El diseño institucional de cada país es diferente. En tal sentido, me pregunto ¿Cómo responde la institucionalidad en otro país ante la crisis de sequía que hoy impacta como consecuencia del fenómeno del Niño?

La tecnología me permite visitar los medios digitales en Colombia y desde la información pública se pueden conocer algunas interesantes experiencias que permiten valorar la participación de los actores locales en el diseño de las políticas para enfrentar la sequía y la capacidad institucional de los mismos para ejecutar esas políticas.

Una primera experiencia nos lleva al Valle del Cauca, en donde ACUAVALLE, sociedad anónima descentralizada responsable de la prestación eficiente del servicio público domiciliario de agua potable, facilitó una reunión con los alcaldes de los municipios de esa zona geográfica, a los fines de debatir el problema del desabastecimiento del agua que afecta a 10 poblaciones, en una situación en la que se advierte que el problema podría agravarse entre febrero y marzo. La reunión fue clara en su objetivo de exhortar a cada alcalde a impulsar planes de contingencia a los fines de enfrentar con mayor efectividad la crisis que genera en sus municipios la severa sequía [1].

Entre las recomendaciones que allí se plantearon y discutieron, se destaca la necesidad de aplicar sanciones a los usuarios que sean sorprendidos desperdiciando agua y que se excedan en metros cúbicos autorizados por población. Es oportuno mencionar, que según el Ministro de Vivienda de Colombia, hay un total de 1.200.000 personas sancionadas por derroche de agua potable [2].

Otra de las recomendaciones de esa reunión, fue la activación de políticas en materia de Gestión de Riesgo y Desastre para mitigar el riesgo de desabastecimiento de agua e incendio forestal en esta temporada. Se exhortó a las autoridades locales a crear el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre, crear una Comisión Asesora Municipal de Prevención, Control y Mitigación de Incendio Forestales, diseñar planes de emergencia, de gestión de riesgos y de contingencia. Mantener activa una sala de crisis e incluir a los vecinos en la responsabilidad de enfrentar la crisis invitándolos a tomar medidas como, por ejemplo, no lavar fachadas, vehículos, regar jardines, etc.

Por cierto, los medios permiten identificar en otra zona del territorio Colombiano, específicamente en el Municipio Acacias del Meta, un ejemplo concreto y reciente, en el cual el análisis de la situación hecha por el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre, les llevó sugerir un Plan de Racionamiento para el Municipio, que fue asumido por la empresa prestadora del servicio y expresamente llamó a preparar a los ciudadanos para que asuman el Plan Racionamiento y en consecuencia contribuyan efectivamente a enfrentar la crisis[3].

En los Municipios de la provincia de Ocaña, sur del César y el Catatumbo, encontramos otra experiencia interesante a valorar, en donde la Asociación de Municipios sirve de espacio para desarrollar una jornada de trabajo entre autoridades locales y de manera conjunta diseñar lineamientos generales que permitan en bloque y de manera particular enfrentar el problema de la sequía en sus municipios

En esa reunión, se buscó que los alcaldes unieran esfuerzos con CORPONOR (Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental) a través de acciones concretas y de la búsqueda de recursos financieros a los fines de contribuir de manera mucho más efectiva a contrarrestar la emergencia originada por la fuerte sequía [4]. Por cierto, CORPONOR, en octubre 2015, ya asomaba la necesidad de esta articulación de actores políticos para tomar medidas concretas que permitiera enfrentar la sequía.

Como se puede apreciar en los casos que se mencionan, se destaca la participación directa de los municipios en la decisión del racionamiento y en el diseño de medidas para prevenir las consecuencias que genera la sequía. Por otro lado, esas experiencias permiten afirmar, al menos desde la distancia, que cuando un ciudadano colombiano quiere información sobre la magnitud de la crisis y sobre las medidas que se están tomando para enfrentarla, fácilmente podría tener acceso a ella a través de las autoridades políticas más cercana a su ámbito de actuación e influencia.

En el caso venezolano, los ciudadanos experimentamos la gran dificultad por acceder a información técnica sobre calidad de agua y para lograr ser informados sobre la magnitud del problema que genera la sequía en la capacidad de garantizar agua continua. Precisamente en la búsqueda por información confiable, técnica y veraz, los ciudadanos y las autoridades locales, terminan aliándose en el reclamo de información por parte de Hidroven y particularmente de Hidrocapital en la zona metropolitana de Caracas.

Desde la perspectiva ciudadana y desde los registros de los medios digitales del país, se evidencia la ausencia de voluntad política por parte de Hidroven de crear estrategias para fortalecer lazos con las autoridades locales a los fines de garantizar mejor calidad de servicio a los ciudadanos, que pasa por una mayor y mejor información. Por el contrario, Hidroven lejos de promover el encuentro y la articulación de estrategias con las autoridades legítimamente electas en cada municipio, destina su capacidad en impulsar la conformación de Salas de Gestión Comunitarias de Agua, a través de las cuales pretende incluir a los ciudadanos en la solución de problemas puntuales y concretos en la distribución del vital líquido, manipulando el principio de participación e ignorando la institucionalidad local como actor en la gestión integral agua. Esa estrategia de Hidroven, no plantea ningún contenido que ayude a entender cómo se aborda la crisis de sequía que hoy nos afecta.

