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Opinión

¿Necesita Venezuela una empresa de servicios petroleros y de minería del Estado? Esta es la pregunta que nos hacemos al recibir con asombro la noticia de la creación en Gaceta Oficial N° 40.845, de fecha 11 de febrero de 2016, del Decreto Presidencial Nº 2.231, mediante el cual se autoriza la creación de una Empresa del Estado, bajo la forma de Compañía Anónima, que se denominará Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

El Art. 3ro. de dicho Decreto es muy preciso, el objeto social de la empresa CAMIMPEG abarca los servicios petroleros en las áreas de Perforación y Completación de pozos, Producción de petróleo y gas, Oleoductos, Refinación, Mercadeo, Seguridad, Higiene y Ambiente, así como todo lo relacionado con la operación de los hidrocarburos.

Gente del Petróleo alerta a los venezolanos sobre la creación de esta empresa que estará bajo la responsabilidad de personas que han sido formadas para la preservación y defensa del territorio nacional y sus ciudadanos y no para administrar y operar una organización dedicada a prestar servicios en materia petrolera y de minería. Otro punto a destacar es que hoy día las empresas que prestan servicios a la industria petrolera son especializadas y CAMINPEG pretende hacer de todo.

Es que no ha sido suficiente con la baja producción de Pdvsa, los accidentes con pérdidas humanas y materiales, los daños al ambiente, el endeudamiento, la corrupción, para ahora, en medio de la peor crisis económica, política y social crear otra empresa del Estado, cuando la experiencia nos dice que son pésimos administradores, que toda empresa que asumen se convierte en una pesada carga para el país.

Es decir, ahora el régimen le ha transferido al estamento militar – caso único en el mundo- la responsabilidad para la ejecución de los servicios petroleros, incluyendo consultoría y planificación. La institución militar por naturaleza no posee el conocimiento ni la experiencia sobre una materia tan especializada y estratégica para el país como lo son los hidrocarburos.

Gente del Petróleo manifiesta que no existe ninguna razón gerencial u operacional, ni la más mínima lógica empresarial que justifique esta medida. Por el contrario, consideramos que además de maximizar la ya creciente ineficiencia de PDVSA, significa un riesgo innecesario para los trabajadores, las operaciones, las comunidades y el ambiente.

Observamos con preocupación como trasfondo de estas acciones, la militarización del país. Resulta insólito que la Junta Directiva de CAMIMPEG le rinda cuentas al Ministro de la Defensa y no al Ministro de Energía y Petróleo.

Gente de Petróleo, cuyo mayor compromiso es contribuir con el fortalecimiento de la democracia venezolana y el rescate de su industria petrolera, expresa su total inconformidad con esta medida y alerta a los venezolanos que este Decreto puede ser la estocada final para la ruina definitiva de Pdvsa, antes pivote del desarrollo del país y hoy mantenida financieramente por el también devaluado Banco Central de Venezuela.

¿A dónde llegaremos? ¿Cuál es el beneficio de este Decreto? ¿Hay alguna justificación para la creación de esta empresa? ¿Van a pasar activos de Pdvsa a esta empresa? Instamos a los venezolanos a reflexionar acerca de estas interrogantes y al gobierno nacional a responderlas.

Caracas 15 de febrero de 2016

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Esta semana se han producido dos hechos que ratifican, una vez más, que el gobierno de Venezuela no es democrático: La injusta decisión de la Fiscalía contra el alcalde Antonio Ledezma y los dos años de prisión de Leopoldo López. Ambos casos, junto con el secuestro de Manuel Rosales en el Sebin, desnudan al régimen y confirman que la cúpula que desgobierna no tiene ninguna intención de rectificar, a pesar del desastre en el que han convertido a Venezuela desde el punto de vista económico, social y político. Irrespetando la decisión de la mayoría de los venezolanos que pacífica y democráticamente le exigieron un cambio urgente el 6 de diciembre pasado, ignorando la terrible situación alimentaria, de salud e inseguridad que está acabando con la población, insisten en continuar por el camino que nos lleva al precipicio.

