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Opinión

Según reportaje de prensa (El Nacional 1-11-2016) en el texto de un acuerdo entre la MUD y el Gobierno, en los puntos para el diálogo –me imagino, a petición del oficialismo– se sustituyó la expresión “presos políticos” por privados de la libertad.

Al respecto cabe aclarar que no se trata de un asunto formal y de meras expresiones, que se puedan cambiar unas por otras.

El problema es de fondo y de profunda significación. No es lo mismo preso que privado de libertad y, en definitiva, la expresión privado de libertad es errónea y equívoca, a pesar de que nuestras leyes hacen referencia a la “medida judicial privativa de libertad”, o a “la privación de libertad”, de la misma manera que se refieren a “medidas sustitutivas”, que no lo son, ya que lo sustitutivo es la restricción del movimiento y la regla es el procesamiento sin afectar la libertad, dado que se presume la inocencia y la Constitución se pronuncia por la imposición de penas no reclusorias.

Pero el quid del asunto está en que el Gobierno, a partir de la “revolución penitenciaria”, ha decretado que ya no hay presos, sino privados de libertad, nombre engañoso para hacer referencia a un pretendido “preso nuevo” o “recluso nuevo”, que lo sería por el cambio de nombre, al igual que los “niños de la patria”, en lugar de los niños de la calle o los operativos de liberación del pueblo (OLP) en lugar de las redadas de vagos y maleantes. En definitiva, es “el mismo musiú con diferente cachimbo”.

Carece de todo sentido el cambio de nombre. A los presos debemos llamarlos presos, lo que se corresponde con la etimología de la palabra, del latín prehensus, participio del verbo prehendere (aprehender, atrapar, apresar).

En Venezuela, sin más, el preso se encuentra atrapado, enjaulado, y, lamentablemente, cabe el expresivo y grotesco dicho de que “preso es preso y su apellido es candado”.

En primer lugar, no se debe hablar de privado de libertad, porque a un preso, por más que lo sea, no se le puede privar de la libertad, sino, a lo más, como dice el viejo Código Penal Venezolano, refiriéndose a la penas, solo se trata de penas restrictivas de ese bien o derecho. Al preso no se le priva de la libertad; se le restringe en su libertad de movimiento y, como ha dicho Leopoldo López, “preso, pero libre”. Pero además, de lo que, efectivamente, se le priva a un preso, en Venezuela, es de su dignidad, sometiéndolo a violencia física y coerción moral en los antros penitenciarios o cárceles, que ostentan el pomposo título de “internados judiciales”, “establecimientos penitenciarios” o como se les quiera llamar.

Nuestros presos no están privados de libertad; están atrapados literalmente en un laberinto oscuro con vericuetos del horror que encuentra su sede en una prisión, en caricaturas procesales, sin garantía alguna; la mayoría de ellos se encuentran en “prisión provisional” que puede prolongarse por años, superando la incierta pena que teóricamente les corresponde por un delito que no se sabe si lo cometieron y, por supuesto, en los casos de disidentes o encarcelados de conciencia, no lo cometieron, porque están allí por “razones exclusivamente políticas”; en la cárcel se debe pagar el impuesto “de la causa” como garantía de la vida y expiación preventiva de la “culpa”; los infelices encarcelados están permanentemente “martillados” para subsistir y ser trasladados al tribunal; sus madres, hermanas e hijas deben pagar por su prisión y verse sometidas a la requisa impúdica que puede ser atenuada en la humillación, a discreción de sus carceleros; y, en definitiva, si son “presos comunes” solo saldrán cuando “San Juan agache el dedo” o cuando el gobierno lo disponga, si son presos políticos.

Entonces, es de suma importancia hablar de “presos” y no de “privados de libertad”, expresión realista que también utilizó el Presidente Chávez cuando se encontraba en Yare, no en las mismas condiciones de los presos políticos actuales, ya que –como él lo declaró– “estábamos todos en un pabellón con celdas que daban a un pasillo y nosotros mismos manejábamos el candado” (en Conversaciones con Chávez, de Ignacio Ramonet).

En síntesis, tenemos “presos”, en el ,sentido propio de la expresión, atrapados en el infierno carcelario nacional y afectados en lo más sagrado del respeto a la dignidad de la persona (art. 3 de la Constitución); sometidos a verdaderos tratos inhumanos que nada tienen que ver con un Estado de Derecho y de Justicia (art. 2º de la Constitución); y el colmo de un país en el clímax del “surrealismo del siglo XXI”, es la declaración de Venezuela en el Examen Periódico Universal ante la ONU, en la cual, nuestra delegación señaló que “el modelo en materia de derechos humanos persiste y es ejemplo para otros países” (declaración del 1-11-2016) y, con la misma, se inauguró, con el dinero de todos y ante nuestro infierno carcelario, una exposición titulada “Venezuela, país garante de los Derechos Humanos”.

De manera terminante: mientras tengamos presos que su apellido es candado y las cárceles sean la evidencia incontrastable de la violación flagrante a los derechos humanos, no podemos hablar de Constitución ni de Estado de Derecho y aunque “aprobemos” el examen de la ONU, los antros carcelarios nos “raspan” ante la conciencia de todos los venezolanos en juicio inapelable sujeto a revisión en una Venezuela con la que soñamos en un futuro cercano.

aas@arteagasanchez.com

El Nacional. 6 de noviembre 2016

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Analítica.com

Oscar Torrealba resaltó que el monto del cono monetario no determina una mejora en la depreciación de la economía venezolana, sino que se reduzca la cantidad de papel moneda que se imprime desde el BCV

Este martes se conoció que, a pesar de ser información extraoficial, debido a que no ha sido oficializada por el Banco Central de Venezuela (BCV), a partir del 15 de diciembre de este año saldrán en circulación billetes con nuevas denominaciones.

