremios profesionales, el magisterio venezolano, los luchadores sociales y líderes comunitarios, la intelectualidad y el mundo de la cultura, las academias y universidades, las reservas morales y democráticas del chavismo crítico, entre muchos otros. Todos ellos deben ser convocados e incorporados a un gran torrente de fuerzas que se coloque en condiciones de derrotar las maniobras obstruccionistas del gobierno, a fin de abrirle cauce al revocatorio como un primer gran paso hacia la instauración de un Gobierno de Unidad Nacional y el diseño de un Programa de Cambio de Rumbo, orientados a superar la grave crisis económica, social, política, moral e institucional que corroe los cimientos de la sociedad venezolana y empobrece aceleradamente a toda la población.
Quienes hoy desgobiernan al país, entregan nuestra soberanía a intereses foráneos, destruyen el aparato productivo nacional y siembran el hambre y la pobreza en todos nuestros hogares, no podrán impedir que se materialice la demanda de cambio que es hoy un clamor nacional. Solo maniobrando al margen de la Constitución y leyes de la república, contra la voluntad de la inmensa mayoría nacional, a base de represión y criminalización de la protesta social y política y sostenidos en la mentira y el cinismo como discurso oficial podrán apenas estirar por algún tiempo más su ejercicio nefasto del poder. Y solo con la más amplia unidad y movilización del pueblo será posible derrotarlos.
Caracas, 2 de agosto de 2016
Comité Político Nacional de Vanguardia Popular

José Domingo Díaz, en su libro “Recuerdo de la Rebelión de Caracas” nos pasea por la Primera República y su abultado Presupuesto de Gestión. Allí señala como la Administración Pública de Caracas, en tiempos de la Corona, no importaba anualmente sino cuarenta y cinco mil pesos fuertes, entendiéndose por ella la Capitanía General, la Intendencia, la Audiencia del Distrito y la Auditoría, con sus respectivas Secretarías.
Cuenta el redactor de la “Gaceta de Caracas” como los independentistas establecieron un gobierno para un grande y rico Estado. Noventa y cuatro mil pesos fuertes, en sólo las tres Corporaciones que lo componían y que llamaron, Congreso, Poder Ejecutivo y Alta Corte de Justicia; sin incluir catorce mil que importaban anualmente, los de la casa destinada para la primera y que consistían en plumas, papel, tintero, tinta, obleas, luces, agua y demás. En consecuencia, los gastos fueron aumentado, solo en este ramo en sesenta y tres mil pesos fuertes.
Otra curiosa demostración de cómo comenzamos a exagerar en gastos militares, la tenemos en el caso del Batallón Veterano de Caracas, cuya institución importaba en aquella ciudad, hasta el año 1810, de 8 a 9.000 pesos mensuales; el de la Reina, en los últimos años, de 3 a 4.000; el Cuerpo de Artillería, de 3 a 4.000, y las planas mayores de los Cuerpos de Milicias de la Provincia, y los oficiales de pardos, sargentos y tambores de estos cuerpos, de 5 a 5.500, lo que formaba un total en sus términos medios de 20.725 pesos fuertes al mes o de 243.800 pesos al año.
Ahora bien; en los días de la Primera República, en la gestión de Miranda y Bolívar, el mismo Batallón Veterano de Caracas, importaba mensualmente la misma cantidad. El Cuerpo de Artillería de 7 a 8.000; el de Zapadores de 2 a 3.000, y las planas mayores de los Cuerpos Militares, que formaban nuestro inmenso ejército 17.200 pesos, lo cual, en su término medio, formaba un gasto de 35.700 al mes, o de 428.400 al año. Había, por consiguiente, un exceso anual de 184.600 pesos.
Como ven esta manía de andar gastando más de la cuenta y darles a manos llenas al estamento militar, surgió de las emergencias que imponía los Estados de excepción, derivado de las guerras interminables que siempre han acompañado a esta atormentada y hermosa Republica.
Será por esa razón que Venezuela está entre los 20 países donde más se ha gastado en la carrera armamentista y el único Estado de Latinoamérica que figura en este conteo, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz.
Desde 1999 hasta 2015, Chávez – Maduro, gastaron 5.620.000.000 de Dólares, en la compra de aviones de guerra, misiles y defensa antiaérea. Con esta cantidad de dinero se pudo construir más viviendas, nuevos hospitales, muchos Liceos y, por cierto, comprar mucha comida y medicinas para este necesitado pueblo Bolivariano.

