El propósito central del informe, presentado ante el Consejo Permanente de la OEA el 23 de junio, fue hacer una evaluación del carácter democrático del gobierno de Nicolás Maduro. A tal fin se partió de la definición de democracia contenida en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana donde se enumeran los elementos esenciales de una democracia. Tomando como referencia estos elementos, en el informe se define la democracia en primer lugar como un régimen de libertad, libertad de expresión, de asociación, de reunión, de prensa. El concepto incluye también una ciudadanía empoderada, una judicatura independiente. Una estructura de seguridad que tenga la confianza del pueblo y que rinda cuentas. Es además el ejercicio del poder dentro de un Estado de derecho. Los gobiernos democráticos tienen una responsabilidad hacia sus ciudadanos, de proveer seguridad. Dar acceso a las necesidades básicas, proteger los derechos humanos y rendir cuentas.

Tomando el concepto de democracia ya señalado como marco de referencia, el Secretario General de la OEA aborda el análisis de la crisis social y humanitaria que atraviesa Venezuela, la violencia y corrupción desenfrenada y finalmente las restricciones a la libertad y la precaria separación de poderes que existe en el país. Hicimos una síntesis del Informe que dividimos en dos partes a fin de facilitar la lectura; en la parte I incluimos la crisis social y humanitaria, la violencia y la corrupción. Las restricciones a la libertad y la separación de poderes las abordamos en la parte II, que serán difundidos en un segundo artículo. En esta segunda parte incluimos las conclusiones a las que llegó el Secretario General de la OEA sobre el carácter democrático del gobierno venezolano. A continuación insertamos la síntesis, las frases entre comillas son citas textuales del texto.

1.Precariedad de los derechos sociales:

El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra enfrentando niveles de pobreza sin precedentes. Venezuela ocupa el 9° lugar mundial con la peor tasa de desempleo. 73% de los hogares y 76% de la población se encuentran en situación de pobreza (año 2015). El salario mínimo equivale a 13,75 dólares al mes lo que equivale a 50 centavos de dólar por día. La escasez de alimentos alcanzó a 82% en enero del 2016. 87% de los venezolanos declaran que no tienen el dinero suficiente para comprar los alimentos que necesitan. Se requieren 16 salarios mínimos para alimentar debidamente a una familia. Una cuarta parte de la población vive con menos de dos comidas al día. La desnutrición afecta a los más vulnerables. La tasa de mortalidad infantil se está incrementando, así como los problemas de crecimiento en los niños.

2.Crisis humanitaria:

-La falta de agua y electricidad se ha tornado común limitando la prestación de servicios de las instituciones públicas.

-Falta de insumos básicos y sustancias como el cloro para el tratamiento de agua, ha dado lugar a un aumento de las enfermedades transmitidas por el agua.

-Sistema de salud enfrenta serios problemas por carencia de equipos, doctores y medicinas. Servicios médicos debilitados por el deterioro de la infraestructura, la falta de mantenimiento y actualización de los recursos y equipo técnico, lo que se agrava todavía más por la escasez de medicinas e insumos. Los pacientes deben aportar los insumos en caso de tratamiento en los hospitales públicos, si estos se acaban deben interrumpir el tratamiento.

-La inestabilidad ha dado lugar a la inmigración masiva de profesionales de la salud. Han cerrado la mayoría de los centros de salud cuyo personal era de origen cubano

-En enero de 2015 la Cámara Farmacéutica reportó deuda de 6000 millones de dólares con proveedores internacionales. Farmacias solo pueden surtir 7 de cada 100 medicamentos.

-El 5 de abril la Asamblea Nacional (AN) promulgó una ley para atender “la crisis humanitaria de salud”. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la declaró inconstitucional.

3.Violencia y delincuencia:

-Saqueos: la violencia ha estado aumentando en el periodo reciente en la medida que se agudiza la escasez. Se han reportado más de 250 casos de saqueo en todo el país. Los transportes de alimentos y bebidas al igual que los centros comerciales y almacenes han sido objeto de saqueos. También se han incrementado las protestas de la población por la escasez. La represión de las protestas ha ocasionado víctimas mortales.

-La delincuencia ha alcanzado niveles históricos. El gobierno reconoció que, en el año 2015, ocurrieron 58,1 homicidios por 100.000 personas. La sociedad civil cuenta 90 homicidios por cada 100.000 personas. En el año 2015 el número de muertes violentas fue superior al registrado en Afganistán.

-“La policía, la GN, los jueces, la fiscalía y el personal carcelario están involucrados de manera tácita o expresa en la delincuencia organizada”.

-El gobierno ha establecido una fuerza paramilitar para reprimir a la delincuencia organizada que ha sido acusada de ejecuciones sumarias.

- En los últimos cuatro años murieron 1320 integrantes de las fuerzas policiales y militares a manos de los delincuentes. La mayoría de ellos no estaban de servicio a la hora de su muerte.

-“Venezuela está en un estado perpetuo de lucha civil”.