Hasta la fecha se han estado rumorando dos tipos de montos. El primero de ellos sería la impresión de billetes de 500 y 1.000 bolívares. El segundo, sería el de distribuir en el mercado papel moneda con montos de Bs. 5.000, Bs. 10.000 y hasta Bs. 20.000.

Según la información, que se espera se haga oficial por el BCV, esta medida sería uno de los mecanismos que ayudaría a bajar los índices inflacionarios en el país. Sin embargo, esto no es garantía de que haya una mejoría en la economía.

Según el economista, Oscar Torrealba, el cono monetario no es indicativo de que la inflación disminuya, sino la impresión desmesurada de billetes sin tener un respaldo económico.

“Lo que diga el papel moneda no es relevante, lo que importa es la cantidad de dinero. Esta es una medida que el BCV estaría tomando para evitar que las personas tengan que sacar dinero de los cajeros automáticos muchas veces, debido al alto costo de las cosas en el mercado”, dijo el economista en una consulta realizada por El Nacional Web.

Torralba explicó que es indiferente si se tienen 100 billetes de Bs. 100 o uno de Bs. 10.000 si no existe respaldo económico.

No obstante, el economista estipula que si el BCV aplica la medida podría haber indicio de “mejora” en la economía si hay una disminución del papel moneda en el mercado.

“Un ejemplo es el de los cajeros automáticos. Los bancos tienen un límite para dispensar diariamente, a pesar de que la gente necesita mayor cantidad de billetes para comprar cosas debido a que los costos son muy altos. Lo que la nueva circulación de billetes puede ayudar es a disminuir el ‘costo transaccional’, que no es otra cosa que el intercambio económico. Esto sinceraría un poco el costo de los precios en bolívares”, concluyó.

A pesar de que la impresión de nuevos billetes puede aligerar un poco la carga inflacionaria en el país, aún se está a la espera de un anuncio oficial por parte del BCV con respecto a la impresión de nuevos billetes, según reseñó El Nacional.

Fuente: http://www.analitica.com/economia/billetes-con-nueva-denominacion-no-gar...

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Presionado por la caída en las encuestas y un calendario electoral que el año entrante contempla elecciones de gobernadores y alcaldes, Nicolás Maduro recurre a planes que implican ampliación del gasto público como incrementos del salario mínimo, aumento del número de familias beneficiadas con las tarjetas socialistas y entrega de fondos a los agricultores. El inconveniente, es que una parte importante de los bolívares a repartir surgen de vías que avivan la inflación.

La principal fuente de financiamiento consiste en que Pdvsa emite unos pagarés y el Banco Central se los compra creando nuevos billetes. Una vez Pdvsa tiene los bolívares en la caja los transfiere al gobierno para que éste cubra distintos gastos como salarios, misiones y subsidios. Las estadísticas oficiales registran que en solo tres meses, entre el 29 de julio y el 28 de octubre, la deuda de Pdvsa con el Banco Central aumentó 128% y se ubicó en 3,2 billones de bolívares.

La consecuencia de esta activa imprenta de dinero es que en poco tiempo una importante cantidad de personas y empresas cuentan con más bolívares que destinan a la compra de productos. De esta manera la demanda aumenta velozmente mientras que la oferta cae por controles de precios que no permiten cubrir los costos de producción, deficiencia en los servicios públicos como la electricidad y un déficit de dólares que la administración de Nicolás Maduro ha resuelto recortando la asignación de divisas a las empresas del sector privado.

El resultado es más bolívares detrás de menos productos, una dinámica que se traduce en incrementos de precios. Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, explica:

“Hay un financiamiento indirecto del déficit fiscal a través de ese esquema donde Pdvsa se endeuda con el Banco Central para pagar impuestos y regalías. Se trata de impresión de dinero, es un dinero sin respaldo que no proviene de alguna actividad económica. Evidentemente, esto presiona a la inflación cuando tienes dificultad para elevar la producción”.

El encaje

Otra modalidad que está empleando la administración de Nicolás Maduro para financiarse y que también se traduce en inyección de bolívares a la economía incluye a las entidades financieras. El Banco Central emitió una resolución que disminuyó en cinco puntos porcentuales la porción de los depósitos que las torres financieras no pueden prestar y deben congelar a manera de reservas. De esta manera, se liberaron 500 mil millones de bolívares que los banqueros han utilizado para comprarle bonos al Bandes y al Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción. Al cierre del 28 de octubre, ya habían adquirido bonos por el orden de 310 mil millones de bolívares.

La magnitud del incremento de la cantidad de dinero en la economía queda clara al observar que los excedentes de liquidez en las entidades financieras, es decir, los fondos disponibles después de cumplir con las reservas que exige el Banco Central equivalen, de acuerdo con el último informe de Síntesis Financiera, a 27% de los depósitos bancarios y, en octubre de 2015, solo representaban 5%.

Las estadísticas del Banco Central señalan que en términos nominales la liquidez registra un salto de 125% en los últimos doce meses.

