La situación política y social en Venezuela permanece estancada, pero se siguen produciendo contactos al más alto nivel para tratar de destrabar la situación. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y mano derecha de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, se reunió hace tres semanas en Doha, la capital de Qatar, con Juan González, asesor de Joe Biden, según fuentes oficiales. El encuentro se llevó a cabo sin presencia de mediadores ni terceros actores.

Qatar ha ganado un protagonismo inesperado en la mediación entre la Casa Blanca y el Gobierno chavista. Además de acoger esta reunión, ha hecho gestiones para interceder entre los dos países, que apenas se han acercado en los últimos meses. Pese a la urgencia de organizar en Venezuela unas elecciones con garantías en 2024, la frialdad es absoluta. La monarquía encabezada por la familia Al Thani ha ocupado el espacio que ha dejado Colombia, que ha pasado de implicarse al máximo durante los primeros meses de Gobierno de Gustavo Petro a apartar el tema de sus prioridades en política exterior.

Rodríguez y González, asesor para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de EE UU, se reunieron para establecer un canal directo de comunicación, de acuerdo con estas mismas fuentes. En el encuentro hablaron de liberación de presos y de la necesidad de normalizar la vida política en Venezuela, algo que a día de hoy parece muy lejano. Este tipo de encuentros al más alto nivel son habituales en procesos tan enquistados y complejos como el de Venezuela y su relación con Estados Unidos, pero se mantienen en secreto para que nadie pueda interferir en el diálogo. Ni Rodríguez ni González, consultados por este periódico, han querido hacer comentarios al respecto.

Sin fecha para las elecciones

Las posturas entre Estados Unidos y Venezuela están muy alejadas. Maduro no ha puesto una fecha para celebrar las elecciones generales en las que, en teoría, debería haber un candidato opositor que pudiera disputarle la presidencia. La renuncia del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dificultado la celebración de las primarias de la oposición. Además, Caracas exige la liberación de Alex Saab, el empresario colombiano aliado de Maduro juzgado en Estados Unidos por lavado de dinero y corrupción y a quien el chavismo considera un diplomático venezolano. La Casa Blanca ha interpretado estos gestos como un desafío del chavismo y una muestra clara de que no cede pese a la presión internacional, que le exige una democratización del país.

El argumento de Maduro para mantener una posición férrea es que EE UU no ha levantado las sanciones internacionales que pesan sobre su Gobierno. El chavismo achaca a estos castigos la profunda crisis económica que vive el país desde hace siete años. “Si quieren elecciones libres, queremos elecciones libres de sanciones”, dijo el presidente en noviembre. La afirmación no deja lugar a segundas interpretaciones. El chavismo también ha culpado a Biden de no liberar los fondos venezolanos congelados en el extranjero —entre 3.000 y 5.000 millones de dólares—, como habían acordado con la oposición en la mesa de diálogo de México a finales del año pasado. Ese dinero, manejado por un fideicomiso de la ONU, suponía un balón de oxígeno en la grave crisis venezolana.

Sin embargo, EE UU considera que Maduro, después de mostrar buena voluntad para negociar, se muestra de repente inmóvil. Otros países tienen la misma opinión. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el propio Petro le habían pedido que concretara una fecha para las elecciones para ir acercando posturas, pero no lo ha hecho y no parece que lo vaya a hacer en el corto plazo. Washington le concedió una licencia a la petrolera Chevron para que operara en suelo venezolano, lo que parecía una mano tendida. Desde ese momento los más optimistas creían que las concesiones de uno y otro lado se iban a suceder, pero la realidad es que no ha sido así. No se ha avanzado nada en el último semestre.

Maduro no tiene ninguna intención de ceder terreno ni de facilitar ningún camino. En los últimos meses, ha recuperado autoridad interna y fuero diplomático. Después de años sin salir del país, se ha dejado ver en algunas cumbres internacionales y regionales. La situación económica superó el pésimo momento vivido hace dos años gracias a los ingresos del petróleo y a cierta liberalización de la economía, aunque aún es un crecimiento al alcance de muy pocos. Con todo ello, el presidente ha endurecido sus exigencias en el marco de la negociación política con la oposición.

El panorama no es nada halagüeño. Las conversaciones con la oposición en México están paralizadas desde noviembre y el chavismo se niega a volver a la mesa. Ahora, Maduro exige el levantamiento pleno y no progresivo de las sanciones, como se había acordado, para reiniciar el diálogo. Con ese cisma difícil de resolver, ambas partes se encontraron en Qatar, un lugar insospechado. La reunión secreta, que ahora trasciende, supone tender un puente, aunque sea mínimo, entre dos actores que no se tienen ninguna confianza. Los resultados están por verse.

29 de junio 2023

El País

https://elpais.com/internacional/2023-06-30/estados-unidos-y-venezuela-m...

Este mes de junio, Open Society Foundations publicó el estudio "The Human Costs of a Failing Global Debt System", elaborado los economistas Clemens Graf von Luckner y Juan P. Farah-Yacoub. Estos autores examinaron los costes a largo plazo de los impagos soberanos en una muestra de 131 casos desde 1900, llegando a la conclusión de que el impacto humano y económico de la cesación de pagos de la deuda pública es grave y duradero. Mientras más tiempo se permanece en mora, los costos humanos son mucho mayores.

Venezuela, el país más endeudado de Latinoamérica y el Caribe, cayó en situación de impago en 2017. En el transcurso de estos seis años, y luego de atravesar hasta el 2022 la peor hiperinflación histórica de la región, el país se mantiene hoy en día como una de las economías más inflacionarias del mundo. Al propio tiempo, la sociedad venezolana continúa sumida en una compleja emergencia humanitaria que ha forzado un flujo migratorio que ya supera los 7,3 millones de migrantes, según datos de la Plataforma R4V.

Reputados economistas advierten que Venezuela se encuentra en una situación de imposibilidad para renegociar y cumplir con su deuda pública, a menos que se realice un cambio radical en el modelo de desarrollo del Socialismo del siglo XXI implementado por el chavismo en las últimas dos décadas. Sin embargo, las perspectivas de este cambio son desalentadoras. El régimen de Maduro, hasta los momentos, ha demostrado ser incapaz de abordar estos cambios de manera seria y profunda. De hecho, parece no tener la voluntad de hacerlo. Lo que es aún más preocupante es que parece estar dispuesto a evitar que otros asuman ese cambio, tal como se desprende de las reiteradas declaraciones de los jerarcas del régimen. El pasado 9 de junio, Diosdado Cabello, considerado el segundo hombre más poderoso del régimen, advirtió a los venezolanos que el chavismo "ni por las buenas ni por las malas” abandonará el poder en Venezuela.

La monstruosa deuda pública venezolana

Con base en los datos del Fondo Monetario Internacional, el economista Gustavo García Osio estima que, al cierre del 2022, la deuda pública venezolana se ubicó aproximadamente en 160 mil millones de dólares estadounidenses. Este descomunal monto equivale al 172% del producto interno bruto (PIB) de Venezuela, mientras que la deuda total de América Latina y el Caribe -unos USD 5,8 billones- es equivalente al 117% del producto interno bruto (PIB) de la región, según se indica en el informe "Lidiar con la deuda” (2023), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Lo más paradójico del caso venezolano es que la mayor parte de esta "monstruosa deuda pública", como la califica el Observatorio del Gasto Público CEDICE, fue contraída durante la época de la mayor bonanza petrolera que ha tenido el país. Entre 1999 y 2017, las arcas públicas venezolanas recibieron por concepto de ingresos petroleros alrededor de USD 1.034 billones- Justamente durante ese periodo de "vacas gordas” es cuando Hugo Chávez y su sucesor designado, Nicolás Maduro, "quintuplican” el agregado de la deuda externa, pasando de USD 30 mil millones en 1999 a USD 170 mil millones en 2016, según señala CEDICE en su estudio de la deuda externa venezolana.

