Socialdemócratas, verdes y liberales han acordado un Gobierno de coalición en Alemania con Olaf Scholz como canciller. También con el Partido Verde a la cabeza del Ministerio de Exteriores, y el SPD liderando el Ministerio de Defensa, lo que podría plantear importantes giros en su política exterior.

Este inédito acuerdo plantea muchas preguntas y oportunidades. En él, hay un aspecto que no debe dejarse de lado, pues el documento hace gran hincapié en ello: la política tecnológica y digital, no desde una perspectiva puramente económica, sino también desde la seguridad, los valores democráticos y el posicionamiento geopolítico de Alemania como actor global. De hecho, el documento publicado por la coalición venidera hace referencia a ambas vertientes: la tecnología debe ser eje vertebral de la autonomía estratégica europea, de un multilateralismo adaptado, y de la política exterior alemana. Tener el ojo puesto en este tema es de interés para España, para la Unión Europea y para las coaliciones que se están creando sobre gobernanza democrática de las tecnologías o que lo abordan (véase la Cumbre para la Democracia de EEUU o la conferencia de Tech for Democracy de Dinamarca).

Alemania, que es un país que destaca hacia fuera por su política industrial y exportadora y una fuerte influencia política en la UE, padece de un nivel limitado de digitalización hacia dentro, en la economía interna del país. Según el DESI 2021, es el 11º país de 27 Estados miembros de la UE en la media de capital humano con habilidades digitales, conectividad, integración de tecnologías digitales en empresas y servicios, y servicios públicos digitales. Supera a la media europea, pero todavía sufre de una escasez de planificación y capacidad para penetrar en ciertas tecnologías y áreas.

Ahora bien, lo que este acuerdo de coalición ha propuesto va más allá de la digitalización de activos. La triple alianza busca otra mirada más bien vinculada a su proyección exterior y liderazgo: la de crear una política exterior tecnológica, algo que sería nuevo en el país y que le permitiría alinearse y sumarse a la liga, todavía prematura pero con vistas al futuro, de los pocos países que a nivel europeo y global ya han empezado a hacerlo. Algunos de estos son Dinamarca con su Embajadora Tecnológica; Estados Unidos con la recién anunciada estructura del Departamento de Estado para defender sus intereses en asuntos tecnológicos desde seguridad nacional hasta paz y derechos humanos; o las reuniones de alto nivel de Emmanuel Macron con las Big Tech en el mismo Elíseo parisino.

Los objetivos de una Alemania como poder tecnológico global

Siguiendo el tradicional tono pragmático alemán, el documento publicado por los tres partidos reconoce que Alemania se está quedando atrás en la carrera tecnológica y debe trabajar por desarrollar un liderazgo tecnológico. Lo enmarca como una “transformación fundacional” para convertir a Alemania en un poder tecnológico tanto a nivel global como europeo.

Es por ello que se compromete a articular una política exterior tecnológica activa con tres niveles de trabajo. En el nivel multilateral, promover una gobernanza global de Internet libre y abierta en las negociaciones de Naciones Unidas. En el nivel europeo se buscan dos vías: no solo fomentar una política europea tecnológica más fuerte y consistente a nivel de la UE, sino que los Estados miembros también trabajen de forma más coordinada entre sí. El tercer nivel es el propiamente alemán: aspiran a fortalecer su liderazgo en estándares a través de varios organismos internacionales, que se están convirtiendo en un terreno de competición geopolítica cada vez mayor. El refuerzo de proyectos alemanes para fortalecer su soberanía tecnológica es otra línea.

Al concebir la tecnología como tractor de un multilateralismo abierto y respetuoso con los valores democráticos, también se apuesta por una mirada de derechos humanos, al proponer la prohibición completa del uso de sistemas de reconocimiento facial –algo que se diferencia de la propuesta de regulación de la inteligencia artificial por la UE, que prohíbe el uso de sistemas biométricos, pero contempla excepciones cuando hay un interés público significativo (como sería para casos de terrorismo).

La propuesta alemana de geopolítica tecnológica abierta y democrática también se acompaña de tener una posición más sólida en los debates sobre responsabilidad de los Estados en el ciberespacio en Naciones Unidas, o lanzar mecanismos de control en el desarrollo de biotecnología, armas hipersónicas, espacio exterior, ciberseguridad e inteligencia artificial.

Alemania y el futuro tecnológico de Europa

Desde que empezó la campaña electoral ante la inminente retirada de la Canciller Angela Merkel, la palabra “digitalización” no dejó de estar presente en apenas casi ningún programa, discurso o debate. De hecho, España se mencionó varias veces en uno de los debates finales como país referente en digitalización.

Ahora bien, en lo que se refiere a la política exterior tecnológica alemana (una cuestión distinta de la digitalización de activos internos en el país), se trata de una propuesta ambiciosa y disruptiva. La pregunta es saber si encaja con los objetivos de la UE. El documento de acuerdo de coalición define la soberanía estratégica de la UE como la “capacidad de actuar” en varias áreas claves, a saber: materias primas, energía, salud, y tecnología; pero no en defensa. Primero, se aleja del discurso de Francia cuando ésta incluía la defensa como eje del poder tecnológico europeo mediante programas de innovación o nuevas capacidades.