Aparte de la impresión de dinero y el uso de las reservas de la banca el gobierno ha tomado otra serie de medidas para tratar de corregir el desequilibrio entre ingresos y gastos, pero han sido de poco impacto. A pesar de la devaluación de la moneda, la eliminación del ajuste por inflación, el aumento de las alícuotas en los impuestos al alcohol y cigarrillos, la implementación del impuesto a las grandes transacciones financieras y el aumento del precio de la gasolina, el déficit fiscal sigue siendo muy voluminoso.

Ecoanalítica señala en su informe de septiembre de este año:

“La continua expansión del gasto ha traído como consecuencia la también continua expansión del déficit del sector público restringido (SPR que incluye al gobierno central, Pdvsa y las empresas públicas no financieras). Para cierre de 2016, en Ecoanalítica estimamos que el déficit del SPR se ubique en torno a 16,4% del PIB”.

El paralelo

La inyección de bolívares sin respaldo también presiona al tipo de cambio porque una porción de los billetes que ingresan a la economía se dirige a la compra de dólares en el mercado paralelo. Fuentes financieras explican que en el segmento corporativo el billete verde ha iniciado un acelerado ascenso (la Ley de Ilícitos Cambiarios prohíbe divulgar esta tasa).

El dólar paralelo incide en los precios de una amplia gama de productos y servicios porque empresarios y comerciantes de determinados sectores lo utilizan como guía para calcular sus costos de reposición. Un estudio elaborado por Ecoanalítica determina que un tercio de las categorías en las que el Banco Central de Venezuela divide los bienes y servicios que utiliza para calcular la inflación tienen precios altamente correlacionados con el dólar paralelo, concretamente, vestido y calzado; bebidas alcohólicas, esparcimiento, restaurantes y hoteles.

Tamara Herrera indica:

“En este entorno el único atenuante que puede tener la inflación es la contracción del consumo, pero con este combustible monetario va a subir. Nuestra proyección de inflación para el año es de 454%”.

El reporte de Latin Focus, que agrupa las proyecciones de bancos y firmas especializadas, señala que para este año Goldman Sachs pronostica para Venezuela una inflación de 483%, Credit Suisse 445%, Barclays Capital 294%, Ecoanalítica 511%, UBS 700% y JP Morgan 900%.

Las reservas

No existe la posibilidad de que el gobierno pueda aumentar las importaciones y elevar la cantidad de dólares que vende a través del mercado oficial. Las reservas internacionales, el tanque de dólares que administra el Banco Central de Venezuela y permiten importar, pagar deuda, cubrir contingencias y ayudar a la estabilidad del tipo de cambio se ubicaron el 3 de noviembre en 11 mil 009 millones de dólares, magnitud que se traduce en un declive de 32% en el año y en el nivel más bajo desde octubre de 2002.

Un aspecto relevante es que de acuerdo con Síntesis Financiera en 2002 este nivel de reservas permitía cubrir trece meses de importaciones y hoy solo cuatro. Además, en 2002 el 65% de las reservas eran divisas y en este momento solo alcanzan a 12% porque el grueso corresponde a barras de oro.

Las perspectivas

Todo indica que la administración de Nicolás Maduro seguirá recurriendo activamente al financiamiento del Banco Central para cubrir gasto en un escenario donde la pérdida de gobernaciones y alcaldías en 2017 aumentaría su fragilidad política. Econalítica señala:

“Si el Gobierno realmente quiere lograr un balance fiscal apropiado para una economía petrolera en crisis, debe optar por mayor disciplina fiscal, redistribuir de mejor manera los ingresos y focalizar los subsidios de forma progresiva para mejorar la eficiencia de los gastos. Esto último representa uno de los retos más grandes para el actual Gobierno, sobre todo por la actual coyuntura política, en la cual se ve en peligro su continuidad; por consiguiente, se prevén aumentos desmedidos del gasto, continuidad de los subsidios y ningún aumento de impuestos como estrategia populista frente a la adversidad a la cual están inmersos. En otras palabras, es poco probable que en lo que resta del año el escenario fiscal mejore”.

Fuente: http://prodavinci.com/blogs/como-el-bcv-esta-aumentando-la-presion-infla...

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Preocupados por la profunda crisis económica que embarga a Venezuela, un grupo de académicos e investigadores venezolanos dedicados al campo de estudio de las ciencias económicas, nos hemos sentido en la obligación de ofrecer ciertas impresiones orientadoras, de inobjetable pertinencia, que pueden ayudar a esclarecer las razones por las cuales el contexto en que se desenvuelve la economía venezolana es calificado hoy día, por los mercados financieros internacionales, como uno de los más riesgosos del mundo.

Desde inicios del año 2013 Venezuela viene mostrando los signos de una crisis económica estructural y profunda que se ha desarrollado como resultado de un conjunto de decisiones de política dirigidas a destruir el orden económico interno y las leyes más elementales por las que se rige una economía moderna. Estas decisiones de política pública, al ser vaciadas de todo contenido racional, dejaron a la economía venezolana en una condición de extrema vulnerabilidad que se ha expresado en descomunales desequilibrios macroeconómicos. Así, la oferta efectiva de bienes y servicios ha terminado siendo afectada por los prolongados y exacerbados controles, intervenciones a la propiedad y distorsiones regulatorias, haciendo al país más dependiente de las importaciones; el creciente desbalance externo se ha traducido en un severo racionamiento de divisas y en una merma, cuando no paralización, de las actividades productivas; un cuadro crónicamente deficitario en las finanzas públicas se ha traducido en una exorbitante elevación de la deuda pública interna y externa a niveles no sostenibles; y los mercados monetarios y financieros han permanecido alterados por la falta de conducción precisa de las políticas macroeconómicas.

