Estamos convencidos de que tantos disparates juntos en boca de personeros oficiales, encabezados por su jefe aparente, además de una prueba de incapacidad para gobernar, a estas alturas totalmente innecesaria, encierra la malévola intención de distraer la atención por parte de quienes realmente mueven la tramoya. En relación a esto último, las opiniones están muy divididas.
Lo indiscutiblemente cierto es que el oficialismo sigue comprando tiempo con el objeto de permanecer en el poder, mientras trata de minimizar los costos de su pérdida, que aunque inevitable, dependiendo de las circunstancias, pudiese ubicarse en un rango que va desde catastrófica hasta “políticamente manejable”.
La inmediatez de la salida de Maduro se ha disipado como posibilidad y ahora, golpes y contragolpes giran alrededor de hasta cuándo será posible que las argucias leguleyas retarden la misma y con cuales consecuencias para el partido en el gobierno. Aguantar el 2016 pareciera ser una victoria para los muy variopinto afectos al gobierno.
La oposición partidista tampoco las tiene todas consigo y los cálculos particulares están coartando la efectividad de sus actividades, que si bien calificamos de hasta ahora acertada en lo legislativo, carece de otras manifestaciones que la proyecten como una alternativa cohesionada alrededor de un proyecto de país, el cual tampoco está siendo discutido más allá de las consignas difusas.
Mientras tanto, el grueso de la gente, de un lado y del otro, si es que todavía se puede hablar de solo dos bandos, se muestra insatisfecha, cansada e indudablemente decepcionada con el clima de polarización que pareciera satisfacer a los llamados a representarnos.
La situación para la mayoría abrumadora de los ciudadanos es insostenible, no hay sueldo que permita afrontar los costos de vida, por insuficiente en monto y por incapaz de comprar lo que no hay. Mientras esta situación empeora aceleradamente, solo oímos descalificaciones, propuestas desvergonzadas y acusaciones recíprocas, notándose la ausencia de una intención de recoger el sentimiento mayoritario de la población en el sentido de encontrar, entre todos, la vía que conduzca a la recuperación del país.
Ante la imposibilidad de que nos pongamos de acuerdo en cuál de los poderes públicos es el más, legítimo, mientras sigamos sosteniendo que “los míos” son los buenos y que “a los otros” hay que borrarlos del mapa, no habrá solución pacífica que pueda llegar a instaurarse.
Llegó el momento de darle “un palo democrático a la lámpara”. Convoquemos por consenso ciudadano una constituyente originaria y permitamos que la opinión de todos, medida en términos que realmente permita la representación real de la gama de matices del pensamiento presente en nuestra sociedad, revise el contrato social que mal nos rige, enderece los entuertos, introduzca las modificaciones que se han demostrado necesarias, preserve los avances logrados y sobre todo, nos permita comenzar la reconstrucción nacional indispensable.
La constituyente incluye todo (revocatorio de todos los poderes, enmiendas, reformas y demás hierbas constitucionales) y por encima de cualquier otra cosa, nos evita llegar a la confrontación fratricida. Será la oportunidad del reencuentro en torno a la discusión civilizada que impida la polarización disociadora, y a diferencia de las anteriores, lejos de pretender mantener el control de los poderes, permitirá que los mismos nunca puedan volver a ser entregados de manera irrestricta.
9 de abril de 2016
(Opinión personal del autor que expresamente declara hacerla sin comprometer a nadie más).

¿Dónde estamos parados?
Clásicamente se consideran las políticas públicas como las acciones para resolver un problema que afecta a una colectividad pública o a la sociedad en general. Pueden, también, buscar mejorar sus condiciones de vida o minimizar algunas condiciones que afectan su calidad de vida por lo que el problema normalmente es multifactorial, es decir, existen diferentes factores o variables que inciden o participan en la situación que se pretende solucionar, mejorar o minimizar, por lo que es necesario identificar cada uno de estos factores y luego definirlos en uno solo, para obtener lo que se denomina estructurar el problema correcto y desde allí diseñar la solución correcta en la política pública que es necesario implementar para resolver el problema. La eficacia y eficiencia de esa política pública depende de cumplir lo más exactamente posible con este procedimiento.