4.Corrupción:

-La Comisión de Contraloría de la AN ha estimado gastos del gobierno por 69.000 millones de dólares, por presunta corrupción.

-Ex integrantes del gabinete del difunto presidente Chávez señalan la desaparición de ingresos petroleros por el orden de 300.000 millones de dólares.

-Transparencia Internacional clasifica a Venezuela en el lugar 158 entre 168 países evaluados en lo que se refiere a corrupción. Es el caso más extremo de la región latinoamericana. Los países que están debajo de Venezuela son regímenes ilegítimos o países devastados por guerras prolongadas.

-75% de los venezolanos creen que la corrupción es generalizada.

5.Comentario final

Como se ha visto, el concepto de democracia implica que los gobiernos tienen una responsabilidad hacia sus ciudadanos, de proveer seguridad y dar acceso a las necesidades básicas, proteger los derechos humanos y rendir cuentas. Lejos de esto el gobierno venezolano ha contribuido a crear una crisis social y humanitaria sin precedentes y elementos del mismo han estado involucrados en la delincuencia organizada. Como lo ha postulado el Secretario General de la OEA “el gobierno se ha olvidado de defender el bien mayor, el bien colectivo”. Adicionalmente, mientras el país se hunde en una crisis social y humanitaria y la violencia se disemina con la complicidad de las autoridades, la corrupción prospera sin control alguno. Ello lleva a Almagro a insistir en el tema ético. A este respecto señala que aquellos que han elegido representar al pueblo en funciones de gobierno deben estar conscientes de que esto “es un servicio público… no es un negocio donde las personas buscan un beneficio”. A lo largo de su exposición el Secretario General insiste en que “lo que hemos atestiguado en Venezuela es la pérdida del propósito moral y ético de la política” debido a la corrupción generalizada del régimen chavista-madurista.

(El Informe presentado por Almagro fue culminado en mayo de este año, tiene 132 páginas; la presentación del 23 de junio es una versión actualizada y condensada del documento previo que tiene 17 páginas de extensión. Para la elaboración de esta síntesis hemos tomado como base la versión de la presentación del informe difundido por El Nacional)

Profesor UCV

Hernando Grisanti Aveledo, verdadero maestro del derecho penal venezolano, profesor de la Universidad de Carabobo, tratadista reconocido, agudo crítico y hombre de fino humor, acuñó la expresión que sirve de título a este artículo para aplicársela a “corredores de presos” y manipuladores de artículos del Código Penal, ignorantes de su verdadero significado y alcance.

Se trata, sin duda de pretendidos penalistas a los que corresponde el nombre porque “dan pena”, desconociendo los principios y el razonamiento que inspira la rama más bella del derecho, en la que está en juego la libertad del hombre por las transgresiones más graves a la convivencia en sociedad.

A esta nota de vergüenza, habría que añadir que por todas partes afloran sedicentes penalistas, que no solo dan pena, sino que infunden terror en la colectividad, esgrimiendo y sugiriendo a políticos de oficio el recurso a la justicia penal, apelando a la letra tergiversada de artículos impertinentes con los cuales se amenaza a los adversarios, contando, para complemento, con el auxilio de funcionarios dispuestos a practicar detenciones sin orden judicial, bajo el alegato de una flagrancia inexistente o a ejecutar ordenes de captura sin fundamento alguno.

Estas prácticas se han convertido en el arma más eficaz del gobierno para neutralizar a los declarados como “enemigos del sistema”, con la amenaza de encarcelamiento en depósitos que sirven de prisiones en los cuales se cumple, de inmediato y sin término, el encerramiento y aislamiento carcelario, bajo el argumento carente de todo sentido, de haber incurrido en pretendidas “conspiraciones”, de “ acciones desestabilizadoras” o haber “instigado al delito”, “a la desobediencia de las leyes” o haber causado pánico o mantenido en zozobra a la colectividad, todo ello, con el añadido ya usual o formar parte de un grupo de delincuencia organizada.

Por supuesto, para que tengan efecto las amenazas, debe contarse con órganos de la administración de justicia absolutamente plegados a quienes detentan el poder, dispuestos a actuar de manera expedita y efectiva, aplicando de inmediato la pena anticipada de la prisión preventiva.

Los penalistas que dan pena han ascendido a penalistas del terror, provistos de códigos o decretos-leyes, armas letales con capacidad para hostigar, acorralar y tratar de destruir las resistencias del amenazado y las reservas morales de su familia.

El empleo de la amenaza de un proceso penal, laberinto de horror signado por la incertidumbre, se convierte en el instrumento más eficaz para doblegar la voluntad, sin necesidad de recurrir a la fuerza bruta ni a las armas.

El derecho penal, conjunto de normas destinadas a proteger bienes fundamentales para la vida social contra los ataques más severos que ameritan las máximas sanciones, se ha convertido así, entre nosotros, en el recurso ordinario para mantener el control de la disidencia.