Queda claro a la luz de estas experiencias mencionadas que el Municipio en Colombia es reconocido como actor en las políticas públicas relacionadas con el agua, tan es así, que no sólo puede imponer multas a los vecinos, como se mencionó previamente, sino que además, un alcalde puede ser obligado por un Tribunal a cumplir con la prestación continua del servicio de agua.

Ese es el caso del Alcalde de Neiva, quien actualmente fue declarado en desacato por no cumplir con una tutela que le obligaba a suministrar agua de manera continua a una comunidad del Municipio y en consecuencia se ordenó su arresto. Actualmente esa orden es apelada ante el Consejo de Estado. La medida la impulsaron vecinos de una comunidad del Municipio Neiva, que argumentaron no tener servicio continuo de agua y verse afectados con enfermedades como consecuencia de la mala calidad del agua cuando la reciben[5].

En Venezuela, si el artículo 136 de la Ley Orgánica de Prestación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento hubiere sido desarrollada por el Gobierno Nacional, no cabe duda que hoy los Alcaldes y Concejales, a través de figuras como el Consejo Local de Planificación Pública, pudieran, vía Consejo Federal de Gobierno, diseñar y aprobar planes de contingencia, así como también, prever recursos especiales para enfrentar con mayor efectividad las consecuencias de la sequía.

Pero para que esa dinámica local pueda funcionar en la práctica como se describe, resulta indispensable reformar al Consejo Local de Planificación Pública, para hacerlo un espacio útil para la recuperación de la cohesión social necesaria que nos permita recuperar al Municipio como actor clave en el desarrollo sostenible desde lo local.

Asimismo, una reforma legislativa permitiría que los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas puedan ser claramente esos espacios institucionales en los cuales se logren articular esfuerzos entre autoridades locales para enfrentar contingencias como ésta que nos impacta como consecuencia de la sequía.

Hasta ahora, estas instancias integrantes del Sistema Nacional de Planificación han resultado un fracaso como herramientas para la gobernanza y el desarrollo sostenible, pues el Poder Popular las ha confiscado para imponer su modelo comunal.

[1]Elpais.com Piden tomar medidas en el Valle para mitigar desabastecimiento de agua. 29 de enero 2016. Online en: http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/municipios-valle-tomar-me...

[2]El Pilon.com. En Valledupar se han sancionado a 30 mil derrochadores de agua. 4 de febrero 2016. Online en:http://elpilon.com.co/en-valledupar-han-sancionado-a-30-mil-derrochadore...

[3]El Tiempo. Meta: Acacias tendrá racionamiento de agua. 29 de enero 2016. Online en:http://www.eltiempo.com/colombia/llano-7-dias/racionamiento-de-agua-en-m...

[4] El Espectador. Alcaldes del Norte de Santander se unen para contra el fenómeno del niño. 12 de enero de 2015. http://www.elespectador.com/noticias/nacional/alcaldes-de-norte-de-santa...

[5]Diario el Huila.com. La tutela que puso en jaque la administración de Neiva. 02 de febrero de 2016. Onlne en: http://www.diariodelhuila.com/regional/la-tutela-que-puso-en-%E2%80%98ja....

Artículo escrito para Politika UCA, 5 de febrero 2016

Descaradamente el atorrante presidente de facto achaca la crisis económica al descenso de los precios del petróleo, culpa al fenómeno de El Niño por la crisis eléctrica y responsabiliza a la Polar y otras empresas privadas por el desabastecimiento de alimentos. Esas mentiras son para intentar seguir engañando a sus pocos seguidores y evidencian que nunca va a rectificar.

Aún sin considerar los ingresos obtenidos durante los varios años en que los precios del petróleo estuvieron altísimos, actualmente tendríamos suficientes dólares para importar medicinas, insumos y alimentos. Si el billete verde no alcanza es por la corrupción, ineficiencia de las empresas del Estado y burocracia gubernamental.

Según Eulogio Del Pino, presidente de Pdvsa, el año pasado el costo de producción del barril de petróleo fue de 13 dólares, mientras que el precio de venta fue de 44,65 dólares por barril. Pdvsa todavía no ha presentado ni siquiera el informe del primer semestre del 2015, pero reportó a la Opep que produjo 2.655.000 barriles por día (que podrían haber sido seis millones si no fuese por la debacle de la empresa). Considerando que en su Informe 2014 Pdvsa consignó un ingreso bruto por exportación de crudo y productos de 105.000 millones de dólares, cuando el precio de nuestra cesta fue de 88,4 dólares por barril, podemos asumir que en el 2015, a un precio de 44,65 dólares por barril, el ingreso fue de alrededor de 53.000 millones de dólares, lo cual no es una pelusa.

