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Opinión

Jesús Elorza G.

¿Qué le pasa compadre Juan? que lo noto preocupado, le preguntó Pedro.
-Es que el partido me encomendó la tarea de atender una reunión.
Y que tiene eso de raro, si tú te la pasas en eso.
-Bueno compadre, déjeme explicarle. El encuentro fue con un grupo de “Comacates”
¿De qué?...
- Un grupo de oficiales militares, conformados por Coroneles, Mayores, Capitanes y Tenientes de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.
¿Y qué carajo hacia usted allí, compay?
-Tratando de buscar una salida frente a este régimen de Maduro.
Compadre, no me diga que se metió a conspirador.
El encargado de atender esa reunión por parte de mi partido, no pudo venir por estar atendiendo otras obligaciones y como la reunión era en Aragua, me designaron a mí para cubrir esa tarea. En principio yo creí que era con el sector militar para conformar un grupo de opinión democrática dentro de la fuerza armada. Pero, cuando me trasladaron al sitio de reunión con una capucha y lentes oscuros para no ver por donde me llevaban, pensé que el encuentro era para otra cosa.
No me equivoqué, después de rodar por casi una hora y cambiar de vehículo en tres oportunidades, llegamos a una casa con todos los vidrios ahumados y allí estaban Los Comacates armados hasta los dientes.
Me sentí más tranquilo, cuando comenzamos a hablar y vi que teníamos plena coincidencia en las críticas al régimen de Nicolás: autocrático, centralista, corrupto y represivo. Sin embargo, al plantear las salidas posibles frente a este régimen, los militares solo planteaban la posibilidad de un Golpe Ya…argumentaban que no se puede permitir que este gobierno continúe por más tiempo en el poder.
¿Y que pasó compay? …dígame porque me tiene en ascuas.
-Su esquema golpista era muy simple: que la sociedad civil salga a la calle a protestar y al producirse “los primeros muertos” por los enfrentamientos con los milicianos, la policía o la guardia nacional, ellos (Los Comacates) saldrían de sus cuarteles para tomar el poder.
Ingenuamente pregunté ¿Cuántos serían “los primeros muertos”? y de inmediato el comandante jefe del grupo, sin arrugar la cara, me contestó “mínimo 100”
Enseguida, agarré mi teléfono y por mis redes sociales de WhasApp, Twitter y Facebook consulté a todos los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que hacen vida en la región. Al finalizar la consulta, cogí papel y lápiz y copié 50 nombres de compañeros dispuestos a sacrificarse por el país….para que no quedara ninguna duda, yo encabecé la lista.
Compadre usted se volvió loco.
Tú me conoces, no voy a llamar al sacrificio y hacerme el loco…mi familia al igual que todos los venezolanos merecemos un futuro mejor y si ello implica entregar la vida estoy dispuesto a ello.
¿Y que pasó después compadre?, dígame la hora, el sitio y la fecha para no quedarme por fuera.
Cuando le entregué la lista al Comandante, este preguntó dónde estaban los otros 50 “primeros muertos”…..y yo le respondí que cuales iban a ser los cincuenta oficiales que iban a morir por la Patria….lo lógico era que en esa conspiración los riesgos se corrieran a partes iguales.
-No ciudadano, dijo el Comandante Comacate, usted está equivocado, las victimas corren a cuenta de la sociedad civil, nosotros los militares nos encargamos de restituir el orden y el control del poder.
Que mantequilla, le dije, nosotros ponemos los muertos y ustedes toman el poder….no me joda comandante…..eso no pasa de ser “un quítate tú pa’ ponerme yo”. Allí, podrás entender, terminó la reunión y los uniformados ni se molestaron en traerme de regreso.
Compadre, dejémonos de vaina y no sigamos buscando salidas golpistas, porque seguro estoy que el remedio será peor que la enfermedad.

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El presidente de facto predica que Estados Unidos quiere invadirnos porque necesita nuestro petróleo. La realidad indica que, por una política errada, tuvimos que importar entre enero y noviembre del año pasado 28.395.000 barriles de productos refinados procedentes de Estados Unidos, según estadísticas de la US. Energy Information Administration (EIA). Además, este año le compramos al mismo ¨imperio¨ 547.925 barriles de petróleo liviano y adquirimos cantidades no divulgadas a Rusia, Angola, Argelia y Nigeria.
