Verdades sobre la dotación de insumos en los hospitales de Aragua y la amenaza a los trabajadores de la salud

El Presidente de Corposalud afirmó el 30 de marzo del año en curso, que: “están distribuyendo 482 mil unidades de material quirúrgico con lo que se garantiza el suministro hasta diciembre”, siendo la verdad, lo que es público y notorio, es que no hay material médico-quirúrgico en el Hospital Central de Maracay, ni en los otros establecimientos de salud del Estado. Tanto que todo paciente que quiera ser intervenido quirúrgicamente, por ejemplo, debe comprar de su bolsillo el equipo quirúrgico, los medicamentos, la fluidoterapia, realizar exámenes de laboratorio en instituciones privadas, hasta aportar la papelería para que le hagan la historia clínica, requisito indispensable para ser operado. Lo cierto es que hay desesperación en los pacientes, y quejas en los cirujanos de diversas especialidades por no poder operar por haber solo dos (02) pabellones disponibles, de nueve, ambientes que llevan dos años siendo reparados y aún siguen prometiendo que pronto las concluirán. En este primer trimestre la escasez casi absoluta es lo dominante.

Salud privatizada en Aragua

Tanto que se quejaban de la privatización de la salud en el pasado, la verdad es que ahora la salud en Aragua está más privatizada que nunca, al tener los ciudadanos que comprar todos los insumos en nuestros hospitales. En Economía de la Salud, esto es simple gasto privado, así se hagan en instituciones públicas.

En Aragua vivimos los tiempos más oscuros, la página más negra de toda la historia de la salud, pública y privada.

Mientras las autoridades hablan del incremento de actividades quirúrgicas y médicas, haciendo propaganda con resultados inexistentes, la verdad es que todos estamos afectados por la falta de medicamentos en las farmacias. Tanto que los profesionales de la salud hablan del aumento en las recaídas por patologías crónicas, y de otros que han fallecido por falta de medicinas y de equipos.

Además, las autoridades de salud no hablan del incremento de las muertes maternas, ni lo que ha pasado con la mortalidad infantil, la post-neonatal, ni que se han atendido en este primer trimestre 246 casos de Malaria con una defunción, ciertamente importados, mientras en el año 2.015 hubo cerca de 500 casos, siendo nuestro histórico de 40-50 casos anuales. Pero recordamos los aragüeños que estas autoridades nos dijeron que solo hubo 80 casos Chykungunya el año pasado, mientras todos conocemos numerosos afectados por esa viremia entre familiares y nuestros conocidos.

Pero lo más grave no es el incumplimiento de la autoridad, es la amenaza nada velada a los trabajadores de la salud

Además de garantizar el suministro hasta diciembre, el Pte. de CorpoSalud Aragua, hace una grave acotación: “…si los ciudadanos van a un ambulatorio u otro recinto de salud y no consiguen jeringas o cualquier otro material deben denunciarlo ante el director municipal de Salud, pues puede ocurrir que le estén negando el material, haya falla en la distribución o se los están robando”. Es decir, dicen que han dotado, pero no es cierto, por lo menos hasta el momento, por lo cual con la anterior afirmación proyecta la responsabilidad a otros, hacia los trabajadores, quienes estarían robando o negando los insumos a los pacientes. Mayor irresponsabilidad no tiene parangón.

Por aquello de que la historia la escriben los ganadores, y más cuando en ejercicio hegemónico del Poder abusan de los medios de comunicación, bueno sería refrescar algunos factores de la crisis de abril del 2002. Ya veremos cómo los Castro comunistas especularán con la acción que califican de golpe estado y de la cual responsabilizan solo a la “derecha”. Obviando los 20 parlamentarios oficialistas que estaban comprometidos en legitimarla, comentemos sólo dos casos emblemáticos.

Catorce años se cumplen este 11 de abril del vacío de poder que de acuerdo a sentencia del que fue autónomo Tribunal Supremo de Justicia, produjo la renuncia que el Alto Mando Militar le solicitó al señor Presidente, “la cual aceptó”.