La situación podría ser mejor, pero Pdvsa consume muchos millones de dólares por tener que importar petróleo liviano y nafta para mezclar con los extrapesados, debido a que descuidó la producción de los livianos, no construyó nuevos mejoradores que hubiesen evitado la necesidad de esas mezclas y mató la Orimulsión que era una salida parcial para nuestros extrapesados. Además, importa gasolina y todos los planes de producción de gas tienen un retraso notable, lo cual ha encarecido esos proyectos. La corrupción en la empresa ha sido denunciada por Gustavo Coronel y hoy es conocida mundialmente. A lo anterior hay que añadir que tiene una nómina abultada, ocurren muchos accidentes y tiene una directiva y una gerencia incompetentes. En el 2001, cada trabajador producía 47,1 barriles por día, mientras que ahora solo produce 15,3 barriles.

El Niño tampoco es culpable de la crisis eléctrica. Los destacados expertos del Grupo Zuloaga aseveran que la culpa de la baja generación de electricidad se debe a ¨predominio de la política partidista en el sector, sobreexplotación de la represa de Guri, incumplimiento de planes, ausencia de mantenimiento y fuerte subsidio que incentiva el derroche de electricidad¨. De acuerdo a estos expertos, el sistema eléctrico debería producir 34.400 megavatios, pero solo produce 17.220 mientras que la demanda es de 18.300 megavatios. Por su parte, la hidrometereóloga Ángela González atribuye la escasez de agua a un manejo inadecuado del servicio y no al efecto de El Niño.

La empresa privada no es la culpable del desabastecimiento de alimentos, sino la política de ahogar al sector y el descalabro de las múltiples empresas que constituyó el Estado o que le robó a sus propietarios, las cuales producen muy por debajo de su capacidad e incluso muchas están paralizadas.

Lorenzo Mendoza, presidente de las eficientes empresas del Grupo Polar lo ha dicho claramente y esa sinceridad es la que molesta a Maduro y a la cuerda de ineptos que lo rodean. A los rojos les da piquiña que les digan que el sector privado sí cumple con la producción de alimentos y que los ineficientes y responsables de la escasez son los organismos y empresas del Estado.

Mendoza les dio la receta para solucionar el desabastecimiento: ¨Acceso a las materias primas para poder elaborar los alimentos, lograr financiamiento internacional, apuntalar la producción nacional, ajustar los precios de acuerdo a la Ley de Precios Justos y atender los grupos vulnerables en materia de seguridad alimentaria¨. En respuesta a estas sensatas propuestas, el energúmeno y sus palafreneros solo responden con insultos.

Ni el petróleo, ni El Niño, ni el sector privado son los responsables del desastre, sino quienes han implantado un modelo económico que no es viable, además de la manifiesta incompetencia gerencial de los rojos. Por ello Maduro debe renunciar, pero no lo hará si no hay presión de calle y de los suyos. Además, la Asamblea debe forzar la barra aprobando pronto leyes y medidas que lo confronten.

Como (había) en botica

El Escarrá que llamó a la rebelión contra los rojos ahora no ve doblez en Maduro porque se parece mucho a él. El malintencionado general Gustavo González López, inepto ministro del Interior, declaró que el asaltante y asesino conocido como ¨el Buñuelo¨ es representante de la ¨derecha y que la delincuencia es exportada¨. La Fiscal Ortega no solo ignora la nacionalidad de Víctor Hugo, sino también las denuncias por atropellos a los opositores, entre ellos el asesinato de José Manuel Vilas. Excelente la intervención de la joven diputada democrática Marialbert Barrios. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

En febrero de 1985 obtuve mi libertad como consecuencia de un Decreto Presidencial que sobreseyó las causas a 38 prisioneros políticos venezolanos. Era el tercer decreto dictado por el gobierno de Jaime Lusinchi desde la víspera de las navidades del año anterior. El primero favoreció a todas las compañeras presas. El segundo a quienes tenían responsabilidades menores en las causas juzgadas. Luego siguieron otros que fueron aliviando un problema que involucraba a 187 compatriotas. Quedaron presos sólo los jefes históricos de las organizaciones aún en la clandestinidad y levantadas en armas, quienes también fueron siendo liberados de forma progresiva, al amparo de medidas de gracia gubernamentales. Se trató, como casi siempre a lo largo de la historia, de juicios políticos resueltos con medidas políticas, las cuales contribuyeron a crear las condiciones democráticas para que la disidencia revolucionaria pudiera expresarse legalmente.

