El pasado 17/04/2023 el Rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL decidió suspender las actividades en el gimnasio “Manuel Gallegos Carratu” del Instituto Pedagógico de Caracas IPC, pues la instalación no estaba en condiciones para seguir siendo usada hasta que no se lograra su reparación. Esta decisión fue reclamada por los socios del Club de Baloncesto “Spartan” quienes alegan tener un contrato firmado con las autoridades del IPC para el uso de la referida instalación, en la cual, según sus palabras, ya han invertido más de 25.000 dólares en reparaciones. Esta situación, motivó una reunión entre las partes (Rectoría/representantes del club) en la cual salieron a relucir los elementos jurídicos que rodeaban ese supuesto convenio mal llamado “contrato” por algunos:

-En primer lugar, es importante precisar que el Director Decano del IPC firmó un documento pasando por encima de las normas establecidas en el Reglamento General de la UPEL que faculta solamente al Rector como el único ente que puede comprometer a la universidad. En consecuencia, si el documento presentado no tiene la firma del Rector de la UPEL lo firmado es nulo de toda nulidad. Es bueno recordar que, la nulidad de un contrato se da por existir algún vicio en el mismo por parte de alguno de los contratantes.

-El gimnasio “Manuel Gallegos Carratu”es un aula de clases que solo se puede utilizar en otras actividades complementarias una vez que se hayan cumplido las actividades docentes pautadas en él. No puede pretender un club privado o externo a la universidad transformarse en el usuario exclusivo de la instalación en detrimento de la actividad académica establecida en esa instalación.

-Si se ha invertido una cantidad de dinero en supuestas reparaciones lo más importante en este momento es presentar todos los soportes relacionados con este hecho para la respectiva rendición y aprobación de cuentas por los organismos administrativos y contralores de la universidad.

Lejos de llegar a un acuerdo en esa reunión, los representantes del club “Spartan” se retiraron de la misma y procedieron a introducir en los tribunales una demanda contra la UPEL-IPC por el supuesto delito de “Haber dejado a 460 niños, niñas y adolescentes sin sus entrenamientos deportivos, al proceder a cerrar el gimnasio cubierto “Manuel Gallegos Carratu”.

El martes 31 se cumplió lo que pudiéramos llamar “El show de la Audiencia Express” con la presencia de más de 40 niños con sus representantes, un fiscal del Ministerio Publico, un fiscal de la LOPNA y un fiscal del Pueblo. Después de nueve horas y media de audiencia, durante las cuales la juez desestimó todas la pruebas y alegatos presentadas por los representantes de la UPEL, el tribunal en una sola jornada admitió y sentenció el recurso a favor del Club Spartan bajo los siguientes dispositivos:

1) se declara con lugar el Amparo

2) en términos de 12 horas, se ordena retirar los candados de la puerta del gimnasio

3) en compensación y para restablecer las actividades deportivas tendrán 16 sábados continuos a partir de las 8 am para entrenar, sin límites de horario

4) el club hará las reparaciones necesarias “dependiendo de su alcance presupuestario y dejó en claro la juez que tampoco es que van a reparar todo el gimnasio”

La juez en su “imparcial” decisión dejo de lado que la referida instalación es un aula universitaria, dejo de lado el principio de la autonomía universitaria, dejo de lado a los estudiantes de Educación Física que tendrán 16 semanas sin poder usar el gimnasio y dejo de lado la inexistencia de contrato alguno por la ilegalidad del documento presentado al no tener el mismo la firma del Rector única persona autorizada para comprometer los bienes de la universidad.

Igualmente hay que señalar que la referida sentencia es a todas luces inaplicable. No puede quedar sin clases los estudiantes de Educación Física durante el lapso de 16 semanas. Este hecho vendría a representar una intromisión inaceptable de un sector privado en el desarrollo académico autonómico de la universidad.

Toca ahora a los distintos sectores de la comunidad universitaria (obreros, empleados, estudiantes y docentes) fijar posición ante este intervencionismo judicial de la autonomía universitaria. El Consejo Universitario debe fijar posición al respecto y en primer lugar proceder de inmediato a apelar la decisión del tribunal. Las organizaciones estudiantiles acompañados por sus profesores realizar clases magistrales en el Gimnasio “Manuel Gallegos Carratu”.

