La amnistía es una causal prevista en la Constitución y en la Ley Penal por la cual el Estado renuncia a la persecución penal por determinados hechos calificados como delitos.

La amnistía es una decisión política que corresponde a la Asamblea y cuyo alcance, por lo que respecta a los hechos, solo tiene como límites los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y las violaciones graves a los derechos humanos, según el artículo 29 de la Constitución.

Venezuela tiene una larga tradición republicana de amnistía que responde a sus reiteradas etapas de confrontación política.

La amnistía, en un Estado de Derecho, a pesar de su origen como gracia, es una exigencia de justicia a los fines de rectificar errores y propiciar la reconciliación en una sociedad fracturada por odios políticos.

Dejando a salvo las exigencias consagradas en la Constitución la amnistía referida a delitos políticos puede abarcar todo hecho cuya persecución responda a móviles predominantemente políticos o con evidente sesgo político.

No es una fórmula de impunidad ya que esta se da cuando hay hechos punibles probados en un proceso justo y ausencia de toda sanción.

La ley aprobada en 2016 no contempla como amnistiados crímenes de guerra, ni de lesa humanidad, ni violaciones graves a los derechos humanos.

Los delitos de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos tienen como sujeto activo calificado a funcionarios del Estado o grupos organizados que actúan bajo el amparo del Estado.

La ley de amnistía excluye delitos comunes o cometidos sin motivaciones políticas. Por tanto, excluye homicidios, secuestros, robos, tráfico de drogas, violaciones y hechos que han afectado el patrimonio público, hoy amparados por absoluta impunidad.

La mayoría de las imputaciones, acusaciones y condenas que son objeto de la amnistía tienen que ver con pretendidos delitos de expresión, pronunciamientos políticos o actos preparatorios de cuestionada constitucionalidad vinculados al ejercicio de derechos o cumplimiento de deberes.

La amnistía contemplada en esta ley se aplica solo a hechos del pasado. Es una ley temporal y especial.

La ley de amnistía no deroga el Código Penal ni el COPP. Estos instrumentos tienen plena vigencia y la ley especial solo se aplica a los hechos contemplados en ella.

Por tratarse de un instrumento para la reconciliación abre la puerta a todo el que se considere víctima con relación a los hechos amnistiados.

aas@arteagasnchez.com

11 de abril 2016. El Nacional

El populismo en Iberoamérica ha adoptado una desconcertante amalgama de posturas ideológicas. Izquierdas y derechas podrían reivindicar para sí la paternidad del populismo, todas al conjuro de la palabra mágica: “pueblo”. Propongo 10 rasgos específicos.

1) El populismo exalta al líder carismático. No hay populismo sin la figura del hombre providencial que resolverá, de una buena vez y para siempre, los problemas del pueblo.

2) El populista no sólo usa y abusa de la palabra: se apodera de ella. La palabra es el vehículo específico de su carisma. El populista se siente el intérprete supremo de la verdad general y también la agencia de noticias del pueblo. Habla con el público de manera constante, atiza sus pasiones, “alumbra el camino”, y hace todo ello sin limitaciones ni intermediarios.

3) El populismo fabrica la verdad. Los populistas llevan hasta sus últimas consecuencias el proverbio latino “Vox populi, Vox dei”. Pero como Dios no se manifiesta todos los días y el pueblo no tiene una sola voz, el gobierno “popular” interpreta la voz del pueblo, eleva esa versión al rango de verdad oficial, y sueña con decretar la verdad única.

4) El populista utiliza de modo discrecional los fondos públicos. No tiene paciencia con las sutilezas de la economía y las finanzas. El erario es su patrimonio privado que puede utilizar para enriquecerse y/o para embarcarse en proyectos que considere importantes o gloriosos, sin tomar en cuenta los costos.

5) El populista reparte directamente la riqueza. Lo cual no es criticable en sí mismo, pero el populista no reparte gratis: focaliza su ayuda, la cobra en obediencia.