Por supuesto, hablar de conspiración por redactar documentos que plantean el cambio político; hablar de instigación pública por el hecho de llamar al rescate de la democracia; calificar de asociación para delinquir la pertenencia a un grupo político; o considerar como legitimación de capitales la posesión de dinero en efectivo sin determinar su procedencia ilícita, son manifiestas aberraciones que merecen el más rotundo rechazo colectivo.

Estas maniobras, destinadas a la perversión de la legalidad penal, deben ser denunciadas y debemos tomar conciencia de que nunca más la lucha política debe estar en capacidad de contar con un “sistema de justicia” cuyos responsables se vean acorralados y aterrorizados, convertidos en instrumentos de la arbitrariedad y del abuso del poder.

aas@arteagasanchez.com

El Nacional, 4 de julio 2016

Colombia y México han sido calificadas como potencias alimentarias en América Latina [1]. En el caso específico de Colombia, el Estado cuenta con una Política Nacional de Seguridad Alimentaria y, además, ha registrado sus estrategias y acciones para garantizar la seguridad alimentaria en un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019.

El Estado Colombiano, en el Plan mencionado, se compromete a garantizar que la población disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad. Así mismo, y respetando las particularidades de cada región, reconoce al Municipio como uno de los actores corresponsables en garantizar la seguridad alimentaria a través de un diseño institucional que busca impulsar la cooperación y articulación de los distintos niveles políticos territoriales.

Un reciente estudio, realizado por la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia, destaca que en Medellín se come menos y con menor calidad; además, ese estudio advierte que 31% de los ciudadanos tiene la percepción de que uno de los integrantes de la familia se acuesta sin comer o que la calidad de los alimentos ingeridos ha disminuido[2].

Para enfrentar el desafío que impone ese estudio mencionado en el párrafo anterior, la Alcaldía de Medellín se presenta con un Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016-2028, que además se complementa con la existencia de una Unidad de Seguridad Alimentaria en su propia estructura organizativa.

Mientras la Alcaldía de Medellín convoca a distintos actores locales de la sociedad civil para incluirlos en la labor de garantizar la seguridad alimentaria[3], en Venezuela se convoca a actores comprometidos con el Socialismo del Siglo XXI, como las UBCh, Frente Francisco de Miranda, UnaMujer, entre otros, para que junto al Poder Popular y la FANB, conformen lo que han llamado Consejo Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), creado mediante un Decreto de Estado de Excepción, que por cierto, fue rechazado por la Asamblea Nacional.

Para, Ericka Farías, los Clap son una “forma de lucha, nueva forma de organización, que nace en tiempos de guerra y que constituye un ejército de vanguardia revolucionaria para defender la Patria”[4], para nada menciona el tema de la seguridad alimentaria; por su parte, el gobierno define estas figuras como instancias del pueblo organizado que integra lo que han denominado Sistema Popular de Distribución de Alimentos, a través del cual pretenden que el Poder Popular garantice la distribución de artículos de primera necesidad.

Un paseo por los distintos medios de comunicación digital permite validar que el CLAP va más allá que una simple estructura para distribuir alimentos de primera necesidad, también se plantean como una forma de organizar políticamente a los seguidores de la revolución y adoctrinarlos, por lo que amenaza con ser una herramienta para ejercer mayor control social y político sobre las familias y las comunidades donde opere el CLAP.

Recientemente, en Carabobo, un representante del Instituto Nacional de Nutrición (INN) en el taller de formación de formadores del CLAP, reconocía el compromiso de estas figuras con la revolución; en ese mismo taller, la Escuela Venezolana de Alimentación, informaba que los integrantes de los CLAP serían también formados en temas como la ética socialista, contraloría social, seguridad y soberanía alimentaria, cultura alimentaria y nutricional, y política económica[5].

Los medios digitales registran la realización de varios talleres de formación a los CLAP en distintas ciudades del país en las últimas semanas, entre ellos, el taller celebrado en el Municipio Santiago Mariño, Nueva Esparta, reitera que la formación incluye contenidos ideológicos y políticos; en el caso de Tinaquillo, Cojedes, entre el contenido del taller se destaca un punto en el cual se plantea cómo modificar los hábitos alimentarios atendiendo a la situación de abastecimiento actual.

Es importante acotar que ese esquema de formar multiplicadores para luego formar a los integrantes de cada CLAP, cuyo contenido tiene un componente importante de adoctrinamiento, es una receta repetida, en el pasado lo hicieron cuando se dictaron las leyes del Poder Popular y cuando empezaron a impulsar las Comunas. La estrategia la repiten abusando de la necesidad de conseguir alimentos en un país donde la escasez y el hambre se transforman en política de estado.

La estrategia en la distribución de alimentos, trae consigo el intento de crear una estructura institucional paralela, contraria a la Constitución y que de manera centralizada, con un Estado Mayor del CLAP, intenta conformar una instancia estadal llamada Estado Mayor de Distribución, creado en Aragua, Zulia, Nueva Esparta y Táchira; otra instancia llamada Estado Mayor Municipal para la distribución de alimentos que, según los medios digitales, ya se ha creado en San Mateo, Aragua y Boconó, Trujillo; y en el caso de Caracas, se habla de un Estado Mayor Parroquial creado en el Recreo y en San José, respectivamente.