También, es de importancia capital que el Consejo Universitario elabore una clara normativa que regule la firma de alianzas o convencimientos con terceros para el uso de las instalaciones universitarias. No puede seguir permitiéndose la firma oculta de contratos que lesionen la autonomía universitaria o que propendan al manejo particular no transparente de los recursos provenientes de esos contratos. La Oficina Nacional de Convenios de la UPEL debe en lo inmediato presentar un Informe sobre los contratos, alianzas o convenios firmados en los distintos núcleos de la universidad y la distribución de los recursos económicos producidos.

La intolerancia, dicen, es parte de la historia humana. Nos inventamos diferencias que traban la convivencia social, mediante un menú variado de prejuicios que incluyen el machismo, la xenofobia, la homofobia, el extremismo religioso, la gordofobia, además de otras formas de discriminación que reciben menos atención y se vuelven casi invisibles como, por ejemplo, la glotofobia, un sesgo absurdo del que recién me entero, que lleva a juzgar a las personas a partir de la variedad lingüística.

La segregación racial

Del repertorio que recoge las discriminaciones, el racismo ocupa un lugar muy destacado, se trata de una de las más poderosas prácticas de humillación. A pesar de los esfuerzos por reducir sus efectos, sobrevive permeando las relaciones sociales, considerando inferior a quien lleva ciertos rasgos, asumiendo, sobre todo, que el color de su piel lo ubica en el escalón más bajo de la especie humana. En síntesis, la segregación sería, entonces, obra de la biología, no del entorno social, a pesar de que desde la ciencia se establece un tronco común conforme lo indica la denominada “genética de las poblaciones”, una disciplina que ha identificado la existencia de una cepa original y el tiempo en que, a partir de ella, se han ido produciendo las mutaciones.

Como bien dijo Nelson Mandela, “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. La gente aprende a odiar. También se le puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario”.

El racismo semeja una epidemia global, agravada por las crecientes migraciones originadas por las complejas crisis que sufre el planeta, obligando a un gran número de personas a huir de sus lugares de origen con la pretensión de iniciar una nueva vida en otros sitios que son culturalmente disímiles y que son propensos en diversos grados, a la exclusión y a la sumisión por motivos raciales

El caso de Vinicius

Su acta de nacimiento indica que se llama Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, conocido en la cancha como Vinicius JR. Es brasileño, cuenta con apenas 22 años, ya está incluido en la lista de los mejores jugadores del planeta y hay quienes lo perfilan con posibilidades de entrar a figurar junto a los más grandes de la historia del balompié. Fue fichado por el Real Madrid por una buena cantidad de millones de dólares y actualmente se cotiza quien sabe en cuantos más.

Hace poco le toco ser la figura central de un episodio que viene hablando muy mal del futbol desde hace unas cuantas décadas. Fue protagonista de un hecho que, literalmente hablando, le dio la vuelta al mundo. Resultó víctima de una agresión racial, que comenzó cuando se bajaba del autobús que llevaba el equipo merengue al Estadio de Mestalla, sede del Valencia F.C, y continuó con más intensidad desde las tribunas, en el transcurso del partido.

Las cámaras captaron el jugador llorando en una mezcla de rabia, tristeza e indignación. Declaró que en “En cada partido fuera de casa hay una sorpresa desagradable. Deseos de muerte, un muñeco ahorcado, muchos gritos criminales”. Los fanáticos contrarios se valen del tono de su piel para insultarlo, cosa que, por cierto, ocurre en un deporte que es cada vez más multiétnico, como lo demostró el Mundial de Quatar y diariamente lo enseña la Liga Europea.

Vinicio Jr, lleva consigo, como tatuaje, una frase pronunciada por Bob Marley, famoso cantante jamaiquino, muy aficionado al fútbol, por cierto. Fue un mulato, hijo de un capitán de la marina con ascendencia inglesa, y de una escritora jamaiquina y como tal padeció la discriminación desde pequeño. La frase advierte que “Mientras que el color de piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra”.

La Casa ¿Común?

A propósito de todo lo anterior, recordemos que Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos determina que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bajo esta declaración se han creado organizaciones y normas que, aunque ciertamente han mejorado la situación, no han conseguido impedir que el racismo permanezca dentro del amplio abanico de discriminaciones.