Partiendo de esta conceptualización se presentan tres tipos de situaciones clásicas y más comunes de lo que la gente cree:

1. La solución correcta al problema estructuralmente correcto;
2. La solución equivocada al problema estructuralmente correcto y;
3. La solución equivocada al problema estructuralmente incorrecto o equivocado.

Aventurando un poco en la actual situación de crisis del país, podríamos identificar algunos factores importantes –pueden ser más, indudablemente- que generan la crisis: gobierno incompetente, modelo económico fracasado e inviable (rentismo petrolero), Constitución contradictoria (federalismo y descentralización con marcado presidencialismo, entre otras cosas), oposición política divergente y anclada en concepciones pasadas y una sociedad desinformada, desorientada y dependiente de las acciones del Estado para muchas de sus actividades diarias, pero también, con la intuición mayoritaria de que las cosas no están bien y deben cambiar.
Si nos atenemos al concepto del Diccionario de la Lengua Española, la “gobernanza” se define como: Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. De este concepto se puede aproximar a estructurar el problema del país como un problema de carencia de gobernanza que siendo el “Arte o manera de gobernar…” sin duda es un problema, cuya solución es esencialmente político, aunque nos compete a todos.
Entonces ¿En cuál de las tres situaciones descritas anteriormente estamos? Siendo que los actores políticos principales del país son el gobierno y la MUD las perspectivas no son buenas. El gobierno, o régimen actual, ha dado pruebas suficientes de estar en el tercer tipo: la solución equivocada al problema estructurado incorrecto. Es decir, desconoce cuál es el problema porque el problema lo originó el mismo y en consecuencia él es el problema, pero que no lo reconoce, esencialmente, porque sería admitir el fracaso ideológico que representa.
Por parte de la MUD, suponiendo que conoce estructuralmente el problema correcto, la solución es equivocada al pretender solucionarlo cambiando al gobierno solamente, por lo que estaría en la segunda situación: La solución equivocada al problema estructuralmente correcto. Es equivocada porque no ha dado muestra de unidad –que es fundamental- en torno a la solución a largo plazo que incluye cambiar el modelo económico y modificar sustancialmente la Constitución, entre otras cosas.
Pero no hay que desmotivarse, por lo menos ya sabemos dónde estamos parados.
09 de abril de 2016

Verdades sobre la dotación de insumos en los hospitales de Aragua y la amenaza a los trabajadores de la salud
El Presidente de Corposalud afirmó el 30 de marzo del año en curso, que: “están distribuyendo 482 mil unidades de material quirúrgico con lo que se garantiza el suministro hasta diciembre”, siendo la verdad, lo que es público y notorio, es que no hay material médico-quirúrgico en el Hospital Central de Maracay, ni en los otros establecimientos de salud del Estado. Tanto que todo paciente que quiera ser intervenido quirúrgicamente, por ejemplo, debe comprar de su bolsillo el equipo quirúrgico, los medicamentos, la fluidoterapia, realizar exámenes de laboratorio en instituciones privadas, hasta aportar la papelería para que le hagan la historia clínica, requisito indispensable para ser operado. Lo cierto es que hay desesperación en los pacientes, y quejas en los cirujanos de diversas especialidades por no poder operar por haber solo dos (02) pabellones disponibles, de nueve, ambientes que llevan dos años siendo reparados y aún siguen prometiendo que pronto las concluirán. En este primer trimestre la escasez casi absoluta es lo dominante.
Salud privatizada en Aragua
Tanto que se quejaban de la privatización de la salud en el pasado, la verdad es que ahora la salud en Aragua está más privatizada que nunca, al tener los ciudadanos que comprar todos los insumos en nuestros hospitales. En Economía de la Salud, esto es simple gasto privado, así se hagan en instituciones públicas.
