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Opinión

En estos días al ejecutivo no se le ha ocurrido otra solución a la falta de producción nacional, a la que nos ha conducido su propia manera de gobernar, que asignarle públicamente al sector militar responsabilidades en las áreas de explotación petrolera, gasífera y minera, así como también hacerlos partícipes de la producción de alimentos involucrándolos en toda la cadena agroalimentaria, incluyendo el eslabón primario.
Más allá de la burda manipulación amenazante que intenta asociar, ante los venezolanos y el mundo, al gobierno y a la fuerza armada de forma de que sean vistos como una sola cosa y por lo tanto unidos en su destino, tal decisión ratifica la incapacidad gubernamental para entender y poder resolver los problemas que nos aquejan como país y como sociedad.
Asignar a mandos militares la conducción de instancias gubernamentales dedicadas a materias civiles para las que no han sido formados y que algunos de ellos estén siendo señalados, inclusive por el mismo gobierno, como responsables de ilícitos administrativos, le están haciendo un flaco favor a este importante componente de nuestra institucionalidad, que todos deberíamos estar interesados en mantener y que definitivamente el ejecutivo está empeñado en destruir.
En Aragua en Red, siempre pensando en futuro y sin pretender originalidad, nos atrevemos a postular como ciudadanos, lo que queremos que sea la Fuerza Armada:

  • Una institución altamente profesional, al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna, políticamente democrática y con personal activo sin militancia partidista.
  • Con una visión moderna del mundo en el cual los Estado -Nación, en base a realidades geográficas, económicas y políticas, aúnan esfuerzos en procura de la paz y la convivencia internacional.
  • Capaz de contribuir a la clara identificación de los elementos externos que pueden, actual o potencialmente constituirse en amenazas para la sociedad venezolana en su conjunto.
  • Con un tamaño cónsono con las tareas específicas a cumplir, complementado con un equipamiento tecnológicamente moderno que garantice su efectividad.
  • Dotada de un sistema de grados y mandos que le permita el cumplimiento efectivo de sus funciones y regido por evaluaciones de mérito profesional.
  • Dirigida administrativamente con los parámetros gubernamentales en vigencia y con responsabilidad civil en su dirección y supervisión superior.
  • Con seguridad social para sus miembros igual al resto de los venezolanos y provista por el Estado venezolano.
  • Exentas de tareas de mantenimiento del orden público interno salvo condiciones de conmoción o catástrofe nacional, declarada según los términos constitucionales.

Lo escrito se plantea con la intención de promover la discusión sobre temas, que como este, nos interesan a TODOS. Tenemos que atrevernos a soñar un país distinto. Hagámoslo

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Lester L. López O.