No terminamos, así pues, de asumirnos como terrícolas y aprender a convivir en la Casa Común, ni siquiera, en estos momentos, permítaseme esta breve digresión (que no lo es tanto), en los que se está cuarteando y abundan las goteras. En efecto, informes recientes advierten que se están sobre pasando los límites fijados con relación a ciertos factores (el agua dulce disponible, el área natural que se conserva, los niveles de contaminación, la capa de ozono, el cambio climático, en fin), poniendo en jaque, no es exageración, la vida en el planeta. No es cuestión, así pues, de echarle una capa de pintura, sino de revisar los códigos con base a los cuales nos desempeñamos como especie.

En fin, no nos percibimos como vecinos cercanos, a los que nada de lo que les acontece, es “afuera”. Observemos, si no, las señales que se envían desde la geopolítica: cada país amenazando al otro con su bombita nuclear en el bolsillo trasero.

El Nacional, miércoles 7 de junio de 2023

«El que se cansa, pierde». En el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han hecho suya esta frase para lidiar con aquellas solicitudes que pueden resultar incomodas para los intereses del Gobierno y de sus aliados. El máximo juzgado, en particular su Sala Constitucional, usa figuras legales como la perención de instancia, la pérdida del interés procesal o el abandono del trámite para desechar sin responder distinto tipo de acciones bajo la excusa de que sus accionantes no mostraron interés en ellas, porque luego de presentárselas no les pidieron que las resolviera.

El uso de estas figuras le permite a la intérprete de la carta magna despachar numerosos asuntos sin emitir ningún tipo de opinión sobre ellos. Acceso a la Justicia contabilizó que de las 678 decisiones que, en lo que va de año, ha publicado la Sala Constitucional, en 83 (12,24%) utilizó alguna de las fórmulas antes mencionadas.

La Ley Orgánica del TSJ, en su artículo 94, señala que «la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año por inactividad de parte actora, antes de la oportunidad de los informes o de la fijación de la audiencia, según el caso».

Por su parte, el abandono del trámite es mencionado en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales, y aunque el texto no define expresamente cuándo comienza a operar, la Sala ha establecido en su jurisprudencia que esto ocurre si el accionante no ha impulsado su petición por un lapso superior a los 6 meses desde que la interpuso, un criterio que reiteró apenas el pasado 16 de mayo en su sentencia n.º 516.

Hartando a los peticionarios

La Sala constitucional viene recalcando sistemáticamente lo siguiente:

«El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción, la cual puede ser declarada aún de oficio por no existir razones para que se movilice el órgano jurisdiccional». (sentencia n.° 335 del 28 de abril de 2023).

Sin embargo, en las últimos sentencias del TSJ se puede observar un nuevo elemento: una inacción que pareciera ser planificada o intencional, por definirla de alguna manera.

¿Qué supone esto? ¿Cómo opera? La Sala parece aguardar a que los demandantes se cansen de acudir ante ella para consignar escritos en los que les solicitan que resuelva sus casos y así cerrarlos. Acceso a la Justicia ha conseguido ejemplos recientes que corroboran esta afirmación.

El pasado 28 de abril, la Sala dictó su sentencia n.º 335 , en la cual declaró la pérdida del interés procesal y el abandono del trámite de un recurso por colisión de normas que los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) interpusieron en enero de 2015 contra lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes (Lopnna) y el 7 de la de Timbre Fiscal.

La instancia desechó la acción, la cual buscaba evitar que los padres siguieran pagando por los pasaportes de sus hijos, bajo el alegato de que perdió interés en obtener respuesta, pues «desde el 25 de enero de 2017 oportunidad en la cual, el abogado Carlos Trapani presentó ante la Secretaría de esta Sala, diligencia mediante la cual solicitó pronunciamiento en la presente causa, hasta la presente fecha, hubo una absoluta inacción de la parte actora en impulsar la causa».

No obstante, la Sala ignoró que Trapani, el abogado de Cecodap, acudió ante ella en ocho ocasiones desde el momento en que presentó su acción, pero sus peticiones no fueron atendidas. En todo caso, ya la referida ONG defensora de los derechos de los infantes anunció que acudió al TSJ a interponer un nuevo recurso.