No debe extrañar que en un momento determinado una empresa que produce y refina petróleo, compre crudo y productos derivados. Lo importante es que explique las razones y que se justifique económicamente. Según comunicado de Pdvsa de octubre del 2014, han sido importaciones puntuales de crudo ligero para mezclarlo con nuestro extrapesado en razón del ¨aumento de la producción y por el mantenimiento de uno de los mejoradores de Jose¨.
Estas excusas solo reflejan el fracaso de los rojos. Lo apropiado hubiese sido intensificar la producción de nuestros livianos, de los cuales todavía existen considerables reservas y, paralelamente, construir ¨mejoradores¨ adicionales a los que estableció la Pdvsa meritocrática. Como consecuencia de no haber tomado esas medidas, las importaciones de petróleo liviano se han hecho rutinarias, con el consiguiente desembolso de divisas para adquirirlo.
Otro error fue aumentar la participación de Pdvsa en las Empresas Mixtas de 40 % al 60%, con el demagógico argumento del control y de la soberanía. Como es sabido, eso se puede lograr mediante los estatutos. Lógicamente, ahora tiene que aportar más dinero y, como no lo tiene, pide prestado a los socios o no invierte y la Empresa Mixta se estanca. Transformar los Convenios Operativos en empresa Mixtas fue también una mala decisión.
En cuanto a refinación, la política roja consideró que era más importante el mercado de Cuba, Jamaica y República Dominicana que el de Estados Unidos y Europa. Por ello vendieron nuestra participación en tres refinerías en Estados Unidos ( 221.000 b/d) y cinco en Europa (223.000 b/d ), a cambio de adquirir participación en refinerías en Cuba ( 32.000 b/d), Jamaica (17.000b/d) y República Dominicana ( 17.000 b/d). En total perdimos 378.000 b/d de capacidad de refinación, además de un buen mercado y excelentes socios.
En relación al suministro a otros países, los rojos no consideraron que tendríamos escasez de divisas. Por ello fueron excesivamente generosos no solo en cuanto a las condiciones de financiamiento, sino al convenir la posibilidad del pago en especies y en servicios. En el 2014, se despacharon en condiciones preferenciales 208.000 b/d, de los cuales 89.400 b/d fueron a Cuba a cambio de médicos, entrenadores y suministro de medicinas y 24.600 b/d a Nicaragua que llegó a pagarnos parcialmente con pantalones. Renegociar estos contratos generaría ingreso de divisas para adquirir medicinas y alimentos, en cambio el aumento de la gasolina no soluciona nada y genera aumento del costo de la vida. .
En cuanto a recursos humanos la política roja ha sido utilizar a Pdvsa como fuente de colocación de sus militantes. La fuerza laboral, en Venezuela, pasó de 69.284 trabajadores (40.955 en nómina y 28.329 contratados) en el 2001 a 172.824 en el 2014 (116.806 en nómina y 25.598 contratados que trabajan en actividades petroleras y 30.320 en nómina de actividades no petroleras). Tenemos entendido que en el 2015 aumentó aún más el personal.
Fuimos el segundo país productor y el primer exportador de petróleo. Hoy ocupamos el doceavo lugar entre los productores mundiales y el octavo entre los exportadores. Según cifras suministradas por Pdvsa a la OPEP, al 16 de enero de este año solo producía 2.558.000 b/d, mientras que en el 2001 la Pdvsa meritocrática producía 3.267.000 b/d. Según el régimen ¨somos una potencia petrolera porque tenemos las reservas más grandes del mundo¨. Es cierto que nuestras reservas son cuantiosas, aunque no de la magnitud inflada que reporta Pdvsa, sin embargo el problema es que nuestra producción disminuye aceleradamente y esas reservas pueden quedarse bajo tierra. Algo equivalente a no tenemos comida, medicinas ni repuestos pero ¨tenemos patria¨.