“La mayoría del país recibió complacida la formación de un nuevo gobierno presidido por Pedro Carmona Estanga”, editorializó el oficialista diario Ultimas Noticias, con la firma del director Eleazar Díaz Rangel, quien lo definió como “de transición democrática y unidad nacional”. Enfatiza en su editorial a “Un país que ha estado lleno de pugnacidades, que se ha caracterizado por la confrontación en todos los campos, que ha estado dividido, lleno de angustias e incertidumbres, necesita cuanto antes recorrer el camino del diálogo y de la reconciliación”.

Quien lo secundó en el golpe del 4 de febrero de 1992, Francisco Arias Cárdenas, acusó al dimitente Hugo Chávez de ser “una ignominia, asesino manchado con sangre de venezolanos, de mente enferma al ordenar criminal operación de franco-tiradores de Puente Llaguno.

Aquí surgió el “Bastión de la resistencia popular y de la victoria revolucionaria”, tal calificó el presidente renunciante al General Raúl Isaías Baduel, comandante de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista, que lo trajo de vuelta a Miraflores. Él le acompañó en el juramento del Samán de Güere, “con anhelo de una democracia, sólida y profunda, con separación, equilibrio, autonomía y contrapesos de poderes”.

Dicha operación la denominaron Restitución de la dignidad nacional y en Manifiesto de los ciudadanos de uniformes y sin uniforme, hacía constar el propósito de la protección y plena vigencia de la Constitución.

Entre los puntos figuraban convocar referéndum; eliminar lucha entre militares; ser ejemplo internacional de democracia; renunciar a actos que provoquen baños de sangre; acceso a medios de información. Por defensa de esos postulados padeció 8 años de cárcel.

Notaria fue la ausencia aquel 11 de abril del Canciller Nicolás Maduro y el vicepresidente Diosdado Cabello.

“Se rajaron”, declaró a la prensa el hoy difunto Luis Tascón. Dijo que el primero y su pareja (aún no estaban casados) salieron del país (se afirmaba que lo hicieron a Cúcuta) y Cabello marchó al litoral para también emigrar.

-Se fue a un apartamento de Rafael Sarría y arribó a Miraflores el día 13 prácticamente obligado por gente de la Casa Militar.

Recordemos que ese 11 de abril se realizó la multitudinaria marcha en defensa de PDVSA, ahora convertida en gigantesco centro de corrupción. Creada por Carlos Andrés Pérez luego de la nacionalización de la industria, llegó a ser la tercera petrolera del mundo y clasificada por la revista internacional Fortune como la número 35 entre las 500 más grandes.

El destino político de los protagonistas de este testimonio está a la vista y el de PDSA en quiebra. La incapacidad gubernamental ha retornado al vacío de poder y por eso acudieron a la primera “calixtenia” (Calixtenes Ortega) para hacer subalterno al supremo poder de justicia.

Al MARGEN. ¿Por qué Primero Justicia no reactiva la solicitud de investigación contra Darío Vivas por asesinato de un expendedor de arepas, cuando iba a las areperas?

jordanalberto18@yahoo.com.

Con voz propia

Con sobradas razones hemos acentuado la calificación de la realidad actual que vive Venezuela como del imperio de los sin ley, de los “pranes”, de los “malandros”, algunos de cuello blanco y otros de llamativos tatuajes y símbolos externos de poder y supercherías.

Pero en las colas, que hoy forman parte de nuestra vida -a tal punto que hasta las hacemos cuando no hacen falta ya que las extrañamos- nos encontramos en todo momento con hombres y mujeres que dan ejemplo de virtudes ciudadanas, en medio de la desesperanza que nos agobia ante la impotencia, la incertidumbre y la inseguridad

Gracias a esos venezolanos que creen en Venezuela y que esperan una solución pacífica y concertada, el país sobrevive a las carencias y a la precaria calidad de vida que nos agobia.