Despilfarro e impago de la deuda pública venezolana

El que un país adquiera deuda en sí mismo no es malo. Según se explica el en el informe "Lidiar con la deuda” elaborado por el BID, "si el financiamiento obtenido se utiliza para aumentar la inversión de buena calidad y proporcionar mejores servicios, los beneficios deberían superar a los costos. Pero si los niveles de deuda se tornan demasiado altos o la deuda no se gestiona de manera eficaz, entonces los efectos son negativos. Las tasas de interés suben, el costo del servicio de la deuda se vuelve muy oneroso y la emisión de nueva deuda, muy cara o prohibitiva. En última instancia, la inversión y el crecimiento se resienten.”

En el caso de Venezuela, lamentablemente, los ingresos exorbitantes de la bonanza petrolera y los ingentes recursos obtenidos mediante el endeudamiento público no fueron invertidos para impulsar un modelo de desarrollo sostenible en el país. Por el contrario, Chávez y Maduro utilizaron esos recursos para: desarrollar políticas populistas que les aseguraran mantenerse en el poder; exportar la revolución bolivariana a la región; y comprar lealtades, tanto internas como externas, a través de prácticas corruptas. CEDICE, en su referido informe sobe la deuda externa venezolana, señala que "todo este dinero no fue utilizado para garantizar un futuro marcado por un crecimiento sostenido de la economía y procurar un mayor bienestar para los venezolanos. Por el contrario, sólo se utilizó para ganar elecciones y enriquecer a unos pocos a costa de todos”.

Las consecuencias de este despropósito no tardaron en manifestarse. Para el año 2017, Venezuela ya se encontraba inmersa en una grave crisis económica, social y política. En ese momento, Venezuelabajo un régimen sobre el cual pesaban múltiples sanciones internacionales, con un sector productivo, incluyendo el sector petrolero, severamente dañado debido a las políticas populistas de la revolución bolivariana, y con bajos precios del petróleo, era incapaz de producir lo necesario para cubrir sus necesidades básicas y cumplir con los pagos de su deuda pública internacional, todo lo cual derivó en un incumplimiento de pagos o default en su deuda pública.

Los costos humanos del impago recaen de manera desproporcionada en los grupos más vulnerables

Los impagos por parte de un país (impagos soberanos) imposibilitan a los gobiernos el acceso a los mercados internacionales de capital y dificultan al sector privado nacional acceder a capital a precios competitivos. Estos impagos suelen desencadenar agudas crisis financieras y económicas con graves impactos económicos y sociales en los países deudores.

De acuerdo con los resultados del referido estudio "The Human Costs of a Failing Global Debt System", el déficit en la tasa de crecimiento económico real per cápita de los países que caen en incumplimiento se incrementa en 2,5 puntos porcentuales durante el primer año, en comparación con lo que habría sido en ausencia del incumplimiento. A partir de ese momento, el déficit continúa aumentando en promedio 1,5 puntos porcentuales cada año. Luego de diez años, la brecha alcanza aproximadamente los 14,5 puntos porcentuales, lo cual deja en claro el fuerte impacto negativo prolongado del incumplimiento.

Junto a los costos económicos, la inacción conlleva también costos humanos crecientes. "La esperanza de vida en los países morosos disminuye más cuando los impagos duran más tiempo. Cada año que se retrasa la resolución de un impago, la salud de la población disminuye aún más y, con ella, la esperanza de vida”. Para los países estudiados, en promedio, la esperanza de vida diez años después del incumplimiento se reduce en más de un año en relación con donde habría estado sin el incumplimiento.

En el estudio publicado por Open Society Foundations se encuentra, además, que la peor parte del costo humano de la cesación de pagos recae de manera desproporcionada en los grupos más vulnerables de la sociedad: niños, ancianos y personas en situación de pobreza. Cuanto más se tarda en resolver un impago, más costoso resulta para los menos responsables del mismo. "Los índices de pobreza superan los niveles anteriores a la crisis en aproximadamente un 30% poco después del impago y siguen siendo elevados una década más tarde. El nivel de vida también disminuye drásticamente en función de variables como el acceso a la nutrición, la energía y la salud. En promedio, en el décimo año después del impago, los morosos tienen un 13% más de muertes infantiles al año y los niños supervivientes tienen una esperanza de vida un 1,5% inferior, en comparación con la situación que tendrían de no haber caído en impago.”

Los costos humanos del impago en Venezuela

El caso reciente de Venezuela después de su default de 2017 pone de relieve la asociación insidiosa entre una gran crisis macroeconómica y el bienestar de la población. Algunos de los indicadores que los autores ponen de relieve en su informe son: la duplicación en el transcurso de cinco años del número de mujeres embarazadas en situación de riesgo debido a la falta de atención prenatal oportuna; la pérdida para el 2017 de un promedio de 11 kilogramos de peso por parte del 64 % de los venezolanos; y el aumento en las tasas de mortalidad infantil y la disminución en la esperanza de vida del venezolano.

Una deuda publica impagable a menos que se cambie el modelo de desarrollo

Lo más trágico de esta trágica situación es que no se ven posibilidades de que el régimen de Maduro esté en capacidad de renegociar la deuda pública. El economista Gustavo García Osio, en su entrevista para Hispano Post, advirtió que la deuda venezolana "representa unas 23 veces el valor de las exportaciones totales de Venezuela. Es como si se dijera que si todo lo que se perciba por exportaciones se utiliza para pagar la deuda, estaríamos 23 años pagándola y el gobierno no podría disponer de dólares para otra cosa. Eso da una idea de por qué esa deuda no es pagable y no es sostenible”.

De acuerdo con García, la renegociación de la deuda soberana de Venezuela no puede realizarse de forma aislada porque se corre el riesgo de asumir compromisos de pago que después no se puedan honrar. Por ello, según este economista, para poder enfrentar de forma eficiente el manejo de la deuda publica venezolana es necesario insertarla dentro de un programa económico de mediano y largo plazo que garantice la recuperación económica de Venezuela y le dé viabilidad externa y financiera.

No suena plausible que el mismo régimen que ha conducido a Venezuela a su peor crisis crediticia sea el que libere al país de su postración económica y lo coloque nuevamente en posición de manejar de manera responsable su "monstruosa deuda pública”.

A la luz de estas consideraciones y vista la destemplada declaración de Cabello, surge entonces la siguiente pregunta sobre la urgencia del cambio de rumbo en Venezuela: ¿A cuánto ascenderá el costo humano que los venezolanos, sobre todo los de los sectores más vulnerables, deberán seguir pagando por cada año adicional que el chavismo se mantenga aferrado "por las malas” al poder? Esta es una pregunta que tanto la dirigencia venezolana como la comunidad internacional deberían hacerse.