Como (había) en botica: Los demócratas siempre estaremos agradecidos a Oscar Arias, expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz. En artículo anterior a la elección del presidente de la Asamblea opiné que era preferible elegir a alguien que no tuviese tanto rechazo entre los simpatizantes del difunto pero que votaron por la MUD o se abstuvieron. Reconozco que me equivoqué. Ramos Allup está haciendo un excelente trabajo. A menos que actúe otra Tibisay, en Bolivia ganó la democracia. Hurra por Quiroga y por todos los bolivianos ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com

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Hace uno días, una nota de prensa[1] destacó la realización de un 3er Consejo Comunal en el barrio Alfonso López del Municipio San José de Cúcuta, Departamento del Norte de Santander, Colombia, en el cual participaron 1.000 vecinos de la Comuna 9 y 10 del municipio. Los temas allí tratados fueron la seguridad ciudadana, campaña de salud, embellecimiento de monumentos culturales, entre otros.
Ese 3er Consejo Comunal sirvió de espacio para el encuentro y diálogo entre los vecinos con el alcalde del municipio, gobernador de departamento, diputados concejales, presidentes de juntas de acción comunal de esas comunas, entre otros actores.
La nota de prensa resulta interesante, porque permite identificar el uso de la terminología“comuna” y “consejos comunales” en el marco de una dinámica política muy diferente a la que experimentamos los venezolanos.
La “comuna” en Colombia es reconocida constitucionalmente como una forma de división territorial del municipio, utilizada para referirse específicamente a las zonas urbanas; mientras, que las zonas rurales son identificadas con el término “corregimientos” y en ambos casos, la instancia de representación y participación se denomina Junta Administradora Local.
Esa Junta Administradora Local desarrolla una labor voluntaria y entre sus responsabilidades está la de participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo económico, social y de obras públicas; vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales e inversiones que se realicen con recursos públicos e incluso pueden asumir funciones cuando éstas le sean delegadas por autoridades locales.
En relación al término de Consejos Comunales, la referencia en la nota de prensa a que se refiere el primer párrafo de este artículo, parece responder al modelo que impuso a partir del año 2002 en Colombia el expresidente Álvaro Uribe, quien, estratégicamente llamó así al espacio de encuentro y diálogo entre ciudadanos y gobierno para el debate de los temas públicos y políticos[2].
Resulta oportuno destacar que ese término Consejos Comunales también es utilizado en Chile de manera muy similar, de hecho, el Municipio Santiago de Chile está convocando para el 13 y 14 de abril a elegir al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, integrado por 24 miembros elegidos entre las instituciones inscritas de ese espacio territorial llamado Comuna[3].
En el caso Venezolano, la “comuna” se impuso en el ámbito local a espaldas de la voluntad popular en la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en diciembre 2010, desde entonces se le califica como una entidad local, es decir, como una delimitación territorial del municipio, similar a una parroquia, urbanización, sector o barrio, pero con tratamiento especial pues su regulación quedó sometida a las leyes nacionales, en donde se diseñó un modelo con una estructura tan compleja que prácticamente la hace inviable.
El modelo socialista de comuna, intentó desplazar a las parroquias y a sus Juntas Parroquiales, aprovechándose de la débil conexión ciudadana del modelo parroquial en la gran mayoría de los municipios del país.
La parroquia en la actualidad sigue sin desarrollarse como modelo y en los municipios donde existe, no deja de ser una división casi inexistente del territorio municipal. Por su parte, las comunas, lejos de ser identificadas con espacios territoriales, son percibidas como organizaciones clientelares al servicio del socialismo y del gobierno central.
En consecuencia, el vecino, cuando busca apoyo institucional para enfrentar problemas como la escasez de agua, la ausencia de iluminación en las calles, la seguridad ciudadana, la recreación en espacios públicos, entre otros, siente huérfano -por decirlo de alguna manera- pues sólo se encuentra en lo inmediato con instituciones municipales, que no logran responder con la efectividad esperada, en la mayoría de los casos como consecuencia del desmantelamiento institucional que ha promovido el gobierno central.
En las últimas semanas se ha planteado en Venezuela la necesidad de rescatar la descentralización, lo que significa iniciar un debate político, que en principio, reclame en el marco constitucional vigente, el reconocimiento del Municipio y de los Estados como actores de desarrollo nacional y como promotores de ciudadanía que alimenten las bases de una mejor democracia.
Ese reconocimiento a que hace mención el párrafo anterior, es esencial para la reinstitucionalización del país. El desafío que impone rescatar la descentralización, demanda algunas reformas a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal para lograr reordenar institucionalmente el territorio, y a tal fin, resultará necesario revisar el modelo parroquial y evaluar la experiencia de las extintas juntas parroquiales, cuya ausencia no pareciera tener dolientes.