Yo creo que no hemos analizado en toda su profundidad lo que significa vivir al margen de la ley y que todavía se respeten normas de convivencia y civilidad.

El ciudadano común no logra explicarse lo que ha pasado, es condescendiente con los errores del pasado y cree que podemos salir del atolladero sin recurrir a la violencia.

A pesar de tantos golpes, de tener los hijos regados por el mundo, de carecer de lo más elemental para vivir con cierta dignidad, el ciudadano común –no bachaquero- respeta su puesto en la cola, es considerado con la tercera y cuarta edad y es paciente ante los atropellos permanentes de quien tiene y ejerce algún poder.

La ley brilla por su ausencia, la Constitución ha quedado para los discursos de ocasión y para que el Tribunal Supremo de Justicia la ajuste a los requerimientos del gobierno, pero la gente sigue esperando justicia, a pesar de que se hayan producido brotes de linchamientos ante la ausencia de la autoridad, cuyo rostro no se conoce y solo se le menciona como fórmula simbólica, ya que cuando está visible no actúa por temor a ejercer un oficio relegado al olvido y expuestos sus representantes al peligro inminente de ser víctimas de ataques por quienes, en verdad, ostentan el poder.

Sin ley, pero con innumerables leyes, decretos, providencias, reglamentos, resoluciones e instructivos, nos movemos entre un sinnúmero de organismos que se mencionan por sus siglas con temor o sin saber a ciencia cierta cuál es su verdadera función, convertido el país –como dice Francisco Faraco– en una verdadera sopa de letras en la cual el Sebin, el Cicpc, Corpoelec, Cavim, Cencoex, Seniat, DEM, Onidex, TSJ para citar solo algunos, invaden, aterrorizan nuestra existencia y nos acechan en cualquier esquina para solicitarnos permisos, licencias, planillas, comprobantes, autorizaciones, siendo el máximo peligro que tengamos todo en orden, ya que ello implicaría una profunda sospecha de ilegalidad y corrupción, ya que nadie puede tener a mano todo lo requerido, como me ocurrió a mí, en una ocasión, en la cual ante el INTT, después de haberme tomado la molestia de reunir toda la documentación requerida en una visita previa, despachados todos los que me precedían en la cola por faltarle una firma o la copia de un documento, el funcionario no podía salir de su asombro al verse obligado a resolver de una sola vez mi solicitud presentada con todos los recaudos.

Los venezolanos no podemos conformarnos con vivir en un mundo sin ley efectiva vigente y aplicable y con grandes esfuerzos por mantener un aliento de paz.

Hace falta que tomemos conciencia de que, sin violencia, pero con firmeza, tenemos que luchar por un país que se desenvuelva dentro del marco de las normas ético-jurídicas, sin que nos llene de horror la cita de un artículo o de un inciso, parágrafo o aparte que no conocemos y que amenaza con meternos presos y en el que el derecho, de verdad, sirva como camino para llegar a una sociedad más justa.

El único consuelo es que a pesar del estado de anomia permanente y persistente en el que se desenvuelve nuestra vida, asediados por la violencia, hemos logrado subsistir y el pueblo venezolano, noble y bueno al extremo, cree todavía en la justicia, no solo la divina, sino la que aspiramos se debe imponer por el camino del derecho, ignorado inclusive por el propio Tribunal Supremo de Justicia.

aas@arteagasanchez.com

El Nacional, 6 de abril 2016

Hay cuatro conocidos venezolanos con el nombre de Laureano. Nacido en otras tierras, pero más criollo que ninguno, Márquez es el único laureado que merece respeto por inteligente, preparado y enemigo acérrimo de las dictaduras. Además nos deleita los viernes con sus artículos de humorismo fino y pedagógico y en sus presentaciones en teatros cuando se lo permiten.