29 de junio 2023

DW

https://www.dw.com/es/el-costo-humano-de-la-prolongación-del-régimen-de-maduro/a-66072855?maca=spa-newsletter_sp_Titulares-2358-xml-newsletter&r=17270592181132145&lid=2591845&pm_ln=208515

La institucionalidad electoral en Venezuela sufrió un revés con la renuncia simultánea y acordada de la mayoría de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Cuesta creer que esta crisis institucional del CNE no termine impactando las bases del próximo ciclo electoral 2024-2025.

En primer lugar, retrasa la actualización del Registro Electoral, no solo una tarea sobre la cual la administración debería trabajar desde ya sino, sobre todo, un derecho que actualmente afecta a varios millones de excluidos por la falta de una jornada masiva de inscripción y actualización dentro de Venezuela y por el cierre del sistema para los migrantes.

Suceden estos acontecimientos justo cuando el actual CNE se disponía a finiquitar y firmar las condiciones de apoyo técnico y logístico para la primaria presidencial opositora, un mecanismo democrático que se inscribe dentro del derecho constitucional a la asociación política y que, como proceso, también hace parte del próximo ciclo electoral.

Y, en tercera instancia, el escenario actual dificulta avances en torno a las posiciones acordadas por una veintena de países, en el marco de la reciente Conferencia Internacional sobre el Proceso Político de Venezuela: hablamos de la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021.

Desde el OEV esperamos que esta crisis se resuelva, primero, en el marco de la Constitución y las leyes electorales y, segundo, incorporando el necesario diálogo político entre los distintos actores, en aras de generar nuevos consensos.

1. Los tres desencadenantes, en perspectiva

En menos de 24 horas el oficialismo consumó la estrategia de implosionar el Consejo Nacional Electoral. La serie de hechos que revisaremos a continuación nos habla, una vez más, de la falta de separación de los poderes públicos en Venezuela, aunque la “plena independencia de las demás ramas del poder público” sea, precisamente, el principio que dictamina la naturaleza del CNE, según el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).

1.1. El orden del día:

Esta historia empieza con una filtración: la del orden del día propuesto para la sesión ordinaria del jueves 15 de junio en la Asamblea Nacional (AN). El segundo de los tres puntos de la agenda decía: “Aceptación de la renuncia de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional y designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales…”.

La noche del miércoles 14 de junio esta agenda parlamentaria se regó con sorpresa en las redes sociales. Aunque la cuenta en Twitter de la AN no la publicó para oficializarla antes de la sesión, medios independientes confirmaron su veracidad.

1.2. La declaración:

El Consejo Nacional Electoral convocó a los medios a una declaración de su presidente, Pedro Calzadilla, el jueves 15 de junio a las 11:00 a.m. El rector principal leyó un texto que todavía sigue dejando más dudas que certezas, porque no termina de explicar suficientemente la motivación de esa decisión. Aquí, el párrafo central:

“Que Venezuela termine de enrumbarse hacia la prosperidad económica, y la estabilidad política y social de las que fuimos ilegalmente desviados, depende en mucho del compromiso y de la vocación nacional de todos, quienes hacemos vida en nuestro país. Es por ello que, en aras de contribuir con este noble objetivo, quienes suscribimos esta declaración hemos puesto nuestros cargos a la orden de la Asamblea Nacional”.

Suscribieron la declaración los rectores principales Pedro Calzadilla y Alexis Corredor, los rectores suplentes incorporados Leonel Párica y Carlos Quintero y los rectores suplentes Gustavo Vizcaino, Saúl Bernal, Rafael Chacón y Francisco Garcés. Los ocho, vinculados al oficialismo.

1.3. La sesión de la AN:

Media hora después de la declaración de los rectores poniendo sus cargos a la orden, la AN convocó a la sesión ordinaria en la cual, efectivamente, se dieron por informados de la novedad y aprobaron por unanimidad empezar desde cero la conformación de un nuevo CNE; esto es, mediante la designación de la Comisión Preliminar para conformar el Comité de Postulaciones Electorales.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, consideró urgente y fundamental la conformación del nuevo CNE, de acuerdo a las leyes. De hecho, empezando este año 2023, el 9 de enero, el diputado del partido de gobierno y titular reelegido al frente del Legislativo ya había asomado que considerarían la conformación de un nuevo CNE.

2. Un órgano sin quórum

Repasemos, en tres píldoras, la estructura de funcionamiento del CNE:

-Lo conforman 15 rectores, cinco principales y 10 suplentes.

-El directorio está integrado por cinco rectores electorales o principales.

-Tiene tres órganos subordinados, cada uno de ellos compuesto por dos rectores principales y por un rector suplente que pasa a llamarse incorporado.

El directorio ya venía cojeando: en abril de 2022 la rectora electoral Tania D’Amelio fue designada magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Esto generó una vacante absoluta. Su primer suplente nunca fue ascendido. El Poder Legislativo nunca se preocupó por solventar esta falta. Ni siquiera hubo intervención alguna del Judicial, como en experiencias pasadas. En general, nadie en el alto gobierno dijo nada al respecto durante 14 meses. Hasta ahora.

Antes, en diciembre de 2021, ya había renunciado el rector suplente y expresidente de Fedecámaras Francisco Martínez, alegando razones personales.

Si sacamos cuentas quedaban, entonces, 13 rectores: descontando los ocho renunciantes, se abría una disyuntiva para los cinco restantes, vinculados a sectores no oficialistas: los principales Roberto Picón y Enrique Márquez, junto a los suplentes Griselda Colina, León Arismendi y Conrado Pérez. Con una estructura legal que exige ocho rectores en funciones, les hubiese resultado materialmente imposible continuar adelante. El quórum se había roto.

Roberto Picón renunció el lunes 19 de junio. “No para convalidar una situación que a todas luces es irregular”, aclaró en un comunicado, “sino para facilitar un proceso que debe ser conducido transparentemente por la AN”.

Enrique Márquez puso su cargo a disposición de la AN el 20 de junio. “Lo hago a conciencia e inspirado por el mismo pensamiento que me trajo acá: el fortalecimiento de la vía electoral como única ruta para reconstruir nuestro país”, expresó en su comunicado.

3. Viaje al origen: ¿de dónde vienen los 15?

La Asamblea Nacional es, por definición constitucional, el poder público encargado de designar a los integrantes del CNE. Los actuales (porque se mantendrán en sus cargos hasta que lleguen los relevos) fueron designados por la AN el 4 de mayo de 2021. Ese día se acabó una racha de 15 años durante los cuales prevaleció el poder del Tribunal Supremo de Justicia para imponer rectores electorales.

¿Qué pasó, entonces, de diferente? Lo explica un comunicado del Foro Cívico, divulgado el 20 de junio, en el cual esta plataforma de organizaciones sociales y gremios profesionales recuerda que este CNE nombrado en 2021 fue el producto de un consenso entre actores de sociedad civil y políticos. Un consenso que, aunque parcial, permitió, entre otros logros que enumeran:

-Avances significativos en las garantías electorales, como una observación internacional plural materializada en el regreso de la Unión Europea y la materialización de un panel de expertos electorales de Naciones Unidas.

-La elección de 3.082 funcionarios públicos, en noviembre de 2021, con pleno reconocimiento nacional e internacional.

-Permitió conocer la dimensión de las distintas fuerzas políticas del país.

-Y alineó a la mayoría de los partidos políticos en la recuperación de la vía electoral.