Mientras tanto, el tiempo se agota…
El futuro se hace con las acciones del presente
La caricatura de Weil describe exactamente el contenido de esta apreciación semanal. Las colas, ahora generalizadas para cualquier actividad que se proponga el ciudadano común, describen la situación caótica en la que está sumido el país sin que se produzca algún hecho social contundente que cambie la situación en el futuro inmediato, mientras el tiempo pasa.
Además del desabastecimiento de alimentos y medicinas que se ha incrementado, cuando intentamos realizar cualquier otra actividad tropezamos con otras series de limitaciones que no se perciben rutinariamente.
El trasporte aéreo nacional se ha vuelto una complicación no solo para los usuarios, sino para las mismas líneas aéreas que intentan prestar el servicio. Por un lado los itinerarios y rutas casi alcanzan características adivinatorias porque no hay garantías de tiempo, rutas y espacio, ya que las operadoras alegan falta de repuestos, intervenciones y controles permanentes de las autoridades aeronáuticas y por supuesto, carencias de divisas, fundamentales para las operaciones aéreas. Es así, como por ejemplo, una ruta Maracaibo – La Fría (Sur del lago) tiene que hacer escala en Maiquetía para seguir a Margarita y desde allí, finalmente, salir a La Fría, o sea, un vuelo de escasos 25 minutos se convierte en uno de casi cuatro horas sin contar los tiempos de espera.
Igual situación ocurre para el traslado en ferris para Margarita, venden el pasaje para “la próxima salida” sin horario garantizado. También ocurre con muchas líneas extraurbanas, por lo que ahora las previsiones no son de dos o tres horas, sino al menos un día ¿Cuánto vale semejante desperdicio de tiempo?
Más preocupante es un estudio realizado por la empresa Venebarómetro publicado hace menos de una semana que indica que el 85% de las familias venezolanas ganan Bs. 31.000,00 o menos al mes y al compararlo con el costo de la cesta básica según el CENDES de Bs. 110.000,00 mensuales, se concluye que la mayoría de las familias venezolanas apenas ganan un tercio de lo necesario para cubrir sus necesidades básicas ¿Cuánto tiempo se puede sostener esta situación, con un gobierno que juega, precisamente, a que pase el tiempo para ver cómo sale de esta crisis?
Mientras tanto, la AN y la MUD, donde descansan primariamente las expectativas nacionales para lograr el cambio de la situación y del gobierno, expectativas que comienza a descender en sus niveles, se debaten en opciones constitucionales para salir del régimen –enmienda o revocatorio – discuten la Ley de Amnistía, de la titularidad de la vivienda, de los cesta tickets para jubilados, a la vez que reciben cuentas y memorias fantasiosas de algunos personeros del régimen previamente autorizados por el que funge de mandatario nacional. En esos diálogos, también se pasa tiempo mientras la gente espera.
Finalmente, el mandatario desarrolla su actividad preferida de “discutir las soluciones con el pueblo en gobiernos de calles” mediante un monólogo de autocomplacencia para él y sus acólitos que siempre lo acompañan, mientras los encargados de arrancar los 14 motores productivos se pelean la distribución de los pocos dólares que quedan, no para mejorar la productividad, sino para raspar la olla en beneficio personal.
Ninguna mención de los pranes que mantienen en jaque a la población y los cuerpos policiales –aunque a algunos han “dado de baja”- Las fronteras siguen cerradas para beneficio de los encargados de mantenerlas así y el desorden y la ingobernabilidad imperan en el régimen.
Como premonitoriamente indica la caricatura con un reloj de arena, el tiempo se agota.
26 de febrero, 2016

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El drama de la notable escasez medicamentos, las consecuencias y soluciones urgentes
Día a día se descompensan más y más pacientes, y peligran sus vidas por la grave escasez de medicamentos.
Son aciagos los días que viven los venezolanos que padecen enfermedades agudas o crónicas, en pacientes pediátricos o adultos, con achaques comunes o raros, patologías leves o severas, de fácil o difícil tratamiento. En los anaqueles de las farmacias no hay medicinas para tratar a los personas con enfermedades, sean cardiovasculares, neurológicas, endocrinológicas, osteo-articulares, psiquiátricas, gastrointestinales, autoinmunes, cáncer, y pare de contar, de casi todas las dolencias que podamos tener los seres humanos.
Llama la atención y preocupa el silencio de las autoridades a quienes les toca atender esta calamidad y urgencia. Debe ser que no saben lo angustiante y peligrosas que son la falta de aire en una crisis de asma, o de las subidas de la presión de los hipertensos, o no han vivido la crisis de una convulsión en un epiléptico, o de las ideas contra sí mismo de un paciente deprimido, o de lo urgente de un antibiótico en un proceso infeccioso, o de cómo avanza un cáncer sin tratamiento adecuando, o los dolores incapacitantes de una artropatía de cualquier tipo. Todos comprometen la vida, o la calidad de ella cuando no hay tratamiento. “Regresamos a la edad media, cuando no habían medicinas para las enfermedades”, me decía el familiar de un paciente.
¿Y cuál será la consecuencia para las personas por la falta de tratamiento?
Sencillo, se enferman las personas que antes estaban estables, y en algunos de ellos aparecen discapacidades o se adelanta una muerte que se ha podido evitar. Los Médicos sentimos una gran frustración, mucha tristeza, indignación y, hay que decirlo, mucha rabia por este atentado contra los pacientes venezolanos, contra el pueblo. Lo peor, es que nuestros enfermos sienten lo mismo y se sienten desprotegidos.
La escasez de medicinas viola el derecho a la vida
Las medicinas garantizan la vida y la calidad de la vida de las personas con patologías. Esta escasez contradice claramente la Constitución Nacional, en particular su artículo 83 que establece: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida…”. Mientras el artículo 84 obliga al Estado a garantizar “(…) el tratamiento oportuno (…)”. Señalamos que es una obligación del Ejecutivo que no está cumpliendo en detrimento de la salud y la vida de los venezolanos.
El “motor farmacéutico” no funcionará
No entendemos como este gobierno que no ha logrado desarrollar una: “(…) industria nacional de producción de insumos para la salud(…),”, tal como lo establece y manda el artículo 86 de la Constitución, viene a plantearlo después de 16 años de vigencia de la Carta Magna. Ante esta crisis el gobierno nacional hace un conjunto de propuestas que no atiende las causas de la escasez, como la deuda de cerca de 4.000 millones de Dólares con los proveedores de la materia prima, y que para ensamblar las unidades en el país, que es lo que aquí se hace, hasta el empaque se importa. Tampoco toma en cuenta las experiencias anteriores, por ejemplo, con el Sistema Integral para el acceso a los Medicamentos (Siamed), impulsado por este gobierno, donde los pacientes se registraban y tenían, supuestamente, garantizado el tratamiento, pero que fracasó estruendosamente. Menos parte de las significativas fallas del Seguro Social en el cumplimiento del programa de medicinas de alto costo y riesgo; ni toma en cuenta la red de farmacias privadas de cerca de 7.000 establecimientos, pretendiendo atender a toda la población en las exiguas 67 de Farmapatria.
Las medidas para atender este drama en curso
Sin excluir otras, señalamos las siguientes:

  1. El Gobierno Nacional debe decretar la emergencia sanitaria, y permitir que los organismos internacionales de salud, como la OMS y la OPS, nos den apoyo en fármacos. En pocos días podríamos tener los tratamientos para nuestros enfermos
  2. Si el Ejecutivo se niega, debe activarse la Defensoría del Pueblo, que ya debería haber constado un hecho tan evidente y grave como este que denunciamos. Ya todo el mundo sabe que no hay medicinas. ¿Qué espera para actuar?. Esta intervención debe estar dirigida a lograr que el gobierno asuma la emergencia. Salvar la vida de los venezolanos enfermos es una URGENCIA, no permite más demoras.
  3. Pagar la deuda a los proveedores internacionales
  4. Revisar el “Sumed”, el programa de subsidios directos de medicamentos del Expresidente Caldera, donde los pacientes que asistían a la red pública solo pagaban 20 % del tratamiento, mientras el 80 % restante lo asumía el Poder Nacional, un subsidio directo, con menos posibilidades de bachaqueo.
  5. Publicar el Boletín Epidemiológico.
  6. Tomar en cuenta e incorporar la red de farmacias privadas
  7. Desarrollar un programa de divulgación y educación a la población en general

Médico Psiquiatra, Internista y Especialista en Salud Pública
Vocero de Aragua en Red y Coordinador de Aragua sin Miedo