En Aragua vivimos los tiempos más oscuros, la página más negra de toda la historia de la salud, pública y privada.
Mientras las autoridades hablan del incremento de actividades quirúrgicas y médicas, haciendo propaganda con resultados inexistentes, la verdad es que todos estamos afectados por la falta de medicamentos en las farmacias. Tanto que los profesionales de la salud hablan del aumento en las recaídas por patologías crónicas, y de otros que han fallecido por falta de medicinas y de equipos.
Además, las autoridades de salud no hablan del incremento de las muertes maternas, ni lo que ha pasado con la mortalidad infantil, la post-neonatal, ni que se han atendido en este primer trimestre 246 casos de Malaria con una defunción, ciertamente importados, mientras en el año 2.015 hubo cerca de 500 casos, siendo nuestro histórico de 40-50 casos anuales. Pero recordamos los aragüeños que estas autoridades nos dijeron que solo hubo 80 casos Chykungunya el año pasado, mientras todos conocemos numerosos afectados por esa viremia entre familiares y nuestros conocidos.
Pero lo más grave no es el incumplimiento de la autoridad, es la amenaza nada velada a los trabajadores de la salud
Además de garantizar el suministro hasta diciembre, el Pte. de CorpoSalud Aragua, hace una grave acotación: “…si los ciudadanos van a un ambulatorio u otro recinto de salud y no consiguen jeringas o cualquier otro material deben denunciarlo ante el director municipal de Salud, pues puede ocurrir que le estén negando el material, haya falla en la distribución o se los están robando”. Es decir, dicen que han dotado, pero no es cierto, por lo menos hasta el momento, por lo cual con la anterior afirmación proyecta la responsabilidad a otros, hacia los trabajadores, quienes estarían robando o negando los insumos a los pacientes. Mayor irresponsabilidad no tiene parangón.

Por aquello de que la historia la escriben los ganadores, y más cuando en ejercicio hegemónico del Poder abusan de los medios de comunicación, bueno sería refrescar algunos factores de la crisis de abril del 2002. Ya veremos cómo los Castro comunistas especularán con la acción que califican de golpe estado y de la cual responsabilizan solo a la “derecha”. Obviando los 20 parlamentarios oficialistas que estaban comprometidos en legitimarla, comentemos sólo dos casos emblemáticos.
Catorce años se cumplen este 11 de abril del vacío de poder que de acuerdo a sentencia del que fue autónomo Tribunal Supremo de Justicia, produjo la renuncia que el Alto Mando Militar le solicitó al señor Presidente, “la cual aceptó”.
“La mayoría del país recibió complacida la formación de un nuevo gobierno presidido por Pedro Carmona Estanga”, editorializó el oficialista diario Ultimas Noticias, con la firma del director Eleazar Díaz Rangel, quien lo definió como “de transición democrática y unidad nacional”. Enfatiza en su editorial a “Un país que ha estado lleno de pugnacidades, que se ha caracterizado por la confrontación en todos los campos, que ha estado dividido, lleno de angustias e incertidumbres, necesita cuanto antes recorrer el camino del diálogo y de la reconciliación”.
Quien lo secundó en el golpe del 4 de febrero de 1992, Francisco Arias Cárdenas, acusó al dimitente Hugo Chávez de ser “una ignominia, asesino manchado con sangre de venezolanos, de mente enferma al ordenar criminal operación de franco-tiradores de Puente Llaguno.
Aquí surgió el “Bastión de la resistencia popular y de la victoria revolucionaria”, tal calificó el presidente renunciante al General Raúl Isaías Baduel, comandante de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista, que lo trajo de vuelta a Miraflores. Él le acompañó en el juramento del Samán de Güere, “con anhelo de una democracia, sólida y profunda, con separación, equilibrio, autonomía y contrapesos de poderes”.