El CNE de 2021, designado para un período de siete años, esto es, hasta 2028, vino también a representar estabilidad luego del cuestionado nombramiento de rectores de junio de 2020 por parte del Poder Judicial. Rectores que organizaron la también cuestionada elección parlamentaria de diciembre de ese año, a la cual no concurrió la oposición mayoritaria.

Antes de ese episodio, y por lo menos hasta la presidencial de 2018, el ente comicial demostró cierta tendencia a respetar los períodos de los rectores y a hacer las sustituciones de rigor, aunque el punto cuestionable aquí era que los nombramientos los solía hacer el TSJ, a falta de las dos terceras partes de la votación en el Parlamento por ninguna de las tendencias.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) calificó este CNE designado en 2021 como el más equilibrado de los últimos 20 años. “Muchos consideraron su nombramiento como la medida más importante para restablecer la confianza en el CNE después de que los partidos de la oposición no participaran en las tres elecciones nacionales anteriores”, dice su informe final de observación.

4. Los pasos que vienen

La crisis institucional generada por la renuncia simultánea de ocho rectores del CNE es un retroceso, luego de los incipientes avances descritos en la ruta de la reinstitucionalización electoral y la reconstrucción de la confianza en el voto.

Este golpe a la institucionalidad electoral está marcando, indefectiblemente, el tono con el cual empieza la construcción de las bases del nuevo ciclo electoral 2024-2025 en Venezuela, como avanzamos al inicio. De ahí la importancia de hacer el debido seguimiento al proceso de designación de rectores que acaba de empezar el Poder Legislativo.

Resolvemos cinco dudas frecuentes sobre este proceso:

4.1. ¿Por dónde vamos?

El viernes 16 de junio se instaló y empezó a sesionar la Comisión Preliminar, con los 11 diputados que la integran. Su objetivo es accionar el proceso y los mecanismos para incorporar a 10 ciudadanos postulados por la sociedad civil que, junto a los 11 diputados, integrarán el Comité de Postulaciones Electorales 2023.

4.2. ¿Quiénes integran la Comisión Preliminar?

Los diputados Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira), quien la preside; Desiree Santos Amaral (PSUV/Distrito Capital), José Gregorio Correa (AD/Nacional), Cilia Flores (PSUV/Distrito Capital), Nosliw Rodríguez (PSUV/Cojedes), Didalco Bolívar (PSUV/Nacional), José Villarroel (PSUV/Nacional), Luis Augusto Romero (Avanzada Progresista/ Nacional), Miguel Salazar Rodríguez (Copei/Nacional), Ricardo Sánchez (Alianza para el Cambio/Nacional) y Gloria Castillo (PSUV/Monagas).

Nueve de estos 11 diputados ya habían integrado la Comisión Preliminar y, posteriormente, el Comité de Postulaciones Electorales durante el proceso de designación de rectores del primer cuatrimestre de 2021. Los únicos dos debutantes en estas funciones son los legisladores Sánchez y Castillo. El mismo diputado Alessandrello ya había presidido esta instancia.

4.3. ¿Quiénes completarán la conformación del Comité?

Del lunes 19 al domingo 25 de junio transcurrió un lapso de siete días continuos dados por la Comisión Preliminar para que organizaciones de la sociedad y ciudadanos por iniciativa propia se postulen para integrar, junto a los 11 diputados de la AN, el Comité de Postulaciones Electorales 2023.

La Comisión Preliminar prevé presentar a la plenaria este jueves 29 de junio la lista sobre la que se habrán de seleccionar los 10 nombres, para su aprobación y posterior juramentación, de entre las 184 personas que presentaron sus credenciales.

4.4. ¿Los integrantes del Comité de Postulaciones elegirán al nuevo CNE?

No. Nunca ha sido así y esta vez tampoco será así, si se cumple el procedimiento de ley.

El Comité de Postulaciones Electorales tiene por objeto convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar ante la plenaria de la AN la lista de los candidatos calificados a integrar el ente rector del Poder Electoral, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la LOPE. La encargada de designar a los 15 nuevos rectores es la plenaria de la AN, con base en la lista de elegibles que le suministra el Comité y con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes.

La desinformación electoral se ha manifestado en torno a este tema. Verificadores como la iniciativa Es Paja han desmentido, por ejemplo, uno de los bulos más difundidos de los últimos días en las redes sociales: la primera dama de la República no estará al frente del nuevo CNE.

4.5. ¿En cuánto tiempo tendremos nuevos rectores?

Todo el procedimiento de designación de los rectores electorales está descrito en la LOPE. A juzgar por el proceso inmediato anterior, que empezó el 19 de enero con la designación de la Comisión Preliminar y finalizó el 4 de mayo de 2021 con la designación y juramentación de los 15 integrantes del CNE. Es decir, tomó tres meses y medio. En nuestro Boletín OEV 62 resumimos los 31 hitos que configuraron ese proceso de hace dos años.

Esta vez, el diputado Correa declaró a medios que tiene el deseo de que antes de 70 días podrían estar presentando a Venezuela los nuevos rectores electorales. En cualquier caso, los plazos de ley deben cumplirse.

5. Apunte final

En el OEV consideramos que las críticas esgrimidas en torno a esta crisis generada en el seno del CNE no significan que se deba dar la espalda a la participación en el proceso de designación de nuevos rectores, siempre en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales. Todo lo contrario.

Ahora más que antes resulta vital que la sociedad civil y los actores políticos sigan comprometidos con la ruta electoral y, en ese tránsito, por la insistencia de cumplimiento de las garantías y condiciones contempladas en la legislación de cara al próximo ciclo electoral. Al final del día, lo que reside en el centro de este asunto es el ejercicio del derecho humano a elegir.

Boletín 108

Segunda quincena de junio 2023

https://oevenezolano.org/2023/06/boletin-108-crisis-institucional-del-cn...

«Los ciudadanos tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley». Pese a que esto establece el artículo 68 de la Constitución, los venezolanos que lo ponen en práctica se arriesgan a terminar tras las rejas, ser sometidos a procesos judiciales y ser estigmatizados por las autoridades.

Entre los últimos en sufrir la suerte antes descrita están Ysnet Antonio Rodríguez Mambel y Jhonar Barazarte Trompetero, dos campesinos andinos que entre el 18 y 20 de junio fueron aprehendidos luego de que difundieran videos en redes sociales en los que se les veía arrojando a los ríos parte de sus cosechas de tomate y zanahoria, en rechazo a la escasez de gasolina que les impidió transportarlas hasta los mercados.

«No tengo gasolina suficiente para trasladar este producto», relató otro productor en una grabación, mientras sostiene un racimo de cambur en su mano, al tiempo que otro hombre que está a su lado agarra más de estas frutas y las lanza fuera de donde la transportaban.

«Intenté conseguirla por otros medios, me calé cuatro días en moto para lograr traer gasolina y echarle a la (camioneta) Toyota, para bajar la mercancía, pero no fue posible. No fue posible surtir gasolina, así que esto se haga viral, que llegue a los oídos de los gobernadores, alcaldes y del presidente la situación que estamos viviendo los productores».

Contra el mensajero y no el mensaje

La reacción de las autoridades no se hizo esperar, y horas después de que los videos comenzaran a propagarse por las redes sociales, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, señaló a los productores de estar cometiendo «un delito». Acto seguido, anunció que su despacho inició una averiguación contra los campesinos, quienes, según él, estaban «procurando causar zozobra en la población y atentar contra la seguridad agroalimentaria del pueblo».