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Un ejercicio de contraloría social en Venezuela, permite evidenciar la debilidad institucional con la cual el Gobierno venezolano enfrenta estratégicamente el problema de la escasez del agua en Venezuela. En el año 2013, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó la Ley Plan de la Patria 2013-2019, que viene a ser la hoja de ruta del gobierno para construir un Estado Socialista y cuyo texto reconoce expresamente la inexistencia de las instituciones públicas en materia de gestión integral del agua que exige la Ley.
La Ley de Aguas que fue publicada en Gaceta Oficial el 2 de enero del año 2007, hay que destacar, reconoce al agua como un derecho humano y como un bien social, que además es indispensable para la vida, el bienestar humano, y el desarrollo sustentable del país; además, el texto legal destaca el carácter estratégico que tiene el agua para el Estado venezolano y declara expresamente el dominio público de todas las aguas del territorio nacional, sean continentales, marinas, insulares, superficiales y subterráneas.
Esa Ley del 2007, obliga al Estado Venezolano a garantizar el acceso al agua a todos los venezolanos sin excepción y a diseñar una mejor gestión integral del agua asumiendo las cuencas hidrográficas como unidades territoriales para el desarrollo de las políticas públicas. A tal fin, dividió al territorio venezolano en 16 regiones hidrográficas. La participación ciudadana y el aprovechamiento eficiente, equitativo, óptimo y sostenible son principios en los cuales debe reposar la gestión integral del agua.
Legalmente, el Estado debería haber conformado 16 Consejos de Región Hidrográfica, para cumplir una labor de consulta, concertación y toma de decisiones sobre la mejor gestión del agua. La inexistencia de estas instancias regionales, impide que institucionalmente se pueda desarrollar una adecuada coordinación en la relación gobierno nacional, estadal y municipal en materia de gestión integral del agua.
La omisión del Estado en activar y desarrollar a lo largo de estos casi 10 años estas instancias, dejan a los Alcaldes y Gobernadores, sin un espacio institucional en el cual abordar responsablemente las decisiones que deben tomarse para una mejor gestión integral del agua e impide evidentemente, la adecuada promoción institucional para la concertación en esta materia con las comunidades y grupos vecinales de la región.
Es oportuno señalar, que la Ley Orgánica de Prestación del Servicio de Agua Potable ySaneamiento, publicada el 31 de diciembre 2001, pone en evidencia que por más de una década, el Estado venezolano tampoco ha logrado desarrollar efectivamente las instancias que ese texto legal reclama en su diseño institucional.
Esa Ley del 2001 creó una Oficina de Desarrollo de Servicio de Agua Potable, identificada legalmente como la responsable de las políticas y planes estratégicos del sector, y también exige la creación de una Superintendencia Nacional de Agua Potable, reconocida como la instancia pública responsable de la regulación y control sobre la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.
La inexistencia de la Oficina de Desarrollo de Servicio de Agua Potable, nuevamente excluye a las Alcaldías y Gobernaciones de otro espacio institucional para participar de manera directa y efectiva, con la autoridad que se le ha conferido por voto directo, secreto y universal, en las políticas relacionadas con la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.
Por su parte, la omisión del Estado en crear la Superintendencia Nacional de Agua Potable, impide al ciudadano ejercer su derecho efectivo a la información sobre la calidad del agua potable y más aún, le reduce las oportunidades de ejercer el derecho de reclamo por la prestación del servicio, pues lo limita a acudir en primer lugar a la empresa prestadora del servicio y si no logra respuesta, entonces a las autoridades municipales o del distrito metropolitano, según sea el caso, que de no estar involucrados en los espacios institucionales no podrán dar respuestas efectivas.
La propia Ley Orgánica de Prestación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento, facilitaba al ciudadano que de no obtener respuesta de ningún actor señalado en el párrafo anterior, entonces la queja podría ser presentada ante la mencionada Superintendencia.
En Venezuela, el Ministerio responsable en materia de agua potable y saneamiento, es el Ministerio del Poder Popular de Ecosocialismo y Agua, creado el pasado 7 de abril de 2015, y cuya misión se concentra en la labor política de construir un modelo económico productivo ecosocialista, en el que haya relación armónica entre hombre y naturaleza, y en el cual se garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando procesos y ciclos de la naturaleza. (Ver plataforma oficial online en:http://www.minea.gob.ve/ministerio/)
Este ministerio sustituyó al denominado Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo creado el 4 de septiembre de 2014 y el cual, a su vez, sustituyó al histórico Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Renovables cuya trayectoria hay que buscarla desde los años 70.
Por lo tanto el problema de la escasez del agua se está abordando desde instituciones muy nuevas y con la aparente inexistencia de un Consejo Nacional de Aguas, que es otra de las instancias políticas que la Ley de Aguas creó en el año 2007. Cuando se dice “aparente”, es porque en el año 2014, el Presidente Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión nacional creó un Consejo Nacional de Aguas, cuya labor sería abordar el problema de lasequía; pero curiosamente, en el año 2015, nuevamente en cadena de radio y televisión nacional, el mismo Presidente Maduro, hace pública la novedad de crear un Consejo Nacional Presidencial del Agua.
La ausencia de información pública en Venezuela, no permite identificar si ambos Consejos coexisten, si hubo recomendaciones del primero o si bien el segundo sustituyó al primero, e incluso no resulta fácil saber qué destino tuvo el segundo Consejo anunciado en el 2015.
El Consejo Nacional de Aguas, al cual hace mención la Ley de Aguas de 2007, es definido como un espacio de consulta, de concertación y entre sus funciones esenciales está la asesoría en materia de políticas y estrategias para la conservación y el uso sustentable de agua. En ese Consejo deberían estar presentes un representante de la Asamblea Nacional, representación de cada uno de los 16 Consejos de Región Hídrica que deberían existir, usuarios institucionales de agua, Instituto Nacional de Indígenas y representación del Gobierno Nacional.
Ante la problemática que se vive Venezuela, la nueva Asamblea Nacional, electa en diciembre 2015, logró con su mayoría, poner el tema en la agenda y llegar a un Acuerdo aprobado por unanimidad en el que se deja reconocimiento de la crisis de agua que afecta actualmente a Venezuela.
Artículo escrito para portal web IAGUA.ES
http://www.iagua.es/blogs/carlos-romero-mendoza/crisis-agua-y-debilidad-...
18 de febrero 2015

