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Opinión

Lester L. López O.

Sin dólares, no hay paraíso…

Una semana de expectativas ofrecidas, tanto por el gobierno, como por la oposición, termina con la sensación de que “todo seguirá igual” o de “más de lo mismo”, no contribuye a mejorar la poca esperanza que aún le queda a la mayor parte de la población venezolana, por lo que el escenario de una explosión social que obligue al gobierno, y a la oposición, a negociar en serio se hace más evidente.

Por una parte, el presidente de la AN, al finalizar la semana pasada declara que la crisis del país no admite seis meses para proponer un método constitucional, pacífico, democrático y electoral que cambie al gobierno y anuncia que durante el fin de semana se tomará una decisión en tal sentido porque el país no puede esperar seis meses más. El martes, en entrevista con una agencia internacional de noticias considera que la enmienda constitucional para recortar el periodo presidencial pareciera la que presenta menos inconvenientes para salir del presidente, pero esto aún no está decidido dentro del MUD. Dos días después, la dirigencia del partido Primero Justicia anuncia total respaldo a la propuesta de referendo revocatorio propuesta por el gobernador de Miranda, en lo que parece una decisión inconsulta con el resto de MUD y del propio presidente de la AN. El viernes, al finalizar la tarde, el secretario ejecutivo de la MUD en entrevista radial “aclara” que la ruta es reemplazar en marzo a los dos rectores del CNE que se les vence su periodo ese mes, anular la designación inconstitucional de los últimos magistrados del TSJ aprobada por la AN pasada para luego pensar en las formas constitucionales de cambiar al gobierno, sin olvidar que este año también hay elecciones de gobernadores donde hay posibilidades de ganar 19 de estas, o sea, algo así como “ya vamos pa’llá” o, “podemos caminar y mascar chicle a la vez”. Dentro de estos cursos de acción y puntos de vistas “armónicos” de la oposición democrática, algunos se preguntan: Pero ¿tendremos país en diciembre?

Por la otra parte en el ínterin, el miércoles, después de cinco horas de cadena de radio y tv al más puro estilo del difunto eterno, el jefe del régimen anuncia 14 motores más (no aclara que ya habían tres desde hace dos años) para impulsar, ahora sí, la economía productiva acompañada de unos ajustes cambiarios del valor del dólar, sólo para los enchufados que pueden tener acceso a los mismos, ya que el control continua para el resto de la población, y el incremento del precio de la gasolina que no será para disminuir las pérdidas de PDVSA y reestructurar sus costos de operación para que produzca más, sino para programas sociales populistas donde los administradores se ganan la mayor parte y los beneficiarios son muy pocos.

Nada de disciplina fiscal, nada de garantías a la propiedad privada, ningún tipo de generación de confianza para posibles inversionistas extranjeros, nada de reestructuración de la deuda externa para buscar mejores condiciones de pago, ni intenciones de iniciar conversaciones con organismos multilaterales para conseguir divisas frescas para pagar a acreedores y suplidores internacionales y oxigenar las importaciones, mucho menos nombrar un economista serio que pueda iniciar algún tipo de gira internacional para auxilios financieros. Solo 14 motores con ideologías fracasadas como combustible, eso sí, más controles, más reuniones con más gente, más consultas populares, más bla, bla, bla, y pastoreo de nubes, con lo que no se arregla nada.

Emulando el llamativo nombre de la obra “Sin tetas, no hay paraíso” alguien tendrá que decirle al régimen que sin dólares, tampoco habrá paraíso. Pero que se lo diga pronto.

20 de febrero, 2016

 2 min


Vanguardia Popular (VP) rechaza las medidas económicas anunciadas por el Presidente Nicolás Maduro –a solo un día de conmemorar un nuevo aniversario del tristemente célebre “Viernes Negro” del 18 de febrero de 1983–, porque son antipopulares, neoliberales e ineficaces para resolver la grave crisis que afecta a la economía nacional y deteriora aceleradamente las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de nuestros compatriotas. Por el contrario, las mismas descargan el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo, al tiempo que profundizan la carestía, la escasez y la recesión económica, al constituir medidas parciales que se van anunciando a cuenta gotas, sin adoptar definitivamente un programa económico integral y coherente que ataque de conjunto una inflación superior al 250%, una recesión de 10% del PIB, un déficit fiscal de alrededor de 20.000 millones de dólares y una grave escasez de divisas que impide financiar la importación de insumos y productos requeridos por nuestro aparato productivo y por el mercado de consumo directo.