Cuando publicamos el libro ” Leopoldo López, preso de Maduro” junto a un grupo de reconocidos juristas, periodistas y politólogos en noviembre de 2014, dijimos que Leopoldo, los estudiantes y los ciudadanos que tomaron las calles para protestar pacíficamente tenían razones de sobra para hacerlo, que una casta corrupta estaba tratando de adueñarse del país. Año y medio después, esas razones están más vigentes y son más urgentes que nunca: no hay alimentos ni medicinas, el agua y la luz están racionadas y la delincuencia ha tomado el control de pueblos y ciudades ante la incapacidad, y en muchos casos con la complicidad, de autoridades corrompidas.

Mientras a los pranes y sus compinches les permiten ingresar drogas y armas de guerra a los penales, a los familiares de Leopoldo López y otros presos políticos los tratan de humillar con requisas que violan las leyes y la dignidad humana. Es solo un ejemplo de las injusticias sin límites que viven hoy los venezolanos, la mayoría de las cuales no se dan a conocer por miedo o por censura.

Precisamente por denunciar a este Estado delincuente, por ser la voz de los que no tienen voz, es que Leopoldo López está preso. Porque se atrevió a protestar, a exigir libertad y justicia para todos los venezolanos que hoy sufren. Su sacrificio y el de su familia nos convoca a todos a luchar, a protestar democráticamente con fuerza e hidalguía, con dignidad venezolana. Los derechos son para todas las personas, como siempre dice Leopoldo, no solo para la casta cívico-militar que abusa del poder como si el país fuera su propiedad privada.

Venezuela exige la Ley de Amnistía para todos los presos políticos como primer paso para la reconciliación y el cambio que permita salvar al país de la destrucción total. Maduro debe reconocer que no pudo, que no estaba preparado, que el país le quedó grande y debe renunciar. Eso haría un demócrata pero como ha quedado evidenciado, no estamos frente a un demócrata. La Constitución ofrece las salidas pacíficas y democráticas para salir de esta terrible crisis. Debemos activarlas antes de que sea demasiado tarde.

Con la Unidad: Enmienda y Revocatorio ya!

16 de febrero de 2016

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@TablanteOficial

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En 1984, según escribe Edgar Paredes Pisani, la sociedad venezolana experimentaba una evidente incapacidad del Estado para responder a las demandas de la sociedad y aun cuando la crisis política e institucional no parecía evidente, se percibía graves indicios de un agotamiento del orden político; en ese marco se creó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE).

La COPRE nació para elaborar y presentar un proyecto de reforma integral del Estado y de hecho, en el año 1986, presentó a la Presidencia de la República unas propuestas de Reformas Políticas Inmediatas, en cuyo contenido se planteaba: la elección de gobernadores de manera directa, secreta y universal, la reforma a la Ley Orgánica del Régimen Municipal; la democratización de los partidos políticos y reglas para su financiamiento, así como también la reforma a la Ley Orgánica del Sufragio.

Cinco años más tarde, 1989, se agravaba la crisis política e institucional del Estado, lo que llevó al Congreso de la República a crear una Comisión Bicameral para la revisión de la Constitución, que inició su labor planteándose una Enmienda Constitucional y terminó elaborando una propuesta de Reforma General de la Constitución. Entre sus propuestas estaba la creación del Primer Ministro, la incorporación del Referendo como mecanismo para facilitar la participación en los asuntos públicos y la reforma del Sistema Judicial.

Ricardo Combellas, quien fue presidente de la COPRE, reconocía en uno de sus escritos que aquellas reformas urgentes, necesarias e importantes, no se concretaron y terminaron enterradas porque no lograron capitalizar la voluntad política necesaria del entonces Congreso Nacional; pero además, Combellas afirma que el intento fallido de golpe militar de 1992, lejos de impulsar la reforma constitucional, debilitó la voluntad para avanzar en las reformas generales de la Constitución.