Una economía expuesta a tales desequilibrios, inevitablemente termina experimentando una implosión, con cada vez más elevadas tasas de inflación, con severos problemas de producción y abastecimiento, y con un deterioro generalizado en la calidad y cantidad de los bienes y servicios públicos, contribuyendo todo ello a una significativa merma en el nivel de vida de sus habitantes.

Por paradójico que pueda parecer, la crisis se desarrolló en el contexto de una prolongada bonanza en los ingresos petroleros, como nunca se había experimentado en la historia conocida del país. Esto pone en evidencia los serios problemas institucionales que ha tenido el país en el manejo de la extraordinaria “renta” de origen petrolero. A la postre, la economía venezolana tampoco pudo transcender su delicada dependencia del petróleo y quedó presa, como nunca antes, de los recursos externos y fiscales que provenían de las ventas de crudo en el mercado petrolero internacional.

Todos estos desequilibrios y problemas no han hecho más que agravarse a partir del segundo semestre de 2014, cuando los precios petroleros se derrumbaron en los mercados internacionales. La súbita caída en los ingresos externos tomó al país en las peores condiciones internas y externas: un sector productivo devastado y sin fortalezas, una industria petrolera en franco deterioro, y un país sin reservas internacionales operativas para poder contrarrestar el choque adverso en los precios petroleros. En contraste, otras economías dependientes del petróleo han podido enfretar el choque de precios y minimizar sus efectos, por estar preparadas para ésta contingencia.

Por razones desconocidas pero que agregan a este cuadro crítico grados de incertidumbre, el gobierno nacional ha decidido no publicar durante el último año las estadísticas económicas de la nación. Sin embargo, es bien sabido que desde hace al menos 2 años Venezuela exhibe la tasa de inflación más alta del mundo, que la actividad económica interna registra 11 trimestres consecutivos de contracción con la expectativa de una caída del producto interno por encima del 10%, y que la escasez se ha convertido en un fenómeno crónico y agotador para los sectores más vulnerables de la población con niveles, que a decir de las mediciones de las agencias independientes, estaría por encima de 35%.

Por si fuera poco la República y PDVSA iniciaron el año 2016 con la perspectiva de tener que pagar a los acreedores externos cerca de 18.000 millones de dólares por amortización e intereses de la deuda externa acumulada en los años de la bonanza, una cifra que para el momento representaba algo más del 60 por ciento de los ingresos petroleros externos del país. Conjugando acciones desesperadas de ventas de activos, operaciones de pignoración de oro, adelanto de cuentas por cobrar en dólares (con enormes descuentos), negociaciones bilaterales de ciertas obligaciones, y atrasos de cuentas por pagar, Venezuela ha podido cumplir con los acreedores externos, pero un fundado temor se posa en esos mercados que se preguntan cuánto más puede el país aguantar.

La situación política del país es una incertidumbre adicional que afecta la percepción de los mercados financieros internacionales sobre la capacidad y voluntad de repago de la nación. El enconado conflicto no ayuda a construir un clima de confianza en la economía, desvía la atención de las autoridades hacia otros intereses, y descarrilan los esfuerzos públicos y privados para encarar la crisis económica. La aprobación por canales irregulares del Presupuesto de la Nación para el año 2017 pone en un limbo jurídico cualquier nueva operación de crédito público de la Republica. La ruptura del hilo constitucional y la pérdida de calidad democrática están afectando seriamente la economía del país. Los mercados financieros internacionales también saben todo esto.

En consecuencia, ¿cómo pueden evaluar los mercados financieros externos a un país que exhibe hoy el peor desempeño macroeconómico del mundo, que depende críticamente del devenir del mercado petrolero mundial hoy deprimido, que mantiene a su población en precarias condiciones socio-económicas, y que se desenvuelve en una crisis política e institucional de insospechables dimensiones?

Los venezolanos deben tener claro que la calificación crediticia internacional que marca a Venezuela hoy día como un país no apto para recibir financiamiento voluntario, proviene de esta terrible lectura de la crisis y no de la imaginación o los esfuerzos que puedan hacer los académicos e investigadores venezolanos, que por lo demás advirtieron con anticipación sobre las problemáticas asociadas al errático manejo de la economía y siguen dando lo mejor de sí mismos para la comprensión de la realidad económica nacional.