Veamos:

1) El aumento de la gasolina de 95 octanos a Bs 6 el litro, así como la devaluación de la moneda, representan medidas fiscalistas e inflacionarias cuyo único objetivo es poner en manos del gobierno más bolívares para financiar parcialmente el déficit fiscal, el hipertrofiado y paquidérmico aparataje burocrático del Estado y el colosal endeudamiento externo que este año supone pagos superiores a los 14,500 millones de dólares, según admitió el propio Presidente en ocasión de presentar su informe anual ante la Asamblea Nacional.

2) El ajuste cambiario anunciado, consistente en un dólar preferencial a Bs 10 por dólar y otro flotante cuyo precio referencial es de Bs 200 por dólar, al no estar asociado a un plan de saneamiento administrativo, financiero y productivo de PDVSA, las empresas de la CVG y demás empresas del sector público y de la mal llamada “economía social”, solo servirán para seguir financiando la más aberrante corrupción que haya conocido nuestra historia, así como la ineficacia, la improductividad y la burocracia estatal.

3) La restructuración del sistema de distribución de alimentos lo único que logra, en principio, es legalizar el hecho ya consumado de que los Abastos Bicentenario están virtualmente cerrados por el agravamiento de la escasez, así como también en parte lo están PDVAL y MERCAL. Insistimos en que mientras no se diseñe y ponga en práctica una política orientada a la reactivación del aparato productivo nacional no va a cesar la escasez y, en consecuencia, no tendrán ni el gobierno ni el sector privado productos que distribuir, menos aún cuando no se dispone de los dólares requeridos para financiar las importaciones que podrían paliar parcial y transitoriamente la escasez de insumos y de bienes terminados que sufre nuestra economía.

4) El aumento del salario mínimo a Bs 11.578 mensuales, aún con el complemento que aporta el incremento del ticket de alimentación, cuya suma alcanza el monto de poco más de Bs 24.000 mensuales, más que una burla constituye un ofensa a la inteligencia y la paciencia de nuestro pueblo. El mismo resulta absolutamente insuficiente frente al costo de la Canasta Básica de Bienes y Servicios cuyo monto alcanza a más de Bs100.000 mensuales, como consecuencia de los rigores de la carestía, la escasez y la especulación desatada frente a un gobierno bocón que, sin embargo, luce impotente frente a los embates de la crisis económica y la impunidad del bachaquerismo.

Vanguardia Popular (VP) sostiene que, en contrario a lo anunciado por el gobierno, existen otras alternativas para atacar a fondo la crisis nacional sin sacrificar al pueblo, tal como hemos insistido a través de nuestra propuesta de CAMBIO DE RUMBO que, entre otras medidas, contempla: reducir drásticamente el gasto militar y la compra de armamento; reducir y racionalizar el gasto por servicio exterior; reducir al aparataje burocrático del alto gobierno y, más en general, de toda la administración pública; reducir el gasto de publicidad y propaganda del gobierno, incluida la redimensión del costoso sistema nacional de medios públicos; renegociar la deuda externa a fin de diferir pagos y lograr nuevos plazos y mejores condiciones para los mismos; conformar una comisión especial que investigue los delitos de corrupción y adelante las medidas conducentes a la recuperación de los dineros sustraídos, cuyo monto ha sido situado por el ex ministro Giordani en más de 300.000 millones de dólares; intervención de la CVG a fin de tomar las medidas conducentes a asegurar su saneamiento administrativo y financiero y la reactivación de sus empresas; reformulación integral de toda la política petrolera del país, sin desmedro de la nacionalización y en resguardo de la propiedad del Estado sobre PDVSA y sus filiales; y formular, en definitiva, una nueva política económica y un nuevo Plan de Desarrollo Nacional orientados a reactivar el aparato productivo nacional, a fin de atender la demanda interna de bienes y servicios, reducir la dependencia de las importaciones y promover las exportaciones no petroleras; entre muchas otras medidas, planteadas desde la perspectiva de los intereses nacionales y populares.

Caracas, 18 de febrero de 2016

 4 min


Jesús Elorza G.