No fueron suficientes los esfuerzos de la COPRE en el período 1994-1998 por retomar la idea de la reforma general de la Constitución; irónicamente, quien impulsa el fallido golpe de estado terminó siendo el promotor de una reforma constitucional que el liderazgo político de aquél momento no logró impulsar oportunamente.

El carisma de Hugo Chávez, el deterioro de los partidos políticos y de las instituciones del Estado hicieron posible que la Corte Suprema de Justicia y un referendo con la participación de solo 37,5% de la población electoral validaran la Asamblea Constituyente como vía de reforma constitucional, aun cuando la misma era contraria al propio texto Constitucional de 1961.

El Dr. Allan Brewer-Carias, en varios de sus escritos, recuerda que las Asambleas o Congresos Constituyentes han sido parte de nuestra tradición histórica; en tal sentido, identifica esos procesos en los años 1811, 1830, 1858, 1863, 1893, 1901, 1904, 1946, 1952 y 1958, y destaca que en todos los casos, esos procesos constituyentes fueron producto de una situación de hecho, consecuencia de una ruptura del hilo constitucional precedente. La fórmula constituyente de 1999, a diferencia de las anteriores, fue producto de un proceso democrático y pacífico, pero cuyo antecedente más inmediato fue el intento fallido de golpe de estado.

Hoy, 2016, una nueva generación de líderes políticos, no tienen otra alternativa que enfrentar los desafíos que supone un modelo político clientelar que se agotó, que profundizó la cultura del rentismo petrolero y que expone la evidencia de su fracaso en los objetivos planteados que están contenidos en el Plan de la Patria 2013-2019.

Ese modelo político se impuso a espaldas del pueblo, abusando de manera vergonzosa de la función legislativa en diciembre 2010, desconociendo a la Constitución de 1999 e ignorando los resultados del referendo del 2 de diciembre de 2007, lo cual configuró un modelo político inconstitucional e ilegítimo.

El Estado, así como en 1984, en la actualidad no puede satisfacer las necesidades básicas del pueblo; el Estado Comunal o Socialista, no logra garantizar las necesidades de: alimentación, agua potable, electricidad, salud, educación, seguridad ciudadana y menos una justicia imparcial.

Si en 1999, con la participación de 37,67% de los electores y en consecuencia una abstención del 62,3%, la sociedad venezolana asumió el camino de una Constituyente, ignorando los mecanismos formales de reforma de la Constitución de 1961, como salida inmediata a la crisis política e institucional de aquél momento; hoy, 2016, con un proceso electoral parlamentario en el cual participó el 74,5% de electores, resulta más que evidente el nivel de legitimidad que reposa en la Asamblea Nacional para actuar como promotor y facilitador de un proceso político de transformación, que debe iniciarse con la reinstitucionalización del país, a los fines de enfrentar una crisis evidente en lo político, en lo social y también en lo económico.

Las actividades de la Asamblea Nacional en estas primeras semanas, ha permitido rescatar en la memoria de los venezolanos la función parlamentaria a través del debate de ideas, de la interpelación como mecanismo de control político sobre la gestión de gobierno y de la función legislativa a través de las iniciativas de ley que se han planteado.

La rutina parlamentaria, mencionada en 1998 por Ricardo Combellas como una de las razones por las cuales no se acometieron las reformas que oportunamente propuso la Comisión Bicameral de revisión constitucional que actúo entre 1989 y 1992, debe llamar a la reflexión de los nuevos diputados en función de la responsabilidad histórica que esta Asamblea Nacional tiene en sus manos.

La Asamblea Nacional, a pesar de los intentos externos de saboteo, ha logrado responsablemente superarlos y ha logrado en poco tiempo exponer una gestión parlamentaria de cara a los ciudadanos y sin discriminación alguna. Cada vez que el ciudadano comenta sobre unas palabras o una intervención de algún diputado, sobre una decisión de la Asamblea Nacional, claramente está dejando constancia que siente y percibe la existencia del Poder Legislativo, lo cual es un gran paso, luego de ser un Poder Público prácticamente inexistente.