Lo anteriormente expuesto, supone tomar decisiones sobre el diseño de la “comuna” en la arquitectura institucional venezolana, pues las mismas, también están ocupando espacios de supuesta participación en las distintas instancias de planificación territorial del Sistema Nacional de Planificación.
Es importante recordar que el Consejo Federal de Gobierno, Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y el Consejo Local de Planificación Pública, son instancias de ese Sistema Nacional de Planificación Pública y Popular, creadas además en la Constitución Nacional.
Por lo tanto, también es necesario repensar el modelo de planificación venezolano para ponerlo al servicio de la descentralización. Cada una de las instancias de planificación local, estadal y nacional, pueden convertirse en espacios idóneos para que la gobernanza pueda servir de herramienta en la construcción de lo que podría ser un Plan Nacional de Descentralización, con la suficiente legitimidad, como para recuperar la ruta hacia el Estado Federal y Descentralizado al que hace referencia la Constitución Nacional.
[1]Alcaldía de Cúcuta. Mas de 1000 personas se congregaron en tercer consejo comunal. 14 de febrero 2016. Online en: http://cucuta-nortedesantander.gov.co/noticias.shtml?apc=ccx-1-&x=1388705
[2] El pais.com. Consejos comunales la mejor vitrina que tuvo Uribe. 4 de julio 2010. Online en:http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/consejos-comunales-mejor-vitrina-tuvo-uribe
[3] Santiago de Chile Ilustre Municipalidad. Elecciones Consejos Comunales de la Sociedad Civil. Recuperado el 18 de febrero 2016. Online en:. Online en:http://www.municipalidaddesantiago.cl/paginas/ver/ELECCIONES-COSOC-ABRIL-2016-2
Artículo escrito para Politika Ucab, 19 de febrero de 2016

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Discrepar públicamente en lugar de acordar unitariamente sobre cómo superar la crisis nacional, más que mostrar diversidad, evidencia la equivocada intención de diferenciarse en nimiedades de forma jurídica. Decimos nimiedades, porqué nadie en nuestro país cree en soluciones legales ante la manera reiterada en la que actúan los llamados a ser garantes de las leyes.
Todos, inclusive muchos de los que en algún momento apoyaron al régimen de Chávez, que no el de Maduro, concordamos que un paso importante a favor de dicha superación sería la separación del presidente de su cargo.
Algunos parecieran tener tiempo para esperar que “madure y se caiga”, sin tomar en cuenta que cuanto más se prolonguen los desaciertos, muchos más tardaremos en comenzar la recuperación y que esta será cada vez más difícil. Otros sentimos que es indispensable acelerar los acontecimientos y que si acordamos la forma constitucional de lograrlo, es posible comenzar a transitar el camino hacia un país distinto y mejor para TODOS, imagen que no nos cansaremos de invocar.
¿Cómo? debe ser respondido políticamente y ello implica unidad de criterios y de propósitos.
Desde nuestra posición de ciudadanos nos animamos a aupar los esfuerzos, que intuimos se están realizando con la participación de factores diversos, en procura de un acuerdo que permita el establecimiento de un nuevo gobierno, sin duda de transición, cuyo único propósito tiene que ser la recuperación del estado de derecho y de la institucionalidad llamada a garantizarlo.
Esta transición debe incluir las correcciones de fondo que indudablemente requiere la constitución de 1999, por la vía más expedita que las haga estables y con la intención de asegurar garantías reales para la marcha armónica de una Venezuela federada.
Adicionalmente, y no menos importante, ese período transicional deberá emprender lo que en otras latitudes se está llamando la “regeneración democrática”, que no es otra cosa que el rescate del ejercicio de la política desde una vertiente ética, en la que la transparencia en las actuaciones institucionales y personales sea obligación no negociable.
La democracia tiene que dejar de ser representada exclusivamente por elecciones puntuales y su práctica debe ser acometida por los ciudadanos participando en todos los ámbitos de la vida diaria, mediante el ejercicio pleno de sus derechos y el cumplimiento estricto de sus obligaciones.
Los políticos tienen que estar orgullosos de ese calificativo y ejercer el oficio a dedicación exclusiva, sin compartirlo con otras actividades que a la larga pudiesen generarles conflictos de intereses, defendiendo sus ideales y recordando siempre que su papel es el de representar a otros que no tienen las mismas oportunidades para hacerse sentir.