Esta creación de instancias recuerda mucho al diseño institucional de control sobre la organización comunitaria que pretendió imponer sin éxito la Ley de Consejos Comunales del 2006 con aquellas Comisiones Nacionales, Regionales y locales del Poder Popular, que también estaban bajo el control directo del Presidente de la República.

Resulta oportuno recordar que la revolución no pudo crear en 2008 lo que llamó Unidad de Abastecimiento Socialista, y que pretendía conformar uno por cada estado, con la finalidad de colocar la producción nacional de carne, pescado, frutas, legumbres y hortalizas, compradas directamente por el Estado a los productores y procesadas por el propio Estado a través de lo que llamó Corporación Venezolana Agraria. Por cierto, ese mismo año el gobierno también creó un Centro Nacional de Balance de Alimentos, entre cuyos objetivos estaba crear mecanismos de alertas tempranas, para evitar la inexistencia de los rubros alimenticios y no alimenticios.

Además, en ese año 2008, también se aprobó el Decreto Ley de Defensa Popular contra el Acaparamiento, Especulación, Boicot y cualquier otra conducta que afecte al consumo de alimentos o producto sometido a control de precio, el cual fue derogado en el 2010 por la Ley para la Defensa de las Personas en el acceso a los bienes y servicios.

Luego de todas esas iniciativas fracasadas, hoy el país enfrenta la escasez, el hambre y una grave crisis política, social y económica, frente a la cual el Estado responde con un Estado de Excepción, que facilita la imposición del CLAP como centro de distribución de alimentos y como corresponsable del orden público.

Luego de 16 años desde que se aprobó la Constitución vigente y con iniciativas gubernamentales como las señaladas, debemos preguntarnos primero: ¿el venezolano tiene la garantía de poder disponer de manera suficiente y estable de alimentos? y segundo: ¿puede el venezolano, sin discriminación alguna, acceder y consumir de manera oportuna y permanente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad, bajo condiciones que garanticen una vida saludable y activa?

Las respuestas podrán valorar los niveles de seguridad alimentaria que la Revolución garantiza a los venezolanos. Si el estudio sobre la seguridad alimentaria en Medellín reflejó que era una ciudad donde se come menos y con menor calidad ¿qué resultado arrojaría ese mismo estudio en las principales ciudades de Venezuela?

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[1]El País. Colombia declarada potencia alimentaria en América Latina. 18 de junio 2016. Online en: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-declarada-pot...

[2]El Colombiano. Expertos definieron plan para que en Medellín se coma mejor. 17 de noviembre 2016. Online en: http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad-alimentaria-tiene-plan-e...

[3] Minuto30.com. Este Jueves se reúne en Medellín la primera mesa pública en seguridad alimentaria. 01 de junio 2016. Online em: http://www.minuto30.com/este-jueves-se-reune-en-medellin-la-primera-mesa...

[4] FONDAS. Despliegue del Estado Mayor verificará trabajo de los CLAP. 08 D EJUNIO DE 2016. Online en: http://fondas.gob.ve/index.php/2016/06/08/despliegue-del-estado-mayor-ve...

[5] Instituto Nacional de Nutrición. Taller de Formación de Formadores de Clap. 11 mayo 2016 http://www.inn.gob.ve/innw/?p=15108

1 de julio de 2016

https://politikaucab.net/2016/07/01/institucionalidad-y-seguridad-alimen...

Cada vez es más difícil encontrar alguna opción para negociar o dialogar con el jefe del régimen y sus adláteres porque ¿qué se puede negociar, o dialogar, con un gobierno que se hunde cada vez más por sus propios errores? Para el país, las opciones del gobierno son: no hacer nada para que las cosas empeoren por si solas o, hacer algo para igualmente empeorarlas, algo así como debatirse entre malo y pésimo, para infortunio de la gente.

Al parecer, cuando ganaron las elecciones presidenciales, los integrantes del régimen pensaron que deberían concluir su mandato en el 2019 y eso era de fiel cumplimiento para el resto del pueblo venezolano, independientemente del tipo gobierno que se hiciera y este, lo ha hecho muy mal. Pero también olvidaron el referendo revocatorio, previsto en la Constitución. Así que, para el gobierno, el RR es el obstáculo para llegar hasta el 2019, obviamente, y eso es, lo único que puede negociar.

Del otro lado, el de la oposición democrática, en la situación de crisis que tiene el país y la incapacidad manifiesta del gobierno para encontrarle solución, la única solución es el RR o la renuncia del mandatario y su gobierno, ya que son ellos el problema mayor para la solución del país, en consecuencia, tanto gobierno como oposición tienen, de inicio, posiciones no negociables.