Por último, la Unidad tiene el deber ético y moral de responder políticamente al desafío que impone la realidad actual. El debate político y el diálogo entre todos los actores deben prevalecer. El espíritu de Unidad que privó en el referendo el 2007 y en las parlamentarias de 2015, debe alimentarse a los fines de ser efectivos en la defensa del orden constitucional y de la reinstitucionalización del país.

Qué oportunas son las palabras de Mario Briceño Iragorry cuando a mediados del siglo pasado escribió: “Por ello, de cambio en cambio, de modificación en modificación, de sistema en sistema, de ensayo en ensayo, hemos llegado en el afán de borrar el pasado, hasta frustrar nuestra genuina fisonomía nacional.” Allí se puede identificar las consecuencias de las tres 3 últimas décadas de cambios, reformas y transformaciones.

Referencias Bibliográficas:

Brewer-Carías, Allan. Poder Constituyente originario y Asamblea Nacional Constituyente. Editorial Jurídica Venezolana 1999.

COPRE. Reformas Políticas para el Cambio Político. Volumen 3. 1993.

Combellas, Ricardo (Coordinador) Constituyente, aportes al Debate. COPRE, Konrad Adenauer. 1998.

Artículo escrito para Politika UCAB, 12 de febrero de 2016

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¿Qué comentar? sigue siendo un dilema difícil de resolver ante el cúmulo de declaraciones, decisiones y maniobras, términos definitivamente redundantes en este momento político, para reflejar lo que hace el oficialismo en su desgobierno, sin que se vislumbre una sola acción destinada a resolver los grandes problemas del país.

Ante esta realidad, se nos ocurre cuestionarnos sobre la posibilidad de que exista otra vida, distinta y mejor, después de la que estamos mal viviendo, en términos individuales y como ese todo que somos la sociedad venezolana.

Enumerar constantemente lo que sufrimos no ayuda a nada, ni a nadie, mientras que atrevernos a imaginarnos que las cosas pueden ser distintas representa una aliciente para seguir resistiendo y luchando por un futuro diferente, cada quien desde sus realidades y circunstancias.

Convencidos de ello, acompañamos la idea de que Venezuela tiene un futuro cada vez más cercano, en el cuál será posible desarrollar las aspiraciones personales, con respeto a las de los demás y a nuestro entorno natural, gracias a un marco jurídico que garantice la igualdad de oportunidades para todos los que en ella vivimos.

Ese futuro tenemos que construirlo desde ya, teniendo claro que nunca el mismo será producto de una individualidad, que los mesías modernos son creaciones publicitarias, y que solo el trabajo en equipo, asignado democráticamente a un grupo de venezolanos constantemente sujeto a supervisión, puede sacarnos adelante en un mundo cada vez más interdependiente a pesar de sus contradicciones.

Requerimos un país unido a partir del reconocimiento de las realidades y capacidades existentes en nuestras regiones, las cuales federadas en su accionar pueden gestionar gracias a su cercanía, las expectativas de las comunidades. Esta acción federada demanda una hacienda pública capaz de recaudar lo que es de todos y gestionar su distribución hacia niveles nacionales y locales de acuerdo a competencias y responsabilidades claramente establecidas.

Las reglas de todo juego y sobre todo, las de este que es vital, deben estar totalmente claras y más nunca sujetas a interpretaciones en manos de unos pocos, la opinión de cada venezolano debe contar por igual y el cumplimiento de lo establecido como ley debe ser garantizado de manera justa y expedita.

Partiendo de esa base y con honestidad administrativa presumida, pero además sujeta a supervisión y comprobación, nuestro país, en muy poco tiempo estará en la vía de acogernos con seguridad jurídica, seguridad social y seguridad personal para todos.