Horas después se anunció la captura de dos de los protagonistas de los videos y el fiscal anunció que buscaría procesarlos por incurrir en el delito de boicot, previsto en la Ley Orgánica de Precios Justos, cuyo artículo 55 señala lo siguiente:

«Quienes conjunta o separadamente desarrollen o lleven a cabo acciones, o incurran en omisiones que impidan de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, así como la prestación de servicios, serán sancionados con prisión de 12 a 15 años. Cuando dichas acciones u omisiones hubieren sido cometidas en detrimento del patrimonio público, los bienes serán además objeto de la confiscación, de acuerdo a lo establecido en la Constitución».

La actuación de Saab fue respaldada desde la Asamblea Nacional electa en 2020. «Están bien detenidos», dijo la diputada chavista Iris Varela, quien agregó:

«Uno se indigna cuando ve a alguien botar alimentos (…) Esto es una ofensa, una vil ofensa (…) Todo el que se preste para esa campañita debería abrírsele juicio, porque están boicoteando los alimentos de los venezolanos. Todo el que quiera generar zozobra debe ir detenido y se le debe abrir un juicio. Eso es lo que pedimos desde el PSUV».

Pero Varela no se quedó allí, y tras negar que hubiera problemas con el suministro de combustible, aseveró que a los aprehendidos «les compraron sus cosechas para filmar el video».

Con su postura, las autoridades judiciales y legislativas parecen intentar ignorar un hecho irrefutable: Venezuela, la primera reserva petrolera del mundo, no es capaz de suplir sus necesidades energéticas. En abril pasado, la producción petrolera del país durante el primer trimestre del año promedió 731.000 barriles por día (bpd), reveló un informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), publicado en el mes de abril. Aunque el dato representa un aumento del 5% en comparación con los últimos meses del año pasado, hace solo una década la producción promedio del país rondaba los 2,5 millones bpd.

Pero no solo la extracción de crudo ha caído, sino también la refinación. Así, hoy el país apenas es capaz de transformar una fracción de la demanda diaria de gasolina. Esta situación explica las filas en las gasolineras que hay en todo el país, en particular en las regiones.

El desabastecimiento de combustible ha hecho que los habitantes de nueve estados, entre ellos Mérida y Trujillo, de donde son los campesinos detenidos, protagonizaran protestas en mayo, de acuerdo con un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Nunca debieron estar presos

Aunque Rodríguez Mambe y Barazarte fueron dejados en libertad plena por los jueces que conocieron sus casos, lo cual implica que los tribunales no consideraron que hubieran delinquido, lo cierto es que nunca debieron ser aprehendidos. ¿Por qué?

Una lectura del artículo 55 de la Ley Orgánica de Precios Justos deja en claro que la actuación de los campesinos no impidió «la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos». ¿Cómo se puede hablar de boicot si es imposible transportar la cosecha?

Los productores no solo ejercieron lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución, sino también en el artículo 112, que habla de la libertad económica. Además, siguieron el ejemplo de sus pares europeos, quienes arrojan sus cosechas como manera de protestar contra los bajos precios o la competencia desleal. Una revisión muy superficial por internet permitió hallar casos en España en 2011, 2017, 2020 e incluso este mismo año.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El caso de los campesinos andinos revela varias cosas: por un lado, que el ejercicio del derecho a la protesta en Venezuela sigue teniendo un costo elevado para los ciudadanos, por el otro, que la tolerancia de las autoridades ante las voces críticas sigue siendo tan baja como siempre. También muestra que no hay separación de poderes en Venezuela al pronunciarse al respecto una diputada de la AN y dar órdenes al Poder Judicial sobre qué hacer en este caso desde el partido de Gobierno al que ella pertenece.

Sin embargo, debe decirse que en este caso la justicia actuó bien y liberó a los campesinos que simplemente ejercían su derecho a la protesta frente a una situación que no es su responsabilidad, sino del Estado venezolano y, sin duda, los está afectando de manera muy grave.

29 de junio 2023

https://accesoalajusticia.org/derecho-protesta-entredicho-caso-campesino...

En todos los niveles y modalidades del sistema educativo del país, el tema de conversación entre obreros, empleados y docentes, está relacionado con el pago de las bonificaciones contractuales destinadas al disfrute de sus vacaciones. Todos, sin excepción, recuerdan el desagradable momento que vivieron cuando el régimen de Nicolás Maduro ordenó el año pasado, en forma burlista, que el pago se hiciera en “clave de Fa”, lo que significaba “Fraccionado y Aplanado” y así se hizo, lo que desencadenó múltiples protestas a nivel nacional.

Para su irresponsable decisión, el régimen puso en práctica una normativa especial que la bautizó como el “Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas”.

Esta norma, creada en marzo pasado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), adscrita al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, especifica criterios para aplicar el incremento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro en el primer trimestre de 2022, desaplicando los contratos colectivos vigentes y estableciendo unilateralmente un tabulador de beneficios que reduce el salario integral de los trabajadores entre 40 y 70%, lo que violenta al menos media docena de disposiciones constitucionales.

Los sindicatos y gremios de educación denuncian que el instructivo viola acuerdos de las convenciones colectivas vigentes y disminuye los montos de las bonificaciones. Por ejemplo, no toma en cuenta la antigüedad del personal, recortó las primas, contravino los acuerdos de las convenciones colectivas en materias como bonos para uniformes y días festivos, modificó el criterio de las inter-escalas salariales, ignorando los distintos porcentajes de cálculos para salarios, según el tipo de personal, grado y nivel, modificó unilateralmente la manera de calcular los beneficios, como las bonificaciones por antigüedad y las primas de especialización o profesionalización, por uniformes y por hijos, los docentes ya no recibirán un pago equivalente al 30% de su salario por tener una licenciatura, sino de 25%; quienes tenían maestrías ya no ganarán una asignación mensual equivalente a 50% de su sueldo, sino de 35%; y aquellos con doctorados pasaron de percibir 60% de bonificación a 40%.

Para cuidar sus espaldas y mantener las ilegales normativas, el régimen procedió a tomar sus decisiones en reuniones solo con organizaciones afectas, creadas bajo el concepto de paralelismo sindical y dejo por fuera a grupos gremiales legitimados para participar, representar y defender los derechos e intereses al menos de los profesores universitarios. Por ejemplo, a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) no se le permitió participar en esos espacios de discusiones y decisiones gremiales.

A un año y tres meses de esa arbitraria e ilegal imposición de una normativa por parte del régimen, a través de la ONAPRE, los trabajadores del sector educativo nuevamente sufrirán, en carne propia, la reducción de sus beneficios laborales. Toca en el mes de julio de este año 2023 el pago del bono vacacional que, al mantenerse congeladas las tablas salariales, el cálculo de los montos del bono será similar al del año 2022.

De mantener el mismo pago, se va a producir una pérdida económica superior al 85% con relación al año pasado. En aquel momento del 2022, el dólar tenía una cotización de 4,38 bolívares por unidad y ahora el dólar está en aproximadamente 30 bolívares por unidad, lo que representa un incremento del 93% en el valor del dólar y un detrimento igual del valor del bolívar.