Todo esto y mucho más es posible si aceptamos que existe una responsabilidad compartida, cuyo ejercicio nos atañe a cada uno; para lograrlo tenemos que seguir luchando y exigiéndole a los que nos representan, el encontrar un camino constitucional unitario que nos permita continuar libérrimamente, como seres humanos que somos, esa búsqueda interminable de la felicidad que llamamos vida.

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Respetados Señores:
Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República, Aristóbulo Isturiz, Vice-Presidente de la República, Miguel Pérez Abad, Ministro para Industria y Comercio, y demás Ministros del área económica, Integrantes del Consejo de Economía Productiva, Tareck El Aissami, Gobernador del Estado Aragua, Diputados representantes del Estado Aragua, Industriales del Estado Aragua y Población del Estado Aragua
La Cámara de industriales del Estado Aragua, preocupada por la situación de profunda y grave crisis económica y comprometida con el país, saluda la instalación de mesas de trabajo entre el sector público y privado para encontrar soluciones, y por ello se dirige a los diferentes actores del área económica para elevar sus planteamientos, los cuales han sido analizados y convenidos con empresas del sector industrial aragüeño.
A los entes del Estado proponemos:
SUMINISTRO DIRECTO A LA INDUSTRIA PRIVADA, DE MATERIAS PRIMAS QUE PRODUCE EL ESTADO.
1.- Las materias primas producidas por empresas básicas del Estado, deben ser vendidas directamente a las empresas industriales con reconocida trayectoria para su proceso de transformación en productos terminados. De esta manera se eliminaría la intermediación de empresas con poco o ningún reconocimiento que solo encarecen los productos y dificultan el acceso a las materias primas esenciales para atender las necesidades del mercado nacional. Además de que se generan mecanismos públicos de información transparente que permitan conocer el destino real de las asignaciones de tales materias primas. Del mismo modo, las Empresas del Estado que producen materiales de construcción, deben facilitarle el acceso a las industrias que requieran ampliaciones o mejoras de su infraestructura. Se debe procurar que las empresas productoras de resinas de PEQUIVEN vendan las mismas a precios que les permitan la sostenibilidad de sus operaciones y así desestimular el contrabando de extracción de resinas que perjudica al parque industrial venezolano, que las necesita para fabricar manufacturas plásticas
ELIMINACIÓN DEL CERTIFICADO DE DEMANDA INTERNA SATISFECHA.
2.- Eliminación del Certificado de Demanda Interna Satisfecha para facilitar a las Empresas venezolanas la exportación de producto final, como mecanismo eficiente de adquisición de divisas, con las cuáles se puedan conseguir los insumos necesarios para activar el aparato productivo y cubrir las necesidades de la población. En lo que respecta al Sector plástico, dado que Polinter no abastece la demanda real del mismo es necesario recibir de ellos el Certificado de Producción Insuficiente para gestionar el complemento con la importación de resinas o afines.
GARANTIZAR LA SEGURIDAD PERSONAL Y DE LAS INDUSTRIAS.
3.- Garantizar, con criterio de urgencia, la seguridad en las zonas industriales del Estado Aragua, de manera especial pero no exclusivamente, de San Vicente en Maracay, para que las plantas puedan operar de manera sostenible y eficiente, donde sus Trabajadores laboren con seguridad a su integridad física y mental.
RAPIDEZ Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN.
4.- Los trámites de importación deben soportarse en mecanismos transparentes y rápidos que favorezcan la llegada de bienes necesarios para la fabricación industrial en Aragua, polo clave de importantes sectores industriales para el país, como alimentos, farmacéuticos, metalmecánicos, plásticos, etc., en lugar de continuar importando productos terminados.
DISMINUCIÓN URGENTE DE LAS TASAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES Y ESTADALES Y DEROGATORIA DE LA LEY DE TIMBRES FISCALES.
5.- Disminución urgente de las tasas de impuestos municipales y estadales como incentivo a la inversión, aumento de la producción y generación de nuevos puestos de trabajo en el Estado. Asimismo solicitamos la derogatoria de la Ley de Timbres Fiscales.
PERMITIR A LA INDUSTRIA PARTICIPAR EN EL DISEÑO DEL PLAN DE EMERGENCIA ELÉCTRICA INDUSTRIAL.