La secretaria, entró al despacho del Ministro de Economía, para notificarle que el Camarada Presidente requiere de su presencia, con carácter de urgencia, en el palacio.Una lluvia de ideas pasaron por su mente. ¿Será, que aceptaron todas mis propuestas para enfrentar la guerra económica o que vamos a proceder de inmediato a la expropiación revolucionaria de las Empresas Polar?

Seguro estoy, que al final de esta cruzada voy a ser nominado al Premio Nobel. Mi tesis “22 claves para entender y combatir la guerra económica” constituye, sin lugar a dudas, la Doctrina económica de la Revolución Socialista del Siglo XXI. Los principios allí contenidos, sobre la inexistencia de la inflación en la vida real, la oferta y la demanda como mentira de la burguesía para aumentar sus ganancias, el aumento de los precios producto del egoísmo y el lucro individual y no por la escasez, el control de precios como un falso problema y los precios altos como expresión de la lucha de clases dentro de la sociedad capitalista representan un aporte al estudio de la economía superior al Capital del camarada Marx.

Celebro, que el camarada Nicolás haya entendido que la guerra económica solo busca sustituir el ideal socialista por la rapiña especulativa fascista. Uno de los mejores ejemplos, lo constituye “El Dakaso”, con esa medida se liberó a la gente del secuestro ideológico en el que los especuladores mantenían a la población. La crisis actual, no es producto de nuestro modelo económico, sino de las acciones de sabotaje.

Con este llamado, del camarada Nicolás, seguro estoy que tengo el camino libre para implementar la sustitución de la banca privada por la Banca Comunal y garantizar así los recursos económicos para el socialismo productivo…..voy a hacer realidad en grado superlativo los conceptos del camarada Marx…..el Premio Nobel me llama.

A la espera de ser atendido, llamó su atención la cara seria de la secretaria del despacho, cuando esta le anuncio que podía pasar. Antes me recibía con exagerada cortesía y hoy nada que ver…..a lo mejor esta arrecha por que no consigue la Harina Pan que el oligarca Lorenzo Mendoza tiene acaparada.

- Camarada Salas, lo mande a llamar para notificarle de la decisión que he tomado.

-Soy todo oído, camarada Nicolás. Pero, antes quiero informarle que los hermanos de Corea del Norte, Cuba y China ven con buenos ojos mi postulación al Nobel. Eso representaría un triunfo de la revolución socialista que usted dirige.

No chico, que Nobel ni que Nobel….te mande a llamar para decirte que estas destituido del cargo de ministro de Economía y vicepresidente del área económica.

-¿¿¿¿¿?????.....no, no, no entiendo camarada…. ¿Qué pasó?

Aristóbulo, dale un tecito pa’ que se recupere.

Bueno Luis, te estoy botando, porque los camaradas cubanos encargados del G-2 me informaron de los resultados de una encuesta realizada y la misma demuestra que tienes “graves problemas familiares”.

-¿¿¿¿???? La taza de té, se le cayó de las manos y solo balbuceaba no entiendo, no entiendo.

Bueno vale, que el sondeo de opinión demostró que 20 millones, oye bien 20 millones de familias venezolanas a diario te mientan la madre por la escasez de alimentos y medicinas y lo más grave es que la mentada se hace extensiva a mi persona como presidente. Entonces déjate de vaina y vamos a darle tu cabeza a los leones para distraerlos y yo poder aplicar “Mi Paquete de Medidas”, así lo recomiendan los camaradas cubanos y su palabra es ley para nosotros.

- ¿Y, ahora qué hago?

Tranquilo pana, que no te voy a dejar en la estacada. Te voy a designar como embajador en Suecia para que sigas tramitando tu Premio Nobel.

Cabizbajo, salió del despacho y para mostrar su desagrado, dijo en voz alta, con la intención de ser oído por la secretaria “Ahora, me borro el tatuaje con la cara de Nicolás”.

 3 min


La producción agrícola y sus implicaciones en el desabastecimiento de alimentos

El desabastecimiento de alimentos, cuyo índice supera el 70%, cuando la cifra normal debería estar entre 2 y 3%, no es de reciente aparición, ni es producto del des-gobierno de Maduro.

Después de las elecciones del año 2012, comienza a notarse la dificultad de conseguir ciertos alimentos como la leche y el aceite. Desde entonces, la escasez ha ido en aumento hasta alcanzar los niveles actuales, mientras que por otro lado, las cifras del BCV indican que los alimentos y las bebidas no alcohólicas triplicaron sus precios en 2015.