Un ejemplo concreto puede ayudar a la comprensión de los problemas que giran alrededor del bono vacacional: un profesor titular recibió (Fraccionado y Aplanado), en el 2022, aproximadamente 3.500 bolívares que, a un dólar cotizado en ese momento en 4.38, correspondía aproximadamente a 800 dólares de bono vacacional. Ahora en el 2023, con la congelación de los contratos colectivos y la aplicación de la normativa ONAPRE va a recibir el mismo monto de 3.500 bolívares, pero ¡¡¡con un dólar a 30!!!lo que se traduce en que solo va a recibir 116 dólares de bono vacacional, lo que representa una drástica reducción de sus beneficios en más del 85%.

Este hecho, arbitrario e ilegal, vulnera disposiciones constitucionales como el derecho al trabajo, el principio de progresividad de los derechos humanos, la reserva legal, la suficiencia del salario y la libertad sindical, entre otros. Asimismo, la naturaleza del acto es de dudosa legalidad, pues la resolución de la Onapre es un acto administrativo dictado por un organismo que tiene como competencia elaborar el presupuesto nacional y ayudar a la Oficina Nacional del Tesoro a ejecutarlo, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. La Onapre no está facultada en ningún caso para decidir temas como las remuneraciones del personal de la administración pública; eso es potestad de los departamentos de personal y recursos humanos de los distintos organismos.

Además, el momento requiere una posición clara y determinante de los directores de escuelas y liceos, de los rectores y consejos universitarios y de las organizaciones gremiales estudiantiles, obreros, empleados y docentes en la denuncia y reclamo de este nuevo robo de los derechos laborales de los trabajadores.

Pudiéramos comenzar, solicitando que en la elaboración de las nóminas se incorpore en los cálculos de la Bonificación Vacacional 2023 la incidencia del Bono de Guerra Económica. El Bono de Alimentación (Cesta Ticket) o Bono de la Salud en el caso del personal jubilado y pensionado. Y continuar nuestra protesta en las calles del país hasta lograr un cambio de gobierno que se desempeñe en el marco de la Constitución y las Leyes y el respeto a los Derechos Laborales de los Trabajadores.

Los nuevos inquisidores (1)

Es sorprendente como la aparente libertad de pensamiento y expresión alcanzada en las democracias occidentales ha ido perdiendo grados de cohesión y validez hasta quedar como una prerrogativa muy disputada. La censura del pensamiento es un hecho que viene de muy antiguo, al punto de que una de las versiones del mito de Adán y Eva cuenta que fueron castigados porque comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal para alcanzar el conocimiento y ser como dioses. La libertad de pensamiento siempre ha encontrado obstáculos en la religión, y particularmente en la cristiana ha chocado con el dogma; es decir, aquello que se establece como conjunto de verdades irrefutables porque así han sido determinadas por los Padres de la Iglesia.

Suena muy antiguo lo que estoy diciendo y lo es, como también el enfrentamiento entre fe y ciencia, todavía vigente en Estados Unidos donde algunas escuelas primarias solo enseñan el creacionismo y excluyen la teoría evolucionista. Instituciones como el tribunal de la Inquisición parecieran pertenecer al pasado remoto, a oscuras cavernas dignas de El nombre de la rosa de Umberto Eco, El hereje de Miguel Delibes, o El Santo Oficio del cineasta Arturo Ripstein, pero es solo apariencia. La pasión por la persecución de la libertad es insaciable y universal, y paradójicamente con frecuencia se instala en las mentes más preclaras; a modo de mínima guía vale la pena leer Pensadores temerarios. Los intelectuales en la políticade Mark Lilla y La traición de la libertad. Seis enemigos de la libertad humana de Isaiah Berlin.

Viene todo esto a cuenta de que, cuando ya no parecía que nos amenazaba el riesgo de topar con la Iglesia, como decía Alonso Quijano, ahora hemos chocado de frente con la política de identidades. Las iglesias, al fin y al cabo conforman un adversario definido, pero los defensores de la religión de las identidades resultan ubicuos, anónimos, masivos, habitantes de las universidades, las editoriales, los medios de comunicación, las redes sociales, los partidos políticos, y cualquier otro recinto humano con cierto poder inquisitorial, es decir, el de juzgar y condenar sin derecho a la defensa. Solo cabe que el reo pida perdón y se arrepienta. Luego se observa su conducta durante algún tiempo, y si se ha portado bien puede ser readmitido en el seno de aquello de lo que fuera expulsado. Habrán observado que primero hablé de ‘política de identidades’ y más abajo de ‘religión de las identidades’; es un deslizamiento deliberado porque, en mi opinión, y haciendo uso de la libertad de pensamiento y expresión que me atribuyo, la política de respetar las diferentes identidades que los humanos podemos tener o querer tener, se ha ido convirtiendo sin prisa y sin pausa en una nueva religión que nos indica cómo pensar, actuar y hablar.

Escuché hace poco una interesante conferencia que Judith Butler leyó en Madrid. El pensamiento de esta muy reconocida teórica del género, especialmente considerada como fundacional de la teoría queer, no es de fácil comprensión, y para mí se añadió un obstáculo: la traducción del inglés a la neolengua del español inclusivo. Los intérpretes no perdonaron ni una sola vocal que oliera a masculino (en español, la ‘o’), pero como tampoco todo puede ser femenino (es decir, la ‘a’), el recurso fueron las vocales aparentemente neutras como la ‘e’. Cuando comenzó la conferencia creí que estaban traduciendo al catalán, yno es un chiste. Hasta ahora había supuesto que, en tanto las lenguas latinas declinan el género, esto constituía una ventaja porque lo masculino y lo femenino, e incluso lo neutro (hoy, no binario), se alternaban en los sustantivos y adjetivos, a diferencia de las lenguas anglosajonas, siendo la más conocida para nosotros el inglés, en las que todo queda subsumido en una sola forma genérica, con la mínima excepción de los pronombres personales (he, she). Esto hace que no podamos saber en una lectura el género de las personas del verbo hasta tanto aparezca el pronombre, o en algunos casos el nombre propio, pero no en todos ya que los nombres propios en otras lenguas no siempre indican claramente el género. Además, en inglés los animales son de género neutro, a diferencia de las lenguas latinas en las que hay perritos y perritas. Y tampoco hay diminutivos o aumentativos de modo que es necesario recurrir a los adjetivos o a las descripciones para decir perrazo. Y ni hablar de perrada o de perreo. En fin, un lío.

No tengo ninguna duda en cuanto a que el masculino genérico y universal anula la presencia femenina, y me molesta mucho escuchar o leer frases como ‘los hombres buscan la libertad’ o ‘el director de la empresa, la señora García’, pero hay fórmulas mejores que las que violentan la gramática y crean una suerte de neolengua, como dije arriba, o peor, una forma paródica y hasta ridícula de expresión que personalmente me niego a usar. El académico y poeta venezolano Luis Miguel Isava propone utilizar ‘personas’ para referirse a un grupo compuesto por sujetos humanos masculinos y femeninos, lo que yo venía haciendo espontáneamente, pero ahora con el apoyo de un estudioso de la lengua, así como también utilizo a veces la repetición de los y las. Pero el género ‘e’ no lo acepto, así tenga que devolver la medalla de la Orden Josefa Camejo que honrosamente recibí del Centro de Estudios de la Mujer y el vicerrectorado de la Universidad Central de Venezuela.