Además de esta fecha de entrega, es muy difícil negociar con el gobierno algunos incentivos para que renuncien al 2019 y se sometan al RR. Un régimen que internacionalmente ya tiene, bajo fuertes sospechas, a muchos de sus dirigentes más connotados por violación de los Derechos Humanos, lavado de dinero y narcotráfico, todos ellos tipificados sin prescripción por la legislación internacional y nacional, cómo puede la oposición democrática, o los negociadores, ofrecer salvoconductos para que puedan irse a otros países sin correr el riesgo de que los detengan en las primeras de cambio. ¿Cuál es la alternativa entonces? ¿Qué se queden en el país, bajo el acuerdo de que no se iniciará una cacería de brujas contra estos funcionarios? ¿Cómo se les explica al pueblo, que no se iniciaran acusaciones contra unos funcionarios que luego de recibir un billón de dólares en 15 años, lograron quebrar al país y lo dejaron en las miserables condiciones en que se encuentra? Y eso que aún no ha intervenido el “tiempo social”, el del hambre, que como que será el que defina la situación.

Mientras tanto, además de las trabas, cada vez más absurdas que inventa el CNE para impedir el RR, al mismo parece que se le olvidó que el último de junio debió convocar a las elecciones de gobernadores previstas para el mes de diciembre. Más olvidadizos parecen los de la MUD nacional al respecto, que estando comprometidos a elegir los candidatos mediante primarias, como que quieren hacerse los locos, para al final decir que no hay tiempo para hacer primarias. Aunque también pueden estar esperando que el “tiempo social” decida.

Apreciación de la situación política # 68

2 de julio de 2016

Para nuestro estado queremos un ejercicio de la política y unos poderes públicos como los que se delinean de inmediato.

Política

1. Entendemos por política la actividad humana que aspira la obtención del poder para un determinado grupo o tendencia, en el marco de una realidad concreta y con el objeto de adelantar con su ejercicio, acciones en la búsqueda del bien común. Ejercer la política con un sentido ético implica, adicionalmente, tener presente que en la sociedad existen grupos minoritarios que no pueden ser ignorados y a los cuales hay que garantizarles la preservación de sus derechos.
2. El actor fundamental de la política es el individuo, quien, mediante la emisión y defensa de sus opiniones en relación a lo que le concierne, hace en lo cotidiano un ejercicio constante de la misma.
3. Las afinidades y la necesidad de aunar esfuerzos en procura de objetivos de interés común, fomenta la aparición de agrupaciones de diversa índole dentro de la sociedad civil.
4. Entre ellas se crean, en el seno de las sociedades democráticas, los partidos políticos como instrumento indispensable para la canalización de las aspiraciones al ejercicio del poder, por la vía electoral y en competencia con grupos que tienen el mismo interés, pero visiones distintas de que hacer en caso de llegar a obtenerlo.
5. Los partidos deben ser expresiones contrastantes de posiciones ante las realidades que vive una sociedad. Dada la imposibilidad natural de la existencia de un pensamiento único, la búsqueda de consensos debe ser una de sus obligaciones fundamentales.
6. Los militantes de cada partido están en libertad de decidir la forma de conducir la actuación política de su organización, tanto internamente como en su vinculación con el entorno.
7. Aquellos partidos que se autodefinen democráticos, deben tomar sus decisiones trascendentales mediante la consulta directa a sus militantes y allegados.
8. Cuando la realidad y los intereses en juego obligan a la actuación conjunta con otros partidos y organizaciones de la sociedad civil, es indispensable precisar las reglas que demarcarán dicho accionar.
9. En el ámbito conceptual, la definición clara de lo que se aspira con las alianzas es un requisito ineludible, así como también lo es la selección de los representantes de todos, particularmente la de los aspirantes a cargos de elección popular, mediante la consulta a aquellos que se reconocen como partícipes del mismo interés, sean estos militantes o no de los partidos involucrados.
10. Por esta vía se puede facilitar el surgimiento de liderazgos apuntalados por el reconocimiento público, nacidos en el seno de la sociedad, con formación política y respaldo basado en su trabajo previo.
11. Todo lo anterior justifica que en una visión compartida de Aragua que queremos, no falte la recomendación de consultar a los electores potenciales sobre quienes deben ser sus representantes en los eventos comiciales por venir, como parte de un ejercicio transparente de la política.
12. Demandar posiciones públicas claras a los partidos y agrupaciones electorales, en relación con los problemas sociales, económicos y ambientales que nos afectan. Este planteamiento es una posición política ante los que aspiran a ser representantes de la sociedad y en ningún caso debe confundirse con un ataque a la política, ni a los partidos como instrumentos de actuación electoral en la misma.
13. Velar por el cumplimiento de las leyes en el funcionamiento de los partidos y particularmente en el financiamiento de sus campañas electorales, debe ser obligación exclusiva del Estado. La asignación y gasto de los recursos necesarios para el desempeño de las actividades partidistas, debe ser regulado y supervisado legalmente como garantía de equidad y respeto a la diversidad.