Firmantes

Nombre Cargo e Institución

Karelys Abarca Docente/Investigador, Universidad Central de Venezuela

Pedro A. Abreu Profesor de Economía, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Economía

Victor Abreu Profesor de Economía, Universidad Central de Venezuela y UCAB

Boris Akerman Profesor del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Simón Bolívar

Victor Álvarez Investigador-Consultor, Premio Nacional de Ciencias

Rita Amelii Profesor Titular, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Economía

Luis Angarita Profesor Agregado, Jefe de la Cátedra de Relaciones Internacionales, Universidad Central de Venezuela

Sergio Arancibia Profesor de la Universidad Central de Venezuela

Pablo Astorga Profesor de Economía, Instituto Barcelona de Estudios Internacionales, España

Rafael Avila Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Montéavila

Ronald Balza G. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, UCAB

Douglas Becerra Programa de Desarrollo Económico, Universidad Central de Venezuela

Carlos Blanco Profesor Emérito, Universidad Central de Venezuela, Research Scholar, Boston University, USA

Carlos Blaumann Investigador, Doctorado de Economía, Universidad Central de Venezuela

Robert R. Bottome Director, VenEconomía

Hugo Bravo J. Profesor, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Monteávila

Ysrrael Camero Profesor de Historia Económica, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Economía

Alberto José Cárdenas Profesor de Finanzas Internacionales y Mercadeo, Universidad de Carabobo y UCAB

Alí Cárdenas M. Profesor de Economía, Universidad Metropolitana

Olesia Cárdenas Profesor Titular, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Economía

Alvaro Cartea Profesor Titular, Universidad de Oxford, Reino Unido

Roberto Casanova Director Académico, Asociación Civil Liderazgo y Visión

Jesús Casique Investigador-Consultor Independiente

Adícea Castillo Directora de la Comisión de Estudios de Post Grado de FACES, Universidad Central de Venezuela

Haydee Castillo de López Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas

José Luis Colmenares Profesor de Economía, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Economía

Bernardo Corvaia Prince Profesor, Universidad del Zulia

Isaias Covarrubias M. Profesor Titular, Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado

Luis Crespo Profesor-Investigador, Cátedra de Macroeconomía, Universidad Central de Venezuela

Raúl Crespo Teaching Fellow, Department of Economics, Bristol University, Reino Unido

David Da Silva Profesor y Coordinador Académico de la Escuela de Economía de la UCAB

Mirla Dazza Economista Investigadora del Observatorio de Gasto Público, Cedice

Francisco Javier Fraíz Profesor de Historia Económica, Universidad Central de Venezuela,

Cesar Gallo Profesor Titular, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Economía

Urbi Garay Profesor Titular de Finanzas, Instituto de Estudios Superiores en Administración IESA

Angel Garcia Banch Profesor/Investigador, Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Central de Venezuela,

Humberto García Larralde Presidente de la Academia de Ciencias Económicas, Profesor Titular, UCV

Mónica Garcia-Pérez Associate Professor, Department of Economics, St. Cloud State University, USA

Pável Gómez Valera Profesor de Economía y Análisis Político, Consultor, Chile

Alejandro Grisanti C. Investigador/Director, Ecoanalítica

José Guerra Profesor Asociado, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Economía

Igor Hernández Profesor, Centro de Energía, Instituto de Estudios Superiores en Administración IESA

Tamara Herrera Directora, Síntesis Financiera

Natan Lederman Profesor Titular, Universidad Metropolitana, Escuela de Economía

Thais Ledezma Castillo Investigadora, Universidad Central de Venezuela, Instituto de Investigaciones Rodolfo Quintero

Sary Levy Profesor Titular, Universidad Central de Venezuela, Miembro de la ANCE

Amalia Lucena Profesora de Economía Internacional, Universidad Central de Venezuela

Leonardo Maldonado Consultor, Banco Interamericano de Desarrollo, USA

Victor Maldonado Director Ejecutivo, Cámara de Comercio de Caracas

Gerónimo Mansutti Profesor de Matemática Financiera, Universidad Católica Andrés Bello

Demetrio Marotta Profesor de Economía, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, UCAB

Brian McBeth, Affiliate Member, Latin American Centre, University of Oxford, Reino Unido

Rafael A. Melean C. Profesor de Política Energética, Instituto de Energía de la Universidad Simón Bolívar

Oscar Meza Director del CENDAS, Centro de Documentación y Análisis Social

Juan Misle Investigador/Consultor Independiente

Francisco J. Monaldi Lecturer en Economía de la Energía, Rice Univesity, USA

José Ramón Morales A. Investigador Independiente, Programa de Ph.D. en Politicas Públicas, Universidad de Harvard, USA

Marcos Morales Q. Gerente de Estudios Económicos, Conindustria

Leonardo Moreno Profesor de Economía, Universidad Católica Andrés Bello

Belkis Nuñez Profesora Asistente, Universidad Católica Andrés Bello

Freddy Ríos R. Investigador/Consultor Independiente

Juan Nagel Profesor de Economía, Universidad de los Andes, Chile

Arlán Narváez Cátedra de Principios de Economía, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Economía

Irene Niculescu Profesor Titular, Instituto de Urbanismo, Universidad Central de Venezuela,

Asdrubal Oliveros Investigador/Director, Ecoanalítica

Luis Oliveros Profesor de Economía, Universidad Metropolitana/Universidad Central de Venezuela

Victor Olivo Romero Profesor de Economía, Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Metropolitana

Eduardo Ortiz Felipe Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas

Eduardo Ortiz Ramirez Docente-Investigador, Profesor Titular, Universidad Central de Venezuela

Sergio Otero Castro Profesor de Desarrollo Económico, Universidad Central de Venezuela

Antonio Paiva R. Profesor de Economía, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Economía

Pedro Palma C. Profesor Titular, Instituto de Estudios Superiores en Administración IESA, Individuo de Número de la ANCE

Carlos Peña Director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Economía