Dicha operación la denominaron Restitución de la dignidad nacional y en Manifiesto de los ciudadanos de uniformes y sin uniforme, hacía constar el propósito de la protección y plena vigencia de la Constitución.
Entre los puntos figuraban convocar referéndum; eliminar lucha entre militares; ser ejemplo internacional de democracia; renunciar a actos que provoquen baños de sangre; acceso a medios de información. Por defensa de esos postulados padeció 8 años de cárcel.
Notaria fue la ausencia aquel 11 de abril del Canciller Nicolás Maduro y el vicepresidente Diosdado Cabello.
“Se rajaron”, declaró a la prensa el hoy difunto Luis Tascón. Dijo que el primero y su pareja (aún no estaban casados) salieron del país (se afirmaba que lo hicieron a Cúcuta) y Cabello marchó al litoral para también emigrar.
-Se fue a un apartamento de Rafael Sarría y arribó a Miraflores el día 13 prácticamente obligado por gente de la Casa Militar.
Recordemos que ese 11 de abril se realizó la multitudinaria marcha en defensa de PDVSA, ahora convertida en gigantesco centro de corrupción. Creada por Carlos Andrés Pérez luego de la nacionalización de la industria, llegó a ser la tercera petrolera del mundo y clasificada por la revista internacional Fortune como la número 35 entre las 500 más grandes.
El destino político de los protagonistas de este testimonio está a la vista y el de PDSA en quiebra. La incapacidad gubernamental ha retornado al vacío de poder y por eso acudieron a la primera “calixtenia” (Calixtenes Ortega) para hacer subalterno al supremo poder de justicia.
Al MARGEN. ¿Por qué Primero Justicia no reactiva la solicitud de investigación contra Darío Vivas por asesinato de un expendedor de arepas, cuando iba a las areperas?
jordanalberto18@yahoo.com.
Con voz propia

Con sobradas razones hemos acentuado la calificación de la realidad actual que vive Venezuela como del imperio de los sin ley, de los “pranes”, de los “malandros”, algunos de cuello blanco y otros de llamativos tatuajes y símbolos externos de poder y supercherías.
Pero en las colas, que hoy forman parte de nuestra vida -a tal punto que hasta las hacemos cuando no hacen falta ya que las extrañamos- nos encontramos en todo momento con hombres y mujeres que dan ejemplo de virtudes ciudadanas, en medio de la desesperanza que nos agobia ante la impotencia, la incertidumbre y la inseguridad
Gracias a esos venezolanos que creen en Venezuela y que esperan una solución pacífica y concertada, el país sobrevive a las carencias y a la precaria calidad de vida que nos agobia.
Yo creo que no hemos analizado en toda su profundidad lo que significa vivir al margen de la ley y que todavía se respeten normas de convivencia y civilidad.
El ciudadano común no logra explicarse lo que ha pasado, es condescendiente con los errores del pasado y cree que podemos salir del atolladero sin recurrir a la violencia.
A pesar de tantos golpes, de tener los hijos regados por el mundo, de carecer de lo más elemental para vivir con cierta dignidad, el ciudadano común –no bachaquero- respeta su puesto en la cola, es considerado con la tercera y cuarta edad y es paciente ante los atropellos permanentes de quien tiene y ejerce algún poder.
La ley brilla por su ausencia, la Constitución ha quedado para los discursos de ocasión y para que el Tribunal Supremo de Justicia la ajuste a los requerimientos del gobierno, pero la gente sigue esperando justicia, a pesar de que se hayan producido brotes de linchamientos ante la ausencia de la autoridad, cuyo rostro no se conoce y solo se le menciona como fórmula simbólica, ya que cuando está visible no actúa por temor a ejercer un oficio relegado al olvido y expuestos sus representantes al peligro inminente de ser víctimas de ataques por quienes, en verdad, ostentan el poder.