Claro que podemos; hagámoslo juntos.

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Lester L. López O.

Esta semana la sala constitucional de TSJ decidió, finalmente, quitarse la careta institucional y dejar ver su verdadero rostro rojo rojito, fallando a favor del decreto de emergencia económica propuesto por el jefe del régimen al inicio del año, que fue negado en el uso pleno de sus facultades constitucionales, por la nueva Asamblea Nacional. La sala constitucional, simplemente, no tiene la facultad para abrogarse semejante atribución y en consecuencia prefiere violar la Constitución Nacional a decirle al gobierno que no puede anular la decisión de la AN.

Esto crea un limbo jurídico institucional que enfrenta abiertamente tres poderes constituidos, dos de ellos por la expresión de la voluntad popular, la presidencia y la asamblea nacional y el otro por designación de la AN, como es el TSJ y sus salas respectivas, por lo que constitucionalmente, esta última no puede estar por encima de la voluntad del elector y debe, más bien, cumplir una labor de equilibrio para que se haga lo justo.

Abstrayéndose de estos principios, es incomprensible que la sala constitucional no se percate que el referido decreto de emergencia sólo hará empeorar las penurias que vivimos los venezolanos ya que, definitivamente, el gobierno no tiene la posibilidad de resolverlas porque precisamente el gobierno, es el problema.

Esta apreciación, ahora más generalizada dentro de la sociedad venezolana, incluyendo buena parte de los simpatizantes chavistas, apunta a la necesidad de cambiar al gobierno de la forma constitucional, pacífica, democrática y electoral mediante un método que se propondría dentro de seis meses según palabras iniciales del presidente de la AN al instalarse la misma el 05 de enero pasado. Sin embargo, las actuaciones arbitrarias del régimen, incluidos su poderes compinches, hacen ver que un plazo de seis meses (ahora cinco) luce excesivo y hasta peligroso para la existencia de Venezuela como país viable.

De allí que las palabras del presidente de la AN, durante la rueda de prensa ofrecida al país para fijar posición ante la ilegal decisión de la sala constitucional, al manifestar que quedaba sin efecto ese plazo de seis meses y que se abocarían a buscar el método para cambiar al gobierno en un tiempo más perentorio, evidencia la gravedad de la situación donde parece que la mejor opción del régimen es propiciarse un golpe de estado.

Para este cambio, sin duda impostergable, la AN y la oposición democrática deben activar inmediatamente la presencia de organismos e instituciones internacionales que garanticen el mantenimiento del precario estado de derecho que aún nos queda, mientras se ejecuta el método de cambio acordado y generen la suficiente presión institucional externa, ya no solo para el proceso de cambio, sino más importante aún, para preservarnos como país.

13 de febrero de 2016

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Jesús Elorza G.

La casa del Embajador de la República Popular China en Caracas, el pasado 8 de Febrero, abrió sus puertas, para celebrar por todo lo alto “El Año Nuevo Chino”.

Todos los representantes diplomáticos, de los países acreditados, hicieron acto de presencia. El Embajador Zhao Bentang, radiaba de felicidad al ver que todo el mundo diplomático había atendido a su llamado.

Luego, de las salutaciones de rigor, el camarada Zhao, se concentró en buscar con especial atención al representante del gobierno venezolano ¿Nǎlǐ shì sà kē? (¿Dónde está Nicolás?)…..Le preguntó a su asistente…..

Tā méiyǒu lái, ér shì pàichū fù zǒngcái (No vino, en su lugar envió al vicepresidente)…..respondió nervioso el asistente.

El embajador, se sintió ofendido por el desaire presidencial. Pero, hizo uso de su experiencia diplomática y no le dio importancia al hecho. Con el petróleo, el oro, el coltán y el uranio asegurado, me importa un comino si Nicolás viene o no a mi fiesta….lo importante es que firme todos los acuerdos energéticos y comerciales que le hemos planteado. Volteándose, hacia su asistente, le ordenó que buscara al representante gubernamental.