Segundo, la propuesta alemana habla de soberanía, pero no explícitamente de una autonomía estratégica abierta, algo que propusieron España y Países Bajos en su non-paper conjunto en marzo de 2021. En cualquier caso, el documento de Acuerdo de Coalición se presenta como un proyecto más explícitamente proeuropeísta que el gobierno anterior, y articula una política sobre China más definida y delimitada en materia de asuntos económicos, derechos humanos y asuntos de política interior. También en los mecanismos de control de exportaciones de tecnologías que pueden derivarse en uso dual para aplicaciones militares o de seguridad nacional.

La propuesta también habla de la importancia de un diálogo transatlántico con EEUU en ciertos temas –como las libertades en Internet o la gobernanza de datos. Sin embargo, no especifica el encaje en procesos actuales como sería el Consejo de Comercio y Tecnología, o el marco de ciberdiplomacia europea para cibersanciones, lo que plantea en qué medida y de qué forma Alemania participaría en estas iniciativas para canalizar su política exterior.

Asimismo, ante esta ambición de diplomacia tecnológica, un escenario plausible es que haya un incremento de la rivalidad entre Alemania y Francia por definir y elevar la agenda comunitaria en esta materia. Por el momento, las iniciativas tecnológicas franco-alemanas se habían hecho en un sentido de política industrial, como es el caso de GAIA-X o la fallida Quaero, pero hasta ahora nunca lo habían sido en política exterior.

Alemania está en un momento oportuno para impulsar su política exterior tecnológica. En la UE, la clave será la capacidad de limar las posibles rivalidades con Francia en esta nueva capa de competición. También, al haber definido la política hacia ciertos países no europeos con líneas de acción tan específicas como políticas, hay una oportunidad de avanzar en un mapeo de amenazas conjunto más claro y directo con la nueva Brújula Estratégica de la UE –pese a las complejidades del pasado y las actuales. E, importante, la propuesta alemana debería ser de interés para los países cercanos como España, pues es una llamada para despertar la necesidad de construir una diplomacia tecnológica, con prioridades y tiempos, y no quedarse atrás.

26 de noviembre 2021

Elcano

https://blog.realinstitutoelcano.org/la-nueva-coalicion-alemana-poder-y-...

El reciente triunfo de José Antonio Kast en la primera vuelta de la elección presidencial chilena es parte del ascenso de una nueva extrema derecha en América Latina, que ha sido impulsada por varios factores; entre los cuales destaca el rechazo al modelo de izquierda dictatorial que se ha impuesto en Venezuela, por su sesgo ideológico y por el desastre social y económico que ha generado.

Francisco Sagasti, quien fuera presidente interino de Perú por 8 meses, es un académico centrista. Pertenece a un grupo llamado “La resistencia” creado en el año 2018 bajo el eslogan de “Dios, Patria y Familia” para oponerse al comunismo y al liberalismo. Ellos representan una de las muchas facetas de una nueva y más agresiva extrema derecha que ha surgido en los últimos tiempos en América Latina.

El punto de quiebre del ascenso de esta nueva derecha vino con la elección en el año 2018 de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. Un antiguo oficial de la armada, desdeñoso de la democracia y nostálgico de la dictadura militar que gobernó Brasil en el periodo 1964-1985. Bolsonaro marcó una ruptura con el usual comportamiento político en la región. Desde el inicio de la democratización en la década de 1980, las fuerzas políticas conservadoras, con algunas excepciones, fueron generalmente moderadas y fuertemente influenciadas por la democracia cristiana.

Bolsonaro ha generado imitadores en la región. Estos incluyen a Guido Manini, un oficial retirado que obtuvo el 11% de los votos en la elección presidencial de Uruguay en el 2019. En Perú Rafael López Aliaga, un empresario quien es miembro del Opus Dei, obtuvo 12% de los votos en la elección de abril, donde participó como parte de una plataforma conservadora. En Argentina Javier Milei un economista libertario logró el 17% de los votos en la reciente elección legislativa lo que le permitió asegurar un puesto como diputado.

El ejemplo más relevante de esta tendencia, en la actualidad, es José Antonio Kast quien ganó la primera vuelta de la elección presidencial chilena. En su primera compaña presidencial dijo que si Pinochet viviera el votaría por el dictador. En la actual campaña presidencial ha planteado recuperar Chile con mano dura contra el crimen y los desórdenes violentos, así cono construir un muro para detener a los inmigrantes, retirar a Chile de los principales acuerdos de derechos humanos y reducir impuestos para impulsar el crecimiento económico. Kast no es similar a Bolsonaro, se parece más a Álvaro Uribe el ex presidente colombiano que derrotó a las FARC. Él insiste que no es extremista y reconoce los abusos que se cometieron bajo el gobierno de Pinochet. La mayoría de la nueva extrema derecha no constituye un peligro para la democracia, aunque algunos parecen serlo. Algunos de ellos son menos conciliadores que los viejos partidos conservadores. Los grupos minoritarios tienen rezones para preocuparse.

¿Qué factores explican el fortalecimiento de la nueva derecha? Un factor es la formación en años recientes de grupos de base con fuertes nexos con la iglesia católica y evangélica; los cuales han hecho campaña contra el aborto, los derechos de los homosexuales y el feminismo. Otro son las demandas populares por más protección en contra del crimen. Así como ha ocurrido con la izquierda radical, la derecha radical se está beneficiando de las demandas populares generadas por el estancamiento económico y el descredito de los políticos de las principales corrientes democráticas. Pero lo que une a todas estas fuerzas de extrema derecha, plantea Ariel Goldstein, un científico político de la Universidad de Buenos Aires, es el rechazo al régimen de Venezuela, que es visto como un ente demoníaco, un “espectro”.