Los nuevos inquisidores (y 2)

“El problema es que si la sociedad, la venezolana o cualquier otra, se compone predominantemente de sectores o comunidades, podemos acercarnos a la peligrosa anulación de la ciudadanía, cuya denominación ha venido desapareciendo porque desde 1998 el discurso político tuvo la intención de eliminar la palabra y, por tanto, el concepto”.

Cuando se conformó la Comisión Nacional de Primarias el pasado noviembre me llamó la atención un tuit que señalaba la ausencia de trabajadores, comunidad LGBTIQ+, afrovenezolanos, dirigentes comunitarios y comunidades indígenas. Otro tuit comentaba que su composición era claramente elitesca, blanca y caraqueña. Es decir, cuestionamientos que no apuntan a la pertinencia o competencia de los comisionados sino a la presencia o ausencia de determinados grupos identitarios (quiero pensar que nada decían acerca de la relación entre hombres y mujeres conformantes de la Comisión, no porque no les pareciera relevante sino porque la cuota masculina es de 60% y la femenina de 40%, lo que para los tiempos que corren resulta bastante aceptable).

El tema no es de fácil solución, porque la inclusión de las minorías es sin duda un avance de la democracia y no puede apartarse de un manotazo con argumentos anti-cuotas. El problema es que si la sociedad, la venezolana o cualquier otra, se compone predominantemente de sectores o comunidades, podemos acercarnos a la peligrosa anulación de la ciudadanía, cuya denominación ha venido desapareciendo porque desde 1998 el discurso político tuvo la intención de eliminar la palabra y, por tanto, el concepto. La ciudadanía es lo único que nos reúne y nos incluye a todos, ese trámite ante el Saime que tantas quejas produce, ese acto de decir, esta es mi identidad y así debe ser reconocida en toda la República, es la principal defensa frente a la atomización del país que desde entonces nos ha venido maltratando. No es, por cierto, un asunto local sino presente en muchas de las sociedades contemporáneas y plantea el dilema de cómo compaginar y equilibrar la comunidad imaginada que es la nacionalidad con los intereses sectoriales de las minorías. Por suerte en Venezuela coexisten pacíficamente las identidades regionales, pero hay muchas otras (cito en orden alfabético): educacionales, clasistas, culturales, etarias, étnicas, sexuales, raciales, religiosas, vinculadas con las discapacidades, y seguramente algunas más que no me vienen en este momento.

“La ciudadanía es lo único que nos reúne y nos incluye a todos, (…) es la principal defensa frente a la atomización del país que desde entonces nos ha venido maltratando”

De alguna manera la identidad, mayoritaria o no, es un reflejo en el que todos queremos vernos. Cuando se conforma un grupo por la razón que sea, sin que me lo proponga mi mirada establece cuántas mujeres lo componen, y la razón es muy sencilla: las mujeres hemos sido las grandes excluidas en la historia, y aunque no lo crean, lo seguimos siendo, pero eso es tema de otra discusión. De la misma manera, la mirada de quien se considere racializado, es decir discriminado por no ser completamente blanco (palabra complicada porque los hispanoamericanos ‘blancos’ no son considerados como tales en algunos países), buscará sin proponérselo cuántos otros son como él o ella, y su ausencia lo llevará inevitablemente a concluir que la selección ha sido discriminatoria. Igual puede decirse en el ámbito religioso. Es decir, cuando no nos vemos representados inmediatamente nos sentimos excluidos, y a veces es así, y otras no.

Sin embargo, no he llegado a lo que me quería referir desde el principio, y es el modo inquisitorial con que se manejan las diferencias de identidad. La señalización de que alguna comunidad o sector está ausente en determinada agrupación es ya suficiente motivo para adjudicar una intención discriminatoria en la omisión, y en tanto que los grupos pueden ser muy numerosos es prácticamente imposible que se nombren colectivizaciones en las que no haya alguna ausencia. Pero también se produce otra situación en cierta forma opuesta, y es que no solo se peca por omisión sino por mención indebida. Recuerdo tiempo atrás que, dictando un curso breve de literatura, una de las participantes me criticó por haber escogido a un escritor ‘tan machista’ para ejemplificar algunos de mis comentarios. Y esa acusación no era sino el principio de lo que se ha convertido en una vigilancia moral del discurso. Es necesario tener muy en cuenta quiénes están libres de polvo y paja para no caer en el anatema de los nuevos jueces morales, atentos a supervisar si nuestros gustos, preferencias o simples referencias son ortodoxas. Y como los jueces provienen de distintos, y a veces contradictorios bandos, es casi labor de equilibrista poder evadir los golpes.

https://www.anateresatorres.com/2022/11/los-nuevos-inquisidores-i/

https://www.anateresatorres.com/2022/12/los-nuevos-inquisidores-y-2/

Los trabajos que tendrán mayor demanda en el futuro ya están aquí.

Pese a los temores de que el desarrollo tecnológico terminará aniquilando gran parte de los empleos, expertos proyectan una fuerte aceleración en el surgimiento de nuevas oportunidades laborales.

“Todos hemos visto lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa y lo rápido que se está adoptando en varias industrias", dijo Saadia Zahidi, directora gerente del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) y jefa del Centro para la Nueva Economía y Sociedad de la organización.

Aunque las dos profesiones emergentes con mayor proyección de crecimiento en los próximos cinco años son los especialistas en inteligencia artificial y los expertos en aprendizaje automático, según el WEF, también se perfilan otras oportunidades de expansión laboral.

Por ejemplo, un aumento de las contrataciones de expertos en sustentabilidad ambiental o de operadores de equipos agrícolas, trabajos que forman parte del top 10 de los empleos que tendrán mayor demanda en los próximos cinco años.

Estas proyecciones fueron hechas por la organización con sede en Suiza, a partir de una detallada encuesta hecha a 803 grandes compañías que emplean a más de 11 millones de personas en 45 economías de todas las regiones del mundo.

El análisis arrojó que casi el 75% de las firmas encuestadas estima que adoptará la inteligencia artificial en su negocio.

Y sobre el impacto tecnológico en los puestos de trabajo, los empleadores de las grandes compañías estiman que se crearán más trabajos de los que se van a perder en los próximos cinco años.

Estos son los 10 trabajos con el mayor potencial de crecimiento entre 2023 y 2027, según el estudio del WEF.

1. Especialista en inteligencia artificial y experto en aprendizaje automático

Su misión es lograr que las computadoras puedan simular el pensamiento humano.

El especialista en inteligencia artificial construye sistemas informáticos complejos que pueden pensar como personas y resolver problemas complejos.

Su foco está puesto en que el sistema de inteligencia artificial pueda resolver problemas, responder preguntas y completar tareas que normalmente realizan los humanos.

Por lo tanto, el sistema debe ser capaz de operar de forma totalmente autónoma, como una inteligencia independiente a la que se le pueden suministrar varios conjuntos de datos para que los analice y saque sus propias conclusiones.

En cambio, el experto en aprendizaje automático busca ayudar a los sistemas de inteligencia artificial a resolver un problema en particular de manera más eficiente. No es su objetivo resolver una gran variedad de problemas en forma paralela.

Mientras el científico dedicado a la inteligencia artificial trabaja en crear una inteligencia independiente que pueda resolver muchos problemas complejos, el experto dedicado al aprendizaje automático busca ayudar a los sistemas de inteligencia artificial a llegar a conclusiones más precisas y rápidas para un solo problema.