No salía de su asombro el embajador, al ver frente a él, al Vicepresidente Aristóbulo. Agradeció su presencia con unas significativas palabras “Xièxiè nǐ de guānglín. Nǐ shì zhuóyuè de zhōngguó xīnnián qìngzhù huódòng de dàibiǎo rénwù. Tèbié shì jīnnián shì hóu nián”….que de inmediato, fueron traducidas por el intérprete oficial “Gracias por venir. Usted, es una figura representativa por excelencia, en la celebración del año nuevo chino. Con la especial significación que este es el “Año del Mono”.

Algunos miembros del cuerpo diplomático, dándole un doble sentido a las palabras dichas, expresaron en su rostro una sonrisa burlona.

A partir de ese momento, las atenciones del embajador se centraron en Aristóbulo. Su presencia, sin lugar a dudas, viene a reafirmar las relaciones de cooperación y amistad entre nuestros pueblos y más en este periodo que es El Año del Mono Rojo de Fuego.

Sé, continuó el embajador chino, que usted desde los altos cargos del Psuv, la gobernación de Anzoátegui y ahora desde la vicepresidencia, ha impulsado múltiples acuerdos en áreas como infraestructura, cultura, social, educativa, agrícola y tecnológica con nuestro gobierno.

Además, con toda la intención del caso, ha permitido y consolidado las tradiciones que rodean a las festividades del nuevo año lunar chino.

-Camarada, discúlpeme, pero no comprendo, dijo Aristóbulo.

Déjeme darle algunos ejemplos, dijo orgulloso el embajador:

Una de nuestras tradiciones, es limpiar la casa. Y el gobierno que usted representa, entrega las viviendas que nosotros construimos “En obra limpia”

También, ponemos adornos rojos en todas partes…..y veo con satisfacción como ustedes llenan las paredes y postes con propaganda Loja-lojita.

Nosotros, los chinos, nos vestimos para la ocasión de celebrar el año nuevo, con algo lojo. Pero, ustedes han llevado esto al extremo con zapatos, medias, pantalones, franelas y gorras de color lojo….algunos aseguran que hasta la lopa interior es Loja.

Tradicionalmente visitamos un templo……pero aquí su gobierno visita dialamente La Tumba del Difunto Etelno……ni al camarada Mao, lo visitan tanto.

Los fuegos artificiales, representan una tradición de año nuevo…..pero, veo que aquí en Calacas todas las noches el cielo se llena de plomos artificiales.

Por último, pero quizás lo más importante es el uso que su gobierno ha dado a los “Hong Pao” o los “Sobres Rojos” que por tradición nosotros en China los repartimos con algo de dinero para la alegría de nuestros niños y ustedes en su gobierno lo han llevado a extremos nunca vistos…..de los sobres pasaron a los maletines rojos con pacas de dólares o euros para la alegría y satisfacción de sus coluptos.

Repito, mis palabras iniciales de agradecimiento, perdón por mis fallas con el español. En el Año del Mono, es usted un genuino representante….brindemos por eso.

Muertos de la risa, los diplomáticos dijeron….salud.

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Francisco Russo Betancourt

Comentarios sobre las alternativas constitucionales para el cambio

Entre las tareas ciudadanas que en Aragua en Red nos hemos impuesto, en el año 2016, está la promoción de un conjunto de actividades que tiendan a informar a los aragüeños sobre las opciones o alternativas constitucionales y democráticas para resolver la grave crisis política, social y económica que atraviesa el país. De modo que hemos iniciado un programa denominado EN LA RUTA DEMOCRATICA PARA EL CAMBIO, y, esta declaración de hoy como el foro realizado el pasado miércoles en el auditorio de la Cámara de Comercio del Estado Aragua, constituyen la iniciación de tales actividades.