Los une el rechazo a este “espectro” el cual ha buscado exportar su dictadura de izquierda generadora de pobreza. En ese sentido esta visión extrema traduce una radicalización de la derecha, que es el reflejo de un proceso similar en la izquierda. Si Kast tiene chance de ganar es, parcialmente, debido a que su contrincante promueve un programa estatizador de la economía y lleva como compañeros de viaje a los comunistas.

El crecimiento de la extrema derecha en la región es también parte de un fenómeno más amplio. La victoria de Donald Trump en el 2016 abrió el camino a Bolsonaro. Actualmente VOX, un partido español anti inmigrante está actuando como unificador de la nueva derecha latinoamericana. En septiembre publicó una “Carta desde Madrid” denunciando el comunismo en la “Iberoesfera” la cual fue firmada por cerca de 9.000 políticos y activistas que incluyeron a Kast, López Aliaga, Millei, así como a Eduardo Bolsonaro (hijo de Jair Bolsonaro).

Demócratas liberales en América Latina tienen que tratar no solo con una izquierda autoritaria sino con una derecha que es más intolerante que en el reciente pasado.

Nota: este escrito está basado en una traducción libre del artículo: “The Economist. 2021. Revulsion at Venezuela is fueling the hard right in Latin America. The Economist. Nov 6th.

Profesor UCV

En los Estados modernos, y sobre todo en las democracias funcionales, el poder estatal está distribuido entre distintos organismos. Este sistema de pesos y contrapesos busca evitar el abuso de poder y castigar eventuales desviaciones en el ejercicio del mismo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esas otras instancias ignoran las decisiones de los jueces? Obviamente los más débiles resultan afectados. Así lo están comprobando los coroneles (r) César Ricardo Bastardo Sulbarán y Omar Balda Zavarce, la exfuncionaria del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), María Elena Matos; y el propietario Juvenal Pinto, quienes pese a conseguir que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les diera la razón en los juicios que interpusieron contra distintos organismos del Estado, meses e incluso años después continúan sin ver materializados sus reclamos.

Aunque el máximo juzgado, a través de la Sala Político Administrativa (SPA), declaró con lugar las peticiones de los cuatro accionantes, las autoridades concernidas no las han ejecutado. Este incumplimiento forzó al organismo rector del Poder Judicial a dictar entre septiembre y octubre de este año dos fallos decretando la ejecución forzosa de dos de sus resoluciones, y otro instando a la ejecución voluntaria de la tercera.

El 1 de septiembre, la SPA emitió su sentencia n.° 196, en la cual ordenó al Ministerio de la Defensa que cumpla, en el plazo de treinta días continuos, su decisión contenida en su fallo n.° 968 del 8 de agosto de 2017. En dicho texto, la instancia anuló la resolución que el despacho castrense adoptó en 2014, rechazando reincorporar a los uniformados, quienes participaron en las asonadas militares de 1992, obviando el decreto presidencial que el fallecido Hugo Chávez dictó en 2012 para favorecer quienes se alzaron junto a él contra el gobierno democráticamente electo de Carlos Andrés Pérez (1989-1993).

El director del despacho del Ministro de la Defensa consideró extemporánea la petición de Bastardo y de Balda. No obstante, la instancia determinó que con este pronunciamiento el organismo incurrió «en el vicio de incompetencia, por haber dictado un acto administrativo para el cual no estaba facultado». La llamada Ley Especial de Reincorporación a la Carrera Militar y al Sistema de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de 2012 (Gaceta Oficial n.° 39.858 del 6 de febrero de 2012) señalaba que era el presidente de la República quien podía aceptar o no las solicitudes de reincorporación de aquellos militares que hubieran participado en las insurrecciones militares y que por ello fueron dados de baja.

Sin embargo, pese a que han pasado cuatro años desde que la SPA ordenara el regreso a los cuarteles de los dos uniformados, este mandato no se ha cumplido. De nada han valido las sentencias que en 2018 y 2019 emitió la Sala reclamando la ejecución voluntaria de su instrucción; por ello ahora decidió declarar la ejecución forzosa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

No solo pasa en las barracas

El Ministerio de la Defensa no es el único organismo gubernamental que ignora los mandatos del TSJ. El Ministerio de la Vivienda es otro, según pudo comprobar Acceso a la Justicia al revisar la sentencia n.° 269 del 14 de octubre pasado. En ese fallo, con ponencia del magistrado Marco Antonio Salas, la SPA le dio treinta días al despacho encargado del tema habitacional para que le devolviera al empresario Juvenal Pinto un terreno ubicado en la urbanización La Florida de la ciudad de Caracas, el cual fue intervenido en 2015.

La Sala, en su fallo n.° 604 del 10 de octubre de 2019, dejó sin efecto la resolución del Ministerio mediante la cual decretó «la ocupación temporal de un lote de terreno», por considerar que con la misma se le violó a su propietario el derecho a la defensa y al debido proceso, por cuanto no se le notificó de la misma ni tampoco se cumplió con el procedimiento diseñado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda a fin de adoptar una medida de tal naturaleza. Eso sin contar que años después de ocupado el terreno las autoridades no han construido en el mismo. Como los meses pasaban y Pinto seguía sin recuperar su propiedad, este acudió al máximo juzgado para denunciar el desacato.