Poderes Públicos

1. Comprometidos con la autonomía de los otros poderes, la descentralización, la democracia como sistema político y la libertad como esencia del ser humano.
2. Encabezados por funcionarios electos democráticamente una vez comprobada su idoneidad para el desempeño de las responsabilidades de las posiciones a las que aspiran.
3. Al servicio de los ciudadanos y por lo tanto comprometido con los temas que le son de ineludible incumbencia, tales como justicia, honestidad administrativa, protección de los derechos humanos, servicios públicos, seguridad personal, ambiente, educación, salud, recreación y deporte.
4. Las Oficinas de Atención al Ciudadano deben ser obligatorias en las dependencias públicas, como entes orientadores y receptores de las expectativas de la gente y la constitución legal del Defensor de loa Derechos de los Usuarios es una opción a discutir.
5. Descentralizados mediante el uso de las estructuras formales de organización política y social que, por estar más cerca de las comunidades y sus realidades, deben ser más eficientes en el cumplimiento de las obligaciones específicas a encarar (concejos municipales, corporaciones estadales y municipales, juntas parroquiales, asociaciones civiles, juntas de vecinos, etc.).
6. Transparentes más allá de lo declarativo, estableciendo mecanismos formales que permitan que los ciudadanos ejerzan la supervisión de las actuaciones de los distintos niveles de actuación y puedan expresar sus necesidades y reclamos con la seguridad de que serán atendidos.
7. Participativos en la medida que la formulación de sus planes de actuación se construyan y ejecuten tomando en cuenta las opiniones de los ciudadanos a los que están destinados, para lo cual se crearán instancias formales de encuentro frecuente obligatorio entre el gobierno, los municipios y los diversos sectores sociales y productivos.
8. Eficientes gracias a la simplificación de los trámites y la automatización de los procesos.
9. Sujetos a contraloría social mediante la formulación de planes de actuación y a la periódica revisión de sus avances y formas de actuación, por parte de instancias jurisdiccionales competentes.
10. Vinculados con gobiernos y entidades públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, en la búsqueda de actividades de cooperación que permitan captar y compartir experiencias exitosas en sus diferentes ámbitos de actuación.
11. Con funcionarios públicos honesto, capaces de desempeñar las exigencias de los cargos, seleccionados mediante concurso público, bien remunerados, con estabilidad, posibilidades para el desarrollo personal y protegidos en lo que a seguridad social se refiere. Las declaraciones de bienes de los funcionarios gubernamentales, de todos los poderes y niveles deben ser documentos públicos.

Entrevista a Thomas Piketty, Economista especialista en desigualdades, París 2 de julio de 2016

Tras haber vendido en tres años 2,5 millones de ejemplares de su libro El Capital en el Siglo XXI, Thomas Piketty (Clichy, 1971) rechaza las continuas invitaciones que recibe para sumarse a la política activa. En esta entrevista en la fea y desangelada Escuela de Economía de París, donde es Director de Estudios, este especialista en desigualdades cuenta a periodista de cinco medios europeos que la xenofobia y el nacionalismo campan por Europa y están en el origen del Brexit. La canciller Angela Merkel y el presidente François Hollande, dice, debieran apoyarse en Syriza, el PSOE o Podemos, partido al que, según cuenta al inicio de la charla, vota su esposa, Julia Cagé, nacida en Metz pero con doble nacionalidad francoespañola.

Pregunta. ¿Ha llegado con el Brexit la catástrofe de la que usted alertó durante crisis griega?

Respuesta. Europa jugaba con fuego desde hace tiempo, especialmente en la zona euro. La crisis de 2008, la más grave desde la II Guerra Mundial, ha sido mal gestionada. Nos empeñamos en reducir el déficit demasiado deprisa y matamos la recuperación, el crecimiento.

P. Inglaterra no padeció ese error al estar fuera de la zona euro.

R. Europa ha fracasado y ha creado tensiones por doquier. Paradójicamente, Inglaterra salió mejor de la crisis, pero las políticas antisociales de David Cameron avivaron los resentimientos de las clases populares que ha llevado a una reacción irracional a base de xenofobia y estigmatización.

P. ¿Cómo salir del embrollo?

R. Ahora nadie parece haberse preparado para el Brexit. Tenemos la sensación de que, una semana después, todo el mundo navega a la vista. Pese a todo hay que recuperar la esperanza de poder construir algo nuevo a partir de este desastre. Un desastre para las generaciones jóvenes, que van a sufrir durante mucho tiempo las consecuencias de una opción elegida por la gente mayor.

P. ¿Cómo valora la respuesta dada por la UE al Brexit?

R. Ha sido totalmente insuficiente. Y hay asuntos pendientes importantes. Los costes causados por el secreto bancario suizo y mañana por los paraísos fiscales de la Corona británica y la opacidad de la City son considerables. Si no se hace, se alimenta el populismo. Me da miedo ver que a los dirigentes europeos les falta coraje.