Estos hechos, que indudablemente desmejoran la calidad de vida de todos los venezolanos, han dado motivos suficientes a la Asamblea Nacional para declarar una emergencia en materia alimentaria, pero también para que el pasado miércoles 17 de febrero, el presidente Maduro, en una larguísima cadena de radio y televisión, anuncie la Agenda Económica Bolivariana, con 14 motores, siendo el primero de ellos, el motor Agroalimentario.

La raíz de este problema no está en la supuesta guerra económica, ni en la caída de los ingresos petroleros. Estas no son las razones para que no haya comida ni en los supermercados, ni en las neveras de nuestras casas, al contrario de lo que afirma la nueva ministra de Agricultura Urbana.

El desabastecimiento de alimentos es consecuencia del fracaso de las políticas agrícolas puestas en prácticas por este y el pasado gobierno bolivariano, así como también por la congelación de precios que condujo a la imposibilidad de producir y comercializar internamente con niveles de precios por debajo del costo de producción.

No es cierto que aquí no había producción agrícola y que todo lo teníamos que importar. Dos ejemplos desnudan esta mentira:

  • Venezuela se autoabastecía de arroz hasta 2006, cuando se produjeron 559.000 t. de arroz blanco, con unas exportaciones de 75.000 t. Actualmente el 40% del arroz que nos comemos, si logramos conseguirlo, es importado.
  • En el periodo 2005-2006 la cosecha de caña de azúcar alcanzó la cifra histórica de 9,06 millones de toneladas, con lo cual se cubrió el 75% del consumo de azúcar. Con la zafra 2015-16 solo será posible abastecer el 30% del mercado nacional.

Es a partir del año 2006, cuando el entonces presidente Chávez lanza el país al barranco del socialismo del Siglo XXI y encarga del Ministerio de Agricultura y Tierras al sociólogo, hoy diputado Elías Jaua, con el propósito de liquidar la agricultura venezolana con las expropiaciones de tierras, las invasiones de fincas productivas y los controles de precios, para luego rematar con esa gran estafa que fue la “gran” Misión AgroVenezuela y el despojo de AGROISLEÑA.

Se suma a estas desacertadas decisiones, otro factor muy característico de estos gobiernos bolivarianos, cual es la escandalosa y grotesca corrupción cívico-militar, cuyo centro de operaciones es nada menos que el Ministerio de la Alimentación, más preocupado por profundizar y acelerar los negocios de importación que por activar la producción hecha en Venezuela, subsidiando así la agricultura de otros países como Brasil, Nicaragua, Argentina y Bolivia. Todavía están frescos en la memoria los casos no investigados como el escándalo de los alimentos descompuestos importados por PDVAL (PUDREVAL) y el naufragio de las 5.000 vacas brasileñas.

¿Es posible revertir esta situación? Por supuesto que sí.

El país dispone de alrededor de 30 millones de hectáreas con potencial agrícola, muchas de ellas dotadas con suficiente infraestructura para producir buena parte de los alimentos que necesitamos. Además, cuenta con una legión de hombres y mujeres dedicados a esta actividad con experiencia y conocimientos para llevar adelante esta tarea, con el apoyo necesario en asistencia técnica y transferencia tecnológica.

Sin embargo, más allá de los enunciados de la Agenda Económica Bolivariana, y de las buenas intenciones, están las acciones concretas para hacer rentable tanto a la agricultura como a la agroindustria nacional, de manera que estas tengan impactos positivos en el abastecimiento y precio de los alimentos. Igualmente, es necesaria la promoción de alianzas estratégicas entre los sectores público y privado, dejando atrás dogmas medievales. Alrededor del 80 % de los alimentos que aún se consiguen, son producidos por el sector privado.

Antes de arrancar el motor agroalimentario es imprescindible tener una hoja de ruta: El Plan de Abastecimiento Agroalimentario, que nos indique que y cuanto alimento vamos a producir en el país, y cuanto tenemos que importar. Pero al mismo tiempo, la conducción de ese motor no puede estar en dos ministerios. Es necesario unificar criterios de producción y complementos de importación, sin el comando militar. Las políticas públicas que nos conduzcan al pleno abastecimiento deben provenir del despacho de Agricultura.