En los dos casos la SPA advirtió a los titulares de ambos despachos, es decir al general en Jefe Vladimir Padrino López en su condición de ministro de la Defensa, y a Ildemaro Moisés Villarroel Arismendi, titular de la cartera de Vivienda y Hábitat, que si no daban estricto cumplimiento a sus mandatos en esta ocasión incurrirían en la infracción establecida en el artículo 122 de la Ley Orgánica del TSJ. La norma señala lo siguiente:

«Las salas del Tribunal Supremo de Justicia sancionarán con multa equivalente hasta doscientas unidades tributarias (200 U.T.), a las personas, funcionarios o funcionarias que no acataren sus órdenes o decisiones, o no le suministraren oportunamente las informaciones, datos o expedientes que solicitare de ellos, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias a que hubiere lugar».

Como si las situaciones anteriores no fueran suficientes, hay una tercera que sigue el mismo camino. Se trata de la demanda que María Elena Matos interpuso contra el INIA en el año 2011 por un accidente laboral ocurrido en 1997 en el laboratorio de biotecnología donde trabajaba y en el cual terminó expuesta a una serie de químicos y agentes que afectaron su salud. En 2018 la SPA mediante la sentencia n.° 1.112 del 1 de noviembre, le dio la razón a la ex investigadora y consideró que su otrora empleador era responsable por los perjuicios que la accionante sufrió en el incidente y, por ello, lo condenó a pagarle una indemnización prevista en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, más lucro cesante; así como 266 petros por daño moral.

No obstante, tres años después Matos no ha recibido pago alguno, por lo que volvió al TSJ, que le dio al INIA diez días para ejecutar voluntariamente su orden, según sentencia n.° 265 del 14 de octubre pasado.

Doble rasero

En los casos antes descritos, el máximo juzgado ha demostrado un nivel de tolerancia al incumplimiento de sus decisiones que dista mucho de la impaciencia y dureza con la que actuó en otras situaciones, como los supuestos desacatos de la Asamblea Nacional electa en 2015. Así, mientras con los órganos del Ejecutivo nacional ha soportado la inobservancia de sus decisiones durante años, con el Parlamento dominado por la oposición actuó apenas en cuestión de días.

Un ejemplo es lo ocurrido con la designación a finales de 2019 de los profesores Miguel Eduardo Albujas Dorta y Manuel Rachadell Sánchez como representantes del Legislativo ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU). La Sala Constitucional anuló estos nombramientos en su sentencia n.° 500 del 9 de diciembre de 2019, la cual dictó apenas cuatro días después de que los diputados hicieran los nombramientos.

Los parlamentarios tomaron la decisión, con base en el Estatuto para la Transición a la Democracia que dictaron a principios de ese año, y el cual también fue anulado por los magistrados de la Sala Constitucional, no solo por calificarlo como un «asalto al Estado», sino además porque consideraban que ellos estaban incapacitados para ejercer ninguna de las funciones que la Constitución les confiere, en tanto no siguieran sus instrucciones en relación con los diputados de Amazonas.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Los casos de los coroneles Bastardo y de Balda, así como los de Pinto y Matos revelan la situación de indefensión y minusvalía en la que se encuentran los venezolanos que consideran que sus derechos han sido violentados por el Estado y deciden solicitar amparo en el TSJ. Si tienen la suerte de que este no lo deseche, que es lo usual como se demuestra en la obra de la organización Un Estado de Derecho, intitulada El TSJ al servicio de la revolución. La toma, los números y los criterios del TSJ venezolano (2004-2013), se convierte de todas formas en letra muerta por lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución, el cual señala que «El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública».

Las situaciones antes señaladas, en las que el Ejecutivo nacional no atiende a los mandatos del TSJ si no lo desea, no hacen más que reforzar la desconfianza en la capacidad de la justicia de controlar a los otros poderes y confirman las denuncias de que ella funciona cuando defiende los intereses del grupo que hoy ostenta el poder. Así, la realidad muestra que en Venezuela, aún ganando, se pierde.

23 de noviembre 2021

Acceso a la Justicia

https://accesoalajusticia.org/tres-casos-prueban-gobierno-nacional-ignor...

El común de los ciudadanos mucho antes de conocerse los resultados de las elecciones 2021, expresaban sus preocupaciones y rechazos sobre la falta de unidad en los factores democráticos. Señalaban con toda propiedad que una alta abstención más la división opositora favorecerían que el chavismo, siendo minoría y teniendo un rechazo enorme a su gestión y su proyecto político, se alzaran con la inmensa mayoría de las gobernaciones y alcaldías del país.

El egocentrismo de los dirigentes, la centralización de las decisiones en el minoritario G4, el rechazo sin fundamento alguno a celebrar elecciones primarias para la selección de los candidatos, la indiferencia ante los planteamientos de la sociedad civil, el rechazo a la aplicación de encuestas y la imposición de candidatos llevó, sin lugar a dudas, a inhibir el voto, en el grueso del pueblo opositor. Desmovilizó a la gente porque el pueblo opositor pensaba acertadamente que divididos no van a poder ganar.