Otro Laureano fue Vallenilla Lanz, presidente del Congreso durante la dictadura gomecista y autor de libro Cesarismo democrático. Su hijo, Laureano Vallenilla Planchart, fue ministro del Interior del dictador Pérez Jiménez y corresponsable de los asesinatos, torturas, encarcelamientos y exilios de opositores al régimen. Ambos inteligentes y preparados, pero sin probidad.

El cuarto Laureano no parece inteligente, ni preparado. Su cualidad es ser áulico del régimen, o sea un jalamecate, para hablar en criollo. A raíz de una declaración de Salomón Rondón, en la que nuestro distinguido futbolista sostenía que Caracas es una ciudad muy insegura, este Laureano de marras no dejó pasar la ocasión de adular a sus compinches rojos, recordándole a Salomón que ¨nació en Catia y había sido pobre¨.

Es decir que según Laureano González, Presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, quien fue o es pobre debería declarar que Caracas es una ciudad segura. Nos imaginamos que también debe censurar a quienes, como mi amigo Pablo Moscó, nacieron en esa popular parroquia y se atreven a sostener que Venezuela tiene la inflación más elevada del mundo, que hay gran escasez de alimentos, medicinas y repuestos, presos políticos y exiliados.

Hay muchos otros adulantes. Uno de ellos quiere hacer honor a su nombre que significa ¨el que habla bien¨, pero desde su pino Eugenio solo habla bien del régimen. Esta característica le valió ser designado presidente de Pdvsa. La Memoria y Cuenta que recientemente presentó a la Asamblea Nacional evidencian el descalabro petrolero y de nuestra industria minera, pero para taparear su mala gestión insiste en inventar sabotajes y en descalificar a la alternativa democrática.

Del Pino declaró que ¨actuará vía judicial contra voceros de la derecha apátrida que fomentan el terrorismo¨ y la acusó de haber ocasionado la explosión en la refinería de Amuay. Sin embargo, no ha podido rebatir el estudio realizado por competentes expertos del grupo Coener que demostraron que la explosión se debió a negligencia gerencial y operacional.

Por cierto, cuando dio esa declaración estuvo acompañado de Jesús Luongo, quien fue el Gerente del Centro de Refinación de Paraguaná cuando ocurrió no solo la mencionada explosión, sino infinidad de accidentes. También se respaldó con Fernando Padrón, actual Gerente de ese complejo, de quien el dirigente sindical Eudis Giraud catalogó su gestión en la Refinería de Puerto la Cruz como un fracaso, señalando que está inoperativa en un 70%, que los laboratorios no tienen aire acondicionado y que los terminales del muelle de Guaraguao están colapsados.

A raíz del encarcelamiento en Estados Unidos de tres exfuncionarios de Pdvsa que se declararon culpables de favorecer a empresas que contrataron con Pdvsa, Del Pino publicó un comunicado en el que insiste en una supuesta campaña de desprestigio internacional basada en la presunta comisión de hechos ilícitos por personal de PDVSA. Al respecto, destacó que ¨los ciudadanos José Luis Ramos Castillo, Christian Javier Maldonado Barillas y Alfonso Eliezer Gravina Muñoz no son trabajadores de PDVSA, los mismos ocuparon cargos temporales de bajo nivel en la estructura organizacional de la filial PDVSA Services INC, siendo removidos de sus cargos antes de que las denuncias se hicieran públicas¨ . Que los lectores opinen.

Por su parte, Miguel Pérez Abad, Ministro de Economía, declaró cual gurú: ¨Qué bueno que cayeran los precios del petróleo, porque sirvió para poner en práctica habilidades y talentos¨. ¡Aunque usted no lo crea!