Sin ley, pero con innumerables leyes, decretos, providencias, reglamentos, resoluciones e instructivos, nos movemos entre un sinnúmero de organismos que se mencionan por sus siglas con temor o sin saber a ciencia cierta cuál es su verdadera función, convertido el país –como dice Francisco Faraco– en una verdadera sopa de letras en la cual el Sebin, el Cicpc, Corpoelec, Cavim, Cencoex, Seniat, DEM, Onidex, TSJ para citar solo algunos, invaden, aterrorizan nuestra existencia y nos acechan en cualquier esquina para solicitarnos permisos, licencias, planillas, comprobantes, autorizaciones, siendo el máximo peligro que tengamos todo en orden, ya que ello implicaría una profunda sospecha de ilegalidad y corrupción, ya que nadie puede tener a mano todo lo requerido, como me ocurrió a mí, en una ocasión, en la cual ante el INTT, después de haberme tomado la molestia de reunir toda la documentación requerida en una visita previa, despachados todos los que me precedían en la cola por faltarle una firma o la copia de un documento, el funcionario no podía salir de su asombro al verse obligado a resolver de una sola vez mi solicitud presentada con todos los recaudos.
Los venezolanos no podemos conformarnos con vivir en un mundo sin ley efectiva vigente y aplicable y con grandes esfuerzos por mantener un aliento de paz.
Hace falta que tomemos conciencia de que, sin violencia, pero con firmeza, tenemos que luchar por un país que se desenvuelva dentro del marco de las normas ético-jurídicas, sin que nos llene de horror la cita de un artículo o de un inciso, parágrafo o aparte que no conocemos y que amenaza con meternos presos y en el que el derecho, de verdad, sirva como camino para llegar a una sociedad más justa.
El único consuelo es que a pesar del estado de anomia permanente y persistente en el que se desenvuelve nuestra vida, asediados por la violencia, hemos logrado subsistir y el pueblo venezolano, noble y bueno al extremo, cree todavía en la justicia, no solo la divina, sino la que aspiramos se debe imponer por el camino del derecho, ignorado inclusive por el propio Tribunal Supremo de Justicia.
aas@arteagasanchez.com
El Nacional, 6 de abril 2016

Hay cuatro conocidos venezolanos con el nombre de Laureano. Nacido en otras tierras, pero más criollo que ninguno, Márquez es el único laureado que merece respeto por inteligente, preparado y enemigo acérrimo de las dictaduras. Además nos deleita los viernes con sus artículos de humorismo fino y pedagógico y en sus presentaciones en teatros cuando se lo permiten.
Otro Laureano fue Vallenilla Lanz, presidente del Congreso durante la dictadura gomecista y autor de libro Cesarismo democrático. Su hijo, Laureano Vallenilla Planchart, fue ministro del Interior del dictador Pérez Jiménez y corresponsable de los asesinatos, torturas, encarcelamientos y exilios de opositores al régimen. Ambos inteligentes y preparados, pero sin probidad.
El cuarto Laureano no parece inteligente, ni preparado. Su cualidad es ser áulico del régimen, o sea un jalamecate, para hablar en criollo. A raíz de una declaración de Salomón Rondón, en la que nuestro distinguido futbolista sostenía que Caracas es una ciudad muy insegura, este Laureano de marras no dejó pasar la ocasión de adular a sus compinches rojos, recordándole a Salomón que ¨nació en Catia y había sido pobre¨.
Es decir que según Laureano González, Presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, quien fue o es pobre debería declarar que Caracas es una ciudad segura. Nos imaginamos que también debe censurar a quienes, como mi amigo Pablo Moscó, nacieron en esa popular parroquia y se atreven a sostener que Venezuela tiene la inflación más elevada del mundo, que hay gran escasez de alimentos, medicinas y repuestos, presos políticos y exiliados.
Hay muchos otros adulantes. Uno de ellos quiere hacer honor a su nombre que significa ¨el que habla bien¨, pero desde su pino Eugenio solo habla bien del régimen. Esta característica le valió ser designado presidente de Pdvsa. La Memoria y Cuenta que recientemente presentó a la Asamblea Nacional evidencian el descalabro petrolero y de nuestra industria minera, pero para taparear su mala gestión insiste en inventar sabotajes y en descalificar a la alternativa democrática.