Otro caso aún más evidente es el de la demanda de nulidad que un grupo de diputados de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2010 interpuso contra la decisión del anterior Parlamento de otorgarle al fallecido Hugo Chávez poderes especiales para legislar mediante Ley Habilitante. Los magistrados también enviaron este caso a la papelera sin revisar los alegatos de los denunciantes en la sentencia n.º 147, por considerar que ellos ya no estaban interesados en su pronunciamiento, pues durante más de un año no le pidieron que se los diera. Sin embargo, en el propio fallo se admite que entre abril de 2012 y febrero de 2020 los opositores le pidieron a la Sala en al menos 32 ocasiones que decidiera su caso.

Aprovechando cualquier descuido

Vencer por agotamiento a los justiciables no es la única estrategia que emplea la Sala Constitucional para desechar determinadas solicitudes sin emitir respuestas. Otra estrategia es aprovechar cualquier descuido o retraso en el que puedan incurrir los peticionarios.

El caso del recurso de nulidad por inconstitucionalidad que el abogado Emilio Urbina Mendoza interpuso en junio de 2013 contra trece artículos de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria es un ejemplo de ello. En la sentencia n.º 506, la Sala cerró el asunto alegando que el accionante pasó un año sin actuar en el expediente.

En el fallo se lee lo siguiente:

«De las actas que conforman el presente expediente, se verifica que entre las fechas 5 de noviembre de 2021 y 1 de diciembre de 2022, el demandante no realizó acto alguno en el proceso que demostrara su interés en la tramitación y decisión de la causa, situación que evidencia la ausencia de actividad procesal por más de un año».

No obstante, a diferencia de los ejemplos antes mencionados, en esta ocasión el peticionario continuó mostrando interés, pues entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 acudió en tres ocasiones para solicitar a la instancia un pronunciamiento, pero esas solicitudes fueron ignoradas.

Esta estrategia parece responder al hecho de que muchos de quienes acuden a la Sala Constitucional han asumido el endurecimiento de la postura de esta instancia respecto al desinterés procesal y acuden ante ella con más frecuencia.

La Sala Constitucional ya dejó en claro que la pérdida de interés puede manifestarse, en ocasiones:

«Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin».

Y también:

«cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia».

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Con su estrategia de despachar sin más temas espinosos y controversiales, la Sala Constitucional está renunciando a su rol de garante de la constitucionalidad y está dejando serias dudas sobre la legalidad de numerosas leyes, normas, resoluciones y actuaciones de los distintos órganos del Poder Público.

La actuación de la intérprete de la Constitución no hace más que confirmar que está alineada con los intereses del Gobierno y refuerza la desconfianza generalizada sobre la capacidad del Poder Judicial de ejercer sus funciones constitucionales.

8 de junio 2023

https://accesoalajusticia.org/agotar-paciencia-justiciables-estrategia-d...

Escribo estas líneas algo consternado por la ligereza con que muchos interpretan los resultados de las elecciones del 28 de mayo en España según referentes de la situación venezolana. En sus versiones extremas, el presidente Pedro Sánchez, dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sería expresión de una izquierda similar a la que sostiene hoy a Maduro. Peor aún, al aliarse con nacionalistas catalanes y vascos, busca destruir a la España “única e indivisible”. Merecidamente, fue derrotado por los amantes de la libertad. De ahí la alineación automática con la presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y con el partido VOX, de extrema derecha. No importa que aboguen por “aplanar” las particularidades de las distintas comunidades, limitando sus perfiles autonómicos, que nieguen la existencia de la violencia de género, desconozcan derechos de minorías, como el del colectivo LGTB+ y reivindiquen acciones propias del pasado franquista.

Tales apreciaciones, en mi opinión, malinterpretan (¿adrede?) las realidades de la política en España.

Una primera dificultad con la que tropieza un venezolano es entender la dinámica de su democracia parlamentaria, bastante disímil a la del voluntarismo presidencialista a que estamos acostumbrados, potenciado por el usufructo discrecional de una enorme renta petrolera. El Estado español vive de los impuestos y de algunas transferencias de la Unión Europea sujetas a políticas que hagan avanzar el proyecto liberal democrático compartido.

En España, además, gobiernan las mayorías parlamentarias, tanto a nivel nacional como en las comunidades autónomas y ayuntamientos, expresión de su descentralización política. Obliga a los partidos políticos a cuidar cada escaño, a responder a los intereses particulares de sus votantes y a buscar alianzas para asegurar una mayoría. Lleva a asumir –puede pensarse— conductas que podrían calificarse de oportunistas y a privilegiar asuntos que son secundarios. Y, ciertamente, puede criticarse la ausencia de una visión de Estado en torno a problemas centrales que deberían abordarse. Pero nadie puede negar la gran estabilidad –previsibilidad, confianza-- de que disfruta la democracia española bajo este esquema.