Flor Pereda Doctorado de Economía, Universidad Central de Venezuela

Felipe Pérez Martí Profesor de Economía, Investigador y Consultor Independiente

Silvana Pezzela Profesora-Jefe del Departamento de Política Económica, Universidad Central de Venezuela

Luis Mauricio Phelan Profesor Asociado, Universidad Central de Venezuela

Ivan Pineda Programa de Administración de Negocios, Florida International University, USA

José Greogorio Pineda Adjunt Professor, Sauder School of Business, University of British Columbia, Canadá

Juan Plaja C. Profesor de Economía, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Economía

Alejandro Puente Director del Centro de Investigación y Modelación de Negocios, Universidad de Santo Tomás, Chile

José Manuel Puente Profesor Titular del IESA, Profesor Invitado, BSG Universidad de Oxford, Reino Unido

Edgardo Quevedo R. Profesor, Universidad de Carabobo

Bárbara Rodriguez Profesora de Economía, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Economía

Oswaldo Rodriguez L. Profesor Agregado, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Economía

Pedro Luis Rodriguez Profesor Asistente, Instituto de Estudios Superiores en Administración IESA y UCAB

Kamal A. Romero Profesor de Economía, Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros-UCM, España

Pedro Rosas Bravo Center for International Development, Harvard University, USA

Maxim Ross Profesor Emérito, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Economía

Carlos Sabino Coordinador Académico de la Maestría y Doctorado en Historia, Universidad Francisco Marrroquín, Guatemala

Miguel Angel Santos Senior Research Fellow, Center of International Development, Harvard University, USA

Alicia Sepulveda Consultora Independiente

Héctor Silva Michelena Profesor Titular, Universidad Central de Venezuela, Miembro de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas

Carlos de Sousa Economista-Investigador para Latinoamérica, Oxford Economics, Reino Unido

Carlos Torres Profesor de Economía, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Economía

Mariana Urbina R. Doctorado de Economía Aplicada, Universidad de Minnesota, USA

Germán Utreras Consultor Internacional en Operaciones Financieras Internacionales

Efrain Velazquez Investigador, AGPV

Leonardo Vera Profesor Titular, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Economía

Jóvito Alcides Villalba Consultor Independiente

Ricardo Villasmil Bond Profesor de Economía, Instituto de Estudios Superiores en Administración IESA y UCAB

Midas Villasmil Tovar Consultor Independiente

Francisco Vivancos Profesor de Economía, Universidad Central de Venezuela y Universidad Católica Andrés Bello

Héctor Yánez Martinez Profesor de la Maestría en Moneda e Instituciones Financieras, Universidad Central de Venezuela

Luis Zambrano Sequín Profesor Titular, UCAB y Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas

Omar Zambrano Consultor Independiente, Economista de la Universidad Central de Venezuela

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Cicerón decía que la historia es la maestra de la vida. Desconozco si el autor de los Diálogos comentó alguna vez que pocos hacen caso a la maestra y por ello se repiten los errores. El acusador de Catilina no se limitó a poner en evidencia al conspirador, sino que lo derrotó militarmente. Según dijo, su victoria había sido muy complicada porque Catilina y sus huestes también eran romanos. En nuestro caso los adversarios de la democracia también son nuestros compatriotas.

Los colombianos desean la paz, pero dejaron claro que no a cualquier precio. Aquí el diálogo es deseable para intentar evitar el enfrentamiento fratricida, pero tampoco puede ser a cualquier precio. Chamberlain, primer ministro inglés emblema del apaciguamiento, es decir del diálogo en que una de las partes cede en aspectos vitales, bajó la cabeza ante el dictador alemán firmando el Tratado de Munich en 1938, a pesar de que seis meses antes, con la anexión de Austria, ya Hitler había mostrado su vocación expansionista. Chamberlain pensó y declaro que ¨había traído la paz a nuestra generación¨. Pocos días después, mañana se cumplirán 78 años, el genocida ordenó la ¨Noche de los cristales rotos¨ en contra de los judíos, uno de los casos de persecución étnica más vergonzosos de la historia y luego desencadenó la guerra mundial.

El diálogo, la negociación o los tratados no son malos per se, pero no se debe ceder en aspectos vitales. En Colombia y en Vietnam las negociaciones duraron años por la naturaleza de los conflictos. Aquí solo está en el tapete si se cumple o no con la Constitución, por lo que no es válido lo que sostiene Henry Falcón. Los demócratas solo exigimos la realización del revocatorio este año y elecciones regionales, lo demás cae por su peso. Las evidencias indican que la cúpula roja solo aceptará medirse si: 1- La presionan los militares, lo cual es poco probable al menos por parte del Alto Mando. 2- Si hay una gran rebelión ciudadana, lo cual es posible pero el temor a la represión la contiene y 3- Si de las filas oficialistas surge un movimiento para desplazar a sus talibanes; aspiramos que haya dirigentes rojos que rechacen los abusos y estén de acuerdo con medirse para sobrevivir políticamente.

Apoyamos a la MUD aunque nos preocupa que en su último comunicado haya expresado ¨la posibilidad de retomar el referendo revocatorio¨. ¿Acaso alguien de nuestro lado lo ha desechado? Tampoco podemos estar de acuerdo con la participación de Timoteo Zambrano en el diálogo. ¿Acaso no habían dicho que sería separado de sus responsabilidades?