6.- Permitirle a los industriales del Estado participar en el diseño del Plan de Emergencia del Sistema Eléctrico a objeto de que el efecto sobre la producción industrial sea el mínimo posible y las empresas puedan prever el incremento de su operatividad.
DIÁLOGO ENTRE INDUSTRIA E INSPECTORÍAS DEL TRABAJO.
7.- Que el ministerio del trabajo atienda al sector industrial para conocer y resolver de manera conjunta las causas relacionadas a la conflictividad sindical, ausentismo y baja productividad laboral.
UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS LOCTI PARA INVERSIÓN.
8.- Que se permita a las empresas la utilización directa de los fondos LOCTI para proyectos tecnológicos que impulsen las inversiones en el desarrollo tecnológico de las plantas industriales a fin de promover la manufactura de los productos que el país necesita y sustituir los que actualmente nos vemos forzados a importar.
PROMOCIÓN DEL CIRCUITO CÁRNICO PORCINO.
9.- Contando con las materias primas e insumos necesarios que garanticen la continuidad y calidad de la producción de alimentos balanceados para animales, el sector porcino nacional puede aumentar la producción de carne de cerdo en aproximadamente 30% en tres meses. Para alcanzar esta meta proponemos lo siguiente:
- Asignación del 30% de los barcos de maíz amarillo, torta de soya y aceite crudo de soya al sector porcino.
- Derogatoria de la Providencia que establece precio justo del cerdo en pie y cortes.
- Exoneración del ISLR agrícola que permita invertir en cualquier actividad agropecuaria.
ACUERDOS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.
10.- Establecer acuerdos jurídicos, con industrias foráneas interesadas en invertir en el país, para producir repuestos en el Territorio Aragüeño que sirvan para surtir nuestra demanda en esa área, sin tener que importar.
RESCATAR LA FORMACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA DEL INCES.
11.- Que el INCES vuelva a ser una institución primordial en la capacitación de los jóvenes venezolanos en oficios industriales, para que las empresas puedan incorporar la mano de obra calificada que requieren para incentivar la producción nacional.
A los Empresarios de Aragua proponemos:
12.- Continuar atendiendo asertivamente, a través de diálogos directos, las necesidades de sus Trabajadores, y encontrar con sus legítimos representantes acciones que permitan incrementar la su bienestar y la productividad de la industria del Estado Aragua.
13.- Apoyar el trabajo gremial como sector industrial para elevar las propuestas a las instancias correspondientes que permitan proponer soluciones a los problemas que atraviesa el sector, con base en nuestras comprobadas competencias productivas.
14.- Desarrollar planteamientos y propuestas para contribuir a salir de la crisis económica y social, emitiendo documentos para presentarlos a las instancias correspondientes.
15.- Trabajar unificadamente las propuestas que surjan de los empresarios interesados en aportar a la reactivación del aparato productivo nacional, promocionando la colaboración, apoyo mutuo y la ejecución de acciones conjuntas.
16.- Colaborar con los gremios mediante el suministro de data de la situación del Sector Industrial en la región, que permita informar a los diferentes organismos del Estado, sobre las políticas públicas de interés para promover la reactivación de la producción nacional.
17.- Acercarse a los gremios y propiciar reuniones Estado – Industria para evaluar y emprender acciones conjuntas para reactivar el aparato productivo nacional.
Es importante señalar, además de todo lo planteado, que esta Cámara apoya las propuestas de nuestros organismos rectores, Conindustria y Fedecámaras relativas a la urgente necesidad de atender la referida crisis con medidas macroeconómicas a través de las cuales El Estado Venezolano, genere confianza con diálogos y resultados, asumiendo: el compromiso de pago de la deuda con los proveedores extranjeros; la sustitución del sistema de control de cambios por otro que le otorgue a las industrias la posibilidad de accesar libre y legalmente a las divisas, el reemplazo de los controles de precios con subsidios directos a la población más necesitada y la sustitución de importación de productos terminados por materias primas necesarias para la producción nacional y la reactivación de las empresas en manos del Estado.
Los industriales de Aragua estamos empeñados en contribuir a la solución de la grave situación que atraviesa nuestro pueblo, a través de la libertad de industria, trabajo y asociación, como lo establece el marco jurídico venezolano. Invitamos a todos a trabajar unidos y con el empeño que requiere este momento histórico del país, para llevar a los habitantes de Venezuela los bienes y servicios en la cantidad y calidad, que requieren y merecen.