6) El populista alienta el odio de clases. Los populistas latinoamericanos corresponden a la definición clásica, con un matiz: hostigan a “los ricos” (a quienes acusan a menudo de ser “antinacionales”), pero atraen a los “empresarios patrióticos” que apoyan al régimen. El populista no busca por fuerza abolir el mercado: supedita a sus agentes y los manipula a su favor.

7) El populista moviliza permanentemente a los grupos sociales. El populismo apela, organiza, enardece a las masas. La plaza pública es un teatro donde aparece “Su Majestad El Pueblo” para demostrar su fuerza y escuchar las invectivas contra “los malos” de dentro y fuera.

8) El populismo fustiga por sistema al “enemigo exterior”. Inmune a la crítica y alérgico a la autocrítica, necesitado de señalar chivos expiatorios para los fracasos, el régimen populista (más nacionalista que patriota) requiere desviar la atención interna hacia el adversario de fuera.

9) El populismo desprecia el orden legal. Hay en la cultura política iberoamericana un apego atávico a la “ley natural” y una desconfianza a las leyes hechas por el hombre.

10) El populismo mina, domina y, en último término, domestica o cancela las instituciones de la democracia liberal. El populismo abomina de los límites a su poder, los considera aristocráticos, oligárquicos, contrarios a la “voluntad popular”.

¿Por qué renace una y otra vez en Iberoamérica la mala yerba del populismo? Las razones son diversas y complejas, pero apunto dos. En primer lugar, porque sus raíces se hunden en una noción muy antigua de “soberanía popular” que los neoescolásticos del siglo XVI y XVII propagaron en los dominios españoles y que tuvo una influencia decisiva en las guerras de Independencia desde Buenos Aires hasta México. El populismo tiene, por añadidura, una naturaleza perversamente “moderada” o “provisional”: no termina por ser plenamente dictatorial ni totalitario; por eso alimenta sin cesar la engañosa ilusión de un futuro mejor, enmascara los desastres que provoca, posterga el examen objetivo de sus actos, doblega la crítica, adultera la verdad, adormece, corrompe y degrada el espíritu público.

Extracto de un artículo de Enrique Krauze, escritor mexicano, director de la revista Letras Libres y autor, entre otros libros, de Travesía liberal. Artículo completo en http://www.lapatilla.com/site/2016/01/11/decalogo-del-populismo-por-enri...

Manejar el panorama de los socialismos posibles cobra vigencia en nuestro país para diferenciarlos del mal denominado Socialismo del Siglo XXI, que no es más que la franquicia comunista cubana adquirida por el fallecido mandatario Chávez: liderazgo eterno, dominio y centralización de los poderes públicos, partido único, militarismo, y nacionalizaciones entre otros rasgos.

Chávez siempre amasó un proyecto militarista. Lo sustentó en su condición militar, lo fortaleció con sus periplos por América Latina, incluyendo la Cuba en que buscaba conocer los resortes del militarismo más que su supuesto socialismo; pretendió darle soporte teórico con la propuesta cívico-militar ceresolista, propuesta desequilibrada porque jamás lo cívico se equilibra ante el monopolio de las armas y, con esas premisas, puso en marcha la militarización del país apenas asumió su mandato.

Con su innegable memoria y posesión del código militar —código del que Maduro carece y Cabello no tiene méritos para mostrarlo— rediseñó la carrera militar convirtiendo las escuelas de formación de oficiales en máquinas de cursillos dizque marxistas, ¡habría que preguntarse cuán efectivo ha sido ese proceso!; asignó altísimos presupuestos a un armamentismo no justificado y podó las líneas de mando sacando hacia sus casas, sector público y servicio exterior a los militares que no lo seguían o le hacían sombra, plagando así de militares la administración pública central y descentralizada, labor continuada por Maduro.