Como (había) en botica:

Los principios y valores hay que practicarlos y defenderlos. Tal día como ayer, en el 2002, sin importarnos las consecuencias, ni si las condiciones eran las apropiadas, los petroleros iniciamos un paro para exigir respeto a la meritocracia, renuncia de la directiva de Pdvsa, reversión de jubilaciones forzadas y reincorporación a sus cargos de gerentes transferidos a otras áreas. El 5 de abril destacados miembros de la sociedad civil nos dieron su apoyo y el 9 se sumaron al paro la CTV y Fedecámaras. Tuvimos éxito. Solo regresamos al trabajo cuando se cumplieron estas condiciones.

Repudiamos la agresión de la policía nacional al detener arbitrariamente a Benjamín Scharifker, Rector de la Universidad Metropolitana.

Delsa Solórzano contestó contundentemente a Maduro: ¨El pueblo ya se pronunció sobre la amnistía el 6D¨.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

La crisis en la prestación del servicio de agua potable que impacta la tranquilidad de la sociedad venezolana y lesiona la calidad de vida de los ciudadanos, exige que se plantee en la agenda política un debate sobre la forma como se ha manejado la gestión integral del agua en Venezuela.

El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, fecha que se ha venido celebrando desde el año 1993, como un acuerdo global en el marco de la ONU. Este año 2016 el diputado Stalin González reclamó, en el marco de esa celebración, las contradicciones existentes en el gobierno entre la inversión aprobada, lo ejecutado y la ausencia de explicación sobre las obras que están inconclusas, particularmente, en materia de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.

Mientras tanto el gobierno, en esa materia, mantiene una campaña de sensibilización sobre la preservación del agua, aplicando un severo racionamiento de agua y promoviendo a través del Ministerio de Ecosocialismo y Agua la conformación de un modelo de organización llamada Salas de Gestión Comunitaria del Agua, que responde más a una estrategia de control político, que de inclusión social.

La ONU, en el documento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, advierte que la escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el inadecuado saneamiento, son aspectos que atentan de manera negativa en la seguridad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias más pobres.

Desde la Conferencia de Naciones Unidas, Rio+20, en el año 2012, se reconoce que el agua está en el centro del desarrollo sostenible, se destaca su papel en el desarrollo socioeconómico, para lograr ecosistemas saludables y para la propia supervivencia humana.

La ONU, en varios de sus documentos oficiales, reitera la necesidad de gestionar los recursos hídricos de manera sostenible, a los fines de mantener el suministro tanto para las personas como para el uso económico. Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en septiembre 2015, llama a los gobiernos a fortalecer y apoyar la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y saneamiento.

El debate que debe dar la sociedad venezolana sobre la gestión integral del agua, reclama una nueva institucionalidad en materia del agua, orientada hacia el desarrollo y el bien común, sin condicionamientos ideológicos. Ese debate debe considerar el rol de los municipios particularmente en lo que respecta a la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, revisando los compromisos que en ese sentido se habían planteado en el marco legal vigente. Los municipios deben ser parte actora de una nueva forma de gestión, según sus propias capacidades y para ello debe diseñarse incentivos, modalidades y mecanismos para involucrarlos de manera más efectiva en la gestión integral del agua.

Asimismo y en la búsqueda por concretar el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que plantea la inclusión de los ciudadanos en el tema del agua, resulta oportuno y más aún, como estrategia para enfrentar la crisis actual en la prestación del servicio de agua potable, destacar la necesidad de darle vida a la cooperación vecinal, prevista en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Ese mecanismo, previsto en el artículo 268 de la Ley Orgánica de Poder Público Municipal (LOPPM), plantea específicamente, en su numeral 2, que el Concejo Municipal puede convocar a los ciudadanos para activar una Comisión de Vecinos a los fines de ejercer una fiscalización y vigilancia sobre el buen funcionamiento de un servicio público municipal.

Esa comisión de vecinos, como estrategia de cooperación vecinal, debe ser impulsada por el Concejo Municipal, a través de su facultad reglamentaria, prevista en el artículo 54 de la LOPPM.