La situación del país es insostenible. Este país está quebrado económica, fiscal, social, moral y políticamente. Tenemos la mayor inflación del mundo y la mayor corrupción jamás vistas en Venezuela. Estos gobernantes nuestros en 17 años, se robaron los huevos y mataron la gallina de oro que es PDVSA. Por ello el país pide a gritos una solución constitucional para salir del gobierno.

Son varias las opciones constitucionales:

A) La renuncia del presidente. Art. 233 de la CN.

Es la menos gravosa y la más expedita porque resulta de un acto voluntario. No hay que acudir a ninguna instancia para aplicar el procedimiento constitucional de sustitución. Pudiera haber acuerdo de transición, pero si esa renuncia se produce durante los dos (2) últimos años del periodo presidencial, asume el vicepresidente. Esta puede ser la estrategia gatopardiana del gobierno. O es Aristóbulo o es Diosdado. Eso no es transición.

B) El Revocatorio. Artículo 72 de la C.N

Este supuesto procede una vez cumplido la mitad del periodo constitucional, que en el caso presidencial es de tres (3) años.

Procedimiento: Recolección de firmas de por lo menos el 20% de los electores inscritos en el Registro Electoral (hablamos de más de tres millones de firmas) y una votación que supere el 25% de los votantes, pero igualmente la votación para revocar debe ser igual o mayor a la elección del presidente que fue de 7.500.000 votos aproximadamente.

Por otro lado, debemos precisar que de acuerdo a los dos Reglamentos dictados por el CNE para el Revocatorio, específicamente la N° 070207-036 del siete (7), este proceso lo administra el CNE, desde fijar tres (3) días para la recolección de firmas mediante el método de captahuellas y la escogencia de los lugares para aquellas, amén de que se reserva la redacción de la pregunta. Finalmente, establece de acuerdo con sentencia de la inefable Sala Constitucional del TSJ, además de igual o superar la votación del presidente, debe ganar el referendo. Es un proceso riesgoso, tanto por quien administra el proceso como por el que sentencia en caso de reclamos oficialistas.

C) La Enmienda. Art. 340 C.N.

Existe un proyecto para aplicar la enmienda a la Constitución. El propósito es reducir a 4 años el periodo presidencial, eliminar la reelección indefinida y recortar el mandato de los Gobernadores y Alcaldes. Tambien para la reducción de los magistrados de 12 a 6 años.

La enmienda es la adicción o modificación de uno o varios artículos de la C.N., sin alterar su estructura fundamental. Debemos informar que la Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica; ésta última se refiere a la organización del Estado y es dónde cabría la enmienda.

Procedimiento: La iniciativa puede partir del 15% de los electores inscritos en el Registro Civil y Registro Electoral o el 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional o del Presidente en Consejo de Ministros.

De ser la iniciativa de la A.N., sólo se aprueba con mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los diputados y su discusión es propia de la elaboración de las leyes ordinarias.

Aprobada la enmienda, el CNE la someterá a referéndum a los 30 días de su recepción. El presidente tiene 10 días para promulgar la enmienda (Art. 215 de la CN) y no creo que pueda solicitar la inconstitucionalidad de la enmienda en virtud de haberse aprobado a través de un referéndum que es una de las expresiones de soberanía del pueblo.

Si el presidente se negare a promulgar la enmienda, la directiva de la A.N., podrá promulgarla sin perjuicio de las responsabilidades del Presidente por su omisión.