Con la implementación de las medidas acertadas, en 5 años podríamos abastecernos de arroz, azúcar, café, caraota, maíz blanco, maíz amarillo, sorgo y soya, con lo cual nos ahorraríamos los 3 mil millones de dólares que gastamos en importarlos.

Esperamos que estas recomendaciones estén contempladas en la Ley de Producción Nacional que aprobará la Asamblea Nacional próximamente.

Vocero de Aragua en Red, miembro de Aragua sin Miedo.

19 de febrero de 2016

 4 min


Los diputados demócratas tienen tres opciones de relación con el binomio perverso Ejecutivo- Tribunal Supremo de Justicia. Apaciguar a estos dos Poderes del Estado para intentar guardar ciertos espacios, cohabitar con ellos para procurar resolver conjuntamente la crisis económica o bien confrontarlos para que se profundice la crisis política y romper la piñata.

El apaciguamiento lo reseña con maestría Miguel Ángel Martínez Meucci en su libro publicado en el 2012. En el mismo recoge varias definiciones sobre el término apaciguamiento: ¨Sobornar a un agresor, usualmente al costo de sacrificar principios¨, ¨Prevenir desacuerdos futuros en una disputa o guerra, mediante la cesión al otro de una ventaja por él demandada¨. Por razones válidas o no, hasta hace poco nuestra dirigencia optó por el apaciguamiento frente a los rojos, lo cual les permitió avanzar a ¨a paso de vencedores¨ y apoderarse gradualmente de todos los Poderes del Estado.

Hoy, los demócratas logramos el control de uno de esos Poderes, la Asamblea Nacional, pero el Ejecutivo y los otros Poderes sumisos pretenden anular la actuación de nuestros diputados. Ante esta situación no puede haber duda de que el apaciguamiento no tiene cabida.

Ante la gravedad de la crisis, algunos predican la necesidad de acuerdos gobierno-oposición. Es decir, una cohabitación que podría tener varios grados de cercanía y la permanencia de Maduro hasta el 2019. El escollo está en que los rojos totalitarios no cederán ni un ápice. En cuanto a propuestas para solucionar los problemas, el Grupo Zuloaga y Fetraelec han dado recomendaciones sobre la crisis eléctrica, Coener y Gente del Petróleo sobre las transformaciones requeridas en nuestra industria de los hidrocarburos, las Academias, Fedeagro y empresarios como Lorenzo Mendoza han dado recetas específicas sobre asuntos que les competen. Claro que hay soluciones, el problema es que Maduro se niega a implementarlas. Está claro que debe dejar Miraflores, la discusión es cuándo.

En democracia el exceso de confrontaciones es negativo, pero hay que entender que la MUD lo que exige es que se cumpla la Constitución, mientras que el régimen se aferra a su totalitarismo. Callar y no confrontar a quienes no creen en la democracia no solo sería complicidad por omisión, sino que prolongaría la crisis, la cual no pueden resolver quienes la causaron

La confrontación y la consecuente profundización de la crisis puede tener diversos objetivos: 1-Que los rojos sensatos, que debe haberlos y con los cuales hay que dialogar, presionen a Maduro para que renuncie achacándole el fracaso y así intentar salvar el Socialismo Siglo XXI. Podría haber elecciones de inmediato o pactarse un gobierno de transición. 2- Correr la arruga, que el pueblo se siga decepcionando y la MUD gané la mayoría de gobernaciones en las elecciones de este año y de alcaldías en el entrante, para llegar a las presidenciales del 2018 con un modelo desacreditado ante los electores. 3-Lograr la pronta salida de Maduro, ya sea como consecuencia directa de la crisis o por la implementación de algunas de las empedradas vías que están en la Constitución.

En política, cualquiera de los objetivos señalados puede ser válido. Los rojos no corruptos deben decidir si se quieren hundir con Maduro o mirar al futuro. Para poder pactar una transición que los incluya deben reconocer que su modelo fracasó; caso contrario pueden apostar a más largo plazo insistiendo en que el modelo es bueno pero el ejecutor un inepto. La MUD debe decidir si trabaja para el objetivo 1 o para el número 2.