En los cimientos de la concepción militarismo - sociedad civil y comunismo – socialismo, se encuentra el enfrentamiento entre dos modelos organizacionales opuestos:

1.- El modelo burocrático, propio del ejército y la estructura del PSUV, asumido por quienes no creen en la división de los poderes, la democracia y la participación sino en el mando por ellos mismos y la subordinación de los otros, que funciona con la opacidad del secreto burocrático que facilita las adhesiones automáticas y la corrupción, uniforma a los seguidores al extremo de colocarles capuchas para que no se diferencien ni siquiera por las caras; modelo para el que los oponentes y los muertos son simples cifras de una batalla.

2.- El modelo participativo, impulsor de la democracia por voluntad propia, con igualdad y autonomía de condiciones al decidir y actuar, respetuoso de los derechos individuales y colectivos, cuya mejor expresión son las Organizaciones de Economía Social (OESs), particularmente las cooperativas genuinas y no las falsas capitalistas y de maletín constituidas por los dizque socialistas gobernantes para evadir impuestos de verdaderas ganancias por sus jugosos contratos con los oficialistas.

Entre ambos modelos se encuentran otros que van desde la coínfluencia, la codecisión, la coparticipación y la cogestión hasta la participación accionaria y la autogestión, a los que dedicaremos reflexiones en próximos artículos.

Con esas condiciones, la tardía e inconstitucional propuesta socialista del fallecido no pasó de ser un militarismo ramplón. Militarismo es dominio del jefe único y de su rosca, es la despersonalización en pasta, es uniformar seguidores con atuendos militares y franelas rojas o camisas negras como Mussolini, bastaba ver al mandón Cabello en la Asamblea Nacional para entender que militarismo es órdenes e imposiciones. Ante el militarismo los civiles que no se ponen firmes son objeto de coacción y hasta presidios; de esas condiciones se derivan autoritarismos y lógicos totalitarismos, listas Tascón y Maisanta,

Los militaristas transmitieron sus valores a los colectivos, sus milicianos, unas guerrillas bolivarianas de las que no se habla, y los camisas rojas que rellenan las marchas oficialistas. En fin, militarismo es negación de la supuesta participación protagónica, militares no creen en el precepto marxista de que el primer paso al socialismo es el primero hacia la extinción del Estado: ¿Militares impulsando participación?, ¿dónde?, ¿cuándo?: ¡Jamás!, manipulan el socialismo a conveniencia al igual que los procesos democráticos: ¿cómo justificarían los militaristas el injustificado armamentismo que ha endeudado al país y el control interesado de las fronteras?

Deslindar comunismo de socialismo es una necesidad para quienes proponemos un socialismo democrático que se nutra de participación y autogestión. Socialismo no es modificar el escudo, la bandera ni la historia, no es cambiar nombres de instituciones o destruirlas sin crear sustitutas, tampoco reproducir la pobreza ni aprovecharse de la inseguridad del lumpen - malandros para abonar con miedo la huida de jóvenes del país; tampoco es construir sistemas represivos e ineficientes.

Socialismo no es cercar presupuestariamente ni con bandas armadas las universidades y amenazar con allanarlas por temor a que el conocimiento universal desplace gobernantes de visión reducida, tampoco es convertirlas en cuarteles caletreros de El capital y de ¿Qué hacer?, textos de los que los mismos jerarcas solo conocen portadas; no es cerrar las fronteras para hacer del país una isla como Cuba ni igualar hacia abajo a los ciudadanos en una pobreza que, dicho sea de paso, supera los niveles de 1999 y seguirá creciendo tal como lo ordenan los jefes cubanos, Guaicaipuro Lameda dixit.

¡Lo contrario!: socialismo es subir la calidad de vida de la población mediante el estudio y el trabajo; impulsar el emprendimiento individual y asociativo para constituir empresas socialmente responsables y cooperativas genuinas en aras de una economía variada que rompa con la monoproducción; es respetar el conocimiento y la autonomía universitaria e impulsar la libre circulación de ideas en universidades y el país y eso no se logra rebajando el salario de un profesor titular a menos de 25 US$ que no alcanzan ni para un libro, mientras los generales tienen dinero y hummers para sus andanzas, aunque justo es reconocer que la amplia mayoría de los militares no goza de las prebendas de la cúpula.