Pedro Sánchez desplegó la habilidad política requerida para labrar una alianza mayoritaria que le permitiese conformar gobierno en España. El PSOE no goza de mayoría para gobernar sólo. Pero tuvo que hacerlo con Podemos, un partido de izquierda universitaria, rígido en sus posturas, algunos de cuyos líderes han sido señalados de haber recibido dinero de Chávez. Sánchez había aseverado que no gobernaría con ellos. Cabe recordar que su primera opción fue buscar una alianza con Ciudadanos, un partido de centro. Pero no fraguó (ese partido está en vías de desaparición). Claramente estas marchas y contramarchas le abrieron un flanco vulnerable a la artillería política de fuerzas de derecha.

Por otro lado, todavía se percola en la política de España la partición remanente de su trágica guerra civil y de la larga dictadura de Francisco Franco. Recae la lucha partidista desde líneas enfrentadas, de izquierda – derecha, que hunden sus raíces en ese pasado, dificultando la construcción de consensos nacionales en torno a problemas de Estado.

Y ello entronca con un tercer problema de enorme importancia para el futuro de España, que es el desafío que representa fortalecer la unión en la rica diversidad de sus culturas y realidades. La España “única e indivisible” es un mito que sólo existió en la retórica nacional católica con que Franco impuso su cruenta dictadura central. La progresiva unificación de una diversidad de reinos que provocó la lucha por expulsar a los moros, impulsada por la intolerancia obstinada de la iglesia católica, fue relativamente reciente. Pero se registra la existencia de una cultura vasca desde épocas romanas. Las primeras referencias de lo catalán se remontan al siglo XI de nuestra era. Asimismo, lo que es hoy Galicia existió desde hace siglos como región en la cual se encontraba Portugal.

Lamentablemente, la disputa con los nacionalismos regionales se ha convertido en pasto de prácticas populistas a ambos lados de la contienda. Los que enfatizan la subordinación a un Estado central, como Partido Popular y Vox, saben que, al arremeter contra los nacionalistas, perderán simpatías entre quienes componen ese electorado (en Cataluña, unos 5,6 millones). Pero el mito de una España única e indivisible desde los visigodos les permite cosechar una cantidad mucho mayor de votos entre el resto de la población, de unos 35 millones. Partidos catalanistas y vascos, por su parte, capitalizan el sentimiento nacionalista invocando la pretensión de los partidos “centrales” de desconocer sus particularidades. Serán minoritarios dentro del conjunto de España, pero son mayoría en sus regiones. Criminalizar el problema lo que hace es alimentar aún más esta polarización. La solución, a favor de una España unida en su diversidad, tiene que ser política. Pero que estas realidades históricas y culturales sean subsumidas en la lucha entre intereses político-partidistas, no les quita autenticidad.

Lo cierto es que este encajonamiento de la política española no es lo mismo que enfrenta Venezuela. Si hay diferencias de política entre derecha e izquierda, pero siempre bajo el mismo techo compartido de la Unión Europea. Pedro Sánchez, lejos de atornillarse en el poder y arremeter contra las libertades al estilo de Maduro, inmediatamente convoca a elecciones. En vez de apelar a la represión, promueve el diálogo con los nacionalistas, logrando bajar sustancialmente la tensión del conflicto. En el marco de la política común europea, ha mantenido una postura crítica con el (des)gobierno de Maduro, si bien mostrando a veces algunas flaquezas (encuentro Ábalos-Delcy Rodríguez en Barajas).

Peor aún es proyectar el enfrentamiento en Venezuela a la política de Estados Unidos, que ha llevado a algunos compatriotas a alinearse fanáticamente con Trump. Desde luego, cada quien es libre de manifestar sus preferencias políticas, pero que tengan consciencia de que, en ambos casos (España y EE.UU.), lejos de defender la democracia, pueden estar aupando posturas bastante alejadas del ideal democrático-liberal. Notoriamente, Trump busca destruir el andamiaje institucional de la democracia para instaurar un mando autoritario. Es decir, lo más parecido a Chávez. Igual la intolerancia de VOX.