A pesar de algunas incongruencias, la MUD ha sido exitosa. El régimen está en situación difícil y por ello buscó el diálogo. Tuvo que soltar a cinco presos políticos, lo cual puso en evidencia que los jueces obedecen sus órdenes. Es cierto que apresó a otros, sigue vejando a Lilian, la valiente esposa de Leopoldo, mantiene aislado a este, los alcaldes Ledezma y Ceballos y el diputado Mantilla siguen presos, al igual que Jattar, Crovato, Da Costa y otro centenar de compatriotas. Rosales tiene casa por cárcel y ojalá no sea cierto que la misma pertenece a Heliodoro Quintero, como aseveran algunos.

No somos optimistas de que el régimen cumpla con nuestras exigencias pero, si cede, también nosotros tenemos que ofrecer algo. Como no somos los que hemos violado la Constitución, lo único que se puede pactar es dar un trato justo a los personeros del régimen, perdonar pecados veniales y volver a establecer el sistema de representación proporcional que en una nueva elección parlamentaria les permitiría ocupar un 20 a 25 por ciento de las curules. Paralelamente debe haber acercamiento con personas del grupo alejado del régimen, como Héctor Navarro, Carmen Elisa Osorio, Evans y Miguel Rodríguez Torres.

En la historia hay numerosos casos de negociaciones exitosas entre enemigos aparentemente irreconciliables y otras que fracasaron. Tal día como mañana, en 1799, Napoleón dio un golpe de estado, pero al final murió preso y en 1918 el káiser Guillermo II tuvo que renunciar después de haber embarcado a su país en la guerra. No hubo intermediarios capaces de evitar esos hechos. Teóricamente, aquí el trabajo de los mediadores debería ser fácil, pero con personajes como Samper que recomienda no crear falsas expectativas las perspectivas no se visualizan positivas. Si creen en la democracia su deber es presionar al oficialismo para que respete la Constitución. Por el contrario, si lo que les importa es ahogar las protestas para que el presidente de facto termine su mandato entonces serán moralmente responsables de los atropellos que continuará ejecutando el régimen y de posibles estallidos de violencia y la historia los enjuiciará tan severamente como al régimen.

Como (había) en botica: Contundente la respuesta de Chuo a Samper. Pdvsa sigue firmando convenios con sus socios para que estos la financien, lo cual la coloca en minusvalía. Lamentablemente se produjo otro gran derrame de petróleo, esta vez en la Faja del Orinoco. Freddy Guevara ha resultado un excelente parlamentario y un valiente luchador. Tanto él, como Voluntad Popular merecen nuestro respeto y solidaridad. El único y más peligroso terrorista es Maduro, quien practica terrorismo de estado. Felicitamos a Helen Fernández, por su labor como encargada de la Alcaldía Mayor. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

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Francisco Russo Betancourt

Ciudadanía y política

“La hora de Vargas está esperándose a sí misma en un viejo reloj, entre un minutero de angustia y un horario de esperanza”. Andrés Eloy Blanco

No es fácil conciliar, ante los ojos de los venezolanos, la disposición del diálogo opositor y las hostilidades del gobierno, pero ante la violencia oficial y el deseo de vivir en paz, él se constituye en un mecanismo democrático para superar mayores males y confrontaciones fratricidas, porque lo que está en juego son los intereses colectivos de la población, y aquí hay que dar un voto de confianza a la dirección política de la Mesa de la Unidad. Este encuentro de dialogo entre gobierno y oposición bajo el auspicio de El Vaticano, no puede ser un circunloquio para ganar tiempo al gobierno, pero la naturaleza de las conversaciones, produjo pro tempore, la suspensión de un conjunto de actividades promovidas por la Mesa de la Unidad Democrática y la Asamblea Nacional, entre las cuales está la discusión por la mayoría de diputados del acuerdo declarativo de responsabilidad política del presidente de la República ante la grave situación constitucional y democrática que vive el país.

Los factores de oposición han señalado, sin ambages, que estas actividades se suspenden en tanto el gobierno de señales de un fructífero proceso para avanzar en la solución de los problemas políticos, económicos y sociales del país, léase, el acatamiento a las atribuciones de la Asamblea Nacional y la descolorida y obscena dependencia del TSJ al servicio del régimen, la aguda escasez de alimentos y de medicinas, así como la galopante inflación que nos arruina cada día, y, la libertad de los presos políticos.

No hay duda que estos males reunidos en conjunto pueden constituir la más grave crisis que ha vivido la Nación desde su inicio, y por supuesto, en la administración y gestión del gobierno tiene grave responsabilidad el presidente de la República como jefe de Estado y de gobierno.

Lo anterior viene al caso, porque no sólo está pendiente en la Asamblea Nacional la declaración de responsabilidad política del presidente, sino que igualmente, el país ha reaccionado expectante ante esta figura consagrada en nuestro texto fundamental.

El principio democrático que deriva del preámbulo de nuestra Constitución, encuentra su interna expresión en la fórmula que define al gobierno nacional en su artículo 6, como un gobierno que es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Es decir, que el sistema institucional para conducir al país se consagra bajo la conducción responsable del presidente de la República en el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, exigido a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos, que ni la declaratoria de estados de excepción lo libera de su responsabilidad, y aquellos graves males se insertan en la garantía de los derechos de los venezolanos que impone nuestro texto constitucional al presidente, responsabilidad que se ratifica en el artículo 232 constitucional, pero que queda comprometida sólo cuando se tipifiquen las acciones que la comprometan y a partir de allí puede ser exigida. Ni la Constitución de 1961 ni la vigente de 1999 establecen el medio para imponer dicha responsabilidades, salvo la penal.