Maracay 16 de febrero de 2016

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Lester L. López O.

Sin dólares, no hay paraíso…
Una semana de expectativas ofrecidas, tanto por el gobierno, como por la oposición, termina con la sensación de que “todo seguirá igual” o de “más de lo mismo”, no contribuye a mejorar la poca esperanza que aún le queda a la mayor parte de la población venezolana, por lo que el escenario de una explosión social que obligue al gobierno, y a la oposición, a negociar en serio se hace más evidente.
Por una parte, el presidente de la AN, al finalizar la semana pasada declara que la crisis del país no admite seis meses para proponer un método constitucional, pacífico, democrático y electoral que cambie al gobierno y anuncia que durante el fin de semana se tomará una decisión en tal sentido porque el país no puede esperar seis meses más. El martes, en entrevista con una agencia internacional de noticias considera que la enmienda constitucional para recortar el periodo presidencial pareciera la que presenta menos inconvenientes para salir del presidente, pero esto aún no está decidido dentro del MUD. Dos días después, la dirigencia del partido Primero Justicia anuncia total respaldo a la propuesta de referendo revocatorio propuesta por el gobernador de Miranda, en lo que parece una decisión inconsulta con el resto de MUD y del propio presidente de la AN. El viernes, al finalizar la tarde, el secretario ejecutivo de la MUD en entrevista radial “aclara” que la ruta es reemplazar en marzo a los dos rectores del CNE que se les vence su periodo ese mes, anular la designación inconstitucional de los últimos magistrados del TSJ aprobada por la AN pasada para luego pensar en las formas constitucionales de cambiar al gobierno, sin olvidar que este año también hay elecciones de gobernadores donde hay posibilidades de ganar 19 de estas, o sea, algo así como “ya vamos pa’llá” o, “podemos caminar y mascar chicle a la vez”. Dentro de estos cursos de acción y puntos de vistas “armónicos” de la oposición democrática, algunos se preguntan: Pero ¿tendremos país en diciembre?
Por la otra parte en el ínterin, el miércoles, después de cinco horas de cadena de radio y tv al más puro estilo del difunto eterno, el jefe del régimen anuncia 14 motores más (no aclara que ya habían tres desde hace dos años) para impulsar, ahora sí, la economía productiva acompañada de unos ajustes cambiarios del valor del dólar, sólo para los enchufados que pueden tener acceso a los mismos, ya que el control continua para el resto de la población, y el incremento del precio de la gasolina que no será para disminuir las pérdidas de PDVSA y reestructurar sus costos de operación para que produzca más, sino para programas sociales populistas donde los administradores se ganan la mayor parte y los beneficiarios son muy pocos.
Nada de disciplina fiscal, nada de garantías a la propiedad privada, ningún tipo de generación de confianza para posibles inversionistas extranjeros, nada de reestructuración de la deuda externa para buscar mejores condiciones de pago, ni intenciones de iniciar conversaciones con organismos multilaterales para conseguir divisas frescas para pagar a acreedores y suplidores internacionales y oxigenar las importaciones, mucho menos nombrar un economista serio que pueda iniciar algún tipo de gira internacional para auxilios financieros. Solo 14 motores con ideologías fracasadas como combustible, eso sí, más controles, más reuniones con más gente, más consultas populares, más bla, bla, bla, y pastoreo de nubes, con lo que no se arregla nada.
Emulando el llamativo nombre de la obra “Sin tetas, no hay paraíso” alguien tendrá que decirle al régimen que sin dólares, tampoco habrá paraíso. Pero que se lo diga pronto.
20 de febrero, 2016

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Vanguardia Popular (VP) rechaza las medidas económicas anunciadas por el Presidente Nicolás Maduro –a solo un día de conmemorar un nuevo aniversario del tristemente célebre “Viernes Negro” del 18 de febrero de 1983–, porque son antipopulares, neoliberales e ineficaces para resolver la grave crisis que afecta a la economía nacional y deteriora aceleradamente las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de nuestros compatriotas. Por el contrario, las mismas descargan el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo, al tiempo que profundizan la carestía, la escasez y la recesión económica, al constituir medidas parciales que se van anunciando a cuenta gotas, sin adoptar definitivamente un programa económico integral y coherente que ataque de conjunto una inflación superior al 250%, una recesión de 10% del PIB, un déficit fiscal de alrededor de 20.000 millones de dólares y una grave escasez de divisas que impide financiar la importación de insumos y productos requeridos por nuestro aparato productivo y por el mercado de consumo directo.