Esta obnubilación de visiones políticas en torno a un enfrentamiento entre derechas libertarias e izquierdas dictatoriales encuentra alimento en la irresponsabilidad de algunas figuras emblemáticas de la izquierda (¿?) latinoamericana. La ofensiva e insultante declaración de Lula, afirmando que la crítica a Maduro por violación de derechos humanos y otros atropellos es una narrativa inventada por sus enemigos, su coqueteo reciente con el dictador, así como las posturas equívocas asumidas por Petro en su trato con él, refuerzan claramente esa idea de una izquierda proclive al totalitarismo.

Lamentablemente, aquí sí parece operar una narrativa embustera, forjada con lo que queda de la mitología comunista --incluyendo la gesta de David contra Goliat con la cual algunos todavía pretenden visualizar ese esperpento de la revolución cubana--, hace saltar resortes de solidaridad automática con quienes, por asumir posturas contra los Estados Unidos, oprimen a sus poblaciones, sometiéndolas a prácticas crueles de represión, arremeten contra la libertad de expresión, se subordinan a intereses externos, entronizan mafias que roban y extorsionan amparadas en jueces corruptos, torturan, destruyen el ambiente y condenan a las mayorías a niveles inhumanos de miseria.

Nada más alejado de la defensa de la libertad, de la prosperidad según criterios de justicia social compartidos democráticamente, del aprovechamiento de los avances de la humanidad en aras de un mayor bienestar social, de la defensa del ambiente y de la promoción de la cultura que algunos, ilusamente, habíamos pensado constituyen ser de izquierda. ¡Qué bochorno Luis Ignacio Lula da Silva!

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

En la Venezuela de hoy está en juego si se renueva o no el liderazgo opositor, y si se promueve o no una movilización masiva de la ciudadanía antes del 2024, como parte de una estrategia de fortalecimiento de las capacidades de los demócratas para hacer que Venezuela desplace al régimen de Maduro y del Socialismo del Siglo XXI que la han sumido en la peor crisis de su historia.

Ningún actor con responsabilidad política en la Primaria ni con conductas proactivas ante esa disyuntiva es “políticamente neutro” o puede pretender ser visto como un “juez imparcial”.

Y es así como no son neutros los miembros de la CNP ni los son quienes opinan en favor o en contra de la participación del CNE con sus capta huellas en la Primaria.

Es un hecho que los dirigentes de partidos del G3, sus representantes en la CNP y sus voceros en los medios, son activamente contrarios a la idea de renovación del liderazgo opositor, y son partidarios de cualquier mecanismo que reduzca la posibilidad de una gran movilización en la Primaria, porque tal movilización actuaría en favor de aquella renovación para ellos indeseable.

En fin, no hay que presumir la deshonestidad de alguien que está parcializado por el protagonismo del CNE en la Primaria o que está contra la renovación del liderazgo opositor; después de todo, cada miembro de la CNP es un ciudadano con derecho a tener esas u otras posiciones.

Pero también quienes adversan esas posiciones tienen derecho a defender las suyas propias y a confrontar aquellas que les parecen sesgadas y negativas para los propósitos de la Primaria y del fortalecimiento de la Oposición.

En esos términos está planteada hoy la diferencia que existe entre quienes consideran necesario renovar el liderazgo opositor y provocar una movilización masiva con la Primaria, y quienes rechazan esas ideas.

6 de junio 2023

Estamos en un tiempo de definiciones. De asumir con verdadera responsabilidad los roles que desempeñamos y de definir ante el país, con claridad, cuáles son nuestras posiciones, sin ambages, ni rodeo.

El pasado viernes 2 de junio, mediante un breve mensaje publicado en las redes sociales, la Comisión Nacional de Primarias nos hizo saber que, ese mismo día, había decidió solicitarle al CNE del régimen, una reunión con la comisión técnica conjunta, a los fines de “ratificar y formalizar” lo que, hasta ese momento, ellos habían tratado con el CNE.

Señala ese comunicado, escuetamente que, “de confirmarse esas especificaciones, se solicitará la asistencia técnica para la organización de la primaria del 22 de octubre de 2023”.

¿Saben los ciudadanos qué es lo que la Comisión de Primarias ha venido tratando privadamente con el CNE y que ahora desea ratificar y formalizar?