Maduro y sus palafreneros jamás reconocerán a la Asamblea Nacional actual. Por ello, nuestros diputados deben aprobar a la brevedad no solo el decreto de amnistía, sino desconocer la designación de Magistrados del TSJ que no cumplen con los requisitos para ocupar ese cargo, y sustituir a los Rectores del CNE que tienen el lapso vencido o que no cumplen con lo exigido para su designación. Así mismo, deben decidir qué vía es la más apropiada para salir lo antes posible de Maduro, tomando en cuenta que ello no es incompatible con trabajar para las elecciones de gobernadores y alcaldes. No creemos que el Socialismo Siglo XXI desaparezca por la decepción actual, siempre encontrará una manera de disfrazarse con otro nombre. El que reaparezca más temprano o más tarde con otros actores dependerá de los logros de los próximos gobiernos, que tendrán un trabajo cíclope.

Como (había) en botica

La creación de la Compañía Militar de Industrias mineras, petrolíferas y de gas será otro desaguadero que nos costará unos reales a los venezolanos. Hoy las empresas de servicios son especializadas, mientras que este nuevo adefesio pretende echarle palo a todo mogote. Con el asalto a la casa de Smolansky los rojos no solo siguen intentando amedrentar, sino continuar con sus prédicas antijudías. Lamentamos el fallecimiento de tres excelentes venezolanos, el sindicalista Pablo Castro, el profesor Rodríguez Mena y el empresario Peter Bottome. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

 3 min


La nueva Asamblea Nacional, surgida de la voluntad popular, ha asumido, entre sus tareas, discutir y aprobar una ley de amnistía.

En palabras sencillas, la amnistía es una decisión política, atribuida por la Constitución al Poder Legislativo, que se concreta en la renuncia del Estado a la persecución penal por determinados hechos calificados como delitos, los cuales quedan así borrados o cancelados y, por tanto, sus pretendidos autores o partícipes, libres de toda imputación, acusación o condena.

A la amnistía se recurre en todos los países en circunstancias en las cuales, en razón de conflictos o en épocas de confrontación política, la dinámica del proceso social y la tranquilidad pública demandan poner fin a situaciones que los órganos formales de la justicia no han resuelto o lo han hecho atendiendo a distorsiones y presiones, generadoras de entuertos que, por ello, deben ser rectificados.

Así como decimos, después de una ruptura dolorosa familiar que, en aras de los sentimientos nobles de hermandad, se impone la reconciliación y el olvido de las ofensas que nos han lastimado, en una sociedad organizada, por el bien común y para remediar situaciones extremas de persecución y afectación de derechos, surge la necesidad de llegar a acuerdos para el restablecimiento de la armonía y la tranquilidad de la colectividad.

No es fácil para quien tiene el poder propiciar y aceptar una amnistía, pero el Estado, colocándose por encima de intereses circunstanciales y sacrificando posiciones radicales, a la altura de los tiempos y por el bien de todos, debe facilitar salidas de encuentro de quienes han estado en posiciones extremas, exacerbados los sentimientos de venganza, incompatibles con el valor y el ideal de justicia.

En Venezuela, la amnistía tiene larga tradición en toda nuestra historia republicana y, en épocas recientes, en el año 2000, se tendió un manto de olvido sobre los hechos calificados como delitos por acciones llevadas a cabo para derrocar a un gobierno elegido por el pueblo y, en 2007, después de los sucesos de Abril de 2002, una ley de amnistía puso fin a la persecución penal contra los partícipes en esos acontecimientos, con exclusiones que hoy se deben remediar.

No hacen falta muchas normas para el éxito de esta ley. La ley de amnistía de Chávez de 2000 se limitó a 5 artículos y la ley española de 1977 solo se extendió a 12 disposiciones, después de una guerra fratricida. Pero lo que es fundamental es el logro de un consenso con miras a la meta de reconciliar al país, restableciendo un clima de concordia que no lo habrá con disidentes políticos presos.

La amnistía tiene que ver con la confrontación política y con las posiciones de intransigencia del gobierno en una sociedad polarizada; la amnistía tiene que ver con las diferencias en la conducción de la sociedad y la lucha por las ideas; y resulta fundamental que quien detenta el poder apoye y propicie una iniciativa de reconciliación, ya que, de otra manera, los obstáculos se multiplicarán para no permitir el logro de los objetivos propuestos.