Ahora bien, esa conducta anti unitaria, centralista y egocentrista no es obra del azar o de la casualidad. Es el resultado de definiciones tardías y sin convicciones, del sectarismo y las imposiciones del G-4, de la soberbia, la mezquindad y la pequeñez de espíritu, valores y propósitos, entre otras muchas cosas. Toca ahora el balance, el análisis de los resultados registrados, y la definición de la política que se impone de cara al 2022 y al futuro mediato e inmediato del país y del movimiento democrático opositor.

Venezuela está sufriendo la contracción económica más severa en la historia de América Latina, y una de las más catastróficas jamás vistas en un país que no estuviera en guerra. La economía se contrajo aproximadamente en un 70 por ciento entre 2013 y 2020, y para fines de 2020 será solo una quinta parte de lo que era cuando Maduro asumió el poder. Desde finales de 2017 esta depresión se ha combinado con hiperinflación. La Asamblea Nacional sitúa la inflación acumulada de enero a octubre de 2020 por encima del 1.799 % y la tasa interanual en 3.332 %.

Este declive ha provocado un colapso alarmante del nivel de vida de los venezolanos. El Programa Mundial de Alimentos estimó a principios de 2020 que “una de cada tres personas en Venezuela (32,3 por ciento) está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia”. Tres cuartas partes de las familias encuestadas habían adoptado “estrategias de sobrevivencia”, reduciendo la cantidad y variedad de alimentos que consumían debido a ingresos insuficientes. La organización benéfica católica Caritas informa que de cada 100 niños a los que ayuda, 59 muestran signos de retraso en el crecimiento como resultado de la desnutrición. “La gente ha perdido su capacidad de recuperación”, dice un trabajador senior de una ONG. “Mucha gente se muere de hambre en sus hogares”.

El gobierno dejó de publicar estadísticas económicas confiables hace varios años. Pero una encuesta realizada periódicamente por tres de las principales universidades del país, entre ellas la UCAB, encontró que a principios de 2020 más del 96 por ciento de venezolanos se encontraban en situación de pobreza, y casi el 80 por ciento en situación de pobreza extrema. La pobreza en Venezuela, sin embargo, no depende simplemente de los ingresos o la caída del PIB. En prácticamente todas las áreas de actividad, el Estado ha perdido su capacidad para proporcionar servicios adecuados. Antes de que estallara la pandemia, el 50 por ciento de los hogares sufría cortes de energía diarios y una cuarta parte carecía de gas para cocinar, lo que obligaba a muchas personas a cocinar con leña. El suministro de agua era intermitente y de mala calidad. En un país que ha enfrentado epidemias de todo tipo, desde malaria y sarampión hasta difteria y dengue, el 80 por ciento de la red de atención primaria de salud estaba cerrada o no funcionaba en 2019, al igual que el 70 por ciento de las instalaciones hospitalarias. Una encuesta semanal de hospitales públicos realizada por la ONG Médicos por la Salud encontró que en 2019 el 70 por ciento tenía servicio de agua corriente solo una o dos veces por semana, y alrededor del 50 por ciento sufría cortes frecuentes de electricidad. Solo funcionaban aproximadamente la mitad de los quirófanos del país

Frente a este descalabro generado por el régimen y por encima delos adversos resultados electorales, no debemos perder el norte: derrotar la dictadura, atender la crisis humanitaria y recomponer democráticamente la sociedad venezolana, siguen siendo los grandes objetivos y en función de eso seguir trabajando. La lucha continúa.

Hay quien confunde salud pública con sanidad pública (versus privada). Pero la salud pública va mas allá de la sanidad, porque se refiere a la salud de las poblaciones (versus cada uno de sus individuos). ¿Cómo conseguir monitorizarla y promoverla? ¿Cómo prevenir la enfermedad dentro y fuera del sistema sanitario? ¿Cómo deberíamos proteger la salud colectiva (clorando el agua de abasto o analizando regularmente la de las playas, por ejemplo)?

En sentido amplio, podríamos decir que nada de lo que afecte a la salud de la población es ajeno a la salud pública. Se previene la enfermedad desde la clínica (con vacunas y con la detección precoz de enfermedades). Pero también evitando la contaminación y el hacinamiento, creando ambientes saludables y zonas verdes, evitando la explotación laboral y atajando la pobreza con el ingreso mínimo vital.

Puesto que todas las políticas pueden tener impacto en salud, una idea central de la salud pública es analizar el impacto en salud de todas las intervenciones públicas: desde los planes de urbanismo hasta los impuestos.

El reto principal de la salud pública es lograr que la sociedad y sus decisores políticos perciban el valor humano, social y económico de evitar la enfermedad (el cáncer, por ejemplo) y el sufrimiento cuando se pueden prevenir.

Una especialidad mal remunerada

La salud pública en España está descentralizada, como la sanidad. Depende de los gobiernos regionales y suele estar fuera de los servicios regionales de salud. En teoría, esta estructura es adecuada porque facilita el trabajo transversal entre consejerías, y evita que el “gran” dispositivo asistencial engulla a la “pequeña” salud pública. Pero en la práctica, los profesionales de salud pública cobran menos y tienen peores condiciones laborales que los contratados bajo el paraguas estatutario de la sanidad pública.