Aquél fue un proceso de conversaciones iniciado en el propio cuartel San Carlos entre emisarios de alto rango del gobierno de turno y los principales líderes de las organizaciones subversivas de la época (no hay connotación peyorativa en el uso del término; por el contrario, quiero reivindicarlo en sus alcances más legítimos y cuestionadores), con la presencia de terceros de buena fe y testigos de excepción. En honor a la verdad debo decir que no fueron negociaciones que nos impusieran condiciones humillantes o indignas. Fueron más bien medidas unilaterales tomadas por Lusinchi primero y luego por Caldera, como manifestación de su interés por resolver un asunto que constituía una rémora histórica y que impedía terminar de pacificar al país desde el punto de vista político-institucional (paz y justicia social son otra cosa). Medidas unilaterales pero conversadas, en cierto modo convenidas, a las que le siguieron acciones o gestos unilaterales de parte de nosotros en igual sentido.

Durante una etapa de este largo proceso formé parte del equipo que condujo las conversaciones. Lo hice en representación de quienes seguían presos o perseguidos, acompañado, entre otros, por David Nieves, Raúl Esté y Alí Rodríguez Araque, personajes todos ligados al llamado “proceso” y cercanos al actual Presidente, Nicolás Maduro. Lo hice al frente de un vasto movimiento de familiares y amigos de los presos políticos y al calor de pronunciamientos públicos de partidos políticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos; con el respaldo de intelectuales, artistas, académicos, sectores de las Iglesias, dirigentes políticos, sindicales, gremiales, estudiantiles y populares. El resultado fue que los partidos aún clandestinos emergieron a la legalidad, la guerrilla del Frente Américo Silva se desmovilizó, las cárceles se vaciaron y el país vivió un período sin presos políticos, hasta que sobrevino la crisis política y militar del período 1992-1998.

Madurez política, reconocimiento mutuo, respeto por las posiciones del otro-diferente, fervor patriótico, magnanimidad y espíritu de reconciliación fueron los soportes principales que facilitaron este resultado. Hoy, cuando la Asamblea Nacional discute un proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación, sumo mi testimonio como constancia de respaldo pleno a esta noble iniciativa, así como el apoyo unánime de Vanguardia Popular, partido en el cual milito con muchos de quienes han purgado cárcel en defensa de sus ideas políticas. Y me dirijo a Nicolás Maduro, quien me conoce y conoce de cerca esta historia; a David Nieves, a quien sé cercano al Presidente; a Carlos Lanz, beneficiario y testigo del episodio comentado; a Alí Rodríguez, Aristóbulo y tantos otros, para que sumen el concurso de su esfuerzo con el mismo espíritu que animó aquel logro, desprovistos de todo ánimo revanchista o de venganza, para que escuchen el clamor de un país que quiere reconciliación y paz como condición para encarar sus más graves problemas, para hacer posible una Venezuela sin presos, perseguidos ni exiliados políticos.

Nota: Rafael Venegas es Secretario General Nacional de Vanguardia Popular

Caracas, 05 de febrero 2016

Aunque siempre se puede estar peor, la situación del país cada día tiende a eso, a empeorar, aunque a decir verdad, también desconcierta la cantidad de venezolanos que pareciera que no vivieran en este país, ya que, a pesar de las consecuencias visibles y notorias de la crisis económica y de inseguridad ciudadana, aunado a los deficientes servicios de los centros turísticos y recreacionales, se aprestan a pasar el asueto de carnaval en cualquier sitio que no sea en su casa “para olvidarse de la crisis y cambiar de ambiente”.

La situación es paradójica. Hace pocas semanas desde Margarita, por ejemplo, autoridades y comerciantes informan de la carencia de productos y servicios de calidad para atender a los turistas, principal actividad económica de la isla, y un día antes de iniciarse el asueto informan que “todo está listo para recibir a los turistas en esta temporada”. Los hoteles informan de un descenso importante de la ocupación hotelera, pero los sitios están abarrotados de temporadistas ¿Donde se alojan entonces?

Gente que hacen largas y consuetudinarias colas para comprar comida y otros productos de primera necesidad, se toman un merecido descanso en estas temporadas para regresar a seguir enfrentando la misma situación de colas y carencias que no desaparecieron durante las festividades.

En alguna regiones y ciudades del país el racionamiento de agua es de hasta cinco días y una cisterna de agua no vale menos de 8.000,00 Bs (por lo que también hay un buen negocio detrás de estos racionamientos, por lo menos para los dueños de las cisternas) y el presidente de Corpoelec anuncia que a partir del 10 del presente mes los centros comerciales deberán generar su propia electricidad pues serían racionados en horario de 1 a 3 pm y de 7 a 9 pm. La razón es que hay que darle un uso “racional” a la energía eléctrica, extraña respuestas después que se ufanaron de invertir más de 19 MM$ en años recientes para brindar un servicio eficiente ¿a quién? ¿No sabe el ministro de energía que la mayoría de los supermercados, en esos que la gente hace largas colas para comprar comida, están ubicados en esos centros comerciales? Eficiencia socialista, revolucionaria y bolivariana.