Del Pino declaró que ¨actuará vía judicial contra voceros de la derecha apátrida que fomentan el terrorismo¨ y la acusó de haber ocasionado la explosión en la refinería de Amuay. Sin embargo, no ha podido rebatir el estudio realizado por competentes expertos del grupo Coener que demostraron que la explosión se debió a negligencia gerencial y operacional.
Por cierto, cuando dio esa declaración estuvo acompañado de Jesús Luongo, quien fue el Gerente del Centro de Refinación de Paraguaná cuando ocurrió no solo la mencionada explosión, sino infinidad de accidentes. También se respaldó con Fernando Padrón, actual Gerente de ese complejo, de quien el dirigente sindical Eudis Giraud catalogó su gestión en la Refinería de Puerto la Cruz como un fracaso, señalando que está inoperativa en un 70%, que los laboratorios no tienen aire acondicionado y que los terminales del muelle de Guaraguao están colapsados.
A raíz del encarcelamiento en Estados Unidos de tres exfuncionarios de Pdvsa que se declararon culpables de favorecer a empresas que contrataron con Pdvsa, Del Pino publicó un comunicado en el que insiste en una supuesta campaña de desprestigio internacional basada en la presunta comisión de hechos ilícitos por personal de PDVSA. Al respecto, destacó que ¨los ciudadanos José Luis Ramos Castillo, Christian Javier Maldonado Barillas y Alfonso Eliezer Gravina Muñoz no son trabajadores de PDVSA, los mismos ocuparon cargos temporales de bajo nivel en la estructura organizacional de la filial PDVSA Services INC, siendo removidos de sus cargos antes de que las denuncias se hicieran públicas¨ . Que los lectores opinen.
Por su parte, Miguel Pérez Abad, Ministro de Economía, declaró cual gurú: ¨Qué bueno que cayeran los precios del petróleo, porque sirvió para poner en práctica habilidades y talentos¨. ¡Aunque usted no lo crea!
Como (había) en botica:
Los principios y valores hay que practicarlos y defenderlos. Tal día como ayer, en el 2002, sin importarnos las consecuencias, ni si las condiciones eran las apropiadas, los petroleros iniciamos un paro para exigir respeto a la meritocracia, renuncia de la directiva de Pdvsa, reversión de jubilaciones forzadas y reincorporación a sus cargos de gerentes transferidos a otras áreas. El 5 de abril destacados miembros de la sociedad civil nos dieron su apoyo y el 9 se sumaron al paro la CTV y Fedecámaras. Tuvimos éxito. Solo regresamos al trabajo cuando se cumplieron estas condiciones.
Repudiamos la agresión de la policía nacional al detener arbitrariamente a Benjamín Scharifker, Rector de la Universidad Metropolitana.
Delsa Solórzano contestó contundentemente a Maduro: ¨El pueblo ya se pronunció sobre la amnistía el 6D¨.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com

La crisis en la prestación del servicio de agua potable que impacta la tranquilidad de la sociedad venezolana y lesiona la calidad de vida de los ciudadanos, exige que se plantee en la agenda política un debate sobre la forma como se ha manejado la gestión integral del agua en Venezuela.
El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, fecha que se ha venido celebrando desde el año 1993, como un acuerdo global en el marco de la ONU. Este año 2016 el diputado Stalin González reclamó, en el marco de esa celebración, las contradicciones existentes en el gobierno entre la inversión aprobada, lo ejecutado y la ausencia de explicación sobre las obras que están inconclusas, particularmente, en materia de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.
Mientras tanto el gobierno, en esa materia, mantiene una campaña de sensibilización sobre la preservación del agua, aplicando un severo racionamiento de agua y promoviendo a través del Ministerio de Ecosocialismo y Agua la conformación de un modelo de organización llamada Salas de Gestión Comunitaria del Agua, que responde más a una estrategia de control político, que de inclusión social.