Hasta ahora, los venezolanos solo sabíamos que el 13 de diciembre del año pasado, la Comisión había enviado una comunicación donde le solicitaba al CNE oficialista el uso de lo que es propiedad de todos los venezolanos: los centros electorales de votación y el registro electoral.

Esa solicitud fue rechazada por el CNE del régimen 4 meses después, manifestando en pocas palabras que: o se utilizaba el combo completo del sistema electoral chavista (máquinas, captahuellas, operadores y Plan República) o simplemente no se cedía lo que es propiedad de los venezolanos: el derecho al uso de los centros de votación y el Registro Electoral.

A pesar de esta tajante negativa, viene ahora la Comisión Nacional de Primarias a decirnos:
Uno, que ellos se han mantenido conversando con el CNE, al punto que ahora le piden “ratificar y formalizar” lo tratado; y, ¿qué ha sido lo tratado? y,
Dos, que, de confirmarse las especificaciones que se suponen tratadas privadamente con el CNE, ellos solicitarán la “asistencia técnica” para la votación del 22 de octubre.

¿Cuáles son esas especificaciones? ¿De qué trata la asistencia técnica que aplicará el CNE al proceso de primarias convocado ciudadanamente por la oposición venezolana?

La Comisión Nacional de Primarias nuevamente no le habla claro al país. Se dirige a los ciudadanos opositores que responsablemente aspiramos de ella definiciones, en tiempos verbales futuros e imperfectos.

Sujeta el destino de las primarias a la concreción de situaciones hipotéticas, como lo es “la aceptación y cumplimiento de unas especificaciones” que dependen solo de la voluntad de un órgano, en el que nadie cree, ni confía.

Y lo peor, sobre esta base incierta, pretende la Comisión que se postulen candidatos a la primaria.
La Comisión Nacional de Primarias debe postergar el proceso de postulación de candidatos que abrió, y proceder cuanto antes a aclararle al país cuáles son estas condiciones técnicas con las que se realizará la elección del 22 de octubre. En concreto, la Comisión debe responder, sin ambages ni rodeos, las siguientes interrogantes:

1. ¿Cómo le garantizan ustedes a los venezolanos que la identidad de los electores en las primarias no será conocida por el régimen?

2. ¿Cómo y quién contará los votos de los ciudadanos en Venezuela y en el exterior?

3. Y, en definitiva, ¿quién controlará el proceso de primarias?, ¿la Comisión de Primarias o el CNE?

Es absolutamente irresponsable hacia el país e irrespetuoso hacia los candidatos iniciar un proceso de inscripción sin antes responder con precisión estas preguntas.

*06 de junio de 2023*.

Hay diferentes tipos de golpes. Unos buenos, otros malos y algunos neutros. Repasemos algunos casos: ganar la lotería es un golpe de suerte, el fallecimiento de alguien cercano es un duro golpe, darse golpes de pecho es sinónimo de hipocresía, un golpe de Estado para sacar a un dictador es justificable; en boxeo, dar un golpe bajo es contrario a las reglas; valerse de información falsa para condenar a alguien es un golpe a la justicia, mandar a dar unos golpes a un rival amoroso o político es de cobardes y sembrar odio para que otros agredan es de perversos. Aquí solo nos referiremos a los tres últimos casos.

En Venezuela, los jueces frecuentemente propinan golpes a la justicia al condenar a gente inocente. Nuestras cárceles están llenas de ciudadanos que no han cometido delitos, pero a quienes por razones políticas el régimen de Maduro ordena encerrar. Citarlos a todos abarcaría varias páginas. Solo mencionaremos a los más antiguos: los efectivos de la Policía Metropolitana Héctor Robaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar, acusados sin pruebas por la entonces fiscal Haifa El Aissami y condenados por la juez Marjorie Calderón por los sucesos del 11 de abril del 2002, a pesar de que se probó que sus armas no causaron ninguna víctima. También, a los hermanos Rolando y Otoniel Guevara y de su primo Juan Guevara, presos desde el 2004 por supuestamente haber asesinado al fiscal Anderson, a pesar de que tanto el testigo Giovanni Vásquez, como el fiscal Hernán Contreras han declarado que fue un montaje contra ellos.