Otro anuncio importante es que ya los tradicionales operativos de seguridad están listos para garantizar la seguridad ciudadana durante la temporada, con miles de efectivos desplegados en los sitios turísticos y en las principales vías nacionales. ¿Son esos los mismos garantes que permiten que los pranes y otros grupos delincuenciales impongan toques de quedas en sectores de nuestras ciudades y asalten cuarteles e instalaciones militares con grupos fuertemente armados con armas largas para robarse el armamento allí resguardado? Mientras tanto el ministro de la defensa y el de interior y justicia están en un acto con su comandante en jefe intentando convencer a los venezolanos, una vez más, que el fallido golpe de estado del 04F de 1992 fue una gesta histórica y gloriosa del difunto eterno cuyo producto final es el desastre de país en el cual vivimos.

En un país donde la política socialista del siglo XXI es siembre lo que coma, busque el agua en las fuentes o páguela si tiene dinero, genere su propia electricidad, trabaje en lo que pueda y cobre lo que quiera, pero disfrute en grande sus carnavales que la seguridad y los servicios están garantizados por el gobierno. Muchos ciudadanos lo creen, ya no se sabe si cambiar de gobierno sea una buena idea.

06 de febrero de 2016

Los venezolanos estábamos preparados para cualquier “celebración” de la derrota de un cuartelazo, que sigue tratándose de instituir como el inicio de una rebelión popular, habiéndose demostrado que ni entonces, ni durante estos ya muy largos “gobiernos revolucionarios”, hubo la menor intención de cambiar lo criticable de aquel entonces que, ¡de que lo había, lo había!. Sin embargo, lo ocurrido en esta oportunidad en la cuna de la robolución fue toda una sorpresa.

El día anterior a tan infausta fecha y en la madrugada de la misma, mediante comunicación anónima, se hizo del conocimiento de los maracayeros, sobre todo de los comerciantes y otros prestadores de servicios al público del norte de la ciudad, la “conveniencia” de no abrir sus establecimientos so pena de afrontar riesgos, no especificados, pero no por eso menos intimidatorios.

Los que creyeron que el anuncio era una “bola” más, inclusive achacable a la “derecha desestabilizadora” o que en todo caso, que no habría quién, ni como obligar a su cumplimiento, recibieron visitas de hombres de a caballo (mecánico) que insistieron en la conveniencia de acatar el cierre.

No está de más decir que la argumentación surtió efecto en el norte de Maracay, particularmente en los sectores más populares, y que aquellos que abrieron, por “convicción” o por contagio bajaron las santamarías temprano . Los colegios de la zona vieron la asistencia mermada y los estudiantes que concurrieron a clase, fueron retirados apresuradamente por sus representantes a partir de las 10 a.m.

Ante la circulación de la mencionada comunicación anónima, reproducida en las redes sociales, ninguna autoridad procedió a declarar públicamente al respecto (como ha debido), induciendo en la población la sensación de que estábamos ante un anuncio falso (como ha debido ser) y que todo sería normal, por supuesto, en el sentido laxo que ha tomado el término en nuestro país.

Esa sensación se disipó en la medida de que se observó un notable despliegue policial en la zona, lo que alertó y alarmó a la gente, que empezó a sentir lo peor…¡algo va a pasar!, reforzado por la evidente no apertura de los establecimientos comerciales. Todo lo anterior se tradujo en un abandono de la calle y el establecimiento de la percepción (¿?) de que el control de la ciudad estaba en manos distintas a las que legalmente corresponde.

Para explorar el origen de la situación, solo contamos con el contenido de la comunicación de marras y los hechos cumplidos. Según ellos, en el sector de La Pedrera (¿o fue realmente en La Candelaria?) resultó muerto un joven como producto de una actuación policial, sin que se conozcan públicamente detalles específicos.

Del joven y del incidente, identificados en el escrito anónimo, se desconocen detalles oficiales que permitan entender lo que pasó. La familiaridad y el tono aplicado al gobernador y a otro funcionario, hacen sentir el reclamo de compromisos incumplidos, máxime cuando se critica a autoridades policiales nacionales no dependientes de ellos.

Una muerte siempre tendrá dolientes y ninguna sociedad puede estar contenta cuándo la resolución de sus conflictos se intenta exterminando a los supuestos responsables. El respaldo comunitario, evidente en el sepelio, tiene que tratar de entenderse para beneficio de todos. Alguien es bueno o malo según la opinión de otros, y que la polarización se esté manifestando adicionalmente en aspectos distintos a los político partidistas tiene que llamar a preocupación.

Invocar la existencia de vínculos con sectores irregulares similares en estados vecinos ratifica la dimensión del problema y al compararse en virtudes con los cuerpos policiales, estos grupos están abonando el terreno para la coexistencia de ambos mundos sobre un mismo espacio geográfico, la que parece haber sido la orientación de la política oficial hasta ahora.