La ONU, en el documento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, advierte que la escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el inadecuado saneamiento, son aspectos que atentan de manera negativa en la seguridad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias más pobres.
Desde la Conferencia de Naciones Unidas, Rio+20, en el año 2012, se reconoce que el agua está en el centro del desarrollo sostenible, se destaca su papel en el desarrollo socioeconómico, para lograr ecosistemas saludables y para la propia supervivencia humana.
La ONU, en varios de sus documentos oficiales, reitera la necesidad de gestionar los recursos hídricos de manera sostenible, a los fines de mantener el suministro tanto para las personas como para el uso económico. Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en septiembre 2015, llama a los gobiernos a fortalecer y apoyar la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y saneamiento.
El debate que debe dar la sociedad venezolana sobre la gestión integral del agua, reclama una nueva institucionalidad en materia del agua, orientada hacia el desarrollo y el bien común, sin condicionamientos ideológicos. Ese debate debe considerar el rol de los municipios particularmente en lo que respecta a la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, revisando los compromisos que en ese sentido se habían planteado en el marco legal vigente. Los municipios deben ser parte actora de una nueva forma de gestión, según sus propias capacidades y para ello debe diseñarse incentivos, modalidades y mecanismos para involucrarlos de manera más efectiva en la gestión integral del agua.
Asimismo y en la búsqueda por concretar el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que plantea la inclusión de los ciudadanos en el tema del agua, resulta oportuno y más aún, como estrategia para enfrentar la crisis actual en la prestación del servicio de agua potable, destacar la necesidad de darle vida a la cooperación vecinal, prevista en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
Ese mecanismo, previsto en el artículo 268 de la Ley Orgánica de Poder Público Municipal (LOPPM), plantea específicamente, en su numeral 2, que el Concejo Municipal puede convocar a los ciudadanos para activar una Comisión de Vecinos a los fines de ejercer una fiscalización y vigilancia sobre el buen funcionamiento de un servicio público municipal.
Esa comisión de vecinos, como estrategia de cooperación vecinal, debe ser impulsada por el Concejo Municipal, a través de su facultad reglamentaria, prevista en el artículo 54 de la LOPPM.
Esa comisión de vecinos, se presenta como una herramienta legal e institucional que en la actualidad facilitaría la inclusión de los vecinos en el problema del agua, ayudaría a comprender la magnitud de la crisis del agua en Venezuela y permitiría unir esfuerzos en la búsqueda no solo de mayor transparencia en el manejo de la situación por los entes responsables, sino también, en la promoción de un debate amplio sobre el rol del municipio en la gestión integral del agua.
Asimismo, activar una Comisión de Vecinos, podría ser una figura adecuada para el ejercicio de la contraloría social sobre el plan de racionamiento, cuyo resultado, permitiría evaluar la necesidad de un plan de contingencia municipal para enfrentar la crisis hídrica, que además, encuentra en el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) el espacio institucional para su aprobación.
Resulta coherente que el Concejo Municipal, en respuesta a su mandato legal de promover los mecanismos eficientes, suficientes y oportunos de participación en materia de gestión pública, y atendiendo a un tema tan sensible y de profundo impacto en la calidad de vida de sus vecinos, impulse la comisión de vecinos como espacio institucional, que le es propia, por lo tanto, es expresión de su autonomía municipal a los fines de incluir a los ciudadanos en la problemática del agua.
Es claro que la cooperación vecinal no trae consigo que el agua vuelva de inmediato a los grifos de manera continua y menos aún, que sea potable; pero sí podría contribuir en la construcción de consensos sobre un diseño de gestión que responda al bien común, utilizando la institucionalidad que la ley nos permite y rescatando al municipio como actor del desarrollo.
Artículo escrito para POLITIKA UCAB y publicado el 1 de abril de 2016.