El socialismo debe ser un proceso con claros valores y principios democráticos, de libertad, participación, respeto y solidaridad, con claras oportunidades de formación y capacitación para el trabajo, la cultura y la vida. Una propuesta socialista debe asumir las asociaciones, mutuales y cooperativas como eje transformador del país y como fórmula para que el común se organice y supere con valores, principios y economías de escala sus problemas; una propuesta socialista debe ser honesta y transparente, basarse en las mejores tradiciones y “los poderes creadores del pueblo”, sin dirigentes mesiánicos comparados con Bolívar, sin adhesiones mecánicas y seguidores pedigüeños.

Una propuesta socialista democrática no debe permitir exclusiones sino marchar hacia un “nosotros” integrador, asociativo, en el que todos nos sintamos miembros del mismo país y su destino, de una Venezuela sin rencores, con justicia transparente para castigar a corruptos, narcos, grupos armados, asesinos, secuestradores, y todo el que cometa crímenes de lesa humanidad.

Los oportunistas del PSUV desprestigiaron el término socialismo y otros como participación protagónica, cogestión, autogestión, ciudadanos y ciudadanía, partidos políticos, sufragio, gobierno municipal, sindicalismo, comunidades, unidad familiar, trabajo comunitario, programas sociales y cooperativismo entre otros. Costará tiempo y esfuerzos devolverles su prestancia.

No se equivocó Noam Chomsky al recular con respecto a ese dizque socialismo que con entusiasmo apoyó inicialmente al calificarlo de “propuestas guerrilleras, golpistas, y militaristas de los sesenta”, tampoco cuando acusó a sus jerarcas de imponer modelos “desde arriba”; definitivamente, “socialismo” y “siglo XXI” como calificativos les quedaron grandes.

oscarbastidasdelgado@gmail.com

@oscarbastidas25

Democracia Económica

Los venezolanos se enfrentan a un gobierno sumamente cruel e inhumano, que da reiteradas muestras de que le importa en absoluto sus penurias. El hambre que se extiende a sectores cada vez más numerosos, las muertes y angustias atribuibles a la ausencia de medicamentos y/o de equipamiento de hospitales, el altísimo índice de criminalidad que sesga vidas inocentes y los padecimientos ocasionados a la población por la escasez generalizada, les resbala. No es con ellos, señalan, volteando de un lado para otro en busca de culpables, pues por (auto)definición, son “abnegados revolucionarios” defendiendo las conquistas del pueblo ante la arremetida de fuerzas oscuras de la “derecha”. Y así, con el mayor cinismo los más, creyéndose sus embustes los menos, siguen impertérritos con sus políticas empobrecedoras y de progresivo exterminio de la población.

Esta insensibilidad se transforma en burla abierta del sufrimiento de sus coterráneos cuando repiten una y otra vez, como excusa, la suprema estupidez de que el gobierno enfrenta una “guerra económica”. El último desalmado en mofarse así del pueblo es el embajador ante la OEA, Bernardo Álvarez, al negarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a aceptar la ayuda de gobiernos y organismos extranjeros, aduciendo que es irresponsable hablar de una crisis humanitaria en el país, porque lo que existe es ¡la guerra económica! No hay emergencia sanitaria, no hay desabastecimiento, no hay presos políticos encarcelados de manera fraudulenta, no existe violación de los derechos humanos y no se acepta ninguna ayuda foránea porque, por antonomasia, tales padecimientos no existen en una revolución. No se despilfarraron los mayores ingresos que registra la historia del país, no se hipotecó el futuro de los venezolanos con deudas gigantescas y subastando recursos del subsuelo a cambio de unos churupos para estirar la arruga, no se quebraron las empresas públicas por robo y negligencia, ni se dejó deteriorar los servicios públicos por desidia (y robo). Así que, en nombre de la única “verdad” admisible, a seguir arruinando al país, “la Historia nos absolverá” y ¡”pa’atrás ni pa’ coger impulso”!