Nuestras autoridades no son dadas a la discusión pública y han cedido, con una intencionalidad política malévola, espacios que habrá que recuperar para bien y disfrute de todos. ¿Cómo terminó el día y que consecuencias traerá lo ocurrido en el futuro inmediato?, ¿Hubo detenidos en el entierro?, ¿Cuántos?, ¿Se decomisaron armas a los detenidos?, ¿El robo de armamento a la Guardia de Honor, en La Victoria, es una respuesta en demostración de fuerza?, son preguntas que, entre muchas otras, tendrán que esperar por el tiempo y la realidad para aclararse.

Al final volvemos a encontrarnos ante hechos que nos afectan a todos, que unidos a la falta de información sobre ellos y la opacidad de la poca que circula, aumenta la desconfianza ciudadana en el gobierno, abonando la necesidad de un pronto cambio democrático.

Sin ninguna duda, es obligatorio para nuestra dirigencia estar preparada con propuestas para enfrentar el temible problema de una delincuencia que fue aupada y a la que habrá que someter, aplicándole los correctivos necesarios, respetando derechos, pero cumpliendo la ley con todo el rigor que merezca cada caso.

El comentario de la semana

Tomo el título prestado de una película de 1966, quizás de las mejores del western. Sin embargo, espero que nuestra historia de “conuqueo” urbano en Venezuela tenga un mejor final que los contrincantes del duelo final de aquel film.

Pero vayamos al grano.

El gobierno nacional ha decidido impulsar el uso del conuco urbano, entendiendo como conuco una pequeña parcela de tierra cultivada por un campesino pobre, como estrategia de producción agrícola en el contexto de una muy grave crisis de abastecimiento de alimentos. E incluso lo plantea como una forma de luchar contra el cambio climático.

Pero revisemos qué es lo bueno, lo malo y lo feo de esta propuesta.

Lo bueno

La agricultura urbana es una de las tendencias más importantes en los últimos años en la búsqueda de la sustentabilidad de las ciudades. Por eso en muchos países se están realizando proyectos de siembras en espacios que van desde terrenos en las periferias urbanas hasta huertos en azoteas, balcones, pequeñas parcelas y superficies entre edificaciones y muchos otros lugares en muy distintos sectores y situaciones.

Los beneficios resultantes de esta actividad son importantes: impulsa la economía y el empleo productivo, produce alimentos con menores costos económicos y ambientales, promueve la diversificación de la dieta de los pobladores, apoya procesos de desarrollo local y mejora la calidad ambiental de las ciudades a través de la revegetación de áreas degradadas por el crecimiento urbano, entre otros aspectos positivos.

Sobre esa ola se han desarrollado propuestas interesantes en campos tan diferentes como la gastronomía “cero kilómetros” que promueve una cocina basada en la producción local, hasta formas de terapia para tratar males como el estrés y la depresión, en las cuales los pacientes trabajan la tierra para reencontrar su sentido de pertenencia y propósito.

Asimismo, gobiernos y organizaciones ciudadanas han encontrado en esta actividad una forma de promover el emprendimiento, fortalecer la participación y organización comunitaria, así como impulsar la inclusión y la ampliación de oportunidades de trabajo para grupos excluidos.

Otras propuestas apuntan al rescate de saberes ancestrales a través de la recuperación del cultivo de variedades de plantas locales, incluyendo plantas medicinales. Esta actividad, si es realizada con sensatez y responsabilidad, ayuda a promover estilos de vida sanos y la valoración del conocimiento popular.

Más recientemente, aparece como un elemento en la lucha contra el cambio climático al aumentar la superficie vegetal en las ciudades.

Por otra parte, la agricultura urbana es una excelente actividad educativa. Un primer aspecto de esta conexión entre la educación y el cultivo en espacios urbanos, está relacionada con la formación de capacidades en la población tales como la auto-sustentación, la orientación hacia el trabajo productivo y el aprendizaje de hábitos ambientalmente positivos.

Otra faceta de su utilidad educativa nace de la preocupación mundial por la reducción acelerada de las posibilidades de contacto con la naturaleza que sufren los habitantes de las grandes aglomeraciones urbanas. Esa tendencia está teniendo consecuencias indeseables en los habitantes de las ciudades, y principalmente en los miembros más jóvenes de la sociedad. Entre los cuales se aceleran padecimientos tales como: la depresión juvenil e infantil, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), y la apatía juvenil, entre otros problemas. En estos casos. se ha propuesto el contacto con áreas verdes y seres vivos, incluyendo el desarrollo de proyectos agrícolas apropiados a su edad y circunstancias como forma de terapia de apoyo.

Queda claro que la agricultura urbana es una actividad muy positiva y debe ser impulsada y apoyada por toda la población.

Lo malo

Luego de enumerar tantas características positivas, hablar de las facetas negativas de esta actividad no es fácil. Pero en este caso sus problemas no nacen de la idea en sí, sino de la manera de implementarla. Esta actividad pierde valor cuando está asociada a concepciones simplistas, sectarias y al no estar fundamentada en planes técnicamente adecuados, socialmente aceptables y económicamente viables.