Esa comisión de vecinos, se presenta como una herramienta legal e institucional que en la actualidad facilitaría la inclusión de los vecinos en el problema del agua, ayudaría a comprender la magnitud de la crisis del agua en Venezuela y permitiría unir esfuerzos en la búsqueda no solo de mayor transparencia en el manejo de la situación por los entes responsables, sino también, en la promoción de un debate amplio sobre el rol del municipio en la gestión integral del agua.

Asimismo, activar una Comisión de Vecinos, podría ser una figura adecuada para el ejercicio de la contraloría social sobre el plan de racionamiento, cuyo resultado, permitiría evaluar la necesidad de un plan de contingencia municipal para enfrentar la crisis hídrica, que además, encuentra en el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) el espacio institucional para su aprobación.

Resulta coherente que el Concejo Municipal, en respuesta a su mandato legal de promover los mecanismos eficientes, suficientes y oportunos de participación en materia de gestión pública, y atendiendo a un tema tan sensible y de profundo impacto en la calidad de vida de sus vecinos, impulse la comisión de vecinos como espacio institucional, que le es propia, por lo tanto, es expresión de su autonomía municipal a los fines de incluir a los ciudadanos en la problemática del agua.

Es claro que la cooperación vecinal no trae consigo que el agua vuelva de inmediato a los grifos de manera continua y menos aún, que sea potable; pero sí podría contribuir en la construcción de consensos sobre un diseño de gestión que responda al bien común, utilizando la institucionalidad que la ley nos permite y rescatando al municipio como actor del desarrollo.

Artículo escrito para POLITIKA UCAB y publicado el 1 de abril de 2016.

Desde hace ya largo tiempo, la política venezolana ha caído en el vicio de utilizar palabras al voleo, sin preocuparse de analizar si el término con el que se pretende nombrar a una persona tiene algo que ver con su conducta y aptitudes. Quizás esta manera alegre de nombrar y calificar tuvo su origen en el medio artístico que vio en José Luis a un puma y tigresas o fieras en damas de apacible carácter.

Nuestros políticos parecen haber olvidado, o acaso nunca lo supieron, que existe una rama de la semántica denominada semántica lógica, que estudia la relación entre el signo lingüístico y la realidad, así como las condiciones necesarias para que una palabra pueda aplicarse a un objeto o persona.

Esta perversión del lenguaje y de la política, produce indeseables efectos en la vida nacional y genera una suerte de desorientación ideológica y un descreimiento social que encuentran su expresión concreta en la antipolítica y, especialmente, en el rechazo a los partidos políticos como instrumentos necesarios de la vida democrática.

Podemos afirmar, con poco temor a equivocarnos, que los dos últimos gobiernos que tuvieron oposiciones reales fueron los de los tachirenses Marcos Pérez Jiménez y Carlos Andrés Pérez (II). Desde 1958 hasta CAP II, adecos y copeyanos montaron oposiciones falsas, contubernales; ¿Quién no recuerda las famosas reuniones de Gonzalo Barrios y Rafael Caldera, donde se tomaban toda suerte de decisiones y se limaban las asperezas surgidas en los estratos inferiores de sus respectivos partidos? En virtud de esa perversión, nuestro país no adquirió una cultura opositora y las nuevas camadas de políticos se fueron formando en la escuela de la protección al interés parcial y del desdén a los intereses colectivos.

La tragedia chavista nos sorprende sin un liderazgo fuerte y acostumbrado a contrariar al gobierno con todos los medios permitidos por la Constitución y las leyes, pero sobre todo, sin un liderazgo que crea «en los poderes creadores del pueblo» como dijo en su Credo el inmortal Aquiles Nazoa. Tan desafortunada circunstancia permitió que se perdiera el gigantesco esfuerzo del 11 de abril, que hizo poner pies en polvorosa al acobardado «comandante eterno» y que Maduro le birlara las elecciones presidenciales a un Capriles sumiso, que prefirió recurrir al TSJ y no a la gente que esperaba su llamado.