Causa suma indignación tanto cinismo e indolencia para con el sufrimiento de la gente. Y aunque ya casi nadie cree en la idiotez de la guerra económica, ello no es consuelo. Preocupa que no emerja una opción clara, contundente, que haga saber a los venezolanos que esta situación no es una fatalidad, que puede mejorar significativamente y en un plazo menos distante de lo que muchos creen, con unas políticas coherentes y un equipo calificado de gobierno. Es menester proponer de manera decidida las tres condiciones básicas, ineludibles, para atajar de inmediato la caída del nivel de vida de los venezolanos y abrirle posibilidades de recuperar su futuro que, por fuerza, implicarían un gobierno de transición. Estas tres condiciones son:

1) la concertación, lo más pronto posible de un generoso financiamiento internacional, en el orden de los $30 a 40 millardos;

2) la privatización de empresas públicas que son un desaguadero de dinero y sin la cual no es posible sanear las cuentas fiscales; y

3) el desmontaje de los controles y regulaciones que aplastan a las actividades económicas.

Las primeras dos son imprescindibles para unificar el tipo de cambio y liberar el acceso a la divisa. Sin ello, no podrá superarse el estrangulamiento externo que impide importar insumos, repuestos y equipos para la actividad productiva, base para lograr el abastecimiento interno y la generación de empleos bien remunerados. La tercera es imprescindible para liberar las fuerzas productivas, y promover la competencia y la racionalización de las actividades económicas. Las tres, junto a un programa de estabilización macroeconómica, son pilares de un programa para abatir la inflación.

Sabemos que la oligarquía en el poder se opondrá con uña y dientes a desmontar los controles, privatizar empresas que vacían las arcas públicas y negociar empréstitos internacionales que exigen poner orden en la casa, porque con ello se desmontarían las bases de sus muy lucrativas actividades corruptas, de expoliación de la riqueza social. Pero si bien se les ha caído la máscara de redentores para justificar esta postura, siguen contando con el chantaje ideológico enraizado en la cultura política nacional, que les permite estigmatizar estas medidas.

Así, todo asomo de negociación con el FMI, único ente en capacidad de otorgar el financiamiento requerido, y la privatización de empresas públicas que desangran las finanzas del Estado, son repudiadas por Maduro por “neoliberales”. Apela, con ello, a toda una carga valorativa que hemos cultivado los venezolanos bajo gobiernos populistas adecos y copeyanos, y bajo el actual régimen fascista de Chávez-Maduro, en la que ambas medidas se asocian a un deterioro de las condiciones de vida de la población a causa de la "entrega del país a intereses privados, nacionales y foráneos". A papá Estado, por más corrupto e ineficaz que sea, se le tiene que permitir que intervenga en todo y gaste a mano suelta porque, por antonomasia, es el único que representa los intereses del pueblo.

Ya hemos explicado en un artículo anterior,[1] que el verdadero ajuste draconiano, empobrecedor, es el que nos viene imponiendo Maduro desde hace dos años. Por el contrario, disponer de un financiamiento internacional capaz de destrabar las cuentas externas, no puede sino ser expansivo, pues permitirá la importación de insumos, repuestos y equipos para la producción doméstica y la generación de empleo, así como los bienes de consumo que requiere la población. Por supuesto que tal financiamiento se condiciona a que el país haga los ajustes macroeconómicos que aseguren su reembolso en el tiempo. Y ello se centra en el saneamiento de las cuentas públicas que implica, como elemento central, que el estado se desembarace de empresas quebradas que requieren transferencias permanentes para subsistir. Así se liberarán los recursos para compensar a los sectores vulnerables que pudiesen verse afectados por un programa de transición.

¿Cómo es posible que los voceros democráticos no sean capaces de defender estas ideas de manera abierta, para lo cual sobran argumentos y datos empíricos? ¿Cómo no defender que contar con unos 30 – 35 millardos de dólares de un organismo financiero internacional en calidad de préstamo es algo que beneficia a los venezolanos con abastecimiento, producción y empleo? ¿Hasta cuándo el chantaje ideológico del populismo – fascismo?

Economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com

[1] http://redinternacionaldelcolectivo.blogspot.com/2016/03/el-ajuste-de-ma...

Muy molesto, se encontraba en su oficina, el Presidente de la Asociación de Empresas de Propiedad Social Indirecta Comunal (EPSIC) del sector eléctrico.

-Camarada, ¿qué le pasa?, le preguntó su secretario.

Es que, hoy me acabo de enterar de la maniobra administrativa que el Ministro de Energía Jesse Chacón, jugó en contra nuestra.

- Camarada, no entiendo, ese señor renunció hace tiempo y ahora creo que es embajador en un país europeo. Explíqueme lo que usted quiere decir.

Así es, camarada secretario. El personaje en cuestión, renunció al ministerio y se fue con su cara muy lavada a disfrutar de su teta diplomática y nos dejó en la estacada. Recuerdas, que en el 2003, nos fue aprobada por el ministro Jesse Chacón en el punto y cuenta interno Nº DVNFEUR 074-13 de fecha 14 de noviembre de 2013, en el cual describe la positiva transición que está viviendo Venezuela hacia un sistema socialista, resaltando la necesidad de impulsar la transformación del sistema económico mediante el apoyo a la creación de las empresas de propiedad social indirecta comunal (EPSIC).

-Claro, que lo recuerdo. Allí, se nos asignaba una boloña de billetes para las “empresas comunales” que íbamos a formar. Pero, también recuerdo que eso nunca se materializó.

Claro, allí es donde está la trampa. Después de un largo proceso de evaluación se logró completar los expedientes para la conformación de 16 EPSIC, y se decide aprobar la transferencia de los recursos financieros previstos en el presupuesto de 2013, en la partida presupuestaria 407.12.01.01 (transferencia de capital a consejos comunales) por un monto de Bs. 11.872.098,00 que serían destinados para la constitución e inicio de actividades de dichas empresas de capital social.

- Esta bien, pero esos billetes nunca llegaron….¿Qué pasó?

Bueno, comenzaron a decir que todo estaba en trámites administrativos y pasado el tiempo, nunca le vimos el queso a la tostada….nos dejaron “Colgados de la brocha”

- ¿Cómo así?

Cáete para atrás. El 27 de noviembre de 2013, mediante punto de cuenta Nº 014-2013 emitido por el director del despacho del ministro, Víctor Mora, se le solicita al ministro Jesse Chacón la anulación del punto de cuenta Nº DVNFEUR 074-13, y este aprueba dicha anulación, presuntamente sin una justificación sólida que explique los motivos por los cuales se toma la decisión antes mencionada.

- A lo mejor fue por la crisis del servicio eléctrico. No te olvides que el camarada Jesse había prometido resolver el asunto en 100 días y a lo mejor utilizó esos recursos en atender el problema.

No vale, nos vieron las caras de pendejos y “El honesto camarada” desvío los recursos para otro lado.

-Coño, el tipo ¿se metió a guisador?

Sin lugar a dudas. Déjame echarte el cuento completo. El 04 de diciembre de 2013, mediante punto de cuenta Nº 015-2013, el Ministro Jesse Chacón autoriza la transferencia de recursos a ASOELEC por la cantidad de Bs. 11.872.098,00, con el fin de atender la dotación de materiales y equipos deportivos para las escuelas de esgrima a nivel nacional (Bs. 5.852.812,14) y atención a los programas sociales de la asociación civil de los trabajadores del MPPEE (Bs. 6.019.285,86). Este mismo día, la oficina de Planificación, Presupuesto y Organización del MPPEE emite oficio dirigido a la ciudadana María Elisa Domínguez Velasco, jefa de la Oficina Nacional de Presupuesto solicitando el traspaso de créditos presupuestarios, de la partida 407.12.02.01 “Transferencia de capital a concejos comunales” a la partida 407.01.02.02 “Donaciones corrientes a instituciones sin fines de lucro”, acción que se materializa el 27 de diciembre de 2013 con su publicación en la Gaceta Oficial Nº 40.323, en el decreto Nº 710.