Hay ciertas actuaciones de los políticos difíciles de asimilar para el hombre de la calle y cuya dificultad es achacada, en la mayoría de los casos, a falta de información o a inhabilidad para apreciar causas y efectos en ese enrevesado mundo.
Pero los que somos un poco más audaces y cargamos en nuestra cartera intelectual un «¿por qué?» en vez de lápiz labial y rímel, rechazamos todo aquello que desborde los diques de la lógica sencilla como, por ejemplo, la actitud timorata de la Asamblea Nacional ante el nombramiento de los magistrados exprés, que fue un claro reto del régimen a un pueblo que lo acababa de aplastar en las elecciones del 6 de diciembre, que si bien desde el punto de vista formal fueron para la elección de diputados, desde el político y real constituyó un contundente y masivo rechazo a la gestión de Nicolás Maduro, al PSUV y al manido legado de Chávez.
Cualquier estudiante de ciencias políticas hubiese percibido el objeto de esos apresurados nombramientos: convertir a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en una suerte de autoridad paralela ya experimentada en la Alcaldía Mayor, en la Gobernación de Miranda y en todo lugar donde el régimen haya perdido poder. Por tanto, era evidente que la segunda acción de la recién electa Asamblea, después de la elección de su directiva, debía ser la anulación plena de los nombramientos chimbos, no sólo por razones de supervivencia institucional, sino porque era el mandato recibido en un inmejorable momento político, producido por una victoria que superó las expectativas opositoras más optimistas y dejó al régimen en la lona y con cuenta de nueve.
Pero aquí entraron en juego los intereses grupales y personales con miras a las elecciones presidenciales del 2018, esos mismos que algunos llaman los tiempos de Dios. La inacción de la Asamblea bien pudo derivar de «opositores» que desean llegar a las elecciones de 2018 como tales de un régimen sin pueblo ni votos; ganar en tales condiciones, por mucha trampa que haga esa sucursal del PSUV llamada CNE, sería tarea de infantes. En tal situación, políticos mediocres, cegados por la ambición de poder y con poco afecto por la tierra en la que nacieron, ya se veían perteneciendo a esa suerte de familia real que se constituye alrededor del Presidente y que tanto daño ha hecho a la República.
Deseosa de llegar a esas elecciones, la perfidia política ideó el referendo revocatorio retrasado, es decir, en 2017 o después, de manera tal que la falta absoluta a que se refiere el artículo 233 de la Constitución fuese suplida por el vicepresidente o, en otras palabras, por el heredero de Maduro, como éste lo fuera de Chávez.
Así, con Leopoldo en la cárcel y María Corina ferozmente perseguida por tirios y troyanos, el peso de la fracción parlamentaria de Primero Justicia y los recursos que provee la Gobernación de Miranda y unas cuantas alcaldías huevo frito, Capriles tendría grandes posibilidades de ser el abanderado de la MUD, salvo por un obstáculo que comentaremos en el próximo apartado.
La gran diferencia entre Manuel Rosales y Henrique Capriles es que mientras aquel admitió pacíficamente que su candidatura presidencial fue una circunstancia del juego político, Capriles se empeña en considerarse un gran líder y, como tal, llamado por la Providencia a lograr la cúspide política; en tal virtud, nada parece ser más importante para él que obtener la Presidencia de la República, a pesar de sus dos fallidos intentos y la circunstancia en la que se produjo el segundo, que le provocó gran descrédito.
Capriles sabe por experiencia propia (llegó al Congreso por vez primera por un subterráneo acuerdo entre Copei y la Cadena Capriles), que lo importante en la política venezolana no es contar con el apoyo de las grandes mayorías, sino obtener la anuencia de los factores de poder, de eso que mil veces hemos llamado «el dedo» y que tanto daño le ha causado al país.
Por tanto, Capriles y Primero Justicia atacarán todo intento de que el próximo candidato presidencial no chavista sea elegido mediante primarias y harán todo cuanto esté a su alcance para que sean las cúpulas las grandes electoras, dejando al pueblo el inocuo papel de votante, es decir, de convalidante de una decisión tomada en la obscuridad.
Mientras este régimen ostente el poder, Leopoldo seguirá preso, pues es su rehén para neutralizar a Capriles y a Primero Justicia; si éstos se ponen respondones, libera a Leopoldo y les desbarata su tercera candidatura presidencial. Para ambos bandos, quedaría solamente por resolver el problema de la incómoda María Corina, quien anda por pueblos y ciudades contactando a los más humildes y utilizando el sencillo, peligroso y cortante lenguaje de la verdad.
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