P. ¿Y cómo debe transformarse la zona euro?

R. Soy partidario de un sistema bicameral: un Parlamento elegido directamente por los ciudadanos y otro que represente a los Estados nación con parlamentarios del Bundestag, la Asamblea Nacional francesa… El actual sistema no funciona ni funcionará jamás. En el Parlamento que propongo podría haber alianzas estratégicas, coaliciones ideológicas…

P. ¿Son los dirigentes políticos, y no solo británicos, responsables del Brexit?

R. Sí, sí. Y no solo los británicos. Francia no ha hecho nada en favor de los países del sur porque, con tipos de interés a cero…, mejor no cambiar. Claro que la actitud de Alemania ha sido insoportable y completamente irracional. Machacando la actividad económica del Sur, los prestamistas alemanes no van a conseguir que se les devuelvan los créditos. Hay una voluntad de castigar que denota dosis de nacionalismo.

P. ¿Por qué se opone a la política de austeridad?

R. Porque no funciona. Alemania es el país por excelencia que jamás ha devuelto su deuda. Por eso es paradójico ver que Alemania exige a Grecia que devuelva hasta el último euro. Europa se construyó sobre el olvido de las deudas, para que las nuevas generaciones no pagaran los errores de los antepasados.

P. ¿Y qué propone a nivel mundial?

R. Es necesario regular el capitalismo. Necesitamos instituciones democráticas fuertes para regular la deriva de desigualdades, para controlar la potencia de los mercados, del capital, al servicio del interés general. Es un error creer que a eso se llega de forma natural. Hay una especie de fe en la autorregulación de los mercados que es excesiva. En 1914, durante la primera mundialización, hubo una sacralización del libre mercado y la propiedad privada que creó fuertes desigualdades, tensiones sociales, aumento del nacionalismo y, de alguna manera, contribuyó al estallido de la I Guerra Mundial.

P. Y más recientemente ha llegado el dumping social, fiscal, financiero…

R. Sí. Y si no hay repuesta para detener esas desigualdades, la respuesta más fácil es el nacionalismo y la xenofobia. Y así surgen responsables políticos como Donald Trump, Boris Johnson o Marine Le Pen…gente muy privilegiada financiera y socialmente cuya única estrategia consiste en explicar a las clases populares blancas que sus enemigos son las clases populares mexicanas, negras… Distraen así la atención sobre las desigualdades y las derivan hacia desigualdades identitarias, culturales, religiosas.

P. Crecen movimientos xenófonos, pero también una izquierda radical, como Syriza o Podemos.

R. Yo lanzo una llamada a Hollande y Merkel para que se apoyen en Syriza, en Podemos, en el PSOE…en esos partidos de izquierda, más o menos radical. Vale, Alexis Tsipras no es perfecto, Pablo Iglesias no es perfecto, tampoco sus programas, hay imperfecciones en lo que cuenta, no tiene experiencia en el poder…, pero son mucho menos peligrosos que los nacionalistas polacos, británicos, húngaros…

P. ¿Ha seguido de cerca las dos elecciones en España?

R. Sí, sí. Ahora hay una situación casi ingobernable. Se ha fomentado el miedo a Podemos humillando a Syriza, humillando a Grecia, exigiéndole privatizaciones totalmente irracionales para vendérselas luego baratas a griegos ricos aliados de banqueros alemanes o franceses. Y lo han hecho para meter miedo a los electores de países como España. Lo importante es que un cambio en España puede originar un cambio en la zona euro. Francia, Italia y España suponen el 50% de la población de la zona euro. Y Alemania, el 27%. España, según sea pro o anti austeridad, cambia los equilibrios.

El País (España). 3 de julio de 2016

En 2015, unos 5,9 millones de niños menores de cinco años, casi todos en países en desarrollo, murieron por causas fácilmente prevenibles o tratables. Y hasta 200 millones de niños y adolescentes no asisten a la escuela primaria o secundaria por causa de la pobreza, incluidos 110 millones hasta el nivel secundario inferior, según una estimación reciente. En ambos casos, se trata de un sufrimiento inmenso al que se podría poner fin con una modesta cantidad de financiación global.

En los países pobres mueren niños por causas (como el parto en condiciones inseguras, enfermedades vacunables, infecciones para las que hay tratamientos baratos como la malaria y deficiencias nutricionales) que han sido erradicadas casi por completo en los países ricos. En un mundo moral, dedicaríamos el mayor esfuerzo a poner fin a esas muertes.

Pero lo cierto es que el mundo hizo un esfuerzo a medias. Las muertes de niños pequeños se han reducido a un poco menos de la mitad de los 12,7 millones de casos registrados en 1990, gracias a un aumento de la financiación global para el control de enfermedades, canalizado a través de instituciones nuevas como el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.

Cuando en 2000 recomendé la creación de un fondo de esas características, los escépticos dijeron que más financiación no ayudaría a salvar más vidas. Pero el Fondo Mundial demostró que se equivocaban: el dinero adicional evitó millones de muertes por SIDA, tuberculosis y malaria. Fue dinero bien empleado.