- Y que tiene que ver una cosa con la otra. Esgrima no pega con sistemas eléctricos… ¿se volvió loco el camarada Jesse? …¿qué le pasó a ese tipo?

Al personaje, se le alborotaron los sentimientos paternales.

-Verga ahora si quede en el aire…explícate.

Simple y llanamente, el ministro guisador, desvió los recurso de manera ilícita hacia las actividades deportivas de la esgrima por el hecho de que ¡¡¡Su hija!!! es practicante de ese deporte…..o sea, el tipo quedo como un Papa Noel con espada. Pero, “su desinteresada colaboración” la hizo con recursos del Estado destinados para el desarrollo de empresas comunales en el sector eléctrico….ese traslado de partidas es un ilícito calificado como Malversación Genérica o Peculado de Uso.

-Camarada, esa es una grave acusación. ¿Tiene prueba de ello?

De bola que sí. Allí están los Puntos de Cuenta y la Gaceta Oficial del 27 de Diciembre del 2013. Es más, la propia Federación Venezolana de Esgrima emitió un comunicado el pasado 6 de Abril del presente año 2016, en donde certifica “Las donaciones” hechas por Corpoelec siendo ministro el guisador Jesse. A confesión de parte relevo de pruebas.

- Increíble camarada, con esa carita de yo no fui, Jesse nos dio un “Eléctrico Touché”….vamos a denunciarlo.

Estamos convencidos de que tantos disparates juntos en boca de personeros oficiales, encabezados por su jefe aparente, además de una prueba de incapacidad para gobernar, a estas alturas totalmente innecesaria, encierra la malévola intención de distraer la atención por parte de quienes realmente mueven la tramoya. En relación a esto último, las opiniones están muy divididas.

Lo indiscutiblemente cierto es que el oficialismo sigue comprando tiempo con el objeto de permanecer en el poder, mientras trata de minimizar los costos de su pérdida, que aunque inevitable, dependiendo de las circunstancias, pudiese ubicarse en un rango que va desde catastrófica hasta “políticamente manejable”.

La inmediatez de la salida de Maduro se ha disipado como posibilidad y ahora, golpes y contragolpes giran alrededor de hasta cuándo será posible que las argucias leguleyas retarden la misma y con cuales consecuencias para el partido en el gobierno. Aguantar el 2016 pareciera ser una victoria para los muy variopinto afectos al gobierno.

La oposición partidista tampoco las tiene todas consigo y los cálculos particulares están coartando la efectividad de sus actividades, que si bien calificamos de hasta ahora acertada en lo legislativo, carece de otras manifestaciones que la proyecten como una alternativa cohesionada alrededor de un proyecto de país, el cual tampoco está siendo discutido más allá de las consignas difusas.

Mientras tanto, el grueso de la gente, de un lado y del otro, si es que todavía se puede hablar de solo dos bandos, se muestra insatisfecha, cansada e indudablemente decepcionada con el clima de polarización que pareciera satisfacer a los llamados a representarnos.

La situación para la mayoría abrumadora de los ciudadanos es insostenible, no hay sueldo que permita afrontar los costos de vida, por insuficiente en monto y por incapaz de comprar lo que no hay. Mientras esta situación empeora aceleradamente, solo oímos descalificaciones, propuestas desvergonzadas y acusaciones recíprocas, notándose la ausencia de una intención de recoger el sentimiento mayoritario de la población en el sentido de encontrar, entre todos, la vía que conduzca a la recuperación del país.

Ante la imposibilidad de que nos pongamos de acuerdo en cuál de los poderes públicos es el más, legítimo, mientras sigamos sosteniendo que “los míos” son los buenos y que “a los otros” hay que borrarlos del mapa, no habrá solución pacífica que pueda llegar a instaurarse.