La Medicina Preventiva y Salud Pública no está muy cotizada en el MIR. No es fácil hacer fluir el talento en esa dirección. Por eso, en algunas Comunidades están integrando la salud pública dentro de su Servicio Regional de Salud. El pragmatismo se impone.

Por su misma naturaleza, la salud pública es multidisciplinar. Requiere una combinación de profesionales: médicos y enfermeras, farmacéuticos, veterinarios, economistas, sociólogos, informáticos, bioestadísticos, urbanistas, juristas… Puesto que el mundo está cambiando, necesita también de nuevas profesiones que la administración tarda en reconocer.

Datos para tomar mejores decisiones

Los seres humanos nos estamos llenando de sensores que captan y transmiten información. Nuestros móviles dibujan mapas de movilidad colectiva. Con esa riqueza de datos, es posible sofisticar los modelos epidemiológicos para monitorizar mejor las pandemias.

Pero ahora todo lo digital deslumbra. Necesitamos nuevos métodos de evaluación que separen el grano de la paja. Necesitamos también un control efectivo del mal uso de los datos individuales de salud, e inteligencia de salud pública para nadar contracorriente en un mar de datos más sanitario que de salud y más individual que poblacional.

Existe riesgo de captura de los sistemas de información de salud pública por parte de la sanidad. Hay riesgo también de desvanecer en un segundo plano las intervenciones no sanitarias, como prescribir ejercicio y alimentación saludable en vez de estatinas para combatir la obesidad.

La transformación digital representa un reto, una oportunidad y una amenaza para la salud pública. Esta ha de ser capaz de poner inteligencia natural para guiar a los agnósticos algoritmos de inteligencia artificial. Solo estableciendo relaciones de causa-efecto se puede manejar las grandes masas de datos que empiezan a estar disponibles.

Intervenciones sin padrino

Las intervenciones de salud pública no están apadrinadas. Es decir, no hay empresas que las promuevan y financien, porque no reportan beneficio. Así que nadie se preocupa tampoco de su evaluación. Pasa lo mismo que con las enfermedades huérfanas, que no se tratan porque las compañías farmacéuticas carecen de incentivos para investigarlas. Si la población consume más cantidad de un determinado suplemento vitamínico, alguien se beneficia. Si sencillamente comemos más sano o hacemos más deporte, directamente no mejora la posición económica de nadie.

Por el contrario, los lobbies que promueven comportamientos no saludables están muy bien organizados: consiguen cambiar agendas y modificar inteligentemente los marcos mentales en los que nos movemos. Refrescos azucarados, comida basura, tabaco, alcohol. Prometen una autorregulación que se saltan a la primera de cambio y hacen abortar los avances regulatorios que mejoran la salud. Eso ocurrió con el impuesto sobre las grasas en los alimentos en Dinamarca. Algo semejante estamos viviendo estos días con las reacciones de grupos de interés a la prohibición de publicidad de alimentos obesogénicos en horario infantil.

La salud pública se ha hecho visible con la pandemia

La salud pública ha salido de su invisibilidad con la pandemia. Este es un buen momento para aprender de la experiencia, mirar hacia adelante, aprender de los errores y prepararse para la próxima pandemia. Eso ha hecho Europa creando el HERA (European Health Emergency Preparedness and Response Authority). La pandemia nos ha vuelto mas europeos y mas salubristas.

En España, tras diez años de retraso, finalmente se creará el Centro Estatal de Salud Pública, aprobado en la Ley General de Salud Publica de 2011. No está definido totalmente, pero sí funciona en red aprovechando la inteligencia en salud pública, esté donde esté. Atrayendo talento hacia ese terreno, nos convertiremos en un país mejor y mas preparado para futuras pandemias.

Las reflexiones anteriores resumen el diálogo entre los dos autores de esta entrada, que tuvo lugar en Barcelona el 11 de noviembre de 2021, organizado por la fundación Ernest Lluch. Está disponible en YouTube.

21 de noviembre 2021

The Conversation

https://theconversation.com/la-salud-publica-del-futuro-171519?utm_medium=email&utm_campaign=Novedades%20del%20da%2022%20noviembre%202021%20en%20The%20Conversation%20-%202122621012&utm_content=Novedades%20del%20da%2022%20noviembre%202021%20en%20The%20Conversation%20-%202122621012+CID_b667face6c901f9cd5e6c043c0cd59cd&utm_source=campaign_monitor_es&utm_term=La%20salud%20pblica%20del%20futuro

Los resultados de la elección de este domingo 21 de Noviembre ofrecen diversas lecturas. En relación al número de gobernaciones y alcaldías el régimen ha logrado su cometido. Se ha quedado con la mayoría de ellas y ya tiene en marcha su narrativa de triunfo para reforzar la idea de su invencibilidad.
Es la narrativa que han trabajado desde el primer momento de su arribo al poder. “No volverán” ha sido su consigna para consolidar la idea de que ellos serán el poder por siempre.

Pero esa victoria que Maduro proclama es lo que tradicionalmente se ha llamado una “victoria pírrica” para referirla a aquella que obtuvo el Rey Pirro, luego de perder una parte significativa de sus tropas.
Lo cierto es que si evaluamos el evento electoral con detenimiento, no queda duda de que Maduro ha sido destruido en su base de sustentación. El régimen ha quedado desnudo. Tiene los cargos por su corrupta política de coaptación de algunos cuadros utilizados para secuestrar las tarjetas de los partidos y crear la división, reforzada ésta por la errática política, para manejar esa situación, que adelantó el G4, y por la abstención como protesta estimulada desde otros espacios opositores.