Como esta exposición tiene fundamentalmente un criterio jurídico, sin atender a los asuntos políticos, me arriesgo a señalar que con arreglo a las normas de derecho intertemporal en el derecho comparado y el derecho positivo venezolano, “los actos y relaciones de la vida real se regulan por la ley vigente en el momento en que se llevan a cabo…”, y es una regla que si bien es creación de la doctrina y no se formula en forma directa en el derecho positivo, explícitamente se expresa en dos preceptos, a saber, “las leyes no tienen efecto retroactivo”, y “las leyes no afectan a los derechos adquiridos”, con lo cual la nueva ley no afectaría a los derechos que se adquirieron antes de su entrada en vigor. Sin embargo, es necesario asentar, que de la revisión de nuestros textos constitucionales, anteriores a la C.N de 1931 y hasta 1947, contenían en el capítulo referido al Poder Legislativo, específicamente a la formación de las leyes, expresamente indicaba que “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo…”. Tal disposición constitucional fue abandonada en las Constituciones de 1961 y la actual de 1.999. De modo que el riesgo estaría en el manotazo que pueda asestarle la Sala Constitucional del TSJ a la voluntad popular representada en la Asamblea Nacional.

D) La Reforma Constitucional. Art. 342 de la C.N.

La constituye la revisión parcial de la Constitución y la sustitución de uno o varios de sus artículos, sin modificar la estructura y principios fundamentales de la C.N. Hay algunas diferencias de esta con la enmienda que podemos comentarlas adelante.

La iniciativa corresponde al presidente en Consejo de Ministros, o al 15% de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral; tambien a la Asamblea Nacional aprobada por mayoría simple.

Trámite: Es más complicado que la enmienda pues requiere una primera discusión parlamentaria en las sesiones de presentación del proyecto, luego, la segunda discusión es por capítulo o título de la Constitución, según las normas a reformar, y la tercera discusión, trata artículo por artículo. Tiene un plazo de dos (2) años para aprobarla y se aprueba con el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la A.N. Tambien se somete a referéndum como establece el artículo 344 de la CN. Será aprobada si los votos afirmativos son superiores a los votos negativos. La promulgación es idéntica al artículo 216 de la C.N. (10 días)

E) La Asamblea Constituyente.- Art. 348 C.N.

Esta requiere la iniciativa del presidente en Consejo de Ministros, o las 2/3 partes de la Asamblea nacional, o las 2/3 partes de los Concejos Municipales o el 15% de los electores inscritos en el R.E.

Se requiere entonces una mayoría calificada del parlamento, que son 112 diputados, lo que resulta discutible ahora en razón de la incertidumbre que resulta de la desincorporación de 3 diputados opositores por el Estado Amazonas. En caso de la iniciativa popular, hay que recoger firmas y entiendo que debe regularse a través del CNE.

Ninguno de los poderes constituidos pueden impedir las decisiones de la ANC ni el presidente puede objetar la nueva Constitución.

Una ANC es la expresión soberana del pueblo, originaria o derivada; mediante ella se redacta un nuevo texto constitucional y puede transformarse el Estado., pero no hay duda que es un proceso complejo y de temores en los electores por las experiencias anteriores de persecución, sobre todo a empleados y funcionarios menores que aspiran un cambio político. En mi opinión personal, no la de Aragua en Red, no hay todavía mecanismos claros para impulsar la ANC por iniciativa popular.

Finalmente, hay quienes opinan que a Maduro hay que dejarlo unos meses más para que se guise en su propio aceite, pero el riesgo es la degradación del país.

DIFERENCIAS ENTRE ENMIENDA Y REFORMA

Las diferencias fundamentales están: en la amplitud de la misma: La enmienda agrega o modifica uno o varios artículos, la reforma revisa el texto parcialmente y sustituye artículos, es más amplia.

La enmienda requiere de una mayoría simple para aprobarla en forma de ley, la reforma se aprueba con mayoría calificada del parlamento.

El método de aprobación de la enmienda es el de una ley ordinaria, por mayoría simple, en cambio, la reforma el proceso legislativo es más complejo: requiere de tres discusiones, presentación del proyecto, discusión por capítulos o títulos de la CN, y artículo por artículos a reformar, además el plazo de aprobación es mayor.

Ambas deben ser aprobadas por referéndum en 30 días y deben ser promulgadas por el Presidente o por la Directiva del parlamento.

Coordinador de Aragua en Red

Maracay, 12 de febrero de 2016

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