El Proyecto de ley de amnistía hoy sometido a la discusión y aprobación de la Asamblea, con las características propias de la compleja situación que debe resolver, en el contexto del realismo mágico penal venezolano, con el denominador común para todos los hechos de la intencionalidad o motivación política, es una propuesta coherente, concreta, casuística -como lo exige la situación- respetuosa de los derechos del pueblo, con las limitaciones que impone la Constitución para que no se convierta en instrumento de impunidad por hechos que la Carta Magna no lo permite y que abre la puerta a una Comisión plural que debe hacer seguimiento a la ley y oír a todas las fuerzas vivas de la sociedad y, en particular “a las víctimas de la violencia en todas sus formas”.

Con la amnistía no hay vencedores ni vencidos; no hay impunidad por hechos que repudia la colectividad y que, hoy día, carecen de toda sanción; se aleja la justicia de la venganza; y no hay estímulo a la violencia ni al delito.

Sencillamente, en medio de la crisis que estamos viviendo, con esta ley se da un paso firme y decidido hacia la reconciliación de los venezolanos, haciendo buenas las palabras del Papa Francisco, recogidas en la Exposición de Motivos del Proyecto y que debemos hacer nuestras: “No hay que tenerle miedo a la paz, a la convivencia, al diálogo”.

Muchos problemas que padecemos no pueden resolverse con leyes, pero una ley de amnistía, ciertamente, será un instrumento eficaz para iluminar este trecho de la vida de los venezolanos.

aas@arteagasanchez.com

El Nacional, 15 de febrero 2016

 3 min


En insólito atropello a la Constitución y a las potestades de la Asamblea Nacional, el TSJ acaba de validar el Decreto de Emergencia Económica que había rechazado, con razón, la representación de la voluntad popular,. El máximo tribunal resucita así la patente de corso para que Maduro maneje los recursos presupuestarios a su libre albedrío, requise haberes del sector privado, instrumente un corralito e introduzca cualquier otra barbaridad que se le ocurra, con gravísimas consecuencias para el bienestar de los venezolanos. ¿A qué obedece tamaño desafuero? La retórica oficialista dirá que ello le permitirá profundizar la ofensiva contra la “guerra económica” (¡!), es decir, continuar con las mismas disposiciones que nos trajeron hasta aquí. Y no faltará la referencia a las contraposiciones ideológicas en juego: la construcción del socialismo, estadio superior de civilización, que no ha dado sus frutos por el asedio incesante de la burguesía y el imperio en su contra, enfrentado al vil capitalismo, reino del egoísmo, la explotación y el desdén por la solidaridad con los pobres.

Desbrozando esta madeja de idioteces aparece, sin embargo, una explicación mucho más clara, que se adviene, además, a la visión materialista de la historia, tan preciada por quienes se autocalifican de marxistas. Es la constatación de poderosos intereses creados en torno a las enormes fortunas amasadas al amparo de los controles, regulaciones y el excesivo intervencionismo discrecional del Estado en los asuntos económicos. Se trata del arbitraje especulativo entre un dólar a Bs. 6,30 y otro que vale 150 veces más, la reventa de productos regulados por varias veces su precio y de la gasolina, en países vecinos, 8000 veces más cara, las comisiones cobradas para ponerse en estos manejos, retribuciones abultados al otorgar contratos y/o dólares preferenciales a empresas de maletín “amigas”, la extorsión a comerciantes y productores con la amenaza de aplicarles leyes punitivas de interpretación discrecional, la aquiescencia con el tráfico de drogas, el lavado de dinero y por otras irregularidades. En fin, cuando las transacciones económicas no obedecen a la interacción de demanda y oferta en mercados donde reina la competencia sino que resultan del arbitrio administrativo de quien controla el poder, en un contexto de nula transparencia ni rendición de cuentas, las posibilidades de lucro ilícito se potencian, más en un país petrolero que captaba hasta hace apenas año y medio enormes rentas en el mercado internacional.

Se configura así un régimen de expoliación, consistente en un arreglo orquestado desde un poder político autocrático para el usufructo discrecional de la riqueza social, en atención a la correlación de fuerzas fraguadas en torno a sí. En el pasado la estrategia de “sembrar el petróleo” instrumentó medidas para aprovechar la renta en función de objetivos de desarrollo que se vieron vulneradas por el otorgamiento discrecional de privilegios. Hoy, esta práctica se ha institucionalizado en un Estado patrimonialista, en el que la propiedad de lo público se administra como si fuera privada. Adicional a los “negocios” antes citados, aparecen los privilegios de la camionetota con guardaespaldas y chófer, los viajes pagados al extranjero para “shopping” o para acompañar al presidente en sus giras, los dólares preferenciales, “gastos de representación” y viáticos a la libre, las colitas en las avionetas del Estado, el pasaporte diplomático sin ocupar cargo alguno de representación en el extranjero y pare usted de contar. El disfrute de la riqueza social queda sujeta a transacciones de naturaleza política mediante las cuales se trueca obsecuencia y lealtad a quienes detentan el poder, por el derecho a participar en el usufructo de esa riqueza. En ello juega un papel crucial la ideología y la “hegemonía comunicacional”, claves para “legitimar” tal arreglo.