Gobernaciones y alcaldías elegidas por la minoría que terminan dejando a Maduro en el aire, sin el apoyo de una nación que lo quiere fuera de Miraflores. La lectura más clara que nos deja el 21N es que el madurismo constituye una minoría absoluta a lo largo y ancho del país. Solo que la mayoría está dispersa, aturdida y en estampida.
Cabe aquí, entonces, recordar a José Antonio Páez en la batalla de Las Queseras del Medio, cuando observando a sus tropas desesperadas y en retirada, lanzó aquella célebre frase: “Vuélvanse, grandes carajos…” que la literatura histórica ha reseñado como “Vuelvan Caras”.

Ese debe ser nuestro grito en esta hora. “Vuelvan Caras Venezolanos”. Frente a los que se sienten derrotados, ante a los que no tienen esperanza, frente a los que piensan que la camarilla roja es invencible, es imperativo sacudirlos en su espíritu y en su consciencia.

Venezolanos, somos una inmensa mayoría los que queremos el cambio, los que anhelamos cerrar este capítulo negro de nuestra historia, los que aspiramos rescatar la democracia y con ella a nuestra amada Venezuela. Esa mayoría encauzada en una sola dirección, convertida en un solo movimiento de movimientos será más poderosa que la perversión de la dictadura
Ese es el reto que tenemos por delante. Levantarnos sobre nuestras propias debilidades, apelar a nuestra reserva espiritual, material, ciudadana y lanzarnos de nuevo a la lucha. No puede haber tregua política frente a una dictadura de las características de la que tenemos. A la vuelta de la esquina se abre la oportunidad legal para exigir nuestro derecho a revocar a Maduro y su camarilla. No podemos dejar que este tiempo transcurra en un torbellino de lamentos, acusaciones y descalificaciones.

Pongámonos en movimiento ya para hacer de ese derecho, consagrado en el artículo 72 de la Constitución Nacional, un instrumento movilizador, vivificador y unificador de nuestra sociedad. Procedamos a exigirle al régimen el respeto por el mismo, desmontando los obstáculos que siempre ha colocado para tramitarlo.

Aunque muchos no lo crean, estamos en el momento de mayor debilidad del régimen del socialismo del siglo XXI. Nunca antes habían estado en peores circunstancias, tanto en el plano interno como en el internacional. En el desarrollo de la acción política destinada a su implementación solo debe existir el ferviente deseo de recuperar el estado de derecho. No hay acá excusas. Para ese evento no se vota ni por un partido, ni por una persona en particular. Se expresará la voluntad de cambio político de cada ciudadano de nuestra sufrida Venezuela. Estoy convencido que la mayoría desea fervientemente ese cambio.

Por lo tanto es fundamental poner de relieve la importancia y jerarquía que este derecho político tiene en nuestro ordenamiento jurídico. El derecho a revocar tiene la misma jerarquía que el derecho a elegir. En consecuencia el estado, esto es el Consejo Nacional Electoral, está en el deber de ofrecer las mismas garantías y oportunidades para ejercer el uno o el otro. No puede ser que para elegir al presidente se disponga de más de 30 mil mesas de votación y para ejercer el derecho a revocar se reduzca, su primera tramitación a un centro de manifestación de voluntad para cada estado de la República.
Soy plenamente consciente de la naturaleza fraudulenta y soberbia de la dictadura, de las dificultades a las que nos enfrentamos, pero si no nos disponemos a exigir y a ejercer ese derecho político el madurismo continuará consumiendo su tiempo para perpetuarse en el poder, a costa del hambre y la tranquilidad de la familia venezolana.

Caracas, Lunes 22 de Noviembre de 2021

En un artículo reciente[1], la periodista e historiadora, Anne Applebaum, alerta sobre la existencia de una especie de trasnacional de las autocracias –la denomina (en inglés) “Autocracy Inc”.—, constituida por Estados paria que se auxilian entre sí ante la reprobación que su conducta provoca a la comunidad democrática internacional. Tienen inclinaciones ideológicas variadas, desde la extrema izquierda (Cuba, Corea del Norte) hasta la extrema derecha (Myanmar), incluyendo las teocracias conservadoras de Irán y de los talibanes. En este club de los malos, violadores de los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas, pueden mencionarse, entre otros, a Alexandr Lukashenko, Bashar Al-Assad, Vladimir Putin, Recep Erdogan, Daniel Ortega, Miguel Díaz Canel, al menos seis dictaduras africanas y –no podía faltar—Nicolás Maduro. No pertenecen a ninguna organización formal, ni responden a liderazgo alguno. Más bien gravitan instintivamente hacia sus similares por razones de solidaridad criminal.

A pesar de su diversidad, emulan aquellos comportamientos que el “amigo” ha probado que son eficaces para contener a su propia población. Han ido homologando herramientas de un arsenal represivo que cada uno ha afinado con estos fines: desapariciones selectivas para sembrar terror; acoso a medios de comunicación nominalmente libres; elecciones trucadas; contrainteligencia para difamar, intrigar y sembrar falsas noticias; judicialización de la política; criminalización de la protesta; uso de bandas paramilitares disfrazadas de “pueblo” para reprimir; hackeo, espionaje y control de información en las redes sociales; y mucho más. Esta caja de herramientas se complementa con alianzas para evadir sanciones, complicidades en corruptelas numerosas e, incluso, apoyo financiero.