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Dice el refrán popular que guerra avisada no mata soldado; pero hay casos en que la guerra no es declarada sino escondida, soterrada, para lograr sus objetivos de manera solapada y maliciosamente; tal es el caso de la llamada “guerra mediática”. Por ello es necesario advertir a la ciudadanía que hay una operación propagandística, orquestados desde la sala situacional que representa los intereses de Miraflores, con probable intervención de la asesoría del G2 cubano, y promovida y difundida por el canal VTV-8 (El que se suponía era de todos los venezolanos). En las redes sociales, como Facebook y otros medios de difusión rápida y masiva, se promueven videos cortos en contra de la nueva Asamblea Nacional para desprestigiarla. A veces aparecen bajo el inocente título de “VIDEOS SUGERIDOS”. Varios de ellos ya han sido previamente difundidos en la programación de VTV.
Estos videos, a veces basándose en medias verdades (que es lo mismo que decir mentiras) y otras en evidentes mentiras, manipulando hábilmente imágenes y sonido de acuerdo al momento preciso en que se usan y a como se presentan, usando métodos que nos recuerdan a los ya utilizados bajo el régimen nazista de la Alemania hitleriana, tratan de minar la decisión que en la urnas de votación tomó el pueblo venezolano. Tratan desesperadamente de recuperar el terreno político que han perdido. Aquí, en nuestro país, existen personas especializadas en ese tipo de guerra política sucia; incluso con asesoría y participación de extranjeros amigos del régimen; esto sucede no solo en el campo político, sino también en el económico, como es el caso de fichas políticas del partido español Podemos.
A manera de ejemplo. Los diputados de la MUD a la A.N. no son todos viejos y decrépitos y de la mal llamada 4º República, como se quiere hacer ver en alguno de los mencionados videos. Entre los diputados tenemos representantes que aunque no sean jóvenes tienen ideas renovadas y de avanzada. Igualmente, se quiere hacer ver que los jóvenes diputados son “sifrinos”, o estúpidos superficiales, cuando la verdad es que constituyen la nueva generación que se integra a la política nacional y le dan vitalidad.
Puede ser que no estés totalmente de acuerdo con las acciones de la MUD. La diversidad de opiniones es parte del juego democrático, cosa que por cierto no ocurre en los sectores oficialistas; pero de ahí a enfrentarla y despreciarla, como pretenden los manipuladores del canal del gobierno (que no del pueblo), eso es otra cosa muy distinta. Los logros políticos que se han conseguido recientemente, entre los cuales resalta el resultado de las elecciones del 6 de diciembre pasado, no son el producto de la improvisación; pero si, en gran medida, de la unión y la acción conjunta de partidos políticos democráticos, de otras asociaciones de la sociedad civil organizada no partidista y el apoyo de una gran mayoría de independientes; también se ha contado con grupos e individualidades, antiguamente oficialistas, y hoy desengañadas por los terribles resultados de las acciones de quienes hoy nos malgobiernan. El camino a recorrer es y será difícil pero solo la unión y la acción conjunta coincidente, aunque exista divergencia de opiniones, nos salvará de caer nuevamente en el dominio total de la boliburguesía inepta y corrupta, que incluso traicionó los principios inicialmente planteados en el movimiento chavista, y es la que nos ha llevado a la terrible crisis social y económica que estamos padeciendo.
NO CAIGAMOS EN LA TRAMPA, NO DIFUNDAS INFORMACIONES FALSAS Y TENDENCIOSAS. ANTES BIÉN, OBSÉRVALAS Y ANALÍZALAS CON CUIDADO Y DESCUBRE LA MANIPULACIÓN QUE SE PRETENDE HACER, CREANDO UNA “Matriz de opinión” EN CONTRA DE LA ASAMBLEA NACIONAL.
Profesión: Ciudadano
17 de febrero de 2016