La vuelta de Manuel Rosales, anunciada y participada a los cuerpos de seguridad del Estado con la debida antelación, hedió a componenda y a trato desde el primer momento. ¿Qué hubiese sucedido si en 1957 Fabricio Ojeda, Guillermo García Ponce, Silvestre Ortiz Bucarán y Enrique Aristiguieta Gramcko hubiesen ido a Miraflores a participarle a Pérez Jiménez la constitución de la Junta Patriótica que convocaría la insurrección popular? Los nombrados y decenas de miles más eran opositores de verdad (con negrillas), eran hombres recios que arriesgaban sus vidas como costo ineludible del verdadero liderazgo.

En Venezuela se empiezan a decantar las realidades; cada día se hace más notorio que existen, al menos, dos oposiciones: la verdadera, que exige la inmediata salida de Maduro, como una necesidad que no admite retardos y la otra, la oficial o ficticia, apaciguadora de oficio que habla de diálogos, postergaciones y reconciliación sin justicia, e insufla vida a un régimen que no tiene ninguna razón lógica o política para continuar en el ejercicio del poder.

Obviamente, la batalla es contra el chavismo y contra todos los males que impulsa y representa; pero también lo es contra los malos políticos y la mala política, contra quienes se sienten predestinados a liderar a la Nación, pero son incapaces de entrar en sintonía con los deseos y sentimientos populares; contra los que se hacen llamar opositores para concitar simpatías, pero no son capaces de oponerse con la seriedad y testarudez que exigen las angustias actuales. «“Por sus obras los conoceréis” (Mt 7,15-20)».

turmero_2009@hotmail.com

@DulceMTostaR

http://www.dulcemariatosta.com

La noticia ocupó la primera plana de los periódicos de circulación nacional: la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en una publicación reciente, reveló que la pobreza en Venezuela había repuntado 4,9% anual en el periodo 2010-2015.

El repunte de la pobreza tuvo que ver en primer lugar con las limitaciones de los programas sociales como “las misiones”. La “Encuesta sobre condiciones de vida Venezuela 2014” (ENCOVI 2014) conducida por la UCV y la UCAB, revela que casi la mitad de los beneficiarios de “las misiones” no son pobres. Adicionalmente la cobertura de “las misiones” se ha reducido, pero la proporción de la población vulnerable que se ha beneficiado de las mismas es muy bajo. Según ENCOVI 2014, sólo el 11,7% de la población pobre es cubierta por las misiones. La propaganda gubernamental ha generado la impresión que su cobertura era mayor. En este caso se aplica el dicho popular “fue más la bulla que la cabuya”.

La cobertura de los programas de asistencia alimentaria, como Mercal, fue más amplia y contribuyó a amortiguar los efectos de la inflación en los sectores de bajos ingresos. Sin embargo comparte con las misiones el hecho de no estar focalizados en los sectores más vulnerables de la población. El desabastecimiento fue siempre un problema en el programa, que ocasionaba largas colas y presionaba a muchos consumidores a comprar en otros sitios. El porcentaje de ahorro que obtenían los beneficiarios, en su periodo de auge, oscilaba en torno al 51%.El costo operacional del programa era de 1,49 Bs, por cada bolívar vendido, por lo que su sostenibilidad fue posible gracias a los ingresos extraordinarios del petróleo. En los últimos años el programa Mercal se encuentra en franco deterioro. 61,5% de la población no compra en Mercal. La cobertura se ha reducido, ya que la mitad de los puntos de venta se encuentran inactivos. Los “Mercalitos”, bodegas de las barriadas integradas al programa, han sido los más afectados.

La experiencia latinoamericana revela que estos programas para tener un impacto en los niveles de pobreza, sostenible en el tiempo, requieren ser focalizados en los sectores de mayor pobreza y tener un claro encuadramiento institucional, no contaminado con intereses clientelares o político electorales.