En tal sentido, una primera consideración, es que la agricultura urbana —aunque puede ser un complemento de la producción agrícola de un país— no tiene la capacidad de generar los volúmenes de alimento necesarios para cubrir las necesidades de toda la población. Por ello, puede ser una ilusión peligrosa creer que su desarrollo puede solucionar, o incluso paliar, los graves problemas de abastecimiento de alimentos de la Venezuela actual.

Esto es más complejo en el caso de países como Venezuela con el 90% de su población viviendo en ciudades.

Una característica de las zonas urbanas es su desconexión con la producción agrícola la cual ocurre generalmente en zonas más o menos alejadas de las ciudades. Por ello, la mayor parte de la población en estos asentamientos humanos no tiene ni experiencia, ni conocimientos, ni actitudes para participar permanentemente en esta actividad.

En tal sentido, la agricultura urbana busca reconectar los espacios distanciados de la ciudad y el campo, así como de las personas que los habitan. Pero no es esperable que esta sea una actividad masiva, ni mucho menos que tenga resultados inmediatos.

Por otra parte, la agricultura, más que otra actividad económica, es una cultura. Casi cualquier persona puede aprender técnicas básicas de cultivo e incluso participar activamente en estas labores, pero no cualquiera puede ser agricultor.

Ser productor agrícola nace de una forma de pensar y actuar que es muy diferente a la que es común en las personas que habitamos en las grandes ciudades. En la agricultura se depende de los ciclos naturales y de factores ecológicos complejos. Por ello, el agricultor entiende su actividad como una secuencia de procesos circulares, condicionados por los cambios presentes en su entorno. Asimismo, el producto de su labor puede estar lejano en el tiempo (en una futura cosecha) y sujeto a la incertidumbre producida por factores no controlables tanto socioambientales (clima, plagas, eventos extremos, etc.) como socioeconómicos (costos, rentabilidad, etc.).

Igualmente, el que quiera dedicarse a esta actividad necesita de habilidades, conocimientos y valores que se aprenden, no de forma conceptual, sino a través del contacto diario con el trabajo de las personas que lo realizan. Es decir, que no es posible generar agricultores por decreto.

Otro elemento a considerar es que la actividad agrícola no está regida por doctrinas políticas. La misma, por supuesto, se verá influenciada por factores históricos, sociales y económicos que pueden promoverla u obstaculizarla. Pero ninguna ideología logra que las semillas germinen mejor, ni que las plantas produzcan más y mejores frutos. Esto es un asunto de conocimiento adecuado, insumos apropiados y suficientes, mucho trabajo, y algo de suerte.

Por ello, el intento actual del gobierno nacional de encajonar esta actividad dentro de un enfoque político sectario, será un obstáculo severo en su desarrollo. Como ha sido reiteradamente demostrado en Venezuela, ese empeño, más que contribuir con el mejoramiento de la sociedad y su seguridad alimentaria, generará más divisiones y tensiones en la población. Ello traerá como consecuencia la pérdida de la oportunidad de convocar a la sociedad y construir consensos alrededor del apoyo a una acción que pudiera beneficiar a muchas personas.

Un componente adicional desde el enfoque ideologizado de la agricultura, es el uso de terminologías como “conuco” para la actividad de cultivo y de “conuqueros” para quienes la practiquen. La idea de conuco está asociada en Venezuela, más allá de sus orígenes indígenas, a una historia de pobreza y exclusión.

En gran parte de nuestra historia, los campesinos sin tierras debieron recurrir a la práctica ancestral del conuqueo en terrenos marginales. Pero actualmente, la subsistencia de estas prácticas y sus ideas subyacentes, están asociados al mantenimiento del campesino en la mayor pobreza, vulnerabilidad y destrucción de su entorno, y a la negación a incorporar nuevos enfoques y técnicas que pueden hacer de esta labor más productiva y de menor impacto ambiental.

Finalmente, otra perspectiva que es necesario considerar, es que, como toda actividad económica que se desea promover, necesita de condiciones adecuadas, incluyendo financiamiento y acceso a materiales, equipos e insumos, incluyendo semillas, fertilizantes (naturales o no) y agua para riego. Y hasta este momento nadie parece haber respondido a la pregunta de cuál será la inversión que se realizará y de dónde provendrán los recursos económicos para impulsar y mantener un programa a escala nacional como el que se propone. Tal consideración económica no es menor en este momento de la historia de Venezuela. Mi abuela hubiera dicho: ¿Con qué culo se sienta la cucaracha? O es que al final serán cambiados los Sukhois y otros armamentos por huertos urbanos, para hacer realidad el texto bíblico que profetiza que “…de las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra”

Lo feo

En Venezuela estamos en una de las mayores crisis de abastecimiento de alimentos en la historia nacional. Tal situación está afectando de manera grave a toda la población, especialmente a la de menores recursos económicos, los cuales ven enormemente restringida su acceso a una dieta suficiente, sana y nutritiva.