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La corrupción produce graves daños, sin embargo, para muchos pareciera ser un delito menor. Consideran que no es lo mismo atracar a mano armada que cobrar una comisión por un contrato con el Estado. Están equivocados. La corrupción no es un delito sin sangre. La corrupción mata.
El hallazgo de miles de medicinas vencidas en los depósitos del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar) dependiente del Ministerio de la Salud, realizado por los diputados José Manuel Olivares y María Pérez en días pasados, confirma lo que otros parlamentarios ya habían denunciado en 2010 y 2014: Funcionarios se enriquecieron importando medicamentos caducados desde Cuba a cambio de millonarias comisiones. Se trata de productos para el tratamiento de problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, sida y cáncer, entre otras enfermedades, que el gobierno cubano intermedió a cambio de colosales ganancias, como en el sector de los alimentos y el eléctrico.
Las preguntas que se hicieron los parlamentarios tanto ayer como hoy son las mismas:
¿Los medicamentos llegaron vencidos o se vencieron en los depósitos del Sefar? ¿Cuál pudo ser la causa? ¿Es la evidencia de otro negocio ilícito más con el diferencial cambiario? ¿Tal vez uno de los muchos episodios de lobby político internacional del Gobierno, o simplemente otro capítulo de proverbial desidia burocrática? La respuesta más cercana a la realidad parece ser: todas ellas, como afirmamos en el capítulo Las medicinas más caras vienen de Cuba en el libro El Gran Saqueo: Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos.
El Ministerio de Salud nunca contestó ni estas ni otras interrogantes. Los ministros que se sucedieron desde 2004 hasta 2015 ni siquiera respondieron a las observaciones que hiciera la Contraloría General de la República (CGR), en especial en las memorias de 2010 y 2011. Los informes de la CGR señalan que las medicinas se compraron con un lapso de expiración muy cercano a la fecha de importación y fueron pagadas a Cuba por adelantado. El incremento en los precios de un año a otro, por el mismo medicamento, llegó a ser de 9.000%, sin justificación, como señala el informe de la CGR de 2013.
El Sefar tiene como misión producir, adquirir y distribuir medicinas en hospitales, ambulatorios y en la red primaria de salud. Las metas de elaboración de medicamentos genéricos no se cumplen desde hace cinco años. La fabricación está parada, más no así la importación. La memoria y cuenta de 2014 del Ministerio de Salud revela que solo se fabricaron 8 millones de unidades de fármacos, pese a que la meta era de 18. Sin embargo, en ese mismo año el Sefar registró el volumen más alto en distribución de medicinas importadas de su historia: un total de 513 millones de unidades.
Es evidente que la prioridad del Sefar no es la producción de medicamentos hechos en Venezuela sino la importación. La compra de productos a punto de vencer que valen la mitad en los mercados internacionales pero que facturan como si fueran medicamentos vigentes genera grandes comisiones para los involucrados. Pero ahí no termina el negocio: Muchos de esos productos se queman para comprar más. Desde 2004 ha sido práctica común del Sefar incinerar los productos vencidos. Solo entre 2008 y 2009, el Ministerio de Salud pagó 1,2 millones de bolívares por dicho concepto a empresas en Maracay y La Guaira.
El Sefar ha tenido varios responsables, al igual que en el caso de los alimentos y otros sectores sensibles de la economía, éstos han sido principalmente militares. La corrupción - delito que no prescribe - causa daños profundos e irreparables a la sociedad, pero en el caso de la salud, es aún más criminal.
www.carlostablante.com
@TablanteOficial
carlostablanteoficial@gmail.com