Son dictaduras de nuevo cuño que, como se puede apreciar, han perfeccionado dispositivos más “sofisticados” de control y represión que la brutal bota militar clásica. Desde luego, esta estará siempre a la mano si la protesta se desborda. Pero la primera línea de defensa está en asfixiar las posibilidades de que los opositores acumulen fuerzas capaces de desafiar su poder. Denuncias, movilizaciones o protestas son desarticuladas fabricando cualquier acusación absurda para apresar a sus cabezas más visibles o con medios más mortíferas –lamentables “accidentes”--, que le ponen sordina a la expresión democrática. Cada una de estas dictaduras ha confeccionado su propia burbuja ideológica como refugio, sea de naturaleza religiosa, patriotera, anticomunista, procomunista, etc., con la cual “justifican” sus abusos ante sus partidarios y forjan sentimientos de solidaridad entre sí, casi siempre formulados como “defensa ante los ataques” de Estados Unidos (el imperio) y de la Unión Europea (colonialista).

Otro elemento distintivo con respecto a las dictaduras más clásicas es que éstas buscaban cubrirse de las críticas con campañas propagandísticas cuidadosamente articuladas, reservándose en secreto toda información inconveniente. Applebaum señala el caso de la URSS. Pero a los integrantes de la presente trasnacional autocrática parece que la crítica les rueda. En su escrito, cita al activista prodemocracia, Srdja Popovic, quien designa a este comportamiento como el “modelo Maduro”. Los dictadores que lo adoptan –afirma—están dispuestos a pagar el precio de ser un Estado fallido, a aceptar el colapso de su economía y a quedar aislados internacionalmente, si ello es conducente a que puedan mantenerse en el poder y seguir enriqueciéndose. Como ejemplo, se refiere a Al-Assad, el carnicero de Siria, quien ha asumido el modelo Maduro. El disfraz ideológico es lo de menos, acaso para respuestas automáticas.

De manera que el comportamiento de Maduro, totalmente insensible, displicente y despreocupado por la tragedia que su conducta ha urdido sobre los venezolanos, le ha valido para servir de ejemplo, según estos analistas internacionales. Es emblemático de un ejercicio despótico del poder que, más allá del saludo a la bandera de ciertas consignas antiimperialistas y patrioteras, le importa un bledo la suerte de sus compatriotas. Como hemos venido insistiendo, transformar a Venezuela de ser el país más próspero de América Latina hace pocas décadas, a ser hoy el más pobre junto con Haití, no es tanto por ignorancia o incompetencia –que las habido mucho—sino resultado inexorable del régimen de expoliación que montó el chavismo, alegando estar construyendo el “socialismo de siglo XXI”. La guinda que puso Maduro, al extremar la corrupción de militares traidores para hacer de ellos los principales dolientes (cómplices) de semejante desastre, ha hecho que su “modelo” sea muy resiliente: todo le rueda.

Las particularidades del ”modelo Maduro” subrayan la descomposición moral y personal de quienes han hecho de él una referencia. Pone de relieve, además, que en el fondo --¡y en la superficie!—de lo que se trata es de un poder ejercido por una organización criminal. Es necesario tomar esto en cuenta a la hora de pensar que en torno a determinados objetivos o propósitos debería existir un interés común con base en el cual negociar acuerdos para superar la terrible tragedia que agobia a Venezuela. A juzgar por lo comentado, las probabilidades de que ello exista son, cuando menos, remotas. Los valores (si es que pueden llamarse tales) y prioridades de quienes se han forjado tan infame distintivo internacional, están fijados en otra cosa: cómo sostener, valiéndose de las armas a su disposición, su régimen de expoliación. Los intereses de la nación, el bienestar del venezolano o el disfrute a plenitud de las libertades ciudadanas no parece tener sintonía alguna con ésta, su principal misión.

De manera que negociar una salida que le devuelva a la población las posibilidades de disfrutar de una vida digna, en libertad, no va a tener mayores posibilidades de éxito sino persigue acumular una posición de fuerza ante la cual los titulares del “modelo” les sea costoso desestimar. Dada la apatía evidenciada en las elecciones regionales y locales recién culminadas, el desafío del liderazgo democrático es, hoy, aún más significativo. Para bien del país, de los jóvenes que les han confiscado su futuro, y de los adultos y viejos que les arruinaron lo que les queda de vida, no debe escatimarse iniciativa o esfuerzo alguno para construir esa fuerza. Un análisis crítico de lo ocurrido, incluyendo el esfuerzo de numerosos compatriotas por levantar y promover, con sus errores y aciertos, la alternativa democrática, a pesar de las circunstancias adversas, constituye una tarea inescapable para asumir, de manera honesta y productiva, una estrategia capaz de insuflar aires frescos al liderazgo opositor para que, progresivamente, pueda tener éxito en esa labor. En pro de la necesaria unidad que debe fundamentar estos esfuerzos, que cada quien asuma su responsabilidad.

[1] “Autocracy is winning”, The Atlantic, 15 de noviembre, 2021

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com