Una de las causas centrales de esta situación es la dramática caída de la producción de alimento en el país en prácticamente todos los rubros.

Las razones para haber llegado a este momento son múltiples, e incluyen motivos económicos y climáticos, pero principalmente políticos: Una cadena de decisiones gubernamentales que destruyeron la capacidad nacional de producir alimento. Al final el objetivo de lograr la “soberanía y seguridad alimentaria” terminó en uno de los mayores fracasos o fraudes, como usted lo prefiera.

Y en esta situación dramática, la respuesta gubernamental es la creación del Ministerio de Agricultura Urbana, con su carga de burocracia, presupuestos, espacios, etc. cuya misión es la promoción de “conucos urbanos”…

Se me escapa la lógica detrás de esa propuesta de políticas públicas en este momento, pero quizás resulte de una desconexión profunda por parte de los que toman decisiones con la magnitud de nuestra crisis actual.

Algún día tendremos importantes programas de agricultura urbana y nuestras ciudades reverdecerán, pero ahora lo que tenemos es algo tan feo como un insulto lanzado desde las alturas de un poder enceguecido a un pueblo con hambre.

http://prodavinci.com/2016/02/04/vivir/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-de-los-conucos-urbanos-por-alejandro-alvarez/

Solución a la calidad y la escasez del agua potable en Aragua

La escasez del agua potable no se debe precisamente a la falta de agua o recursos hídricos. Más bien es propiciada por dos excesos principales: exceso de contaminación ambiental y excesos de legislación y burocracia.

El exceso de contaminación ambiental sobre los efluentes que llegan a los embalses y posteriormente a las plantas de tratamiento, hacen que las mismas se colapsen en la primera etapa del proceso, es decir se obstruyan las rejillas y los filtros iniciales por lo que disminuye el caudal de agua hacia la segunda etapa y así sucesivamente por lo que al final la cantidad de agua potabilizada es significativamente menor a la que realmente podría aportar la planta. Además de esto, el tipo de contaminantes exigen la mayor utilización de compuestos químicos para obtener un agua potable con la calidad de los estándares internacionales que son los mismos exigidos por la legislación venezolana. Eso explica, entre otros factores, por qué a pesar de estar rodeados de cuerpos de agua importantes tenemos escasez de agua potable.

Por otra parte, el listado de las leyes ambientales venezolanas y sus diferentes normativas sobrepasa en mucho las 50 publicaciones, que buscan proteger el ambiente y especialmente las aguas. Congeniar esta cantidad de leyes y normativas es realmente complicado porque muchas veces son contradictorias en su aplicación, especialmente porque las mismas contemplan la participación múltiples organismos, institutos, gobernaciones, alcaldías, concejos locales de planificación, concejos comunales, escuelas, etc., donde al final se diluyen las responsabilidades, se dificulta la planificación para lograr objetivos concretos y finalmente las pocas decisiones que se puedan tomar son de difícil cumplimiento, especialmente, cuando implica el manejo de recursos financieros. Como se puede observar, este exceso de leyes e intervinientes, lejos de contribuir con la solución vienen a ser parte del problema.

En consecuencia, se evidencia que el problema de contaminación no se soluciona con más y mejores plantas de tratamiento sino disminuyendo drásticamente y con las medidas adecuadas los niveles de contaminación en nuestros recursos hídricos naturales. Igualmente se evidencia que el exceso de legislación y competencias ambientales lejos de resolver los problemas tienden a aumentarlos.

Una de las posibles soluciones es comenzar a sectorizar los ambientes hídricos nacionales que están plenamente identificados en el Sistema de Información para la Gestión Integral del Agua (SIGIA) y el Plan Nacional para la Gestión Integral del Agua (PNGIA) del Ministerio para el Ecosocialismo y Aguas (MINEA).

En esa información oficial, accesible en la web, se puede observar que la Cuenca Hidrográfica del Lago de Valencia aporta el 48,94% de la demanda nacional en un área geográfica de 3.519 km², que siendo la menor del país, aporta casi la mitad de la demanda de consumo requerido, por lo que se hace prioritario y urgente buscarle una solución viable que se pueda comenzar a implementar en el corto plazo.

Por esta razón, Aragua en Red en acto público realizado el 24 de septiembre del pasado año entregó, a los ahora diputados electos por Aragua, un anteproyecto de ley denominado “Ley Programa para el aprovechamiento sustentable de las aguas de la región hidrográfica del Lago de Valencia”, para que sea discutido y aprobado en tiempo perentorio en la Asamblea Nacional. Esta propuesta se enfoca principalmente en la descontaminación ambiental del área geográfica citada y en la creación de una autoridad única que presida un instituto autónomo y con presupuesto propio que sistematice el exceso de legislación y de burocracia que hasta ahora se muestran como los mayores problemas para alcanzar una solución sustentable.

5 de febrero, 2016