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José E. Rodríguez Rojas

Los sectores agroalimentarios importadores en Venezuela han desempeñado un rol clave en la producción de alimentos. Plantear que la opción fundamental para enfrentar la crisis alimentaria en curso es incentivar la producción agrícola nacional, es desconocer el rol que dichos sectores desempeñan. Adicionalmente puede tener impactos negativos, en especial en el acceso de los consumidores de más bajos ingresos a los alimentos.
La dependencia alimentaria es un fenómeno de vieja data en la economía venezolana; sin embargo a partir del boom petrolero de la década de 1970 toma nuevos bríos, lo cual se reflejó en el brusco incremento del componente importado del consumo. En ese momento los sectores agroalimentarios más integrados al exterior proveyeron 60% de las calorías consumidas según estimaciones de especialistas de la Fundación Polar. A partir de inicios de la década de 1980 los precios e ingresos provenientes del petróleo comenzaron una carrera descendente lo cual generó un estrés sobre los sectores importadores que disminuyó su importancia y los obligó a adecuarse a la nueva situación, sin embargo siguieron desempeñando un rol relevante en el consumo de cereales, grasas y aceites y carnes.
Dada la importancia de los sectores agroalimentarios importadores en el consumo, los diversos gobiernos que transcurrieron entre la década de 1970 y 1998 mantuvieron la política de concederles dólares preferenciales a fin de aminorar las presiones inflacionarias. Ello generó una estrecha relación entre el acceso de los consumidores a los alimentos y el componente importado del consumo, lo cual se ha evidenciado en análisis cuantitativos elaborados por investigadores especializados en el área agroalimentaria.
Entre el año 2004 y el año 2010 atravesamos por un nuevo boom petrolero que permitió la concesión de dólares preferenciales en abundancia a los sectores importadores. Adicionalmente el gobierno contó con los recursos necesarios para implementar una política social y alimentaria, con fines político electorales, orientada a incrementar el poder de compra de los consumidores de más bajo ingreso.
Los programas alimentarios de subsidio al consumo como Mercal se aprovisionaron fundamentalmente de alimentos importados o con un elevado componente externo. El sesgo de Mercal hacia las importaciones ocasionó que grupos de alimentos con un bajo componente externo (en el periodo previo a la existencia de Mercal), como el azúcar y la carne vacuna, aumentaron este de manera sustancial. Las importaciones de carne, que eran insignificantes en el periodo previo a la existencia de Mercal, llegaron a representar 50% del consumo.
Los sectores importadores vivieron un periodo estelar; así fue el caso de la industria avícola la cual tuvo una dinámica de crecimiento entre las más destacadas de América Latina según representantes de la industria. La dependencia alimentaria tomó nuevos bríos como ocurrió en la década de 1970; ello se reflejó en el comportamiento de las importaciones agroalimentarias las cuales ascendieron de 1469 millones de dólares en el año 2003 a 8122 millones en el año 2012, aumentando más de cinco veces su valor.
En el año 2004 especialistas del CIAAL de la Universidad de los Andes elaboraron una lista de los diez alimentos que más contribuyeron como aportadores de calorías y proteínas a la dieta del venezolano, clasificándolos por la importancia de su aporte. El mayor aportador de proteínas fue la carne de pollo. De los cinco principales aportadores de proteínas tres eran generados por sectores fuertemente imbricados con el aprovisionamiento externo: carne de pollo, harina de trigo para pan y pastelería y harina de trigo para pastas. En otras palabras el suministro de proteínas descansa fundamentalmente en los sectores importadores. De los aportadores de calorías cinco eran producidos por sectores importadores: aceite, harina de trigo para pan y pastelería, carne de pollo, margarina, harina de trigo para pastas.
En la coyuntura actual la situación de escasez y carestía de los alimentos que se perfilaba en años previos se ha agravado. Ya en el año 2014 con un precio de la cesta petrolera venezolana que rondaba los 90 dólares el índice de escasez se remontó a 35% y la inflación ascendió a 68%. En ese momento era evidente que la escasez y la inflación no se debían a la caída de los precios petroleros sino a la política gubernamental. En el periodo posterior la situación se ha agravado debido al colapso de los precios del petróleo, pero la política gubernamental sigue pesando como el factor fundamental detrás de ambos fenómenos. El grave déficit de divisas que enfrentamos se une a la política gubernamental para generar un fuerte estrés sobre la actividad productiva en general y sobre los sectores importadores en particular.
Desde hace tiempo las políticas de los diversos gobiernos venezolanos, en relación a los sectores agroalimentarios importadores, han sido pragmáticas reconociendo el rol de estos sectores como elemento claves en la producción de alimentos e implementando medidas para aliviar el estrés que sufren en los periodos de escasez de divisas. Sin embargo como en oportunidades anteriores estos deben adecuarse a la coyuntura, pues algunos de ellos pueden haberse sobredimensionado debido a la abundancia de dólares preferenciales en el pasado reciente.
Plantear que la principal alternativa frente a la crisis alimentaria que enfrentamos es impulsar la producción agrícola nacional no parece ser una decisión conveniente. Dejando de lado que la respuesta de la agricultura a los incentivos es normalmente lenta, es necesario considerar la poca eficacia de esta opción dada la precaria vinculación de la agricultura venezolana con la amplia gama de alimentos que se soporta sobre los sectores importadores. Además, dicha decisión sería socialmente regresiva debido a que los gremios agrícolas suelen plantear como único mecanismo de estimulo a la producción agrícola incrementos exorbitantes de precios; que ineluctablemente tenderán a agudizar las presiones inflacionarias y el empobrecimiento de la población.

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