El Estado Patrimonialista se entroniza al destruirse las instituciones del Estado de Derecho liberal. Se beneficia, en particular, de la disolución de los derechos de propiedad, alegando la construcción del “socialismo de siglo XXI”. Bajo la prédica de privilegiar lo colectivo sobre lo individual, son privatizados los bienes públicos para su usufructo excluyente y discrecional. Los recursos de un Estado, pretendidamente del “pueblo”, pasan a ser detentados por los “revolucionarios”, pues ellos son, por antonomasia, el “pueblo”. Si Maduro declara que la patente de corso del Estado de Emergencia Económica durará por todo el año 2016 y el 2017, en abierto desafío a lo pautado en la Constitución y las leyes que hablan de un período de 60 días, prorrogable con autorización de la Asamblea Nacional, es porque, en fin, el país es de él, le pertenece.

El esquema de expoliación sirve a una oligarquía que se estructura como un entresijo de mafias que cooperan o compiten entre sí. La lealtad pasa a ser el atributo más importante para congraciarse con quien controla las oportunidades de lucro en cada situación. Pero es la cúpula que corona estos grupos la que articula el tinglado de complicidades entre los distintos estamentos del poder para allanar el camino a los “negocios”. La designación tramposa de magistrados hecha por la Asamblea Nacional anterior los comprometió con estos fines, por lo que no pestañeó en validar el Decreto de Emergencia Económica para amparar las medidas de intervención discrecional que han sido la base del poder de estas mafias, no obstante el terrible daño que han ocasionado al país.

Está en juego la posibilidad de abrirle a la población la posibilidad de recuperar su futuro y salir del marasmo que lo agobia con una rectificación profunda del actual esquema de conducción de los asuntos económicos o continuar empobreciéndola para favorecer a estas mafias. Los economistas hemos venido insistiendo en la imperiosa necesidad de sanear las cuentas fiscales, negociar inteligentemente un generoso financiamiento externo, unificar el tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio, apagar la “maquinita” del BCV que imprime dinero sin respaldo, restablecer las seguridades jurídicas a la iniciativa privada y desmantelar el sistema de controles, para derrotar la pavorosa inflación y el desabastecimiento que está acabando con la vida de los venezolanos. Pero el TSJ le da luz verde a Maduro para continuar haciendo totalmente lo contrario y empobrecer aun más al país. Cada quien con su conciencia.

Se trata de poner fin al régimen de expoliación basado en los controles, las regulaciones y el usufructo discrecional de la renta, lo que supone el fin del Estado patrimonialista. De ahí la resistencia feroz, “como gata panza arriba” de las mafias ante todo intento de hacer que se cumpla con la ley y se rectifique la conducción de la economía. Insistir en el actual esquema representa un crimen contra el bienestar de los venezolanos. Pero tampoco tiene viabilidad ni futuro alguno. Ha perdido apoyo popular, la renta es apenas una fracción de lo que era hace poco, la Fuerza Armada no se sacrificará para sostener lo insostenible, y la anuencia cómplice de gobiernos “amigos” y de una opinión pública internacional sensible a los mitos de la revolución latinoamericana prácticamente se ha desvanecido. Pero obnubilados por el poder casi irrestricto del que gozaban hasta poco, la oligarquía se niega a ceder. No rectifica. Es demasiado lo que está en juego y muy costoso, en lo personal, desprenderse de la impunidad que hoy le depara ese poder mal habido.

Paradójicamente, la habilitación del Decreto de Emergencia les quita toda excusa para echarle la culpa a otros de su fracaso. Deja desnudita la naturaleza expoliadora del “modelo socialista” y su manifiesta incapacidad para satisfacer las necesidades del país. Hace mucho más clara la necesidad de cambiar de gobierno.

Economista, profesor de la UCV.

humgarl@gmail.com

 5 min