Entonces, vamos al grano. El presidente tiene responsabilidad civil, penal y administrativa y política, durante su mandato y exigida aun habiendo cesado en el cargo, pero cuál es el alcance de la declaratoria de responsabilidad política?

Por supuesto, la respuesta a esta pregunta depende del tipo de responsabilidades en que incurra el presidente, con arreglo a los diversos Códigos y leyes, que ameritan un análisis separado, pero igualmente hay que destacar que es de la potestad constitucional de la Asamblea Nacional realizar investigaciones para controlar la Administración Pública Nacional y por supuesto, de quien ejerce la jefatura del Estado, y en tal caso, la Constitución dispensa al Ministerio Público y al Poder Ciudadano, a requerimiento de la Asamblea Nacional, la atribución para intentar las acciones a que haya lugar y hacer efectiva tal responsabilidad, pero más allá de esta declaratoria, en un gobierno que controla los poderes públicos, está la sanción de los organismos internacionales que ya abrieron los ojos sobre lo que ocurre en el país, y a la que este gobierno teme. Sanciones ejemplares, un poder judicial respetable y respetado, que las ejecute y una mano limpia pero al mismo tiempo férrea para aplicarlas, es lo que necesita Venezuela. En este estado, entonces, estamos.

frusbet@gmail.com

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Con voz propia

Preámbulo de reunión exploratoria para el diálogo que el militarista régimen rechazaba, en Aragua el inescrupuloso juez del Tribunal Quinto de Control Alfredo Baptista Oviedo, sentenció a 13 jóvenes por participar en manifestación del 14 de octubre y ordenó recluirlos cárcel de Guárico. Pero los internos no permitieron acceso de los condenados sin pruebas.

Se trata del mismo juez que liberó a pistoleros del Puente Llaguno, de abril de 2002 y el que sentenció a comisarios Lázaro Forero, Henry Vivas e Ivan Simonovis a pena máxima de 30 años. Contra el cuestionado enjuiciador hay denuncia desde 2013 sobre detenciones arbitrarias en Oficina del Alto comisionado para derechos humanos (ddhh) de ONU.

La acción dizque judicial se atribuye al gobernador sirio merideño impuesto en Aragua Tareck Zaidan El Aissami Maddah, quien ni siquiera reside allí. En Globovisión niega acción de mediadores y con arrogancia rechaza aplazamiento de medidas del Parlamento. Sumiso a Nicolás Maduro (NM) califica de criminal de lo que para él en enfermiza definición, es la derecha.

En el mundo suena el nombre de Venezuela. 103 países de la ONU, reunidos en Ginebra, se interesan sobre caos causado. EEUU, México, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica y Alemania hicieron énfasis en acceso a información pública y en acoso a periodistas y medios; Suecia, en escasez de alimentos y medicinas; de nuevo EEUU y Alemania y República Checa, en falta de independencia de poderes públicos y persecución a la Oposición. También se reiteraron solicitudes para que visiten al país el Alto Comisionado de DDHH y relatores de ONU, a verificar denuncias.

Más de 100 funcionarios del régimen, liderados por 5 ministras arribaron: la canciller Delcy Rodríguez, Iris Varela (cárceles), Luisana Melo (salud), Aloha Núñez (indígenas) y Blanca Eekhout (mujer). Además se apersonaron las magistradas del tsj: Francia Coello y Carmen Zuleta; y la rectora del CNE, Sandra Oblitas.

Doce gobiernos latinoamericanos reunidos en Cumbre de Cartagena, expresaron preocupación y exhortaron a establecer “diálogo constructivo”.

Rimbombante NM anunció unirse, pero desistió, después de las declaraciones del Presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, quien se refirió a la crisis y fue secundado por canciller guatemalteco, Carlos Raúl Morales.

Cancilleres de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea, reunidos en Santo Domingo, sumaron su angustia.

Se dio reunión exploratoria para diálogo al que cedió el régimen y por el cual el Papa Francisco aseguró que apuesta “todo y de corazón (porque), es el único camino para todos los conflictos”.

En mayo el secretario para Relaciones con Estados, Monseñor Paul Richard Gallagher, suspendió su viaje a Venezuela “por motivos que no dependen de la Santa Sede”. En Octubre se aceptó al Nuncio Apostólico en Argentina, Emil Paul, pero terminó participando el prelado italiano Claudio Maria Celli.

Acordaron crear 4 mesas de trabajo: el ex jefe del gobierno español Rodríguez Zapatero coordinará la de "Paz, respeto al estado de derecho y a la soberanía"; la Santa Sede la de "Verdad, justicia, ddhh, reparación de víctimas y reconciliación"; y los ex presidentes Leoner Fernandez (Dominicana), el "económico social" y Matín Torrijos (Panamá),"Generación de confianza y cronograma electoral". Un nuevo encuentro lo programaron para el 11 de noviembre.

Por eso debe impulsarse diálogo y evitar la trampa que es darle patadas a la mesa.

Al MARGEN. Estancados en pensamiento, porque de ideología carecen, pregonan que un fallecido vive. Hasta siguen línea de Fidel Castro sin tomar en cuenta la actualización de Raúl.

jordanalberto18@yahoo.com

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