En cuanto a agresiones físicas, en la Caracas de los años 30, la policía le daba palos en la calle a jóvenes considerados revoltosos y ciudadanos comunes “mandaban a dar unos palos” a jóvenes de mala conducta o a rivales amorosos. Por razones políticas, cabe recordar los golpes propinados en 1937 al humorista y periodista Leoncio Martínez por estudiantes que no comulgaban con sus ideas. También, los que le mandó a dar la dictadura de Pérez Jiménez a don Mario Briceño Iragorry en la década de los años 50, mientras estaba exiliado en Madrid.

El régimen actual da carta blanca a sus grupos violentos armados, a la policía y a la Guardia Nacional para que asesinen y torturen. También para que les den palizas a ciudadanos por el solo hecho de manifestar en demanda de sus derechos violados. Además, Maduro, Diosdado y Jorge Rodríguez, entre otros, siembran odio en sus fanáticos para que agredan a dirigentes de la oposición.

No podemos olvidar la cobarde agresión a la entonces diputada María Corina Machado, a quien la también diputada roja Nancy Ascencio golpeó a traición fracturándole la nariz. Así mismo, el reciente ataque a Henrique Capriles cuando caminaba por la parroquia Rafael Urdaneta del estado Carabobo, en campaña para las primarias. En el caso de María Corina, la agresora fue una mujer que llegó a la Asamblea Nacional sin méritos y que, probablemente, con su golpe sucio quería ganar puntos con su jefe Maduro. En el de Capriles era una simple ciudadana que no lo conocía. Su agresión se pudo deber a que el odio que siembran Maduro, Diosdado y Jorge Rodríguez, entre otros, la convencieron de que Henrique era un enemigo del pueblo. La otra hipótesis, es que es una tarifada por el gobernador Lacava. En cualquier caso, debería estar presa y sometida a juicio. Todos sabemos que eso no sucederá.

Estas agresiones por pensar diferente deben ser repudiadas por todos. Solo una mente enfermiza disfruta sembrando el odio por diferencias políticas. Esos perversos son incapaces de rechazar esas acciones. Por el contrario, cultivan la inquina y disfrutan la violencia. Los rojos son tan hipócritas que aprobaron una ley contra el odio, pero solo para encarcelar a cualquier tuitero de oposición que critique al régimen.

Es positivo que los exministros de Chávez, Rodrigo Cabezas, Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio y Oly Millán hayan dirigido una carta al presidente de Brasil, quien había declarado que los señalamientos contra Maduro por violaciones humanas no eran ciertos. Entre otras cosas, la carta señala que “La deriva autoritaria y, por tanto, antidemocrática del señor Nicolás Maduro no es una “narrativa construida”, no responde a ningún plan propagandístico de quienes se le oponen, y lo más grave desde una perspectiva humana, ella ha dejado y continúa dejando, demasiadas víctimas”. Aunque no simpatizamos con su candidatura, debemos elogiar al precandidato Benjamín Rauseo por haber condenado la agresión a Capriles.

Ya es tiempo de que cesen los asesinatos políticos, las torturas y las sentencias sin pruebas, así como los fanatismos. Reconstruir Venezuela pasa porque haya justicia y tolerancia. A pesar de los grandes escollos, tenemos que lograr una primaria exitosa. No es lo que deseamos, pero si no hay otra opción debemos votar incluso con este Consejo Nacional Electoral, con las máquinas y hasta con las captahuellas. Una asistencia masiva permitirá acudir a la elección presidencial del 2024 con mayores probabilidades de éxito. Los demócratas somos una gran mayoría, pero debemos organizarnos para movilizar a los centros de Registro Electoral a quienes no están inscritos y también para tener testigos en todas las Mesas. Quienes estamos en el exterior tenemos que presionar para exigir nuestro derecho a votar. Desde luego, el régimen repetirá sus trampas. Quizá votando no se logre superar las trácalas, pero es el medio de lucha de que disponemos en estos momentos. Ojalá hubiese otro.

Como (había) en botica:

En su discurso de recepción del Premio Alma Mater UCV 2023, la académica Gioconda Cunto de San Blas expresó “la firme convicción de que en un futuro no lejano podremos disfrutar nuevamente de libertades y derechos humanos y civiles, nos permite visualizar esa Venezuela de progreso, insertada en la cuarta revolución industrial, en el mundo globalizado que ya hoy en día se expresa en países desarrollados o en vías de desarrollo”.

Lamentamos el fallecimiento de Francisco Davalillo Romero, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com