Veamos:
1) El aumento de la gasolina de 95 octanos a Bs 6 el litro, así como la devaluación de la moneda, representan medidas fiscalistas e inflacionarias cuyo único objetivo es poner en manos del gobierno más bolívares para financiar parcialmente el déficit fiscal, el hipertrofiado y paquidérmico aparataje burocrático del Estado y el colosal endeudamiento externo que este año supone pagos superiores a los 14,500 millones de dólares, según admitió el propio Presidente en ocasión de presentar su informe anual ante la Asamblea Nacional.
2) El ajuste cambiario anunciado, consistente en un dólar preferencial a Bs 10 por dólar y otro flotante cuyo precio referencial es de Bs 200 por dólar, al no estar asociado a un plan de saneamiento administrativo, financiero y productivo de PDVSA, las empresas de la CVG y demás empresas del sector público y de la mal llamada “economía social”, solo servirán para seguir financiando la más aberrante corrupción que haya conocido nuestra historia, así como la ineficacia, la improductividad y la burocracia estatal.
3) La restructuración del sistema de distribución de alimentos lo único que logra, en principio, es legalizar el hecho ya consumado de que los Abastos Bicentenario están virtualmente cerrados por el agravamiento de la escasez, así como también en parte lo están PDVAL y MERCAL. Insistimos en que mientras no se diseñe y ponga en práctica una política orientada a la reactivación del aparato productivo nacional no va a cesar la escasez y, en consecuencia, no tendrán ni el gobierno ni el sector privado productos que distribuir, menos aún cuando no se dispone de los dólares requeridos para financiar las importaciones que podrían paliar parcial y transitoriamente la escasez de insumos y de bienes terminados que sufre nuestra economía.
4) El aumento del salario mínimo a Bs 11.578 mensuales, aún con el complemento que aporta el incremento del ticket de alimentación, cuya suma alcanza el monto de poco más de Bs 24.000 mensuales, más que una burla constituye un ofensa a la inteligencia y la paciencia de nuestro pueblo. El mismo resulta absolutamente insuficiente frente al costo de la Canasta Básica de Bienes y Servicios cuyo monto alcanza a más de Bs100.000 mensuales, como consecuencia de los rigores de la carestía, la escasez y la especulación desatada frente a un gobierno bocón que, sin embargo, luce impotente frente a los embates de la crisis económica y la impunidad del bachaquerismo.
Vanguardia Popular (VP) sostiene que, en contrario a lo anunciado por el gobierno, existen otras alternativas para atacar a fondo la crisis nacional sin sacrificar al pueblo, tal como hemos insistido a través de nuestra propuesta de CAMBIO DE RUMBO que, entre otras medidas, contempla: reducir drásticamente el gasto militar y la compra de armamento; reducir y racionalizar el gasto por servicio exterior; reducir al aparataje burocrático del alto gobierno y, más en general, de toda la administración pública; reducir el gasto de publicidad y propaganda del gobierno, incluida la redimensión del costoso sistema nacional de medios públicos; renegociar la deuda externa a fin de diferir pagos y lograr nuevos plazos y mejores condiciones para los mismos; conformar una comisión especial que investigue los delitos de corrupción y adelante las medidas conducentes a la recuperación de los dineros sustraídos, cuyo monto ha sido situado por el ex ministro Giordani en más de 300.000 millones de dólares; intervención de la CVG a fin de tomar las medidas conducentes a asegurar su saneamiento administrativo y financiero y la reactivación de sus empresas; reformulación integral de toda la política petrolera del país, sin desmedro de la nacionalización y en resguardo de la propiedad del Estado sobre PDVSA y sus filiales; y formular, en definitiva, una nueva política económica y un nuevo Plan de Desarrollo Nacional orientados a reactivar el aparato productivo nacional, a fin de atender la demanda interna de bienes y servicios, reducir la dependencia de las importaciones y promover las exportaciones no petroleras; entre muchas otras medidas, planteadas desde la perspectiva de los intereses nacionales y populares.
Caracas, 18 de febrero de 2016

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