La reducción de la cobertura de los programas mencionados es consecuencia de la escasez de recursos que se produce una vez que el ciclo de elevados precios de las materias primas llegó a su fin, lo que revela la dependencia de los mismos. En consecuencia la eficacia, o sea el impacto de estos programas, mermó sustantivamente. Ello sumado a la desbocada inflación, que según cifras oficiales llegó a 180% en el año 2015, son los factores que subyacen detrás del repunte de la pobreza en los últimos años.

Las cifras de la CEPAL, divulgadas en la última edición de “Panorama social de América Latina 2014”, cuantifican el retroceso señalando que entre el año 2012 y el 2014 la pobreza había aumentado de 25,4% de la población a 32,1%. La CEPAL toma como referencia los guarismos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Venezuela. Las cifras señaladas subestiman la proporción de la población en situación de pobreza. La información de la ENCOVI 2014 es más contundente, evidenciando que los niveles de pobreza se remontaron a 48 % en el año 2014.

La medición de la pobreza se hace utilizando varios parámetros; en los párrafos previos nos hemos referidos a la pobreza ingreso. Existe también la pobreza estructural, la cual depende de otras variables como las características de la vivienda, si es propia o alquilada, si ésta posee servicios eléctricos, agua potable, desecho de basura y rasgos del entorno como las calles de acceso.

La ENCOVI 2015 detectó que la pobreza estructural afecta al 29,1% de la población. Sin embargo, debido al crecimiento explosivo de la inflación, el 73% de la población es pobre ateniéndonos al criterio de ingreso, en otras palabras no están en capacidad de pagar la canasta básica. Esto refleja la situación de los maestros, profesores universitarios y funcionarios públicos que han hecho un esfuerzo a lo largo de sus vidas por mejorar, adquiriendo una vivienda en zonas donde tienen acceso a los servicios básicos, pero que debido a la inflación sin control han visto colapsar su capacidad de compra. Estas personas despertaron un día del año 2015 y cuando fueron al mercado descubrieron que tenían que sacar la carne de su dieta usual porque no la podían pagar, o no podían pagar las reparaciones de la casa u otros gastos que usualmente realizaban. En ese momento se dieron cuenta que eran pobres de ingreso.

Los años 2014 y 2015 han sido un parteaguas en el empobrecimiento generalizado de la clase media y de la sociedad venezolana. Un factor clave en este proceso ha sido la inflación; estimaciones del FMI la proyectan en 700% para este año acelerando el proceso señalado. La inflación es un subproducto de la política económica del gobierno que utiliza al Banco Central para financiar la expansión del gasto público y del déficit generado. El control cambiario, fuente de una corrupción descomunal, impide estabilizar el valor del dólar que es otro de los factores que alimenta la inflación. Como señala Felipe Pérez Martí, ministro de economía del ex presidente Chávez, el gobierno del presidente Maduro está generando un desastre social con su política económica.

A pesar de la subestimación del problema, las cifras de la CEPAL revelan el fiasco de la agenda social y alimentaria del gobierno. Su importancia reside en la influencia de este organismo, que ha demostrado hasta la saciedad su compromiso con los intereses latinoamericanos, por lo que no puede ser descalificado como agente del imperio o representante de intereses transnacionales.

Las cifras de la CEPAL revelan también que el incremento brutal de la pobreza en Venezuela se da en un contexto regional donde la mayoría de los gobiernos latinoamericanos siguen cosechando éxitos en su lucha contra este flagelo, gracias a una combinación inteligente de políticas antiinflacionarias y programas antipobreza focalizados en los sectores de extrema pobreza de la población. Entre estos gobiernos, vale la pena destacar, los que están dirigidos por connotados representantes de la izquierda latinoamericana como el de Bachelet, el de Dilma Rousseff y el de Ollanta Humala, que han continuado reduciendo la pobreza en los años recientes. Señalar que las dificultades que enfrenta Venezuela para combatir la pobreza son atribuibles a los bajos precios de las materias primas, no se compadece con la experiencia de estos países.