Ambos pueden aplicar sus conocimientos en todo tipo de industrias y aunque muchas veces comenzaron estudiando ciencias informáticas, también pueden haberse especializado tras estudiar matemáticas, estadística, u otras ciencias relacionadas.

2. Especialista en sostenibilidad ambiental

Trabaja con las empresas para que logren sus metas de sustentabilidad ambiental.

Es un consultor cuyas responsabilidades cambian según la organización para la que trabaje. Puede dedicarse, por ejemplo, a gestionar proyectos para disminuir emisiones contaminantes, reducir el consumo energético o participar en el desarrollo de políticas ambientales en los planes de inversión.

Como su campo laboral es tan amplio, no existe un “camino único” para convertirse en un especialista en sustentabilidad.

Si bien este tipo de especialista suele tener estudios relacionados con ciencias ambientales, requiere habilidades para recolectar y analizar datos, identificar problemas y proponer soluciones que sean útiles para la empresa.

3. Analista de inteligencia comercial

Un analista de inteligencia comercial (BI, por sus siglas en inglés) estudia conjuntos de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones comerciales.

Procesando una inmensa cantidad de información, el analista identifica puntos vulnerables y propone cambios para mejorar la eficiencia y la productividad de la empresa.

Por lo general, estudia los procesos dentro de la compañía, revisa métricas, analiza datos de la industria y los competidores, identifica oportunidades y propone cómo enfrentar los desafíos comerciales.

Es un profesional que mezcla conocimientos del área informática, la ciencia de datos, estadística, administración de empresas, economía y otros campos relacionados.

4. Analista de seguridad de información

Las empresas están expuestas a la filtración de datos confidenciales de su negocio o de sus clientes, incluidos los números de tarjetas de crédito, contraseñas e información privada de cientos de millones de usuarios.

El analista de seguridad de información se dedica a proteger de ciberataques a las redes informáticas, los sistemas, las bases de datos y cualquier tipo de información sensible.

Para eso, el profesional trabaja en un equipo diseñando, adaptando, vigilando, actualizando sistemas de defensa y respondiendo a los ataques.

Quienes comienzan a desarrollar una carrera requieren tener al menos una licenciatura en ciencias de la computación o, por ejemplo, ingeniería informática. Dependiendo del país, existen certificaciones específicas en seguridad cibernética.

5. Ingeniero FinTech

La industria de la tecnología financiera es uno de los ecosistemas de software de más rápido crecimiento en el mundo.

Este tipo de ingeniero está especializado en finanzas tecnológicas, como por ejemplo, la banca inteligente basada en inteligencia artificial, la gestión de sistemas relacionados con la satisfacción de los clientes dentro del mundo financiero, el procesamiento de pagos digitales, las transacciones transfronterizas basadas en criptografía, la gestión de activos digitales, o el análisis de datos para la gestión de riesgos.

Suele estudiar ciencias de la computación y se especializa en FinTech, y adquiere conocimientos de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Maneja diferentes lenguajes de programación, como JavaScript, Python, Ruby, PHP, HTML y CSS. Trabaja con grandes bases de datos y plataformas en la nube.

6. Analista de datos y científico de datos

A primera vista, el trabajo de estos dos profesionales podría parecer bastante similar.

Ambos buscan tendencias o patrones en los datos que sean útiles para sus clientes.

La diferencia es que el científico tiende a tener más responsabilidad y, por lo tanto, suele estar ubicado en un nivel de mayor rango.

El científico trabaja en formular sus propias preguntas sobre los datos o desarrollar modelos utilizando aprendizaje automático, mientras que el analista apoya a los equipos que ya tienen objetivos establecidos.

Muchos científicos de datos pueden comenzar sus carreras como analistas o estadísticos. Cualquiera sea el caso, los dos profesionales tienen la habilidad de extraer información significativa e interpretarla.

Y ambos desarrollan habilidades en el terreno de las estadísticas y la programación avanzada.

Otro profesional que forma parte de este tipo de especialistas es el ingeniero de datos, quien maneja cantidades exponenciales de datos y desarrolla infraestructuras digitales para transformarlos y transferirlos.

Harvard Business Review considera que la ciencia de datos es actualmente y será en el futuro el trabajo más apetecido, así como las profesiones relacionadas con el área.

7. Ingeniero en robótica

Ayuda a crear sistemas robóticos que se utilizan para realizar tareas humanas y no humanas.

Este ingeniero diseña prototipos de sistemas robóticos, construye, mantiene y repara las máquinas, además de realizar investigaciones y desarrollar nuevas aplicaciones para los robots existentes.

Los robots que diseña son utilizados con propósitos que van desde explorar otros planetas, mejorar procedimientos quirúrgicos en hospitales o la forma de producción en una fábrica de autos.

El primer paso para desarrollar esta carrera es estudiar una licenciatura en robótica y a partir de esos conocimientos seguir un camino de especialización que puede estar centrado en el área informática de la robótica o en el diseño de componentes que requieren habilidades relacionadas con ingeniería mecánica o ingeniería eléctrica.

8. Ingeniero en electrotecnología

Se dedica a diseñar y dirigir el funcionamiento de sistemas, componentes, motores y equipos electrónicos, eléctricos y de telecomunicaciones.

Está a cargo de los sistemas de control para monitorear el desempeño y la seguridad de todos los sistemas eléctricos y electrónicos de una empresa.

Sus conocimientos le permiten trabajar en distintos tipos de sistemas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

También puede establecer estándares de control para monitorear el desempeño y la seguridad de los sistemas eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones.

La ingeniería en tecnología es un término amplio que incluye profesionales especializados, como ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos e ingenieros de telecomunicaciones.

Estos profesionales trabajan con técnicos en cada una de las áreas de especialización.

9. Operador de equipo agrícola

Su principal función es manejar maquinaria para apoyar las actividades agrícolas, como labranza del suelo, plantar, cultivar y cosechar cultivos, alimentar y pastorear animales, eliminar sus desechos.

También puede realizar tareas como empacado, irrigación, conducción de vehículos, o aquellas relacionadas con el manejo de equipos utilizados después de la cosecha para descascarar, trillar o desmontar.

Además de tractores, pueden operar esparcidores de fertilizantes o camiones, manejar cintas transportadoras, máquinas de carga, separadores, limpiadores y secadores.

Son fundamentales en las labores del campo para que el trabajo funciones de manera eficiente.

10. Especialista en transformación digital

Como la evolución tecnológica avanza a una velocidad sin precedentes, el especialista en transformación digital es un profesional clave en las empresas para aprovechar las herramientas disponibles y desarrollar su negocio.

Es por eso que este profesional requiere “sumergirse” en la compañía para la cual está trabajando, entender lo que necesita y desarrollar un plan de transformación digital.

Forma parte de un equipo de expertos que realizan tareas como actualizar las tecnologías existentes de la compañía, adquirir nuevas, entrenar a los trabajadores de la firma, colaborar en la transición hacia distintos flujos y modelos de trabajo adaptados a las nuevas herramientas tecnológicas.

El especialista en transformación digital puede partir estudiando carreras como tecnología de la información, ciencias de la computación o algo relacionado y luego especializarse.

27 de junio 2023

BBC News

https://www.bbc.com/mundo/articles/c2qglz0641lo