La razón por la que la mortandad infantil cayó a 5,9 millones y no a casi cero es que el mundo sólo proveyó alrededor de la mitad del dinero necesario. La mayoría de los países pueden atender sus necesidades sanitarias con presupuestos propios, pero los países más pobres tienen un faltante de financiación y necesitan unos 50 000 millones de dólares de ayuda internacional cada año para cubrirlo. Hoy la ayuda sanitaria internacional anda por los 25 000 millones de dólares al año. Son cifras aproximadas, pero otros 25 000 millones de dólares al año nos ayudarían a prevenir hasta seis millones de muertes anuales. Es difícil imaginar un negocio mejor.

Unos cálculos similares nos ayudan a estimar la financiación global necesaria para que todos los niños puedan terminar al menos la escuela secundaria. Hace poco, la UNESCO calculó que la “brecha de financiación” global en educación que habría que cerrar para cubrir el costo adicional (en aulas, profesores y materiales) de garantizar el acceso universal a la educación secundaria es aproximadamente 39 000 millones de dólares. La financiación mundial actual para educación es entre 10 y 15 mil millones de dólares al año, de modo que la brecha es otra vez alrededor de 25 000 millones, similar a la que hay en salud. Y esa financiación global adicional también se podría canalizar eficazmente a través de un nuevo Fondo Mundial para la Educación.

De modo que unos 50 000 millones de dólares más cada año pueden ayudar a garantizar que todos los niños del mundo vayan a la escuela y tengan atención sanitaria básica. Los gobiernos del mundo ya adoptaron ambas metas (salud para todos y educación de calidad para todos) como parte de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Conseguir otros 50 000 millones de dólares al año no es difícil. Una opción apunta a mi país, Estados Unidos, que hoy aporta solamente cerca del 0,17% de su producto nacional bruto para financiar ayudas al desarrollo, o sea alrededor de la cuarta parte de la meta internacional (0,7% del PNB).

Suecia, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Luxemburgo y el Reino Unido aportan, cada uno, al menos el 0,7% del PNB; Estados Unidos puede y debe hacer lo mismo. Si lo hiciera, ese 0,53% adicional de su PNB añadiría unos 90 000 millones de dólares al año a los fondos de ayuda internacional.

Hoy Estados Unidos dedica alrededor del 5% de su PIB (o sea, unos 900 000 millones de dólares al año) a gastos militares (para el Pentágono, la CIA, los veteranos y otros gastos). Estados Unidos puede y debe transferir al menos la décima parte de esa cifra a programas de ayuda al desarrollo. Ese cambio de prioridades, de la guerra al desarrollo, reforzaría enormemente la seguridad de Estados Unidos y del mundo; las últimas guerras que libró Estados Unidos en el norte de África y Oriente Próximo costaron billones de dólares, pero no reforzaron sino que debilitaron la seguridad nacional.

Una segunda opción sería cobrar impuestos a las personas más ricas del mundo, que suelen ocultar su dinero en paraísos fiscales en el Caribe y otras partes. Muchos de estos paraísos son territorios de ultramar del Reino Unido, y en su mayoría tienen estrechos vínculos con Wall Street y la City londinense. Los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña les han dado protección sobre todo porque los ricos que ponen su dinero allí también lo usan para financiar campañas electorales o contratar a familiares de los políticos.

Hay que exigir a los paraísos fiscales el cobro de un pequeño impuesto a sus depósitos, que en total ascienden al menos a 21 billones de dólares. A los que no cumplan, los países ricos pueden amenazarlos con cortarles el acceso a los mercados financieros mundiales. Pero los paraísos fiscales también deberán garantizar la transparencia y tomar medidas contra la evasión fiscal y el secreto corporativo. Incluso un impuesto a los depósitos de apenas 0,25% al año, aplicado a 21 billones de dólares depositados, recaudaría unos 50 000 millones de dólares al año.

Ambas soluciones son factibles y relativamente fáciles de implementar; y ayudarían a cumplir los nuevos compromisos mundiales incluidos en los ODS. En el reciente Foro Económico de Astana, el presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev, pidió con razón que se graven de algún modo los depósitos offshore para financiar la educación y la salud en todo el mundo. Otros líderes mundiales deben responder a este llamado y poner manos a la obra.

El mundo es inmensamente rico, y no le costaría crear un fondo mundial para salud y educación que asegure a todos los niños del planeta un comienzo óptimo de la vida. Redirigir una pequeña parte de los fondos que hoy se derrochan en los programas militares de Estados Unidos, o aplicar un pequeño impuesto a los depósitos constituidos en paraísos fiscales (u otras medidas similares para que los ultra ricos paguen su parte), mejoraría enormemente y en poco tiempo las oportunidades vitales de los niños pobres y haría del mundo un lugar mucho más justo, seguro y productivo. No hay excusas para seguir postergándolo.

New York, 31 de mayo de 2016

https://www.project-syndicate.org/commentary/financing-universal-health-...