Llegó el momento de darle “un palo democrático a la lámpara”. Convoquemos por consenso ciudadano una constituyente originaria y permitamos que la opinión de todos, medida en términos que realmente permita la representación real de la gama de matices del pensamiento presente en nuestra sociedad, revise el contrato social que mal nos rige, enderece los entuertos, introduzca las modificaciones que se han demostrado necesarias, preserve los avances logrados y sobre todo, nos permita comenzar la reconstrucción nacional indispensable.

La constituyente incluye todo (revocatorio de todos los poderes, enmiendas, reformas y demás hierbas constitucionales) y por encima de cualquier otra cosa, nos evita llegar a la confrontación fratricida. Será la oportunidad del reencuentro en torno a la discusión civilizada que impida la polarización disociadora, y a diferencia de las anteriores, lejos de pretender mantener el control de los poderes, permitirá que los mismos nunca puedan volver a ser entregados de manera irrestricta.

9 de abril de 2016

(Opinión personal del autor que expresamente declara hacerla sin comprometer a nadie más).

¿Dónde estamos parados?

Clásicamente se consideran las políticas públicas como las acciones para resolver un problema que afecta a una colectividad pública o a la sociedad en general. Pueden, también, buscar mejorar sus condiciones de vida o minimizar algunas condiciones que afectan su calidad de vida por lo que el problema normalmente es multifactorial, es decir, existen diferentes factores o variables que inciden o participan en la situación que se pretende solucionar, mejorar o minimizar, por lo que es necesario identificar cada uno de estos factores y luego definirlos en uno solo, para obtener lo que se denomina estructurar el problema correcto y desde allí diseñar la solución correcta en la política pública que es necesario implementar para resolver el problema. La eficacia y eficiencia de esa política pública depende de cumplir lo más exactamente posible con este procedimiento.

Partiendo de esta conceptualización se presentan tres tipos de situaciones clásicas y más comunes de lo que la gente cree:

1. La solución correcta al problema estructuralmente correcto;
2. La solución equivocada al problema estructuralmente correcto y;
3. La solución equivocada al problema estructuralmente incorrecto o equivocado.

Aventurando un poco en la actual situación de crisis del país, podríamos identificar algunos factores importantes –pueden ser más, indudablemente- que generan la crisis: gobierno incompetente, modelo económico fracasado e inviable (rentismo petrolero), Constitución contradictoria (federalismo y descentralización con marcado presidencialismo, entre otras cosas), oposición política divergente y anclada en concepciones pasadas y una sociedad desinformada, desorientada y dependiente de las acciones del Estado para muchas de sus actividades diarias, pero también, con la intuición mayoritaria de que las cosas no están bien y deben cambiar.

Si nos atenemos al concepto del Diccionario de la Lengua Española, la “gobernanza” se define como: Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. De este concepto se puede aproximar a estructurar el problema del país como un problema de carencia de gobernanza que siendo el “Arte o manera de gobernar…” sin duda es un problema, cuya solución es esencialmente político, aunque nos compete a todos.

Entonces ¿En cuál de las tres situaciones descritas anteriormente estamos? Siendo que los actores políticos principales del país son el gobierno y la MUD las perspectivas no son buenas. El gobierno, o régimen actual, ha dado pruebas suficientes de estar en el tercer tipo: la solución equivocada al problema estructurado incorrecto. Es decir, desconoce cuál es el problema porque el problema lo originó el mismo y en consecuencia él es el problema, pero que no lo reconoce, esencialmente, porque sería admitir el fracaso ideológico que representa.

Por parte de la MUD, suponiendo que conoce estructuralmente el problema correcto, la solución es equivocada al pretender solucionarlo cambiando al gobierno solamente, por lo que estaría en la segunda situación: La solución equivocada al problema estructuralmente correcto. Es equivocada porque no ha dado muestra de unidad –que es fundamental- en torno a la solución a largo plazo que incluye cambiar el modelo económico y modificar sustancialmente la Constitución, entre otras cosas.

Pero no hay que desmotivarse, por lo menos ya sabemos dónde estamos parados.

09 de abril de 2016